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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2012-00084-01

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2012-00084-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. SEGUNDO: SIN COSTAS en segunda instancia. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2012-00084-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

3 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa / Error judicial / Falta de prueba del daño.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque en el trámite de un
proceso ejecutivo hipotecario se declaró desierto un recurso de apelación contra el auto
que negó la nulidad del remate.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 30 de septiembre de 2019, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de marzo de 20122, Diana Alejandra González Ayus, actuando en
nombre propio y como representante legal de su hijo José Alejandro Rincón
González; Ayda del Carmen Ayus Alian (madre) y Carmen Alicia, Aqueber
Patricia, Fabiola María, Aida Viviana y María Delia González Ayus
(hermanas), en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial, en la que solicitaron:

“PRIMERO: DECLÁRESE A LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación

el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 1 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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administrativamente responsable del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia de la que fue víctima o recibió la demandante señora
DIANA ALEJANDRA GONZALEZ AYUS (victima directa) dentro del interior del
proceso ejecutivo hipotecario promovido por el BANCO DAVIVIENDA RADICADO
N° 23 001 31 31 03 002 - 2006 - 00171-00 el cual cursó o se adelantó en el JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA – CORDOBA (…), en donde se impidió
que el proceso ejecutivo hipotecario antes mencionado siquiera su curso normal
ante el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA - CORDOBA, en
razón a que el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA – CORDOBA
(…), mediante providencia de fecha primero (1°) de marzo del año 2.010 (…)
DECLARO DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra el auto
interlocutorio de fecha diecinueve (19) de enero del año 2.010/ que denegó el
incidente de nulidad del remate dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario (…)
impidiendo que el proceso ejecutivo hipotecario citado siguiera su curso normal,
pretermite íntegramente la instancia el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE MONTERIA ( ART.140 numeral 3° del C.P.C.)” -se resalta-.

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios inmateriales
1. Perjuicio moral:
-100 SMLMV a favor de la víctima directa, y la misma suma para su hijo y su madre.
-50 SMLMV para cada una de las demás demandantes.
2. Perjuicio a la vida de relación: 100 SMLMV a favor de la víctima directa, y la misma suma
para su hijo y su madre.

3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones3,
adujeron:

4. 1) El 4 de febrero de 2010, Diana Alejandra González Ayus compareció
ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y le entregó $50.000
al citador Jorge Macea Pérez, suma que tenía por objeto el pago de las
fotocopias requeridas para tramitar el recurso de apelación contra el Auto
de 19 de enero de 2010, por medio del cual el Juzgado se había
pronunciado negativamente sobre una solicitud de nulidad del remate de
la garantía hipotecaria perseguida.

5. 2) Jorge Macea Pérez pretendió allegar al expediente la suma de
$40.000 pero la secretaria del juzgado se negó a recibirla, aduciendo que el
término para el pago de las copias había vencido. El empleado judicial
elaboró el recibo por $40.000 con fecha 10 de febrero de 2010, día en el que
vencía el plazo con el que contaba la entonces demandada para el pago
de las copias para tramitar el recurso (que había sido concedido en el
efecto devolutivo); sin embargo, “la secretaria le dejó constancia de
recibido con fecha del día 11 de febrero de 2010 a las 8:30 am”.

6. 3) Por Auto de 1º de marzo de 2010, el juzgado declaró desierto el
recurso de apelación, determinación que “constituye un defectuoso

3 Folio 469 y ss. del cuaderno 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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funcionamiento de la administración de justicia o falla del servicio judicial”,
pues con ello “se pretermite íntegramente la instancia” y se impidió que el
proceso ejecutivo hipotecario tuviera su curso normal: “acceso a la segunda
instancia”, lo que les causó perjuicios a los demandantes4.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones5. Propuso las
excepciones de “[a]usencia de nexo causal entre el daño alegado y la
actuación de los jueces de la república” y la de “[f]alta de causa para
demandar e inexistencia del daño alegado”.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. Negó las pretensiones con fundamento en que, a pesar de que el
auto que declaró desierto un recurso de apelación interpuesto por la parte
ejecutada le generó un daño (el no trámite del recurso de apelación), “…no
se logró demostrar procesalmente la antijuridicidad del daño, ya que no se
probó que la apelante haya cumplido oportunamente con (…) el pago en
tiempo de las expensas para las copias de las piezas procesales necesarias
para el trámite del recurso de alzada. Tal circunstancia impide continuar
con el estudio de imputabilidad del daño a una actuación u omisión de la
autoridad vinculada a la Rama Judicial y del nexo causal entre uno y otro”.

9. Precisó que no existía certeza del momento del pago del dinero para
las copias, que debía quedar hecho como máximo el 10 de febrero de 2010.
Al respecto, indicó que uno de los testigos afirmó que el pago se realizó el 4
de febrero de 2010, mientras que la constancia del citador sobre el pago
tenía 3 fechas distintas: 10 de febrero de 2010, 12 de febrero de 2010 y 11 de
febrero de 2010. Agregó que tampoco había coincidencia en el monto que,
supuestamente, recibió ese empleado, pues dicho testigo afirmó que le
fueron entregados $50.000 a Jorge Macea Pérez, mientras que este
reconoció que se le hizo un pago, pero por $40.000.

10. Para terminar, consideró que la parte afectada, al promover recursos
contra el auto que declaró desierto el recurso, invocó el principio de buena
fe, por el que debían tenerse por ciertas las afirmaciones del citador en su
constancia; sin embargo, a juicio del Tribunal, estas “difiere[n] con lo
enunciado en los hechos de la demanda y las manifestaciones de [la]
testigo María Fernanda Méndez Losada en cuanto a la fecha de entrega

4 Folio 467 y siguientes del cuaderno 1.
5 Folio 482 y siguientes del cuaderno 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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del dinero y el monto del mismo”6.

1.5. Recurso de apelación

11. La parte actora expuso los contornos jurisprudenciales del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y enunció las pruebas que
se practicaron en el trámite de la primera instancia, de las cuales destacó
el contenido de los testimonios. Indicó que estos suministraron el contexto en
el que la entonces ejecutada cumplió con la carga procesal de pagar el
valor de las fotocopias requeridas para surtir el recurso de apelación, pago
que realizó al empleado del juzgado Jorge Macea Pérez. Alegó que el único
responsable de que el recurso hubiera sido declarado desierto era este
último, quien terminó absuelto de responsabilidad disciplinaria y no fue
llamado en garantía con fines de repetición dentro de esta controversia.

12. Para concluir, aseveró que “la no comunicación y omisión al señor
Juez de conocimiento de que se habían pagado oportunamente los dineros
para las fotocopias del proceso (…) conllevó a que el a-quo lo declarara
desierto por la negligencia o falta de cuidado de una competencia del
secretario u empleado de la Rama Judicial, lo que impidió que el proceso
ejecutivo hipotecarios siguiera su curso normal, dineros que fueron
entregados bajo los parámetros legales de tiempo, modo y lugar”7.

1.6 Trámite relevante en segunda instancia

13. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la
Sentencia apelada, pues “el presunto daño sufrido por los demandantes, el
cual según ellos consistió en no poder ejercer el recurso de apelación
solicitado en el proceso de embargo que se les adelantó en el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Montería, no se logra demostrar que el mismo
haya sido antijurídico, pues un efecto lógico de la disposición legal, es que
quien acuda fuera de termino a entregar el dinero de las copias, habilita al
juez de que declare desierto el recurso de apelación, hipótesis que los
demandantes en este proceso no lograron desvirtuar”8.

14. La parte actora se reafirmó en sus reparos, y agregó que en este caso
el juez que tramitaba la ejecución incurrió en una falla, al no requerir a la
parte actora, antes de declarar desierto el recurso, para que pagara el valor
de las copias9.

6 Folio 3-10 del cuaderno principal.
7 Folio 16-19 del cuaderno principal.
8 Índice 12 Samai.
9 Índice 13 Samai.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio, presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2.
Análisis sustantivo 2.3. Sobre la condena en costas.

2.1. Exposición del litigio, presupuestos procesales y decisiones a adoptar

15. De una lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, la Sala
observa que la parte actora buscó que se declarara la responsabilidad del
Estado debido a una circunstancia específica: que “se impidió que el
proceso ejecutivo hipotecario” en el que la actual demandante principal
tenía la condición de ejecutada, “siguiera su curso normal”, como
consecuencia de que se declaró desierto el recurso de apelación contra un
auto que negó una solicitud de nulidad. A juicio de la parte actora, el pago
de las fotocopias para que se tramitara la apelación fue entregado de
manera oportuna a un funcionario del despacho judicial, pero el juzgado
determinó que ese pago había sido extemporáneo, con lo cual incurrió en
un “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.

16. Es claro que lo que se alegó en la demanda, al margen de la
denominación que le haya dado la parte actora, fue un error judicial,
contenido en la providencia que declaró desierto el recurso de alzada. Esa
determinación, a juicio del extremo actor, 1. fue equivocada, pues el pago
de las fotocopias fue oportuno; 2. determinó la “pretermisión de la instancia”
y, en general, 3. impidió que el proceso “siguiera su curso normal”, lo cual
generó afectaciones morales a los demandantes, afectaciones que, según
lo precisaron los testigos, fue consecuencia de la pérdida del inmueble
involucrado en el proceso judicial.

17. Establecida cuál fue la actuación cuestionada, en relación con la
oportunidad en el ejercicio de la acción, la Sala observa que la demanda
fue promovida en tiempo: el auto que declaró desierto el recurso de
apelación fue proferido el 1º de marzo de 2010; por Auto de 26 de julio de
2010, el juzgado resolvió el recurso de reposición que contra aquel interpuso
la parte ejecutada, auto este último que fue notificado por estado el 28 de
julio y quedó en firme el 2 de agosto de 201010. En ese orden, la demanda
de reparación directa presentada el 1º de marzo de 2012 fue oportuna11.
Además, la de reparación directa es la acción procedente para buscar la
declaratoria de responsabilidad por error judicial.

18. La Sala confirmará la sentencia apelada, 1. pues la parte actora no

10 Folio 386-399 del cuaderno 1.
11Lo anterior, sin contar con que el plazo de caducidad se extendió por el tiempo que duró el trámite de
conciliación prejudicial (19 de diciembre de 2011 y 21 de febrero de 2012 [fl.456 y ss. del cuaderno 1]).

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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acreditó que la decisión cuestionada le hubiera causado un daño. Como
tesis de refuerzo, 2. la Sala no encuentra que al proferirse el auto que declaró
desierto el recurso de apelación se haya incurrido en un error judicial.

2.2. Análisis sustantivo

19. 1. Sobre la falta de acreditación del daño. La afectación alegada por
la parte actora, como ya ha tenido la oportunidad de identificarlo la Sala
en casos análogos12, correspondería a una pérdida de oportunidad: la de
que, en sus palabras, el proceso siguiera su curso normal y que, entonces, la
controversia relativa a una supuesta nulidad procesal se resolviera en dos
instancias.

20. La frustración de esa expectativa solo configuraría un daño
indemnizable, en la medida en que la parte actora hubiera cumplido con
las cargas de argumentar y acreditar 1. no solo que contaba con una
oportunidad cierta de que sería declarada la nulidad de la diligencia de
remate, 2. sino que los efectos de esa declaratoria estaban llamados a
perdurar, con alcances definitivos y favorables sobre su patrimonio; de lo
contrario, habría que concluir que la falta de anulación del remate no le
reportó ninguna afectación, como en efecto ocurrió.

21. Sobre lo primero, con fines de claridad, la Sala pone de presente las
siguientes circunstancias (extraídas del proceso ejecutivo que la parte
actora allegó como prueba en la demanda de reparación directa): 1. La
solicitud de nulidad de la diligencia de remate tuvo como fundamento que
la ley procesal exigía como requisito para su validez que se consignara el
40% del avalúo del inmueble (art. 526 CPC); 2. la parte ejecutada cuestionó
la subasta porque la consignación sí se hizo, pero por un porcentaje superior:
41.2%13. 3. El juzgado, por Auto de 19 de enero de 2010, negó la solicitud de
nulidad14, pues consideró que el legislador, al establecer un porcentaje del
40% para poder hacer postura en un remate, solo estableció un mínimo, de
manera que “toda consignación de dinero igual o superior al tope mínimo

12 En Sentencia de 2 de marzo de 2022, la Sala se pronunció sobre una controversia en la que se demandó la

indemnización de perjuicios por el hecho de que una decisión no pudo ser apelada. En esa oportunidad, la
Subsección determinó que el daño alegado correspondía a una pérdida de oportunidad, cuyos presupuestos no
fueron acreditados (Exp. 47943). De otra parte, las decisiones de la Subsección han sido constantes en el sentido
que, en los casos en los que se demanda la responsabilidad del estado por prescripción de la acción penal (donde
en general se alega que a las víctimas del delito se las priva de la posibilidad de que el proceso continuara hasta
una decisión de fondo que se pronunciara sobre las pretensiones indemnizatorias contra el penalmente
responsable), el daño corresponde, asimismo, a una pérdida de oportunidad (entre muchas otras: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021 Rad. 76001-
23-31-000-2011-01285-01 [51813]; Sentencia de 2 de marzo de 2022, Rad. 15001-23-31-001-2010-01346-01[54192];
Sentencia de 16 de agosto de 2022, Rad. 25000-23-26-000-2012-01103-01 [53174]; Sentencia de 26 de enero de
2023, Rad. 13001-33-31-004-2012-00135-01[59897], Sentencia de 4 de julio de 2023, Rad. 68001-23-31-000-2010-00497-
02 [62536], Sentencia de 27 de julio de 2023, Rad. 50001-23-31-000-2011-00289-01[63574]).
13 Folio 366 del cuaderno 1.
14 Folio 372 del cuaderno 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
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Demandado: Rama Judicial
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establecido por la ley (…), faculta para hacer postura”. 4. La parte actora
interpuso recurso de apelación contra ese auto y alegó que la norma
procesal era clara y expresa al exigir el pago del 40% del avalúo, ni menos,
ni más15. 5. Por Auto de 1º de febrero de 2010 se concedió el recurso en el
efecto devolutivo, y 6. en providencia de 1º de marzo del mismo año, ese
recurso fue declarado desierto porque el impugnante dejó vencer el
término del que disponía para el pago de las copias para tramitar la
apelación.

22. La parte actora tenía que acreditar que la imposibilidad de ejercer su
derecho de apelar (como consecuencia de que se declaró desierto el
recurso de apelación) le frustró definitivamente la expectativa cierta, o con
grandes probabilidades de certeza, de conseguir un resultado favorable a
sus intereses, sobre la base de que era altamente posible que el auto que
negó la nulidad del remate sería revocado en segunda instancia.

23. Sin embargo, en la demanda se limitó a argumentar que, al
declararse desierto su recurso, se le impidió que el proceso siguiera su curso,
y que, con esa determinación, se pretermitió la instancia, sin exponer las
razones por las cuales contaba con posibilidades reales de que el recurso
se definiría a su favor y que, entonces, sería declarada la nulidad de la
diligencia de remate.

24. En otras palabras, tenía la carga de exponer argumentos que
refutaran la motivación concreta del auto que negó la solicitud de nulidad,
a saber: que para la validez del remate podía consignarse el 40% del avalúo
del inmueble, o más, carga que dentro de esta controversia no se satisfacía
alegando que, al declararse desierto su recurso, el proceso no pudo seguir
su curso y que, con ello, a su juicio, se pretermitió la instancia.

25. Con todo, a juicio de la Sala no parece muy probable que la
hermenéutica del extremo actor se habría impuesto en segunda instancia
dentro del proceso ejecutivo, pues es razonable considerar que si el
legislador estableció un monto de base para poder hacer postura en la
diligencia de remate, los derechos de los interesados no se ven afectados
de ninguna forma por el hecho de que uno o varios oferentes consignen un
monto superior, lo que descarta que en tales eventos se produzca la
violación de una garantía procesal que justifique dejar sin efectos el acto
jurídico del remate.

26. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala pone de presente que, en el
hipotético evento de que la parte actora hubiera suministrado argumentos

15 Folio 375-377 del cuaderno 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
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Demandado: Rama Judicial
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que permitieran considerar como posible que de haberse tramitado la
apelación habría sido declarada la nulidad de esa diligencia, aún en tal
supuesto no podría asegurarse que la parte actora experimentó una
pérdida de oportunidad.

27. En tal escenario, nada le impedía al Banco ejecutante volver a
solicitar la ejecución de la garantía hipotecaria, corrigiendo los vicios
formales que, supuestamente, afectaran la diligencia. Para la Sala es claro
que la existencia del crédito y, sobre todo: su exigibilidad, no quedaban en
entredicho o se afectaban ante la circunstancia de que, eventualmente, se
hubiera incurrido en irregularidades al momento de rematar el inmueble.

28. En esas condiciones, asumiendo que el proceso hubiera continuado
su curso, todavía más: en el supuesto de que la parte actora hubiera
conseguido la declaratoria de nulidad de la diligencia de remate, es
improbable que estuviera llamada a reportar un provecho patrimonial
(conservar el inmueble), con lo cual queda desdibujada la existencia de
una pérdida de oportunidad derivada de que el proceso, en sus palabras,
siguiera su curso normal.

29. 2. Sobre la inexistencia de un error judicial. Como tesis de refuerzo, la
Sala considera que el Auto de 1º de marzo de 2010, que declaró desierto el
recurso de apelación, se fundamentó en el informe secretarial que, sobre la
forma como pretendió hacerse el pago extemporáneo de las copias para
tramitar el recurso, dejó sentado el secretario del juzgado en documento de
12 de febrero de 201016. La Sala le da relevancia demostrativa a ese
elemento de juicio, según el cual, el pago del valor de las copias pretendió
hacerse el 11 de febrero de 2010, un día por fuera del término. Sin perjuicio
de que el documento elaborado por el citador Jorge Macea Pérez tiene 3

16 En el que el secretario del Juzgado, entre otras cosas, indicó: “… Señora Jueza, el asunto de este relato
pormeno[ri]zado, es para informarle que en ningún momento el señor citador del Juzgado me informó que había
recibido dinero con destino a este proceso para que se expidieran las copias de la alzada. Ya que el 11 de febrero
de 2010, poco más o menos a las 8:10 a.m., el señor citador del Juzgado, me manifestó verbalmente que el día
anterior la señora DIANA GONZALEZ, había comparecido al Juzgado, y había dejado con él la suma de
$40.000.o0., para efectos de las expensas de las copias de la apelación y que se le había olvidado decírmelo,
cabe destacar que dicho dinero fue recibido sin ningún tipo de memorial.
Por obvias razones, me negué a recibir dicho dinero ya que ese no es el conducto regular para hacerlo, hago
énfasis en el hecho de que la interesada no dejó memorial alguno para aportar el dinero, memorial donde debería
de constar la fecha de recibido del mismo, máxime si estamos en presencia de un término perentorio y del cual
depende de que dicho recurso se declare desierto o no.
Como me negué a recibir el dinero, el señor citador ese día (11-02-2010), hizo en mi presencia la constancia que
arrimo a continuación al presente asunto y le engrapo la suma dineraria en comento, amén de que la fechó con
el día anterior a su elaboración. Dichas expensas y la constancia elaborada por el citador fueron recibidas por
esta Secretaria el 11 de febrero de 2010, a las 8:30 a.m., de manera irregular ya que insisto no existe ningún
memorial por medio del cual la supuesta compareciente haya arrimado las expensas.
(…) Por lo anterior, le manifiesto que dentro de este asunto, no se aportaron las expensas necesarias para expedir
las copias del proceso, dentro del término de ley. Provea”.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
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fechas distintas17, considera la Sala que si la parte ejecutada en verdad
pagó en tiempo las copias requeridas, la prueba fehaciente de que ese
acto tuvo lugar la configuraba la copia del memorial, debidamente
recibido por el juzgado (con hora y fecha), en el que la parte interesada
diera cuenta, procesalmente, del cumplimiento de su carga. En este caso,
nada justifica que la parte interesada no hubiera dejado evidencia escrita
del acatamiento de una carga fundamental para sus propios intereses, de
manera que, de la prueba de las condiciones de tiempo, modo y lugar en
las que se hizo el pago, la Sala privilegia el contenido del informe secretarial
sobre las declaraciones que, sobre esos mismos aspectos, hizo uno de los
testigos postulados por la parte actora (María Fernanda Méndez Lozada18).

30. En síntesis, la Sala confirmará la sentencia apelada, pues quedó
establecido que la parte actora no experimentó un daño por el hecho de
que se declaró desierto el recurso de apelación contra el auto que no
accedió a su solicitud de nulidad. Tal comprobación relevaría a la Sala del
estudio de si, al hacer esa declaratoria, el juzgado que tramitaba la
ejecución incurrió en un error judicial. Sin embargo, como se indicó, no se
corroboró que, al declarar desierto el recurso de apelación (decisión que es
la causa del daño reclamado), el Juzgado haya incurrido en un error
judicial, razones suficientes para confirmar la sentencia apelada, como en
efecto se dispondrá.

2.3. Sobre la condena en costas

31. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte actora, la Sala se abstendrá de condenarla en costas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

17 El documento en su encabezado indica: “Montería, febrero 10 de 2010-02-12” (2 fechas: “febrero 10 de 2010” y

“2010-02-12”), y tiene acuse de recepción del juzgado “Febrero 11/10” 8:30 a.m” (tercera fecha). (folio 382 del
cuaderno 1).
18 Que afirmó que el 4 de febrero acompaño a la acá demandante al juzgado para pagar el valor de las copias.

Sostuvo que el pago lo hicieron a Jorge Macea, quien les dijo que después les daba el recibo pero que luego se
enteraron de que “el proceso no seguía su curso, que lo declararon desierto” Folio 521 del cuaderno 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2012-00084-01 (66063)
Actor: Diana Alejandra González Agus y otros.
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Arauca.

SEGUNDO: SIN COSTAS en segunda instancia.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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