Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-33-31-004-2012-00135-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-33-31-004-2012-00135-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-33-31-004-2012-00135-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 26 de enero de 2023
Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – falta de certeza y carácter definitivo de la
pérdida de oportunidad
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque en la etapa de
investigación dentro de un proceso por lesiones personales culposas, la Fiscalía declaró la
prescripción de la acción penal
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 24 de noviembre de 2016, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión .
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de diciembre de 20112, Rafael Antonio Bovea Gómez, en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la
Nación – Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó (se trascribe):
“Primera: que se declare que la [demandada] es administrativamente
responsable de los daños y perjuicios de orden material e inamterial causados a
Rafael Antonio Bovea Gómez (…) por los hechos y omisiones constitutivos del
1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 1 del cuaderno 1 y 516 del cuaderno 3.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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mencionado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que
incurrió la demandada”.
2. Síntesis de los pejuicios reclamados:
Perjuicios materiales Perjuicios extrapatrimoniales
1. “Las pretensiones de la demanda de
constitución de parte civil y de la demanda
1. “[L]a suma pedida en la demanda contra el
contra el tercero civilmente responsable
tercero civilmente responsable, superior a
formuladas dentro del reseñado proceso
trecientos (300) gramos oro…”.
penal”. Esta indemnización se estimó en
2. 1000 S.M.L.M.V. para indemnizar los perjuicios
$80.000.000.
extrapatrimoniales derivados del defectuoso
2. El valor de los gastos y erogaciones en que
funcionamiento de la administración de justicia.
incurrió el demandante dentro del proceso
penal.
3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones3,
señaló:
4. 1) El 24 de junio de 2004, el demandante fue gravemente herido4 en
un accidente de tránsito, cuando la motocicleta que conducía fue
colisionada por José Manuel Vargas Gómez, quien manejaba un camión.
Por esos hechos se inició una investigación penal contra este último, trámite
en el cual se promovió demanda de constitución de parte civil contra el
conductor del camión y contra el tercero civilmente responsable: la
Compañía Suramericana de Arrendamiento Operativo S.A. -Surenting S.A.-,
propietaria del vehículo involucrado en el accidente quien, en su momento,
llamó en garantía a la Compañía Nacional de Chocolates.
5. 2) [D]e haberse logrado sentencia condenatoria, como se esperaba,
si se tiene en cuenta que el mérito del sumario fue calificado con resolución
de acusación, lo más probable es que se hubiese logrado obtener el pago
de la indemnización que se pretendía”; sin embargo, como el proceso se
prolongó “por varios largos años” (dentro de los cuales se dejó vencer el
término para calificar el mérito del sumario), y a pesar de los constantes
requerimientos por parte de todos los sujetos procesales en el sentido de que
se declarara el cierre de la investigación, el 25 de septiembre de 2009 la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
declaró prescrita la acción penal en momentos en que estaba en trámite el
recurso de apelación contra la “resolución calificatoria”.
3 Folio 3-8 del cuaderno 1.
4 Lo que, según el texto de la demanda, le produjo incapacidad de 70 días y secuelas permanentes: deformidad
física, perturbación y pérdida funcional, lesiones por las cuales presentó una pérdida de la capacidad laboral
calificada por la Junta Nacional del Calificación de Invalidez en mayo de 2006, del 46.86%, la cual, según se indicó
asimismo en la demanda, está en proceso de “recalificación”. Como consecuencia de las lesiones, el actor
presentó ánimo depresivo y tuvo que afrontar procesos de duelo y adaptación, que le produjeron un perjuicio
moral que era materia de pretensión dentro de la demanda de constitución de parte civil dentro del proceso
penal.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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6. Explicó que lo anterior denotaba “lentitud y retardo”, morosidad que
conllevó una violación de los derechos fundamentales de la víctima de
“…acceso a la justicia, debido proceso, a la verdad, la justicia y la
reparación, ligados a la dignidad de la persona…”.
1.2. Posición de la parte demandada
7. La parte demandada propuso las excepciones de: “Ausencia de
responsabilidad…” e “Imposibilidad de atribuir el daño a la Fiscalía General
de la Nación”. La primera, con fundamento en que se adelantaron los
procedimientos que tenía prevista la investigación, sin que el vencimiento
de los términos implicara, en sí mismo, responsabilidad; la segunda se
sustentó en que la Fiscalía no podía ser llamada a responder por un daño
en cuya realización no contribuyó5.
1.3. Sentencia de primera instancia
8. Denegó las pretensiones porque “…si bien existió una demora en el
desarrollo del proceso penal que adelantaba el hoy demandante (…),
presentándose la prescripción de la acción penal, el demandante disponía
de otros medios procesales de defensa para hacer valer sus derechos y
obtener la indemnización económica, como lo era poder entablar una
demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual en contra de
la persona que le causó el perjuicio que hoy demanda, por consiguiente no
existió pérdida de la oportunidad para demandar”.
9. Concluyó que “…no se configur[ó] el elemento del daño”. En
respaldo de esa tesis, trascribió las partes pertinentes de la Sentencia de 30
de enero de 2013 (rad. 23769), proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
1.4. Recurso de apelación
10. El demandante indicó que en este caso se demandó la
indemnización de los perjuicios que se reclamaban en el proceso penal
“…bajo la teoría de la pérdida de oportunidad”; sin embargo, precisó,
“…también se pretend[ió] el reconocimiento de una indemnización de
perjuicios inmateriales causados por la crasa violación de los derechos
fundamentales del actor, que se enlista[ron] en la demanda, como es, entre
otros, la violación del derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia (tutela judicial efectiva), coincidiendo con una tipología de
5 Folio 533-539 del cuaderno 3.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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perjuicios que en el año 2014, mediante sentencia de unificación, el Consejo
de Estado identifica o denomina como daño inmaterial por afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados”.
11. Indicó que el Tribunal denegó las pretensiones porque el demandante
podía entablar una acción civil, “lo cual (…) es un total desacierto, en tanto
que la ley sustancial y procesal disponen que la acción civil extracontractual
ejercida al interior del proceso penal prescribe en un tiempo igual al de la
prescripción de la acción penal, es decir, una vez prescribe la acción penal,
prescribe simultáneamente la acción civil” y precisó que, aunque se pudiera
promover la acción civil, la misma quedaría limitada al reconocimiento de
una indemnización “…quedando cercenado el derecho de la víctima a
que se haga justicia y se establezca la verdad”.
12. Manifestó que el Tribunal no se pronunció sobre la afectación a
derechos inmateriales del actor, pues se limitó a “responder lo relativo a los
derechos económicos de la víctima” desde la perspectiva de la pérdida de
oportunidad, dejando de lado sus derechos a “la justicia y a la verdad, a la
no repetición y al restablecimiento de derechos”. Agregó que el derecho a
la justicia y a la verdad “desde luego[,] no pueden ser determinados en un
proceso de naturaleza civil” y que el demandante no tenía que soportar la
carga de impunidad que supuso la prescripción de la acción penal, cuya
declaración generó un “impacto negativo (…) en el estado de ánimo del
demandante”, pues le generó “…frustración, depresión y tristeza (…) la
pérdida o defraudación de sus expectativas legítimas, lo cual quedó
acreditado con los testimonios recaudados”.
13. En línea con lo anterior, indicó que el Consejo de Estado, ha proferido
sentencias en las que “…ha relegado a un segundo plano (…) la teoría de
la pérdida de oportunidad” en materia de prescripción de la acción penal,
para identificar en pronunciamientos de 2011, 2014, 2015-2017 que “…el
título de imputación bajo el cual deben decidirse estos asuntos es el de
violación de derechos fundamentales”6.
14. En sus alegatos en esta instancia, manifestó que las decisiones del
Consejo de Estado que han negado las pretensiones en demandas de
6 El recurrente reconoció que al interior del Consejo de Estado en los casos de prescripción de la acción penal,
“…no ha habido uniformidad en el sentido o dirección de las decisiones judiciales que han abordado este tópico”.
A su juicio -precisó- había fallos de esa Corporación (que calificó de “sentencias hito”) que tendrían una “dirección
unificadora” que apuntaba a un “cambio de enfoque en la solución de estos casos”. Se refirió a las sentencias
proferidas dentro de los procesos con radicación 25327, de 29 de abril de 2015, y 37311 de 2 de mayo de 2016
(con ponencia de Ramiro Pazos Guerrero); al fallo de 30 de noviembre, con ponencia de ese mismo Consejero
(que no identificó con más precisión); al fallo de 22 de junio (35038) y 6 de julio de 2017 (con ponencias de Danilo
Rojas Betancourth); y a una Sentencia de 21 de noviembre de 2017 (con ponencia de Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, que no identificó con más precisión).
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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reparación directa por prescripción de la acción penal “…han partido de
diversas premisas erradas” (enfoque “civilista y monetarista de las
pretensiones de la víctima dentro del proceso penal”; asumir que las
víctimas pueden promover acción civil; incumplimiento de la carga de la
prueba o que los procesos penales eran complejos). Empero, insistió en que
esa Corporación ha proferido sentencias que acceden a las pretensiones a
partir de “…un nuevo enfoque (…) reconociendo que cuando el Estado
decreta la prescripción de la acción penal está vulnerando el derecho del
acceso efectivo a la administración de justicia o tutela judicial efectiva”. En
respaldo de su planteamiento, se refirió a una sentencia de 24 de mayo de
2018 (44861) y 2 fallos de 30 de agosto de 2018 (42921 y 40251).
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
15. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, pues están reunidos
los presupuestos para dictar Sentencia; la de reparación directa es la acción
procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños
causados por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna. El
daño, en este caso, se causó con la declaratoria de prescripción de la
acción penal, circunstancia que, según se alegó en la demanda -y se reiteró
en el recurso de apelación-, le frustró al actor la probabilidad de obtener la
indemnización de los efectos adversos del accidente en el que se vio
involucrado (pues ya contaba con resolución de acusación), del mismo
modo en que afectó sus derechos a que se estableciera la verdad y se
hiciera justicia.
16. Como las afectaciones cuya indemnización se demandó se habrían
estructurado cuando quedó en firme el Auto de 25 de septiembre de 2009,
que declaró la terminación del proceso por prescripción de la acción penal
(providencia que, según constancia dejada en el cuerpo de esa misma
providencia por parte de la Secretaría, quedó ejecutoriada el 20 de octubre
de 20097), es claro que, en el momento en el que se promovió esta acción
de reparación directa el 19 de diciembre de 2011, la misma no había
caducado, si se repara en que el plazo de caducidad se suspendió entre el
28 de septiembre y el 16 de diciembre de 20118.
7 Folio 337 del cuaderno 2.
8 Como consecuencia de la solicitud de conciliación extrajudicial, Folio 514-515 del cuaderno 3.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
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17. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que, no se probó que, con la declaratoria de
prescripción de la acción penal, la parte actora hubiera experimentado 1)
la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización de los perjuicios
solicitada dentro del proceso penal; 2) esa determinación tampoco
comportó para la víctima una imposibilidad definitiva de acceder a la
administración de justicia con el fin de que se esclarecieran los hechos y se
hiciera justicia.
2.2. Análisis sustantivo
18. En los casos de prescripción de la acción penal, esta Subsección ha
sido constante al analizar las afectaciones que se alegan desde los
presupuestos de la pérdida de oportunidad9. A falta de una posición
unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado al respecto, la Sala
ha detectado que, en la mayor parte de los casos en los que se plantea que
la prescripción de la acción penal ha causado daños, se expone un
razonamiento hipotético según el cual si la prescripción no hubiera
sobrevenido, las víctimas habrían accedido a la indemnización de perjuicios
perseguida dentro del proceso penal; en menor medida, se reclama de
manera expresa que, la imposibilidad de continuar con ese proceso,
comporta, asimismo, la imposibilidad de que se esclarezca la verdad y se
haga justicia.
19. En uno y otro caso, es evidente que se alega la frustración de
expectativas que se habrían concretado si el proceso penal continuaba
hasta que se profiriera una decisión de fondo. En el terreno de la imputación,
las demandas de reparación directa por prescripción de la acción plantean
que, la imposibilidad de acceder a una decisión definitiva, es consecuencia
de demoras por parte de la rama judicial y/o la Fiscalía General de la
Nación que las víctimas no están en la obligación jurídica de soportar.
20. Como es evidente que en tales escenarios se plantea la existencia de
un daño por pérdida de oportunidad, en un orden lógico la Sala debe
determinar si se cumplen sus presupuestos de existencia del daño, análisis
que es necesariamente anterior al estudio de la imputación, es decir, a la
verificación de si la decadencia de la acción penal sobrevino, o no, por una
circunstancia atribuible a la Fiscalía a título de defectuoso funcionamiento
9 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de 16 de agosto de 2022, Exp., 25000-23-26-000-2012-
01103-01(53174); 2 de marzo de 2022 15001-23-31-001-2010-01346-01(54192); 28 de abril de 2021 Exp. 08001-23-31-
000-2008-00833-01 (47893) y 11 de octubre de 2021 Exp. 19001-23-31-000-2010-00187-01 (51454).
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de la administración de justicia.
2.2.1. No hubo pérdida de oportunidad de obtener indemnización de
perjuicios
21. Dando alcances a los planteamientos que preceden, la Subsección
ha sostenido que, “…a la parte actora le incumbe exponer y acreditar las
afirmaciones que permitan concluir que la prescripción de la acción penal
le impidió recibir una indemnización que habría podido obtener si ella no se
hubiese declarado; le corresponde acreditar que tal declaración le frustró
definitivamente una expectativa cierta o con grandes probabilidades de
certeza de obtener la reparación”10.
22. El recurrente reconoció de manera expresa que los reconocimientos
económicos que se perseguían dentro del proceso penal, dentro de esta
acción de reparación directa, se reclamaron como una pérdida de
oportunidad. La sentencia apelada denegó las pretensiones de la
demanda porque dicha pérdida no habría sido definitiva, en la medida en
que, así lo entendió el Tribunal, la víctima podía reclamar la indemnización
de perjuicios mediante el ejercicio de una acción civil. El recurrente replicó
que, la posibilidad que tenía la víctima de demandar la indemnización de
perjuicios dentro de un proceso civil era inexistente, pues la legislación penal
contempla que la prescripción de la acción comportaba,
automáticamente, la extinción de la acción civil.
23. Aunque es cierta la premisa de la que parte el recurrente, esto es: que
la prescripción de la acción penal conllevaba la de la acción civil, ello solo
es cierto en relación con los “penalmente responsables” (art. 98 de la ley 599
de 2000), para el caso, el conductor del camión que era sujeto de
investigación por parte de la Fiscalía. Observa la Sala que, en el momento
en el que se declaró la prescripción de la acción penal, la víctima contaba
con tiempo suficiente para acudir a los jueces civiles para buscar la misma
indemnización de perjuicios, aunque fuera de parte de los terceros
civilmente responsables. Sobre el particular, esta Subsección ha precisado
lo siguiente:
“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsables, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal11. En
casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual del
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021
Rad. 76001-23-31-000-2011-01285-01 (51813)
11 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,
cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>” -se resalta-.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa 12, por lo
que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados por estos
terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se sujeta al
término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil13”14.
24. En el presente caso, el accidente que dio origen a los perjuicios cuya
reparación se demandó dentro del proceso penal, ocurrió el 24 de junio de
2004 y en él, según se puso de presente en la demanda de reparación
directa, intervino materialmente José Manuel Vargas Gómez, conductor del
camión que era sujeto de investigación por parte de la Fiscalía; dentro de
esa misma investigación la víctima, en su demanda de constitución como
parte civil, convocó como tercero civilmente responsable al propietario del
automotor involucrado en el accidente (la Compañía Suramericana de
Arrendamiento Operativo S.A. -Surenting S.A.) persona jurídica que, en su
momento, llamó en garantía a la Compañía Nacional de Chocolates, sobre
la base de que, aunque Surenting tenía la propiedad del vehículo, el mismo
estaba arrendado “mediante la figura del renting (…) o arrendamiento
operativo” a la Compañía Nacional de Chocolates, persona jurídica que,
según lo afirmó Surenting, poseía materialmente el vehículo “…y lo utilizaba
de manera autónoma e independiente”15.
25. Para la época de los hechos, la prescripción de la acción civil en
cabeza del afectado contra los terceros civil y, valga precisarlo,
12 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de
2011. Radicado N.º 44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante,
esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del
dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aún
aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…) , tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a
la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente
en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su
objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo>>”.
13 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016,
Radicado N.º 11001-02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el
significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el
de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que
a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su
patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el
artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un tercero,
a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”,
puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas
jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un tercero incurre
en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios puesto que la
prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo 2.358 ejusdem.
Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa
jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia civil.>>”.
14 Sentencia de 10 de febrero de 2021 ya citada.
15 Folio 28-30 del cuaderno 1 y 214-252 del cuaderno 2.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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solidariamente responsables, era de 10 años16. En ese orden de ideas, el acá
demandante tenía una posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria civil
para obtener el resarcimiento de los perjuicios cuya reparación buscó de
manera infructuosa dentro del proceso penal, por lo menos, hasta junio de
2014, pues, ya se indicó, la prescripción de la acción penal solo cobijaba al
penalmente responsable. Con ello, queda en evidencia que la declaratoria
de prescripción de esta última acción, acto que tuvo lugar en septiembre
de 2009, no le clausuró de manera definitiva al demandante la oportunidad
de buscar ese resarcimiento de manos de Surentig S.A. y/o de la Compañía
Nacional de Chocolates.
26. Sin perjuicio de las consideraciones que anteceden (que apuntan a
desvirtuar el carácter definitivo de la pérdida de oportunidad alegada en
la demanda), la Sala pone de presente que, en todo caso, la parte actora
no acreditó que la oportunidad que tenía de obtener la indemnización de
perjuicios dentro del proceso penal fuera cierta. Al respecto, la declaratoria
de la prescripción se produjo en una fase inicial del proceso penal; además,
no quedó demostrado que, de haberse proferido sentencia condenatoria,
el ahora demandante habría tenido la posibilidad efectiva de ser resarcido.
27. Sobre lo primero, cuando sobrevino la declaratoria de prescripción de
la acción penal, apenas se había calificado el mérito del sumario con
resolución de acusación en contra del presunto responsable del delito de
lesiones personales culposas, por decisión de 16 de enero de 200917. Esta
última decisión, que fue recurrida por la defensa, no quedó en firme,
precisamente, porque la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal encontró
configurada la prescripción, situación que declaró por Auto de 25 de
septiembre de 200918.
28. Como entonces no existía una decisión que declarara la
responsabilidad penal y civil del investigado (como la patrimonial del
tercero civilmente responsable y/o de la persona jurídica llamada en
garantía), no podría sostenerse que, en caso de no haberse declarado la
prescripción, “…lo más probable es que se hubiese logrado obtener el pago
de la indemnización que se pretendía”, juicio de valor sobre la certeza de
la oportunidad perdida que no podía hacerse, simplemente, sobre la base
de que se había proferido resolución de acusación. Y es que aún si se
asumiera que esa esa resolución estaba llamada a quedar en firme, incluso
16 Artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002: <<La acción ejecutiva se
prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.>>
17 Folio 290-303 del cuaderno 2.
18 Folio 332-337 del cuaderno 2.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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en ese escenario la presunción de inocencia no estaba completamente
desvirtuada, pues faltaría por evacuar la etapa de juicio.
29. Adicionalmente, el actor tenía que probar que, en el evento de
haberse proferido una condena penal de primera instancia, contaba con
una posibilidad real de ser resarcido con cargo al patrimonio de los
eventuales responsables. El Estado no es garante de la obligación de
reparar las consecuencias patrimoniales del daño proveniente del delito,
responsabilidad que recae sobre el autor y los partícipes de la conducta
punible y/o sobre quienes tienen la condición de terceros civilmente
responsables.
30. A partir de las copias de la causa penal allegadas a este proceso de
reparación directa, aunque quedó establecido que el demandante
presentó demanda de constitución de parte civil (contra el conductor y, de
manera separada, contra la empresa propietaria del camión19), no consta
que, en su condición de víctima, hubiera solicitado (con respaldo en el
artículo 60 de la Ley 600 de 2000), el embargo y secuestro de los bienes del
investigado o del tercero civilmente responsable.
2.2.2. La declaración de prescripción tampoco privó al demandante de la
oportunidad de obtener verdad y justicia
31. Debido a que desde la demanda -y de manera insistente en el
recurso-, se planteó que el demandante no solo experimentó el daño
consistente en la pérdida de la posibilidad de recibir la indemnización que
perseguía dentro del proceso penal, sino que también alegó que la
declaración de prescripción afectó sus derechos a obtener verdad y a que
se hiciera justicia, la Sala se pronunciará sobre esto último, asimismo, desde
la óptica de la pérdida de oportunidad.
32. En la demanda se expuso que, la declaratoria de prescripción,
denotó la “lentitud y retardo” por parte de la Fiscalía, situación con la que
se conculcaron los derechos fundamentales de la víctima, concretamente
los de “…acceso a la justicia, debido proceso, a la verdad, la justicia y la
reparación, ligados a la dignidad de la persona…”.
33. Por las razones indicadas con anterioridad, es claro que el
demandante no perdió, de manera definitiva, el derecho a la
indemnización de las lesiones personales que le produjo el accidente de
tránsito en el que se vio involucrado. Para la Sala, por análogas razones, la
prescripción de la acción penal tampoco lo dejó desprovisto de
19 Folio 24-27 del cuaderno 1.
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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mecanismos judiciales igualmente idóneos para que se estableciera la
verdad, se impartiera justicia y, de esa forma, su situación no quedara
impune.
34. Aunque la Sala es consciente de que el proceso penal era un
escenario adecuado para determinar las verdaderas causas de las lesiones
que sufrió Rafael Antonio Bovea Gómez, pues sólo a partir de una
reconstrucción plena del curso causal sería posible determinar si había, o
no, lugar a la responsabilidad personal propia de la acción penal, lo cierto
es que la reconstrucción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se produjeron esas lesiones, como derecho que ciertamente tiene la
víctimas del delito, también podía conseguirse a través del ejercicio de la
acción civil que, como quedó establecido, pudo ser promovida con
posterioridad a la declaración de prescripción por parte de la Fiscalía.
35. En efecto, dentro del proceso de responsabilidad civil contra los
terceros civilmente responsables, naturalmente había lugar a recomponer
las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito, pues sólo así
podría haber lugar a determinar si las personas jurídicas tendrían, o no,
comprometida su responsabilidad directa por las lesiones experimentadas
por Bovea Gómez, con el condigno derecho a la justicia y reparación de
perjuicios en cabeza de la víctima.
36. Si bien es cierto que el proceso civil y el penal tienen unas
características propias, responden a intereses distintos y tienen finalidades
asimismo disímiles, no es menos cierto que, al menos cuando, como acá, la
presunta conducta punible (lesiones personales culposas) originó, a la vez,
afectaciones de naturaleza civil, ambos procesos estaban llamados, en
buena medida, al esclarecimiento de unos hechos similares, con lo cual el
derecho a la verdad en cabeza de la víctima podía satisfacerse en
cualquiera de ellos.
37. De manera que, en este caso, el derecho de la víctima a obtener
justicia y a que se estableciera la verdad acerca de las condiciones en las
que se presentó el accidente en el que resultó lesionado, no se vieron
afectados de manera absoluta con la declaratoria de prescripción de la
acción penal.
2.3. Sobre la condena en costas
Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de
la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
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Radicación: 13001-33-31-004-2012-00135-01(59897)
Actor: Rafael Antonio Bovea Gómez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de noviembre de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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