Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00998-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00998-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-00998-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – daño derivado de la imposibilidad de obtener un
fallo de fondo - restablecimiento del buen nombre – pérdida de oportunidad
Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado por la imposibilidad de obtener
una decisión penal de fondo que permitiera la demostración plena de la inocencia de los
entonces procesados, respecto de las conductas punibles investigadas. Lo anterior,
además, privó a la demandante de restablecer su buen nombre, así como el de su empresa
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo2, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152
del CPACA3.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
1 En la parte resolutiva del fallo se dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las
consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas y agencias en
derecho, conforme a las consideraciones de esta providencia (…)”.
2 Ley 1437 de 2011, artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación (texto de la Ley 1564 de 2012, vigente para la presentación de la demanda). “El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de
los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de
revisión o de unificación de jurisprudencia”.
3 Ley 1437 de 2011, artículo 152 (texto original, vigente para ese momento). “Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos
provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157
del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de lucro cesante, consistió en la suma de $1.519.000.000 solicitada
a favor de las víctimas directas, la cual excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 9 de junio de 2014, Claudia Marcela Toro Pareja, en nombre propio,
así como en condición de heredera de Gustavo Toro Bedoya (q.e.p.d), y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en
contra de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación4. Como pretensiones, se expusieron las
siguientes (se trascribe)5:
“PRIMERA: Que en atención a los hechos ocurridos de que trata esta demanda
y a lo que se logre probar, solicitamos se declare en forma conjunta y solidaria
la responsabilidad patrimonial de las demandadas a favor de la demandante
Claudia Marcela Toro Pareja por los perjuicios que le causaron en forma directa
con ocasión de los hechos de que trata esta demanda.
SEGUNDA: Que en atención a los hechos ocurridos de que trata esta demanda
y a lo que se logre probar, solicitamos se declare en forma conjunta y solidaria
la responsabilidad patrimonial de las demandadas a favor de la demandante
Claudia Marcela Toro Pareja, quien actúa a su vez en ejercicio de la acción
hereditaria por los perjuicios que le causaron al señor Gustavo Toro Bedoya, con
ocasión de los hechos de que trata esta demanda.
TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de la pretensión primera
y a título de restablecimiento de derecho, se condene a los demandados en
forma conjunta y solidaria en favor de la señora Claudia Marcela Toro Pareja al
pago de los perjuicios materiales en su especie de lucro cesante que como
mínimo se calculan en $759.500.000, como perjuicios directos recibidos por la
misma. Es de anotar, que el lucro cesante se calcula aproximadamente hasta
el mes de Junio 2014, sobre lo que dejó de ingresar a las Droguerías ClaudiMart,
pero este seguirá incrementándose y nos acogemos a lo que se pruebe por
medio de peritos a la medida en que mi cliente siga privada del patrimonio
que perdió y que debería estar generando frutos, por lo que se pide que la
condena se produzca calculando los mismos hasta que se profiera el
correspondiente fallo.
CUARTA: Que como consecuencia de la declaración de la pretensión segunda
y a título de restablecimiento de derecho, se condene a los demandados en
forma conjunta y solidaria en favor de la señora Claudia Marcela Toro Pareja al
pago de los perjuicios materiales en su especie de lucro cesante que como
mínimo se calculan en $759.500.000, como perjuicios que recibió en vida el
señor Gustavo Toro Bedoya, pues con respecto a esta pretensión la
demandante actúa en ejercicio de la acción hereditaria. Es de anotar, que el
lucro cesante se calcula aproximadamente hasta el mes de Junio 2014, sobre
lo que dejó de ingresar a las Droguerías ClaudiMart, pero este seguirá
incrementándose y nos acogemos a lo que se pruebe por medio de peritos a
la medida en que mi cliente siga privada del patrimonio que debió heredar de
su padre y que este perdió en vida, ya que debería estar generando frutos, por
lo que se pide que la condena se produzca calculando los mismos hasta que
se profiera el correspondiente fallo.
QUINTA: Que como consecuencia de la declaración de la pretensión primera
y a título de restablecimiento del derecho, se condene a las demandadas en
forma conjunta y solidaria a favor de la señora Claudia Marcela Toro Pareja al
pago de los perjuicios materiales en su especie de daño emergente que como
4 Folios 274 al 298 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
5 Se extraen de los escritos de demanda y de subsanación de la demanda.
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Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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mínimo se calculan en $30.000.000.
SEXTA: Que como consecuencia de la declaración de la pretensión segunda y
a título de restablecimiento del derecho, se condene a las demandadas en
forma conjunta y solidaria a favor de la señora Claudia Marcela Toro Pareja al
pago de los perjuicios materiales en su especie de daño emergente que recibió
el señor Gustavo Toro Bedoya, según lo narrado en esta demanda, pues la
misma demandante reclama con respecto al mismo los perjuicios sufridos en
ejercicio de la acción hereditaria, que como mínimo se calculan en
$30.000.000.
SÉPTIMA: También como consecuencia de la declaración primera y a título del
restablecimiento del derecho, solicito se condene a las demandadas en forma
solidaria a favor de la demandante Claudia Marcela Toro Pareja al pago de los
intereses que por ley sean procedentes sobre todas las sumas a las cuales sea
condenada al pago la parte demandada, con respecto a los perjuicios que se
le causaron a la demandante en forma directa desde que se produzca el fallo
y hasta que se haga efectivo el pago.
OCTAVA: También como consecuencia de la declaración segunda y a título
del restablecimiento del derecho, solicito se condene a las demandadas en
forma solidaria a favor de la demandante Claudia Marcela Toro Pareja al pago
de los intereses que por ley sean procedentes sobre todas las sumas a las cuales
sea condenada al pago la parte demandada, con respecto a los perjuicios
que se le causaron al señor Gustavo Toro Bedoya, pues la demandante actúa
con respecto al mismo en ejercicio de la acción hereditaria, desde que se
produzca el fallo y hasta que se haga efectivo el pago.
NOVENA: En el mismo sentido, como consecuencia de la declaración primera,
que se condene a las demandadas en forma solidaria al pago de los perjuicios
morales que le causaron en forma directa a la demandante Claudia Marcela
Toro Pareja, condena que se producirá a favor de la misma, los cuales se
estiman como mínimo en $75.000.000.
DÉCIMA: En el mismo sentido, como consecuencia de la declaración segunda,
que se condene a las demandadas en forma solidaria al pago de los perjuicios
morales que le causaron al señor Gustavo Toro Bedoya, condena que se
producirá a favor de la señora Claudia Marcela Toro Pareja quien también
actúa en ejercicio de la acción hereditaria con respecto a su fallecido padre,
los cuales se estiman como mínimo en $75.000.000.
DÉCIMA PRIMERA: Que se condene a la parte demandada en forma solidaria
ejemplarmente al pago de costas y agencias en derecho a favor de la parte
demandante, con respecto a las pretensiones (…)”.
2. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte
demandante expuso:
3. 1) En el año 2003, por recomendación de Alfredo Nash, Gustavo Toro
Bedoya accedió a comprarle a unos terceros -cuya identidad plena no se
pudo establecer- unas mercancías para su negocio. Una vez fueron
recibidas, varias de ellas fueron inspeccionadas por Gustavo Toro, pero
surgieron dudas acerca de su originalidad y legalidad, razón por la cual no
las pagó. Mientras tramitaba su devolución, fueron guardadas en la bodega
de la empresa, así como en la casa de Claudia Marcela Toro Pareja.
4. 2) Con base en la denuncia penal, se inició la respectiva investigación
por parte de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la cual se allegó el
informe de 4 de septiembre de 2003, en el cual se mostraron los lugares
señalados por Teo Rodríguez como aquellos en los que se adulteraban o
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Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
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Referencia: Acción de reparación directa
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falsificaban productos. Con base en la información anterior, se practicaron
diligencias de allanamiento en dos inmuebles ubicados en Envigado y
decomisaron varios elementos presuntamente adulterados o falsificados.
5. 3) Dentro del proceso penal, Gustavo Toro explicó que había actuado
de buena fe, lo cual fue corroborado por varios testigos. Además, en varios
informes se estableció que, en algunos casos, las adulteraciones resultaban
difíciles de determinar y, en otros, que se trataba de una “importación
irregular”.
6. 4) El 9 de enero de 2007, la fiscalía dictó resolución de acusación en
contra de Gustavo y Claudia Toro, por la presunta comisión de los delitos
previstos por los artículos 303, 306 y 372 del Código Penal. Posterior a ello, el
expediente se perdió, razón por la cual debió disponer su reconstrucción, lo
cual se prolongó por más de 16 meses.
7. 5) Una vez agotada la etapa de juicio, el 25 de octubre de 2011, el
Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín dictó sentencia absolutoria,
debido a que los entonces procesados no habían cometido ningún delito.
Esta decisión fue confirmada parcialmente el 19 de diciembre de 2011 por
el Tribunal Superior de Medellín, respecto de la exoneración de
responsabilidad frente a los delitos consagrados en los artículos 303 y 372 del
Código Penal. Pero, en relación con el tercer delito, consistente en la
usurpación de marcas y patentes, se dictó sentencia condenatoria, a pesar
de que, para ese momento, la conducta ya estaba prescrita.
8. 6) El 27 de junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, declaró la prescripción de la acción penal y, en
consecuencia, decretó la cesación del procedimiento a favor de Gustavo
y Claudia Toro.
9. 7) El fundamento de la falla del servicio aquí alegada estaría en los
siguientes “errores de hecho y de derecho”: someter a Claudia y Gustavo
Toro a un proceso penal “que no tenía asidero jurídico”; declarar la
responsabilidad penal por un delito respecto del cual se había consolidado
la prescripción de la acción; el extravío injustificado del expediente que dio
lugar a la aludida prescripción, lo que impidió que los entonces procesados
demostraran plenamente su inocencia y reivindicaran su buen nombre y,
por último, la prolongación irrazonable del proceso penal, que agravaron
los perjuicios morales y materiales sufridos.
10. 8) Durante el proceso penal, Claudia y Gustavo Toro “sufrieron mucho
dolor moral, pena, vergüenza, ira, rabia, zozobra, depresión, angustia y
demás sentimientos encontrados” e, incluso, debieron someterse a un
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tratamiento psicológico. “Así mismo, los establecimientos de comercio de su
propiedad, Droguerías Claudimart, perdieron clientela, ya que se puso en
conocimiento público el proceso y los delitos que se imputaban, por lo que
las personas pusieron en tela de juicio toda la mercancía que allí se vendía,
de estos hechos se desprendió que mis mandantes tuvieron que vender
algunas de las sucursales que habían conseguido con tanto esfuerzo para
poder atender las pérdidas y deudas generadas por este impase (…)”.
1.2. Posición de la parte demandada
11. El 29 de octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda y manifestó no constarle los hechos allí narrados, así como
oponerse a las pretensiones formuladas por la parte demandante 6. Al
respecto, señaló que, con base en la Constitución Política y la ley procesal
penal, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de investigar los
hechos que revistieran las características de una conducta punible y,
además, en el proceso penal referido por la demandante, la actuación se
desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa vigente, “sin que
mediara extralimitación o abuso de sus competencias, respetando el
debido proceso, garantizando la defensa y enmarcada en las pruebas que
se fueron recaudando en el curso de la investigación (…)”. Finalmente,
propuso la excepción de inexistencia de daño antijurídico imputable a la
Fiscalía General de la Nación.
12. El 12 de noviembre de 2015, la Rama Judicial presentó contestación a
la demanda, en la cual manifestó que deberían probarse los hechos
expuestos, así como oponerse a las pretensiones de la demanda7. Al
respecto, indicó que Gustavo y Claudia Toro nunca estuvieron privados de
la libertad, por lo que el título de imputación jurídica debería ser el de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el cual no está
probado en este caso, tan es así que la Corte Suprema de Justicia no
encontró razones para compulsar copias por la posible mora en el trámite.
Además, respecto de la alegada falla del servicio, sostuvo que las
actuaciones del Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, así como del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se ajustaron a derecho. Por
último, y en escrito independiente, formuló las excepciones de falta de
legitimación pasiva en la causa, inexistencia de los presupuestos de la
responsabilidad de la administración e inexistencia de la obligación y
ausencia de nexo causal.
6 Folios 403 al 411 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
7 Folios 393 al 402 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
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1.3. Sentencia de primera instancia
13. El 29 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
primera de oralidad, dictó Sentencia de primera instancia, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda8. En el análisis de fondo, abordó cada
una de las fallas del servicio alegadas por la parte demandante, así: Primero,
haber sometido a la demandante y a su padre a un proceso penal, con el
constante impulso de la fiscalía, quien insistía en su culpabilidad. Al respecto,
explicó que la fiscalía dispuso su vinculación al proceso penal, debido a los
elementos incautados y al estudio técnico de los peritos que informaron que
se trataban de productos que no fueron elaborados por sus reales
fabricantes o que no estaban autorizados para su comercialización en el
país. En consecuencia, se trataba de una carga que debían soportar, sin
que se advirtiera en este caso una afectación mayor e injustificada.
14. Segundo, en relación con el yerro del tribunal al estudiar y resolver la
solicitud de prescripción, estimó que había existido una diferencia de
criterios, comoquiera que, para el tribunal, debía deducirse el término
durante el cual se reconstruyó el expediente -extraviado en extrañas
circunstancias- y, para la Corte Suprema de Justicia, no podía hacerse,
dado que la ley no lo prevé como uno de los supuestos que suspende el
lapso de extinción de la acción. No obstante, dicha posible contradicción
no configura una falla del servicio, en atención a los principios de autonomía
e independencia judicial.
15. Como tercero y cuarto se aludió al término injustificado del proceso
penal y, en particular, a la pérdida del expediente. Después de realizar una
cronología breve del proceso, consideró que algunas actuaciones
justificadas, como el traslado del proceso a otro despacho, como medida
de descongestión; la necesidad de declarar la nulidad de la actuación, en
protección de las partes y la reconstrucción del expediente -que se ordenó,
una vez se advirtió esta situación-, al haber sido extraviado, al parecer, por
un funcionario de los servicios postales, incidieron en el trámite del proceso,
pero no se trató de una dilación injustificada. Además, los perjuicios morales
y materiales que, según la parte demandante, se causaron y agravaron por
el prolongado desarrollo del proceso penal, “no obedecen a la supuesta
falla en el servicio, sino a que salieron a la luz pública unos acontecimientos
que hicieron que los clientes de las Droguerías Claudimart dudaran de la
calidad de los productos que allí se vendía, sin embargo, el hecho sobre el
cual recaen esas presunciones, si fue llevado a cabo por los demandantes
(…)”.
8 Folios 513 al 525 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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16. En el mismo sentido, la parte demandante alegó que la prescripción
de la acción penal impidió restablecer su buen nombre con un fallo de
fondo, sin embargo, el abogado defensor solicitó la declaratoria de
prescripción de la acción dentro del proceso penal. Por lo anterior, resultaba
contraevidente que se indicara que no se pudo establecer la plena
inocencia de los procesados, cuando esa decisión hizo parte de una
petición planteada por la propia defensa.
1.4. Recurso de apelación
17. El 29 de septiembre de 2021, la parte demandante interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, mediante el
cual solicitó su revocatoria y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de
la demanda9. Inicialmente resaltó que, en la demanda, no solo se solicitó la
declaratoria de responsabilidad de la fiscalía, sino, en general, del aparato
jurisdiccional que conoció el proceso penal, por lo que deben ser
condenadas, al probarse en este caso la falla del servicio. Precisamente, los
entonces procesados perdieron la posibilidad de que su caso fuera resuelto
de fondo con el respectivo fallo de casación, para así demostrar de manera
definitiva su inocencia y evidenciar la falta de fundamento de la resolución
de acusación, así como de la sentencia condenatoria de segunda
instancia.
18. Frente al daño, aseguró que se causó un daño cierto, definitivo y
concreto, debido a que la buena imagen de Claudia y Gustavo Toro nunca
se pudo limpiar y tampoco pudo seguir operando su establecimiento de
comercio, el cual también ostentaba buen crédito y fama, como se
demostró con la prueba testimonial y pericial practicada en el proceso.
19. En particular, en relación con la Fiscalía General de la Nación, la parte
demandante no cuestionó el hecho de que se hubiera iniciado la
respectiva investigación penal, pero sí que se hubiera extraviado el
expediente, lo cual prolongó innecesariamente el trámite. Además, en este
punto, debe tenerse en cuenta el artículo 2349 del C.C sobre la
responsabilidad por el hecho del dependiente.
20. Respecto a la Rama Judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín erró al intentar que continuara el proceso, a pesar de que ya se
había consolidado la prescripción de la acción penal, como lo advirtió la
Corte Suprema de Justicia, lo cual agravó los daños y perjuicios alegados
en la demanda. En este punto resaltó que la demanda de casación no se
dirigía a obtener la declaratoria de prescripción de la acción penal y fue
9 Índice Samai No. 2.
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
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solo en el estudio de admisibilidad del recurso extraordinario de casación
que la Corte constató la imposibilidad de continuar con el proceso por esa
situación.
21. Por otra parte, se demostró la dilación injustificada del trámite, tan es
así que la acción penal prescribió, a pesar de que los términos que se
contaban eran amplios, por lo que el Estado no pudo adelantar la
investigación y vencer a los entonces procesados dentro de los plazos
señalados por la ley.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará; 2.2. Análisis sustantivo;
2.3. Costas
2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará
22. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que están
reunidos los presupuestos para dictar Sentencia. La de reparación directa
es la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por
los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Además, la acción se promovió de manera oportuna. En efecto,
el auto que declaró la prescripción de la acción penal se profirió el 27 de
junio de 2012 y, por lo menos, habría quedado ejecutoriado el 10 de julio de
201210. Por tanto, en consideración a que el término de caducidad se
suspendió entre el 22 de marzo y el 14 de junio de 2013 11, debido al trámite
de conciliación prejudicial, y habida cuenta de que la demanda se
presentó el 9 de junio de 2014, la acción de reparación directa se ejerció
dentro de la oportunidad prevista por el artículo 164, numeral 2, inciso i del
CPACA.
23. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que no está acreditado que, con la declaratoria de
prescripción de la acción penal, la parte demandante hubiera perdido la
posibilidad de restablecer su buen nombre, al no poder demostrar su plena
inocencia con un fallo penal de fondo. Además, tampoco se demostró una
10 Dentro del expediente no aparece la fecha exacta en la cual quedó ejecutoriado el auto de 27 de junio de
2012. No obstante lo anterior, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal
vigente para el momento en que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por estado, de
una providencia interlocutoria, dicha decisión debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 10 de julio del mismo
año. En efecto, según dicha legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal de la providencia,
dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 28 y 29 de junio, así como el 3 de julio-. Si
los sujetos procesales no concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha en la que se efectuó la
citación, la cual debía realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -28 de junio-. Por
tanto, la fijación del estado debía hacerse el 5 de julio y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, 6, 9 y
10 de julio de 2012. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriado el auto que declaró la prescripción de
la acción penal.
11 Constancia de 14 de junio de 2013 emitida por la Procuraduría 116 Judicial II para Asuntos Administrativos. Folios
355 y 356 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
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prolongación injustificada del trámite12.
2.2. Análisis sustantivo
24. Respecto del primer elemento de responsabilidad, esto es, el daño,
tanto en la demanda y expresamente en el recurso de apelación, se indicó
“el daño final se resume en la pérdida de la posibilidad de demostrar la
inocencia, de limpiar el buen nombre y de continuar operando un
establecimiento de comercio con buen crédito y buena fama tal cual se
venía haciendo antes de la iniciación del proceso penal en el cual mis
clientes finalmente no fueron vencidos ni se demostró su culpabilidad por
parte del Estado ya que como se indicó anteriormente el fallo de segunda
instancia no puede darse como una verdad absoluta o como un hecho
probado puesto que este fallo era susceptible de haber sido revocado vía
casación a lo cual tenían derecho mis clientes, derecho del cual se les privó,
daño que si es absoluto, definitivo y determinante consecuencia de todos
los eventos atribuibles al Estado antes citados”.
25. La Sala entiende que la prescripción de la acción penal le quitó la
oportunidad de demostrar su inocencia y “limpiar su buen nombre”. En los
casos en donde se ha alegado que la prescripción de la acción penal ha
afectado bienes jurídicos protegidos, esta Subsección ha sido constante al
analizar las afectaciones que se alegan desde los presupuestos de la
pérdida de oportunidad13. Al respecto, la Subsección ha sostenido que, “…a
la parte actora le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que
permitan concluir que la prescripción de la acción penal le impidió recibir
una indemnización que habría podido obtener si ella no se hubiese
declarado; le corresponde acreditar que tal declaración le frustró
definitivamente una expectativa cierta o con grandes probabilidades de
certeza de obtener la reparación”14.
26. En este caso, de acuerdo con lo solicitado en la demanda y lo
cuestionado en el recurso de apelación, también se advierte la posible
existencia de un daño por pérdida de oportunidad. En consecuencia, la
Sala expondrá las razones por las cuales no se logró evidenciar que esa
pérdida fuera definitiva y cierta.
12 Si bien en la demanda se aludió a la existencia de un error judicial, consistente en el hecho de haber sometido
a Claudia y Gustavo Toro a un proceso penal que no tenía ningún fundamento jurídico, en el recurso de apelación
se advirtió que, finalmente, no se cuestionaba el inicio de la respectiva investigación penal en contra de los allí
sindicados.
13 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de 26 de enero de 2023, Exp. 13001-33-31-004-2012-
00135-01(59897); 16 de agosto de 2022, Exp., 25000-23-26-000-2012-01103-01(53174); 2 de marzo de 2022 15001-23-
31-001-2010-01346-01(54192); 28 de abril de 2021 Exp. 08001-23-31-000-2008-00833-01 (47893) y 11 de octubre de
2021 Exp. 19001-23-31-000-2010-00187-01 (51454).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021
Rad. 76001-23-31-000-2011-01285-01 (51813).
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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27. La prescripción de la acción penal no implicó la pérdida de
oportunidad definitiva de obtener el restablecimiento de su buen nombre,
toda vez que, la aquí demandante pudo haber renunciado a la
prescripción de la acción penal, de haber considerado que un fallo de
fondo era la única opción posible para limpiar su buen nombre y el de su
empresa.
28. El artículo 85 del Código Penal prevé que “El procesado podrá
renunciar a la prescripción de la acción penal. En todo caso, si transcurridos
dos (2) años contados a partir de la prescripción no se ha proferido decisión
definitiva, se decretará la prescripción”.
29. Mediante Auto de 27 de junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, declaró la prescripción de la acción penal por los
delitos de ilícita explotación comercial, usurpación de marcas y patentes,
así como de corrupción de alimentos, productos médicos o material
profiláctico y, en consecuencia, dispuso la cesación del procedimiento a
favor de los procesados. Además, advirtió que en contra de esta decisión
procedía el recurso de reposición.
30. En consecuencia, de estimar que la única forma de limpiar su buen
nombre y el de sus negocios era que se resolviera de fondo el recurso
extraordinario de casación, la defensa pudo haber renunciado a la
prescripción de la acción penal, dentro del traslado de ejecutoria de la
anterior providencia, con el fin de que existiera un pronunciamiento explícito
acerca de la materialidad de la conducta punible objeto de condena y/o
de la responsabilidad penal de Claudia y Gustavo Toro respecto de ese
mismo delito, no obstante, en este caso no se hizo.
31. Además, la Sala destaca que tampoco se acreditó el carácter cierto
del daño, dado que, cuando se declaró la prescripción de la acción penal
y se decretó la cesación del procedimiento, la Corte Suprema de Justicia
aún no se había pronunciado respecto de la admisibilidad del recurso
extraordinario de casación, por lo que se desconocía si la demanda
contenía los argumentos necesarios para explicar la configuración de la
causal o causales invocadas, así como sus fundamentos, y si, en el evento
de que se hubiera admitido, hubieran prosperado los cargos formulados.
32. En relación con los restantes argumentos del recurso de apelación, la
parte demandante no probó, en primer lugar, el daño que le pudo generar
la supuesta prolongación del proceso. Adicionalmente, tampoco se
acreditó que el trámite hubiera trascurrido de manera injustificada o que la
sentencia de segunda instancia, adoptada cuando ya se había
consolidado la prescripción de la acción penal, contribuyó también a esa
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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situación.
33. Al respecto, debe destacarse que la parte demandante no allegó el
auto en el que la fiscalía ordenó la reconstrucción del expediente, por la
desaparición de los cuadernos del proceso, no obstante, en la sentencia
penal de segunda instancia15 y en el auto proferido por la Corte Suprema
de Justicia16 se sostuvo, en términos generales, que la actuación había sido
remitida por la fiscalía a la oficina judicial de reparto, pero el funcionario de
ADPOSTAL, responsable de su custodia, lo había extraviado. De todas
maneras, como lo destacó el tribunal, en consideración al número de
procesados y de la actividad probatoria desarrollada durante la etapa de
investigación, el término que trascurrió para su reconstrucción se consideró
razonable (16 meses). Además, se trataba de una vicisitud que no supone,
de manera automática, una irregularidad del trámite y para la cual se han
previsto los mecanismos necesarios para su corrección, en protección de las
garantías fundamentales del sindicado.
34. Al margen de la pérdida, se insiste que la parte demandante no probó
que el proceso penal hubiera sufrido una prolongación injustificada17,
debido a que no se aportó, dentro de la oportunidad procesal pertinente,
el expediente penal -solo se allegaron algunas piezas procesales-, por lo que
no se acreditó que se hubieran presentado situaciones relevantes que
hubieran comportado una dilación injustificada que la demandante no
debía soportar. En este sentido, es importante resaltar que, la Corte Suprema
de Justicia, al momento de decretar la prescripción de la acción penal, se
abstuvo de compulsar copias disciplinarias en contra de algún funcionario
judicial, debido a que las actuaciones que pudieron acarrear un tiempo
adicional en el trámite no eran atribuibles a algún sujeto en particular18.
15 Al respecto, se anotó: “En la fecha en la cual se iba a dar traslado a las partes procesales para que interpusieran
sus recursos y se notificaran de la decisión proferida en la Resolución de Acusación (09-Enero-2007), justo allí se
desapareció extrañamente la carpeta que contenía las actuaciones aquí adelantadas. Por ello, el Juez de
instancia ordenó la reconstrucción de expediente, según lo previsto en los artículos 155 y ss. de la Ley 600 de 2000”.
Folios 30Vto y 31 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
16 En esta providencia se señaló lo siguiente: “Tras ejecutoriarse dicha decisión el asunto fue remitido al Reparto de
los Juzgados Penales del Circuito de Medellín el 16 de abril de 2007 con el fin de que se adelantara la consabida
etapa de la causa, más el expediente nunca llegó a su destino determinándose luego que había sido extraviado
por un empleado de los Servicios Postales, quien fuera desvinculado por irregularidades en el servicio.// En tal virtud
la Fiscalía acusadora dispuso en resolución de septiembre 5 de 2008 la reconstrucción del expediente, de modo
que lograda esta, las diligencias arribaron al Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín el 22 de octubre de esa
anualidad”. Folio 43 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
17 De acuerdo con la jurisprudencia de la subsección, en los casos de mora judicial, la simple constatación del
vencimiento de los términos previstos por la ley para impulsar los procesos judiciales es condición necesaria, pero
insuficiente, para que se declare la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Con tal fin es preciso que se establezca que la duración del proceso no fue razonable,
conclusión que solo puede sostenerse una vez que, constatado el vencimiento de un plazo legal, se pueda
establecer, adicionalmente, que en el trámite no se presentaron circunstancias justificantes (por ejemplo,
complejidad del asunto, problemas estructurales en la administración de justicia, falta de impulso procesal, etc.).
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 27
de agosto de 2019, expediente 43823. En el mismo sentido, Sentencia de 6 de febrero de 2020, expediente 43724.
18 Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente: “Finalmente, dada la cronología en que se
desarrolló el juicio y las situaciones que lo incidieron como el extravío de las diligencias, la reasignación del proceso
a otro juzgado y la declaratoria de nulidad de la causa inicialmente adelantada, no encuentra por ello la Sala
razones que justifiquen compulsar copias en aras de investigar el motivo que condujo al resultado prescriptivo y a
sus eventuales responsables”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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35. De otro lado, no resulta correcta la afirmación de que la sentencia de
segunda instancia se dictó con posterioridad a la consolidación del
fenómeno de prescripción de la acción penal. En la providencia de 27 de
junio de 2012 se sostuvo que la resolución de acusación adquirió ejecutoria
no más allá del 16 de abril de 2007, por lo que la prescripción de la acción
penal se habría consolidado, como máximo, el 16 de abril de 2012 y la
providencia de segunda instancia se dictó el 19 de diciembre de 2011.
Además, en esta última decisión, si bien se presentaron algunos argumentos
de por qué debería descontarse del término aquel durante el cual se
reconstruyó el expediente, este análisis solo se hizo en términos hipotéticos,
como quiera que el Tribunal Superior de Medellín precisó que aún no se
habían cumplido 5 años, en la etapa de juicio, a partir de la ejecutoria de
la resolución de acusación.
36. En consecuencia, la Sala confirmará la providencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Costas
37. El artículo 188 del CPACA dispone: “Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del CGP, aplicable al
presente proceso, consagra que se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…)”. El artículo 361 de esa normativa indica que las
costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y
agencias en derecho.
38. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de presentación de la demanda19. Respecto de su valor, el
numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de
procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser
fijadas “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.
39. En atención a que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
estuvieron representadas judicialmente en esta instancia, la Sala considera
razonable tasar, por la segunda instancia, las agencias en derecho en 6
19“La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-00998-01 (67.578)
Demandante: Claudia Marcela Toro Pareja
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otra
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Decisión: Confirmar
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SMLMV a favor de dichas entidades, es decir, 3 SMLMV para cada una de
ellas.
40. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el
proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia,
quien a título de agencias en derecho deberá pagar 3 SMLMV vigentes a la
fecha de ejecutoriada de esta instancia, para cada entidad demandada.
TERCERO: En firme esta providencia y sin necesidad de auto que lo ordene,
EXPEDIR a costa de los interesados copias de la misma.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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