Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02233-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02233-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02233-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02233-01 (1295-2023)
Demandante: Melquisedec Guerra Moreno
Demandada: Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Salud
Temas: Derechos salariales y prestacionales.
Sentencia
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de
la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. Melquisedec Guerra Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos
proferidos por la entidad demandada:
1.1. Resolución 1069 del 15 de junio de 2017 «mediante la cual liquidó sus cesantías»
sin tener en cuenta lo recibido en el último año de servicio.
1.2. Oficio 2017EE70586 del 20 de septiembre de 2017 por la cual la directora de
Gestión del Talento Humano negó la reliquidación de los salarios y prestaciones
sociales.
1 Folios 155 a 192.
2 En adelante CPACA.
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 02233 01 (1295-2023)
Demandante: Melquisedec Guerra Moreno
1.3. Resoluciones 0030 del 7 de marzo y 0927 del 16 de abril de 2018 con las que
se resolvieron los recursos de reposición y apelación presentados contra el oficio
precedente.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar
cuando desempeñó los siguientes empleos desde el 1 de enero de 1994 hasta el
22 de mayo de 2017, de conformidad con lo regulado en los artículos 4 y 36 del
Acuerdo Distrital 37 de 1993 y en los porcentajes que se indican:
Item salarial y prestacional Cargo Porcentaje que debió
pagarse
jefe de sección XIIA
20%
Gastos de representación
profesional especializado
30%
grado 23
jefe de sección XIIA 10%
Prima técnica profesional especializado
10%
grado 23
Gastos de representación profesional especializado 10%
Prima técnica grado 32 10%
Incluir todos los ingresos
Cesantías recibidos durante el último
año de servicio
3. Asimismo, pidió el pago de los aportes pensionales de acuerdo con lo
reconocido, la actualización de la condena según el índice de precios al
consumidor, y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA.
1.1.1. Fundamentos fácticos
4. Melquisedec Guerra Moreno señaló como hechos relevantes los siguientes:
4.1. Entre el 19 de mayo de 1987 y el 22 de mayo de 2017 estuvo vinculado como
empleado público de carrera administrativa con el Distrito Capital de Bogotá
regido por el «régimen de retroactividad» de las cesantías. Durante este periodo
ocupó los siguientes empleos:
Acto de nombramiento Denominación empleo Código
Decreto 1335 del 4 de julio de1990
Decreto 144 del 13 de marzo de 1992
Decreto 471 del 19 de agosto de 1993
Jefe XIIA, jefe de sección
Decreto 331 del 10 de junio de 1994
271545
Decreto 758 del 25 de noviembre de
1994
Decreto 865 del 19 de diciembre de Profesional especializado
3811050
1994 grado 23, nivel directivo
Decreto 814 del 30 de diciembre de
1996 Profesional especializado
3115
Decreto 1254 del 30 de diciembre de grado 08
1997
Decreto 1047 del 14 de diciembre de
1998 Profesional especializado,
335
Resolución 0296 del 13 de marzo de grado 08
2000
Decreto 098 del 17 de marzo de 2006
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Demandante: Melquisedec Guerra Moreno
Resolución 1178 del 19 de diciembre de
2007
Memorando 114051 del 16 de agosto de Profesional especializado,
222
2011 grado 30
Resolución 1312 del 6 de octubre de
2014
Resolución 005 del 5 de enero de 2015 Subdirector operativo, grado
068
06
Resolución 175 del 7 de marzo de 2016 Profesional especializado,
grado 32
Resolución 681 del 2 de mayo de 2017 Profesional especializado,
222
grado 30
4.2. Con la Resolución 681 del 2 de mayo de 2017 se le aceptó la renuncia al
empleo del cual era titular denominado «profesional especializado, código 222, grado
30» de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, a partir del 22 de mayo de
2017.
4.3. Mediante la Resolución 1069 de 2017 la Secretaría de Salud del Distrito
Capital le «liquidó las cesantías» sin tener en cuenta todo lo recibido en el último
año de servicio.
4.4. Mediante petición radicada 2017ER47868 del 4 de agosto de 2017 solicitó la
revisión de su salarios y prestaciones sociales.
4.5. Con Oficio 2017EE70586 del 20 de septiembre de 2017 la directora de
Gestión del Talento Humano negó la reliquidación de los salarios y prestaciones
sociales. El acto fue confirmado con las resoluciones 0030 del 7 de marzo y 0927
del 16 de abril de 2018 por medio de las cuales se resolvieron los recursos de
reposición y apelación presentados en contra del anterior acto.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25, 29, 53, 84, 93 y 125 de la
Constitución Política; las leyes 6 de 1945, 27 de 1992, 33 de 185, 4 de 1992, 100
de 1993, 244 de 1995, 344 de 1996, 443 de 1998, 909 de 2004, 1071 de 2006,
1437 de 2011; los decretos 331 de 1994, 758 de 1994, 1260 de 1947, 2400 de
1968, 1950 de 1973, 3135 de 1978, 1335 de 1990, 1808 de 1994, 320 de 1995,
8212 de 1996, 2504 de 1998, 1173 de 1999, 2712 de 1999, 1552 de 2000, 1919
de 2002; y los artículos 7 del Acuerdo Distrital 12 de 1987, 4 del Acuerdo Distrital
18 de 1991, 4 del Acuerdo Distrital 37 de 1993 y 4 del Acuerdo Distrital 30 de
1996.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
6.1. En los actos administrativos se vulneraron las disposiciones constitucionales
citadas y, específicamente, el derecho a la igualdad y no discriminación al
«descartar» el pago en su favor de los gastos de representación y el 50% de la
prima técnica que se pagaron a otros empleados que ocuparon empleos de igual
nomenclatura.
3 Folios 4 a 9 del expediente físico.
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6.2. De acuerdo con los artículos 4, 6, 7 y 36 del Acuerdo 37 de 1993 y 4 del
Acuerdo 30 de 1996 para el empleo de «jefe XII A- jefe de sección- registro de
recursos humanos Código 271545» del nivel ejecutivo debían reconocerse los
gastos de representación en un porcentaje del 20% y la prima técnica por un
50%. Asimismo, cuando fue reubicado en el empleo de « profesional especializado
grado 23», empleo del nivel directivo al que también le asistía este derecho. La
prima técnica era de tal porcentaje porque cumplió con todos los ítems que exigía
el artículo 1 del Decreto 320 de 1995 para alcanzarlo.
6.3. Los actos administrativos demandados vulneraron las normas citadas porque
la liquidación de los salarios y prestaciones sociales fue diferente de la de otros
empleados que ocuparon igual empleo. Con ello se desconoció el principio
«salario iguala trabajo igual».
6.4. Cuando fue designado «por derecho preferencial» para ocupar el empleo de
«profesional especializado grado 32» tenía derecho a que se le pagara el 50% de
la prima técnica y el 40% de los gastos de representación correspondientes a tal
empleo y que sí se le pagaba a quien lo ocupaba antes que él, pues la
remuneración era propia del cargo y no de quien lo ocupaba. Ello, puesto que así
lo determinaron los artículos 37 del Decreto 1950 de 1973, 4 del Acuerdo 37 de
1993 y 1 del Acuerdo 320 de 1995.
6.5. La liquidación de las cesantías retroactivas regidas por la Ley 6 de 1945 debió
tener en cuenta todo lo que devengó en el último año de servicios. Incluso debió
computarse lo que recibió luego de su renuncia en los meses de junio, julio y
agosto de 2017. Al no haberlo hecho de esa manera, la entidad vulneró los
decretos 2567 de 1946, 1160 de 1947, 2712 de 1999.
6.6. El indebido pago de los salarios y prestaciones sociales ocurrió por razones
de índole político. Ello se evidenció en el hecho de que a otras personas que
ocuparon iguales empleos de «profesional especializado grado 23» sí se les
reconoció aquellos emolumentos en los porcentajes reclamados.
1.2. Contestación a la demanda4
7. El Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Salud, se opuso a las pretensiones
de la demanda con fundamento en las siguientes razones:
7.1. El demandante era titular del empleo denominado « profesional especializado
código 222 grado 30». A través de la Resolución 175 del 7 de marzo de 2016 fue
encargado del empleo de «profesional especializado código 222 grado 32» en virtud
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004.
7.2. Ambos cargos se remuneraron con la inclusión de la asignación básica, las
primas de antigüedad, semestral, de vacaciones, de navidad y técnica
profesional; también con las vacaciones, la bonificación por recreación y por
servicios prestados, más las cesantías y sus respectivos intereses. Todos estos
valores fueron pagados a Melquisedec Guerra Moreno cuando ocupó cada uno
de tales empleos.
4 Folios 251 a 263.
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7.3. Las cesantías se liquidaron con base en el salario devengado en el último año
de servicio contado hacia a atrás a partir de la fecha de retiro [2 de mayo de
2017], de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 1160 de
1947.
7.4. Aunque era cierto que a Yilda Ponce Yanci, titular del empleo profesional
especializado código 222 grado 32, se le pagó el valor de los gastos de
representación, ello se hizo en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 098 de
2006 que estableció que a quienes se les modificó el nivel jerárquico de su
empleo en virtud de lo que ordenó el Decreto Ley 785 de 2005 se les debía pagar
la asignación básica, los gastos de representación y la prima técnica en el
porcentaje que recibía antes de tal modificación.
7.5. Este es el supuesto en el que se encontraba Yilda Ponce Yanci, a quien
reemplazó el demandante. Tal conclusión fue avalada en conceptos emitidos por
el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento
Administrativo del Servicio Civil, entidades a las que se les consultó sobre lo
pedido por el demandante.
7.6. Por lo anterior, mientras Melquisedec Guerra Moreno estuvo encargado en el
empleo se le pagaron todos los salarios y prestaciones sociales a que tenía
derecho legalmente. Esto impedía aplicar el principio de favorabilidad para el
reconocimiento del pago pedido en sede administrativa.
7.7. Propuso las siguientes excepciones de mérito:
• «Improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ir en contra
de la teoría de los actos propios». De acuerdo con la jurisprudencia constitucional
[sentencia T-295 de 1999] cuando concurrían los elementos para que se aplicara
la teoría del respeto por el acto propio «la conducta de quien contraviene sus propios
actos no es acorde a derecho». [Citó doctrina y jurisprudencia que explicaba la
teoría sin precisar argumentos propios del presente caso].
• «Presunción de legalidad del acto administrativo que aceptó la renuncia y los que
resolvieron la reclamación del reconocimiento y pago de los gastos de representación»:
el acto administrativo en el que se realizó la liquidación de los salarios y
prestaciones sociales se profirió «de conformidad con la voluntad del demandante y
la autorización y liquidación respectiva de todas sus prestaciones sociales». Además,
fue acorde con los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil y con el
Decreto 098 de 2006.
1.3. Sentencia de primera instancia5
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
en sentencia del 31 de octubre de 2022 denegó las pretensiones de la demanda.
No condenó en costas.
5 Folios 490 a 503.
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9. La decisión se sustentó los siguientes argumentos:
9.1. Se probó que el demandante ocupó distintos empleos desde su ingreso a la
entidad en 1987. Así, ingresó como asistente técnico V grado 6 y en 1993 fue
incorporado a la planta e inscrito en carrera administrativa en el cargo de jefe XII
A jefe de sección código 271545. Luego y producto de la reestructuración de la
entidad desempeñó el empleo de profesional especializado grado 30 código
381050 desde 1997 y en 1998 como profesional especializado código 335.
Posteriormente, en virtud del cambio de nomenclatura de los cargos que se hizo
en el Decreto 098 de 2006 cumplió funciones como profesional especializado
código 222, grados 23 y 30. Más adelante en el año 2015 fue encargado en el
empleo de subdirector operativo, grado 068, código 06; y finalmente en el empleo
de profesional especializado código 222, grado 32 hasta su retiro del servicio.
9.2. Al demandante se le reconoció la prima técnica cuando ocupó los empleos de
jefe XII A «jefe de sección» en los porcentajes que estableció el artículo 6 del
Decreto 471 de 1990 para los empleados del nivel directivo, ejecutivo y
profesional. Así, entre mayo y octubre de 1992 en un 15%, entre noviembre de
ese año y octubre de 1993 en un 17%, y a partir de noviembre de 1993 en un
19%.
9.3. Asimismo, en virtud de lo regulado en el Acuerdo 37 de 1993 y a la solicitud
que hiciera el demandante el 18 de diciembre de 1996, mediante la Resolución
0438 del 5 de febrero de 1997 se le reajustó la prima técnica cuando ocupó el
cargo de profesional especializado código 222, grado 23 a partir del 26 de
diciembre de 1996 en un porcentaje del 40%.
9.4. Por lo anterior, no era posible ordenar el reajuste de los pagos hechos, pues
«la misma fue reconocida de acuerdo con la normativa vigente».
9.5. Los gastos de representación solo se reconocían a los cargos de los niveles
directivo y ejecutivo, según lo previsto en los Acuerdos distritales 37 de 1993
[artículo 4], 30 de 1996 [artículo 4], 14 de 1998 y 199 de 2005.
9.6. Si bien el demandante desempeñó el empleo de jefe XIIA jefe de sección y
era del nivel ejecutivo entre el 1 de noviembre de 1991 al 30 de agosto de 1993,
en sede administrativa no reclamó el pago de los gastos de representación
respecto de este empleo con la petición y los recursos de reposición y apelación
que presentó contra la decisión. Por lo tanto, no era viable pronunciarse sobre el
tema.
9.7. Los otros empleos que en los que el demandante ejerció funciones como
profesional especializado código 222, grados 23 y 30 pertenecían al nivel
profesional. En ese sentido, al no ser del nivel directivo ni ejecutivo era
improcedente el reconocimiento de tal emolumento.
9.8. Como la solicitud de la reliquidación de las cesantías se fundamentó en el
reconocimiento del reajuste de los gastos de representación y la prima técnica,
se negó al no prosperar aquella petición.
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1.4. Recurso de apelación6
10. Melquisedec Guerra Moreno interpuso el recurso de apelación y expuso como
argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:
10.1. La sentencia indicó que no se agotó la actuación administrativa respecto de
la pretensión de pago de gastos de representación cuando el demandante ocupó
el empleo de jefe de sección XIIA del nivel ejecutivo. No obstante, pasó por alto
que la petición y los recursos interpuestos en sede administrativa se hizo « en
sentido general», puesto que se reclamó la revisión de los valores salariales y
prestacionales a que tenía derecho en todos los empleos desempeñados y así
quedó plasmado en los numerales 3 y 5 de la petición.
10.2. En los problemas jurídicos que se plantearon en la sentencia no se tuvo en
cuenta que se pidió examinar que no se incluyeron en la liquidación de las
cesantías todos los factores salariales que recibió en el último año. Así se solicitó
en sede administrativa en el numeral sexto de la petición.
10.3. En la sentencia tampoco se analizaron las funciones directivas del cargo de
«profesional especializado» que sustentó el numeral tercero de la petición hecha
en sede administrativa. Asunto que daba lugar al reconocimiento de la «prima de
coordinación».
10.4. En la providencia se concluyó de manera errada que el empleo de profesional
especializado era «el mismo al que [hacían] referencia las normas que hicieron la
distribución de los cargos en tiempo posterior». Ello porque el profesional grado 23
era del nivel directivo, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 37 de 1993.
Asimismo, las pretensiones se negaron sin analizar que lo pagado al demandante
no correspondía a este cargo y a su nivel directivo. Además, que en las
reubicaciones que se hicieron en la planta de la entidad no podía «ser trasladado
a cargos de nivel inferior». En ese orden las reubicaciones que se hicieron después
de que ocupó el empleo de jefe de sección XIIA del nivel ejecutivo correspondían
a igual nivel.
10.5. El a quo al negar el reconocimiento de los gastos de representación cuando
ocupó los empleos de profesional especializado código 222 y grados 30 y 32, no
tuvo en cuenta que eran del nivel directivo. Ello, puesto que los empleos de
profesional especializado solo existían hasta el grado 21 y que «se le reincorporó
al grado 23, que estaba en ese momento dentro del grado del nivel directivo». Este
último empleo luego fue denominado «profesional especializado código 222, grado
30».
10.6. Para negar el pago de los gastos de representación respecto del empleo de
jefe de sección XIIA, en la sentencia se afirmó que el Decreto 144 de 1992 no
estableció tal emolumento para este empleo. Sin embargo, la norma aplicable era
el Acuerdo 37 de 1993.
10.7. Las normas que fijaron la escala de remuneración de los empleados del
Distrito sí establecieron la prima técnica y los gastos de representación para el
empleo de jefe de sección XIIA del nivel ejecutivo que luego fue denominado
6 Folios 505 a 518.
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Demandante: Melquisedec Guerra Moreno
profesional especializado grado 23. En cuanto a la prima técnica recibida en este
empleo, esta no fue liquidada de acuerdo con lo que ordenó el artículo 6 del
Acuerdo 37 de 1993.
10.8. De las pruebas aportadas era posible concluir que el demandante recibía una
«asignación salarial» diferente de la de otras personas que ocupaban igual empleo,
aun a pesar de cumplir funciones de cargos superiores. Esto desconoció el
principio «a trabajo igual salario igual». La sentencia no valoró las pruebas que así
lo demostraban, como las funciones que cumplían Yilda Ponce Yance, Hernán
Darío Maillane e Isabel Cristina Artunduaga que fueron certificadas por la
directora de Talento Humano de la entidad y los desprendibles de pago de sus
nóminas. En ese sentido, el demandante «ejerció cargos de funciones de directivo
de hecho, sin que le fuesen reconocidos salarios y prestaciones de ese nivel».
10.9. Tanto el demandante como Yilda Ponce Yance, a quien reemplazó en el
cargo de profesional especializado grado 32, eran titulares de empleos de
superior jerarquía. El primero como jefe de sección XIIA y la segunda como jefe
de oficina. En consecuencia, tenían derecho al pago de la prima técnica y a los
gastos de representación.
10.10. En la liquidación de las cesantías no se tuvo en cuenta los ingresos que el
demandante recibió en el último año de servicio como lo dispusieron los artículos
6 del Decreto 1160 de 1947 y 45 del Decreto 1045 de 1978. En la sentencia no
se valoraron las pruebas presentadas con la demanda, específicamente el
comprobante de pago del salario del mes de mayo de 2017.
10.11. Finalmente, en el recurso se solicitó aplicar las normas que fueron citadas
en la demanda y revisar las que el tribunal apreció para decidir el caso. A su
juicio, este no aplicó las normas vigentes cuando se dieron las distintas
«reincorporaciones» a los cargos y que regían su situación. Así, no eran aplicables
el Decreto Ley 785 de 2005 y el Decreto 396 de 2006. En cambio, sí lo eran los
artículos 20, 22, 34 y 36 del Acuerdo 37 de 1993.
1.5. Tramite de la segunda instancia
11. La parte demandante en el recurso de apelación solicitó el decreto de varias
pruebas. No obstante, mediante auto del 20 de marzo de 2024 fueron negadas7.
Por lo anterior, conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para
alegar.
1.6. El Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
intervinieron.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Problemas jurídicos
12. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
7 Índice 10, Samai.
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Demandante: Melquisedec Guerra Moreno
(i) ¿el demandante agotó la actuación administrativa exigida en el artículo
161.2 del CPACA en relación con la pretensión de reconocimiento y pago
de los gastos de representación y la prima técnica por el periodo en que
ocupó el empleo de jefe de sección XIIA?
(ii) ¿Melquisedec Guerra Moreno tiene derecho a que se le reconozca el
pago por concepto de gastos de representación y se reajuste la prima
técnica por haber ocupado los empleos de profesional especializado grado
23 y profesional especializado grado 32 en la Alcaldía Distrital de Bogotá,
en este último empleo e ítem en los porcentajes que recibió Yilda Ponce
Yance?
(ii) ¿La liquidación de las cesantías definitivas se hizo de acuerdo con lo
reglado en los artículos 6 el Decreto 1160 de 1947 y 45 del Decreto 1045
de 1978?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Agotamiento de la actuación administrativa como requisito de
procedibilidad
13. El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto
procesal necesario para acceder a la jurisdicción contencioso- administrativa, el
cual cumple con la finalidad de garantizar, entre otros derechos fundamentales,
el de acceso a la administración pública y por ende el reconocimiento de una
situación jurídica, y, si es del caso, la posibilidad de controvertir la decisión
definitiva mediante los mecanismos legalmente establecidos en el CPACA, esto
es los recursos gubernativos de reposición y apelación, según sea su
procedencia, tal y como lo disponen, entre otros, los artículos 42, 43, 138 y 161.2
del CPACA.
14. En efecto, se ha establecido que el aludido requisito para demandar implica
la obligación de pedir ante la administración el derecho que eventualmente se
reclamará en vía judicial. Al respecto, en auto del 28 de julio de 2020, esta
corporación señaló:
«[…] , es oportuno señalar que si bien con la Ley 1437 de 2011 desapareció el
concepto de «vía gubernativa», ello no quiere decir que no subsista la obligación
de pedir ante la administración el derecho que eventualmente se reclamará en vía
judicial, es decir, no se ha eliminado ese requisito, por cuanto es claro que cuando
se pretenda el reconocimiento de un derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, este se hace a través de la solicitud de nulidad del acto que creó,
modificó o extinguió una situación jurídica para el demandante y su consecuente
restablecimiento, concepto que se ha reconocido como el principio de la decisión
previa»8 (Subrayado fuera de texto).
15. Lo anterior, según lo ha indicado esta corporación, constituye «un requisito de
procedibilidad necesario para acudir ante esta jurisdicción el cual, lejos de ser una mera
exigencia formal del derecho de acción, es un presupuesto que permite a la
administración efectuar un pronunciamiento previo a ser llevada a juicio y que como tal
le genera la confianza legítima de que por razones no discutidas no va a ser
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente William Hernández
Gómez, 28 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2018-01939-01 (4767-2019).
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sorprendida»9.
16. Bajo ese contexto, el agotamiento del procedimiento administrativo supone
que a la administración se le haga una reclamación concreta en relación con las
condiciones particulares del peticionario, en la que se precise con claridad cuáles
son los derechos que se consideran vulnerados, para que la entidad pueda
pronunciarse sobre lo pedido. De tal forma que esa decisión eventualmente
pueda ser enjuiciada ante esta jurisdicción.
2.2.2. Distribución de competencias entre legislador, gobierno nacional y
autoridades territoriales, para crear y desarrollar los regímenes salarial y
prestacional de los empleados públicos del nivel territorial
17. En lo que tiene que ver con la creación y desarrollo de los regímenes
salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, las
competencias entre el Congreso de la República, el gobierno nacional, las
asambleas, los concejos, los gobernadores y los alcaldes, están distribuidas
de manera concurrente en un engranaje armónico que se articula como un
todo, en el que a cada una de estas autoridades, en atención a los principios
de Estado unitario y de descentralización administrativa, la Constitución
Política le asigna una labor 10.
18. En efecto, el artículo 150.19 de la Constitución Política establece que a través
de ley marco, el Congreso dictará normas generales en las que señalará los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para, entre
otras, fijar los regímenes salarial y prestacional de los empleados públicos en
general, es decir, los del orden nacional y los del territorial. El texto constitucional
es claro en advertir que las corporaciones públicas territoriales: asambleas y
concejos, no podrán arrogarse estas facultades del legislador y del gobierno
nacional:
«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;
[…]
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en
las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas». (Se
destaca).
19. Por su parte, los artículos 300 y 313 de la Constitución Política le atribuyen
a las asambleas y concejos la competencia para determinar las escalas de
remuneración de las categorías de empleos de sus dependencias:
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de julio de 2010,
expediente 0426 de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterada en
sentencia del 12 de mayo de 2014, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 680012331000200800363-01(1922-2013).
10 Ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 25 de mayo de 2022,
radicado: 2022-00036-00 (2475).
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«Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio
de ordenanzas:
[…]
7. Determinar […], las escalas de remuneración correspondientes a sus
distintas categorías de empleo; […]». (Subraya la Sala).
«Artículo 313. Corresponde a los concejos:
[…]
6. Determinar […]; las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos; […]». (Se destaca).
20. Adicionalmente,los artículos 305.7 y 315.7 de la Constitución Política
encargan a los gobernadores y a los alcaldes la labor de fijar los emolumentos
que habrán de recibir los empleados públicos de sus territorios:
«Articulo 305. Son atribuciones del gobernador:
[…]
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las
ordenanzas respectivas. […]». (Subraya la Sala).
«Articulo 315. Son atribuciones del alcalde:
[…]
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes. […]». (Subraya la Sala).
21. Ahora bien, para desarrollar el numeral 19, literal «e», del artículo 150 de la
Constitución Política, y poner en marcha el engranaje de competencias y
atribuciones descrito, el Congreso de la República expidió la Ley Marco 4 de
1992, cuyos artículos 1 y 12 reiteran que el gobierno nacional «con sujeción a las
normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y
prestacional» de «[l]os empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera
que sea su sector, denominación o régimen jurídico»11, y el de «los servidores públicos
de las entidades territoriales»12.
22. Para tales efectos, los artículos 2 y 3 de la Ley Marco 4 de 1992, le señalaron
al gobierno nacional una serie de principios, pilares, elementos, objetivos y
criterios que debe tener en cuenta, para la «fijación» de los regímenes salariales
y prestacionales de los servidores públicos. Así el artículo 2 ibidem estableció,
entre otros criterios, lo siguiente:
«[…] Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
11 Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en
esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República;
c. Los miembros del Congreso Nacional, y
d. Los miembros de la Fuerza Pública.
12 Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales
será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en
la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse
esta facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional.
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(…)
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la
Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas
generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta
como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad
[…]».
23. Por su parte, el artículo 3 ejusdem prevé los elementos estructurales del
sistema salarial de los servidores públicos, es decir, los pilares normativos que
de manera forzosa lo integran y que deben ser observados por el gobierno
nacional «[p]ara la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores ». La
norma indica:
«[…] Artículo 3. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por
los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las
funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada
cargo o categoría de cargos […]».
24. En lo que se refiere a la escala y tipo de remuneración a los que alude la
norma, la jurisprudencia ha señalado que «[…] consiste en un ordenamiento
numérico contentivo de los diferentes grados de remuneración que pueden existir,
ubicados desde el inferior hasta el superior, para hacerles corresponder a cada uno de
ellos determinadas consecuencias económicas, las que se reconocen por unidad de
tiempo de servicio […]»13.
25. En lo que respecta a los empleados públicos del orden territorial, la Ley 4 de
1992 determinó que el gobierno nacional determinaría el régimen prestacional de
sus servidores públicos y el límite máximo salarial, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. La norma es del siguiente
tenor:
«[…] Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las
normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional […]».
2.2.3. Régimen salarial y prestacional de Bogotá, Distrito Capital
26. La Constitución Política en el título XI capítulo 4 regló el régimen especial de
Bogotá como Distrito Capital en los artículos 323 a 327. Sin embargo, no hizo
referencia explícita al régimen salarial y prestacional. En cambio, en el artículo
41 transitorio de la Carta Política dispuso lo siguiente:
«Artículo transitorio 41. Si durante los dos años siguientes a la fecha de
promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren
13 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en el concepto
1393 de 2002.
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los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas
correspondientes».
27. El gobierno nacional expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 en desarrollo de tal
mandato constitucional. En este dictó «el régimen especial para el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá», estatuto que en su artículo 3 determinó que su objetivo era
dotar al distrito de instrumentos que le permitieran cumplir sus funciones. A su
vez, en la norma resaltó que «[l]as disposiciones del presente estatuto prevalecen
sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades
territoriales».
28. En lo que respecta al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
del Distrito capital, el Decreto Ley 1421 de 1993 dispuso en su artículo 129, antes
de la reforma introducida por el artículo 13 de la Ley 2116 de 2021 y que es
aplicable para resolver el presente asunto en consideración a que se pide el pago
de los emolumentos hasta el 22 de mayo de 2017, lo siguiente:
«[…] Articulo 129. Salarios y prestaciones. Regirán en el Distrito y sus entidades
descentralizadas las disposiciones que se dicten en desarrollo del artículo 12 de la
Ley 4ª de 1992.
Sin perjuicio de las disposiciones que conforme al inciso anterior dicte el Gobierno
nacional, los empleados y trabajadores del Distrito y sus entidades
descentralizadas podrán acogerse al régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de
1991 y las disposiciones que la desarrollen o modifiquen […]».
29. De este modo, la normativa remitió a las normas generales que el gobierno
nacional expidiera en virtud de la competencia asignada por el artículo 12 de la
Ley 4 de 1992 referenciada con antelación.
30. En concordancia con ello y con la distribución de competencias para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos territoriales revisada
antes, en el artículo 12.8 el Decreto Ley 1421 de 1993 se precisó que al concejo
distrital le correspondía «[…] adoptar las escalas de remuneración de las distintas
categorías de empleos […]».
31. A su vez, en el artículo 38.9 ibidem se indicó que al alcalde le incumbía
respecto de los empleos de la administración central «[…] determinar sus
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes […]». Todo lo cual debía
sujetarse a los salarios y prestaciones sociales creados por el gobierno nacional.
32. Precisamente, el Concejo Distrital profirió el Acuerdo 37 de 1993 con el cual
estableció «las escalas de remuneración y el sistema de clasificación para las distintas
categorías de empleos en la Administración Central de Santa Fe de Bogotá, Distrito
Capital». En el artículo 4 de la norma se preceptuó lo siguiente:
«Artículo 4.º - Gastos de representación. Establécese la siguiente escala de
gastos de representación para los cargos del nivel directivo y ejecutivo, que será
aplicable a los funcionarios de las distintas dependencias, que en la actualidad los
tengan asignados […]»
Nivel directivo
Grado Gastos de representación % del sueldo
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28-29 50%
26-26-27 40%
22-23-24 30%
Nivel ejecutivo
1-21 20%
33. Con posterioridad, el Concejo Distrital expidió el Acuerdo 14 de 1998 con el
que modificó el anterior y en el que adoptó «los grados de asignación básica de los
diferentes empleos que conforman las plantas de personal de las entidades de la
Administración Distrital del Sector Central». En relación con los gastos de
presentación regló lo siguiente:
«ARTÍCULO 4. Gastos de representación. Establécese la siguiente tabla de
escala de gatos de representación para los cargos del nivel directivo, asesor y
ejecutivo.
TABLA ESCALA GASTOS DE REPRESENTACION
NIVEL GRADO SALARIAL GATO DE
REPRESENTACION
DIRECTIVO 01 A 03 30%
04 A 06 40%
07 A 08 100%
ASESOR 01 A 02 20%
03 A 05 30%
06 A 08 40%
EJECUTIVO 01 A 22 20%»
34. Luego con el Acuerdo 199 de 2005 «[ p]or el cual se ajusta la Escala Salarial de
los Empleos Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar
cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones» respecto
de los gastos de representación se señaló lo que sigue:
«ARTICULO 3o.- Gastos de representación: Establecer la tabla de Gastos de
Representación para los siguientes Niveles Jerárquicos, tomando como base para
su cálculo la asignación básica mensual: Ver artículo 4, Acuerdo Distrital 014 de
1998
ESCALA GASTOS DE REPRESENTACION
NIVEL GRADO PORCENTAJE GASTOS
JERARQUICO SALARIAL DE REPRESENTACION
Directivo 01 a 02 20%
03 a 05 30%
06 a 08 40%
09 a 10 100%
Asesor 01 a 02 20%
03 a 05 30%
06 a 08 40% »
35. Como se advierte, en vigencia del Acuerdo 37 de 1993 tenían derecho al pago
de gastos de representación los cargos del nivel directivo y ejecutivo de los
grados que precisó la norma. Luego, el Acuerdo 14 de 1998 que modificó el
anterior extendió el beneficio al nivel asesor, pero con modificaciones en los
grados y porcentajes de reconocimiento. Finalmente, el Acuerdo 199 de 2005
solo otorgó el beneficio a los cargos del nivel directivo y asesor en los grados y
porcentajes que fijó.
36. En lo que respecta a la prima técnica, el Acuerdo 37 de 1993 la reguló así:
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«[…] Artículo 6º.- Prima Técnica. Se reconocerá y pagará una prima técnica del
80% para el cargo de Alcalde Mayor. Tomando como base para su cálculo el tope
máximo devengado según la Ley y los Decretos reglamentarios.
Para los niveles Directivos y Ejecutivos podrá reconocerse una prima técnica
hasta el 50% y hasta el 40% para el nivel profesional, tomando como base para
su cálculo la asignación básica mensual.
El reconocimiento de que trata el inciso 2 del presente artículo estará supeditado
a la reglamentación que para tal efecto establezca el Alcalde Mayor.
Parágrafo 1º.- Hasta tanto el Alcalde Mayor reglamente la prima técnica de que
trata el inciso 2 del artículo anterior, la misma se seguirá reconociendo con base
en la normatividad vigente.
Parágrafo 2º.- La Prima Técnica reconocida en el presente artículo se hará
extensiva al personal Directivo, Ejecutivo y Profesional de la Secretaría Distrital de
Salud […]». (Se resalta).
37. El alcalde mayor de Bogotá profirió el Decreto 320 de 1995 con el cual
reglamentó «el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los niveles Directivo,
Ejecutivo y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá». Lo cual hizo del siguiente modo:
«[…] Artículo 1º.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica a los niveles
directivo y ejecutivo se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes
liquidados sobre el sueldo básico mensual;
a. Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licenciatura.
b. Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditada hasta completar
el 16% o hasta un 16% por especialización o postgrado no inferior a un año, o título
universitario adicional a nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera de los
eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser
inherente a la profesión o desempeño del cargo.
c. Un 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria
o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador,
acreditada por el titular, hasta completar el 20%.
Parágrafo. Modificado por el art. 1, Decreto Distrital 088 de 2008.- a los Secretarios
General, de Gobierno, de Educación, de Hacienda, de Salud, de Obras Públicas y de
Tránsito y a los jefes de los departamentos administrativos se les reconocerá y pagará
automáticamente una Prima Técnica del 50% sobre el sueldo básico mensual.
Artículo 2º.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica al nivel profesional
se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el sueldo
básico mensual:
a. Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de
licenciatura.
b. Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar
el 12.5%, o hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior a un año, o
título universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera de los
eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser
inherente a la profesión o desempeño del cargo.
c. Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria
o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador o
coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 16% […]» (Se resalta).
38. En el Acuerdo 14 de 1998 que modificó el anterior se preceptuó sobre la prima
técnica lo siguiente:
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«[…] ARTÍCULO 5º.- De la prima técnica. Se reconocerá y pagará una prima
técnica para el Alcalde Mayor hasta el 50% del tope máximo devengado según la
ley.
Para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel directivo, ejecutivo y
profesional se aplicarán los porcentajes establecidos en el Acuerdo 37 de 1993,
Decretos Reglamentarios y Resoluciones en esta materia.
Al nivel asesor se reconocerá y pagará una prima técnica hasta el 50% tomando
como base para su cálculo la asignación básica mensual. Este reconocimiento y
pago se hará conforme a la reglamentación que para tal efecto establezca el
Alcalde Mayor […]». (Negrilla fuera del texto original).
39. Finalmente, el Acuerdo 199 de 2005 sobre la prima técnica regló lo que se
cita:
«[…] Artículo 4o.- Prima Técnica: Para el reconocimiento y pago de la Prima
Técnica de todos los empleados públicos que se encuentran en los Niveles
Directivo, Asesor y Profesional se aplicarán los porcentajes establecidos en los
Acuerdos 37 de 1993 y 14 de 1998, normas distritales reglamentarias en esta
materia, así:
ESCALA PRIMA TECNICA
NIVEL
PORCENTAJE ASIGNACION BASICA
JERARQUICO
Directivo 50 %
Asesor 50 %
Profesional
Parágrafo: La Prima Técnica constituirá factor salarial conforme ha sido
establecido en los diferentes Acuerdos expedidos por el Concejo Distrital […]».
40. De lo anterior se puede concluir que la prima técnica se regló en un principio
para los cargos del nivel directivo, ejecutivo y profesional [Acuerdo 37 de 1993].
Luego se amplió al nivel asesor [Acuerdo 14 de 1998]; y finalmente, por
disposición del Acuerdo 199 de 2005 quedó establecida para los niveles
directivo, asesor y profesional, pero no para el ejecutivo. Por último, esta norma
hizo la siguiente salvedad:
«[…] ARTICULO 5o.- Los empleados públicos de las entidades del Sector Central
de la Administración Distrital, que se encuentran desempeñando empleos a los
cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el
Decreto Ley 785 de 2005, continuarán percibiendo los mismos porcentajes de
Gastos de Representación y Prima Técnica asignados, mientras permanezcan en
los empleos equivalentes, según lo dispuesto por las normas legales […]».
41. Lo anterior significó la garantía de que aquellos empleados que recibían los
gastos de representación y la prima técnica y cuyos empleos cambiaron de nivel
jerárquico como consecuencia de lo reglado en el Decreto Ley 785 de 2005
seguirían con el derecho recibir el porcentaje que percibían, siempre que
permanecieran en empleos equivalentes.
42. Así también lo estableció el Decreto 098 de 2006 «[p]or el cual se ajusta la Planta
Global de Personal de la Secretaría Distrital de Salud a lo dispuesto en el Decreto
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Ley 785 de 2005». Al respecto la norma regló lo siguiente:
«[…] ARTICULO 6. Los empleados públicos que se encuentren desempeñando
empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo
dispuesto por el Decreto Ley 785 de 2005, continuaran percibiendo la misma
asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica,
asignadas con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes,
de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 21 del citado
Decreto […]».
2.2.4. Liquidación de las cesantías del régimen retroactivo
43. De acuerdo con los artículos 12, literal (f) y 17 de la Ley 6 de 1945, las
cesantías son una prestación social a cargo del empleador. El legislador la creó
con el fin de servir de auxilio para el trabajador que quedara cesante o que
debiera atender necesidades de vivienda o educación. En el ordenamiento
jurídico colombiano existen dos regímenes para la liquidación y pago de las
cesantías, el régimen retroactivo y el anualizado regulado en la Ley 50 de 1990.
44. En lo que se refiere al régimen retroactivo, que interesa para resolver el
presente caso, los artículos 12 literal (f) y 17 de la Ley 6 de 1945 establecieron
que equivale a un mes de salario por cada año de servicios y su reconocimiento
ocurre una vez terminada la relación laboral. A su vez, el artículo 1 de la Ley 65
de 1946 otorgó tal beneficio a los empleados públicos territoriales.
45. En cuanto a la forma de liquidación, el Decreto 1160 de 1947 señaló en su
artículo 6 lo siguiente:
«Artículo 6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de
agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los
asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales,
municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal
devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres
últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo
devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste
fuere menor de doce (12) meses.
Parágrafo 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario
fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique
directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales
como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que
ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono.
Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o
bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la
remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el
último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última
remuneración fija mensual.
En la misma forma se procederá cuando se trate de computar el valor de las horas
suplementarias o extras trabajadas y de las comisiones o porcentajes eventuales,
cuando no ha habido variaciones del salario fijo en los últimos tres meses. En tales
casos, se dividirá lo percibido por el trabajador por concepto del valor de tales
horas, o de los porcentajes y comisiones, por doce, y el resultado se sumará al
último sueldo fijo, para formar así el promedio que servirá de base a la liquidación.
Parágrafo 2º.- Los viáticos permanentes que se paguen a los trabajadores
particulares son salario, siempre que se hayan causado por un término no menor
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de seis meses en cada año, y se computarán para la liquidación del auxilio de
cesantía en aquella parte de ellos destinada a proporcionar al empleado u obrero
manutención o alojamiento, pero no en la que solo tenga por finalidad
proporcionarle los medios de transporte a otro lugar.
Los viáticos que se otorguen a los empleados y obreros oficiales se entenderán
como salario, para los mismos efectos, cuando se den en forma permanente, por
medio de resolución especial, y siempre que la radicación se haga por un término
no menor de seis (6) meses durante cada año […]».
46. Así las cosas, el auxilio de cesantías se liquida con el último salario
devengado o con el promedio de lo devengado en el último año de servicios si
el salario varió en tres meses. Además, la norma no solo hizo referencia a la
asignación básica, sino a todo lo que el trabajador recibió como contraprestación
por sus servicios.
47. En consonancia con lo anterior, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 regló
los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de las cesantías.
Tales son los siguientes:
«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales,
en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
(Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 91 de 1986)
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
(Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 91 de 1986)
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130
de 1968 […]»
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48. Estadisposición es aplicable a los empleados territoriales, en virtud del
Decreto 1919 de 2002 a través del cual el gobierno nacional fijó «[e]l Régimen de
prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo
prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial». El decreto en el artículo
1 dispuso lo siguiente:
«[…] Artículo 1. A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados
públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y
descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y
Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados
públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación
Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media
vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
[…]» (se resalta).
49. De este modo, a los empleados de las entidades territoriales, incluido los del
distrito capital de Bogotá, se les aplica el Decreto 1045 de 1978 para efectos del
reconocimiento de las prestaciones sociales previstas en su artículo 5 dentro de
las que se encuentra las cesantías.
2.5. Pruebas relevantes dentro del proceso
50. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :
50.1. Según certificación proferida por la Dirección de Talento Humano de la
Secretaría de Salud de Bogotá del 17 de diciembre de 202014, Melquisedec
Guerra Moreno ocupó dentro de la entidad los siguientes empleos:
Empleo Nombramiento Novedad Observación
Resolución 0295
Asistente técnico V,
del 14 de abril de
grado 6
1987
El Acuerdo 17 de
1991 estableció las
Jefe XII A, jefe de
escalas de
sección, División de
Incorporado a la remuneración y el
Recursos Humanos,
Decreto 144 del 13 planta global de la sistema de
subdirección de
de marzo de 1992 Secretaría Distrital clasificación de los
vigilancia y control
de Salud. empleos de la
código 271545
Secretaría Distrital
de Salud
Jefe XII A, jefe de
sección, División de Incorporado a la
Decreto 471 de 1993
Recursos Humanos, Decreto 471 del 19 planta global de la
modificó el Decreto
subdirección de de agosto de 1993 Secretaría Distrital
144 de 1992
vigilancia y control de Salud.
código 271545
Profesional
especializado 23
código 381050, Incorporado a la
Decreto 865 del 19
División de Recursos planta global de la
de diciembre de
Humanos, Secretaría Distrital
1994
subdirección de de Salud.
vigilancia y control
Profesional Decreto 814 del 30 Incorporado a la Cambio ocurrido por
14 Información visible también en otro certificado, CD, hoja de vida del demandante, Folio 440.
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especializado, código de diciembre de planta global de la proceso de
3115, grado 23, 1996 «Secretaría Distrital reestructuración de
oficina jurídica nivel de Salud» la entidad
central
El Decreto 1254 de
Profesional 1997 adaptó la
Incorporado a la
especializado, código planta de personal a
Decreto 1254 del planta global de la
3115, grado 08, la estructura y
30 de diciembre de «Secretaría Distrital
oficina jurídica nivel nomenclatura fijada
1997 de Salud»
central en el Acuerdo 26 de
1996
El Decreto 1047 de
1998 adoptó la
Profesional Incorporado a la
nomenclatura y
especializado código Decreto 1047 del planta global de la
clasificación de
335 08, dirección 14 de diciembre de «Secretaría Distrital
empleo de acuerdo
jurídica 1998 de Salud»
con el Decreto Ley
1569 de 1998
Profesional
especializado código
222, grado 30,
El Decreto 1047 de
dirección jurídica.
1998 adoptó la
Reubicado por Incorporado a la
nomenclatura y
necesidades del Decreto 0354 del planta global de la
clasificación de
servicio mediante 17 de julio de 2006 «Secretaría Distrital
empleo de acuerdo
memorando 114051 de Salud»
con el Decreto Ley
del 16 de agosto de
785 de 2005
2011 en la dirección
de salud pública
50.2. Con la Resolución 1354 del 25 de agosto de 1994, Melquisedec Guerra
Moreno fue inscrito en carrera administrativa cuando ocupaba el empleo de jefe
de sección, código 27154515.
50.3. Con la Resolución 175 del 7 de marzo de 2016 el secretario de salud distrital
de Bogotá nombró en encargó al demandante en el empleo de «profesional
especializado, código 222, grado 32» de superior jerarquía, cuya titular era Yilda
Ponce Yanci16.
50.4. Con Oficio 2017ER25094 del 24 de abril de 2017, Melquisedec Guerra
Moreno renunció a la entidad17.
50.5. Mediante la Resolución 1069 del 15 de junio de 2017, la alcaldía distrital de
Bogotá reconoció en favor del demandante el pago de la prima semestral, de
vacaciones, de navidad y la bonificación por servicios prestados18.
50.6. Con Oficio 2017EE54561 del 24 de julio de 2017, la Dirección de Talento
Humano de la entidad demandada remitió al FONCEP autorización para el pago
definitivo de las cesantías al demandante por un monto de $259.450.290. En la
liquidación se incluyeron los valores correspondientes a los siguientes factores
salariales: sueldo, prima de antigüedad, prima técnica profesional, prima de
navidad, prima de servicios, bonificación por servicios, prima de vacaciones19.
15 Información visible en el CD, hoja de vida del demandante, archivo 4, folios 30 a 32.
16 Folio 116.
17 Folio 117.
18 Folios 3 a 5.
19 Folios 18 y 19.
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derecho de petición radicado el 4 de agosto de 2017 20,
50.7. Mediante
Melquisedec Guerra Moreno solicitó los siguiente:
«[…] PRIMERA: Solicito muy comedidamente del señor secretario, se revisen los
valores salariales y prestacionales a que tengo derecho durante los últimos
cargos desempeñados como lo es el de profesional especializado grado 30
y grado 32 conforme al principio de igualdad previsto en la Constitución Política
de Colombia y en las normas laborales.
SEGUNDA: De encontrarse fundamento a mi petición ordenar el pago de los
salarios y prestaciones dejadas de pagar y hacer el traslado de la parte
correspondiente de los aportes a Colpensiones, a efecto que sirvan de fundamento
para el cálculo del monto de mi mesada pensional la cual debe ser decidida y
liquidada a la Luz de la Ley 33 de 1985, con todos los factores salariales
devengados en el último año con una tasa de remplazo del 75% y certificados por
el nominador.
TERCERA: Solicito dar aplicación a los Principios de Favorabilidad,
inescindibilidad, Regresividad y Condición más Beneficiosa.
CUARTA: De no considerar procedente la revisión y pago de los valores
diferenciales dejados de pagar en los cargos antes referidos, solicito se me
expida copia autentica del salario y las prestaciones sociales reconocidas a la Dra.
Gilda Yance Ponce durante el último año que se desempeñó en el cargo de
profesional especializado grado 222-32 y de uno cualquiera de los profesionales
especializados a los que se les reconoció gastos de representación y prima técnica
del 50% del cargo de profesional especializado cargo 222-30, y se me explique los
fundamentos legales del pago diferencial de dichas prestaciones ante cargos de la
misma nomenclatura.
QUINTA. Se ordene el pago de las prestaciones que aún continúan pendientes de
pago.
SEXTA. Se me expida una certificación de devengados del último año laborado
tanto de salarios como de prestaciones sociales.
SÉPTIMA. Se me expida copia de los ingresos y retenciones efectuados mes a
mes durante el último año […]»
50.7.1. Como justificación de la petición, el demandante manifestó en los hechos
que ni en el empleo que ocupó denominado «profesional especializado código 222,
grado 30» ni cuando fue nombrado en encargo en el de « profesional especializado,
código 222, grado 32» de superior jerarquía para cubrir la vacante de su titular Yilda
Ponce Yanci, se le pagó lo siguiente:
«[…] Quinto: Durante el tiempo que me desempeñe en dichos cargos me fue
reconocida prima técnica del 40%, pero nunca se me reconoció gastos de
representación, ni prima técnica del 50% y gastos de representación como
correspondía al cargo que venía ocupando y que si se han venido reconociendo a
otros funcionarios que desempeñaban otros cargos de la misma nomenclatura.
SEXTO. Al desempeñarme en el cargo de profesional especializado grado 222-32,
en reemplazo de la Dra. Gilda Yance Ponce, debió reconocérseme el mismo
salario y prestaciones sociales que ella venia devengando en razón que las
asignaciones salariales y prestacionales corresponden a los cargos y no a las
personas que los ocupan […]» (sic).
20 Folios 6 a 12.
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Los demás argumentos iban dirigidos a señalar que en la liquidación de su
pensión de vejez, Colpensiones no tuvo en cuenta todos los factores salariales a
que tenía derecho de acuerdo con la Ley 33 de 1985.
50.8. A través del Oficio 2017EE70586 del 20 de septiembre de 201721, la entidad
demandada dio repuesta a la petición. Respecto de la primera solicitud indicó que
en la liquidación de los factores salariales y las prestaciones sociales que recibió
cuando ocupó los empleos de profesional especializado, código 222, grado 30 y
profesional especializado, código 222, grado 32 se hicieron de acuerdo con lo
que debía pagarse. Hizo alusión a la asignación básica, prima técnica
profesional, de antigüedad, semestral, de vacaciones, de navidad, las
vacaciones, la bonificación por recreación, la bonificación por servicios
prestados, el «reconocimiento por permanencia». Además, la entidad indicó que:
«[…] si bien es cierto la titular del empleo de Profesional Especializado Código 222
Grado 32 es la doctora YILDA PONCE YANCI, quien devenga Gastos de
Representación dicho emolumento fue asignado en gracia de la posición que
ocupó como Jefe de Oficina, de acuerdo con los siguientes presupuestos facticos:
Que mediante Decreto No. 814 del 30 de diciembre de 1996, fue incorporada en
la planta de personal de la Secretaria Distrital al empleo de Jefe - Jefe de Oficina
• Grado 25 -Código 2115 - Despacho del Subsecretario - Asuntos Internos
Disciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud, cuya efectividad fue el 31 de
diciembre de 1996.
Que mediante Decreto No. 1254 del 30 de diciembre de 997, fue incorporada en
la planta de personal de la Secretaria Distrital al empleo de Jefe - Jefe de Oficina
Grado 6 - Código 2115- Oficina de Asuntos Internos Disciplinarios de la Secretaria
Distrital de Salud, cuya efectividad fue el 02 de enero de 1998.
Que mediante Decreto No 1047 del 14 de diciembre de 1998 y Resolución No 1274
del 30 de diciembre de 1998, fue incorporada a la planta de personal de la
Secretaria Distrital de Salud en el empleo de Jefe de Oficina- Código 205 06-
Oficina de Control Interno Disciplinario, cuya efectividad fue el 30 de diciembre de
1998.
Que mediante Decreto No 098 del 17 de marzo 2006, se ajustó la planta de
personal a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos, y el empleo de Jefe
de Oficina Código 205 Grado 06, se ajustó a Profesional Especializado - Código
222- Grado 32, siendo incorporada mediante Resolución No. 0354 del 17 de julio
de 2006.
Que mediante Resolución No. 627 del 13 de junio de 2011, fue encargada de las
funciones del empleo de Jefe de Oficina - Código 006 Grado 07 - Oficina de
Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud, los días 13,14 y 15 de
junio de 2011, mientras su titular se encuentra en permiso remunerado.
Que teniendo en cuenta la implementación de la reorganización institucional las
funciones del empleo denominado Profesional Especializa do Código 222 Grado
32 serán desempeñadas en la Dirección Financiera - Cobro Coactivo, de acuerdo
a la distribución de empleos establecida mediante Resolución 1612 del 06 de
Octubre de 2014.
Lo anterior, para precisar que a través del Decreto No 098 del 17 de marzo 2006.
el empleo de Jefe de Oficina- Código 205 Grado 06, se ajustó a Profesional
Especializado - Código 222- Grado 32, siendo incorpora da mediante Resolución
No 0354 del 17 de julio de 2006 […]» (sic).
21 Folios 13 a 21.
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50.8.1. En seguida relató que Yilda Ponce Yanci ocupó el empleo de jefe de oficina
desde 1996 y que este fue ajustado en el Decreto 098 de 2006 con la
denominación aludida antes. En tal sentido, señaló que la amparaba el derecho
previsto en el artículo 6 de esta última disposición. Al negar la primera petición
decidió de manera desfavorable las siguientes por despender de esta.
50.9. No obstante, al resolver la petición quinta se le informó lo siguiente:
«[…] Para efecto del pago de las prestaciones pendientes, la Dirección Financiera
mediante comunicación No 20171E13113 del 1 de Junio de 2017, efectuó la
solicitud de traslado presupuestal para cumplir con los requerimientos existentes
en los rubros de servicios personales asociados a la nómina, siendo autorizado su
traslado por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital mediante Resolución No.
1410 del 11 de Agosto de 2017, así las cosas, los valores faltantes fueron incluidos
en el pago realizados el pasado 25 de Agosto de 2017 […]» (sic).
50.10. Contra la decisión anterior, el demandante presentó recurso de reposición
y en subsidio el de apelación el 28 de septiembre de 201722. Sustentó el recurso
en que (i) al ser nombrado en encargo en el empleo de profesional especializado,
código 222, grado 32 tenía el derecho a recibir los salarios y prestaciones
sociales que devengó la titular del empleo; y (ii) en que en la liquidación de sus
cesantías y de su «pensión» no se incluyeron todos los factores salariales que
recibió y que debían considerarse por así ordenarlo el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978. Con tales fundamentos solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA Solicito se tenga en cuenta el acumulado de salarios y
prestaciones del último año para efecto de liquidación de cesantía, se vuelva
efectuar el cálculo y se pague con el régimen de retroactividad acorde con la
sumatoria de devengados del último año, según los fundamentos legales antes
expresados, los que los que modifiquen o cambien o demás que haya lugar.
SEGUNDA Solicito muy comedidamente, nuevamente se revisen los valores
salariales y prestacionales a que tengo derecho durante los últimos cargos
desempeñados como lo es el de profesional especializado grado 30 y grado 32
conforme al principio de igualdad previsto en la Constitución Política de Colombia
y en las normas laborales y los fundamentos legales y jurisprudenciales antes
expresados los que modifiquen o cambien o demás que haya lugar y ordenar su
pago en forma retroactiva.
TERCERA De encontrarse fundamento a mi petición ordenar el pago de los
salarios y prestaciones dejadas de pagar y hacer el traslado de la parte
correspondiente de los aportes a Colpensiones, a efecto de que sirvan de
fundamento para el cálculo del monto de mi mesada pensional la cual debe ser
decidida y liquidada a la luz de la Ley 33 de 1985, con todos los factores salariales
devengados en el último año con una tasa de remplazo del 75% y certificados por
el nominador.
CUARTA. Solicito dar aplicación a los Principios de Favorabilidad, inescindibilidad,
Regresividad y Condición más Beneficiosa […]» (sic).
50.11. Con la Resolución 030 del 7 de marzo de 201823 se resolvió el recurso de
reposición. Frente a la liquidación de las cesantías se señaló que se tuvieron en
cuenta los factores salariales que recibió en los empleos de profesional
especializado código 222 grado 30 y profesional especializado Código 222 Grado
32 incluidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 [hizo referencia a la
22 Folios 22 a 30
23 Folios 32 a 40.
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asignación básica, prima técnica profesional, de antigüedad, semestral, de
vacaciones, de navidad, las vacaciones, la bonificación por recreación, la
bonificación por servicios prestados, el «reconocimiento por permanencia].
50.12. Asimismo, se indicó que el salario que se tuvo en cuenta para liquidar las
cesantías fue el último recibido. Y que para el caso concreto era el
correspondiente al cargo de profesional especializado Código 222 Grado 32.
Finalmente, reiteró la respuesta ofrecida en el primer acto administrativo
relacionada con el derecho a recibir iguales salarios y prestaciones sociales que
la titular del empleo referido devengó.
50.13. En la Resolución 0927 del 16 de abril de 201824 se decidió el recurso de
apelación y se confirmó la decisión recurrida con el siguiente argumento:
«[…] En el caso sub lite, conforme a las documentales obrantes en el expediente,
se avala y reitera la respuesta dada por la Dirección de Gestión de Talento Humano
a la petición elevada por el ex servidor público sobre los siete (7) puntos
relacionados en escrito del 4 de agosto de 2017 con Radicado No. 2017ER47868,
donde se informa esencialmente, que el reconocimiento y pago de los valores por
los factores salariales corresponden a los empleos. "Profesional Especializado
Código 222 Grado 30 del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 y Profesional
Especializado Código 222 Grado 32 del 1 de abril de 2016 al 22 de mayo de 2017",
los cuales se aportaron en cuadros anexos a la respuesta de la petición y a la
Resolución No. 030 del 7 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de reposición,
además que no es posible reconocer como factor salarial "gastos de
representación", toda vez que dicho emolumento fue asignado a la profesional con
cargo de Jefe de Oficina y que al ser suprimido, por principio de favorabilidad y por
mandato expreso del artículo 6° del Decreto 098 de 2006, no se le podía
desmejorar su situación laboral y salarial
Por lo anterior, y comoquiera que las dos primeras peticiones se fundamentan en
el reconocimiento de los gastos de representación como factor prestacional para
acceder a la re-liquidación pretendida, y la tercera es accesoria a estas, la
negación por improcedencia se determinará para cada una de ellas, igual suerte
correrá la solicitud de aplicar los principios de favorabilidad, inescindibilidad,
regresividad y condiciones más beneficiosas, pues tal como lo expuso el A quo,
para el caso en estudio la normatividad aplicable no admite ningún tipo de
interpretaciones ni remisiones analógicas, lo cual fue confirmado por el Servicio
Civil Distrital al estudiar la situación en concreto con base en el artículo 27 del
Código Civil aplicando la interpretación gramatical, la que predica la claridad del
sentido de la ley […]» (sic).
2.6. Análisis del caso concreto
51. Melquisedec Guerra Moreno en el recurso de apelación expuso varios
argumentos de manera dispersa. No obstante, en un esfuerzo de agrupamiento
de ellos se pudo deducir que se refirió a tres temas específicos.
52. El primero. Pidió examinar si tenía derecho al reconocimiento y pago de los
gastos de representación y el reajuste de la prima técnica por el periodo en que
ocupó el empleo de jefe de sección XIIA del nivel ejecutivo. Cargo que no fue
estudiado en la sentencia de primera instancia porque se consideró que no se
agotó la actuación administrativa.
24 Folios 42 a 45.
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53. El segundo alude al estudio del derecho al pago de los gastos de
representación y al reajuste de la prima técnica por haber ocupado los empleos
de profesional especializado grado 23 y profesional especializado grado 32 en la
Alcaldía Distrital de Bogotá. Por este último evento pidió el reconocimiento del
primer emolumento y el reajuste del segundo, pues a su juicio debió recibir lo que
devengaba Yilda Ponce Yance.
54. El tercero se refiere a que se verifique la legalidad de la liquidación que la
entidad hizo de sus cesantías definitivas.
55. Pues bien, se pasará a resolver estos tres cargos que fueron condensados en
los tres problemas jurídicos que se plantearon en esta sentencia.
56. (i)primer problema jurídico: sobre el agotamiento de la actuación
administrativa en relación con la solicitud de pago de los gastos de
representación y el reajuste de la prima técnica por desempeñar el empleo de
jefe de sección XIIA.
56.1. El demandante solicitó en la petición radicada el 4 de agosto de 2017 que se
revisaran los valores de los salarios y prestaciones sociales que recibió cuando
ocupó los empleos de profesional especializado grado 32 y 33. De manera
específica señaló que no se le había pagado la prima técnica y los gastos de
representación en los porcentajes en los que los recibía la titular de este último
empleo, Yilda Ponce Yance. Sobre estos temas fue la respuesta contenida en el
Oficio 2017EE70586 del 20 de septiembre de 2017.
56.2. Asimismo, en los recursos de reposición y de apelación reiteró lo anterior y
agregó que en la liquidación de sus cesantías y de su «pensión» no se incluyeron
todos los factores salariales que percibió y que debían considerarse por así
ordenarlo el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. En las resoluciones 030 del 7
de marzo de 2018 y 0927 del 16 de abril de 2018 la demandada decidió solo
sobre estos puntos, según se deduce de contenido resumido antes en esta
providencia.
56.3. Como se advierte, el demandante no solicitó en sede administrativa el
reconocimiento de los gastos de representación y el reajuste de la prima técnica
por el periodo en que ocupó el empleo de jefe de sección XIIA. Su petición se
refirió específicamente a los empleos de profesional especializado grado 32 y 33.
Por tal razón, la entidad no se pronunció sobre tal punto en las respuestas que
dio.
56.4. En ese sentido, no cumplió con el requisito previsto en el artículo 161.2 del
CPACA que obliga a agotar la actuación administrativa ante la entidad pública
previo a demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Aunque acudió ante la demandada a reclamar sus derechos
laborales, lo cierto es que no lo hizo respecto del empleo de jefe de sección XIIA
ni en la petición inicial ni como argumento de los recursos de reposición y
apelación.
56.5. Lo anterior debía hacerlo de manera explícita porque el cargo desapareció
con la reestructuración administrativa que la entidad realizó en el año 1994 con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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el Decreto 865 de 199425. Si bien el demandante fue reincorporado a otros
empleos con posterioridad, ello no significó que aquel cargo continuó dentro del
ordenamiento jurídico, pues su supresión implicó que dejó de existir al punto que
fue necesaria su reubicación en los términos previstos para la época en el artículo
8 de la Ley 27 de 1992 en concordancia con el 48 del Decreto Ley 2400 de 1968,
normas que regulaban el derecho preferencial a ser reubicado en otro empleo
ante la desaparición del que era titular.
56.6. Por lo anterior, le asistió razón al tribunal cuando concluyó que respecto de
la petición de reconocimiento de los gastos de representación y el reajuste de la
prima técnica por el desempeño del empleo de jefe de sección XIIA no se agotó
la actuación administrativa. Por ende, no podía ser estudiado en sede judicial so
pena de vulnerar el debido proceso de la entidad enjuiciada26.
57. (ii) segundo problema jurídico: sobre el derecho del demandante a que se le
reconozca el pago por concepto de gastos de representación y se reajuste la
prima técnica por haber ocupado los empleos de profesional especializado grado
23 y profesional especializado grado 32 en la Alcaldía Distrital de Bogotá, en este
último empleo, en los porcentajes que recibió Yilda Ponce Yance.
57.1. Sobre el particular debe señalarse que el desempeño de los empleos de
profesional especializado código 222, grado 23 y 32 no otorgaba derecho a recibir
los gastos de representación.
57.2. En efecto, en un inicio el Acuerdo 37 de 1993 concedió ese derecho a los
empleos del nivel directivo y ejecutivo; luego el Acuerdo 14 de 1998 lo confirió
también para el nivel asesor; y finalmente el Acuerdo 199 de 2005 para los cargos
del nivel directivo y asesor. Así las cosas, quien ocupaba un empleo del nivel
profesional no tenía derecho a recibir tal emolumento.
57.3. Ahora bien, es cierto que Yilda Ponce Yanci sí recibió el pago de gastos por
representación mientras desempeñó el empleo de profesional especializado
código 222, grado 32, pues así consta en los desprendibles de pago de su nómina
allegados al proceso de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 27.
Sin embargo, tal pago no tuvo origen en el nivel del empleo. Por el contrario,
según se indicó por la entidad en la respuesta que dio a la petición y a los
recursos presentados por el demandante en sede administrativa, ello se debió a
que con anterioridad ocupó el cargo del nivel directivo como jefe de oficina.
57.4. En efecto, en el Oficio 2017EE70586 del 20 de septiembre de 2017 a través
del cual se dio respuesta a la petición del demandante, se hizo un recuento de la
historia laboral de Yilda Ponce Yanci en el que se indicó que fue jefe de oficina
grado 25, código 2115 en 1996, jefe de oficina grado 6 código 2115 en 1997,
25 Folios 80 a 98.
26 La jurisprudencia ha señalado que el cumplimento del requisito previsto en el artículo 161.2 del
CPACA ES « i) una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos
frente al actuar de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una oportunidad
para que la administración reevalúe sus actos administrativos y corrija las equivocaciones
contenidas en estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho». Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2018 radicado 080001233300020150084501.
27 Folios 425 a 426.
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jefe de oficina código 205 en 1998 hasta 2006, jefe de oficina código 205 grado
06 en el 2006 momento en el que dejó de serlo para pasar a ocupar el empleo
de profesional especializado código 222 grado 32.
57.5. Esta afirmación de la entidad no fue refutada por el demandante en esta
instancia, quien se limitó a señalar que por haber reemplazado a Yilda Ponce
Yanci y esta recibir el emolumento le asistía igual derecho al cumplir sus
funciones. En ese orden, al no existir prueba que contradiga lo manifestado por
la entidad se debe concluir que es cierto que la mencionada tuvo esa historia
laboral.
57.6. Así las cosas, la situación de Yilda Ponce Yanci se regía por lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 098 de 2006 que establecía que a quienes se les hubiere
modificado el nivel jerárquico con la modificación a la planta de personal de la
entidad en virtud del Decreto Ley 785 de 2005 tendrían el derecho a continuar
recibiendo el porcentaje de gastos de representación y prima técnica asignado
en el empleo que desempeñaban antes. De este modo, el derecho de aquella
surgió como resultado de haber ocupado cargos del nivel directivo antes de 2006
y no se sustentaba en el ejercicio del empleo del nivel profesional en el cual el
demandante la reemplazó.
57.7. Bajo esos parámetros, es dable concluir que a Melquisedec Guerra Moreno
no le asiste razón cuando afirma que también debió recibir los gastos de
representación y el reajuste de la prima técnica por el hecho de cumplir iguales
funciones que Yilda Ponce Yanci en el empleo de profesional especializado
código 222 grado 32.
57.8. Finalmente, el demandante aseveró que sí tenía derecho al pago de los
gastos de representación y al reajuste de la prima técnica porque ocupó el
empleo de jefe de sección XIIA que era del nivel ejecutivo y que aunque ocupó
otros empleos después de la reestructuración [profesionales especializado grado
23 y 30], todos debían considerarse de igual categoría.
57.9. Frente a ello se reitera que ante la supresión el empleo de jefe de sección
XIIA este dejó de existir en la planta de personal, por lo que no era posible que
el demandante conservara todos los derechos que eran propios del empleo.
Dentro del proceso lo que se probó es que luego ocupó cargos catalogados como
del nivel profesional dentro de la entidad, por lo que los salarios y prestaciones
sociales que debía recibir eran lo creados para esta categoría.
58. (iii) tercer problema jurídico: se refiere a la liquidación de sus cesantías definitivas.
A juicio del demandante, la entidad no incluyó todos los factores salariales que
recibió en el último año y en la sentencia apelada no se analizó ello, pese a que
en sede administrativa se solicitó.
58.1. Pues bien, al demandante le asiste razón al afirmar que agotó la actuación
administrativa en relación con este punto. Ciertamente, aunque ello no fue objeto
de la petición inicial que presentó el 4 de agosto de 2017 sí lo fue de los recursos
de reposición y apelación que presentó el 28 de septiembre de 2017 en los que
pidió de manera explícita que se revisara si en la liquidación de sus cesantías se
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incluyeron todos los factores salariales de que trata el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
58.2. Asimismo, la entidad se pronunció sobre el particular en las resoluciones 030
del 7 de marzo de 2018 y 0927 del 16 de abril de 2018 en las que decidió los
recursos. En consecuencia, el tribunal debió examinar este cargo y no lo hizo.
Por lo anterior, a continuación, se estudiará.
59. Según se explicó en esta providencia, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto
1160 de 1947 para la liquidación de las cesantías definitivas se debe tener en
cuenta el último salario devengado o el promedio de lo devengado en el último
año de servicios si el salario varió en los últimos tres meses.
60. Dentro del concepto de salario, la norma incluyó todo lo que el trabajador
recibió como contraprestación por sus servicios, y resaltó que cuando se
recibieron sumas que no tenían el carácter de mensual se debía tener en cuenta
un promedio derivado de la división de los montos entre 12 meses, resultado que
debía sumarse a la última remuneración mensual fija. Además, los factores
salariales que se debían tener en cuenta eran los precisados en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.
61. En el presente caso, el último empleo que ocupó el demandante fue el de
profesional especializado código 222 grado 32. Durante el último año de servicio
recibió los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de
antigüedad, prima técnica profesional, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por servicios prestados y prima de vacaciones. Todos estos factores
salariales se encuentran incluidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
62. La entidad al liquidar las cesantías tuvo en cuenta todos los emolumentos
referidos. Así lo plasmó en la liquidación que la Dirección de Talento Humano de
la entidad demandada remitió al FONCEP con el Oficio 2017EE54561 del 24 de
julio de 2017 con la que autorizó el pago definitivo de las cesantías al
demandante por un monto de $259.450.290.
63. En cuanto a los valores observados por la entidad, se pudo corroborar con la
comparación entre la liquidación que aportó28 y los comprobantes de pago29
allegados por el demandante que correspondieron a los recibidos por este en el
último año de servicio, incluidos los pagos hechos en junio de 2017, posterior al
retiro del servicio en mayo 22. Ciertamente, de tal comparación se puede extraer
lo siguiente:
Salario y factores
salariares incluidos
Valor incluido
en el artículo 45 del Comprobante de pago
en la
Decreto 1045 de
liquidación
1978 recibidos en el
último año Mes/año Valor
Abril/2017 [se tomó el valor
Asignación básica completo recibido en este $5.550.9232 $5.550.9232
mes porque en mayo solo
28 Liquidación contenida en un CD, Folio 440.
29 Folios 46 a 59.
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laboró 22 días y arrojaba un
valor inferior].
Abril/2017 [se tomó el valor
completo recibido en este
Prima de antigüedad mes porque en mayo solo $388.565 $388.565
laboró 22 días y arrojaba un
valor inferior].
Abril/2017[se tomó el valor
completo recibido en este
Prima técnica
mes porque en mayo solo $2.220.373 $2.220.373
profesional
laboró 22 días y arrojaba un
valor inferior].
$12.597.013
(resultado de
Dic/2016 sumar lo $12.597.013
prima de navidad
Junio/2017 recibido en los
dos meses
indicados)30
$16.845.021
(resultado de
Jun/2016 sumar lo $16.845.021
Prima de servicios
Jun/2017 recibido en los
dos meses
indicados)31
Bonificación por
Jun/2017 $2.078.824 $2.078.824
servicios prestados
$4.743.653
(resultado de
Sept/2016 sumar lo $4.743.653
Prima de vacaciones
Jun/2017 recibido en los
dos meses
indicados)32
64. Por lo anterior, se concluye que la entidad liquidó en debida forma las
cesantías definitivas a las que tenía derecho el demandante, puesto que lo hizo
con fundamento en lo recibido como salario durante el último año de servicio y
en estricto cumplimiento del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
65. Finalmente, en el recurso de apelación se señaló que en la sentencia no se
analizaron las funciones directivas del cargo de «profesional especializado», pese
que podía dar lugar al reconocimiento de la «prima de coordinación». Este punto
no será analizado, comoquiera que la prima aludida no se solicitó en sede
administrativa y tampoco en la demanda.
3. Conclusión
66. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente asunto el
demandante no agotó la actuación administrativa exigida en el artículo 161.2 del
CPACA sobre la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de los
gastos de representación y el reajuste de la prima técnica por el periodo en que
ocupó el empleo de jefe de sección XIIA. En consecuencia, no era procedente
estudiar este cargo, so pena de vulnerar el debido proceso de la demandada.
67. Asimismo, que Melquisedec Guerra Moreno no tiene derecho a al pago por
conceptos de gastos de representación y al reajuste de la prima técnica por haber
30 Diciembre de 2016 $8.953.526 + junio $3.643.487.
31 Diciembre de 2016 $9.850.059 + junio $7.024.961
32 Septiembre $1.35.628 + junio $4.569.942. Incluso la suma daba un valor inferior [4.705.570] no
obstante en la liquidación se incluyó 4.743.653.
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ocupado los empleos de profesional especializado grado 23 y profesional
especializado grado 32. Ello, porque los empleos eran del nivel profesional y para
ellos no se estableció el reconocimiento de gastos de representación en los
acuerdos distritales 37 de 1993, 14 de 1998 y 199 de 2005.
68. En lo que respecta al segundo empleo cuya titular era Yilda Ponce Yanci, el
demandante tampoco tiene derecho a reconocimiento de los gastos de
representación y el reajuste de la prima técnica en el porcentaje que aquella
recibía porque ese beneficio no tuvo origen en el nivel del empleo de profesional
especializado código 222, grado 32, sino en el derecho que le garantizó el
Decreto 098 de 2006 por haber desempeñado con anterioridad el empleo del
nivel directivo como jefe de oficina que fue suprimido.
69. Finalmente, la liquidación de las cesantías definitivas se hizo de acuerdo con
lo reglado en los artículos 6 el Decreto 1160 de 1947 y 45 del Decreto 1045 de
1978, puesto que la entidad la calculó con lo devengado por el demandante en
el último año de servicio e incluyó todos los factores salariales a los que alude la
última norma.
70. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 31 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B que negó las pretensiones de la demanda presentada por
Melquisedec Guerra Moreno contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de
Salud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. Costas
71. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
72. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
73. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma33.
33 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
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Radicado: 25000 23 42 000 2018 02233 01 (1295-2023)
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74. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
75. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Melquisedec Guerra Moreno contra
el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Salud, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB
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