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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00126-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00126-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR integralmente, la sentencia No. 0135 del Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto negó integralmente las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial, del acto administrativo presunto negativo, configurado por el silencio del Municipio de Bahía Solano – Chocó, frente a la reclamación administrativa, presentada por la señora Maricel Tobón Duarte, el Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), únicamente respecto de las acreencias laborales, cuya procedencia y falta de pago resultaron acreditadas dentro del proceso y que no hubieren sido previamente reconocidas mediante la Resolución No. 781 del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011), conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR al Municipio de Bahía Solano – Chocó, a reconocer y pagar a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, el salario del mes de noviembre de Dos Mil Once (2011), respecto del cual, no se acreditó pago. Así 23 Número Interno: 5662-2023 Demandante: Maricel Tobón Duarte Demandado: Municipio de Bahía Solano mismo, reconocer y pagar la compensación por vacaciones causadas y no disfrutadas, la prima causada, las cesantías definitivas y los intereses sobre cesantías reclamados por la demandante, correspondientes al tiempo efectivamente laborado entre el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Once (2011) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013), conforme a las disposiciones legales aplicables. CUARTO: CONDENAR al Municipio de Bahía Solano – Chocó, a reconocer y pagar a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, la sanción moratoria prevista en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, la cual, se causó a partir del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014) y hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017); o antes, si se acredita que se hizo efectivo el pago de las cesantías, la sanción se liquidará, con base en la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2017-00126-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00126-01 (5662-2023)1
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento y pago de prestaciones sociales -
sanción moratoria.
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Veintidós
(2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó2, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La señora Maricel Tobón Duarte, por conducto de apoderado judicial,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra
el Municipio de Bahía Solano – Chocó, con el propósito de obtener la nulidad
del acto administrativo presunto negativo, configurado por la omisión de la
entidad territorial de dar respuesta a la reclamación administrativa presentada
el Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014).

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=270012333000201700126011100103
2
Sala conformada por los Magistrados Mirtha Abadía Serna, Ariosto Castro Perea y Norma Moreno Mosquera.
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 3 a 13.

2

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se condene al
Municipio de Bahía Solano – Chocó, al pago de las acreencias laborales y
prestaciones sociales adeudadas, correspondientes a salario del mes de
noviembre de Dos Mil Once (2011), compensación de vacaciones causadas y
no disfrutadas, prima de servicios, cesantías definitivas e intereses sobre
cesantías4.

3. Finalmente, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, derivada
de la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas, así como la condena
en costas procesales.

1.2 Hechos

4. La señora Maricel Tobón Duarte, señaló que, laboró al servicio del Municipio
de Bahía Solano – Chocó, en el cargo de secretaria de la secretaría general,
entre el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de enero de
Dos Mil Trece (2013), en virtud de una vinculación legal y reglamentaria
efectuada mediante Resolución No. 173 del Doce (12) de julio de Dos Mil Diez
(2010).

5. Indicó que, tomó posesión del cargo, el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez
(2010), y que, durante su vinculación laboral, percibió una asignación salarial
mensual de Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho Pesos
($874.618) para el año Dos Mil Diez (2010) y de Novecientos Nueve Mil
Seiscientos Tres Pesos ($909.603) para los años Dos Mil Once (2011) y Dos
Mil Doce (2012).

6. Manifestó que, permaneció vinculada de manera continua e ininterrumpida
al Municipio de Bahía Solano – Chocó, hasta el Treinta (30) de enero de Dos
Mil Trece (2013), fecha en la cual finalizó la relación laboral.

4 En la reclamación administrativa presentada el Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), la señora
Maricel Tobón Duarte solicitó al Municipio de Bahía Solano el reconocimiento y pago de derechos laborales
presuntamente adeudados con ocasión de los servicios prestados como secretaria de la Secretaría General de esa
entidad territorial entre el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013).
En dicha petición reclamó el pago del salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil Once (2011),
compensación por vacaciones causadas y no disfrutadas, prima de servicios, cesantías definitivas, intereses sobre
cesantías y la sanción moratoria derivada del pago tardío de estas últimas.

3

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

7. Señaló que, mediante Resolución No. 781 del Treinta (30) de diciembre de
Dos Mil Once (2011), el Municipio de Bahía Solano – Chocó, efectuó una
liquidación parcial de prestaciones sociales a su favor; sin embargo, afirmó
que, no pudo hacer efectivo el cobro de los valores reconocidos, debido a que,
nunca le fue entregada copia auténtica del acto administrativo, con constancia
de ejecutoria, ni se efectuó el pago correspondiente.

8. Indicó que, al finalizar la relación laboral, el Municipio de Bahía Solano –
Chocó, adeudaba el salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil
Once (2011), así como, las prestaciones sociales causadas durante el tiempo
laborado, entre ellas, primas, compensación de vacaciones, cesantías
definitivas e intereses sobre cesantías.

9. Finalmente, manifestó que, el Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil
Catorce (2014), presentó reclamación administrativa ante el Municipio de
Bahía Solano – Chocó, solicitando el pago de las acreencias laborales
adeudadas y de la indemnización moratoria derivada de la falta de pago
oportuno de las cesantías definitivas; no obstante, la entidad territorial omitió
emitir respuesta frente a dicha solicitud.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

10. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos 13 y
14 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 1, 4, 5, 8, 13, 20, 25, 32, 33, 40 y 45
del Decreto 1045 de 1978; los artículos 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; el
Decreto 3148 de 1968; el artículo 1° del Decreto 1919 de 2002; y los artículos
4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, relacionados con el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, de los empleados públicos y la sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías definitivas.

11. Como concepto de violación, sostuvo que, el Municipio de Bahía Solano –
Chocó, vulneró el derecho de petición de la señora Maricel Tobón Duarte, al
omitir pronunciarse sobre la reclamación administrativa presentada el
Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), encaminada al
reconocimiento y pago de acreencias laborales y prestaciones sociales
adeudadas.

4

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

12. Señaló que, conforme a las disposiciones previstas en el Decreto 1045 de
1978, el Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1919 de 2002, la demandante
tenía derecho al reconocimiento y pago de salario, primas, compensación de
vacaciones, cesantías definitivas e intereses sobre cesantías, como empleada
pública del nivel territorial, vinculada al Municipio de Bahía Solano – Chocó.

13. Indicó que, pese a la existencia de dichos derechos prestacionales, la
entidad territorial, omitió efectuar el pago de las acreencias laborales
causadas, durante la relación laboral y al momento de su retiro del servicio,
desconociendo las normas que regulan el régimen prestacional, aplicable a los
empleados públicos de las entidades territoriales.

14. Finalmente, manifestó que, el no pago oportuno de las cesantías
definitivas, generó la vulneración de los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de
2006, razón por la cual, el Municipio de Bahía Solano – Chocó debía ser
condenado al pago de la sanción moratoria correspondiente.

2. Contestación de la demanda.

15. El municipio de Bahia Solano – Chocó, no contestó el presente medio de
control.

3. La sentencia de primera instancia5.

16. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia No. 0135 del
Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.

17. En primer lugar, el Tribunal precisó que, el litigio se circunscribía a
establecer la legalidad del acto administrativo ficto o presunto negativo,
derivado de la reclamación administrativa presentada el Dieciséis (16) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual, la señora Maricel
Tobón Duarte, solicitó el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones

5
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00079.

5

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

sociales, cesantías, intereses sobre cesantías y sanción moratoria.

18. Señaló que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, se
encontraba acreditado que, la demandante laboró al servicio del Municipio de
Bahía Solano – Chocó, en el cargo de secretaria de la secretaría general, entre
el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de enero de Dos
Mil Trece (2013), así como la expedición de la Resolución No. 781 del Treinta
(30) de diciembre de Dos Mil Once (2011), mediante la cual, se reconocieron
parcialmente algunas prestaciones sociales a su favor.

19. Indicó que, pese a las afirmaciones formuladas en la demanda, la actora
no aportó elementos probatorios suficientes, que permitieran determinar con
precisión, las sumas presuntamente adeudadas, los períodos exactos
causados o el alcance económico de las prestaciones reclamadas,
circunstancia que, impedía efectuar la correspondiente confrontación
probatoria.

20. Precisó que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del
Proceso, correspondía a la parte demandante, demostrar los supuestos de
hecho en los cuales sustentó sus pretensiones, carga procesal que, en criterio
del Tribunal, no fue satisfecha dentro del proceso.

21. En relación con la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas, el Tribunal concluyó que, aquella no resultaba
procedente, pues, la reclamación administrativa presentada el Dieciséis (16)
de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), no tenía la virtualidad de causar
automáticamente el derecho indemnizatorio reclamado, dado que, para la
fecha de la solicitud, la sanción aún no se había consolidado conforme a las
reglas jurisprudenciales aplicables al silencio administrativo negativo.

22. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, al no existir
respaldo probatorio suficiente respecto de las acreencias laborales
reclamadas, no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, razón
por la cual, negó las súplicas formuladas por la señora Maricel Tobón Duarte
y condenó en costas a la parte demandante.

6

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

4. El recurso de apelación6.

23. La señora Maricel Tobón Duarte, por conducto de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación, contra la sentencia del Dieciséis (16) de
septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), al considerar que, el Tribunal
Administrativo del Chocó, negó las pretensiones de la demanda, pese a
encontrarse acreditada la relación legal y reglamentaria sostenida con el
Municipio de Bahía Solano – Chocó, y la existencia de acreencias laborales
insolutas.

24. Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, sí existían suficientes
elementos probatorios para determinar las sumas adeudadas, toda vez que,
en el expediente obraban los actos administrativos de nombramiento y retiro
del servicio, el acta de posesión y la Resolución No. 781 del Treinta (30) de
diciembre de Dos Mil Once (2011), mediante la cual, el propio Municipio
reconoció cesantías, vacaciones y primas a favor de la demandante.

25. Indicó que, las afirmaciones relacionadas con la falta de pago de salarios
y prestaciones sociales constituían negaciones indefinidas, razón por la cual,
conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, no le correspondía
probar el no pago de dichas acreencias, sino que era carga del municipio
demandado, acreditar que efectuó oportunamente los pagos reclamados.

26. Señaló que, una vez demostrados los extremos de la relación laboral y el
salario devengado por la demandante, el cálculo de las prestaciones sociales
reclamadas, correspondía a una operación matemática derivada de las reglas
legales aplicables, por lo que, resultaba equivocado concluir que, no existía
claridad respecto de las sumas adeudadas.

27. Manifestó que, el Municipio de Bahía Solano – Chocó, incumplió su
obligación legal, de reconocer y pagar oportunamente las cesantías definitivas,
causadas al momento del retiro del servicio, pues, pese a haber transcurrido
varios meses, desde la desvinculación laboral de la demandante, la entidad
territorial omitió efectuar el pago correspondiente.

6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00022.

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Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

28. Finalmente, afirmó que, el Tribunal incurrió en error, al negar la sanción
moratoria derivada del pago tardío de cesantías definitivas, toda vez que,
conforme a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, dicha
indemnización, se causaba una vez vencido el término legal con que contaba
la administración para resolver la reclamación y efectuar el pago respectivo,
razón por la cual, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

29. Con auto del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)7, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.

30. Posteriormente, mediante auto del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025)8, en ejercicio de la facultad oficiosa prevista en el inciso
segundo del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, el consejero sustanciador,
dispuso decretar prueba de oficio, con el propósito de esclarecer puntos
oscuros o difusos de la controversia y, en consecuencia, requirió al Municipio
de Bahía Solano – Chocó, para que remitiera la hoja de vida de la señora
Maricel Tobón Duarte, junto con los documentos relacionados con su
trayectoria laboral y los pagos efectuados durante el tiempo de vinculación con
la entidad territorial.

31. Con auto del Veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 9,
el consejero sustanciador, reiteró la prueba de oficio previamente decretada,
al advertir que, la información allegada por el Municipio de Bahía Solano –
Chocó, no permitía establecer con claridad el concepto de los pagos
efectuados a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, ni la fecha y forma en

7
Índice 00005 expediente digital – Samai.
8
Índice 00010 expediente digital – Samai.
9
Índice 00021 expediente digital – Samai.

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Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

que aquellos habrían sido cancelados; en consecuencia, requirió nuevamente
a la entidad territorial, para que aportara certificaciones y documentos
relacionados con el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones,
cesantías y eventual sanción moratoria, así como los actos administrativos y
comprobantes correspondientes.

6. Concepto del Ministerio Público.

32. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

33. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA10.

2.2 Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala establecer:

¿Debe revocarse la sentencia No. 0135 del Dieciséis (16) de septiembre de
Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
que negó las pretensiones de la demanda, formulada por la señora Maricel
Tobón Duarte, encaminadas al reconocimiento y pago de acreencias laborales,
prestaciones sociales y sanción moratoria derivada del pago tardío de
cesantías definitivas? Con tal fin, se debe verificar lo siguiente:

i) ¿La señora Maricel Tobón Duarte, tiene derecho al reconocimiento y
pago, del salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil Once
(2011), así como, de las prestaciones sociales reclamadas,

10
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

9

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

particularmente primas, compensación de vacaciones, cesantías
definitivas e intereses sobre cesantías, o, por el contrario, no se
acreditaron suficientemente los supuestos fácticos y probatorios que
sustentan dichas pretensiones?

ii) ¿Resulta procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío
de las cesantías definitivas, particularmente frente a la omisión de la
entidad territorial de resolver la reclamación administrativa presentada el
Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014)?

35. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del empleo público y las formas de vinculación con el Estado.

36. El artículo 122 de la Constitución Política, dispone que, no habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento y que, para
proveer los cargos remunerados, se requiere que, estos se encuentren
previstos en la respectiva planta de personal y cuenten con apropiación
presupuestal para el pago de sus emolumentos.

37. Así mismo, establece que, ningún servidor público, podrá entrar a ejercer
sus funciones sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben. A partir de dicha disposición
constitucional, el ordenamiento jurídico colombiano, ha previsto distintas
formas de vinculación con las entidades públicas, cada una con elementos
propios y un régimen jurídico particular.

38. En efecto, esta Corporación ha señalado que11, en el sector público,

11
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A Consejero ponente:
Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número:
23001-23-31-000-2010-00176-01(4415-18)

10

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

pueden identificarse tres modalidades principales de vinculación: (i) la legal y
reglamentaria, correspondiente a los empleados públicos; (ii) la contractual
laboral, propia de los trabajadores oficiales; y (iii) la derivada de los contratos
de prestación de servicios, regulados por la legislación estatal de contratación.

39. Respecto de los empleados públicos, la Sala ha precisado que, se trata de
personas vinculadas mediante acto administrativo de nombramiento y
posesión, para el ejercicio de funciones previamente definidas en la ley, el
reglamento o el manual específico de funciones de la entidad respectiva.

40. En ese sentido, para que pueda predicarse válidamente la existencia de
un empleo público, deben concurrir, entre otros, los siguientes elementos: (i)
la existencia del cargo en la planta de personal de la entidad; (ii) la
determinación de las funciones correspondientes; (iii) la previsión presupuestal
de los emolumentos; y (iv) la designación válida seguida de la respectiva
posesión.

41. Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que, los
trabajadores oficiales también desempeñan funciones al servicio del Estado;
sin embargo, su vinculación se rige por una relación contractual de naturaleza
laboral, sometida a disposiciones especiales, entre ellas, los Decretos 3135 de
1968 y 1333 de 1986, así como las normas laborales aplicables.

2.3.2. Sobre la sanción moratoria.

42. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para
el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2
regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de las mismas12.

43. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de

12
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que

11

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1).

Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este.

44. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y
oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso
oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos
de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales13:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
13
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.

12

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley 14 para que la entidad intentará
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y
1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables
para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

45. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia
en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad
de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva
condena):

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha
en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.

2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.

46. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:

47. Mediante Resolución No. 173 del Doce (12) de julio de Dos Mil Diez

14
Artículo 69 CPACA.

13

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

(2010)15, el alcalde Municipal de Bahía Solano – Chocó, nombró a la señora
Maricel Tobón Duarte, en el cargo de secretaria de la secretaría general del
municipio.

48. Obra acta de posesión No. 022 del Doce (12) de julio de Dos Mil Diez
(2010)16, mediante la cual, la señora Maricel Tobón Duarte, tomó posesión del
cargo de secretaria de la secretaría general del municipio de Bahía Solano –
Chocó.

49. Conforme a la certificación de tiempo de servicios allegada al expediente17,
la señora Maricel Tobón Duarte, prestó sus servicios al Municipio de Bahía
Solano – Chocó, de manera continua e ininterrumpida, entre el Doce (12) de
julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013),
desempeñándose en el cargo de secretaria de la secretaría general.

50. Mediante Resolución No. 781 de diciembre de Dos Mil Once (2011)18, el
municipio de Bahía Solano – Chocó, reconoció a favor de la señora Maricel
Tobón Duarte, el pago de cesantías, vacaciones y primas, causadas durante
el período comprendido entre el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011). En dicho acto
administrativo, se reconocieron expresamente, cesantías por valor de Un
Millón Cuatrocientos Trece Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos ($1.413.175),
intereses a las cesantías por valor de Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos
Noventa y Nueve Pesos ($141.599), vacaciones por valor de Seiscientos
Sesenta Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos ($660.336) y prima por valor de
Un Millón Trescientos Veinte Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos
($1.320.673), para un total de Tres Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil
Setecientos Ochenta y Tres Pesos ($3.535.783), ordenándose además a la
Secretaría de Hacienda Municipal efectuar el pago correspondiente.

51. Posteriormente, mediante Decreto No. 033 de febrero de Dos Mil Trece
(2013)19, el alcalde municipal de Bahía Solano – Chocó, aceptó la renuncia

15
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 17.
16
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 19.
17
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 25.
18
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 27 a 29.
19
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 21 a 23.

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Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

presentada por la señora Maricel Tobón Duarte, al cargo de secretaria de la
secretaría general y efectuó un nuevo nombramiento.

52. El Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014)20, la señora
Maricel Tobón Duarte, presentó reclamación administrativa ante el Municipio
de Bahía Solano – Chocó, mediante la cual, solicitó el reconocimiento y pago
del salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil Once (2011);
compensación de vacaciones causadas y no disfrutadas; primas; cesantías
definitivas; intereses sobre las cesantías; y la sanción moratoria derivada del
pago tardío de dichas prestaciones sociales. Asimismo, indicó que, tales
acreencias no habían sido canceladas durante el tiempo que laboró al servicio
de la administración municipal.

53. En cumplimiento del auto para mejor proveer, proferido en segunda
instancia, el municipio de Bahía Solano – Chocó, allegó certificación expedida
por la secretaría de hacienda, en la cual se indicó que21, «No existen registros
o evidencias de que a la señora MARICEL TOBÓN DUARTE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 21.849.627, se le hayan realizado pagos por
concepto de prestaciones sociales y demás acreencias laborales durante la
vinculación con la entidad demandada, esto es, entre el doce (12) de julio de
dos mil diez (2010) hasta el treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)».

54. En la misma certificación, la secretaría de hacienda del municipio de Bahía
Solano – Chocó, precisó que, tampoco existían registros o evidencias de pago
del salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil Once (2011), ni
de las vacaciones causadas durante el período laborado por la demandante,
así como tampoco de suma alguna reconocida por concepto de sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo de prestaciones sociales, salario
y/o cesantías.

55. Igualmente, mediante oficio remitido el Cuatro (4) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), el asesor jurídico del municipio de Bahía Solano – Chocó,
informó que, no existían registros o evidencias de pagos efectuados a favor de
la señora Maricel Tobón Duarte, por concepto de prestaciones sociales,

20
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00028 – folio 31.
21
Índice 00034 expediente digital – Samai.

15

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

acreencias laborales o salario correspondiente al mes de noviembre de Dos
Mil Once (2011), durante el tiempo de vinculación con la entidad territorial.

56. Finalmente, la oficina jurídica del Municipio de Bahía Solano – Chocó,
certificó que, los pagos relacionados en comunicación del Dieciséis (16) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)22, correspondían a un proceso
ejecutivo adelantado por la señora Maricel Tobón Duarte contra el ente
territorial, identificado con radicado No. 27001333300420090035000 23, que
cursa ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó.

22
Índice 00034 expediente digital – Samai.
23
Sobre este aspecto, se verificó en el sistema SAMAI la existencia de proceso ejecutivo promovido por la señora
Maricel Tobón Duarte contra el Municipio de Bahía Solano – Chocó, identificado con radicado No. 27001-33-33-004-
2009-00350-00, mediante el cual, se persiguió el cumplimiento de la sentencia proferida el Once (11) de septiembre
de Dos Mil Tres (2003) por el Tribunal Administrativo del Chocó, que ordenó el pago de salarios correspondientes
a los meses de junio a agosto de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), cesantías, intereses sobre cesantías
y la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías definitivas
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=270013333004200900350002700133

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Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

2.5. Caso concreto.

57. De manera preliminar, la Sala precisa que, el Tribunal Administrativo del
Chocó, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, la parte actora
no acreditó suficientemente las sumas adeudadas, ni los períodos exactos
reclamados, razón por la cual, estimó incumplida la carga probatoria prevista
en el artículo 167 del Código General del Proceso.

58. No obstante, contrario a lo concluido en primera instancia, la Sala
considera que, el material probatorio obrante en el expediente, valorado de
manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica, sí permite tener por
acreditada la relación legal y reglamentaria existente entre la señora Maricel
Tobón Duarte y el municipio de Bahía Solano – Chocó, así como, la existencia
de acreencias laborales y prestaciones sociales insolutas a favor de aquella.

59. En efecto, se encuentra demostrado que, mediante Resolución No. 173 del
Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010), la demandante, fue nombrada en el
cargo de secretaria de la secretaría general del Municipio de Bahía Solano –
Chocó, y que, tomó posesión del mismo cargo en esa misma fecha; así mismo,
obra certificación de tiempo de servicios, en la cual consta que, permaneció
vinculada de manera continua e ininterrumpida hasta el Treinta (30) de enero
de Dos Mil Trece (2013).

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Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

60. Ahora bien, la Sala advierte que uno de los aspectos centrales para
resolver la controversia consiste en determinar el alcance de la Resolución No.
781 del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011), dado que, mediante
dicho acto administrativo el Municipio de Bahía Solano – Chocó, efectuó la
liquidación y reconocimiento expreso de determinadas prestaciones sociales
a favor de la demandante, correspondientes al período comprendido entre el
Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de diciembre de Dos
Mil Once (2011).

61. La valoración de dicho acto administrativo, resulta particularmente
relevante, toda vez que, permite advertir que, parte de las prestaciones
reclamadas en el presente asunto, ya fueron objeto de reconocimiento
administrativo; en consecuencia, la Sala no puede ordenar nuevamente el
reconocimiento de los mismos rubros, respecto del período ya liquidado, ya
que, de existir incumplimiento frente al pago de obligaciones previamente
reconocidas y contenidas en un acto administrativo expreso, la vía procesal
idónea para obtener su satisfacción correspondería, en principio, al proceso
ejecutivo. La controversia debe centrarse entonces en determinar si existen
acreencias adicionales no comprendidas en la Resolución No. 781 de Dos Mil
Once (2011), o si se acreditó la ausencia de pago respecto de conceptos y
períodos distintos.

62. Ahora bien, la Sala observa que, uno de los principales fundamentos de la
decisión apelada, consistió en afirmar que, la demandante no acreditó la falta
de pago de las acreencias reclamadas; sin embargo, dicha conclusión
desconoce las reglas de distribución de la carga probatoria previstas en el
artículo 167 del Código General del Proceso, particularmente tratándose de
negaciones indefinidas.

63. Sobre este aspecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido
que24, cuando el trabajador afirma no haber recibido el pago de salarios o
prestaciones sociales, se está frente a una negación indefinida, respecto de la

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Doce (2012), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación No. 63001-23-
31-000-2002-00579-01(2157-08).

18

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

cual, la carga de la prueba se traslada a la entidad empleadora, quien es la
llamada a acreditar el pago efectivo de las acreencias reclamadas, mediante
los correspondientes soportes contables, comprobantes de egreso, actos
administrativos o documentos equivalentes.

64. Precisamente, en el presente asunto, la prueba decretada oficiosamente
en segunda instancia, permitió esclarecer de manera definitiva dicho aspecto
de la controversia, pues, el propio municipio de Bahía Solano – Chocó, certificó
expresamente que, «No existen registros o evidencias» de pagos efectuados
a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, por concepto de prestaciones
sociales, acreencias laborales, salario correspondiente al mes de noviembre
de Dos Mil Once (2011), vacaciones o sanción moratoria.

65. En efecto, la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda del
municipio de Bahía Solano – Chocó, aportada en cumplimiento del auto para
mejor proveer, resulta particularmente relevante, toda vez que, proviene de la
propia entidad demandada y da cuenta de la inexistencia de registros
contables o administrativos que acrediten el pago de las acreencias laborales
reclamadas por la actora.

66. Así mismo, la Oficina Jurídica del Municipio de Bahía Solano – Chocó,
informó que, determinados pagos registrados correspondían a un proceso
ejecutivo adelantado por la señora Maricel Tobón Duarte, identificado con
radicado No. 27001-33-33-004-2009-00350-00. No obstante, dicha
comunicación no indicó que aquel trámite correspondiera a las acreencias aquí
discutidas. Ahora bien, la verificación efectuada por el Despacho, permitió
establecer que, dicho proceso ejecutivo, tuvo origen en obligaciones derivadas
de una sentencia relacionada con períodos laborales anteriores,
particularmente del año Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), razón por la
cual, no se evidencia identidad objetiva con las prestaciones reclamadas en
este asunto.

67. Sin embargo, la Sala precisa que, la ausencia de prueba del pago, no
conduce automáticamente a concluir que, todas las prestaciones reclamadas
deban ser nuevamente reconocidas judicialmente; lo anterior, porque se
encuentra acreditado que mediante la Resolución No. 781 del Treinta (30) de

19

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
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diciembre de Dos Mil Once (2011), el Municipio de Bahía Solano – Chocó, ya
reconoció y ordenó el pago de cesantías, intereses sobre cesantías,
vacaciones y prima, correspondientes al período comprendido entre el Doce
(12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil
Once (2011).

68. Bajo ese entendido, la Sala observa que, las acreencias reconocidas
mediante dicho acto administrativo, constituyen obligaciones previamente
definidas por la administración y, por tanto, no resulta procedente ordenar
nuevamente su reconocimiento, dentro del presente proceso, ya que ello
conduciría a una duplicidad de condenas respecto de rubros ya liquidados.
Frente a dichas obligaciones, en caso de persistir incumplimiento en el pago,
la interesada cuenta con mecanismos judiciales idóneos para procurar su
ejecución.

69. No obstante, la Sala también se encuentra acreditado, que la relación
laboral de la señora Maricel Tobón Duarte, se extendió hasta el Treinta (30)
de enero de Dos Mil Trece (2013), mientras que, la Resolución No. 781
únicamente comprendió el período causado hasta el Treinta (30) de diciembre
de Dos Mil Once (2011); en consecuencia, la situación prestacional derivada
de la totalidad del vínculo laboral, no quedó agotada mediante dicho acto
administrativo.

70. Así las cosas, del análisis conjunto del material probatorio, la Sala concluye
que, sí existieron acreencias laborales insolutas a favor de la demandante, no
porque todas las prestaciones reclamadas carecieran de reconocimiento
previo, sino porque la administración, omitió efectuar la liquidación definitiva
derivada del período restante de vinculación laboral y, adicionalmente, no
acreditó el pago del salario correspondiente al mes de noviembre de Dos Mil
Once (2011), ni de las demás acreencias no comprendidas dentro de la
Resolución No. 781 de Dos Mil Once (2011).

71. Ahora bien, en relación con la sanción moratoria prevista en los artículos
4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, la Sala advierte que, también resulta
procedente su reconocimiento, toda vez que, se acreditó la omisión de la
entidad territorial en efectuar el pago oportuno de las cesantías definitivas

20

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

reconocidas a favor de la demandante.

72. Sobre el particular, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018),
precisó: «En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y
parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento
(...)». Asimismo, dicha providencia, unificó el criterio relacionado con la
temporalidad de la condena, y precisó que, la sanción moratoria no tiene
vocación indefinida y debe sujetarse al límite temporal fijado
jurisprudencialmente.

73. En asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares, esta Corporación ha
sostenido que, la sanción moratoria, derivada del pago tardío de cesantías
definitivas, solo puede reconocerse por el término máximo de tres (3) años, en
aplicación de la prescripción trienal prevista para los derechos laborales.

74. En efecto, aunque mediante Resolución No. 781 del Treinta (30) de
diciembre de Dos Mil Once (2011), el Municipio de Bahía Solano – Chocó,
reconoció cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y primas a favor
de la demandante, dicho acto administrativo comprendió únicamente las
acreencias causadas entre el Doce (12) de julio de Dos Mil Diez (2010) y el
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011), razón por la cual, las
prestaciones sociales generadas con posterioridad a esa fecha quedaron por
fuera de la liquidación efectuada por la entidad territorial.

75. Así las cosas, se ordenará el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, liquidada conforme a las
reglas fijadas por la sentencia de unificación del Dieciocho (18) de julio de Dos
Mil Dieciocho (2018), a partir del vencimiento de los setenta (70) días hábiles
siguientes a la reclamación administrativa radicada el Dieciséis (16) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014); en consecuencia, el término de setenta
(70) días hábiles previsto por la sentencia de unificación —correspondiente a
quince (15) días para expedir la resolución, diez (10) días de ejecutoria y
cuarenta y cinco (45) días para efectuar el pago— venció el Veintinueve (29)
de diciembre de Dos Mil Catorce (2014).

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76. Por consiguiente, la sanción moratoria comenzó a causarse a partir del
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014) y se reconocerá hasta el
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), en aplicación del límite
temporal de tres (3) años establecido jurisprudencialmente para este tipo de
sanciones. En este punto, la Sala reitera el criterio recientemente expuesto por
esta Subsección en un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares
promovido igualmente contra el Municipio de Bahía Solano – Chocó, en el cual
se precisó que la sanción moratoria derivada del pago tardío de cesantías
definitivas se encuentra sometida a la regla de prescripción trienal prevista en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 25.

77. Finalmente, la Sala considera que, no había lugar a condenar en costas a
la parte demandante, en primera instancia, como lo dispuso el Tribunal
Administrativo del Chocó, pues, además de no prosperar las pretensiones de
la demanda, no se advierte actuación temeraria, abusiva o carente de
fundamento jurídico, por parte de la señora Maricel Tobón Duarte.

78. Siendo así las cosas, se revocará integralmente la sentencia No. 0135 del
Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial
del acto administrativo presunto negativo demandado. Como consecuencia de
ello, se ordenará el reconocimiento y pago únicamente de aquellas acreencias
laborales cuya procedencia y falta de pago resultaron acreditadas dentro del
proceso y que no fueron previamente reconocidas mediante la Resolución No.
781 del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Once (2011).

79. En ese sentido, la condena comprenderá el salario correspondiente al mes
de noviembre de Dos Mil Once (2011), así como las prestaciones sociales
derivadas del período comprendido entre el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Once (2011) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013),
lapso respecto del cual, no obra liquidación, ni prueba de pago.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Doce
(12) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), radicado No. 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.

22

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Demandante: Maricel Tobón Duarte
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2.6 Condena en costas

80. Revisada la conducta de las partes en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA,
por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

81. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR integralmente, la sentencia No. 0135 del Dieciséis (16)
de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en cuanto negó integralmente las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial, del acto administrativo presunto
negativo, configurado por el silencio del Municipio de Bahía Solano – Chocó,
frente a la reclamación administrativa, presentada por la señora Maricel Tobón
Duarte, el Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), únicamente
respecto de las acreencias laborales, cuya procedencia y falta de pago
resultaron acreditadas dentro del proceso y que no hubieren sido previamente
reconocidas mediante la Resolución No. 781 del Treinta (30) de diciembre de
Dos Mil Once (2011), conforme a las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: CONDENAR al Municipio de Bahía Solano – Chocó, a reconocer
y pagar a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, el salario del mes de
noviembre de Dos Mil Once (2011), respecto del cual, no se acreditó pago. Así

23

Número Interno: 5662-2023
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Demandado: Municipio de Bahía Solano

mismo, reconocer y pagar la compensación por vacaciones causadas y no
disfrutadas, la prima causada, las cesantías definitivas y los intereses sobre
cesantías reclamados por la demandante, correspondientes al tiempo
efectivamente laborado entre el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Once (2011) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013), conforme a
las disposiciones legales aplicables.

CUARTO: CONDENAR al Municipio de Bahía Solano – Chocó, a reconocer y
pagar a favor de la señora Maricel Tobón Duarte, la sanción moratoria prevista
en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, la cual, se causó a partir del
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014) y hasta el Treinta (30) de
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017); o antes, si se acredita que se hizo
efectivo el pago de las cesantías, la sanción se liquidará, con base en la
asignación básica vigente, en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
de la demandante, conforme a las reglas fijadas en la sentencia de unificación
y a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Las sumas reconocidas en esta providencia serán actualizadas en
los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

24

Número Interno: 5662-2023
Demandante: Maricel Tobón Duarte
Demandado: Municipio de Bahía Solano

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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