Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2013-00180-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2013-00180-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-005-2013-00180-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de septiembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: INMACULADA MAZA DE PATERNINA
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL RIO GRANDE DE
LA MAGDALENA (CORMAGDALENA) Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS CAUSADOS
CON OCASIÓN DEL FENÓMENO DE “LA NIÑA” –
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Síntesis del caso: se demanda a la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena
y otras entidades con el fin de que se les declare patrimonial y extracontractualmente
responsables por la omisión en el cumplimiento de sus deberes en relación con el
mantenimiento del Canal del Dique, circunstancia que de manera conjunta con el denominado
fenómeno de “La Niña”, acaecido entre los años 2010 y 2011, derivó en distintos daños
materiales en un inmueble de propiedad de la demandante ubicado en el municipio de Manatí
(Atlántico). Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de
“fuerza mayor” propuesta por las entidades demandadas y, en su lugar, se declara probado
el medio exceptivo de “caducidad” alegado por el Instituto Nacional de Vías (Invias) y por el
Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) por haberse presentado la demanda por fuera del plazo
de dos (2) años previsto en el artículo 136 del CCA para tal efecto.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 1475
a 1478 cdno. de apelación) en contra de la sentencia proferida el 14 de noviembre de
2017 por la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 1434 a
1452 cdno. de apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por
los demandados, con exclusión de la denominada Fuerza Mayor, la cual se
declara probada.
SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin costas (Art. 188 Ley 1437 de 2011).
CUARTO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la
Ley 1437 de 2011.
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
Reparación directa – CPACA
Apelación de sentencia
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente” (fls. 1451
a 1452 cdno. de apelación – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2013, la señora Inmaculada Maza de
Paternina, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías,
la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena, la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico y el Departamento del Atlántico (fls. 1 a 13 cdno. no.
1) con las siguientes pretensiones:
“1. Que la nación (sic) representada por el Ministerio de transporte (sic),
representada a su vez en esta ciudad por el doctor Héctor Enrique Posada
Viana, Instituto Nacional de Vías, representada por Luiggio Alberto Pugliese
Mercado, Corporación Regional de Río Grande la Magdalena, representada
por Augusto García Rodríguez, Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, representada por Alberto Escolar y La gobernación del Atlántico,
representada por José Antonio Segebre, son solidarias y
administrativamente el daño antijurídico y/o daño especial que se le causó
a mi mandante con ocasión del crudo invierno que cayó sobre nuestro país
en el 2010 y a pesar del peligro inminente que se veía venir, ninguna de
estas autoridades tomó las prevenciones del mismo, lo que ocasionó el
rompimiento del canal del Dique, inundando a varios municipios del
departamento del Atlántico, incluido el municipio de Manatí donde mi
representada tenía su finca y su casa de vivienda en el casco urbano de
dicho municipio, omisiones que causaron un grave daño material en toda su
finca, como fue en cercas, pastos, puente, animales domésticos como reses,
entre otros, además, su casa ubicada en el municipio sufrió todo el deterioro
que causa permanecer debajo de las aguas desde el 30 de noviembre de
2010 hasta junio del 2012, mes en el cual comenzaron a descender estas
aguas gracias a algunas motobombas que fueron instaladas para dicho fin.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene reconocer
y pagar de manera solidaria a mi mandante la suma de dinero adeudadas
por concepto de indemnización, sufridos con ocasión de esta inundación,
los cuales más adelante enumeraremos, daños estos que demuestran la
falla del servicio y falla en las diferentes administraciones de los
demandados”.
2) El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, que el 30 de noviembre de
2010 se produjo el rompimiento del denominado “Canal del Dique” como
consecuencia de la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus
deberes en relación con el mantenimiento de aquel, lo cual causó la inundación de
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
Reparación directa – CPACA
Apelación de sentencia
varios predios, entre ellos, el identificado con matrícula inmobiliaria no. 045-17648 de
propiedad de la demandante.
En ese contexto, los demandantes sufrieron una serie de perjuicios materiales (daño
emergente y lucro cesante) que deben ser reparados.
3) Como fundamento jurídico de la demanda la parte actora invocó, entre otras
normas, los artículos 2, 6, 11 y 90 de la Constitución Política; adujo que en este caso
concreto la entidad demandada desconoció su obligación de amparar la vida, honra y
bienes de la demandante al permitir el rompimiento del Canal del Dique a pesar de
que la ocurrencia de ese hecho era previsible.
4) En relación con la contabilización del término de caducidad del medio de control
jurisdiccional de reparación directa, indicó que lo pretendido tiene como causa un daño
continuado y, en consecuencia, que el término de caducidad debe contabilizarse
desde la fecha en que cesó la conducta vulnerante, esto es, desde el 5 de julio de
2012, toda vez que solo hasta esa fecha cesaron las inundaciones y la demandante
pudo acceder a los predios de su propiedad (fl. 11 cdno. ppal. no. 1).
2. Trámite procesal
1) El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda mediante auto de 14
de mayo de 2013 y ordenó su notificación a las entidades demandadas (fls. 74 a 76
cdno. no. 1).
2) El Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder)1
formularon, entre otras excepciones, la de “caducidad” por el hecho de que la
demanda se presentó por fuera del término de dos (2) años previsto en el artículo 87
del CCA para tal efecto, el cual debe computarse a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o, desde cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior, siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (fls. 920 a
925 y 1110 a 1119 cdno. ppal. no. 1).
1 Entidad que fue vinculada al proceso en la condición de litisconsorte necesario (fls. 1074 a 1079 cdno.
ppal. no. 1) y que posteriormente fue sucedida en el proceso por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
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Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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3) Por auto de 25 de agosto de 2017, el tribunal corrió traslado a las partes para
presentar alegaciones de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto
(fls. 1320 a 1321 cdno. ppal. no. 1).
La parte actora se refirió a las pruebas válidamente decretadas y practicadas en el
proceso, a partir de las cuales concluyó que están probados los elementos necesarios
para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual en la forma y términos
señalados en el líbelo introductorio (fls. 1352 a 1354 cdno. no. 1).
A su turno, las entidades demandadas reiteraron integralmente los argumentos
expuestos en sus respectivos escritos de contestación de la demanda (fls. 1336 a
1351 y 1356 a 1427 cdno. ppal. no. 1); el Ministerio Público guardó silencio en esta
etapa procesal.
3. La sentencia de primera instancia
El 14 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada
la excepción de “fuerza mayor”, pues, el hecho dañoso por el cual se demanda, esto
es, la rotura del denominado Canal del Dique, acaeció como consecuencia de una
serie de precipitaciones que superaron los límites históricos; en consecuencia, se
negaron las súplicas de la demanda (fls. 1434 a 1452 cdno. de apelación).
4. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación el
cual fue concedido mediante auto de 19 de febrero de 2018 (fls. 1480 a 1481 cdno.
de apelación) y admitido por esta Corporación en providencia del 7 de junio del mismo
año (fl. 1541 cdno. de apelación) para lo cual se arguyó, en síntesis, que el hecho
dañoso ocurrió como consecuencia de la omisión de las entidades demandadas en el
cumplimiento de sus deberes en relación con el mantenimiento del Canal del Dique y
no por el acaecimiento de una serie de hechos constitutivos de fuerza mayor; por otra
parte, se solicitó como prueba en segunda instancia oficiar a dos medios de
comunicación para que remitieran a este expediente judicial copia de distintas
emisiones televisivas que dan cuenta de los hechos objeto de la controversia (fls. 1475
a 1478 cdno. de apelación)
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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Apelación de sentencia
5. El trámite de segunda instancia
1) Mediante providencia de 13 de julio de 2018 se negó la petición de pruebas elevada
por la parte actora por no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 212 del CPACA para su decreto en segunda instancia (fls. 1544 a 1546 cdno.
de apelación).
2) Por auto de 7 de septiembre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio
Público para emisión de concepto (fl. 1570 cdno. de apelación).
3) La Agencia de Desarrollo Rural (fls. 1576 a 1591 cdno. de apelación), el Instituto
Nacional de Vías (fls. 1608 a 1617 cdno. de apelación) y el Ministerio de Transporte
(fls. 1618 a 1631 cdno. de apelación) solicitaron confirmar la sentencia de primera
instancia por estar probada la excepción denominada “fuerza mayor”.
4) La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) la
presentación oportuna de la demanda, 3) conclusión y 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Corresponde a la Sala determinar si en este asunto las entidades demandadas
son patrimonialmente responsables de los daños materiales causados en una serie
de bienes muebles e inmuebles de propiedad del actor como consecuencia de una
inundación derivada del rompimiento de un tramo de la carretera que colinda con el
Canal del Dique, bienes situados en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico).
2) La sentencia de primera instancia negó la responsabilidad de las entidades
demandadas por considerar que en este caso se configuró la causal eximente de
responsabilidad de “fuerza mayor”.
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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3) La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará probada la
excepción de “caducidad” esgrimida por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y por el
Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) por haberse presentado la demanda por fuera
del plazo de dos (2) años previsto en el artículo 87 del CCA para tal efecto, pues, el
referido término transcurrió entre el 1º de diciembre de 2010 y el 16 de enero de 2013 2,
al paso que la demanda se interpuso el 15 de febrero de 2013.
2. La presentación oportuna de la demanda
1) Según lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo3, la
demanda deberá presentarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día
siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.
2) De igual manera, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado entre
daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo; respecto del
primero se ha precisado que es aquel que resulta susceptible de identificarse y
consumarse en un momento preciso de tiempo y que, si bien produce perjuicios que
se pueden proyectar hacia el futuro, únicamente existe como tal en el momento en
que se produce, en contraposición al segundo, esto es, aquel que no cesa o se
prolonga en el tiempo, prolongación que no se predica de los efectos de este o si se
quiere de los perjuicios causados, sino, del daño como tal4.
3) Asimismo, esta Corporación ha distinguido entre el concepto de daño continuado y
la prolongación del daño en el tiempo, así como también respecto de su agravación,
en los siguientes términos:
2 En atención a que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 25 de octubre y el 13 de
diciembre de 2012 por virtud de la petición de conciliación extrajudicial elevada por la parte demandante
(fls. 36 a 37 cdno. ppal. no. 1).
3 Norma aplicable por el hecho de que el término de caducidad empezó a correr en vigencia del CCA,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624
del CGP, que dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo (…) los términos
que hubieren comenzado a correr (…) se regirán por las leyes vigentes cuando (…) empezaron
a correr los términos (…)” (se destaca).
4 Al respecto, ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. no. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), CP Enrique Gil
Botero, ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. no. 54001-23-31-000-2010-00366-01 (50.922), CP José
Roberto Sáchica Méndez y, iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2023, exp. no. 68001-23-31-000-2011-00007-01
(57.963), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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“Resulta importante también distinguir en este tipo de daño, su
prolongación en el tiempo, de la prolongación en el tiempo de la
conducta que lo produce; toda vez que, lo que resulta importante
establecer, para efectos de su configuración, es lo primero. (…).
Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño
continuado, con la agravación de este. En efecto, en algunas
oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este
inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste
se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se
evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se
produce la caída de uno de sus muros.
En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe
contabilizarse el término de la caducidad no cambian; éste debe
contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el daño
o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no
coincidan. En el ejemplo traído, el término de la caducidad no se contaría
desde la caída del muro, sino desde que se evidenció el daño o se tuvo
noticia de éste, según se dijo.
Los dos tipos de daño analizados (inmediato y continuo), como se observa,
en relación con la acción de grupo, producen unas reglas bien particulares,
que se proceden a sistematizar así:
1) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir
del daño, debe centrar su atención en éste, y no en los efectos o perjuicios
que se generan, ni en la conducta que lo produce.
2) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir
del daño, se debe contar desde el momento en que este se produce, o desde
el momento en que se tenga noticia del mismo, en el caso de que estas dos
circunstancias no coincidan.
3) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir
del daño, cuando éste es continuado, se cuenta desde el momento en que
se deja de producir, a menos que se tenga noticia del mismo en un momento
posterior, caso en el cual se hará a partir de allí.
4) Las anteriores reglas no cambian, si se presenta una agravación del daño,
toda vez que éste último, se supone, se ha producido con anterioridad, sea
inmediato o continuo”5.
4) Del análisis del texto de la demanda se advierte que la parte actora arguyó que el
30 de noviembre de 2010 se produjo la rotura del Canal del Dique lo cual provocó la
inundación de las poblaciones circunvecinas y, de manera específica, generó distintas
afectaciones en un predio de su propiedad situado en el municipio de Manatí
(Atlántico); en ese contexto, es palmario para la Sala que, contrario a lo señalado en
el escrito de la demanda, el daño por el cual se demanda no tiene el carácter de
continuado, porque se produjo y se consolidó en un único momento, esto es, con la
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
octubre de 2007, exp. no. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), CP Enrique Gil Botero.
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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inundación del predio objeto de la controversia, lo cual ocurrió, se reitera, el día 30 de
noviembre de 2010, tal como se reconoce, expresa e inequívocamente, en el escrito
de demanda.
5) En ese orden, el plazo para presentar la demanda de reparación directa inició su
cómputo el 1º de diciembre de 2010 y, por lo tanto, el plazo máximo para su radicación
vencía, en principio, el 1º de diciembre de 2012; no obstante, el término de caducidad
estuvo suspendido entre el 25 de octubre y el 13 de diciembre de 2012 por motivo de
la petición de conciliación extrajudicial elevada por la parte demandante (fls. 36 a 37
cdno. ppal. no. 1), circunstancia por la cual el término para presentar la demanda se
extendió hasta el 16 de enero de 2013.
4) Así las cosas, como la demanda se presentó el 15 de febrero de 2013, se impone
concluir que fue formulada por fuera de la oportunidad legal prevista para ello.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando la acción de reparación directa ya había
caducado se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control, dado que su interposición fue
abiertamente extemporánea.
4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
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Expediente: 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379)
Actor: Inmaculada Maza de Paternina
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Apelación de sentencia
FALLA:
1°) Revócase la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017 por la Sala de
Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, declárase probada
la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.
2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor de las
entidades demandadas; tásense de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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