Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-01167-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2018-01167-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2018-01167-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
7 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: LIBIA CAMACHO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS
A UN GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD –
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Síntesis del caso: se pretende que se declare patrimonial y extracontractualmente
responsables al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por el supuesto desplazamiento
forzado del cual fueron víctimas los integrantes del grupo actor como consecuencia de la
omisión de dichas entidades en el cumplimiento de su deber legal y constitucional de
proteger a la población de la zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima) entre el 1° y
el 28 de abril del 2000. La sentencia de primera instancia (i) declaró no probada la
excepción de “caducidad” por estimar que el desplazamiento forzado es un daño
continuado y, por ende, el término de caducidad del medio de control jurisdiccional de
reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas debe contarse ya sea
desde que se produzca el retorno en condiciones seguras o desde la reubicación del
desplazado y, (ii) negó las súplicas de la demanda porque a pesar de que en el
expediente obran varios informes sobre el impacto del desplazamiento forzado en
Colombia, estos no acreditan la omisión de las entidades demandadas en la protección
de la población de la zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima) entre el 1° y el 28 de
abril del 2000. Se revoca la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar
probada la excepción de ”caducidad” del medio de control jurisdiccional de reparación de
los perjuicios causados a un grupo de personas, toda vez que está acreditado en el
expediente que la demanda fue presentada por fuera del término legal de dos (2) años
previsto para tal efecto, contabilizado a partir de la ejecutoria de la sentencia SU-254 de
2013, aunado al hecho de que no se acreditó en el expediente la existencia de alguna
situación específica que hubiese impedido a los demandantes el ejercicio del derecho de
acción ni se probó que el daño cuya reparación se pretende sea de carácter continuado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
1013 a 1032 cdno. de apelación) en contra de la sentencia proferida el 16 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A mediante la cual se dispuso:
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
“PRIMERO.- NEGAR la excepción de caducidad del medio de control,
propuesta por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones.
TERCERO.- Sin condena en costas.
CUARTO.- En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia
de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y
de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese previas las
constancias del caso, y, por Secretaría, ARCHÍVESE y DÉJESE
inactivo el expediente en el sistema de información SAMAI, previas las
constancias pertinentes” (índice 75 SAMAI de la primera instancia –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2018, la señora Libia Camacho
y los demás miembros del grupo actor por intermedio de apoderado judicial
promovieron el medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios
causados a un grupo de personas en contra del Ejército Nacional y la Policía
Nacional, con el objeto de que se les declare patrimonial y extracontractualmente
responsables por la omisión en el cumplimiento de su deber legal y constitucional
de proteger a la población de la zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima)
con el objeto evitar el desplazamiento forzado del que supuestamente fueron
víctimas los integrantes de la parte actora entre el 1° y el 28 de abril del 2000
(índice 75 SAMAI de la primera instancia), con las siguientes pretensiones:
“1-.Se declare que - LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL y/o POLICIA
NACIONAL son administrativamente responsables por los daños y
perjuicios, de todo orden patrimoniales y no patrimoniales, daños
morales, a la vida de relación y a cualquier otro bien, derecho o interés
convencional o constitucionalmente amparado; causados y futuros, de
que son titulares las personas indicadas como "Parte demandante" en
el Capítulo I de esta demanda, así como las personas que se hagan
parte en el proceso, se integren al grupo o se acojan a los efectos de la
sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la
misma Ley, por los daños que les fueron causados como consecuencia
del desplazamiento forzado por la violencia, de que fueron víctimas y la
violación de sus derechos a la vida digna, libertad, integridad, seguridad
y justicia; tal desplazamiento se produjo como efecto obligado de los
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
hechos de violencia ocurridos en la región del sur del departamento de
Tolima, zonas rurales del municipio de Rioblanco, en particular en el
corregimiento de Puerto Saldaña, las veredas El Cambrin, El Placer, La
Cumbre, Palmaseca, Los Limones, Alto Bonito, Sitio, Parada la
Cascada, El Espejo, La Aurora y La Ocasión, entre el 1 y el 28 de abril
de 2000, en hechos en los que fueron asesinadas al menos 27
personas.
1-. (Sic) Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a,
LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
• EJERCITO NACIONAL y/o POLICIA NACIONAL pagar de manera
solidaria y por concepto de perjuicios no patrimoniales inclusive
aquellos derivados de la alteración de su vida de relación familiar, social
y afectiva, causados y futuros y la violación de sus derechos a la vida
digna, libertad, integridad, seguridad y justicia, la suma de 200 salarios
mínimos mensuales legales vigentes las personas indicadas como
"Parte demandante" en el Capítulo I de esta demanda, así como a las
personas que se hagan parte en el proceso, se integren al grupo o se
acojan a los efectos de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Con las anteriores sumas se
busca indemnizar el desplazamiento forzado por la violencia, de que
fueron víctimas los demandantes, el cual se produjo como
consecuencia obligada de los hechos de violencia ocurridos en el
corregimiento de Puerto Saldaña, las veredas El Cambrin, El Placer, La
Cumbre, Palmaseca, Los Limones, Alto Bonito, Sitio, Parada la
Cascada, El Espejo, La Aurora y La Ocasión del municipio de Rioblanco
(Tolima), entre el 1 y el 28 de abril de 2000, en hechos en los que fueron
asesinados al menos a 27 personas.
2-. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a, LA
NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y/o
POLICIA NACIONAL pagar de manera solidaria por daños y perjuicios
patrimoniales de que son titulares las personas indicadas como "Parte
demandante" en el Capítulo I de esta demanda, así como a las
personas que se hagan parte en el proceso, se integren al grupo o se
acojan a los efectos de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, la suma mínima de $24.918.345
o aquellas sumas que resulten probadas durante el proceso, por
concepto de perjuicios patrimoniales para todos y cada uno de los
demandantes así como a las personas que se hagan parte en el
proceso, se integren al grupo o se acojan a los efectos de la sentencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
Con las anteriores sumas se busca indemnizar el desplazamiento
forzado por la violencia, de que fueron víctimas los demandantes, el
cual se produjo como consecuencia obligada de los hechos de violencia
ocurridos en el municipio de Rioblanco en el departamento de Tolima,
en particular en el corregimiento de Puerto Saldaña, las veredas El
Cambrin, El Placer, La Cumbre, Palmaseca, Los Limones, Alto Bonito,
Sitio, Parada la Cascada, El Espejo, La Aurora y La Ocasión del
municipio de Rioblanco, entre el 1 y el 28 de abril de 2000, en hechos
en los que fueron asesinados al menos a 27 personas.
3-. Que como parte de la reparación integral del perjuicio establecida
en la Ley 446 de 1998, que fuere causado con el mencionado
desplazamiento forzado, se ordene a LA NACION COLOMBIANA -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- - EJÉRCITO NACIONAL,
desarrollar un programa de retorno en condiciones de voluntariedad
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
para facilitar a las personas que no han retornado las condiciones de
seguridad y socioeconómicas que hagan posible el retorno a sus
lugares de habitación, residencia y trabajo, de los miembros del grupo,
que obran como demandantes en este demanda, como a las personas
que se hagan parte en el proceso, se integren al grupo o se acojan a
los efectos de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 55 de la misma Ley, en este orden de ideas que se realicen las
diligencias necesarias para la restitución de sus parcelas, así como
para que sus viviendas sean habitables y cuenten con los servicios
públicos que garanticen
4-. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de
responsabilidad y la naturaleza de los hechos que dan origen a esta
demanda, sea calificada la masacre de Puerto Saldaña, las muertes
ocurridas y el desplazamiento forzado como delitos de lesa humanidad
5-. Que como consecuencia de las declaraciones de responsabilidad y
de la aplicación de la Ley y la jurisprudencia, se proceda a la
actualización de los valores a los cuales fueren condenadas las
demandadas y se reconozcan los intereses legales liquidados con la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde
la fecha de los hechos hasta que se liquide y se pague efectivamente
la sentencia que ponga fin al proceso.
6-. Que las partes demandadas den cumplimiento a la sentencia en los
términos de los arts. 192 a 195 del CPACA” (fls. 2 a 3 cdno. ppal. no. 1
– negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
2) Como fundamento fáctico de la demanda se indicó, en síntesis, que las
entidades demandadas incumplieron su deber legal y constitucional de proteger
a la comunidad, lo cual tuvo como consecuencia directa que durante el periodo
comprendido entre el 1° y el 28 de abril del 2000 fueran desplazadas de manera
forzosa alrededor de 400 personas, máxime en consideración de que (i) la
violencia generalizada en el sur del departamento del Tolima era un hecho notorio
y de público conocimiento y (ii) tanto el Ejercito Nacional como la Policía Nacional
conocían de las amenazas a la población de la zona rural del municipio de
Rioblanco (Tolima).
3) Como fundamento jurídico de la demanda la parte actora invocó, entre otras
normas, el artículo 90 de la Constitución Política; adujo que para este caso
concreto las entidades demandadas no hicieron nada para evitar el
desplazamiento por el cual se demanda a pesar de que conocían de las
amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley a los habitantes de la
zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima) y, además, “el ambiente
beligerante de la zona estaba más que anunciado” (fl. 24 cdno. ppal. no. 1); en
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
relación con la caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la
demanda se alega que (i) el desplazamiento forzado es un crimen de lesa
humanidad, motivo por el cual de conformidad con distintos instrumentos de
derecho internacional y varias sentencias tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado no existe un término para presentar la demanda; (ii) la
regla de unificación prevista en la SU-254 de 2013 solo es aplicable “en los
eventos en que haya cesado el desplazamiento, se hayan consolidado los
derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y se haya logrado la
consolidación y estabilización económica antes de la referida sentencia”; (iii) el
desplazamiento forzado es un daño continuado, pues, en estos casos la conducta
vulnerante no ha cesado y, (iv) no se han dado las condiciones suficientes para
que los desplazados retornen a sus territorios ni para que se garantice su
sobrevivencia (fls. 40 a 41 cdno. ppal. no. 1).
2. Trámite procesal
1) Por auto del 29 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Primera – Subsección A admitió la demanda y ordenó su notificación a
los representantes legales de las entidades demandadas, al Ministerio Público, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Defensoría del Pueblo
(fls. 701 a 702 cdno. ppal. no. 2).
2) La Policía Nacional contestó la demanda y propuso, entre otras excepciones,
la de “caducidad”, por estimar que (i) para este caso concreto el término de
caducidad de dos (2) años previsto para el ejercicio del medio de control
jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
debe contabilizarse a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254 de
2013 y, en ese orden, la demanda presentada en el año 2018 no es oportuna; (ii)
las acciones armadas del grupo armado al margen de la ley “FARC-EP” cesaron
antes del 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó un Acuerdo de Paz
entre dicha organización y el Estado Colombiano, por lo que ya no existe ningún
tipo de violencia que impida a los integrantes del grupo actor retornar a los lugares
de los que supuestamente fueron desplazados; (iii) no existe prueba de alguna
situación de violencia que haya impedido a los integrantes del grupo actor el cese
del desplazamiento forzado alegado y, (iv) la parte actora no logró acreditar en el
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
curso del proceso que estuvo en imposibilidad de ejercer el derecho de acción
antes del vencimiento del término de caducidad (fls. 729 a 740 cdno. ppal. no. 2).
3) En audiencia de 15 de marzo de 2021 se declaró fracasada la etapa de
conciliación, se abrió la etapa probatoria y se resolvió sobre las pruebas pedidas
por las partes (fls. 869 a 876 cdno. ppal. no. 2), decisión que fue objeto de recurso
de apelación por el apoderado de la parte actora, no obstante, por auto de 21 de
abril de 2022 el despacho sustanciador del proceso en la primera instancia
dispuso, entre otras cosas, declarar desierto el referido recurso porque las
expensas con el fin de sufragar las copias del mismo fueron pagadas de forma
extemporánea (fls. 956 a 957 cdno. ppal. no. 2).
4) Por auto de 14 de junio de 2023 se corrió traslado por el término de cinco (5)
días para que las partes presentaran alegaciones de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto (fl. 972 cdno. ppal. no. 2); tanto la parte actora
como la Policía Nacional reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y
en la contestación a la demanda, mientras que el Ministerio Público guardó
silencio en esta etapa procesal.
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 16 de mayo de 2024, notificada por correo electrónico del
día 14 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A (i) declaró no probada la excepción de
“caducidad” por estimar que el desplazamiento forzado es un daño continuado y,
por ende, el término de caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con
la demanda debe computarse desde que se produzca el retorno en condiciones
seguras o desde la reubicación del desplazado y, (ii) negó las súplicas de la
demanda porque a pesar de que en el expediente obran varios informes sobre el
impacto del desplazamiento forzado en Colombia, estos no acreditan la omisión
de las entidades demandadas en la protección de las personas víctimas de los
hechos ocurridos entre el 1° y el 28 de abril del 2000 en la zona rural del municipio
de Rioblanco (Tolima) (fls. 1013 a 1032 cdno. de apelación).
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
4. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia
1) Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación (fls. 1041 a 1051 cdno. de apelación) el cual fue concedido mediante
auto de 3 de julio de 2024 (fl. 1053 cdno. de apelación) y admitido por esta
Corporación en providencia del 4 de octubre de 2024 (índice 4 SAMAI), para lo
cual arguyó que no se debieron negar las súplicas de la demanda, pues, en el
expediente está debidamente probada la conducta omisiva de las entidades
demandadas en punto a evitar el desplazamiento forzado padecido por los
integrantes del grupo actor, máxime en el contexto generalizado de violencia
existente en el sur del departamento del Tolima para el momento en que
ocurrieron los hechos objeto de la demanda.
2) Por otra parte, es menester precisar para este caso concreto (i) no es aplicable
lo resuelto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
auto de unificación jurisprudencial de 14 de noviembre de 20241 en lo referente al
trámite del recurso de apelación de sentencias en el marco de las acciones de
grupo, toda vez que según lo expresamente consignado en dicha providencia las
reglas de unificación allí previstas solo se aplican a los fallos proferidos luego de
su notificación; (ii) no debe correrse traslado para la sustentación del recurso en
la forma prevista en el artículo 122 de la Ley 2213 de 2022, por el hecho de que
ya fue debidamente sustentado ante el a quo; (iii) tampoco debe correrse traslado
por secretaría a las entidades demandadas de la sustentación del recurso de
alzada por cuanto el apelante acreditó haber enviado copia del recurso de
apelación a los canales digitales indicados por los sujetos procesales (índice 79
SAMAI de la primera instancia) y, en ese orden, resulta aplicable lo dispuesto en
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de unificación
jurisprudencial de 14 de noviembre de 2024, exp. 2014-00091-01 (69.376) CP José Roberto
Sáchica Méndez (con aclaración de voto de los magistrados Martín Bermúdez Muñoz y Nicolas
Yepes Corrales; con salvamento parcial de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez)
2 “ARTÍCULO 12. APELACIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIA. El recurso de
apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia se tramitará así: (…). Ejecutoriado
el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar
el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá
traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se
proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el
recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización
de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictará sentencia. La
sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso”.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
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Apelación de sentencia
el párrafo del artículo 93 de la Ley 2213 de 2022 y, (iv) no se solicitaron ni
decretaron pruebas en segunda instancia, motivo por el cual no resulta legalmente
procedente la celebración de la audiencia a la que refiere el artículo 12 de la Ley
2213 de 2022 ni mucho menos correr traslado para alegatos de conclusión en
segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis de la caducidad del medio de
control jurisdiccional, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Prelación de fallo
1) En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad al año 2022,
situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su
decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no
obstante, esta disposición también autoriza la modificación de la cronología de
turno según “la naturaleza del asunto”; en consonancia con lo anterior, el artículo
63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024,
dispuso que “[s]in sujeción al orden cronológico de turnos, las salas, secciones o
subsecciones del Consejo de Estado (…) deberán tramitar y fallar
preferentemente los procesos en los siguientes casos: (…) 3. Graves violaciones
de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
2) En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio
corresponde a un caso en el que se alega una grave violación de los derechos
3 “ARTÍCULO 9°. NOTIFICACIÓN POR ESTADO Y TRASLADOS. (…) PARÁGRAFO. Cuando
una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos
procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por
Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del
mensaje y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.”
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
humanos, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas,
la Subsección se encuentra habilitada para dictar sentencia sin estricta sujeción
al orden en que pasaron los expedientes para fallo.
2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) La demanda se dirigió a que se declare que los demandados son patrimonial y
extracontractualmente responsables por el supuesto desplazamiento forzado del
cual fueron víctimas los integrantes del grupo actor como consecuencia la omisión
de dichas entidades en el cumplimiento de su deber legal y constitucional de
proteger a la población de la zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima) entre
el 1° y el 28 de abril del 2000.
2) El a quo (i) declaró no probada la excepción de “caducidad” por estimar que el
desplazamiento forzado es un daño continuado y, por ende, que el término de
caducidad del medio de control jurisdiccional debe contarse ya sea desde que se
produzca el retorno en condiciones seguras o desde la reubicación del
desplazado y, (ii) negó las súplicas de la demanda, porque a pesar de que en el
expediente obran varios informes sobre el impacto del desplazamiento forzado en
Colombia, estos no acreditan la omisión de las entidades demandadas en la
protección de las personas víctimas de los hechos ocurridos entre el 1° y el 28 de
abril del 2000 en la zona rural del municipio de Rioblanco (Tolima).
3) La sentencia de primera instancia será revocada para en su lugar declarar
probada la excepción de “caducidad” del medio de control jurisdiccional de
reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas, debido a que está
acreditado en el expediente que la demanda fue presentada por fuera del término
legal de dos (2) años previsto para tal efecto, contabilizado a partir de la ejecutoria
de la sentencia SU-254 de 2013, aunado al hecho de que no se probó en el
expediente la existencia de situación específica alguna que hubiese impedido a
los demandantes el ejercicio del derecho de acción ni se probó que el daño cuya
reparación se pretende sea de carácter continuado.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
3. Análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional
1) Para este asunto concreto el daño alegado consiste en el desplazamiento
forzado respecto del cual fueron víctimas los integrantes del grupo actor entre el
1° y el 28 de abril del 2000 como consecuencia de la supuesta conducta omisiva
de las entidades demandadas.
2) Sobre el particular, la Sala Plena de esta Sección mediante sentencia de 29 de
enero de 20204 unificó su jurisprudencia y precisó que en relación con la
caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación directa formulada con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado, son aplicables las reglas de caducidad previstas para la reparación
directa, criterio este avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de
tutela en la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 20205.
3) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para calcular el término de caducidad de la acción en los asuntos
en donde se formulen pretensiones indemnizatorias derivadas de los delitos de
lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial y extracontractual del
Estado se deben observar las siguientes subreglas:
a) El término de caducidad establecido por el legislador se contabiliza desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial.
b) La contabilización del referido término en relación con las pretensiones
indemnizatorias derivadas del delito de desaparición forzada se sujeta a la
regulación legal expresa prevista para el efecto.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, exp. no.
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
5 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez
superadas aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia.
4) En relación específica y puntual con el desplazamiento forzado alegado, en la
sentencia SU-254 de 20136 la Corte Constitucional estableció una regla
excepcional en materia de caducidad, según la cual el término para presentar la
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se puede
contabilizar a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial -22 de mayo de
20137-, como garantía de acceso a la administración de justicia a un sector
especial y vulnerable de la población, sin tener en cuenta “trascursos de tiempo
anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en
atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.
5) De igual forma, resulta particularmente relevante precisar que para efectos del
cómputo del término de caducidad de la acción cuando se formulan pretensiones
indemnizatorias derivadas de una supuesta desplazamiento forzado es
irrelevante determinar el momento en el que las víctimas pudieron retornar al lugar
del cual fueron desplazados, pues, este aspecto guarda relación con la
continuidad de los perjuicios causados, mas no con la consolidación del daño8.
Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado entre los
conceptos de daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto
sucesivo; respecto del primero se ha precisado que es aquel que resulta
susceptible de identificarse y consumarse en un momento preciso de tiempo y
que, si bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro,
únicamente existe como tal en el momento en que se produce; en contraposición,
el segundo, es aquel que no cesa o se prolonga en el tiempo, prolongación que
no se predica de los efectos de este o si se quiere de los perjuicios causados,
6 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-254 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
7 El 22 de mayo de 2013 cobró ejecutoria la sentencia SU-254 de 2013.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, exp.
25000-23-36-000-2016-025-92-02 (65.586), CP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
sino, del daño como tal9; igualmente, esta Corporación ha distinguido entre el
concepto de daño continuado y la prolongación del daño en el tiempo, así como
también respecto de su agravación, en los siguientes términos:
“Resulta importante también distinguir en este tipo de daño, su
prolongación en el tiempo, de la prolongación en el tiempo de la
conducta que lo produce; toda vez que, lo que resulta importante
establecer, para efectos de su configuración, es lo primero. (…).
Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño
continuado, con la agravación de este. En efecto, en algunas
oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea
este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es
que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una
vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y
tiempo después se produce la caída de uno de sus muros.
En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe
contabilizarse el término de la caducidad no cambian; éste debe
contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el
daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias
no coincidan. En el ejemplo traído, el término de la caducidad no se
contaría desde la caída del muro, sino desde que se evidenció el daño
o se tuvo noticia de éste, según se dijo.
Los dos tipos de daño analizados (inmediato y continuo), como se
observa, en relación con la acción de grupo, producen unas reglas bien
particulares, que se proceden a sistematizar así:
1) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, debe centrar su atención en éste, y no en los efectos o
perjuicios que se generan, ni en la conducta que lo produce.
2) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, se debe contar desde el momento en que este se
produce, o desde el momento en que se tenga noticia del mismo, en el
caso de que estas dos circunstancias no coincidan.
3) El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a
partir del daño, cuando éste es continuado, se cuenta desde el
momento en que se deja de producir, a menos que se tenga noticia del
mismo en un momento posterior, caso en el cual se hará a partir de allí.
9 Al respecto, ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. no. 54001-23-31-000-2010-00366-01
(50.922), CP José Roberto Sáchica Méndez; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2023, exp. no.
68001-23-31-000-2011-00007-01 (57.963), CP Fredy Ibarra Martínez y, (iii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de
septiembre de 2024, exp. no. 08001-23-31-005-2013-00180-01 (61.379), CP Fredy Ibarra
Martínez.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
4) Las anteriores reglas no cambian, si se presenta una agravación del
daño, toda vez que éste último, se supone, se ha producido con
anterioridad, sea inmediato o continuo”10 (negrillas adicionales).
6) En ese contexto normativo y conceptual, el término de caducidad debe
contabilizarse a partir del 23 de mayo de 2013 -día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia SU-254 de 2013-, pues, (i) dicha providencia puntual y específicamente
lo dispuso así en atención a la condición de sujetos de especial protección que
reviste la población desplazada, sin el condicionamiento referido por la parte
actora en la demanda según el cual la regla de unificación prevista en la referida
sentencia solo es aplicable “en los eventos en que haya cesado el
desplazamiento, se hayan consolidado los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas y se haya logrado la consolidación y estabilización
económica antes de la referida sentencia”; (ii) la parte demandante no acreditó
ninguna situación material que le hubiese impedido acudir con antelación a esta
jurisdicción para presentar la correspondiente demanda por el daño alegado, esto
es, no hay elemento de juicio que permita considerar, válida y fundadamente, que
los demandantes se encontraban en una situación material de carácter particular,
especial y grave que les impidiera presentar la respectiva demanda de reparación
directa, pues, aunque no se desconoce que los hechos objeto de la demanda
generan consecuencias negativas para quienes lo padecen, esta Sala11 ha
establecido que esta situación no constituye, por sí misma, una justificación válida
para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia, toda vez que, a diferencia de otros derechos que
únicamente pueden ser ejercidos o disfrutados en sitios específicos –propiedad,
usufructo, entre otros-, la justicia opera a nivel nacional12 y, por ende, es un
derecho al que se puede acceder aun en situaciones irregulares; (iii) para la
contabilización el término de caducidad en estos casos es irrelevante determinar
el momento en el que las víctimas pudieron retornar al lugar del cual fueron
desplazados, toda vez que este aspecto guarda relación con la continuidad de los
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18
de octubre de 2007, exp. no. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), CP Enrique Gil Botero.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
auto de 18 de noviembre de 2021, exp. no. 05001-23-33-000-2019-03150-01 (67.078), CP Fredy
Ibarra Martínez.
12 De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 la justicia opera de
manera desconcentrada no solo con el fin de optimizar el ejercicio de la función sino también para
garantizar la facilidad en el acceso a los posibles usuarios de la administración judicial.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
perjuicios causados, mas no con la consolidación del daño y, (iv) contrario a lo
manifestado en la demanda y a lo resuelto por el a quo, no se trata de un daño
continuado, por el hecho de que el desplazamiento forzado es un daño
susceptible de identificarse y consumarse en el momento de su ocurrencia,
distinto es que produzca perjuicios que se pueden extender en el tiempo.
En ese orden, es palmario que la parte actora acudió a esta jurisdicción por fuera
del término de dos (2) años previsto para el efecto en el artículo 47 de la Ley 472
de 1998, pues la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2018 y, en ese
orden, se impone revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación de los
perjuicios causados a un grupo de personas.
7) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con
los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
29 de enero de 2020 para el análisis de la caducidad de acción en lo que
concierne a las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial al Estado13,
postulados que fueron acogidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-312
de 202014, con la aclaración de que el juez contencioso administrativo debe
analizar las particularidades de cada asunto en concreto y que la desestimación
del medio de control de reparación directa por caducidad no le impide al
perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras
vías15.
13 Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley”.
14 Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
15 Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en
contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización
administrativa.
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Expediente: 25000-23-41-000-2018-01167-01 (71.600)
Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
8) La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 202316 y
agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar
el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas
y posibilidades procesales que este contiene”; al respecto, esta Sala no encuentra
necesario readecuar el trámite en el caso concreto debido a que la sentencia de
primera instancia en el asunto de la referencia se profirió con posterioridad a la
expedición de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por lo que
cualquier argumentación en punto a la aplicación de dicha providencia pudo
haberse esbozado en el recurso de apelación.
4. Conclusión
El estudio de los elementos fácticos y jurídicos previamente analizados llevan
consigo a tomar la determinación de revocar la sentencia del 16 de mayo de 2024
toda vez que operó la caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación
de los perjuicios causados a un grupo de personas.
5. Condena en costas
La condena en costas en la segunda instancia es procedente de acuerdo con el
numeral 1 del artículo 365 del CGP porque la parte demandante fue vencida en
el proceso, para lo cual el tribunal de origen efectuará su liquidación de manera
concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
16 Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
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Actor: Libia Camacho y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación de sentencia
FALLA:
1°) Revócase la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024 y, en su lugar,
declárase probada la excepción de “caducidad” del medio de control
jurisdiccional ejercido con la demanda.
2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte demandante en favor
de las entidades que integran la parte demandada, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
Con salvamento de voto
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213
de 2022.
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