Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00497-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00497-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2010-00497-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de julio de 2023
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – falta carácter definitivo de la pérdida de
oportunidad
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque, en la etapa de
investigación dentro de un proceso por lesiones personales culposas, se declaró la
prescripción de la acción penal
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 21 de junio de 2018, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la
demanda1.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión .
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 6 de julio de 20103, Ruby Vesga Rojas, en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentó demanda contra la Nación - Fiscalía General
de la Nación y la Nación – Rama Judicial, en la que solicitó (se trascribe)4:
“Primera: Declarar administrativa y solidariamente responsables a la Nación –
Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios irrogados a mi
mandante Ruby Vesga Rojas, por el defectuoso funcionamiento de la
1 En la parte resolutiva del fallo se dispuso: “PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones
consignadas en la parte motiva de esta sentencia. // SEGUNDO: Sin condena en costas…”
2 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
3 Folio 9 del cuaderno 1.
4 Folio 1 y 8 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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administración de justicia, dentro del proceso penal por lesiones personales
culposas en contra del señor Juan Carlos Rico Ortiz, mismo que se adelantó en su
parte investigativa ante el Fiscal 12 delegado ante los Juzgados Penales
Municipales de Barrancabermeja y los Jueces Penales Municipales de esta misma
ciudad, funcionarios que conocieron de la etapa de juzgamiento”.
2. Síntesis de los pejuicios reclamados:
Perjuicios materiales Perjuicios extrapatrimoniales
$152’464.529 valor que corresponde a los
Perjuicio moral: $51’500.000
perjuicios que cuantificó el perito designado
Perjuicio a la vida de relación: $51’500.000
dentro del proceso penal
3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones5,
señaló:
4. 1) El 21 de septiembre de 2001, la demandante fue víctima, en un
accidente de tránsito en Barrancabermeja, el cual dio origen a una
investigación penal por lesiones personales culposas contra Juan Carlos Rico
Ortiz, conductor del vehículo que le causó lesiones Ruby Vesga Rojas. Ella
promovió demanda de constitución de parte civil con el fin de obtener una
indemnización por los perjuicios que padeció en su “humanidad y su
patrimonio”.
5. 2) El Fiscal de conocimiento y los jueces que conocieron de la
actuación “…dieron suficientes muestras de incuria, desidia y un absoluto
abandono de sus obligaciones, pues después de 6 años y 1 mes
aproximadamente de haber acaecido el hecho (…) se decide poner fin al
proceso por cuanto operó el fenómeno procesal de la prescripción”.
Además, se declararon 3 nulidades “producto de no se sabe qué razones”.
6. 3) Como consecuencia de lo anterior, “…los perjuicios a los que se
debería haberse hecho acreedora [la demandante] no se pudieron hacer
efectivos por las maniobras dilatorias de la apoderada del sujeto activo [sic],
ello, con la absoluta aquiescencia de la Fiscalía, su actitud abiertamente
relajada y lo que es peor, la mora en las decisiones de los señores Fiscales y
Jueces”.
1.2. Posición de la parte demandada
7. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda6.
8. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones y como razón de su
defensa alegó que “La Rama Judicial actuó adecuadamente”7.
5 Folio 2-4 del cuaderno 1.
6 Folio 128 del cuaderno 1.
7 Folio 121-123 del cuaderno 1.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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1.3. Sentencia de primera instancia
9. Denegó las pretensiones con fundamento en que: 1. La demora en el
trámite de la acción penal estaba justificada porque la actuación debió
rehacerse como consecuencia de las nulidades que fueron declaradas; 2.
A pesar de que no se acreditaron las condiciones de congestión judicial,
para la época de los hechos, era ampliamente conocido que el sistema
penal la padecía; 3. El daño alegado por la parte actora era incierto, en la
medida en que dentro del proceso penal no llegó a quedar en firme la
resolución de acusación, por lo que el trámite no alcanzó la etapa de juicio
y una condena penal era eventual. 4. Por último, el Tribunal indicó que la
demandante, una vez que se declaró la prescripción de la acción penal,
tuvo la posibilidad de promover una acción civil para obtener
indemnización de perjuicios, de manera que la oportunidad de obtener una
indemnización dentro del proceso penal no se frustró de manera definitiva,
lo que excluía la posibilidad de un daño por pérdida de oportunidad8.
1.4. Recurso de apelación
10. La demandante indicó que, en este caso, contrario a lo sostenido por
el Tribunal, sí se presentaron demoras injustificadas en el trámite del proceso
penal a cargo de la Fiscalía (pues presentó notorias tardanzas en sus
actuaciones, excediendo los términos para recibir la indagatoria, cerrar la
investigación y remitir el expediente a los juzgados). Además, aseveró que
la Fiscalía incurrió en equivocaciones que configuraron nulidades que
terminaron por ser decretadas e incidieron en la duración del proceso
(permitió que el defensor del procesado fuera un estudiante de derecho;
por falencias en la notificación del auto de cierre de investigación se volvió
a declarar una nulidad). Sumado a ello, el recurrente se quejó de que el
proceso hubiera quedado paralizado por 6 meses por falta de una
fotocopiadora, y le atribuyó un error judicial a la Fiscalía al declarar en forma
equivocada la extinción de la acción penal por prescripción. A la Rama
Judicial, le reprochó asimismo la demora en la toma de decisiones que le
competían, así como la tardanza en las remisiones de la causa a la Fiscalía
luego de decretadas las nulidades.
11. Alegó que, en este caso, la congestión judicial que el Tribunal utilizó
como argumento para denegar las pretensiones, no había quedado
demostrada, ya que a este proceso no se allegaron, como suele hacerse en
esta especie de causas, precisó, estadísticas sobre la carga laboral.
12. Cuestionó la tesis del fallo recurrido según la cual el daño era incierto
porque la resolución de acusación no quedó en firme. Si ello fue así, en
8 Folio 197-208 del cuaderno principal.
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Actor: Ruby Vesga Rojas
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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criterio de la parte actora, fue como consecuencia de que se decretaron 2
nulidades procesales por notorias deficiencias en las que incurrió la Fiscalía.
En línea con lo anterior, llamó la atención acerca de que la sentencia
condenatoria era evidente, pues sin perjuicio de otros elementos de juicio,
el propio investigado había reconocido que no había acatado las normas
de tránsito.
13. Acerca de que la parte actora pudo acudir a una acción civil para
reclamar la indemnización de perjuicios, el recurrente replicó que no podía
hacerlo porque esa posibilidad le quedó clausurada cuando se constituyó
como parte civil dentro del proceso penal.
14. Por último, la parte actora indicó que, para atacar la decisión de
primera instancia, reiteraba los argumentos planteados en los alegatos de
conclusión de la primera instancia, en los que se ponía en evidencia que la
actuación penal fue fallida y morosa y contraria a los principios de
celeridad, eficacia restablecimiento y reparación.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
15. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, pues están reunidos
los presupuestos para dictar Sentencia: la de reparación directa es la acción
procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños
causados por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia;
además, la acción se promovió de manera oportuna, tal como lo estableció
esta Corporación en Auto de 15 de diciembre de 20119.
16. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que no está acreditado que, con la declaratoria de
prescripción de la acción penal, la parte actora hubiera experimentado la
pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización de los perjuicios
solicitada dentro del proceso penal. La Sala no se pronunciará sobre la
alegada existencia de un error judicial en la providencia que declaró la
prescripción de la acción penal, en la medida en que, además de que la
falta de prueba del daño haría inoficioso el estudio de los presupuestos de
ese título de imputación, en la demanda no se elevaron pretensiones
9 En esa decisión resolvió el recurso de apelación contra el Auto proferido por el Tribunal el 29 de julio de 2010, en
el que rechazó la demanda por caducidad. La Sala consideró que, como el plazo para presentar la demanda
vencía el 9 de julio de 2010 (habida cuenta de que la providencia que confirmó la declaratoria de prescripción
de la acción penal se produjo el 8 de julio de 2008), la presente acción, promovida el 6 de julio de 2010, había sido
oportuna (fl. 91-94 del cuaderno 1).
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
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concretas en ese sentido, ni en los fundamentos de hecho se expusieron las
razones por las cuales dicha providencia era constitutiva de error. Al
recurrente, entonces, no le era dado introducir a estas alturas
planteamientos sobre dicho título de imputación, so pena de desconocer
la congruencia que debe existir entre la demanda, la sentencia y el recurso,
así como el derecho al debido proceso del extremo demandado.
2.2. Análisis sustantivo
17. El daño alegado en este caso, se produjo con la declaratoria de
prescripción de la acción penal. En criterio de la parte actora, esa
circunstancia frustró la posibilidad de que obtuviera la indemnización de los
perjuicios que le causó el accidente de tránsito en que resultó lesionada10,
accidente que ocurrió el 21 de septiembre de 2001 y en él que se vieron
involucrados Juan Carlos Rico Ortiz (persona que conducía un autobús) y
Ruby Vesga Rojas (que manejaba una motocicleta).
18. En los casos de prescripción de la acción penal, esta Subsección ha
sido constante al analizar las afectaciones que se alegan desde los
presupuestos de la pérdida de oportunidad11. A falta de una posición
unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado al respecto, la Sala
ha detectado que, en la mayor parte de los casos en los que se plantea que
la prescripción de la acción penal ha causado daños, en las demandas se
expone un razonamiento hipotético según el cual si la prescripción no
hubiera sobrevenido, las víctimas habrían accedido a la indemnización de
perjuicios perseguida dentro del proceso penal; en menor medida, se
reclama de manera expresa que, la imposibilidad de continuar con ese
proceso, comportó, asimismo, la imposibilidad de que se esclareciera la
verdad y se hiciera justicia.
19. En uno y otro caso, es evidente que se alega la frustración de
expectativas que se habrían concretado si el proceso penal continuaba
hasta que se profiriera una decisión de fondo. En materia de imputación, las
demandas de reparación directa por prescripción de la acción en general
plantean que, la imposibilidad de acceder a una decisión definitiva, ha sido
consecuencia de demoras por parte de la Fiscalía General de la Nación y/o
la Rama Judicial.
10 En los hechos de la demanda se señaló de manera expresa que: “…los perjuicios a los que se debería haberse
hecho acreedora [la demandante] no se pudieron hacer efectivos…” -se resalta-, lo anterior, a juicio de la parte
actora, como consecuencia directa de las maniobras dilatorias de la defensa del investigado y las demoras de la
propia Fiscalía y la Rama Judicial en el impulso de la acción penal.
11 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de 26 de enero de 2023, Exp. 13001-33-31-004-2012-
00135-01(59897); 16 de agosto de 2022, Exp., 25000-23-26-000-2012-01103-01(53174); 2 de marzo de 2022 15001-23-
31-001-2010-01346-01(54192); 28 de abril de 2021 Exp. 08001-23-31-000-2008-00833-01 (47893) y 11 de octubre de
2021 Exp. 19001-23-31-000-2010-00187-01 (51454).
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20. Como es evidente que en tales escenarios se plantea la existencia de
un daño por pérdida de oportunidad, para el caso concreto, en un orden
lógico, la Sala expondrá las razones por las cuales no se cumplen los
presupuestos de existencia del daño, análisis que es necesariamente
anterior al estudio de la imputación, es decir, a la verificación de si el
decaimiento de la acción penal sobrevino, o no, por una circunstancia
atribuible a la Fiscalía y/o a la Rama Judicial a título de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
2.2.1. No hubo pérdida de oportunidad de obtener indemnización de
perjuicios
21. Dando alcances a los planteamientos que preceden, la Subsección
ha sostenido que, “…a la parte actora le incumbe exponer y acreditar las
afirmaciones que permitan concluir que la prescripción de la acción penal
le impidió recibir una indemnización que habría podido obtener si ella no se
hubiese declarado; le corresponde acreditar que tal declaración le frustró
definitivamente una expectativa cierta o con grandes probabilidades de
certeza de obtener la reparación”12 -se resalta-.
22. La sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda, entre
otros aspectos, porque la pérdida de oportunidad no habría sido definitiva,
habida cuenta de que, cuando se declaró la prescripción de la acción
penal la víctima habría podido reclamar la indemnización de perjuicios
mediante el ejercicio de una acción civil. El recurrente replicó que la
posibilidad que tenía Ruby Vesga Rojas de demandar la indemnización de
perjuicios dentro de un proceso civil aparte no era viable, pues al constituirse
como parte civil dentro del trámite penal, dicha posibilidad quedaba
excluida.
23. La Sala debe precisar que, según el artículo 45 del Código Penal
vigente al momento de los hechos (Ley 600 de 2000), el afectado con un
delito tenía la posibilidad de buscar el resarcimiento de los perjuicios
derivados del delito, “…ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal”.
Tambien es pertinente indicar que, a pesar de que el Código de
Procedimiento Penal aplicable (Ley 599 de 2000), dispone que la
prescripción de la acción penal conlleva la prescripción de la acción civil,
tal disposición -esto es fundamental- únicamente está prevista en relación
con los “penalmente responsables” (art. 98), para el caso, el conductor del
autobús que era sujeto de investigación por parte de la Fiscalía.
24. A partir de esas premisas, aunque es cierto que la víctima no podía
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021
Rad. 76001-23-31-000-2011-01285-01 (51813)
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
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reclamar la indemnización de perjuicios por fuera del proceso penal (pues
había promovido demanda de constitución de parte civil), tal y como lo
alega el recurrente, no es menos cierto que, en el momento en el que
quedó en firme la declaratoria de prescripción de la acción penal (el 8 de
julio de 2008), la víctima todavía tenía tiempo para demandar ante los
jueces la misma indemnización de perjuicios, aunque fuera de parte de los
terceros civilmente responsables. Sobre el particular, esta Subsección ha
precisado lo siguiente:
“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsables, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal13. En
casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual del
propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa 14, por lo
que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados por estos
terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se sujeta al
término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil15”16.
25. En el presente caso, la Sala destaca las siguientes circunstancias:
26. 1) El accidente que dio origen a los perjuicios cuya reparación se
demandó dentro del proceso penal ocurrió el 21 de septiembre de 2001; en
él, según se puso de presente en la demanda de reparación directa,
intervino materialmente Juan Carlos Rico Ortiz, conductor del autobús y que
era sujeto pasivo de investigación por parte de la Fiscalía.
13 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,
cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>” -se resalta-.
14 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de
2011. Radicado N.º 44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante,
esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del
dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aún
aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…) , tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a
la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente
en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su
objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo>>”.
15 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016,
Radicado N.º 11001-02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el
significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el
de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que
a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su
patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el
artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un tercero,
a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”,
puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas
jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un tercero incurre
en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios puesto que la
prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo 2.358 ejusdem.
Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa
jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia civil.>>”.
16 Sentencia de 10 de febrero de 2021 ya citada.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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27. 2) Del documento “Informe del accidente”, la Sala observa que el
vehículo involucrado era de propiedad de “Segundo Abril Rubiano” y que
estaba afiliado a la empresa “Trans[portes] y equipos Limitada”, empresa a
la que luego del accidente se le realizó la restitución provisional del mismo
en calidad de “Tenedor Legítimo”17.
28. 3) De la documentación que se allegó en la fase inicial de la
investigación penal, se observa asimismo que el autobús de “servicio
público” tenía constituido un “seguro de daños corporales causados a las
personas en accidentes de tránsito” con vigencia entre 29 de septiembre
de 2000 y 29 de septiembre de 2001 (el accidente fue el 21 de septiembre
de 2001), seguro que tenía como amparos, entre otros, “gastos médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios” por 500 SMLMV e incapacidad
permanente por 180 SMLMV18.
29. 4) En la diligencia de indagatoria rendida por el implicado directo
(Juan Carlos Rico Ortiz)19, se aprecia que este tenía la condición de
empleado de la empresa Transportes y Equipos y que, en esa condición,
conducía el vehículo que colisionó la moto que era conducida por Ruby
Vesga Rojas, accidente que ocurrió en momentos en que “…estaba de
turno recogiendo personal de ECOPETROL” en una ruta que no había
realizado con anterioridad y que tuvo que cubrir como consecuencia de
que “…faltó el bus de la ruta de recogida de personal y me mandaron a
mí”.
30. 5) Dentro del proceso penal, la víctima se constituyó como parte civil,
y elevó pretensiones indemnizatorias contra Juan Carlos Rico Ortiz, al tiempo
que convocó como terceros civilmente responsables al propietario del
automotor involucrado en el accidente (Segundo Rubiano Abril), a la
empresa a la que el vehículo estaba afiliado (Transportes y Equipos Ltda.) y
a la Aseguradora Colseguros20.
31. A partir de esas circunstancias, la Sala pone de presente que, para el
momento en el que se declaró la prescripción de la acción penal (julio de
2008), la prescripción de la acción civil en cabeza del afectado contra los
terceros civil y, valga precisarlo, solidariamente responsables, era de 10
17 Confrontar Folio 2, 11 y 13-20 del cuaderno 2.
18 Folio 21 del cuaderno 2.
19 Folio 50-52 del cuaderno 2.
20 Folio 1 del cuaderno 3.
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años21 (que debían contarse, según el artículo 41 de la Ley 53 de 188722, a
partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, que empezó a regir el 27 de
diciembre de 2002). En ese orden de ideas, la acá demandante tenía una
posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria civil para obtener el
resarcimiento de los perjuicios cuya reparación buscó de manera
infructuosa dentro del proceso penal, por lo menos, hasta diciembre de
2012, pues, ya se indicó, la prescripción de la acción penal solo cobijaba al
penalmente responsable.
32. Con todo lo anterior, queda en evidencia que la declaratoria de
prescripción de la acción penal, acto que tuvo lugar en julio de 2008, no le
clausuró a Ruby Vesga Rojas, de manera definitiva, la oportunidad de
buscar la indemnización de perjuicios de manos de Segundo Rubiano Abril,
Transportes y Equipos Ltda. y/o la Aseguradora Colseguros.
33. Los presupuestos para acceder al reconocimiento de un daño por
pérdida de oportunidad, esto es: que se trate de una oportunidad cierta y
que, además, sea frustrada de manera definitiva, son de naturaleza
concurrente y su análisis no es sucesivo, de manera que basta que uno
cualquiera de ellos no esté presente para que el estudio del daño se
paralice y la pretensión indemnizatoria no pueda abrirse paso. Lo anterior
releva a la Sala del estudio de si la pérdida de oportunidad fue cierta, lo que
también fue materia de análisis en el fallo apelado y argumento del recurso
de apelación pero que, se insiste, su análisis resulta inoficioso ante la
comprobación de que la misma no tuvo en el caso concreto carácter
definitivo23.
2.3. Sobre la condena en costas
34. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
21 El artículo 2536 del Código Civil, fue modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002: <<La acción ejecutiva se
prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.
22 ARTÍCULO 41. “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo
de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera ó la segunda, á voluntad del prescribiente;
pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará á contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere
empezado á regir”.
23 Sin perjuicio de ello, la Sala pone de presente que la pérdida de oportunidad no tendría carácter cierto en el
presente asunto, en la medida en que: 1. la prescripción de la acción penal sobrevino en momentos en que no se
había declarado la responsabilidad penal del investigado, por lo que era meramente eventual la condena penal
en su contra y que esta fuera confirmada en segunda instancia; 2. además, dado que el Estado no es garante del
pago de las obligaciones indemnizatorias derivadas del delito, en este caso no se acreditó que la demandante
hubiera solicitado medidas cautelares como parte civil en el proceso penal, con el fin de asegurar el pago efectivo
de la indemnización de los responsables. 3. Tampoco se demostró la solvencia del conductor del bus involucrado
en el accidente, como para que pudiera razonarse que, en caso de un eventual fallo a favor de la parte civil, esta
contaba con una posibilidad importante de conseguir el resarcimiento de perjuicios con cargo a su patrimonio.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00497_02 (62536)
Actor: Ruby Vesga Rojas
Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclara voto
Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 de 10
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