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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00413-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00413-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 44 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicado: 52001-23-33-000-2016-00413-01(2482-2024) Demandante: Nilsa Milena Rosero Erazo y otros Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-0002020-00472-01 (1251-2024) Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA LXRR CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2016-00413-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00413-01(2482-2024)
Demandantes: Nilsa Milena Rosero Erazo y otros
Demandada: Municipio de La Unión (Nariño)

Temas: Reajuste de cesantías con régimen retroactivo /
Reconocimiento de la sanción moratoria por el pago de tardío
de cesantías / Prescripción

Sentencia de segunda instancia

ASUNTO

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 21 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. Nilsa Milena Rosero Erazo, Roberto Muñoz Lasso, Marlene Morales España y
Lucía Teodora Bastidas presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a
que se declarara la nulidad de i) las resoluciones 197, 199, 200 y 201 del 4 de
julio de 2014, por medio de las cuales el municipio de La Unión (Nariño) ordenó
el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales, respectivamente; y ii) los
actos fictos o presuntos que se originaron con los recursos de reposición
presentados contra las resoluciones referidas, por medio de los cuales se
entendió negado el reajuste de las cesantías parciales solicitadas bajo el régimen
retroactivo y el reconocimiento y pago de la indexación de las cesantías y la
sanción moratoria por el retardo en su pago.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron i) el reajuste de sus cesantías parciales con el régimen retroactivo, ii)
la indexación de las sumas adeudadas, iii) el reconocimiento y pago de la sanción

1 Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 01Expedientescaneado (págs. 3-37).
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Nilsa Milena Rosero Erazo y otros

moratoria por la no consignación oportuna de aquellas, y iv) la condena en costas
y agencias en derecho a la parte demandante.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Todos se encuentran vinculados al municipio de La Unión, cuya situación
administrativa se describe así:

EMPLEADO ACTO DE CARGO FECHA DE PERIODO
NOMBRAMIENTO SOLICITUD DE SOLICITADO
CESANTÍAS
PARCIALES
Lucía Teodora Decreto 163 de Promotora rural de 26 de noviembre Años 1992, 1993,
Bastidas Bastidas 1992 salud de 2002. 1994, 1995, 1996,
Nuevo escrito de 1997, 1998 y
enero de 2006. 1999.
Marlene Morales Decreto 091 de Promotora rural de 26 de noviembre Años 1992, 1993,
España 1992 salud de 2002. 1994, 1995, 1996,
Nuevo escrito de 1997, 1998 y
enero de 2003. 1999.
Nilsa Milena Decreto 019 del 2 Inspectora de 26 de noviembre Del 1.º de enero al
Rosero Erazo de enero de 1992 – servicios públicos de 2002. 31 de diciembre
Decreto 162 del 1.º -Promotora rural Nuevo escrito delde 1990; del 1.º de
de junio de 1992 de salud 1.º de julio de junio al 31 de
2006. diciembre de
1992; del 1.º de
agosto de 1994 al
31 de diciembre
de 1999.
Roberto Muñoz Decreto 165 del 1.º Conductor 30 de noviembre Años 1992, 1993,
Lasso de junio de 1992 de 2002. 1994, 1995, 1996,
Nuevo escrito de 1997, 1998 y 1999
enero de 2003.

3.2. Apartir del 31 de diciembre de 1999, las cesantías de todos fueron
consignadas en el fondo de pensiones BBVA Horizonte.

3.3. Ante el silencio del ente territorial, presentaron solicitud de tutela con el fin de
lograr una decisión a sus peticiones. En sentencia de segunda instancia del 13
de mayo de 20083, el Juzgado Penal del Circuito de La Unión ordenó al municipio
«EFECTUAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO
DE LAS CESANTÍAS PARCIALES SOLICITADAS POR LOS ACCIONANTES,
SIEMPRE QUE EXISTA PROPIACIÓN PRESUPUESTAL; Y EN EL CASO DE NO
EXISTIR, DEBERÁ ADELANTAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE QUE SE
EFECTÚEN LAS ADICIONES PRESUPUESTALES PARA QUE A MAYOR BREVEDAD
POSIBLE SE LOGRE LA CANCELACIÓN» (sic).

3.4. El municipio, en cumplimiento de la orden de amparo, el 1.º de julio de 2014
levantó un acta de conciliación en la que se comprometió a expedir el acto
administrativo correspondiente y al pago de $45.000.000 por concepto de
cesantías. No se concilió lo pertinente a las fórmulas de pago.

3 Expediente 2008-0051-01.

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Demandante: Nilsa Milena Rosero Erazo y otros

3.5. Solo después de 6 años de expedida la orden de amparo, se profirieron los
actos administrativos correspondientes, así:

Empleado Acto administrativo Monto reconocido Recurrido en
reposición
Lucía Teodora Resolución 201 de 2.305.103 22 de julio de 2014
Bastidas Bastidas julio 4 de 2014
Marlene Morales Resolución 200 de 2.305.103 22 de julio de 2014
España julio 4 de 2014
Nilsa Milena Resolución 197 de 1.646.743 22 de julio de 2014
Rosero Erazo julio 4 de 2014
Roberto Muñoz Resolución 0199 de 1.621.421 21 de julio de 2014
Lasso julio 4 de 2014

3.6. El argumento de los recursos de reposición, de forma unánime,
correspondieron al desconocimiento de su régimen de cesantías retroactivas, y
el no reconocimiento de la indexación y la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de 2005. El municipio guardó silencio.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas citaron los artículos 1, 2 6, 13, 23, 25, 29, 42, 48,
83, 121, 122, 123, 209, 220, 228 y 229 de la Constitución Política; leyes 6 de
1945, 65 de 1946, 244 de 1995, 344 de 1996, 1071 de 2006 y 1437 de 2011; y
los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, 1582 de 1998, 1252 de 2000.

5. En cuanto al concepto de violación expusieron los siguientes argumentos4:

5.1. Los actos administrativos acusados están viciados de nulidad, por cuanto la
entidad demandada desconoció el régimen retroactivo de cesantías del cual eran
beneficiarios en razón a la fecha de vinculación al servicio (antes del 31 de
diciembre de 1996) y los preceptos legales que regulan su pago, toda vez que lo
realizó de forma tardía pese a los términos establecidos para ello.

5.2. Laausencia de fundamentos jurídicos y fácticos de los actos acusados
configuran causal de nulidad.

1.2. Contestación de la demanda5

6. El municipio de La Unión (Nariño) guardó silencio.

4 Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 01Expedientescaneado (págs. 17-31).
5 Ibidem (pás. 342).

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1.3. Trámite relevante en primera instancia

7. Las partes presentaron «Acta de Transacción» en los términos del artículo
176 del CPACA suscrita el 13 de septiembre de 20176, en la que resolvieron:

«[…] PRIMERA.- Dado que el MUNICIPIO DE LA UNIÓN (N), reconoce adeudar a la
fecha, a cada uno de los DEMANDANTES, Sres. LUCÍA TEODORA BASTIDAS
BASTIDAS (Cesantías años: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999),
NILSA MILENA ROSERO ERAZO (cesantías del 1° de enero a 31 de diciembre 1990,
1° de junio a 31 de diciembre de 1992 y 1° de agosto 1994 a 31 de diciembre de
1999), MARLENE MORALES ESPAÑA (Cesantías años: 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998 y 1999) y ROBERTO MUÑOZ LASSO (cesantías a partir del 1° de
junio de 1992, años: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999),tanto las cesantías
parciales generadas en cada uno de los casos y liquidadas mediante los actos
administrativos demandados, valores que hasta la presente fecha no se han
cancelado por parte de la entidad territorial, como la sanción moratoria legalmente
causada a partir del 24 de julio de 2012 (fecha en la cual se interrumpió la prescripción
del derecho, toda vez que la solicitud de conciliación se presentó el día 24 de marzo
de 2015), hasta la presente fecha (agosto de 2017), de conformidad con la siguiente
liquidación:

Es decir, que la liquidación de la sanción moratoria para cada demandante se ha
calculado en la suma de $42.000.095, por lo cual el municipio ofrece el pago de la
suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MIL ($28000.000.00) a cada uno de
los funcionarios demandantes, para que con esa suma se cancelen todas y cada una
de las pretensiones incluidas dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 2016-00413, en especial las cesantías parciales
reconocidas mediante acto administrativo, pero no pagadas hasta la presente fecha
y la sanción moratoria originada en el período comprendido entre el 24 de marzo de
2012 y el 24 de agosto de 2017, teniendo en cuenta que cada uno de los demandantes
durante estos años han devengado el salario mínimo legal mensual vigente. […]».
(sic)

8. Con providencia del 17 de julio de 20177, el tribunal de instancia resolvió
improbar el contrato de transacción y seguir adelante con el proceso, toda vez
que, «si bien existe un registro y un acuerdo total respecto a la obligación reclamada en
esta instancia judicial, según el informe rendido por el representante legal de la parte
demandada, el citado municipio, no cuenta con el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal del año en curso, el cual permita realizar y cumplir a

6 Ibidem (págs. 383-386).
7 Ibidem (págs. 579 – 587).

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cabalidad el pago en los términos del acuerdo de transacción suscrito entre las partes,
[…]» (sic).

1.4. Sentencia de primera instancia8

9. En sentencia proferida el 21 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Nariño resolvió:

«[…] PRIMERO. DECLARAR DE OFICIO, probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías a los demandantes NILSA MILENA ROSERO, ROBERTO MUÑOZ,
MARLENY MORALES ESPAÑA y LUCIA TEODORA BASTIDAS, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos
emanados por el Municipio de la Unión, los cuales son:

1). Resolución n°. 197 de julio 4 de 2014, “Por medio, de la cual se reconoce las
cesantías parciales de la Sra. NILSA MILENA ROSERO ERAZO”, en un monto de un
millón seiscientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos con treinta y
seis centavos m/te. ($1.646.743.36).

2). Resolución n°. 199 de julio 4 de 2014, “Por medio, de la cual se reconoce las
cesantías parciales del Sr. ROBERTO MUÑOZ”, en un monto de un millón seiscientos
veintiún mil cuatrocientos veintiún pesos con ochenta y tres centavos m/te.
($1.621.421.83).

3). Resolución n°. 200 de julio 4 de 2014, “Por medio de la cual se reconoce las
cesantías parciales de la Sra. MARLENY MORALES ESPAÑA”, en un monto de dos
millones trescientos cinco mil ciento tres pesos m/te. ($2.305.103.00).

4). Resolución n° 201 de julio 4 de 2014, “Por medio de la cual se reconoce las
cesantías parciales de la Sra. LUCÍA TEODORA BASTIDAS”, en un monto de dos
millones trescientos cinco mil ciento tres pesos m/te. ($2.305.103.00).

TERCERO. DECLARAR QUE OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
NEGATIVO, respecto de los recursos de reposición interpuestos por los 22 S E N T
E N C I A NILSA MILENA ROSERO ERASO Y OTROS Vs. ALCALDIA MUNICIPAL
DE LA UNIÓN (N) RADICACIÓN No. 52001-23-33-000-(2016-0413)-00 demandantes
NILSA MILENA ROSERO, ROBERTO MUÑOZ, MARLENY MORALES ESPAÑA y
LUCIA TEODORA BASTIDAS, contenidos en los oficios de fecha (21 y 22) de julio de
2014, conforme la motivación de la providencia.

CUARTO. DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos presuntos
contenidos en el silencio administrativo negativo, producidos por el Municipio de la
Unión (N), respecto a los recursos de reposición frente a las resoluciones que ordenan
la liquidación y reconocimiento de cesantías a favor de los actores.

QUINTO. Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento
de derecho, ORDENAR al MUNICIPIO DE LA UNION (N) a expedir nuevos actos
administrativos, tendientes a reconocer, liquidar y pagar las cesantías con régimen
retroactivo a las que tiene derecho los actores NILSA MILENA ROSERO, ROBERTO
MUÑOZ, MARLENY MORALES ESPAÑA y LUCIA TEODORA BASTIDAS, tomando
como base el último salario devengado por la parte demandante para dicho año.

SEXTO: CONDENAR a la Alcaldía Municipal de la Unión Nariño, a actualizar el total
de los valores debidos en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A., debiendo dar

8 Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 016.-FALLO P.I. 2016-0413 – NILSA MILENA ROSERO y OTROS Vs. MUNICIPIO DE LA
UNION (N).

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aplicación a la fórmula utilizada por la Jurisprudencia Contencioso Administrativa,
teniendo en cuenta la fecha de causación de esos valores:

[…]

SEPTIMO: Las sumas que resulten a favor de la parte demandante, se ajustaran
tomando como base el IPC, de conformidad con lo regulado en el artículo 187 del
C.P.A.C.A., descontando el monto de cesantías efectivamente pagado en virtud del
acto acusado, si los hubiere.

OCTAVO. DENEGAR las pretensiones referentes al pago de indemnización
moratoria e intereses de mora, por las razones contenidas en la parte motiva de esta
providencia.

NOVENO. CONDENAR parcialmente en costas a la parte demandada MUNICIPIO
DE LA UNION - NARIÑO., en favor de la parte demandante, ante la prosperidad
parcial de las pretensiones formuladas frente a la entidad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]». (sic)

10. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

10.1. Los demandantes se vincularon al municipio de La Unión antes de la entrada
en vigor de la Ley 344 de 1996 (31 de diciembre), por lo que eran beneficiarios
del régimen retroactivo de cesantías, de acuerdo con la Ley 6ª de 1945.

10.2. Para el cambio de régimen de cesantías retroactivas al anualizado previsto
en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de
1998, debe existir manifestación expresa del empleado público en tal sentido, lo
cual no ocurrió en el caso de los demandantes. Sin perjuicio de que se hayan
pasado a un fondo privado.

10.3. Si bien los actos acusados reconocieron las cesantías parciales en favor de
los demandantes, lo cierto es que, no se «hace alusión, así como tampoco se justifica
legalmente el régimen aplicado para liquidar (anualizado o de retroactividad), aunado a
que no se anexa liquidación que permita identificar la forma como se obtuvieron dichos
valores» (sic).

10.4. No hay lugar a realizar descuento alguno en favor de la entidad demandada,
pues, contrario a su decir, no se han efectuado los pagos correspondientes a
favor de los demandantes.

10.5. De acuerdo con las leyes 224 de 1995 y 1071 de 2006, el municipio tenía 65
días para realizar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales en favor
de los demandantes (marzo de 2003), lo cual no ocurrió, por lo que desde ese
momento se generó el derecho al pago de la sanción moratoria, no obstante, solo
elevaron la respectiva reclamación el 21 de julio de 2014, al interponer el recurso
de reposición contra los actos acusados.

10.6. El derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria estaba prescrito,
pues, la reclamación ante la administración se presentó superados los 3 años
desde el momento en que se hizo «exigible la obligación, aun cuando el pago no se
haya efectuado, situación que no ocurrió dentro del sub judice, pues como puede

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observarse, si bien los accionantes presentaron peticiones radicadas el 4 de febrero de
2005 y el 17 de diciembre de 2007, no se solicitó expresamente el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, pues en la primera, solo se solicitó el pago de sus cesantías
adeudadas, mientras que en la segunda, solicitaron ser incluidos en el presupuesto de
la vigencia 2008, pero no de la sanción moratoria» (sic).

10.7. Para interrumpirse el término prescriptivo de la sanción moratoria, debió ser
solicitada de manera expresa, ya que la simple solicitud de reconocimiento y pago
de las cesantías no interrumpe dicho fenómeno.

10.8. Se condenó en costas a la parte demandada bajo un criterio objetivo, « en los
términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365
del C.G.P.» (sic).

1.4. Los recursos de apelación

11. Losdemandantes9 solicitaron la revocatoria del numeral primero de la
sentencia al considerar que no ha operado el fenómeno prescriptivo respecto del
derecho a reclamar la sanción por mora por el pago tardío de sus cesantías, con
fundamento en los siguientes argumentos:

11.1. Si bien los demandantes radicaron la solicitud de reconocimiento y pago de
sus cesantías ante el municipio de La Unión el 26 y 28 de noviembre de 2002,
este tenía 65 días para decidir lo pertinente y no lo hizo. No obstante, «existió un
acto de reconocimiento en cada caso particular y es a partir de su ejecutoria que
se deben contabilizar los términos y, de otro lado, al haber guardado silencio el
MUNICIPIO DE LA UNIÓN (N), frente al recurso de reposición interpuesto contra
esos actos de reconocimiento, el acto ficto constituía una nueva decisión
administrativa y, lo que es aún más importante, fue en el escrito contentivo del
recurso de reposición en el que se pidió el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria» (sic).

11.2. Es incorrecto contabilizar el término prescriptivo a partir del vencimiento de
los 65 días de radicadas las peticiones de reconocimiento y pago de las
cesantías, pues, tal como se refirió en la sentencia recurrida, la petición de
sanción por mora por el no pago oportuno de las cesantías «debe ser clara, expresa
y no tácita», por lo que es a partir de este último momento que se debe contar
dicho lapso.

11.3. «[L]a administración de justicia no puede premiar las conductas omisivas, desleales
y de desacato a orden judicial impartida (Juez de tutela) del lado del MUNICIPIO DE LA
UNIÓN (N), desconociendo los derechos laborales de los demandantes, los cuales son
de carácter irrenunciable y, que además, tal como lo establece el artículo 228
constitucional, lo sustancial (causación del derecho) está llamado a prevalecer sobre lo
formal (inobservancia de los términos para decidir petición inicial por parte de la entidad
demandada)».

9Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 018RecursoApelacionSentencia12102021Dte.

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11.4. Se dejaron de valorar las pruebas que acreditaban la existencia de la
obligación a cargo del municipio de La Unión y en favor de los demandantes,
como lo son el «ACTA DE CONCILIACIÓN DE 1° DE JULIO DE 2014 como el
CONTRATO DE TRANSACCIÓN suscrito entre los demandantes y su empleador».

11.5. En atención a que los demandantes tienen vínculo laboral vigente con su
empleador, resulta imprescriptible el derecho a la sanción por mora por el pago
tardío de las cesantías

12. El municipio de La Unión10 interpuso recurso de apelación parcial, el cual
sustentó así:

12.1. Los actos demandados no se encuentran viciados de nulidad pues, en la
medida en que su contenido corresponde a lo pedido por los demandantes,
siendo la última solicitud la del 1.º de julio del año 2006.

12.2. No hay lugar a la reliquidación del valor de las cesantías reconocidas a favor
de los demandantes porque, de acuerdo con la Ley 334 del año 1996 y el Decreto
1582 de 1998, como empleados públicos del nivel territorial tenían la posibilidad
de cambiar el régimen de cesantías del retroactivo al anual, tal como sucedió a
partir del 1.º de enero 2000.

12.3. De ser procedente la reliquidación de las cesantías, los valores pagados a
los demandantes deberán tomarse como pago parcial a la respectiva liquidación,
como una «manera oficiosa [de] la excepción de pago».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

13. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA en cuanto no fue
necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar 11.

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio12.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

15. Con fundamento en los argumentos expuestos en los recursos de apelación13,
los problemas jurídicos se contraen a determinar:

15.1. ¿si los demandantes en calidad de empleados públicos territoriales son
beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6ª de
1945, y por ello habría lugar a declarar la nulidad de los actos acusados y
ordenar el reajuste de las cesantías parciales que les fueron reconocidas?

10 Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 019RecursoApelacionSentencia13102021Dda.
11 Tal y como se indicó en el auto del 5 de junio de 2024. Ítem 5 de Samai.
12 Así se desprende del informe secretarial del 13 de junio de 2024. Ítem 8 de Samai.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece

el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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15.2. ¿si
los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías
parciales?

15.3. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿si el derecho
reconocido esta prescrito con ocasión de la reclamación tardía de su
reconocimiento y pago?

16. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y
jurisprudencial, (1.1) del régimen de cesantías de los servidores públicos del
orden territorial, (1.2) sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de
los servidores públicos, y (1.3) sobre la prescripción de la sanción moratoria por
pago inoportuno o no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995; (2)
caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden
territorial

17. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal a), señaló que los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente gozarían de un auxilio de cesantía a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se
tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1º de enero de 1942.

18. Posteriormente, en el Decreto 2767 de 1945, artículo 1, se indicó que los
empleados de los departamentos y municipios tenían derecho a las prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra
el auxilio de cesantías.

19. Además, en el artículo 6 del aludido decreto se precisó que, para la liquidación
de los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo, o la situación
que ocasionara el retiro, se debía incluir el auxilio de las cesantías.

20. La Ley 65 de 1946, en su artículo 1.º, estableció que los empleados de la
Nación tendrían derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y en
su parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.

21. El Decreto 2567 de 1946, en su artículo 1.º, dispuso que el auxilio de cesantía
a que tuvieran derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
departamentos y los municipios, se liquidaría de conformidad con el último
sueldo o jornal devengado.

22. La Ley 50 de 1990, en su artículo 99, estableció el régimen de cesantías
anualizadas en los siguientes términos:

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[…] 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]

23. Por su parte, la Ley 344 de 1996, en su artículo 13, señaló que, a partir de su
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vincularan
a las entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías.

24. En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó
que el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir
del 31 de diciembre de 1996, que se encontraran afiliados a un fondo de
cesantías sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

25. La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama
ejecutiva del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad14
de que los beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en
concordancia con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.

2.2.2. Sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los
servidores públicos

26. En la Ley 244 de 199515 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de
los servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y
a favor del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causaran, ante
el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señaló lo siguiente:

Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
[…]
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos,
la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario,

14 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
15 Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,

se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.

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un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

27. En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago
oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció
a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día
de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación.

28. La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del
derecho al pago oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo
53 de la Constitución Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario
y su pago oportuno.

29. El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
la Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
remuneración, en los siguientes términos:

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar.

30. La Corte Constitucional sostuvo, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994,
expediente T-30763, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sobre la protección
constitucional a la remuneración que en el Convenio 95 de la OIT que «cuando
se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los
salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato
colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o
laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato».

31. Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el
artículo 12 del Convenio 95 no solo se refirió a las mensualidades debidas, sino
también a cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación
laboral, por tal razón, las prestaciones sociales como las cesantías estaban
cobijadas por los principios constitucionales de la protección a la remuneración.

32. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
18 de julio de 201816 se refirió a los distintos eventos en los que puede
presentarse una variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria,
por el pago tardío o no pago de las cesantías parciales y/o definitivas, respecto
de lo cual estableció las siguientes reglas:

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-

23-33-000-2014-00580-01(4961-2015).

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«[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley17 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra
del empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías
parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica
vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en
el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA. [… ]»

33. De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas o parciales prevista por las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de
radicada la solicitud de reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento
o se hace de forma extemporánea; y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a
partir de la ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los
que resuelven los recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la
manifestación de renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria. En
consecuencia, los anteriores son los eventos que determinan la causación y
exigibilidad de la sanción, los cuales tienen como referente la petición del
empleado.

34. Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la indemnización
por el incumplimiento en la consignación de cesantías. Precisamente, la

17 Artículo 69 CPACA.

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sentencia de unificación del 25 de agosto de 201618 al analizar esta última
situación, precisó los siguientes puntos:

34.1. La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la
indemnización se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social,
lo cierto es que no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.

34.2. Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.

34.3. Está creada a título de sanción. En consecuencia, hace « parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho
imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.

34.4. El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma
expresa los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra
la sanción moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un
ámbito de mayor alcance.

35. En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 202019 unificó su posición
para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual debía
efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad.

36. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, dadas las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado.
Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es independiente de las
cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por consiguiente, debe estar
sujeto a la regla general de la prescripción.

37. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L.,
opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la
presentación de la respectiva reclamación.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-

23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).

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2.2.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o
no pago de cesantías de la Ley 244 de 1995

38. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así:

«[…] (i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151
del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es,
al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la
sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se
configura la prescripción total.

(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.

(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria. […]».

2.3. Caso concreto

2.4.1. Lo probado en el proceso

39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :

39.1. Los demandantes fueron vinculados al servicio del municipio de La Unión,
20así:

EMPLEADO ACTO DE CARGO FECHA DE
NOMBRAMIENTO POSESIÓN
Lucía Teodora Decreto 163 del 1.º Promotora rural de 2 de junio de 1992
Bastidas Bastidas de junio de 1992 salud
Marlene Morales Decreto 091 del 1.º Promotora rural de 6 de abril de 1992
España de abril de 1992 salud
Nilsa Milena Decreto 019 del 2 Inspectora de 2 de enero de
Rosero Erazo de enero de 1990 – servicios públicos 1990
Decreto 162 del 1.º Promotora rural de 2 de junio de 1992
de junio de 1992 salud
Resolución 177 del Promotora rural 1.º de agosto de
1.º de agosto de de salud 1994
199421
Decreto 259 del 1.º Promotora rural de 1.º de diciembre
de diciembre de salud de 1994
199422

20 Ver ítem 2 de Samai. Documento «4ED_52001233300020160413(.zip) NroActua 2», archivo

digital 01Expedientescaneado (págs. 59, 61, 67, 69, 75, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 95 y 9793
21 En periodo de prueba.
22 En propiedad.

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Roberto Muñoz Decreto 165 del 1.º Conductor 2 de junio de 1992
Lasso de junio de 1992

39.2. El 29 y 30 de noviembre de 200223, las demandantes solicitaron ante el
municipio demandado el reconocimiento y pago de cesantías en los siguientes
términos:

EMPLEADO SOLICITUD
Lucía Teodora «[…] se están consignando las cesantías en el Fondo de Horizonte, a partir del
Bastidas Bastidas primero de enero de 2000, quedando pendiente de pago los Años
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 y 1999».
Marlene Morales «Se me adeudan las cesantías hasta el 31 de diciembre de 1999, fecha a partir de
España la cual se me está consignando las cesantías en el Fondo de Horizontes hasta la
fecha, quedando pendiente de pago los años
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 y 1999».
Nilsa Milena «fecha de ingreso primero de enero de 1990, hasta 31 .de diciembre de 1990, luego
Rosero Erazo del primero de junio de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992 y del primero de
agosto de 1991 hasta la fecha, de estos periodos se de trabajo me están
adeudando las cesantías hasta el 31 de diciembre de 1999, porque a partir de esta
fecha las cesantías se me están consignando al Fondo de Horizonte.
Roberto Muñoz «solicito se presupueste y se proceda a cancelar las cesantías parciales, a que tengo
Lasso derecho por haber laborado al servicio de la Administración municipal, desde el año
de 1992»

39.3. El 17 de diciembre de 200724, las demandantes reiteraron ante el municipio
demandado el reconocimiento y pago de las cesantías así:
EMPLEADO SOLICITUD
Lucía Teodora «adeudando sus cesantías de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Bastidas Bastidas y 1999. estas sin haber sido consignadas a ningún fondo ni tampoco canceladas a
mis mandantes».
Marlene Morales «En conclusión se adeudan a mi mandante los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
España 1997, 1998 y 1999».
Nilsa Milena «En las mismas circunstancias, de Enero primero (1) de 1990, hasta 31 de
Rosero Erazo Diciembre de 1990, luego del primero (1) de Junio de 1992, hasta el 31 de
Diciembre de 1992 y desde primero (1) d agosto de 1994, hasta la fecha. […]. De
estos periodos se adeudan sus respectivas cesantías hasta estas fechas y hasta
el día 31 de Diciembre 1999, no han sido consignadas sus cesantías a ningún fondo
para su: debida administración, ni canceladas a mi mandante».
Roberto Muñoz «adeudando sus cesantías de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Lasso y 1999. estas sin haber sido consignadas a ningún fondo ni tampoco canceladas a
mis mandantes».

39.4. Con oficio del 29 de diciembre de 200725, el municipio informó a los
peticionarios que, «[d]entro del presupuesto del 2008, se ha destinado un rubro para
el pago de las Prestaciones sociales, por lo tanto ruego a Ustedes dirigirse a tesorería
Municipal para que se expida copia donde conste el rubro donde están asignadas para
así proceder» (sic).

39.5. El municipio, en relación con los fatores salariales percibidos y aportes a
cesantías de los demandantes, certificó26:

23 Ibidem (págs. 47 -49 y 273)
24 Ibidem (págs.51, 53 y 55).
25 Ibidem (pág. 57).
26 Ibidem (págs. 65, 73, 81 y 101).

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39.6. Con sentencia de tutela27 de segunda instancia proferida el 13 de mayo de
200828, el Juzgado Penal del Circuito de La Unión (Nariño), ante la ausencia de
resolución a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales en
favor de los demandantes ordenó «al Alcalde Municipal de la Unión - Nariño, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a
efectuar los trámites pertinentes para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales
solicitadas por los accionantes, siempre que exista apropiación presupuestal; Y en el
caso de no existir, deberá adelantar los trámites necesarios a fui de que se efectúen las
adiciones presupuestales para que a la mayor brevedad posible se logre la cancelación»
(sic).

39.7. El
municipio demandado reconoció las cesantías solicitadas por los
demandantes así29:

27 Ibidem (págs. 193-217).
28 Expediente 2008-00051-01.
29 Ibidem (págs.105 - 189).

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EMPLEADO ACTO DE MONTO RECURSO
RECONOCIMIENTO DE
REPOSICIÓN
Lucía Teodora Bastidas Resolución 201 del 4 SI
Bastidas de julio del 2014 $2.305.103 22/07/2014
Marlene Morales Resolución 200 del 4 $2.305.103
España de julio del 2014 SI
22/07/2014
Nilsa Milena Rosero Resolución 197 del 4 $1.646.743 SI
Erazo de julio del 2014 22/07/2014
Roberto Muñoz Lasso Resolución 199 del 4 $1.621.421 SI
de julio de 2014 27/07/2014

39.8. A través de los recursos de reposición interpuestos, entre otros, se solicitó
de forma unánime: i) «Liquidar, cuantificar y/o determinar los valores dinerarios que
por concepto de INDEXACION se causaron por el no pago oportuno de las cesantías
parciales de […], desde cuando nace este derecho - cesantías - hasta la presente fecha
inclusive, […]» (sic); ii) «Liquidar, cuantificar y/o determinar los valores dinerarios por
que alude concepto de Mora en el pago a el parágrafo 5"., de la ley 1071 de 2.006, por
el no pago oportuno de las cesantías parciales […], desde cuando estas se causan,
hasta la presente fecha inclusive, […]» (sic); y iii) ordenar su pago inmediato.

14 de febrero de 201830, Porvenir S.A. certificó respecto de los
39.9. El
demandantes que:

EMPLEADO REPORTE DE REPORTE PAGO
APORTES DESDE CESANTIAS
RECONOCIDAS
Lucía Teodora Bastidas Bastidas 25/11/2013 NO
Marlene Morales España 26/11/2013 NO
Nilsa Milena Rosero Erazo 26/11/2013 NO
Roberto Muñoz Lasso No reporta información No reporta información

39.10. Roberto Muñoz Lasso reportó aportes en el Fondo Nacional del Ahorro 31
desde el 31 de enero de 2002, según extracto de cesantías del 19 de octubre de
201832. No se evidenció abono por el valor de las cesantías reconocidas a través
del acto acusado.

2.4.2. Análisis de la Sala

40. El Tribunal Administrativo de Nariño declaró probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva del derecho respecto de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, al considerar que las reclamaciones efectuadas al
respecto se realizaron después de haberse superado el término de los tres años
a partir del momento en que se hizo exigible.

41. Así mismo, declaró la nulidad parcial de los actos acusados, en el entendido
que los demandantes eran beneficiarios del régimen de cesantías retroactivas,
por lo que aquellas que les fueron reconocidas se les deben reliquidar de acuerdo
con «el último salario devengado […] para dicho año».

30 Ibidem (págs. 491 – 496 y 501).
31 En adelante FNA.
32 Ibidem (págs. 519 – 539)

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42. En el recurso de apelación el municipio demandado señaló que no hay lugar
a ordenar el cambio de régimen de cesantías pretendido, pues, de acuerdo con
la Ley 334 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, los demandantes, en razón a su
calidad de empleados públicos del nivel territorial, tenían la posibilidad de
cambiar el régimen de cesantías del retroactivo al anual, como en efecto sucedió
a partir del 1.º de enero 2000.

43. De manera subsidiaria, refirió que, en el evento de ordenarse la reliquidación
de las cesantías pretendida, se tuvieran en cuenta los valores pagados a los
demandantes como pago parcial por tal concepto.

44. Por su parte, los demandantes sostuvieron que no había lugar a declarar la
prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, el cual se hizo exigible una vez
proferidos los actos demandados que reconocieron la prestación (4 de julio de
2014) y cuya reclamación se realizó de forma oportuna (julio de 2014).

45. En primer lugar, en cuanto al régimen de cesantías aplicable a los
demandantes, se recuerda que se vincularon al servicio antes de la entrada en
vigor de la Ley 344 de 1996 (31 de diciembre), por lo que no hay duda en que
eran beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías previsto en Ley 6 de 1945.
El solo hecho de que las demandantes reportaran aportes a Porvenir S.A. desde
el 2013 y Roberto Muñoz Lasso al FNA desde el 2003, esto sin perjuicio de que
en el escrito de la demanda se afirmara que dichas vinculaciones de efectuaron
desde diciembre de 1999, tampoco modificaba el régimen que les era aplicable.

46. Ahora,en cuanto al cambio del régimen de cesantías retroactivas al
anualizado de los demandantes con ocasión de la afiliación a un fondo privado,
a excepción de Muñoz Lasso, contrario a lo alegado por el municipio demandado,
se recuerda que esa sola circunstancia no conlleva la modificación de aquel,
pues, el Decreto 1582 de 199833, «prevé que las entidades administradoras de
cesantías administren en cuentas individuales los recursos destinados al pago de
cesantías de los servidores públicos del orden territorial cobijados por el régimen de
retroactividad»34. Dispuso la norma:

ARTÍCULO 2º.- Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de
1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las
cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el
sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la
vigencia de la Ley 344 de 1996.

La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el
evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos
entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen
claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán

33 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432

de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras
disposiciones en esta materia.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de febrero de 2017.

Expediente 080012331000201100656 01 (0742-2016).

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los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor
resultante de la retroactividad de las cesantías. […]

47. Es decir, para que proceda la afiliación de aquellos a un fondo de cesantías
privado y puedan acogerse al nuevo régimen anualizado, deben «cumplirse las
siguientes exigencias: (i) suscripción de un convenio entre la entidad territorial y el fondo
de cesantías para efectos de administrar en cuentas individuales los recursos para el
pago de las cesantías de los servidores públicos de ese nivel que se encuentran bajo el
sistema tradicional de retroactividad y (ii) información y publicidad entre los tres (3)
sujetos (ente, fondo y afiliado) para efectos de poner en conocimiento el traslado»35.

48. A su vez, el artículo 3.º ibidem les reconoció la potestad de cambiar del
régimen retroactivo al anualizado, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente
forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición.
49. Como se observa, la norma en cita previó para los servidores públicos del
orden territorial beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías la opción de
acogerse al anualizado, previa manifestación expresa y voluntaria de tal
determinación36, por lo que la afiliación a un fondo privado creado en virtud
de la Ley 50 de 1990, tan solo implica el cambio de administrador de dichos
recursos.

50. Así, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se evidencia que, si
bien Nilsa Milena Rosero Erazo, Marlene Morales España y Lucía Teodora
Bastidas se afiliaron a Porvenir S.A., no significa que hubieran optado por el
cambio de régimen de cesantías retroactivas al anualizado, pues, ello tan solo
implicaba el cambio de administrador de dichos recursos. Además, no se
acreditó la existencia de una manifestación expresa y voluntaria de ninguno de
los demandantes de optar por dicho cambio.

51. En cuanto al argumento de apelación traído por el municipio demandante
relacionado con que se tenga en cuenta los valores pagados a los demandantes
como pago parcial de la respectiva liquidación, se advierte que no se allegó

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de febrero de 2020.

Expediente 08001-23-31-000-2011-00649-01(2993-16).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2006,

radicado: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05).

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prueba alguna al respecto. Por el contrario, de acuerdo con los extractos de
cesantías allegados por el fondo Porvenir S.A. y el FNA del 14 de febrero y 19 de
octubre de 2018, respectivamente, es posible concluir que desde la fecha de
expedición de los actos acusados (4 de julio de 2014) a la de aquellos -los
extractos- no se realizó ningún pago correspondiente a los valores reconocidos
en los actos acusados.

52. A juicio de la Sala, le asistió la razón al a quo de declarar la nulidad parcial de
los actos acusados y ordenar al municipio de La Unión «a reconocer, liquidar y
pagar las cesantías con régimen retroactivo a las que tienen derecho los actores
[…], tomando como base el último salario devengado por la parte demandante
para dicho año».

53. Conclusión que permite emitir una respuesta favorable al primer problema
jurídico, esto es, que Nilsa Milena Rosero Erazo, Roberto Muñoz Lasso, Marlene
Morales España y Lucía Teodora Bastidas eran beneficiarios del régimen
retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6ª de 1945, y por ello había lugar a
declarar la nulidad parcial de los actos acusados y ordenar el reajuste de las
cesantías parciales que les fueron reconocidas.

54. Ahora, en cuanto al cargo de apelación de los demandantes relacionado con
que no había lugar a declarar la prescripción extintiva del derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, se observa que, en efecto, en principio, resultaban acreedores de
aquel, toda vez que:

√ Nilsa Milena Rosero Erazo, Marlene Morales España, Lucía Teodora
Bastidas y Roberto Muñoz Lasso solicitaron el reconocimiento y pago de
sus cesantías los días 29 y 30 de noviembre de 200237.
√ Solicitud reiterada el 17 de diciembre de 2007, ante el silencio del
municipio demandado.
√ Con resoluciones del 4 de julio de 2014, el municipio ordenó el
reconocimiento y pago de la cesantías pretendidas por los demandantes.
√ El 22 de julio de 2014, los demandantes interpusieron recurso de
reposición, en el que, por primera vez, solicitaron el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
√ Se superó ampliamente el término de los 70 días hábiles, después de
radicada la solicitud de reconocimiento, que tenía el municipio para
resolver lo pertinente.
√ Desde que se hizo exigible la obligación (marzo de 2003), de acuerdo con
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, hasta su pago efectivo, se generó la
sanción moratoria.

55. Así, queda resuelto el segundo problema jurídico, esto es que, a Nilsa Milena
Rosero Erazo, Marlene Morales España, Lucía Teodora Bastidas y Roberto
Muñoz Lasso les asistía el derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 con ocasión del reconocimiento

37 Sin perjuicio de que se afirmara en la demanda que la petición se elevó el 26 de noviembre de

2002, de las documentales aportadas se evidencia otra fecha.

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inoportuno de las cesantías parciales reconocidas mediante las resoluciones 197,
199, 200 y 201 del 4 de julio de 2014 y no pagadas.

56. Es decir, tal como lo refirió la parte demandante en el recurso de apelación,
los medios probatorios allegados al expediente daban buena cuenta del derecho
que les asistía. Diferente es, establecer si su reconocimiento fue solicitado en
tiempo de cara al fenómeno de la prescripción extintiva, cuyo análisis se
efectuará a continuación, de acuerdo con las reglas fijadas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de julio de 2018 antes
citada.

57. Así, en atención a que las peticiones iniciales de reconocimiento y pago de las
cesantías parciales datan del 29 y 30 de noviembre de 2002, las cuales solo
fueron decididas el 4 de julio de 2014, es evidente que, desde el mes de marzo
de 2003, una vez superados los 70 días hábiles con los que contaba la
administración para decidir y pagar lo pertinente, se hizo exigible para los
demandantes el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

58. Sinembargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el reconocimiento tardío de
las cesantías y su no pago fue solicitado por los demandantes el 22 de julio de
2014, con ocasión de los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones 197, 199, 200 y 201 del 4 de julio de 2014, es decir, más de diez
(10) años después desde que se hizo exigible el derecho.

59. Así, en cuanto a la aplicación de la prescripción trienal de la sanción moratoria,
de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 202338 se contabiliza desde que se hace exigible,
esto es al vencimiento del término legal para el pago del auxilio de cesantías, por
lo tanto, si la solicitud de sanción moratoria se presenta después de 3 años
contados desde su exigibilidad, se configura dicho fenómeno jurídico. Asimismo,
si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.

60. En este punto, se recuerda que los salarios moratorios hacen parte del
derecho sancionador, por lo que no se le puede calificar como imprescriptible. Así
lo refirió esta Sala de decisión39 en oportunidad anterior:

«[…] Sin embargo, en relación con el tiempo que debe abarcar la indemnización, se
considera necesario definir un parámetro objetivo como tope máximo y no admitir el
incremento ilimitado de la sanción moratoria, pues de lo contrario, se desconocería el
criterio de esta Sección, adoptado a partir de la sentencia de unificación del 25 de

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de

noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de septiembre de 2024,

radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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agosto de 2016[19]40, según la cual los salarios moratorios hacen parte del derecho
sancionador y, como tal, no se le puede calificar como un derecho imprescriptible, con
los consecuentes efectos de que tampoco se puede admitir una penalidad
imprescriptible, tal y como lo ordena el artículo 28 de la Constitución Política.

52.En igual sentido lo consideró recientemente esta Sección al señalar que «esta
penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de garantizar el pago oportuno
de la prestación, de tal suerte que el trabajador pueda aliviar la contingencia de
encontrarse cesante laboralmente»[20]41, pues lo cierto es que la penalidad que
establece la ley tiene un fin constitucional que garantiza al trabajador y a su núcleo
familiar que el respaldo económico que ofrece el auxilio de las cesantías se pague en
forma oportuna; de manera que no podrían prolongarse los efectos de la sanción en
forma indefinida pues ello desborda lo dispuesto por el legislador y el fin por el cual
fue creado en tanto, se insiste, está creada a título de sanción y, en consecuencia,
hace «parte del derecho sancionador»[21]42, por lo tanto, no puede considerarse como
un derecho imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.

53. De acuerdo con lo anterior, esta Sala encuentra como sustento normativo para el
término prescriptivo el contenido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social. Se excluye la aplicación de los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, toda vez que estos regulan en forma expresa los derechos en ellos
contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria, al tiempo que
el mencionado artículo 151 comprende un ámbito de mayor alcance.

54.En esta misma línea se fundamentó la sentencia del 6 de agosto de 2020[22]43 por
la cual se unificó su posición para precisar que el término de prescripción de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el
cual debía efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad. En aquella oportunidad, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
corporación reiteró el criterio expuesto en la decisión del 25 de agosto de 2016, para
señalar, entre otras cosas, que debía acogerse el plazo señalado en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que la sanción dispuesta
en la Ley 50 de 1990 debía tener un límite final aun cuando la norma no lo previera
en forma expresa. Al respecto indicó que en principio estaba constituida por la fecha
en que se hacía efectiva la consignación de las cesantías anualizadas o el pago que
directamente se realizaba al empleado; sin embargo, en aquellos eventos en los que
la mora se extendiera durante días, meses, o inclusive años, esta se causaría hasta
que finalizara la relación laboral.

55.Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar que
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por las características comunes
que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se consigna en
oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado también debe tener un
límite temporal. Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es
independiente de las cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por
consiguiente, debe estar sujeto a la regla general de la prescripción. […]».

61. En el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria ante la administración se presentó en julio de 2014, es decir, cuando
ya se encontraban ampliamente superados los 3 años contados desde su
exigibilidad que inició en marzo de 2011, configurándose así el fenómeno

40 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
radicación: 080012331000201100628-01(0528-2014), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
41 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-

2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
42 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto

de 2016, radicado 080012331000201100628-01(0528-2014).
43 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020,

radicación: 08001-23- 33-000-2013-00666-01 (0833-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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prescriptivo. Por tanto, la reclamación se efectuó fuera del término de ley.

62. Aunado a lo anterior, según la mencionada sentencia de unificación SUJ-034-
CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, el derecho para reclamar la sanción
moratoria «se hace exigible al día siguiente en el que vence el plazo del que dispone el
empleador para sufragar las cesantías […]. A partir de ese momento, el trabajador puede
reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente». Reglas aplicables
retrospectivamente, pero no retroactivamente a aquellos casos cobijados por el
fenómeno de la cosa juzgada.

63. En este sentido, el pago de la penalidad no procede de manera automática
por el incumplimiento de los términos por parte del empleador en el
reconocimiento y/o pago de las cesantías definitivas o parciales, sino que es
necesario que se haya reclamado ante la administración dentro de los tres (3)
años siguientes a la exigibilidad del derecho, por tanto, se reitera, las solicitudes
que presentaron los demandantes más de once (11) años después de estar
habilitados para hacerlo resultan extemporánea.

64. Así, su reconocimiento no se encuentra supeditado al reconocimiento efectivo
de las cesantías, como de manera equivocada se argumentó en el recurso de
apelación.

65. En este punto, advierte la Sala que, convalidar la tesis de los demandantes de
que el término prescriptivo se debe contar a partir de que se haga de forma
«clara, expresa y no tácita» la respectiva solicitud de reconocimiento del derecho
a la sanción moratoria sin límite temporal para su radicación, sería incurrir en el
desacierto jurídico de dejar al arbitrio del interesado definir el tiempo a reconocer,
lo cual podría generar graves afectaciones al erario.

66. En consecuencia, al encontrar acreditado que las reclamaciones elevadas por
los demandantes ante la administración (22 de julio de 2014) resultaron
extemporáneas al ser radicadas transcurridos más de 11 años de hacerse
exigible el derecho pretendido (marzo de 2003), es evidente que se encuentran
prescritas, tal como lo consideró el a quo. Así, es afirmativa la respuesta al tercer
problema jurídico planteado.

2.4. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Nilsa Milena Rosero
Erazo, Roberto Muñoz Lasso, Marlene Morales España y Lucía Teodora
Bastidas acreditaron la ilegalidad parcial de los actos acusados, por medio de
los cuales se les desconoció la calidad de beneficiarios del régimen retroactivo
de cesantías previsto en la Ley 6ª de 1945.

68. Si bien los demandantes se hicieron acreedores al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el reconocimiento tardío de las cesantías parciales
y su no pago, lo cierto es que el derecho se encontraba prescrito en razón de
la radicación tardía de su reclamación.

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69. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 21 de junio de 2021
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por medio de
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

70. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.

71. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

72. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma44.

73. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.

74. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

44 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).

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Demandante: Nilsa Milena Rosero Erazo y otros

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-0002020-00472-01
(1251-2024)

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

LXRR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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