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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00237-02

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00237-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de
Educación del departamento de Caldas

Tema: intereses moratorios. Subtema 1. Homologación del personal administrativo
de la Secretaría de Educación de Caldas. Subtema 2. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
8 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó
las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante prestó sus servicios como empleada administrativa y fue incorporada
en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Caldas. En razón de la
incorporación se realizó la homologación y nivelación salarial del empleo. En el
presente proceso, solicita la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento de los intereses moratorios presuntamente causados sobre las
sumas que le pagó la Secretaría de Educación del departamento de Caldas por
concepto de la nivelación y homologación salarial. La presente decisión confirmará
la sentencia de primera instancia, porque dichos intereses no están regulados
expresamente para estos eventos ni se dispuso su causación en el acto
administrativo que reconoció la nivelación.

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1.Teresa de Jesús Posada de Londoño, por conducto de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de abril de 20181 de

1 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 2.

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación
se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad de las resoluciones núm. 8356-6 del 30 de
octubre de 2017 y 10262-6 del 27 de diciembre del mismo año, expedidas por la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas que le negaron el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por el pago tardío del
valor retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante pidió el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios causados entre el 10 de febrero de 1997 hasta el
15 de abril de 2013, fecha de pago del valor retroactivo por homologación y
nivelación salarial. Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los términos
del artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

5.La señora Teresa de Jesús Posada de Londoño prestó sus servicios como
personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas.

6. Indicó que de conformidad con lo ordenado por la Ley 60 de 1993, el Ministerio
de Educación certificó al referido departamento para la administración del servicio
educativo, en consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta
territorial, mediante el Decreto 0021 de 1997, en principio con las mismas
condiciones, salvo en lo salarial. Derivado de esta situación, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de 2004,
estableció que las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente
nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser pagado por la Nación.

7. Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió
la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, en la cual presentó ante el Ministerio
de Educación Nacional el estudio técnico para la homologación salarial. Una vez
aprobado, el departamento profirió los decretos 399 del 20 de abril de 2007 y 337
de diciembre de 2010, que homologaron y nivelaron los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal. Así, con el Decreto 353 del 15 de diciembre
de 2010 se realizó la incorporación a la planta del departamento de Caldas.

8. Destacó que el Ministerio de Educación Nacional por oficio núm. 2011EE63868
del 5 de octubre de 2011 certificó la deuda por homologación y nivelación de los
cargos administrativos del departamento para los años de 1997 a 2009. Por lo tanto,
la Secretaría de Educación le pagó a la señora Teresa de Jesús Posada de Londoño

2

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

el valor del retroactivo causado por concepto de la homologación y nivelación
salarial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de «2009».

9. La Secretaría de Educación certificó que le pagó a la demandante el valor de
$118.596.539, que pese a causarse hasta el año 2006, solamente fue pagada el 15
de abril de 2013. Por consiguiente, el 6 de abril de 2017, la parte actora pidió el
reconocimiento de intereses moratorios por el pago tardío, lo que fue negado por la
entidad a través de las resoluciones acusadas [núm. 8356-6 del 30 de octubre de
2017 y 10262-6 del 27 de diciembre del mismo año], al afirmar que no existía mora
en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. En la demanda se invocan las siguientes normas:

• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209
y 350.
• Del Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649.
• De la Ley 446 de 1998, el artículo 16.
• Del Decreto 01 de 1984, el artículo 177.

11. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

12. Los empleados administrativos de las secretarías de educación, una vez fueron
incorporados, tenían derecho a recibir el reconocimiento de la asignación salarial
acorde con el cargo y las funciones. Por ello, se pretende el pago de los intereses
moratorios dado que la homologación y nivelación salarial fue reconocida años
después de haberse causado.

13. Resaltó que si bien las resoluciones núm. 2219-6 del 22 de marzo de 2013, 4679-
6 del 4 de julio de 2013 y 9132-6 del 11 de diciembre de 2014 ordenaron el
reconocimiento del retroactivo a favor de la demandante, causado desde el 10 de
febrero de 1997, lo cierto es que el pago se realizó el 15 de abril de 2013, situación
que acredita la mora en que incurrieron las entidades demandadas producto del
proceso de homologación.

14. Los intereses moratorios constituyen un derecho mínimo fundamental de los
trabajadores y, por tanto, son irrenunciables. Interpretación que se debe acoger en
atención a los principios de favorabilidad, equidad e igualdad en materia laboral.

2.1.4. Contestación de la demanda

2.1.4.1. Ministerio de Educación

15. ElMinisterio de Educación Nacional, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la Secretaría de Educación de
3

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

Caldas es el sujeto pasivo de los pagos reclamados por la demandante, comoquiera
que los recursos que cubren las obligaciones prestacionales de los docentes no
provienen del presupuesto de la Nación, y el acto administrativo demandado fue
expedido por la Secretaría de Educación de Caldas.

16. La deuda por concepto de retroactividad en los eventos en que la homologación
conlleve la nivelación de salarios se asume con recursos del Sistema General de
Participaciones, siguiendo las pautas de la directiva ministerial 10 del 30 de junio de
2005.

17. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta
demanda y prescripción2.

2.1.4.2. Secretaría de Educación del departamento de Caldas

18. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, a través de apoderado,
se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

19. Mediante el Decreto 0021 del 10 de febrero de 1997 se incorporó a la estructura
del departamento de Caldas la planta de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos. Sin embargo, dicha incorporación trajo consigo una desigualdad
salarial para los empleados administrativos de la Secretaría de Educación respecto
a los empleados de la planta central.

20. El proceso de homologación inició desde el año 1997 y se realizaron diversos
estudios técnicos para revisar el salario de cada funcionario homologado en la
escala salarial de la administración territorial, de acuerdo con el nivel jerárquico y
los requisitos para el desempeño del cargo. Se revisaron y certificaron las funciones
de cada empleado desde el 10 de febrero de 1997 al 9 de mayo de 2007. En el caso
de la señora Teresa de Jesús Posada de Londoño, la entidad le pagó los dineros
causados por la homologación del cargo debidamente indexados, por lo que no
tiene derecho a reclamar la sanción moratoria.

21. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por
pasiva, caducidad3, buena fe, inexistencia de la obligación con fundamento en la
ley, inaplicabilidad de los intereses moratorios y prescripción4.

2 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 102.
3 La excepción de caducidad fue resuelta y declarada no probada en la audiencia inicial del 14 de febrero de

2019 celebrada por el Tribunal Administrativo de Caldas. Samai, índice 2, expediente digital, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «
17001233300020180023700C1», imagen 178 y 179.
4 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 134.
4

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Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

2.2. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia del 8 de octubre de
20215, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora,
con fundamento en las siguientes consideraciones:

23. En primer lugar, explicó los razonamientos a través de los cuales dicho tribunal,
en casos similares al presente, defendía la tesis de la irrenunciabilidad de los
beneficios laborales para reconocer oficiosamente un rubro no solicitado en sede
administrativa, esto es, la indexación de sumas ya pagadas por homologación y
nivelación salarial, asignándole además a dicha indexación el carácter de crédito
laboral.

24. Luego, a partir de decisiones emitidas por el Consejo de Estado sobre el
particular, precisó que la indexación no es tratada como un derecho autónomo, sino
como una técnica o instrumento para actualizar valores por pérdida de poder
adquisitivo (inflación), usualmente mediante el IPC. Por ello, per se, la indexación
no constituye una prerrogativa en sí misma, pues puede proyectarse en distintos
ámbitos (civil, laboral, administrativo, tributario), sin que por esa sola circunstancia
adquiera naturaleza de derecho laboral.

25. En esta línea argumentativa, recordó que para acudir a instituciones como las
decisiones extra petita y ultra petita, estas deben recaer sobre salarios, prestaciones
o indemnizaciones. En ese entendido, como la actualización o indexación no tiene,
en principio, la categoría de derecho o crédito de raigambre laboral, no sería
procedente extenderla a rubros mayores a los previstos en la ley, y menos cuando
en el ámbito administrativo no ha sido objeto de solicitud (agotamiento de la vía
gubernativa), ni existe un acto (expreso o ficto) que haya negado ese
reconocimiento y que deba anularse.

26. Citó pronunciamientos de esta Corporación en los que revocaron fallos del mismo
Tribunal que concedían indexación con fundamento en criterios de equidad, y
enfatizó el carácter rogado de la jurisdicción contencioso-administrativa y el principio
de congruencia, dado que el litigio se define por las partes, quienes delimitan la
competencia del juzgador.

27. Bajo este criterio interpretativo, concluyó que la indexación dispuesta excede el
marco de la pretensión, pues la demandante orientó su solicitud al pago de intereses
moratorios y no a la indexación. Incluso si en abstracto la actualización pudiera
justificarse por equidad, al no haber sido pedida, el juez no podía reconocerla de
oficio. Además, afirmó que la suma reconocida ya fue debidamente actualizada y
que esa actualización es incompatible con los intereses reclamados, lo que conduce
a denegar las pretensiones de la parte demandante.

5 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 236.
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Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

28. Finalmente,condenó en costas a la parte actora porque se negaron las
pretensiones de la demanda y debido a que la entidad accionada participó
activamente en todas las etapas del proceso.

2.3. Recurso de apelación

2.3.1. Parte demandante

29. La señora Teresa de Jesús Posada de Londoño, a través de apoderado, presentó
recurso de apelación6 en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, al afirmar que:

30. En primer lugar, advirtió que el Tribunal partió de una premisa equivocada,
consideró que por haberse reconocido/actualizado la suma reclamada (indexación),
no había lugar a intereses. Precisó que la mora tiene naturaleza sancionatoria por
el retardo en el pago oportuno, mientras que la indexación cumple una finalidad
distinta (mantener el poder adquisitivo), de modo que no pueden tratarse como
equivalentes ni excluirse automáticamente.

31. En virtud de lo anterior, reprochó que en la sentencia de primera instancia haya
calificado el pago de intereses como un doble pago o un enriquecimiento sin causa.
Expuso que la incompatibilidad no se presume, pues intereses de mora e indexación
responden a supuestos y finalidades diferentes; por ello, aun cuando la
administración hubiere reconocido la actualización, subsiste el deber de reparar el
perjuicio ocasionado por el incumplimiento o retardo, especialmente en obligaciones
laborales. Cuestionó además el soporte jurisprudencial empleado por el Tribunal
para negar los intereses, señalando que el precedente citado corresponde a un
contexto fáctico distinto y no resulta aplicable al presente asunto.

32. En el caso concreto, el personal administrativo fue transferido de una planta de
personal a otra en el año 1997; sin embargo, los empleados tuvieron que esperar
hasta el año 2006 para recibir el pago del salario debidamente ajustado, es decir,
con la nivelación salarial. Estos hechos acreditan que el departamento de Caldas y
el Ministerio de Educación incurrieron en mora en el pago de las acreencias
laborales.

33. La nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no
16 años después, dado que el valor retroactivo de las diferencias salariales a favor
del empleado constituye una contraprestación directa del servicio prestado, en
virtud de principio constitucional de «a trabajo igual salario igual».

6 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 263.
6

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

34. Aunque se haya pagado una actualización monetaria deben prevalecer los
intereses de mora, pues estos incluyen tanto el componente inflacionario como el
indemnizatorio. Si se considera que existe una incompatibilidad entre intereses de
mora e indexación, la demandada debió reconocer intereses de mora sobre las
sumas liquidadas, en lugar de indexación. Esto, debido a que la demandante tuvo
que esperar hasta el año 2013 para recibir el retroactivo causado para el periodo de
1997 hasta 2006.

35. El Tribunal consideró que no procedía dicho reconocimiento al no existir una
norma específica que regule los intereses de mora para la homologación y
nivelación salarial. A juicio de la recurrente, esto omite el deber legal y constitucional
de aplicar la analogía y otros criterios auxiliares, como la equidad, la doctrina y los
principios generales del derecho.

36. Finalmente, impugnó la condena en costas y agencias en derecho, al considerar
que no se acreditó temeridad o mala fe y que, además, la condena exige verificación
de causación y comprobación en el expediente.

2.3.2. Trámite procesal en segunda instancia

37. Esta corporación dictó auto el 23 de junio de 20227 en el que admitió el recurso
de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo
con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar
por estado a estas y al Ministerio Público, quienes guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

39. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si:

40. ¿Procede el pago de intereses moratorios sobre el valor reconocido por concepto
de la homologación y nivelación salarial, comoquiera que el retroactivo se causó
desde 1997 hasta 2006, pero el pago se efectuó el 15 de abril de 2013?

7 Índice 4 Samai.

7

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Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

41. ¿El Tribunal Administrativo de Caldas debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

42. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos: 3.3.
Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del
servicio educativo; 3.4. de la condena en costas; 3.5. Hechos probados; y 3.6. Caso
concreto.

3.3. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo

43. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley 43
de 19758 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y
comisarias, en consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban
a cargo de la Nación. En virtud del proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las leyes 60 de 19939 y 715 de 200110, los departamentos
y municipios debieron recibir el personal administrativo vinculado previamente con
la Nación, mediante un trámite de homologación de los cargos, funciones y salarios,
que sirvió de base para su incorporación a las plantas territoriales de personal11.

44. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio educativo
y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975; en
consecuencia, la Nación debió entregar a los departamentos y municipios los
bienes, el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que
correspondería a los departamentos administrar los recursos cedidos por la Nación
para la prestación del servicio de educación, y las plantas de personal pasaron ser
departamentales en virtud de la incorporación, así:

ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus
reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas
de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos
sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial

8 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
10 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
11 Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre

de 2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
8

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
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adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este
artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y
las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial
del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con
base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus
propios recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los
servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores
públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se
regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y
adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la
Ley 4a. de 1992.

45. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación
también debió entregarse a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que exigía «la homologación de cargos (comparación de los
requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los
exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos);
procedimiento que en el caso de dicho personal revestía características
particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo
hacia un ente territorial. Cabe recordar que según el Decreto 2400 de 1968 - art. 48
• 12, la incorporación operaba por reorganización de dependencias o el traslado de
funciones de una entidad a otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme
a la Ley 443 de 199813, también por la supresión del empleo de carrera o por fusión
o supresión de entidades o traslado de una entidad a otra o modificación de
planta»14.

12 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
13 Derogada por la Ley 909 de 2004.
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-

RAD2005-N1607, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

46. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de los
empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el
servicio educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones,
grado de responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de
determinar adecuadamente la remuneración.

47. Una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación, se
expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los empleados
administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su
vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos
del Sistema General de Participaciones, antes «situado fiscal». Con este fin, se
requería realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente,
directivo docente y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la
provisión de dichos cargos en la planta de personal adoptada por las entidades
territoriales para la prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos
del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los
requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva
vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del
derecho de la administración al traslado del mismo.

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta. […]

48. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación
Nacional en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que
debían seguir las secretarías de educación para realizar la homologación de cargos
y la nivelación salarial del personal administrativo.

49. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades,
bienes, personal y recursos desde la Nación hacia los entes territoriales, con el fin
de fortalecer la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del
personal administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la
continuidad laboral y el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los
empleados.

3.4. De la condena en costas

50. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»15. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros
como son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»16.

51. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello,
se debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.4.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

52. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. //
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de febrero de 2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Ibidem.

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»17 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la
sentencia «sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la
parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá
a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»18.

53. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso19, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores,
tales como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre
los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar
dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis
mínimo en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla
o no»20.

54. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes21. En ese sentido, antes
de su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad
o mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección22 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales
o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)23.

17 https://dle.rae.es/disponer.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1

de diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7

de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7

de noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1

de diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-
2023) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01
(0552-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
23 Ibidem.

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

3.4.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

55. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

56. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la
Ley 446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080
adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas
procede en los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia
de fundamento legal».

57. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición
y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo24 para su imposición (adoptado desde
el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento25.

58. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la

24 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en
costas, el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: //
«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio
«subjetivo» —CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en
toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente,
o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo»
porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes. […]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de
2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta
corporación.
25 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y
iii) Sección Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
13

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»26.

3.4.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

59. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada
ponente27), el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar
la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe; perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el
problema planteado en esta oportunidad.

3.5. Hechos probados

60. Consta en la Resolución 2219-6 del 22 de marzo de 2013, que la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación
para la homologación y nivelación salarial. La metodología realizada consistió en
que se revisaron las funciones específicas del nivel jerárquico en que estaba
ubicado cada funcionario frente a los pares en el departamento de Caldas; se
comparó entonces «el salario actual con el salario más aproximado de la escala de
la administración central del departamento de acuerdo con el nivel jerárquico y los
requisitos exigidos para el desempeño del cargo»28.

61. Al ser aprobado el citado estudio técnico, el departamento de Caldas expidió el
Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que homologó y niveló los cargos
administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento
de Caldas, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

2 de diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
28 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 56.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

62. La Secretaría de Educación de Caldas reconoció y liquidó para la señora Teresa
de Jesús Posada de Londoño la suma neta de $82.895.359, por concepto de
homologación y nivelación salarial del periodo comprendido entre el 10 de febrero
de 1997 y el 31 de diciembre de «2009»29, mediante la Resolución 2219-6 del 22
de marzo de 2013.

63. Esta resolución fue aclarada a través de la Resolución 4679-6 del 4 de julio de
201330, en el sentido de ajustar el valor neto a $83.380.020. Posteriormente, la
Secretaría en la Resolución 9132-6 del 11 de diciembre de 201431 fijó la suma
reconocida en $83.380.020, y liquidó y reconoció por concepto de actualización de
indexación y diferencias salariales dejadas de percibir entre el 10 de febrero de 1997
y el 31 de diciembre de 2012, un valor neto a pagar de $7.066.782.

64. La accionante, a través de apoderado, presentó una reclamación administrativa
el 6 de abril de 2017, ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas,
para obtener el pago de los intereses moratorios presuntamente causados por la
mora en el pago de la homologación y nivelación salarial, desde el 10 de febrero de
1997 hasta el 15 de abril de 2013, fecha del pago32.

65. La Secretaría de Educación de Caldas negó lo pedido en la Resolución 8356-6
del 30 de octubre de 201733, al estimar que no existía mora en el pago de las
obligaciones laborales sino «una simple equiparación de cargos como
consecuencia de una decisión administrativa del Estado, fundamentada en el
concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Honorable Consejo de Estado», y agregó que las sumas adeudadas fueron
indexadas con fundamento en el artículo 53 de la Carta Política.

66. En contra de la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación, los cuales fueron resueltos a través de la Resolución 10262-6 del
27 de diciembre de 201734, que dispuso no reponer la decisión contenida en la
aludida Resolución 8356-6 del 30 de octubre de 2017.

67. En lo que concierne a la fecha de pago, la Secretaría de Educación de Caldas
certificó que a la accionante «mediante Resolución número 2219-6 del 22 de marzo
de 2013, resolución aclaratoria número 4679-6 del 04 de julio de 2013 y resolución

29 Se deja en comillas el año 2009, comoquiera que en las resoluciones que reconocieron las diferencias

salariales y prestaciones derivadas de la homologación y nivelación salarial se indica como fecha final el 31 de
diciembre de 2009, no obstante, según lo certificado por la entidad, la demandante prestó sus servicios hasta
el año 2006.
30 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 64.
31 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 70.
32 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 39.
33 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 30.
34 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 34.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

modificatoria número 9132-06 de fecha 11 de diciembre de 2014, se le reconoció
retroactivo de homologación y nivelación salarial, como personal administrativo de
los establecimientos educativos pagados con recursos del SGP del sector educativo
adscrito a la planta de personal del departamento de Caldas a partir del año
11/02/1997». El 15 de abril de 2013 se pagaron los siguientes valores35:

Año Devengos (sic) Indexación Total
1997 $2.791.457 $5.587.613 $8.379.071
1998 $5.016.657 $5.678.233 $10.694.889
1999 $6.882.414 $6.404.016 $13.286.431
2000 $7.879.536 $6.101.179 $13.980.716
2001 $8.311.531 $5.397.461 $13.708.992
2002 $8.349.513 $5.047.542 $13.397.055
2003 $8.828.171 $4.363.781 $13.191.952
2004 $9.329.591 $3.819.834 $13.149.424
2005 $9.863.267 $3.357.138 $13.220.405
2006 $4.351.989 $1.235.616 $5.587.605
2007 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0
Total $71.604.126 $46.992.413 $118.596.539

68. Se allegó certificación del 28 de noviembre de 201336 expedida por el auxiliar
administrativo de hojas de vida de la Secretaría de Educación de la Gobernación de
Caldas, que indica que la señora Teresa de Jesús Posada de Londoño prestó sus
servicios en esa entidad en el cargo administrativo de nivel asistencial, como auxiliar
de servicios generales, desde el 9 de julio de 1982 hasta el 5 de junio de 2006, en
el colegio La Presentación del municipio de Salamina.

3.6. Caso concreto

69. La accionante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de los intereses moratorios presuntamente causados sobre las
sumas que le pagó la Secretaría de Educación del departamento de Caldas por
concepto de nivelación y homologación salarial, reconocidas por su incorporación,
como empleado administrativo de la planta de personal.

70. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda al
considerar que es improcedente los intereses moratorios, precisó que la
demandante recibió el pago de las sumas adeudadas debidamente indexadas, por
lo cual es no posible su reconocimiento.

35 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo «17001233300020180023700C1», imagen 73.
36 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_17001233300020180023(.zip) NroActua 2», archivo
«17001233300020180023700CAntecedentesAdministrativos», imagen 20.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

71. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación e
indicó que la nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación
y no 16 años después; agregó que los intereses moratorios sí son compatibles con
la indexación y que, en gracia de discusión, debió preferirse el pago de los citados
intereses. Finalmente, precisó que aunque no exista una norma en concreto que
ordene el pago de los intereses, el juez debe acudir a la analogía y a los criterios
auxiliares, como la equidad.

72. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se
acreditó que la peticionaria prestó sus servicios como empleada administrativa de
la Secretaría de Educación de Caldas, quien fue incorporada en la planta del
departamento; asimismo, la Secretaría en la Resolución 2219-6 del 22 de marzo de
2013 le reconoció a la demandante las diferencias salariales y prestaciones
derivadas de la homologación y nivelación salarial, en razón de su incorporación en
la planta de personal territorial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de «2009»; valores que fueron pagados el 15 de abril de 2013 y que
incluyeron la actualización de las sumas.

73. Bajo esta perspectiva, y conforme a lo establecido en el marco normativo, la Ley
60 de 1993 dispuso la descentralización del servicio educativo que anteriormente
estaba bajo la responsabilidad de la Nación. Como resultado, los empleados
administrativos que formaban parte de las plantas de personal fueron integrados a
las entidades territoriales, encargadas desde entonces de gestionar dicho servicio
y administrar los recursos transferidos por la Nación. Este proceso de incorporación
fue reglamentado a través de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001.

74. En consecuencia, tal como se narró en los hechos probados, la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación
para la homologación y nivelación salarial. Una vez se surtió la aprobación del
estudio técnico, el departamento de Caldas expidió el Decreto 399 del 20 de abril
de 2007 que homologó y niveló los cargos administrativos del personal
perteneciente a la planta de cargos del departamento, pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones.

75. Como respuesta a lo planteado en el recurso, se destaca el criterio pacífico y
reiterado de las Subsecciones A y B de esta Sección, según el cual los intereses
moratorios tienen un carácter sancionatorio, lo que implica que deben estar
regulados para que la autoridad esté facultada para reconocerlos respecto de pagos
de valores retroactivos por homologación y nivelación37.

76. Ciertamente, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que no es
viable el reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor retroactivo de la

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con

radicado 73001-23-33-000-2014-00311-00 (0905-2015); sentencia del 19 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01 (3341-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

nivelación salarial, porque en el marco del derecho sancionatorio debe existir una
norma que ordene su pago, así:

Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco
hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el
cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto38.

77. A su vez, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al
pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos
que reconocieron el retroactivo no se incluyeron; además, no existe una norma que
autorice dicho reconocimiento39.

78. Por otra parte, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, la Subsección B partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la
nivelación salarial frente a la data del pago, y observó que transcurrió un plazo
mínimo, prudente y proporcional de cara a la complejidad de los trámites
administrativos para materializar el proceso de homologación y nivelación salarial40.

79. Finalmente, es importante resaltar que las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado han declarado infundados los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos en casos similares, al indicar que el criterio de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha consistido en41:

a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector educación,
que se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo, requirió de una
serie de etapas en las que influyeron varias normas que fueron expedidas mientras
este se llevaba a cabo y esto no comprometió la responsabilidad de la
administración porque la demora en el pago de la nivelación salarial estuvo
justificada por la necesidad de adelantar esas gestiones.

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con

radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William Hernández Gómez.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso con

radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15). M.P. César Palomino Cortés.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-

01 (2488-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. En el mismo sentido, ver el
fallo del 28 de octubre 2024, Sala Especial de Decisión 8, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

b) Que el reconocimiento de intereses moratorios por parte de la administración en
estos eventos demanda la preexistencia de normas expresas que los reconozcan
de forma clara, dado su carácter sancionatorio.

80. En este orden de ideas, siguiendo el precedente de la Sección se concluye que
la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios, en tanto
no existe norma que lo ordene, y las resoluciones 2219-6 del 22 de marzo de 2013,
4679-6 del 4 de julio de 2013 y 9132-6 del 11 de diciembre de 2014 que le
reconocieron a la demandante las diferencias salariales y prestaciones derivadas
de la homologación y nivelación salarial, no dispusieron que se causaban intereses
moratorios.

81. En virtud de estos argumentos, la Subsección confirmará parcialmente el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, salvo la imposición de
la condena en costas.

4. Costas

82. En lo concerniente a la condena en costas, se observa que según el criterio
mayoritario de la Sección Segunda es menester analizar la conducta procesal de la
parte vencida; así pues, como en el asunto bajo estudio no se observa que la parte
actora haya desconocido la buena fe al presentar la demanda y el recurso de
apelación, se impone revocar la condena en costas impuesta en la primera
instancia.

83. Porla misma razón, tampoco hay lugar a imponer dicha condena en esta
instancia.

5. Conclusión

84. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la accionante, quien se
desempeñó como empleada administrativa de la Secretaría de Educación de
Caldas, no tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre
el valor pagado por concepto de la homologación y nivelación salarial, toda vez que
no están regulados expresamente para ese evento, ni se dispuso que se causaban
en el acto administrativo que reconoció la citada nivelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 8 de octubre
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda, salvo el inciso segundo de la parte resolutiva que
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00237-02 (1413-2022)
Demandante: Teresa de Jesús Posada de Londoño
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

condenó en costas a la parte actora, el cual se revoca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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