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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00840-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00840-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación directa. 21 Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393) Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros Reparación directa Apelación sentencia 2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00840-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Demandante: LUZ MILENA VILLEGAS ALZATE Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CADUCIDAD

Síntesis del caso: la demanda se dirige en contra de la Nación - Rama Judicial con el fin de
que se le declare patrimonial y extracontractualmente responsable, por una parte, por el
presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el marco del trámite
de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate Zuluaga,
particularmente por el deterioro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número
034-12501 y, de otra, por los supuestos errores judiciales contenidos en las decisiones
mediante las cuales se ordenó la apertura del proceso liquidatorio, se decretaron medidas
cautelares y se impuso la inhabilidad para ejercer el comercio. La Sala confirmará la
decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control judicial de
reparación directa.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 74
SAMAI primera instancia) en contra de la sentencia proferida el 18 de julio de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia (índice 71 SAMAI primera instancia) que
dispuso:

“Primero: Declarar la caducidad del medio de control intentado por los
señores Luz Milena Villegas Alzate, Libio César Alzate Zuluaga y otros
frente al Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo: Sin costas en esta instancia” (índice 71 SAMAI primera
instancia - negrillas y mayúsculas fijas del texto original)1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2014 (fl. 25 cdno. 1) y reformado el 17
de julio de 2014 (fl. 520 cdno. ppal)2, los señores Luz Milena Villegas Alzate y Libio

1
Folio 13 del archivo “21ed_17sentencianiega”.
2
El 17 de julio de 2014, la parte actora presentó reforma a la demanda en cumplimiento del auto
proferido el 1º de julio de 2014 mediante el cual se le ordenó corregirla en el sentido de exponer con
precisión y claridad los hechos y las pretensiones, así como también estimar razonadamente la
cuantía (fls. 518 a 519 cdno. ppal).

2

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

César Alzate Zuluaga quien actúa en nombre propio y en representación de sus
hijas menores de edad Angeli Yulieth Alzate Villegas, María Valentina Alzate
Villegas y Laura Juliana Alzate Villegas, a través de apoderado judicial promovieron
demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa
consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en contra de la Nación - Rama Judicial (fls. 1 a 25 cdno.
1, fls. 520 a 528 cdno. ppal) con las siguientes súplicas:

1. Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE
JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, administrativa
y solidariamente responsables de la falla en el servicio en la
administración de justicia y como consecuencia de los perjuicios morales
y materiales ocasionados a mis poderdantes por la conducta dolosa o
gravemente culposa del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE
APARTADÓ ANTIOQUIA, por haber admitido demanda de liquidación
obligatoria marzo 31 de 2006 y permitido las medidas cautelares en
extremo gravosas, desde el 17 de julio de 2006, manejadas
irresponsablemente por auxiliares de la justicia (secuestres) no
competentes nombrados por el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó,
denegado la petición de sustitución de los auxiliares y terminación del
proceso en sentencia de liquidación obligatoria, todo el proceso desde el
inicio está viciado de nulidad por la ausencia de requisitos contemplados
en la Ley 222 de 1995 por ende viciado de ilegalidad desde la admisión
por parte del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó de la solicitud de
liquidación obligatoria por Corbeta SA y en la subsiguiente inadecuada
administración de los bienes sometidos a medidas cautelares y
destinados al pago de las acreencias que lograsen ser admitidas como
consecuencia de la falla en el servicio que incurrieron dichas entidades y
que más adelante expondré.

2. Que como consecuencia de tal declaración los entes demandados
están en la obligación de indemnizar, reconocer y pagar a los
demandantes, los daños y perjuicios en sus aspectos material y moral
objetivado y subjetivado, por su actuar antijurídico desde marzo 31 de
2006 hasta la fecha de la sentencia.

2.2 PERJUICIOS MATERIALES

2.2.1 DAÑO EMERGENTE

La suma de $16.146.493.121.00 consistentes en el valor de la pérdida
efectiva del bien económico que se encontraba en el patrimonio del
afectado, y comprende tanto el deterioro paulatino por el paso del tiempo
y descuido por la falta de mantenimiento como su destrucción total.
Incluye además los desembolsos o gastos que el ciudadano afectado se
haya visto obligado a afrontar en razón del hecho dañoso. Para el caso,
el daño emergente está constituido por la destrucción total de los bienes
muebles y enseres relacionados en la diligencia de secuestro llevada cabo
dentro del proceso ejecutivo iniciado por José Apolinar Giraldo, y que
estaban dentro del inmueble que le fue entregado al secuestre, hecho
constatado en la diligencia de entrega del inmueble (incidente de
remoción del secuestre). Además, el valor de las reparaciones locativas
necesarias para la reconstrucción del inmueble, y por la valoración del
costo de oportunidad del arrendamiento (…).

3

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

La suma de $668.647.650,00 correspondientes a los gastos que el señor
Alzate Zuluaga estará obligado a desembolsar en razón del daño
ocasionado, se encuentran los de asesoría legal por parte del apoderado
que venía actuando como tal desde el inicio del proceso liquidatario. Los
honorarios pactados fueron por el 15% del valor de la liquidación. El valor
de esa liquidación corresponde a la suma de $4.457.651.000, suma igual
a las obligaciones a cargo del demandado incluidas en la declaración de
renta del deudor, incluso de alguna manera similar a la cifra aportada en
la solicitud de liquidación.

2.2.2 LUCRO CESANTE

Se trata de la cuantificación de la llamada ganancia frustrada, que se
traduce en la ganancia que se ha dejado de percibir en razón del hecho
dañoso. Es innegable que en este caso al señor Alzate Zuluaga se le
frustró la oportunidad de dirigir y mantener el funcionamiento de su
supermercado, excluyéndolo de toda administración, e incluso
inhabilitándolo para ejercer el comercio. Tratándose de un
establecimiento de comercio el lucro dejado de percibir se mide por la
pérdida que implica el trauma que se genera en la actividad comercial una
medida que tuvo como consecuencia práctica su cierre, y sin ventas no
existe ganancia. De hecho, debe tenerse en cuenta que el Estado cambió
la destinación del inmueble para una actividad que no aportó ninguna
utilidad. Por lo tanto, el lucro cesante en este caso tiene como parámetro
las ganancias dejadas de percibir en razón del cierre del establecimiento
de comercio. De acuerdo con criterio de la contadora pública titulada Ana
Patricia Restrepo Sierra, basado en análisis contables aplicativos a las
ventas promedio, en ese establecimiento de comercio durante el tiempo
que estuvo en funcionamiento, su valor consolidado desde julio de 2006
a junio de 2013 asciende a la suma de $17.961.944.866,85 información
que consta en documento que se anexa (…)” (fls. 526 a 528 cdno. ppal) -
mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de marzo de 2006, la sociedad Corbeta SA solicitó ante el Juzgado Civil del
Circuito de Apartadó (Antioquia) la apertura del trámite de liquidación obligatoria del
patrimonio del comerciante Libio César Alzate Zuluaga, petición que fue admitida
no obstante el incumplimiento de los requisitos legales previstos en el artículo 215
de la Ley 222 de 1995, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia.

2) En el referido requerimiento se deprecó como medida cautelar el embargo y
secuestro del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 034-12501,
así como lo mismo que del establecimiento de comercio denominado Centro
Comercial Surtimercados que operaba en el referido bien.

4

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3) El 17 de julio de 2006, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó practicó la
diligencia de embargo y secuestro de los mencionados bienes; sin embargo, estos
no fueron puestos a disposición del liquidador para su administración en los
términos del artículo 166 ibidem, sino que, quedaron en poder de un secuestre
designado por la autoridad judicial cuya designación fue cuestionada sin que la
solicitud fuera atendida.

4) El 26 de noviembre de 2006, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó declaró la
inhabilidad del señor Libio César Alzate Zuluaga para ejercer el comercio por el
término de diez (10) años con fundamento en normas que no resultaban aplicables
al caso concreto.

5) Posteriormente, el 28 de abril de 2008 el secuestre arrendó el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria número 034-12501 a la empresa Cardisel,
quien realizó adecuaciones internas con su autorización, sin que el juzgado del caso
adoptara medida alguna frente a las consecuencias previsibles de su deterioro;
asimismo, la autoridad judicial omitió considerar la existencia de ofertas superiores
de arrendamiento aportadas al proceso y no resolvió de fondo las quejas
relacionadas con la indebida administración del inmueble.

6) Por otro lado, pese a que el liquidador reclamó que el mencionado bien le fuera
entregado para su administración por razón del manejo indebido que se venía
ejerciendo sobre el mismo, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó mediante
providencia del 13 de mayo de 2008 negó la solicitud.

7) El 13 de septiembre de 2011, el nuevo titular del Juzgado Civil del Circuito de
Apartadó advirtió que desde hacía un año el secuestre no reportaba su gestión, de
manera que a través de auto del 18 de octubre de 2011 ordenó su remoción; en esa
misma decisión se dispuso la entrega del inmueble al liquidador para su
administración.

8) El 2 de noviembre de 2011, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó llevó a cabo
la diligencia de entrega del mencionado bien, momento en el cual se constató que
su estructura interna había sido modificada y que presentaba un deterioro
significativo.

5

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

9) El 12 de julio de 2013, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó adjudicó el
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 034-12501 en dación en
pago en favor de los acreedores.

10) Con fundamento en los anteriores hechos, la parte actora solicita declarar la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Rama Judicial porque, a
su juicio, el trámite de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César
Alzate Zuluaga estuvo viciado desde su inicio, por cuanto, i) se admitió la petición
de liquidación sin que se cumplieran los requisitos de legitimación exigidos en el
artículo 215 de la Ley 222 de 1995; ii) se designó un secuestre para que se hiciera
cargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 034-12501
cuando no era necesario, pues, este debió entregarse al liquidador conforme al
artículo 166 ibidem; iii) el secuestre administró indebidamente el inmueble y permitió
su deterioro, incluídos los bienes que se encontraban en su interior; iv) se nombró
como secuestre a una persona que no hacía parte de la lista oficial de auxiliares de
la justicia; v) se desatendieron las reiteradas quejas de las partes y del liquidador
relativas a la administración del inmueble y, vi) de manera arbitraria se impuso una
inhabilidad al señor Libio César Alzate Zuluaga para ejercer su actividad como
comerciante (fls. 520 a 528 cdno. ppal).

3. Contestación de la demanda

1) Por auto del 5 de agosto de 2014 se admitió la demanda respecto de la Nación -
Rama Judicial (fl. 533 a 534 cdno. ppal) y se ordenó la notificación personal de la
entidad accionada.

A través de escrito radicado el 14 de enero de 2015, la Nación - Rama Judicial se
opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que i) el medio de control
judicial de reparación directa se encuentra caducado, puesto que la parte actora
expuso que el deterioro del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
número 034-12501 se evidenció con ocasión de la diligencia de entrega al liquidador
realizada el 2 de noviembre de 2011, de modo que teniendo en cuenta la suspensión
de términos por la solicitud de conciliación extrajudicial, la demanda debió
interponerse a más tardar el 21 de marzo de 2014 y, ii) las actuaciones del Juzgado
Civil del Circuito de Apartadó se ajustaron al ordenamiento jurídico (fls. 547 a 552
cdno. ppal).

6

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El 8 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la solicitud
de coadyuvancia a la demanda presentada por el señor Luis Carlos Álvarez
Machado, quien actuó como apoderado judicial del señor Libio César Alzate
Zuluaga en el marco del proceso de liquidación obligatoria de su patrimonio (fls. 574
a 575 cdno. ppal)3.

4. Audiencia inicial

El 12 de junio de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo fijó que el litigio se circunscribía a lo
siguiente:

“El problema jurídico se contrae a establecer, si en el presente caso los
demandantes sufrieron perjuicios morales y patrimoniales como
consecuencia de la admisión del proceso con radicado 05045-31-03-001-
2006-00087-00 del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó y con la
administración que en el curso de ese proceso se le dio a los bienes
sometidos a las medidas de embargo y secuestro. Y una vez determinado
lo anterior, establecer si el daño antijurídico alegado por la sociedad
demandante, le es imputable a la entidad demandada” (fls. 585 a 591
cdno. ppal).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 18 de julio de 2025
declaró la caducidad del medio de control judicial de reparación directa (índice 71
SAMAI primera instancia); como argumentos de la decisión expuso lo siguiente:

1) En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se
tiene que en el marco del proceso jurisdiccional de liquidación obligatoria del
patrimonio del comerciante César Libio Alzate Zuluaga en diligencia del 2 de
noviembre de 2011, en la cual se hizo entrega del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 034-12501 al liquidador, según lo manifestado por la
parte actora se constató que este presentaba un deterioro significativo; en ese
sentido, dicha actuación constituyó el momento en el cual los demandantes tuvieron
conocimiento pleno del daño alegado.

3
Al respecto se destaca lo siguiente: “(…) En el caso objeto de estudio, se observa a folios 73 al 78
del expediente, contrato de prestación de servicios suscrito entre los señores Luis Carlos Álvarez
Machado y Livio César Álzate Zuluaga con el fin de que el primero asumiera como apoderado del
segundo dentro del proceso de liquidación obligatoria que se tramitó en el Juzgado Civil del Circuito
de Apartadó bajo el radicado 2006-00087 lo que acredita su interés directo y la relación sustancial
con la parte aquí demandante” (fl. 574 cdno. ppal).

7

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Así las cosas, el término para acudir a la administración de justicia debe
contabilizarse a partir del 3 de noviembre de 2011, de modo que, en principio, vencía
el 3 de noviembre de 2013; no obstante, no debe perderse de vista que la solicitud
de conciliación extrajudicial fue presentada el 12 de diciembre de 2012 y fue
declarada fallida 16 de abril de 2013.

En consecuencia, la parte actora podía presentar la demanda hasta el 13 de marzo
de 2014; sin embargo, como esta fue radicada el 21 de mayo de 2014, el medio de
control judicial de reparación directa se encuentra caducado.

2) En cuanto a los errores judiciales alegados se advirtió que las providencias
enjuiciadas fueron adoptadas en el año 2006, razón por la cual se concluyó que las
pretensiones relacionadas con este aspecto también se encuentran caducadas.

6. Recurso de apelación

El 5 de agosto de 2025, la parte actora interpuso recurso de apelación (índice 74
SAMAI), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen
así:

1) El a quo erró al contabilizar el término de caducidad a partir del 2 de noviembre
de 2011, pues, la entrega del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
número 034-12501 no implicó la finalización del proceso de liquidación obligatoria
del patrimonio del señor Libio César Alzate Zuluaga.

2) La autoridad judicial de primera instancia no tuvo en cuenta que la liquidación
forzada del patrimonio del señor Libio César Alzate Zuluaga constituyó uno de los
daños ocasionados por el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, derivado de
diversas irregularidades, entre ellas i) permitió la acumulación de un proceso
ejecutivo al trámite de liquidación con el fin de justificar la cuantía y permitir su
admisión bajo la Ley 222 de 1995; ii) el decreto de medidas cautelares, como el
embargo y secuestro de cuentas bancarias, de los inmuebles identificados con las
matrículas inmobiliarias números 034-12501 y 034-4701, así como también del
establecimiento de comercio denominado Centro Comercial Surtimercados, pese a
que su valor superaba ampliamente las pretensiones; iii) la designación de un
secuestre que no cumplía los requisitos legales y que administró indebidamente el
inmueble, circunstancia que ocasionó su deterioro y, iv) la imposición de la
inhabilidad para ejercer el comercio al señor Libio César Alzate Zuluaga.

8

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3) Para efectos del cómputo de la caducidad deben tenerse en cuenta los oficios
números 1181 del 12 de julio de 2013, 1256 del 5 de agosto de 2013 y 4439 de
octubre 5 de 2015 mediante los cuales el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó
comunicó a distintas entidades financieras que a través de auto del 11 de julio de
2013 ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo definitivo del
trámite de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate
Zuluaga4.

4) Hay lugar a aplicar los principios pro damato y pro actione, lo mismo que la
jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia SU-659 de 2015 que
establece que el cómputo del término de caducidad no puede hacerse de manera
rígida sino que debe garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la
reparación integral.

5) En este caso concreto se produjo un daño continuado, de manera que el término
de caducidad debe contabilizarse desde el momento en que cesaron los efectos del
proceso de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate
Zuluaga, esto es, a partir del 12 de julio de 2013, día siguiente a la finalización de
dicho trámite.

6. Actuación surtida en segunda instancia

En providencia del 18 de noviembre de 2025 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso
de apelación formulado por la parte actora y el 19 de marzo de 2026 (índice 15
SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto
en el artículo 247 numeral quinto de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a

4
Junto con el recurso de apelación se aportaron los referidos documentos para que fueran tenidos
en cuenta como pruebas en segunda instancia; no obstante, por auto del 4 de marzo de 2026 se
negó la solicitud (índice 11 SAMAI). En efecto, en cuanto a los oficios números 1256 del 5 de agosto
de 2013 y 1181 del 12 de julio de 2013 se advirtió que ya habían sido decretados e incorporados en
el trámite de primera instancia; de otra parte, respecto del oficio número 4439 del 5 de octubre de
2015 y de una petición de historial crediticio del 15 de septiembre de 2015 se consideró improcedente
su decreto en esta instancia, por cuanto no se configuró ninguna de las hipótesis taxativas previstas
en el artículo 212 del CPACA ni se sustentó la solicitud en alguna de ellas.

9

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La Sala debe determinar si al momento de presentarse la demanda había operado
el fenómeno de la caducidad del medio de control judicial de reparación directa; de
superarse dicho análisis la Sala estudiará si hay lugar o no a hacer un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones.

2. Análisis del caso

2.1 Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se encuentran
demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la
controversia:

1) El 28 de febrero de 2006 la sociedad Corbeta SA solicitó la apertura del trámite
de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate Zuluaga por
considerar que en su condición de comerciante se encontraba en estado de
insolvencia evidenciado en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones
frente a varios acreedores.

Como solicitudes del trámite se formularon las siguientes:

“(…) ORDENAR EMBARGO, SECUESTRO Y AVALUÓ del bien
inmueble que ahora aparece a nombre del deudor, PREDIO URBANO
• LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ubicado en la
carrera 100 número 90-17 de ese municipio, el cual tiene un área de
6.939 metros cuadrados, cuyos linderos aportaré en el momento del
secuestro identificado con el FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
034-12501 de la Oficina de Registro de Turbo - Antioquia.

ORDENAR EMBARGO, SECUESTRO Y AVALÚO del establecimiento
de comercio propiedad del deudor denominado CENTRO
COMERCIAL SURTIMERCADOS, ubicado en la carrera 100 número
90-17 de ese municipio, pero advirtiéndoles en el oficio respectivo que
deben CANCELAR el embargo que ya existe por cuenta del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal, por cuanto esta medida PREVALECE
sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos en que
se persigan bienes del deudor (…).” (fl. 206 cdno. 1 - resalta la Sala)5.

5
Medio magnético 8, pdf “demanda”.

10

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El 31 de marzo de 2006, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia)
ordenó la apertura del trámite de liquidación obligatoria del patrimonio del señor
Libio César Alzate Zuluaga; en consecuencia, dispuso el embargo y secuestro de
los siguientes bienes: i) el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
número 034-12501 ubicado en Apartadó (Antioquia) y, ii) el establecimiento de
comercio denominado Centro Comercial Surtimercados inscrito en la Cámara de
Comercio de Urabá (Antioquia) con la matrícula número 00045326 (fl. 206 cdno. 1)6.

3) El 24 de enero de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
confirmó la anterior decisión (fls. 477 a 482 cdno. ppal).

4) El 30 de abril de 2007, el apoderado judicial del señor Libio César Alzate Zuluaga
solicitó al Juzgado Civil del Circuito de Apartadó que requiriera al secuestre del
inmueble objeto de la medida cautelar para que respondiera por los daños causados
a los bienes ubicados en su interior (fls. 107 a 108 cdno. 1).

5) El 13 de junio de 2007, el apoderado judicial del señor Libio César Alzate Zuluaga
pidió al Juzgado Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) la remoción del secuestre
Héctor Jaime García, así como también la rendición de cuentas del auxiliar de la
justicia; igualmente, requirió la práctica de una inspección judicial sobre el inmueble
con el fin de constatar y valorar los daños causados; de otra parte, exigió la
terminación del contrato de arrendamiento que recaía sobre el bien por considerarlo
lesivo para los intereses del deudor (fls. 413 a 415 cdno. ppal).

6) El 19 de junio de 2007, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó dispuso que una
vez el secuestre rindiera cuentas y se practicara la inspección judicial se procedería
a resolver sobre la eventual remoción del auxiliar de la justicia, lo mismo que sobre
la terminación del contrato de arrendamiento (fls. 416 a 417 cdno. ppal).

7) El 12 de julio de 2007, la autoridad judicial negó la solicitud de remoción del
secuestre Héctor Jaime García por estimar que este se desempeñó conforme al
ordenamiento jurídico, pues, luego de realizarse la inspección judicial al inmueble
se verificó que los bienes que estaban en su interior se encontraban en buen estado
de conservación y, además, el auxiliar de la justicia rindió cuentas de su gestión; de
otra parte, determinó que no era procedente acceder a la terminación del contrato

6
Medio magnético 8, pdf “medidas cautelares”.

11

Expediente 05001-23-33-000-2014-00840-01 (73.393)
Actor: Luz Milena Villegas Alzate y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de arrendamiento por cuanto para ello debía adelantarse un proceso abreviado (fls.
420 a 421 cdno. ppal).

8) El 27 de junio de 2008, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó ordenó la
remoción del secuestre Héctor Jaime García (fls. 136 a 137 cdno. 1).

9) El 8 de julio de 2008, el apoderado judicial del señor Libio César Alzate Zuluaga
promovió un incidente de nulidad respecto del contrato de arrendamiento celebrado
por el secuestre Héctor Jaime García sobre el inmueble identificado con folio de
matrícula inmobiliaria número 034-12501, por considerar que este no contaba con
habilitación legal para celebrar dicho negocio jurídico (fls. 142 a 143 cdno. 1); esta
solicitud fue rechazada de plano por la autoridad judicial mediante auto del 5 de
agosto de 2008 porque no se invocó ninguna causal de nulidad (fl. 144 cdno. 1).

10) El 23 de octubre de 2009, el apoderado judicial del señor Libio César Alzate
Zuluaga pidió al Juzgado Civil del Circuito de Apartadó considerar una oferta de
arrendamiento respecto del inmueble embargado y secuestrado (fl. 134 cdno. 1).

11) El 9 de abril de 2012, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó ordenó a la
sociedad Cardisel entregar el inmueble que le había sido arrendado por el auxiliar
de la justicia Héctor Jaime García previamente removido, al liquidador designado
señor José Luis Echavarría Vélez quien asumiría su administración (fls. 428 a 432
cdno. ppal).

12) El 2 de abril de 2013, el juzgado reconoció al señor Jaime Cardona Montoya
como titular de los créditos y derechos litigiosos pretendidos dentro del proceso (fls.
124 a 130 cdno. 1).

13) El 15 de abril de 2013, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó llevó a cabo la
audiencia de graduación y calificación de créditos (fls. 103 a 106 cdno. 1).

14) El 11 de julio de 2013, el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó realizó la
audiencia final en la cual adjudicó, mediante dación de pago, el 62% de los derechos
de propiedad del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 034-
12501 en favor del acreedor Jaime Cardona Montoya; el 38% restante fue
adjudicado a la empresa VA Promotor SAS por solicitud del deudor.

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Reparación directa
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En consecuencia, se declaró terminado el proceso de liquidación del patrimonio, se
ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y en aplicación del artículo 219
de la Ley 222 de 1995 se dispuso la rehabilitación del señor Libio César Alzate
Zuluaga para ejercer el comercio (fls. 30 a 39 cdno. 1).

15) El 12 de julio de 2013 y el 5 de agosto de 2013, el Juzgado Civil del Circuito de
Apartadó libró varios oficios dirigidos a entidades financieras y comerciales, entre
ellas Bancolombia SA, Bancolombia Leasing SA y la Cámara de Comercio de Urabá
(Antioquia), a través de los cuales informó que por decisión adoptada el 11 de julio
de 2013 se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo definitivo
del expediente (fls. 203 a 206 cdno. 1).

16) Por otro lado, en el marco de un proceso ejecutivo iniciado por el señor Luis
Alonso Osorio Trujillo en contra del señor Libio César Alzate Zuluaga, el 6 de marzo
de 2006 el Juzgado Tercero Promiscuo de Apartadó resolvió acumular la demanda
al proceso ejecutivo con radicación número 2006-00080 en el que figura como
demandante el señor Diego Luis Botero Jaramillo (fls. 455 a 456 cdno, ppal).

2.2 Caducidad del medio de control judicial de reparación directa

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora alega, desde un primer
punto de vista, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
derivado de la indebida administración del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 034-12501, circunstancia que ocasionó el deterioro del bien y,
por otro lado, sostiene que se presentó error judicial en relación con las decisiones
adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) en el marco del
trámite de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate
Zuluaga, particularmente aquellas que dispusieron la apertura del proceso, la
imposición de medidas cautelares y la inhabilidad del demandado para ejercer el
comercio.

En ese contexto, la Sala procederá a analizar de manera separada la configuración
de la caducidad del medio de control judicial frente a cada uno de esos títulos
jurídicos de imputación, en atención a que responden a supuestos fácticos y
jurídicos distintos.

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2.2.1 Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

1) El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad de los medios de
control como una consecuencia por el no ejercicio oportuno de las acciones
judiciales para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los
cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda; si
el recurso judicial se activa por fuera de este lapso aquel perderá la posibilidad de
hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de
justicia.

2) Respecto de la oportunidad para promover el medio de control jurisdiccional de
reparación directa el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
dispone lo siguiente:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:

(…).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…).

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

3) Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que “la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende
el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el
acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero.
Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

4) En consonancia con lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 por medio
del cual se reglamentó la Ley 640 de 2001 erige que la presentación de la solicitud
de la conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el
término de caducidad hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, o hasta que venza

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el término de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que
ocurra primero.

5) El presente asunto, la Sala advierte que en relación con el daño alegado por la
parte actora consistente en el deterioro del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 034-12501 que fue objeto de embargo y secuestro en el marco
del trámite de liquidación obligatoria del patrimonio del señor Libio César Alzate
Zuluaga, fue la propia parte demandante quien señaló en el escrito de demanda que
este se conoció plenamente el 2 de noviembre de 2011 con ocasión de la diligencia
de entrega al liquidador, oportunidad en la cual se evidenció la afectación7.

Sobre este punto es pertinente destacar que si bien el acta de la referida diligencia
no fue aportada al proceso de la referencia, lo cierto es que, la manifestación
efectuada por la parte actora resulta relevante para efectos de fijar el cómputo del
término de caducidad, en tanto no fue desvirtuada en el curso del proceso ni existe
prueba en contrario que permita establecer un momento distinto de conocimiento
del daño.

Aunado a lo anterior, se observa que aunque en el trámite de la primera instancia el
a quo ofició al Juzgado Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) para que remitiera
la totalidad de las actuaciones emitidas en el marco del referido proceso de
liquidación, este solo fue allegado de manera parcial (fls. 635 a 637 cdno. 3), sin
que la parte actora solicitara la práctica de pruebas adicionales ni controvirtiera el
auto que declaró cerrado el periodo probatorio, aspecto que evidencia su
conformidad con el material obrante en el expediente.

De igual manera, la Sala advierte que en el recurso de apelación la accionante no
controvirtió el momento de conocimiento del daño señalado en la demanda, esto es,

7
Al respecto, en la demanda se manifestó lo siguiente: “(…) Fue el mismo juzgado el que hizo
entrega del inmueble al liquidador en la diligencia realizada el 2 de noviembre de 2011. Con ocasión
de esa diligencia de entrega se tuvo la oportunidad de constatar que el diseño interno del inmueble
había sido modificado, separando áreas para darlas en subarriendo, aproximadamente el 50% para
el funcionamiento de ‘CARDISEL’ y una serviteca. De acuerdo con lo consignado en esa acta, y en
la secuencia fotográfica que se adjuntó, se observa que en el inmueble solo se encontró óxido y
basura, pues casi la totalidad de ese inmueble se encontraba prácticamente destruido. Se observó
que por falta de mantenimiento todo lo metálico se encontraba oxidado, derruido, pisos fragmentados
e intervenidos, para ser adecuados a la revisión de vehículos, el techo, al que tantas inversiones
supuestamente hizo el secuestre totalmente averiado, los bienes muebles que habían quedado allí,
totalmente oxidados e inservibles, podrido en sótanos y corredores, incluyendo costosos sistemas
de enfriamiento, sistema eléctrico, lámparas, complejo sistema de compresores para los enfriadores
totalmente arruinados, costosas cavas oxidadas, utilizadas como depósito de herramienta. En
realidad algo lamentable para un costoso inmueble construido apenas seis meses atrás, con todas
las especificaciones modernas y con toda la implementación necesaria para el funcionamiento de un
gran supermercado” (fls. 523 a 524 cdno. ppal).

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el 2 de noviembre de 2011, sino que, limitó su inconformidad a sostener que la
afectación se prolongó hasta la finalización del proceso liquidatorio; en ese sentido,
no existe discusión en torno al momento en que el daño se hizo cognoscible sino
únicamente respecto de su supuesta prolongación en el tiempo.

6) En consecuencia, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del 3 de
noviembre de 2011 de modo que, en principio, vencía el 3 de noviembre de 2013.
En este punto, la Sala precisa que aunque el a quo tomó como fecha de
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de diciembre de 2012,
el acta expedida por la Procuraduría General de la Nación da cuenta de que dicha
petición fue radicada el 30 de noviembre de 2012 (fl. 80 cdno. 1)

Así las cosas, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 30 de noviembre
de 2012 suspendió su curso por un máximo de tres (3) meses, esto es, hasta el 28
de febrero de 2013 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del CPACA.
En ese orden, el plazo se reanudó el 1° de marzo de 2013 y vencía el 3 de febrero
de 2014.

De igual manera, se advierte que a pesar de que el a quo indicó que la demanda
fue presentada el 21 de mayo de 2014, la constancia obrante en el expediente da
cuenta que su radicación tuvo lugar el 8 de mayo de 2014 (fl. 25 cdno. 1); en
consecuencia, se concluye que el medio de control judicial fue ejercido por fuera del
término legal.

7) De otra parte, no resulta procedente trasladar el inicio del cómputo del término
de caducidad a la finalización del proceso liquidatorio como lo propone la parte
apelante; en efecto, mediante decisión del 11 de julio de 2013 se declaró terminado
el trámite, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y se dispuso la
adjudicación del inmueble en dación de pago en favor de los acreedores, lo cual
corresponde al cierre del proceso judicial y no al momento de configuración del daño
cuya reparación se pretende.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado los
conceptos de daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto
sucesivo; respecto del primero se ha precisado que es aquel que resulta susceptible
de identificarse y consumarse en un momento preciso de tiempo y que, si bien
produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, únicamente existe como
tal en el momento en que se produce; en contraposición, el segundo, es aquel que

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no cesa o se prolonga en el tiempo, prolongación que no se predica de los efectos
de este o si se quiere de los perjuicios causados, sino, del daño como tal8;
igualmente, esta Corporación ha distinguido entre el concepto de daño continuado
y la prolongación del daño en el tiempo, así como también respecto de su
agravación, en los siguientes términos:

“Resulta importante también distinguir en este tipo de daño, su
prolongación en el tiempo, de la prolongación en el tiempo de la
conducta que lo produce; toda vez que, lo que resulta importante
establecer, para efectos de su configuración, es lo primero. (…).

Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño
continuado, con la agravación de este. En efecto, en algunas
oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea
este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es
que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda
que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo
después se produce la caída de uno de sus muros.

En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe
contabilizarse el término de la caducidad no cambian; éste debe
contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el
daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no
coincidan. En el ejemplo traído, el término de la caducidad no se contaría
desde la caída del muro, sino desde que se evidenció el daño o se tuvo
noticia de éste, según se dijo.

Los dos tipos de daño analizados (inmediato y continuo), como se
observa, en relación con la acción de grupo, producen unas reglas
bien particulares, que se proceden a sistematizar así:

1) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, debe centrar su atención en éste, y no en los efectos o
perjuicios que se generan, ni en la conducta que lo produce.

2) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, se debe contar desde el momento en que este se produce,
o desde el momento en que se tenga noticia del mismo, en el caso de que
estas dos circunstancias no coincidan.

3) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, cuando éste es continuado, se cuenta desde el momento
en que se deja de producir, a menos que se tenga noticia del mismo en
un momento posterior, caso en el cual se hará a partir de allí.

8
Al respecto, ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. no. 54001-23-31-000-2010-00366-01
(50.922), CP José Roberto Sáchica Méndez; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2023, exp. no. 68001-
23-31-000-2011-00007-01 (57.963), CP Fredy Ibarra Martínez y, iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de septiembre de
2024, exp. no. 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379), CP Fredy Ibarra Martínez.

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4) Las anteriores reglas no cambian, si se presenta una agravación del
daño, toda vez que éste último, se supone, se ha producido con
anterioridad, sea inmediato o continuo” (negrillas de la Sala)9.

Así las cosas, en el presente caso no se configura un daño continuado, toda vez
que la afectación alegada se evidenció y consolidó en un momento determinado sin
que su prolongación en el tiempo pueda predicarse de la simple continuidad del
proceso judicial o de sus efectos.

8) Finalmente, la parte recurrente invoca los principios pro damato y pro actione, así
como también la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia SU-659 de
2015; no obstante, si bien dichos criterios orientan la interpretación de las normas
procesales en favor del acceso a la administración de justicia, ello no implica que
los términos de caducidad puedan flexibilizarse cuando el punto de partida para su
cómputo resulta claro y objetivamente verificable, como ocurre en el presente caso
en que el deterioro del inmueble fue plenamente conocido por los demandantes
desde el 2 de noviembre de 2011, circunstancia que descarta la existencia de duda
razonable que habilite una interpretación favorable, sumado al hecho de que las
normas procesales son de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento
tanto por las partes como por el juez, como expresa y puntualmente lo define el
artículo 13 del Código General del Proceso.

9) Así las cosas, la Sala concluye que frente al daño derivado del presunto
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el medio de control
jurisdiccional de reparación directa fue ejercido por fuera del término legal, razón
por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia.

2.2.2 Error judicial

1) Tratándose de los eventos de responsabilidad por error judicial la jurisprudencia
de esta corporación ha considerado que el término de caducidad del medio de
control judicial de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la
ejecutoria de la providencia que contiene el error.

2) En el presente caso, la Sala observa que la parte actora cuestiona las siguientes
decisiones judiciales proferidas en el marco del proceso de liquidación obligatoria
del patrimonio del señor Libio César Alzate Zuluaga: i) el auto del 31 de marzo de

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
octubre de 2007, exp. no. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), CP Enrique Gil Botero.

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2006, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) ordenó
la apertura del trámite de liquidación obligatoria y decretó las medidas cautelares de
embargo y secuestro sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
número 034-12501 y sobre el establecimiento de comercio denominado Centro
Comercial Surtimercados; ii) la providencia del 24 de enero de 2007 por la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia confirmó la anterior decisión, y iii)
el auto del 26 de noviembre de 2006, a través de la cual se impuso al deudor la
inhabilidad para ejercer el comercio por el término de diez (10) años.

En ese contexto, se advierte que el término de caducidad debe contabilizarse a
partir de la ejecutoria de cada una de dichas providencias, de manera que el término
bienal para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo venció
ampliamente antes de la presentación de la demanda radicada el 8 de mayo de
2014.

3) Si bien la parte apelante sostiene que la liquidación forzada del patrimonio del
señor Libio César Alzate Zuluaga constituyó en sí misma el daño, de manera que el
término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a la decisión del
11 de julio de 2013, en la cual se dio por terminado el proceso y se adjudicó el
inmueble en dación en pago en favor de los acreedores, la Sala considera que dicho
planteamiento no es de recibo.

En efecto, la Sala estima que tratándose de responsabilidad por error judicial el
término para presentar la demanda se contabiliza a partir de la ejecutoria de la
providencia que se estima errada, en la medida en que es en ese momento cuando
el acto jurisdiccional adquiere firmeza, se consolida como manifestación definitiva
de la función judicial y, por tanto, se torna susceptible de ser controvertido ante esta
jurisdicción; además, en este caso concreto, desde ese momento se hicieron ciertos
y cognoscibles los daños atribuidos a dichas decisiones, pues, las medidas
cautelares y la inhabilidad para ejercer el comercio comenzaron a producir los
efectos que la parte actora califica como lesivos.

Por consiguiente, no resulta jurídicamente viable trasladar el inicio del cómputo a la
fecha en que finalizó el trámite de liquidación, pues, dicha decisión no contiene el
error judicial que se reprocha; ciertamente, el eventual yerro se predica de
providencias anteriores, de manera que fijar el punto de partida en la terminación
del proceso implicaría desvincular el cómputo del término del acto que origina el
daño y hacerlo depender de una actuación posterior que no es objeto de

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cuestionamiento.

4) Sin perjuicio de lo anterior, aun si en gracia de discusión se entendiera que la
parte actora pretende atribuir error a la providencia del 11 de julio de 2013, lo cierto
es que en la demanda no se expusieron las razones por las cuales dicha decisión
sería contraria a derecho; en efecto, los cuestionamientos formulados por la parte
actora se dirigen, en realidad, contra el auto que admitió el trámite de liquidación
obligatoria y las actuaciones iniciales del proceso, y no contra la decisión que lo
culminó.

En ese sentido, no resulta admisible, en sede de apelación, modificar el punto de
partida del término de caducidad con fundamento en una providencia respecto de
la cual no se formuló un reproche específico ni se estructuró un cargo autónomo de
error jurisdiccional.

5) De otra parte, en el recurso de apelación se alega que la autoridad judicial
permitió la acumulación de un proceso ejecutivo al trámite de liquidación con el fin
de justificar la cuantía y posibilitar su admisión bajo la Ley 222 de 1995; sin embargo,
la Sala advierte que dicho reproche no fue planteado en la demanda como
fundamento autónomo de responsabilidad, de modo que su introducción en esta
etapa procesal comporta una modificación de la causa petendi en contravía de los
principios de congruencia y de defensa que rigen el proceso.

En todo caso, se observa que la decisión de acumulación fue adoptada el 6 de
marzo de 2006 por el Juzgado Tercero Promiscuo de Apartadó (Antioquia), dentro
del proceso ejecutivo identificado con la radicación número 2006-00080, por lo que
el término de caducidad debía contabilizarse a partir de su ejecutoria; en
consecuencia, para la fecha de presentación de la demanda dicho término se
encontraba ampliamente vencido.

6) Finalmente, la parte actora invoca la aplicación de los principios pro damato y pro
actione para sostener que el cómputo del término de caducidad no puede efectuarse
de manera rígida; no obstante, como se indicó previamente, tales criterios no
resultan aplicables cuando no existe duda razonable sobre el momento en que el
daño se hizo cierto y cognoscible, o como en este asunto cuando las providencias
que se estiman constitutivas de error judicial se encuentran plenamente
identificadas en el tiempo.

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En el presente caso, las decisiones que se reprochan como constitutivas de error
judicial fueron proferidas en los años 2006 y 2007, de manera que no existe
incertidumbre que habilite una interpretación flexible del término; por lo tanto, no hay
lugar a aplicar los principios invocados, pues, su utilización no puede conducir a
desconocer las reglas que gobiernan la caducidad del medio de control judicial.

7) Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
caducidad del medio de control en relación con las pretensiones encaminadas a
obtener la declaratoria de responsabilidad por error judicial.

3. Conclusión

En síntesis, la Sala concluye que el medio de control jurisdiccional de reparación
directa fue ejercido por fuera del término legal tanto frente al alegado defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, así como también respecto del error
judicial; por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la caducidad.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP se condenará en costas de esta instancia a la parte actora, las cuales deberán
incluir las agencias en derecho que se hubieren causado.

Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control
jurisdiccional de reparación directa.

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2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva parcialmente el voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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