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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00126-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00126-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO CONFIRMAR la resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016, expedida por la Subdirección de Apoyo a la Gestión Caquetá, mediante la cual se le reconoce y ordena la consignación de un auxilio de Cesantías por el periodo 01/10/2013 a 07/02/2013. Fecha en que cumplió 180 días de incapacidad y que se tuvo en cuenta para la liquidación de las cesantías al Doctor Genaro Bermeo Torres. SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión quien lo desate. […]40 66. Mediante Resolución 2 2597 del 25 de agosto de 201641, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto anterior42. 40 Se transcribe con errores de texto. 41 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF 03PruebasOficio, folio 21 al 45. 42 Se observa que no fue aportado en su totalidad, por lo que no es posible establecer el sentido del mismo. 19 Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023) Demandante: Genaro Bermeo Torres Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación 67. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación, en documento del 3 de noviembre de 201743 certificó que el 16 de mayo de 2016 se realizó el pago de las cesantías definitivas al demandante, las cuales fueron giradas al fondo de cesantías Porvenir. Al expediente se anexó la constancia de pago del auxilio44. 3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala 68. El presente asunto se contrae en determinar si al actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, con ocasión del no pago oportuno de sus cesantías definitivas, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, aceptó a través del Oficio SSAGC-049 del 26 de enero de 2016 que no había pagado dicho auxilio, aunado a ello, solicitó al actor que indicara el fondo de cesantías al que estaba afiliado con el fin de realizar la correspondiente consignación. 69. Luego de que la entidad admitiera su omisión en el pago del auxilio solicitado, expidió la Resolución núm. 94 del 19 de abril de 2016, por medio de la cual le […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2016-00126-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas. Subtema 1:
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: improcedencia de la indexación de
la sanción moratoria. Subtema 3: revoca condena en costas

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 21 de septiembre 2023, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Genaro Bermeo Torres solicitó la nulidad del Oficio DS-SSAG-00946 del
30 de noviembre de 2015, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 25 de
julio de 2013; así como el reconocimiento de la sanción moratoria. El Tribunal por
su parte, declaró la nulidad del acto administrativo acusado; condenó a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar a favor del actor la sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías definitivas; y ordenó actualizar la condena impuesta
conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1.

1 En adelante CPACA.

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión adoptada en primera
instancia, al encontrar ajustadas a derecho algunas de las conclusiones a las que
arribó el Tribunal. No obstante, revocará el ordinal quinto de la parte resolutiva, en
cuanto no se acompasan con los fundamentos jurídicos que gobiernan el asunto,
de conformidad con las consideraciones que se desarrollarán en los acápites
siguientes y que conducen a modificar el alcance de la providencia recurrida.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Genaro Bermeo Torres, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

• El demandante solicitó la nulidad del Oficio DS-SSAG-00946 del 30 de
noviembre de 2015, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas por el tiempo laborado en la entidad accionada entre el 1 de
enero al 25 de julio de 2013, así como el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada por el no pago del referido auxilio.

• A título de restablecimiento del derecho condenar a la Fiscalía General de la
Nación, a pagar la suma de tres millones ochocientos veintiséis mil seiscientos
cuatro pesos $3.826.604, por concepto de cesantía parcial con los intereses
correspondientes, debidamente indexadas.

• Condenar a la entidad demandada a pagar la suma de ciento sesenta y
cuatro millones cuatrocientos trece mil sesenta y cuatro pesos $164.413.064, por
concepto de sanción moratoria originada por el no pago de cesantías, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1071 de 2006, suma que incrementarse hasta
que se efectúe el pago efectivo de dicha prestación, calculada con base en el salario
diario devengado por el demandante para el año 2013, equivalente a doscientos
veintitrés mil novecientos noventa y seis pesos $223.996.

• Ordenar a la Fiscalía General de la Nación el cumplimiento de la sentencia,
en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, y el reconocimiento de los intereses moratorios
previsto en el artículo 195 ibidem4.

2Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
01CuadernoPpal.
3 En adelante CPACA.
4 De la misma normativa.

2

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

2.1.2. Hechos

2. La Sala los resume así5:

• El señor Genaro Torres Bermeo prestó sus servicios como director seccional
administrativo y financiero de la Dirección Seccional de Fiscalía de Florencia,
Caquetá, hasta el 25 de julio de 2013.

• Para agosto de 2013, la entidad accionada le consignó al demandante la
liquidación de sus prestaciones salariales, acto que —según afirmó — no le fue
notificado.

• Agregó que la Fiscalía General de la Nación no consignó las cesantías
definitivas en el fondo Porvenir, ni efectúo el pagó directo del referido auxilio.

• El actor el 8 de octubre de 2013, solicitó ante la Fiscalía General de la Nación
la notificación del acto administrativo por medio del cual se le liquidaron sus
prestaciones por la terminación de la relación laboral, así mismo, pidió que se le
especificaran sus salarios y los factores salariales liquidados.

• Indicó que, para el mes de noviembre de 2013, requirió a la entidad
accionada a fin de que le certificara los factores salariales que fueron tenidos en
cuenta para la liquidación de sus prestaciones salariales con ocasión a la
terminación de su relación laboral.

• Adujo que ante el silencio de la Fiscalía General de la Nación, presentó una
nueva petición el 26 de febrero de 2014, en la que requirió expresamente: «[…]
porque al día de hoy no se han consignado al fondo respectivo el valor de mis
cesantías correspondientes a la vigencia 2013»6. Señaló que el 1 de abril de 2014,
pidió por tercera vez a la entidad demandada a fin de que se le contestarán sus
pretensiones.

• Precisó que el 6 de junio de 2014 venció el término del que disponía la
Fiscalía General de la Nación para reconocer y pagar la cesantía definitiva, teniendo
en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 26 de febrero de
2014.

• Informó que el 25 de junio de 2015 reiteró ante la entidad demandada la
solicitud de pago de sus prestaciones sociales, a la cual la Fiscalía General de la
Nación, mediante Oficio núm. 495 del 26 de junio de 2015, le dio respuesta en la
que señaló que no contaba con su hoja de vida y que había solicitado al nivel central
copia de la liquidación correspondiente.

5 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
01CuadernoPpal.
6 Se transcribe con errores de texto.

3

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

• Advirtió que el 29 de octubre de 2015, pidió ante la Fiscalía General de la
Nación el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas correspondientes al
año 2013, así como la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de
conformidad con lo dispuesto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

• Refirió que dicha pretensión fue negada por la entidad demanda, a través de
Oficio núm. DS-SSAG-00 946 del 30 de noviembre de 2015, con el argumento que,
para el mes de agosto de 2013, se le había pagado una suma de $3.637.444 de
más, razón por la cual la entidad consideró reconocida y pagada la cesantía.

• Posteriormente, el actor solicitó el 10 de diciembre de 2015 que la entidad
demandada precisara sobre las afirmaciones contenidas en el citado oficio, al
considerar que estas contrarían la ley. Por su parte la Subdirección Seccional de
Apoyo a la Gestión del Caquetá por medio de Oficio SSAGC-001 del 6 de enero de
2016, pidió al actor prórroga para dar respuesta al.

• A través de Oficio SSAGC-049 del 26 de enero de 2016, el subdirector
seccional de apoyo a la Gestión de Florencia, contestó en los siguientes términos lo
pretendido por el actor:

[…] revisada toda la información hallada en los archivos de su historia laboral, se
logró determinar que las cesantías correspondientes al periodo laborado en el 2013,
no le fueron consignadas en el fondo de cesantías al que pertenecía, por lo que la
entidad procederá a efectuar la correspondiente liquidación.

Se solicita su amable colaboración afirmando dentro de los tres (03) días siguientes
a la fecha de recibida la presente comunicación, informar en qué fondo se encuentra
actualmente afiliado, para que una vez efectuados los trámites internos proceder a
consignarle el valor que corresponde por este concepto.

• El demandante, por conducto de correo electrónico del 31 de enero de 2016
comunicó a la Fiscalía General de la Nación que su fondo de cesantías era Porvenir.

• A su turno, la entidad demandada, mediante Resolución núm. 94 del 19 de
abril de 2016, reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantías definitivas al actor
en el fondo Porvenir. Asimismo, el demandante señaló que interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación contra el referido acto administrativo.

• Por último, el actor, destacó que para el año 2013 devengaba un salario por
la suma de $6.719.880.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como vulneradas: la Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 6, 25, 29, 48, 53 y 229; la Ley 50 de 1990, artículos 99, numerales 3 y 4, 102 y
104; la Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2; la Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.

4

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Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

4. Al exponer el concepto de violación precisó que el Oficio DS-SSAG-00946
del 30 de noviembre de 2015, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación
negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas por el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 25 de julio de 2013, así como el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria, son desvirtuados en su integridad, en la medida en
que la propia entidad demandada a través del Oficio SSAGC-049 del 26 de enero
de 2016, reconoció que el auxilio solicitado no fue consignado en el fondo Porvenir.

5. Refirió que el acto acusado adolece de falsa motivación, en la medida en que
los argumentos expuestos por la entidad demandada carecen de soporte fáctico y
probatorio, toda vez que con posterioridad la propia Fiscalía General de la Nación
reconoció que las cesantías correspondientes a la vigencia 2013 no habían sido
consignadas en el fondo de cesantías Porvenir. En ese orden, dicha circunstancia
materializa su derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, así como
de la sanción moratoria, consistente en un día de salario por cada día de retardo
hasta tanto se haga efectivo el pago de la prestación, en los términos previstos en
la Ley 1071 de 2006.

2.2. Contestación de la demanda

6. La Fiscalía General de la Nación7 contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones al considerar que su representada ha liquidado y
pagado las asignaciones salariales y prestacionales de sus servidores con estricta
sujeción de los decretos expedidos por el Gobierno nacional.

7. Que mediante la Resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016 se reconoció
y ordenó el pago de la cesantía definitiva al actor, acto administrativo que fue
notificado en debida forma y contra el cual no se interpuso recurso alguno. En ese
sentido, sostuvo que no resulta viable pretender la nulidad del Oficio núm.
DS-SSAG-00946 del 30 de noviembre de 2015, si se tiene en cuenta que, a través
del Oficio SSAGC-049 del 26 de enero de 2016, la entidad informó al demandante
que las cesantías no le habían sido pagadas, razón por la cual procedía efectuar su
liquidación, la cual finalmente fue reconocida mediante la citada Resolución núm.
094 del 19 de abril de 2016.

8. Aunado a lo expuesto, refirió que las actuaciones emitidas por el subdirector
de apoyo de la gestión del Caquetá, en el oficio acusado, como en el Oficio SSAGC
049 del 26 de enero de 2016, así como la Resolución núm. 094 del 19 de abril de
2016 conforman un acto administrativo complejo. Por consiguiente, refirió que el
actor pretende solo la nulidad de uno de esos actos, desconociendo la integralidad
del mismo.

7 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
01CuadernoPpal, folios 97 al 117.

5

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Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

9. Adujo que su representada efectuó el reconocimiento de las cesantías de
manera extemporánea, las cuales fueron pagadas tardíamente, tal y como se
observa en el certificado de aportes en línea expedido por Porvenir.

10. En relación con la pretensión orientada al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, consideró que esta no resulta procedente, en la medida en que
para su declaración no basta la simple acreditación del retardo en el cumplimiento
de la obligación, sino que además recae sobre el demandante la carga de demostrar
la mala fe del empleador, presupuesto indispensable para que se configure el
derecho al reconocimiento de dicha indemnización.

11. Finalmente, propuso como excepciones: (i) caducidad de la acción; y (ii) la
genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia dictada el 21 de
septiembre de 20238, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para
lo cual dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del oficio No. DS-SSAG-00 946 del 30 de
noviembre de 2015 por medio del cual la Nación – Fiscalía General de la Nación
negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por el no pago de las
cesantías definitivas del señor GENARO BERMEO TORRES, conforme a las
razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y
pagar al señor GENARO BERMEO TORRES la suma de DIECINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($19.627.377) por concepto de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas. En el evento de haber cancelado la entidad demandada suma
alguna por concepto de sanción moratoria con anterioridad a la ejecutoria de la
presente sentencia, deberán efectuarse las respectivas compensaciones, caso en
el cual la indexación se hará hasta la fecha efectiva de pago.

TERCERO: INDEXAR el valor de la condena impuesta conforme al índice de precios
al consumidor, tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, según la siguiente
formula:

R = RH Índice final
Índice inicial

Donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico RH, esto es
la suma reconocida en esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al mes anterior a la

8 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
05SentenciaPrimera.

6

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

ejecutoria de la sentencia o pago de la mora si fue anterior) por el índice inicial
(vigente para la fecha en que se realizó el pago de la cesantía).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas en esta instancia a la Nación – Fiscalía General
de la Nación, en el equivalente a 1 S.M.L.M.V., en favor del demandante.

[…]9

13. La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

14. Advirtió el Tribunal que de con conformidad con el acervo probatorio allegado
al plenario, el demandante ingresó a la Fiscalía General de la Nación el 30 de mayo
de 1992 y prestó sus servicios hasta el 25 de julio de 2013. Asimismo, que el periodo
reclamado por concepto de cesantías definitivas corresponde al laborado entre el 1
de enero al 25 de julio de 2013.

15. Precisó que la fecha que se tendrá como presentación de la solicitud de
reconocimiento de las cesantías definitivas por parte del demandante es el 29 de
octubre de 2015, y no la indicada en la demanda, esto es, el 26 de febrero de 2014.
Lo anterior, por cuanto el Consejo de Estado ha reiterado que las cesantías
definitivas deben ser solicitadas de manera expresa, mediante una petición en la
que se formulen pretensiones concretas, claras y específicas. En ese orden,
consideró pertinente examinar el contenido de ambas solicitudes, así10:

Petición del 26 de febrero de 2014 Petición del 29 de octubre de 2015
Con el respeto y consideración de Se RECONOZCA y ORDENE el pago de las
siempre solicito de su colaboración en CESANTÍAS DEFINITIVAS al señor GENARO
el sentido de que se gestione lo BERMEO TORRES, por el tiempo laborado
necesario a fin de que se me dé entre el 1º de enero al 25 de julio de 2013,
respuesta a solicitud hecha desde solicitadas por el interesado el día 26 de febrero
hace ya más de tres meses en el de 2014, con los correspondientes intereses e
sentido de que se me aclaren todos los indexación respectiva. Se RECONOZCA y
factores prestacionales con los cuales ORDENE el pago de las SANCIÓN
se me cancelaron en el mes de agosto MORATORIA por el no pago oportuno de las
pasado mis acreencias como CESANTÍAS DEFINITIVAS antes solicitadas,
exservidor de esa institución y en el en cuantía de CIENTO SIETE MILLONES
mismo sentido explicarme por qué al VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS
día de hoy no se han consignado al NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS
fondo respectivo el valor de mis ($107.422.923.00)- hasta el día 29 de octubre
cesantías correspondientes a la de 2015 correspondiente a 509 días de mora,
vigencia 2013. multiplicado por la suma de $211.047.00, que
corresponde al valor de un día de trabajo de mi
representado, que se INCREMENTARA HASTA
EL DIA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO
DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS antes
referidas, conforme a lo señalado por la Ley
1071 de 2006.

9 Se transcribe con errores de texto.

10 Cuadro visible en la sentencia objeto de estudio.

7

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

16. El Tribunal precisó que, en la primera reclamación, el actor se limitó a solicitar
una explicación acerca de la no consignación de su auxilio, sin que hubiese
requerido el reconocimiento ni el pago de dicha prestación, ni tampoco el de la
sanción moratoria. En ese orden, la fecha que debe tenerse como presentación de
la petición corresponde al 29 de octubre de 2015.

17. Aunado a lo anterior, adujo que la Fiscalía General de la Nación tenía plazo
de 15 días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006
para expedir el acto administrativo de reconocimiento, término que feneció el 23 de
noviembre de 2015, sin que se expidiera el mismo. Agregó que solo a través de la
Resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016, el auxilio fue reconocido.

18. Igualmente, expuso que, el plazo de los cuarenta y cinco 45 días previsto en
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago de las cesantías definitivas venció
el 12 de febrero de 2016, mientras que la consignación solo se efectuó el 16 de
mayo de 2016. En ese orden, precisó que se configuró un período de mora
comprendido entre el 13 de febrero de 2016, esto es, el día siguiente al vencimiento
del término legal, y el 15 de mayo de 2016, día anterior a aquel en que se realizó el
pago efectivo de la prestación, lo cual arrojó una demora total de noventa y tres (93)
días.

19. Indicó que, en relación con el salario base para liquidar la sanción, era
necesario traer a colación lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia de
unificación, así:

en lo referente a las cesantías parciales, la asignación básica para la liquidación de
la sanción será la que devengue el servidor al momento de la causación de la mora,
a diferencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las definitivas, que
estará constituida por la devengada para la fecha de finalización de la relación
laboral o el vínculo contractual, por ser la fecha en que se hace exigible tal prestación
social11.

20. Resaltó que dado que la asignación básica diaria recibida por el demandante
al momento de cesar su vinculación laboral, esto es, en el año 2013 equivalía a la
suma de $ 211.047, el total a reconocer por concepto de sanción moratoria
corresponde a la suma de $ 19.627.377.

11«Incluso al momento de resumir las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación respecto del
salario que debía tenerse en cuenta para liquidar la sanción moratoria, el Consejo de Estado reseñó el siguiente
cuadro:

RÉGIMEN BASE DE LIQUIDACIÓN MORATORIA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO
(Asignación básica) (varias anualidades)
Anualizado Vigente al momento de la mora Asignación básica de cada año
Definitivo Vigente al retiro del servicio Asignación básica invariable
Parciales Vigente al momento de la mora Asignación básica invariable

En el análisis del caso concreto, en dicha providencia se concluyó” En cuanto a la asignación básica para la
liquidación de la sanción, como se expuso en precedencia, se aplica la regla fijada en esta sentencia y por ende,
será la correspondiente a la fecha en que finalizó la relación laboral del demandante, por ser el momento a partir
del cual se hizo exigible el reconocimiento de las cesantías definitivas, esto es, la devengada en el año 2012” ».

8

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

21. Añadió que no es procedente la indexación de la sanción moratoria, para lo
cual citó jurisprudencia de esta Corporación en la que se dijo: «Por ello, en juicio de
la Sala para justificar la indexación de la sanción por mora en el pago de las
cesantías, no es viable acudir al contenido del último inciso del artículo 187 del
CPACA, según el cual «Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, pues
en estricto sentido, la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación
insatisfecha, erigiéndose como generadora de un beneficio económico para el
demandante cuya única causa fue la demora en el pago de una prestación».

22. Aunado a lo expuesto, refirió que la sentencia que reconoce la sanción
simplemente declara su ocurrencia y la cuantifica, sin que ello implique el
incumplimiento de una obligación generada por ministerio de la ley que deba ser
objeto de indexación. Así las cosas, señaló que ello no impide el ajuste del valor de
la condena eventual, en los términos del artículo 187 del CPACA. Igualmente,
precisó que en el evento de que la entidad accionada haya realizado un pago al
actor por concepto de sanción moratoria deberán efectuarse las respectivas
compensaciones.

23. Explicó, en relación con el fenómeno de la prescripción en materia de sanción
moratoria por el pago extemporánea de las cesantías, que resultaba necesario citar
la sentencia de unificación CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016, mediante la cual
se fijó como regla para resolver la controversia originada por la consignación tardía
de las cesantías a un empleado público de nivel territorial lo previsto en la Ley 50
de 1990, particularmente en lo relativo al artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social. Por consiguiente, y en aplicación a ello concluyó
que, en el presente asunto, no ha operado la prescripción.

2.4. Recurso de apelación

24. La Fiscalía General de la Nación12 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en el que discrepa de la decisión proferida por el
Tribunal, al considerar que este otorgó relevancia determinante a la fecha en la cual
el demandante radicó la solicitud de reconocimiento de cesantías, esto es, 29 de
octubre de 2015, para concluir que la entidad demandada excedió el término legal
para expedir el acto administrativo que resolvía dicha pretensión. Con fundamento
en ese razonamiento, el Tribunal impuso a su representada la sanción moratoria,
sin advertir que la solicitud presentada correspondía a otra petición.

25. En ese sentido, consideró que, como ocurre en cualquier ejercicio del
derecho de petición, la entidad procedió a emitir respuesta dentro del término
establecido, mediante Oficio núm. DS-SSAG-00 946 del 30 de noviembre de 2015,
a través del cual negó el reconocimiento y pago del auxilio, así como el de la sanción
moratoria.

12Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
07ApelacionFiscalía.

9

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

26. Adujo que, inicialmente, la entidad demandada negó el reconocimiento y
pago tanto de las cesantías como de la sanción moratoria mediante el oficio del 30
de noviembre de 2015. Frente a dicha decisión, el demandante solicitó la aclaración
correspondiente, lo que dio lugar a una nueva revisión del caso por parte de la
administración. Como resultado de ello, mediante oficio del 6 de enero de 2016, la
Fiscalía General de la Nación reconoció que las cesantías no habían sido
canceladas y adoptó las medidas necesarias para su pago, situación que derivó en
la expedición de la Resolución núm. 094 del 9 de abril de 2016, a través de la cual
ordenó la consignación de las cesantías definitivas correspondientes al período
comprendido entre enero y julio de 2013, las cuales —según afirmó— fueron
efectivamente pagadas el 16 de mayo de 2016.

27. Manifestó que, si bien el juez de primera instancia aplicó lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 y el
precedente jurisprudencial pertinente, incurrió en un desacierto al analizar la
eventual configuración de mora en el pago de las cesantías correspondientes a la
vigencia 2013. En particular, cuestionó la fecha de reclamación tomada por el
Tribunal —esto es, el 29 de octubre de 2015— al considerar que el momento
correcto que debía ser tenido en cuenta era el de la petición del 10 de diciembre de
2015, que fue resuelta a través del oficio del 6 de enero de 2016.

28. Bajo este contexto, la entidad demandada sostuvo que, al tenerse dicha
fecha como la de la reclamación, los tiempos para determinar la mora se
contabilizaron de la siguiente manera13:

Fecha de petición 29 de octubre de 2015
Respuesta (15 días) 23 de noviembre de 2015
Ejecutoria (10 días) 07 de diciembre de 2015
70 días hábiles 12 de febrero de 2016
Mora a partir de 13 de marzo de 2016
Fecha de pago 16 de mayo de 2016
Días de mora 93 días
Salario mensual $6.331.4112
Salario diario $211.047
Valor de la mora $19.627.377

29. Agregó que, si bien desde el año 2014 el actor había solicitado que se le diera
respuesta acerca de los factores prestacionales que le correspondían en su
condición de exservidor y que no le habían sido consignados, posteriormente,
mediante solicitud del 29 de octubre de 2015, requirió de manera expresa el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas. Frente a dicha petición, su
representada, luego de efectuar la revisión de los antecedentes administrativos, dio
respuesta a través del acto administrativo demandado, el cual fue objeto de
aclaración, oportunidad en la que se admitió que el auxilio de cesantías no había
sido consignado.

13 Cuadro visible en el recurso.

10

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

30. Insistió en que la controversia atinente al reconocimiento del derecho al pago
de las cesantías se originó con ocasión de la respuesta dada a la reclamación
presentada el 10 de diciembre de 2015. Ello, en la medida en que la liquidación de
dicha prestación social se efectuó de forma oportuna, circunstancia que fue puesta
en conocimiento del demandante como respuesta a su solicitud inicial.

31. Precisó que la entidad, a partir del 26 de enero de 2016 14, adquirió la
obligación de efectuar el pago del auxilio al actor, obligación que se concretó
mediante la Resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016. Con fundamento en ello,
expuso que el análisis relativo a la mora debía efectuarse de la siguiente manera:

Fecha petición cesantías 26 de enero de 2016
Respuesta (15 días) proceder orden y 16 febrero de 2016
pago de cesantías definitivas una vez
notificada la decisión de reconocimiento
del derecho al pago.
Ejecutoria (10 días) 01 marzo de 2016
70 días Hábiles 04 mayo de 20216 2016
Fecha de pago 16 de mayo de 2016
Días de mora 13 días

32. Aunado a lo anterior, indicó que en el expediente obra la Resolución núm.
094 del 19 de abril de 2016, la cual fue objeto de los recursos interpuestos por el
actor. En tal sentido, sostuvo que la ejecutoria del acto administrativo se produjo en
agosto de 2016, mientras que la consignación del auxilio tuvo lugar el 16 de mayo
de 2016, circunstancia que, a su juicio, descarta la procedencia de la condena
impuesta a su representada.

33. Por último, expresó su desacuerdo con la orden contenida en el ordinal
tercero de la sentencia impugnada y, en apoyo de su planteamiento, citó la
sentencia de unificación dictada dentro del expediente núm. 73001-23-33-000-
2014-00580-01 (4961-2015), en la cual se reiteró la incompatibilidad entre la
indexación y la sanción moratoria. Providencia en la que se concluyó que, dado que
la sanción moratoria no constituye un derecho laboral sino una medida punitiva de
naturaleza económica orientada a reprochar la negligencia del empleador en el
reconocimiento del auxilio no resulta procedente disponer su actualización a valor
presente, toda vez que se trata de sumas que no persiguen compensar
contingencias derivadas del trabajo ni retribuirlo.

34. De igual forma, se pronunció en contra de la condena en costas impuesta en
primera instancia, al considerar que dicha carga solo procede cuando se acredita
de manera objetiva su causación, circunstancia que, según afirmó, no fue
demostrada en el presente asunto.

14 Fecha de la notificación del Oficio SSAGC 001 del 6 de enero de 2016.

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

35. Mediante auto del 14 de marzo de 202415, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.

2.5.1 Concepto del Ministerio público

36. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado rindió16 concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia dictada el 21 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo del
Caquetá. Afirmó que, el apelante confundió la obligación legal del empleador de
consignar y pagar oportunamente las cesantías al trabajador, con la oportunidad
que tiene el empleado de interrumpir la prescripción que le faculta al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea del auxilio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

39. ¿La solicitud presentada el 29 de octubre de 2015 constituye el hito temporal
relevante para la determinación de los extremos inicial y final de la sanción moratoria
pretendida por el actor?

40. ¿Es procedente ordenar la indexación de la sanción moratoria, pese a la
incompatibilidad reconocida por la jurisprudencia proferida por esta Corporación?

41. ¿Procede revocar la condena en costas impuesta en primera instancia a la
Fiscalía General de la Nación?

15 Samai, índice 004.
16 Samai, índice 009.

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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006

42. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas17.

43. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.

44. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:

ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales

17 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada

reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».

13

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del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.

45. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

3.3.2. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías

46. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación, el 25 de agosto de 201618, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.

47. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 2023 19, en la que se
señaló que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término
de prescripción.

48. Al respecto, se explicó que:

69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23

31 000 2011 00628-01 (0528-14).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23-

33-000-2012-00200-02 (2459-2014).

14

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comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de
garantizar el pago oportuno de la prestación, […]

71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que
no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.

72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].

49. Ahora bien, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma
parcial, ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una
obligación indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de
prescripción20.

50. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:

ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.

51. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196821 y 1848 de 196922, solo se refiere a los derechos de que tratan esas
normas, entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en
el que fueron dictadas tal penalidad no se había instituido.

3.4. Hechos probados

52. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:

20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20

de marzo de 2010, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024).
21 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres

años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
22 Artículo 102. Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

15

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Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

53. El señor Genaro Bermeo Torres presentó petición el 9 de octubre de 201323,
ante el director administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación en la
que pidió específicamente:

«debido al incumplimiento de la ley por parte de la Fiscalía, en notificarme y
liquidarme todas mis obligaciones el mismo día en que se hizo efectiva mi
terminación de vínculo laboral, se me notifiqué en debida forma el acto
administrativo por medio del cual se me realiza la liquidación por terminación
de la relación laboral, especificando salarios y detallando factores salariales,
de conformidad a la normatividad que sustente el actuar de la entidad en este
sentido, ya que se me ha consignado a mi cuenta de ahorros por parte de la
Fiscalía una suma de dinero la cual desconozco a que corresponde. […] ».

54. Consta solicitud presentada el 26 de febrero de 2014 por el actor vía correo
electrónico24 mediante la cual pidió que se le dé contestación a la solicitud descrita
con anterioridad. Otras del 1 de abril de 201425 y del 25 de junio de 201426, con el
mismo propósito.

55. La subdirectora seccional de Apoyo a la Gestión de Caquetá27, contestó la
solicitud del 25 de junio de 2014 e indicó que dado a que no contaba con la hoja de
vida del actor, solicitó al nivel central de la entidad copia de la liquidación. Asimismo,
informó que adelanta las gestiones para realizar el pago por las vigencias expiradas
de las cesantías correspondientes.

56. La Fiscalía General de la Nación remitió constancia de servicios prestados28
en la que se observa que el actor ejerció como último cargo el de director seccional
administrativo y financiero en Florencia, Caquetá. Que la última fecha de ingreso
fue el 30 de mayo de 1995 y su retiro el 25 de julio de 2013.

57. El demandante remitió petición a la Fiscalía General de la Nación, a través
de la empresa de mensajería Envía el 29 de octubre de 2015 29, en la que solicitó
expresamente:

[…]

23 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
01CuadernoPpal, folio 4.
24 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 5.
25 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 6.
26 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 7.
27 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 9.
28 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 8.
29 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folios 10 al 15.

16

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Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

Se RECONOZCA y ORDENE el pago de las CESANTÍAS DEFINITIVAS al señor
GENARDO BERMETO TORRES, por el tiempo laborado entre el 1° de enero al 25
de julio de 2013, solicitadas por el interesado el día 26 de febrero de 2014, con los
correspondientes intereses e indexación respectiva.

Se RECONOZCA y ORDENE el pago de la SANCIÓN MORATORIA por el no pago
oportuno de las CESANTÍAS DEFINITIVAS antes solicitadas, en cuantía de CIENTO
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRÉS PESOS ($107.422.923.00) hasta el día 29 de octubre de 2015-
correspondiente a 509 días de mora, multiplicado por la suma de $211.047.00, que
corresponde al valor de un día de trabajo de mi representado, que se
INCREMENTARÁ HASTA EL DÍA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LAS
CESANTÍAS DEFINITIVAS antes referidas, conforme a lo señalado por la Lewy
1071 de 2006.

58. A su turno, el jefe del Departamento de Administración de Personal (E), indicó
que en atención a la solicitud recibida el 30 de octubre de 2015 30, fue remitida a la
Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Caquetá, para que se proceda a
realizar el pago de la liquidación solicitada.

59. El subdirector seccional de Apoyo a la Gestión de Caquetá, mediante Oficio
DS-SSAG-00946 del 30 de noviembre de 201531, precisó:

[…]
1. Se consideran reconocidas y pagadas las cesantías al señor Bermeo Torres,
de acuerdo a la liquidación de cesantías detallada a continuación

Liquidación desde: 01-ene-2013 hasta: 25-jul-2013
Año de liquidación: 2013
Tiempo laborado: 205 días

[…]

TOTAL LIQUIDACIÓN
CESANTÍA AÑO 2013 $ 4.094.466

60. El demandante, el 15 de diciembre de 201532, solicitó al subdirector de Apoyo
a la Gestión de Caquetá de la Fiscalía General de la Nación la aclaración del Oficio
DE SSAG 00946 del 30 de noviembre de 2015.

61. La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Caquetá, mediante
Oficio SSAGC del 6 de enero de 201633, solicitó una prórroga para dar respuesta a
la petición del 15 de diciembre de 2015.

30 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 16.
31 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folios 17 al 21.
32 Se consta en el Oficio SSAGC del 6 de enero de 2016.
33 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 54.

17

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Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

62. Posteriormente, a través del Oficio SSAGC-049 del 26 de enero de 201634
suscrito por el Subdirector de Apoyo a la Gestión de Caquetá, en relación con la
petición solicitada en diciembre de 2015, respondió lo que sigue:

[…] revisada toda la información hallada en los archivos de su historia laboral, se
logró determinar que las cesantías correspondientes al periodo laborado en el 2013
no le fueron consignadas en el fondo de Cesantías al que pertenecía, por lo que la
entidad procederá a efectuar la correspondiente liquidación.
Se solicita su amable colaboración informando dentro de los tres días (03) siguientes
a la fecha de recibida la presente comunicación, informar en que fondo se encuentra
actualmente afiliado, para que una vez efectuados los tramites internos proceder a
consignarle el valor que corresponda por este concepto35.

63. En respuesta, al requerimiento de la entidad demandada, el demandante por
medio de correo electrónico del 31 de enero de 2016 36, informó que su fondo de
cesantías es Porvenir, igualmente pidió: «que a la hora de realizar los respectivos
cálculos no dejen de lado lo relacionado con el reconocimiento al pago por la
sanción moratoria en el pago de cesantías tal como lo ordena la ley en este caso».

64. Luego mediante Resolución núm. 94 del 19 de abril de 201637 expedida por
el subdirector de Apoyo a la Gestión Seccional de Caquetá de la Fiscalía General
de la Nación, se le reconoció al demandante el auxilio de cesantías definitivas y se
ordenó la consignación de las mismas, para lo cual, la entidad accionada tuvo como
tiempo de servicio prestado el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al
7 de febrero de 2013, e indicó que antes de su desvinculación con la entidad
demandada, el actor estaba afiliado al fondo de cesantías Porvenir. Igualmente,
reconoció al demandante la suma de setecientos tres mil sesenta y ocho pesos
$703.068 por concepto de cesantías definitivas y ordenó girar la suma reconocida
en la cuenta individual del señor Bermeo Torres.

65. El actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación38 contra la
Resolución núm. 94 del 19 de abril de 2016, pues no estuvo de acuerdo con el valor
liquidado por concepto del auxilio. Dichas impugnaciones fueron resueltas por
medio de la Resolución núm. 0143 del 20 de mayo de 2016 39, expedida por el
subdirector de Apoyo a la Gestión, en la que se destaca lo que sigue:

34 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 55.
35 Se transcribe con errores de texto.
36 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 56.
37
Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folios 57 al 59.
38 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF

03PruebasOficio, folios 10 al 16.
39 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF

03PruebasOficio, folios 17 al 20.

18

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

HECHOS
[…]

2. El DOCTOR Bermeo Torres entra en incapacidad desde el 12 de agosto de
2012 de manera interrumpida hasta la fecha de su retiro. El 7 de febrero de 2013
completa 180 días de incapacidad, fecha que se tuvo en cuenta para el
reconocimiento de las cesantías definitivas efectuado a través de la Resolución núm.
094 del 19/05/2016.

3. El acto administrativo referido en el acápite precedente, fue debidamente
comunicado al Dr. Bermeo Torres, en la fecha 26 de abril de 2016, tal como consta
en el sello impreso al final del documento, con anotaciones manuscritas del mismo
servidor a quien se le dio a conocer dicha decisión.
[…]

CONSIDERACIONES
[…]
1. Sea lo primero aclarar, que la fecha de su incapacidad se inicia a partir del
12 de agosto de 2012; y que al 7 de febrero de 2013 completó 180 días,
fecha que se tuvo en cuenta para la liquidación de sus cesantías
correspondiente al periodo del 2013.
2. Mediante Oficio. SSAGC-049 se le solicitó su colaboración informando en
que fondo se encontraba actualmente afiliado para que una vez efectuados
los trámites internos se procedería a consignarle el valor de sus cesantías e
intereses del periodo 2013.
3. Las cesantías del año 2013 fueron giradas a la Sociedad Administradora de
Fondos Cesantías PORVENIR, de acuerdo a su información enviada desde
su email el 31 de enero de 2016, por la suma de SETECIENTOS TRES MIL
SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($703.608.00) valor que sería depositado
en la cuenta individual que figura en dicha corporación a su nombre.

RESUELVE

PRIMERO CONFIRMAR la resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016, expedida
por la Subdirección de Apoyo a la Gestión Caquetá, mediante la cual se le reconoce
y ordena la consignación de un auxilio de Cesantías por el periodo 01/10/2013 a
07/02/2013. Fecha en que cumplió 180 días de incapacidad y que se tuvo en cuenta
para la liquidación de las cesantías al Doctor Genaro Bermeo Torres.

SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo a la Dirección
Nacional de Apoyo a la Gestión quien lo desate.
[…]40

66. Mediante Resolución 2 2597 del 25 de agosto de 201641, se resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra el acto anterior42.

40 Se transcribe con errores de texto.
41 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF
03PruebasOficio, folio 21 al 45.
42 Se observa que no fue aportado en su totalidad, por lo que no es posible establecer el sentido del mismo.

19

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

67. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación, en documento del 3 de
noviembre de 201743 certificó que el 16 de mayo de 2016 se realizó el pago de las
cesantías definitivas al demandante, las cuales fueron giradas al fondo de cesantías
Porvenir. Al expediente se anexó la constancia de pago del auxilio44.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

68. El presente asunto se contrae en determinar si al actor le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, con ocasión del no pago oportuno de sus cesantías definitivas,
teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, aceptó a través del Oficio
SSAGC-049 del 26 de enero de 2016 que no había pagado dicho auxilio, aunado a
ello, solicitó al actor que indicara el fondo de cesantías al que estaba afiliado con el
fin de realizar la correspondiente consignación.

69. Luego de que la entidad admitiera su omisión en el pago del auxilio solicitado,
expidió la Resolución núm. 94 del 19 de abril de 2016, por medio de la cual le
reconoció al actor las cesantías definitivas y ordenó su pago a través del fondo
Porvenir.

70. Sobre el particular es necesario precisar que de conformidad con la fijación
del litigio realizada en la primera instancia este se limitó a definir si al señor Genaro
Bermeo Torres le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías definitivas de conformidad con lo previsto en las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006. El Tribunal sostuvo que en caso afirmativo se tendría
que establecer a partir de cuándo y hasta cuándo se causa o se causó, y a cuánto
asciende dicha sanción45.

71. Ahora bien, al descender al estudio de lo pretendido por la Fiscalía General
de la Nación en su recurso de alzada, y en particular frente al argumento según el
cual el Tribunal erró al tomar como referente la solicitud del 29 de octubre de 2015
para efectos de la reclamación de las cesantías definitivas, esta Sala reitera que, de
conformidad con la fijación del litigio efectuada en la primera instancia, el análisis
se circunscribió al reconocimiento de la sanción moratoria derivada del pago tardío
del auxilio de cesantías. En ese orden de ideas, resulta necesario examinar de
manera individual cada una de las peticiones elevadas por el actor, a fin de
establecer con cuál de ellas se reclamó de forma expresa el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria.

43 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF04pruebasDemandada, folio 6.
44 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF04pruebasDemandada, folios 7 al 9.
45 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 172.

20

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

✓ Petición del 9 de octubre de 201346:

[…] debido al incumplimiento de la ley por parte de la Fiscalía, en notificarme y
liquidarme todas mis obligaciones el mismo día en que se hizo efectiva mi
terminación de vínculo laboral, se me notifique en debida forma del acto
administrativo por medio del cual se me realiza la liquidación por terminación de la
relación laboral, especificando salario y detallando factores salariales […].

✓ Petición del 26 de febrero de 201447:

[…] solicito de su colaboración en el sentido de que se gestione lo necesario a fin
de que se me dé respuesta a solicitud hecha desde hace más de tres meses en el
sentido de que se me aclaren todos los factores prestacionales con los cuales se
me cancelaron en el mes de agosto pasado mis acreencias como exservidor de esa
institución y en el mismo sentido explicarme por qué al día de hoy no se han
consignado al fondo respectico el valor de mis cesantías correspondientes a la
vigencia 2013.

✓ Petición 1 de abril de 201448:

Por tercera vez y con el respeto acostumbrado solicito se me dé respuesta a mis
solicitudes hechas mediante correo adjunto […].

✓ Petición del 25 de junio de 201549:

[…] de manera respetuosa he solicitado ante la Fiscalía General de la Nación
reiteradamente se me cancelen mis prestaciones sociales de acuerdo a como lo
orden la ley por haber prestado mis servicios en tan prestigiosa entidad hasta el 25
de julio de 2013 y que a la fecha de hoy ni se me ha dado respuesta a mis solicitudes
al por qué no se me han cancelado dichas acreencias; tan es así que ni aun al fondo
de cesantías (Porvenir al cual me encuentro afiliado) se consignaron en el año 2014
ni en el año 2015 mis cesantías correspondientes al año 2013 ni tampoco se me
cancelaron a mí.
[…]

✓ Petición del 29 de octubre de 201550:

Se RECONOZCA y ORDENE el pago de las CESANTÍAS DEFINITIVAS al señor
GENARDO BERMEO TORRES, por el tiempo laborado entre el 1° de enero al 25
de julio de 2013, solicitadas por el interesado el día 26 de febrero de 2014, con los
correspondientes intereses e indexación respectiva.

46 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 4.
47 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 5.
48
Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 6.
49 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 7.
50 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folios 10 al 15.

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Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

Se RECONOZCA y ORDENE el pago de la SANCIÓN MORATORIA por el no pago
oportuno de las CESANTÍAS DEFINITIVAS antes solicitadas, en cuantía de CIENTO
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRÉS PESOS ($107.422.923.00) hasta el día 29 de octubre de 2015-
correspondiente a 509 días de mora, multiplicado por la suma de $211.047.00, que
corresponde al valor de un día de trabajo de mi representado, que se
INCREMENTARÁ HASTA EL DÍA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LAS
CESANTÍAS DEFINITIVAS antes referidas, conforme a lo señalado por la Ley 1071
de 200651.

72. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, resulta claro para la Sala que la
petición que delimitó el objeto de la litis corresponde a la formulada el 29 de octubre
de 2015; en ese sentido, el análisis efectuado por el fallador de primera instancia se
ajusta a derecho. Postura de la cual discrepa la entidad recurrente, al sostener que
su representada dio respuesta a lo pretendido mediante el Oficio del 30 de
noviembre de 201552, a través del cual negó el reconocimiento y pago de las
cesantías y concluyó, además, que la sanción moratoria no resultaba procedente.

73. En este contexto, advierte la Sala que el acto que el recurrente señala como
aquel mediante el cual se resolvió la petición pretendida por el actor contiene, entre
otros, los siguientes apartes relevantes para el análisis del presente asunto:

[…]
1. El funcionario Genaro Bermeo Torres entra en incapacidad desde el 12 de
agosto de 2012 de manera interrumpida hasta el momento en que es retirado el 25
de julio de 2013.
2. La liquidación de las incapacidades presentadas en el año 2012, se le
liquidaron con un IBC de $8.974.000 y se pagaron con esa liquidación.
3. La liquidación de las incapacidades presentadas en el año 2013 se le
liquidaron con un IBC de $8.974.000, sin embargo, se corrigió manualmente
ajustándola a una liquidación sobre un IBC de $5.980.000. Código Laboral
Colombiano AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
ARTÍCULO 227. VALOR DE AUXILIO. En caso de incapacidad comprobada para
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador
tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por ciento
ochenta (180) días, así: las dos terceras (/3) partes del salario durante los primeros
noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante.
[…]

Respuestas a peticiones:

1. Se consideran reconocidas y pagadas las cesantías del señor Bermeo
Torres, de acuerdo a la liquidación de cesantías detallada a continuación

51 Se transcribe con errores de texto.
52 Oficio DS-SSAG-00946 del 30 de noviembre de 2015, visible Samai, visualizar de expediente, cuaderno

principal, carpeta 004ED_18001233300020160012, PDF1CuadernoPpal, folios 17 al 21.

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Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

Liquidación desde: 01-ene-2013 hasta: 25-jul-2013
Año de liquidación 2013
Tiempo laborado: 205 días

FACTORES DE LIQUIDACIÓN BASE LIQUID Vr PRIMAS DEVENGADO
BONIFIC. POR SERVICIOS $ 5.982.397 $ 2.093.839 $ 174.487
PRIMA DE SERVICIOS $ 6.156.884 $ 3.184.340 $ 265.362
PRIMA DE VACACIONES $ 6.422.245 $ 1.190.577 $ 99.215
PRIMA DE NAVIDAD $0 $ 2.381.153 $ 198.429
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN $0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE $0
PRIMA DE PRODUCTIVIDAD $0 $0
ASIGNACIÓN BÁSICA $ 5.982.397
TOTAL SALARIO BASE $ 6.719.890

$ 6.719.890 X 0,56944 Total a reconocer $ 3.826.604
Salario base coeficiente
Subtotal $ 3.826.604
Intereses $ 267.862

[…]53

74. Del contenido del acto administrativo transcrito se advierte que este
corresponde a la liquidación de las prestaciones sociales del actor. Así, pese a que
la parte apelante pretende que dicho se tenga como el que efectúo el
reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a la vigencia 2013, lo
cierto es que su expedición tuvo lugar una vez superado el término legalmente
previsto para efectuar dicho reconocimiento, circunstancia que prueba el pago
tardío del auxilio y descarta la prosperidad del argumento planteado en la alzada.

75. En este punto, es necesario precisar que la administración por medio del
Oficio SSAGC-049 del 26 de enero de 201654, sostuvo lo siguiente:

[…] revisada toda la información hallada en los archivos de su historia laboral, se
logró determinar que las cesantías correspondientes al periodo laborado en el 2013
no le fueron consignadas en el fondo de Cesantías al que pertenecía, por lo que la
entidad procederá a efectuar la correspondiente liquidación.

Se solicita su amble colaboración informando dentro de los tres días (03) siguientes
a la fecha de recibida la presente comunicación, informar en que fondo se encuentra
actualmente afiliado, para que una vez efectuados los tramites internos proceder a
consignarle el valor que corresponda por este concepto55.

53 Se transcribe con errores de texto.
54 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folio 55.
55 Se transcribe con errores de texto.

23

Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

76. Consecuente con lo anterior, se advierte que la Fiscalía General de la Nación,
solo a través de la Resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016 56, reconoció y
ordenó el pago del auxilio de cesantías definitivas a favor del demandante por el
periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 7 de febrero de 2013, por la suma
de setecientos tres mil sesenta y ocho pesos ($703.068.00). En este punto, indica
la Sala que la entidad recurrente, en su escrito de alzada, afirmó que el período
reconocido mediante la referida resolución comprendía de enero a julio de 2013; no
obstante, dicha afirmación quedó desvirtuada a partir del análisis del contenido
mismo del acto administrativo, del cual no se desprende que el reconocimiento se
hubiera limitado a dicho lapso.

77. Así las cosas, resulta claro para esta instancia que la petición que
efectivamente delimitó el objeto de la litis fue la presentada el 29 de octubre de
2015. En consecuencia, es a partir de dicha solicitud que deben verificarse los
plazos con los que contaba la administración para efectuar el correspondiente
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías.

78. Precisado lo anterior, y según lo previsto por las reglas jurisprudenciales de
la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18, en el caso particular los plazos
descritos trascurrieron así:

Término Fecha Caso concreto
Fecha de la reclamación de las 29/10/2015
cesantías definitivas
Vencimiento del término para Fecha de
el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 23/11/2015 reconocimiento: 19/04/2016
1071/2006
Vencimiento del término de ejecutoria – Fecha del pago del auxilio
10 días57 07/12/2015 dinero: 16 mayo de 2016
Vencimiento del término para el pago - 12/02/2016
45 días (Art. 5 L. 1071/2006) Período de mora:
13/02/2016 al 15/05/2016

79. En relación con el argumento del recurrente, según el cual el fallador de
primera instancia no valoró las pruebas obrantes en el plenario, por cuanto el
demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la Resolución núm. 094 del 19 de abril de 2016, lo cierto es que para la fecha de
expedición de dicho acto administrativo ya se había superado el término legal con
el que contaba la administración para efectuar el correspondiente reconocimiento y
pago de las cesantías. Por tal razón, no resulta de recibo lo alegado por el apelante,
pues la mencionada resolución fue proferida de manera extemporánea,
circunstancia que no se ve alterada por la interposición de los recursos. Por
consiguiente, la respuesta al primer problema jurídico planteado es afirmativa.

56 Samai, visualizar de expediente, cuaderno principal, carpeta 004ED_18001233300020160012,
PDF1CuadernoPpal, folios 57 al 60.
57 La petición se presentó en vigencia del CPACA.

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Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

80. En cuanto al otro planteamiento del apelante relacionado con la orden de
indexación de la sanción moratoria contenida en el numeral tercero de la sentencia
apelada, que, según su dicho, desconoció la sentencia de unificación CE-SUJ2-012
18 en la que se estableció la incompatibilidad entre la indexación y la sanción por
mora, la Sala precisa que la actualización o indexación de las condenas judiciales
no tiene por finalidad incrementar ni aumentar el valor nominal de las sumas
ordenadas, sino preservar su poder adquisitivo mediante su actualización a valor
presente, con el propósito de evitar que la depreciación monetaria desvirtúe el
contenido económico de la decisión. Bajo ese entendido, dicha figura solo resulta
procedente cuando la naturaleza de la obligación así lo justifica, aspecto que debe
analizarse de manera coherente con la clase de prestación reconocida.

81. Al descender al caso concreto, se observa que la primera instancia reconoció
el valor de diecinueve millones seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y siete
pesos ($19.627.377) por concepto de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas y dispuso en el ordinal tercero lo siguiente:

INDEXAR el valor de la condena impuesta conforme al índice de precios al
consumidor, tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, según la siguiente
formula:

R = RH Índice final
Índice inicial

Donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico RH, esto es
la suma reconocida en esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al mes anterior
a la ejecutoria de la sentencia o pago de la mora si fue anterior) por el índice inicial
(vigente para la fecha en que se realizó el pago de la cesantía).

82. Aunado a lo anterior, es necesario verificar el restablecimiento del derecho
que se reconoció en aplicación de las reglas establecidas en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018 que sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base, sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena, en los términos del artículo
187 del CPACA, así:

Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por
la prolongación en el tiempo.

Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187
del CPACA.

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Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

83. Sobre esta última regla jurisprudencial, se consideró que como la sanción
por mora no se trata de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter
económico que sanciona la negligencia del empleador para reconocer y pagar en
tiempo las cesantías no procede su indexación, esto es, su ajuste a valor presente,
en tanto son sumas que no tienen por objeto compensar alguna contingencia
relacionada con el trabajo, ni mucho menos remunerarlo.

84. Lo anterior quiere decir que el valor monetario que se reconozca entre el día
en que se empieza a causar la mora y la fecha de pago no puede indexarse, porque
la sentencia no reivindica ningún derecho ni obligación insatisfecha,
constituyéndose como generadora de un beneficio económico para el demandante
cuya única causa fue la demora en el pago de una prestación58.

85. No obstante, según se señaló en la misma sentencia, lo expuesto no es
impedimento para aplicar el artículo 187 del CPACA en cuanto a la actualización de
las condenas59:

En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y prolongado
en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste del
salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no puede
indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del Consejo de
Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no implica el ajuste a
valor de la condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA.

86. Al respecto, la Corporación en sentencia del 26 de agosto de 201960 aclaró
que, si bien la indexación de la sanción moratoria no procede durante su causación
(esto es, desde el instante en que debió reconocerse y pagarse hasta cuando
efectivamente se canceló), una vez se establece el monto de la sanción, el mismo
sí es objeto de actualización, teniendo como extremos temporales la fecha en que
cesó la mora (cuando se canceló la prestación) hasta la ejecutoria del fallo que
reconoce esta:

(…) De lo anterior se colige que la interpretación que más se ajusta a la sentencia de
unificación es la siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día
a día esta no podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una
suma total, ese valor total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora
hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la
condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

En virtud de lo anterior, se modificará la orden que al respecto dio el Tribunal
frente a la indexación, en el sentido de que el valor total generado por sanción
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. núm. 68001-23-33-000-2017-01535-01 (0387-

2022).
59
Artículo 187. Contenido de la Sentencia. (…)
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice
de Precios al Consumidor.
(…).
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Radicado

número 68001-23-33-000-2016-00406-01(1728-18), M.P. William Hernández Gómez.

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moratoria se ajustará en su valor tomando como base el índice de precios al
consumidor conforme lo dispone el art. 187 del CPACA a partir del día siguiente
que cesó la causación de la sanción moratoria su causación, esto es, desde 10
de julio de 2015, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en adelante
correrán los intereses consagrados en los arts. 192 y 195 del CPACA (…).

87. En este contexto, en aras de garantizar la correcta aplicación de la indexación
prevista en el artículo 187 del CPACA, disposición que establece que dicha
actualización debe comprender «desde la fecha en que cesa la mora hasta la
ejecutoria de la sentencia», se advierte que no le asiste razón al recurrente, por
cuanto el Tribunal al reconocer la suma de diecinueve millones seiscientos
veintisiete mil trescientos setenta y siete pesos ($19.627.377) por concepto de
sanción moratoria, dispuso que dicho valor debía actualizarlo la entidad demandada
en aplicación al artículo 187 CPACA, circunstancia distinta al argumento central del
recurso.

88. Así las cosas, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, por
cuanto, tal y como se expuso en precedencia, el Tribunal no ordenó la indexación
de la sanción moratoria, sino que dispuso la actualización de la condena impuesta
en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA. Así las cosas, se confirmará
la orden impartida por el fallador de primera instancia, al encontrarla ajustada al
marco normativo aplicable y a la jurisprudencia.

3.6. Conclusión de la decisión

89. En atención a lo consignado se confirmará parcialmente la sentencia del 21
de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.7. Costas

90. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 61 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

61 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 18001-23-33-000-2016-00126-01 (7685-2023)
Demandante: Genaro Bermeo Torres
Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

91. Bajo el anterior argumento, el tercer problema jurídico planteado debe
resolverse de manera favorable al apelante y revocar la condena impuesta en
primera instancia.

92. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 21 de septiembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Segundo: Revocar el ordinal quinto de la sentencia dictada el 21 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, en relación con la condena de
costas impuesta a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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