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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00196-01

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00196-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida, el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2011-00196-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

13 de marzo de 2024

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Actor: José Antonio de la Ossa Duarte y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Acción: Reparación directa

Tema 1: Elementos de la responsabilidad – daño e imputación –. Subtema 1.1. Competencia funcional
del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio. Subtema 1.2. Pérdida de
oportunidad por prescripción de la acción penal. Subtema 1.3. Carga de la prueba en el régimen de
responsabilidad subjetivo. Subtema 1.4. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
mora injustificada – no configurado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida, el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018),
por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Unos ciudadanos denunciaron a Yamil Antonio Guerra Revollo por considerar que
eran víctimas del delito de estafa que atribuían a él. En el curso del proceso penal, la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal declaró que las acciones penal
y civil, iniciadas en contra del señor Guerra Revollo por el delito de estafa, se
encontraban prescritas y decretó la cesación de la actuación procesal. Los
demandantes alegan que perdieron la oportunidad de obtener el resarcimiento de los
perjuicios causados por la conducta punible. El Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en el fallo de primera instancia, negó las súplicas de la
demanda porque no fue posible determinar que la mora en el proceso fue injustificada.
En el recurso de apelación, la parte actora censuró el juicio de imputación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Leónidas de la Ossa Iriarte, María del Socorro Duarte de De la Ossa, Juan Carlos
de la Ossa Duarte, José Antonio de la Ossa Duarte y Ana María de la Ossa Duarte
presentaron demanda1, en ejercicio de la acción de reparación directa, el trece (13)
de septiembre de dos mil once (2011), con la que pretenden que esta jurisdicción
profiera sentencia de condena a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación
y Rama Judicial, con ocasión de “la omisión en las funciones propias de la ley que
les competía ejercitar en el curso del proceso penal del cual conocieron esos entes,
con motivo de la declaración de prescripción de la acción penal, declarada dentro del
proceso adelantado en contra de Yamil Guerra Revollo (…)”.

1 Folio 1 a 10, cuaderno 2.

1

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

Para la parte demandante, al haber sido declarada la prescripción de la acción civil
que se ejerció dentro del proceso penal como consecuencia de la mora injustificada
en la que incurrieron los despachos judiciales involucrados en el trámite, fueron
privados de la posibilidad de obtener la indemnización a que tenían derecho en virtud
de los graves daños materiales que les fueron causados en su condición de víctimas
del delito de estafa.

En su sentir, es posible observar que, en el proceso penal, la Fiscalía General de la
Nación tardó dos (2) años para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la
resolución de acusación y, por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cartagena profirió sentencia de primera instancia cuatro (4) años después de avocar
el conocimiento del asunto, es decir, esta última autoridad judicial abarcó
prácticamente el término de prescripción de la acción penal y, por consiguiente, de la
acción civil, de ahí que se extinguiera su derecho a obtener la reparación de los
perjuicios causados por la comisión del delito de estafa.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto del seis (6) de agosto de dos mil
catorce (2014)2, admitió la demanda; decisión que fue notificada a las entidades
demandadas3.

2.2.2. La Nación – Rama Judicial 4 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. Destacó que los demandantes no demostraron la existencia de un daño
antijurídico susceptible de ser indemnizado, comoquiera que no acreditaron la pérdida
de la oportunidad con motivo de la declaración de prescripción de la acción penal.
Adicionó que la parte actora pretende imputarle responsabilidad por la prescripción
de la acción penal, sin siquiera probar que se constituyó como parte civil o que
presentó la correspondiente demanda de responsabilidad extracontractual.

Finalmente, adujo que no fueron conculcados los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, habida cuenta de que el incumplimiento del
plazo legal establecido para adoptar la decisión dentro del proceso penal censurado
no radicó en una dilación injustificada por parte de la autoridad judicial, sino a
situaciones imprevisibles e ineludibles, como el exceso de trabajo.

2.2.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación5 guardó silencio durante el término
dispuesto para que presentara su escrito de contestación.

2.2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en proveído del diecinueve (19) de febrero
de dos mil dieciséis (2016)6, prescindió del periodo probatorio, teniendo en cuenta
que, antes de que dicha corporación declarara la nulidad de todo el proceso 7, las
pruebas fueron decretadas y estuvieron a disposición de las partes, por lo tanto,
conservan su validez conforme al artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
Luego, en providencia del diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 8, corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de
conclusión y este rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada

2 Folio 278 a 280, cuaderno 1.
3 Folios 301 y 302, cuaderno 1.
4 Folio 303 a 314, cuaderno 1.
5 Folio 319, cuaderno 1.
6 Ibidem.
7 El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del proceso a partir del auto admisorio proferido por el

Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartagena, pues, tratándose de una acción de
reparación directa dirigida en contra de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación por un supuesto
“error judicial”, el trámite recaía en los tribunales administrativos y en el Consejo de Estado, respectivamente.
8 Folio 321, cuaderno 1.

2

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

por la parte demandante 9 y por la Nación – Rama Judicial 10 para reiterar los
argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación 11 alegó que, ante el
conocimiento de una conducta punible, y en observancia de sus funciones
constitucionales y legales, adelantó las diligencias pertinentes para establecer su
ocurrencia, las circunstancias en que se suscitó, la identidad o individualización de
sus autores, entre otras actuaciones, sin que pueda atribuírsele una falla en el
servicio. Indicó que, contrario a lo dicho por la parte actora, la prescripción de la acción
penal no es imputable a la entidad, sino al apoderado de los aquí demandantes en el
proceso penal, quien no ejerció los recursos legales con los que contaba para obtener
la reclamación pretendida y cumplir con el objeto de su mandato, de ahí que se
configure la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Aclaró que la supuesta mora en el trámite penal no puede catalogarse como
injustificada, ya que, si bien existen unos términos legales para cada etapa del
proceso, aquellos no son “matemáticos” como lo pretende la parte actora.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 12 , en
sentencia del veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018)13, negó las
pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, consideró que el daño aludido por los
demandantes, consistente en la privación de la posibilidad de obtener el resarcimiento
de los perjuicios supuestamente causados con la conducta punible denunciada con
ocasión del decreto de la prescripción de la acción penal, se enmarca dentro de la
pérdida de la oportunidad. Por lo tanto, estudió los tres requisitos definidos por esta
Corporación para que aquel daño sea indemnizable – certeza respecto de la
existencia de una oportunidad que se pierde, imposibilidad definitiva de obtener el
provecho o de evitar el detrimento y una situación potencialmente apta para que la
víctima pretenda la consecución del resultado esperado – y los encontró satisfechos.

En lo atinente al elemento de la imputación, denotó que a pesar de que, en efecto, la
Corte Suprema de Justicia decretó la prescripción de la acción penal y que ello
claramente evidencia una mora judicial, lo cierto es que no obran pruebas en el
proceso que permitan establecer si la mora estaba o no justificada y, de esa manera,
determinar a quién resulta atribuible la conducta.

Por último, sostuvo que “la mora judicial comprometería la responsabilidad del Estado
por cuanto se vio afectada la garantía de acceso efectivo a la administración de
justicia, derecho constitucional y convencionalmente protegido y considerado por el
Consejo de Estado como una nueva categoría autónoma de daño inmaterial. (...) Visto
lo anterior, para proceder a realizar el análisis de imputación, la Sala se encuentra
ante la insuficiencia del material probatorio (…) en razón de lo anterior, y en vista de
no haberse podido acreditar la existencia del daño antijurídico imputable a las

9 Folio 322 a 329, cuaderno 1.
10 Folio 330 a 332, cuaderno 1.
11 Folio 339 a 347, cuaderno 1.
12 El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto del trece (13) de abril de dos mil dieciocho (2018), remitió el proceso

al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cumplimiento de las medidas de
descongestión establecidas en el artículo 1 del Acuerdo PCSJA18-10913 del veinte (20) de marzo de dos mil
dieciocho (2018).
13 Folio 385 a 418, cuaderno principal.

3

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Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

entidades demandadas debido a los indicados vacíos y debilidades probatorias, se
hace imperioso negar las pretensiones de la demanda”.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)14.

En su escrito, expuso que el a quo erró al concluir que ante la falta de fallo
condenatorio en el proceso penal no podía accederse a las súplicas de la demanda,
ya que, por lo contrario, si se hubiere dictado sentencia en el proceso penal se
consolidaba la reclamación que como víctimas hicieren los aquí demandantes, y ello
demostraría que el proceso penal se tramitó dentro de los términos legales y no habría
lugar a incoar una acción de reparación directa. A su juicio, es precisamente esa
ausencia de una decisión de fondo que pusiera fin al proceso penal y las actuaciones
de las entidades demandadas lo que se protesta ante el contencioso, pues, al
prescribir la acción penal, perdieron la oportunidad de ser resarcidos por los perjuicios
causados.

Adicionalmente, sostuvo que la mora ocurrida en el proceso penal se debió a una
“omisión gravemente culposa” por parte de los demandados, en consideración a que
la Fiscalía General de la Nación requirió de dos (2) años y doce (12) días para acusar
al señor Guerra Revollo y, por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cartagena profirió sentencia de primera instancia cuatro (4) años después de la
imputación y de estar en firme la acusación. En su criterio, las entidades demandadas
tenían la obligación de aportar todos los documentos en su poder y debían demostrar
por qué la mora era justificada, ya que no le compete a la parte que demanda probar,
sino a quien incurrió en la conducta.

Añadió que, teniendo en cuenta que el expediente del proceso penal no fue allegado
completo aun cuando fue decretado como prueba, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en una omisión al no requerir a la
autoridad judicial para que enviara nuevamente lo requerido antes de dictar sentencia,
de acuerdo con el artículo 170 del Código General del Proceso.

Finalmente, enfatizó que la primera instancia ignoró las consecuencias procesales
ante la inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial y ante la falta de
contestación de la demanda por parte de la Nación – Rama Judicial.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

El despacho sustanciador, en auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil
diecinueve (2019) 15 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. Más adelante, en proveído del veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019)16, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad
que fue aprovechada por la actora17 y por la Nación – Fiscalía General de la Nación18,
quienes insistieron en los argumentos expuestos en las distintas etapas procesales.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

14 Folio 423 a 438, cuaderno principal.
15 Folio 449, cuaderno principal.
16 Folio 451, cuaderno principal.
17 Folio 453 a 470, cuaderno principal.
18 Folio 471 a 478, cuaderno principal.

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

3.1. Como es sabido, el daño es el menoscabo a un interés jurídico tutelado, mientras
que la imputación supone establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar
o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño
antijurídico.

En este caso, la parte demandante refirió, desde el escrito de demanda19, que, debido
a la declaración de prescripción de la acción penal, se extinguió su derecho a obtener
la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la comisión del delito de
estafa. En vista de dicha circunstancia, el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina estimó que:

“el carácter cierto del daño antijurídico para que pueda ser reparado no se encuentra
del todo definido, teniendo en cuenta que no se puede establecer las resultas del
proceso penal declarado prescrito, es decir, que no hay manera de determinar si
efectivamente el procesado iba a ser condenado penalmente y compelido a responder
civilmente a favor de los hoy actores En este orden, debido a la ausencia de decisión
definitiva de la controversia (resolución del recurso de casación) no se logró establecer
la existencia del delito investigado, el detrimento patrimonial alegado y la obligación de
repararlo a cargo del imputado, por lo que no es posible afirmar con certeza que en
caso de no haberse declarado la prescripción de la acción penal los hoy accionantes
hubiesen obtenido el pago de los perjuicios ocasionados con la conducta punible. Por
lo que a consideración de la Sala la declaratoria de la prescripción de la acción penal
y civil, trajo como consecuencia a los actores la pérdida de unas expectativas de
obtener una reparación económica como parte civil dentro de un proceso penal, lo cual
conforme a la jurisprudencia se puede enmarcar dentro del concepto del término de la
pérdida de la oportunidad”.

El recurrente, para controvertir los anteriores motivos, los interpretó y entendió que el
tribunal estaba echando de menos una sentencia condenatoria en el proceso penal
como presupuesto para acceder a este contencioso, como si la falta de dicha
sentencia impidiera proferir un fallo condenatorio.

Erró la parte demandante en ese cometido, puesto que lo dicho por el tribunal va
encaminado, precisamente, a identificar las particulares circunstancias que rodean el
caso objeto de estudio, que, aunado a lo alegado en la demanda, permiten apreciar,
sin lugar a equívoco, que el daño que él describe y que pide le sea reparado, configura
una pérdida de oportunidad por afectación de la probabilidad considerable que tenía
de ser resarcida por los supuestos daños causados por la comisión de un delito. Tal
pérdida tiene, sin embargo, carácter aleatorio, no es completamente certera, se
traduce, en términos jurídicos, en una pérdida de oportunidad, tal y como lo ha
precisado la jurisprudencia de esta Corporación20.

Establecido el daño como la pérdida de oportunidad, debía el a quo analizar si,
conforme con las características que la jurisprudencia de esta Corporación ha definido
para aquel menoscabo, la afectación protestada por la parte demandante cumplía los
requisitos para su estimación como indemnizable. Solo en caso de que la respuesta a
esa cuestión resultara de signo positivo, procedía dar paso a la imputación.
19 “Observe que, en el caso bajo estudio el hecho dañoso (daño antijurídico) imputable a la Administración de

Justicia se evidencia en que el tiempo transcurrido para dictar sentencia de primera instancia cubrió prácticamente
el término de prescripción de la acción penal y por consiguiente de la acción civil ejercida dentro del mismo por mis
mandantes, extinguiéndose en esa medida, el derecho a mis representados a obtener la reparación de los
perjuicios causados con ocasión de la comisión del delito de estafa (…)”. Página 8 del escrito de demanda.
20 Al respecto, pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –

Sección Tercera – Subsección C, sentencias del diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), del once (11)
de julio de dos mil veintidós (2022) y del siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022), radicación números
52001-23-31-000-2011-00435-01, 15001-23-31-000-2011-00006-02 y 08001-23-31-000-2011-01124-01,
respectivamente; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera -Subsección B,
sentencias del dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) y del veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés
(2023), radicación números. 25000-23-26-000-2012-01103-01 y 13001-33-31-004-2012-00135-01.

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El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
efectivamente, analizó los distintos criterios de la pérdida de oportunidad y concluyó:

“En cuanto al primer requisito, observa la Sala que en el presente caso se encuentra
acreditada la existencia de la oportunidad (…) respecto al segundo criterio, esto
es, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evita el detrimento, observa
la Sala que (…) la declaratoria de prescripción de la acción penal
indiscutiblemente impide la obtención del provecho o de evitar el detrimento,
esto es, la reparación de los perjuicios que ocasionó la infracción penal. Y, por último,
la víctima estaba en una situación potencialmente apta para pretender la
consecución del resultado esperado (…)”. (negrillas fuera del texto).

Luego, manifestó que “en principio, frente a la prescripción de la acción penal en el
caso concreto podría considerarse prima facie que se presentó una falla del servicio
por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia evidenciado en la
dilación del plazo razonable para que fuese definida la responsabilidad penal del
proceso. Sin embargo, el Consejo de Estado ha sostenido que el hecho de que la
acción penal haya prescrito, no indica por sí solo la existencia (…) precisado lo
anterior, corresponde entonces, determinar si se cuenta con las pruebas suficientes
que permitan acreditar que la alegada dilación del proceso y posterior declaratoria de
la prescripción, resultan imputables a las entidades demandadas a título de falla del
servicio por mora judicial”. Tras un análisis que adelantó por esta cuerda argumental,
coligió que no existían pruebas suficientes para deducir que la tardanza en el trámite
penal se debió a causas imputables a los funcionarios judiciales.

Para finalizar, explicó que la mora judicial comprometería la responsabilidad del
Estado por cuanto se vio afectada la garantía de acceso a la administración de justicia,
daño inmaterial autónomo, pero que “visto lo anterior, para proceder a realizar el
análisis de la imputación, la Sala se encuentra ante la insuficiencia del material
probatorio (…) en razón de lo anterior, y en vista de no haberse podido acreditar la
existencia del daño antijurídico imputable a las entidades demandadas (…), se hace
imperioso negar las pretensiones de la demanda”.

En criterio de esta Sala, de un análisis integral de la providencia de primera instancia,
es factible afirmar que el a quo encontró acreditados los tres elementos para predicar
la existencia de una pérdida de oportunidad, y que, en función de esa primera
conclusión, estimó que el daño objeto de las pretensiones de reparación era
antijurídico e indemnizable, e incursionó, de inmediato, en el juicio de atribución, juicio
que resolvió con respuesta desfavorable a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que no obraba el material probatorio suficiente para atribuir una falla
en el servicio a las entidades demandadas por mora judicial.

Entonces, el sustento de la sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina parte de dos supuestos: (i) la existencia de un daño
antijurídico, concretamente, de una pérdida de oportunidad y (ii) la imposibilidad de
imputar el daño a las entidades demandadas por falta de pruebas.

Lo anterior, implica que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina encontró demostrada la existencia del daño antijurídico
y esta es una situación que favorece a la parte demandante, en su condición de
apelante único, la litis quedó zanjada sobre aquel presupuesto de la responsabilidad
patrimonial pública.

En último término, conviene mencionar que la autoridad judicial que conoció en
primera instancia incluyó en su estudio, aunque de manera aislada y sin algún efecto
útil, la posible vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos,

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

como un daño inmaterial autónomo, sin que ello fuera planteado en el escrito de
demanda. Por lo tanto, sobre el particular no habrá pronunciamiento alguno, en plena
observancia del principio de congruencia y de la causa petendi, además, porque ello
no fue objeto del recurso de apelación.

3.2. Dicho esto, la Sala procederá, en función de los cargos de la alzada, previo
examen de los presupuestos para una sentencia de fondo, y según las resultas de
este, a dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos en forma eventualmente
sucesiva.

¿El daño que sufrieron los demandantes por la pérdida de la oportunidad es imputable
a la Nación por mora injustificada en el trámite penal?

Si la respuesta a este interrogante es afirmativa, responderá a este otro:

¿Probaron los actores los elementos de juicio necesarios para una tasación en
concreto de los perjuicios cuyo resarcimiento deprecan?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo preceptuado
en el artículo 7321 de la Ley 270 de 1996 y a la naturaleza del asunto22, y al oportuno
ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que radicó la demanda el
trece (13) de septiembre de dos mil once (2011), esto es, dentro de los dos (2) años
siguientes al nueve (9) de octubre de dos mil nueve (2009), día en que quedó
ejecutoriada la decisión que declaró la prescripción de la acción penal23, incluso, sin
tener en cuenta el tiempo en que estuvo suspendido el plazo para la presentación de
la demanda, en razón de la solicitud para la realización de la audiencia de conciliación
prejudicial24.

4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que
la Subsección encuentra legitimados en la causa por activa: María del Socorro Duarte

21 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos

anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los
Tribunales Administrativos”.
22 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del nueve (9) de septiembre de dos mil

ocho (2008), radicación número 11001-03-26-000-2008-0009-00.
23 Ley 600 de 2000 “Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3)

días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los
recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se
sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas
por el funcionario correspondiente. Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan
ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en
varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”. El apoderado recurrente, el recurrente y
el apoderado de la parte civil fueron notificado el cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), mientras que el
fiscal fue notificado el seis (6) de octubre siguiente.
24 María del Socorro Duarte de De La Ossa, Leónidas de la Ossa Iriarte, Juan Carlos de la Ossa Duarte, José

Antonio de la Ossa Duarte y Ana María de la Ossa presentaron solicitud de conciliación judicial, el veinticinco (25)
de agosto de dos mil once (2011), con el fin de que “la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, y la Nación – Fiscalía General de la Nación, reconozcan los perjuicios de orden material e
inmaterial causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los cuales impidieron a mis
poderdantes obtener la indemnización a que tenían derecho, por los daños que le fueron causados por la comisión
del delito del que fueron víctimas (…)”. La Procuraduría Judicial 22 para Asuntos Administrativos de Bolívar, en
constancia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), declaró agotado el trámite por no existir ánimo
conciliatorio; folio 20, cuaderno 2.

7

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

de De La Ossa25, Juan Carlos de la Ossa Duarte26, José Antonio de la Ossa Duarte27
y Ana María de la Ossa Duarte 28 , quienes eran los socios de Inversiones Amalia
Garrido Villar y Cía. S. en C.29, sociedad que fue reconocida como parte civil en el
proceso penal adelantado contra Yamil Antonio Guerra Revollo y posteriormente
liquidada 30 , y respecto de Leónidas de la Ossa Iriarte, pues participó en las
negociaciones sostenidas con el señor Guerra Revollo para comprar la posesión
material sobre los terrenos en Tierra Bomba.

4.1.2.1. Y en lo que atañe al extremo demandado en este litigio, la Nación se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, siendo representada por el fiscal general
de la Nación y el director ejecutivo de Administración Judicial, puesto que la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación intervinieron en la actuación penal que
culminó con la declaración de prescripción y que, según los actores, les generó un
daño antijurídico.

4.2. Análisis de la Sala

En relación con el juicio de imputación, los demandantes adujeron que el daño por
pérdida de oportunidad devino por el defectuoso funcionamiento de administración de
justicia consistente en la dilación injustificada presentada en el trámite de la causa
penal, que fue determinante en la configuración de la prescripción de la acción penal.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia está regulado en el
artículo 69 de la Ley 270 de 1996, que prescribe que, además de los casos
establecidos en los artículos 66 y 68 de esa normativa, quien haya sufrido un daño
antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la
consiguiente reparación. Esta Sección 31 ha interpretado aquella disposición, en el
sentido de indicar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
es un evento de responsabilidad aplicable solo cuando no existe una providencia
judicial a la que se le pueda atribuir un error jurisdiccional o cuando no se alegue un
daño derivado de la privación injusta de la libertad. Así, el defectuoso funcionamiento
ocurre en el desarrollo de la actividad judicial desplegada para adelantar el proceso o
para lograr la ejecución de providencias judicial, funciones que están a cargo de
funcionarios, empleados judiciales y particulares investidos de función judicial.

25 Quien tenía 250 cuotas o parte de capital.
26 Quien tenía 250 cuotas o parte de capital.
27 Quien tenía 250 cuotas o parte de capital.
28 Quien tenía 250 cuotas o parte de capital.
29 Escritura de constitución de la sociedad Inversiones Amalia Garrido Villar & CÍA. S. en C.; folio 26 a 33, cuaderno

2. “(…) Que la exponente Amalia Garrido Villar comparece al otorgamiento de este instrumento en su propio
nombre (…) María del Socorro Duarte de De La Ossa procede tanto en su propio nombre, como también en
representación de sus hijos menores de edad (…) Juan Carlos De La Ossa Duarte, José Antonio De la Ossa Duarte
y señorita Ana María De la Ossa Duarte sobre quienes, conjuntamente con su cónyuge, señor Leónidas De La
Ossa Iriarte, ejercen la patria potestad (…) han decidido formar, como en efecto forman y constituyen por medio
de la presente escritura, una sociedad comercial en comandita simple, en la que serán las dos primeras
comparecientes socias gestoras y como comanditarios, además de la exponente María del Socorro Duarte
de De La Ossa, los señores Juan Carlos De La Ossa Duarte, José Antonio De La Ossa Duarte y la señorita
Ana María De La Ossa Duarte (…) el capital de la sociedad es de un millón de pesos (…) el cual se dive (sic) en
mil (1000) cuotas o partes del interés social (…) cada una, así: el socio Juan Carlos De La Ossa Duarte la
cantidad de doscientos cincuenta mil pesos (…) dividida en doscientas cincuenta (250) cuotas o partes de
capital; el socio José Antonio De La Ossa Duarte la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos (…) la
socia Ana María De La Ossa Duarte, doscientos cincuenta mil pesos (…) y la socia María del Socorro Duarte
de De La Ossa, doscientos cincuenta mil pesos (…)”. (negrillas fuera del texto).
30 La Cámara de Comercio de Barranquilla certifica que, según acta número 5 del veintitrés (23) de enero de dos

mil seis (2006) correspondiente a la junta de socios en Barranquilla de la sociedad Inversiones Amalia Garrido
Villar & Cía. S. en C. en Liquidación, inscrita en dicha cámara de comercio el quince (15) de marzo de dos mil seis
(2006) bajo el número 123,089 del libro respectivo, consta la liquidación de la sociedad antes mencionada; folio
34, cuaderno 2.
31 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del

dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006) y del quince (15) de abril de dos mil diez (2010), radicación números
25000-23-26-000-1993-09946-01 y 23001-23-31-000-1997-08862-01, respectivamente.

8

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

Esta Corporación 32 también ha dicho que son características de este factor de
imputación, las siguientes: (i) que se configura frente a actuaciones u omisiones,
diferentes a providencias judiciales necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede
provenir de funcionarios, empleados judiciales y de particulares que ejerzan facultades
judiciales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, a partir de la
comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; (iv) es
un factor de imputación de carácter subjetivo; y (v) se manifiesta de tres formas: en el
mal funcionamiento de la Administración de Justicia, en la falta de ejecución o en el
funcionamiento tardío, eventos que se enmarcan en la teoría general de la falla del
servicio.

En lo relativo a la responsabilidad del Estado por la mora judicial o la dilación
injustificada no basta con la demostración de que se excedieron los términos
prescritos en la ley, es decir que el incumplimiento de aquellos no configura, por sí
mismo, una falla del servicio. En tales circunstancias, la causa de la dilación debe
analizarse frente a los siguientes factores: (i) la duración estándar de los procesos
similares al que es motivo de reproche; (ii) las circunstancias procesales presentadas
en el caso concreto; (iii) el grado de complejidad que entraña la actuación; (iv) el
comportamiento de las partes en el trámite; y (v) el volumen de trabajo que soportaba
el despacho judicial para la época en que tuvo a cargo el trámite censurado. Estos
aspectos deben analizarse en atención a la propia realidad de la Administración de
Justicia y no a las expectativas que podría generar un Estado ideal33.

En el caso concreto, está acreditado que:

i) Leónidas de la Ossa Iriarte denunció34, el dos (2) de febrero de dos mil uno
(2001), al señor Yamil Antonio Guerra Revollo por la comisión del delito de
estafa.
ii) La Fiscalía General de la Nación, el dieciséis (16) de mayo de dos mil dos
(2002)35, profirió resolución de acusación en contra de Yamil Antonio Guerra
Revollo por los delitos de estafa, fraude procesal y perturbación de la
posesión sobre inmueble, y ordenó el restablecimiento del derecho a favor
de la sociedad Inversiones Amalia Garrido Villar y Cía. S. en C.; tal decisión
fue objeto de recurso de apelación.
iii) El ente fiscal, el veintiocho (28) de mayo de dos mil cuatro (2004)36, confirmó
parcialmente la resolución recurrida, únicamente en lo relativo a la
acusación formulada al sindicado por el delito de estafa, y ordenó precluir
la instrucción a favor del señor Guerra Revollo por los delitos de fraude
procesal y perturbación de la posesión sobre inmueble.
iv) El Juzgado Primero Penal del Circuito, en sentencia del cinco (5) de marzo
de dos mil ocho (2008)37, resolvió absolver a Yamil Guerra Revollo del cargo
acusado por la Fiscalía General de la Nación.

32
Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
sentencias del doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) y del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece
(2013), radicación números 25000-23-26-000-1996-12794-01 y 25000-23-26-000-2002-00447-01,
respectivamente.
33 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,

sentencia del once (11) de mayo de dos mil once (2011), radicación número 08001-23-31-000-1999-02324-01;
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias del
veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) y del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
radicación número 25000-23-26-000-2001-01301-01 y 08000-12-33-000-2009-00671-01, respectivamente.
34 Folios 181 y 182, cuaderno 3.
35 Folio 38 a 51, cuaderno 2.
36 Folio 52 a 69, cuaderno 2.
37 Folio 70 a 79, cuaderno 2.

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

v) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en proveído del tres
(3) de marzo de dos mil nueve (2009)38, revocó la sentencia de primera
instancia, condenó a Yamil Antonio Guerra Revollo al encontrarlo
responsable del delito de estafa simple, y ordenó el pago de cincuenta y
seis millones de pesos ($56.000.000) a favor de la sociedad Inversiones
Amalia Garrido Villar y Cía. S. en C., por concepto de daños y perjuicios
materiales causados con la infracción. El apoderado de Yamil Antonio
Guerra Revollo interpuso recurso extraordinario de casación.
vi) La Corte Suprema de Justicia, en proveído del treinta (30) de septiembre de
dos mil nueve (2009)39, resolvió abstenerse de emitir pronunciamiento sobre
la admisibilidad de la demanda de casación y declaró que las acciones penal
y civil se encontraban prescritas y, en consecuencia, decretó la cesación de
la actuación.

La revisión de los documentos aportados a este contencioso permite apreciar una
inobservancia de los términos legales para agotar las etapas del juicio penal contra
Yamil Antonio Guerra Revollo, sin embargo, en virtud del parámetro jurisprudencial
antes expuesto, esto resulta insuficiente para endilgar responsabilidad a los
demandados, en tanto que no revela datos necesarios para valorar la complejidad que
entrañaba el asunto, el comportamiento de las partes en el trámite, el volumen de
trabajo que soportaban los distintos despachos que conocieron el asunto y mucho
menos permite evaluar los estándares de funcionamiento de las autoridades judiciales
en procesos similares.

Y tal orfandad probatoria no puede achacársele a las entidades demandadas, por el
contrario, es imputable a la parte actora, en cuanto incumplió el mandato contenido
en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil40, que dispone que “incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”, tal como se expondrá a continuación:

En el escrito de demanda, la actora aportó las pruebas41 que dan cuenta de los hechos
que se relataron con precedencia y pidió las siguientes: (i) prueba pericial, con el fin
de cuantificar los perjuicios por lucro cesante y daño emergente y (ii) los testimonios
de Álvaro Salgado González y Salustiano Fortich Ávila, a efectos de que probaran los
perjuicios morales causados a cada uno de los demandantes. Con relación a las
atestaciones, vale decir que la parte recurrente no puede reparar en el hecho de que
el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no los tomara
en consideración en su estudio de imputación, pues, tal como ya fue dicho, los
testimonios fueron solicitados “para probar los perjuicios morales irrogados a todos y

38 Folio 80 a 96, cuaderno 2.
39 Folio 104 a 110, cuaderno 2.
40 El despacho del ponente se aparta de la tesis que ha venido observando en línea con la unificación que hizo la

Sección en el auto 49299 del 25 de junio de 2014. Ha sostenido que el Código General del Proceso – CGP – (Ley
1564 del 2012) tiene vigencia plena desde el 1° de enero de 2014 para los asuntos que le competen a la jurisdicción
contencioso administrativo y no de forma gradual como ocurre en asuntos comerciales y civiles, y que, salvo en
los casos excepcionados en el artículo 624 del CGP, las remisiones que hacía el Código Contencioso
Administrativo al Código de Procedimiento Civil – CPC – debían entenderse hechas al CGP desde su entrada en
vigor conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Sin embargo, en atención a que la tendencia actual de las
otras subsecciones, e inclusive de los otros despachos de la subsección, es la de dar aplicación en esas
circunstancias al CPC, a efecto de facilitar la unidad de criterio, adhiere a la tesis mayoritaria.
41 Resolución de acusación del dieciséis (16) de mayo de dos mil dos (2002) y resolución del veintiocho (28) de

mayo de dos mil cuatro (2004) dictadas por la Fiscalía General de la Nación, sentencia de primera instancia del
cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008), fallo de segunda instancia del tres (3) de marzo de dos mil nueve
(2009), oficio del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) por medio del que el Tribunal Superior de
Cartagena envió a la Corte Suprema de Justicia el proceso con el fin de que se surtiera el recurso extraordinario
de casación y proveído del treinta (30) de septiembre de dos mil (2009) a través del que la Corte Suprema de
Justicia decretó la prescripción de la acción penal y civil.

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

cada uno de los actores”42 y así fueron decretados43, por lo que no puede procurar
darle un alcance mayor para el que fueron incorporados al proceso; y, aun si se
tuvieran en cuenta con ese objeto, por sí solos, no aportan elementos para imputar la
responsabilidad al Estado44.

Nótese como, desde el inicio del proceso, la demandante no aportó, ni requirió que se
allegara a este, el expediente de la causa penal, puesto que, infiere esta Sala,
consideró que aquellos medios de convicción eran suficientes para que esta
jurisdicción profiriera una decisión de condena. Tanto es así que, no fue con ocasión
de las gestiones del demandante que el expediente del trámite penal obra hoy en este
proceso de reparación directa, así sea incompleto, sino que fue remitido producto de
que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartagena,
autoridad judicial que conoció inicialmente el presente asunto, lo decretó como prueba
de oficio. En cumplimiento de dicha orden, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cartagena, el catorce (14) de enero de dos mil trece (2013), remitió las copias
auténticas del proceso contra Yamil Guerra Revollo que se adelantó en ese despacho.

Luego, no es de recibo que la actora, una vez conoció los argumentos expuestos por
el a quo al proferir sentencia, trate de suplir su falta de diligencia a lo largo de todo el
proceso a través de acusaciones dirigidas a la autoridad judicial de primera instancia
y a las entidades demandadas, ya que, en su sentir, aquella debía hacer lo posible
para requerir las pruebas que hacían falta para lograr una decisión favorable y éstas
tenían la obligación de probar que no incurrieron en mora injustificada.

Al respecto, en primer lugar, debe ponerse de presente que, tratándose del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, el régimen de responsabilidad es
subjetivo, de ahí que la parte demandante tenga la carga de demostrar el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así
como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia
favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por consiguiente, no es admisible que
el actor realice unas afirmaciones sin sustento probatorio y pretenda que sean las
entidades las que tengan la carga de la prueba, que, como ya se dijo, no está en
cabeza de ellas.

En lo atinente al deber del juez de verificar el recaudo completo de la prueba, no es
dable atribuirle una omisión al magistrado sustanciador de primera instancia, pues no
solo fue por medio de los poderes oficiosos que se ordenó la incorporación del
expediente penal, sino que tal eventualidad no constituye una de las causales de
nulidad y fue consentida por la parte actora quien no expresó objeción alguna, ya que
pidió que, “en atención a que las pruebas ordenadas fueron recogidas en la etapa
respectiva” 45 , el a quo corriera traslado para alegar y no recurrió las decisiones
relacionadas con la etapa probatoria46.
42 Folio 10, cuaderno 2.
43 Folios 121 y 122, cuaderno 2.
44 El testimonio de Álvaro Reinaldo Salgado González da cuenta de una demora en el trámite del proceso penal,

tal como quedó acreditado con las otras pruebas obrantes en el proceso, pero no permite, conforme a la
jurisprudencia, realizar un estudio de las circunstancias específicas de la causa penal que lleven a la conclusión
de que las entidades demandadas incurrieron en una mora injustificada. Por su parte, el testimonio de Salustiano
Fortich Ávila narra los hechos que giraron en torno a la compra de los lotes en Tierra Bomba y la posible comisión
del delito de estafa por parte de Yamil Guerra Revollo, así como el padecimiento moral de la familia por la pérdida
de esos lotes y la prescripción de la acción penal.
45 Memorial del once (11) de marzo de dos mil trece (2013); folio 201, cuaderno 1.
46 La parte demandante no recurrió el auto que corrió traslado a las partes para alegar, dictado por el Juzgado

Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartagena; decisión que era pasible del recurso de
reposición conforme al artículo 180 del Código Contencioso Administrativo. Y cuando el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), prescindió del periodo probatorio,
teniendo en cuenta que no había lugar a disponer la práctica de pruebas y explicó que el material sería valorado
al momento de dictar la sentencia al tenor de lo preceptuado en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil,
tampoco impugnó dicho proveído.

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

Bajo ese entendido, echa de menos esta Sala una expresión de protesta encaminada
a reclamar, en el momento procesal oportuno, que se aportara debidamente la prueba
decretada y, denota que, por el contrario, allegada esta, la demandante estimó que el
material probatorio recaudado era el adecuado para alcanzar una sentencia favorable
a sus pretensiones. Esto, si en cuenta se tiene que pidió que se surtiera el respectivo
traslado para alegar. Así pues, ante un hecho no probado por la demandante, no era
el operador judicial, a través del auto de mejor proveer, el llamado a remediar la incuria
de la demandante en cuanto a la debida integración del acervo probatorio47. Cabe
precisar que la facultad oficiosa conferida al juez, para decretar pruebas antes de
dictar la sentencia, está limitada a desatar puntos oscuros o dudosos de la contienda
y no a suplir las falencias probatorias de las partes. Lo anterior, cobra mayor relevancia
en vista de que el juez, durante la etapa probatoria y a efectos de propender por el
esclarecimiento de la verdad – potestad que difiere de la que tiene la autoridad judicial
antes de proferir fallo –, decretó de oficio la prueba, y la demandante, en plena
inobservancia del mandato contenido en el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil, no verificó que se remitiera la copia del expediente en su totalidad, sino que
reclamó que el juez cerrara la etapa probatoria y procediera a correr traslado para las
alegaciones finales.

Finalmente, en lo concerniente a las consecuencias procesales de la inasistencia a la
audiencia de conciliación extrajudicial y de la falta de contestación de la demanda por
parte de la Nación – Rama Judicial, por una parte, resulta inane el estudio de tales
circunstancias ante la carencia de respaldo probatorio, pues aún bajo la consideración
de que la referida entidad no asistió a la audiencia de conciliación, ningún ejercicio
argumentativo48 puede conducir, por ese simple hecho probado, a la conclusión de
que existió mora injustificada y que se cumplieron con todos los requisitos que exige
la jurisprudencia para dar por sentado la configuración de un defectuoso

47 “Ha de recordarse que este auto está sometido al arbitrio del juez pues hace parte de su poder instructivo

facultativo, en contraste con el impositivo que propende por el esclarecimiento de la verdad dentro de las instancias
y bajo el iter de la facultad instructiva propiamente dicha (…). Por eso, ante hecho o supuesto fáctico no planteado,
no probado o inexistente, lo procedente es negar las súplicas de la demanda, porque con el auto de mejor proveer
no se puede pretender integrar o completar el acervo probatorio. (…) Esa diferencia de propósito, que por regla
general pasa desapercibida, tiene un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del
poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a fin de que el juez no termine
completando o ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que les
correspondía. (…) De tal suerte, que el operador jurídico para dictar auto de mejor proveer, no puede ni debe
retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce durante las instancias y en forma paralela con
la postulación de las partes, con el argumento de esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se excedería
en su labor, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la facultad instructiva que debe ejercer
con parámetros de excepcionalidad, en el auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a suplir la incuria
del interesado en probar. Además, el punto oscuro y difuso responde al concepto de vaguedad o imprecisión, lo
que supone que el hecho o supuesto fáctico que se busca clarificar siempre ha estado en el proceso – no es el
oculto ni el inexistente – sino el impreciso (…)”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Quinta, sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017), radicación número 41001-23-33-
000-2016-00080-01.
48 Al respecto, téngase en cuenta que: “(…) Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos,

como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como
por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados
a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o
principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo
en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al
margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el
indicio se integra con los siguientes elementos: -Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos:
los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso,
el cual debe estar debidamente probado en el proceso. -Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es
el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento. -Una inferencia mental: el razonamiento, la
operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho
indicador y el hecho desconocido que se pretende probar. -El hecho que aparece indicado, esto es, el
resultado de esa operación mental. (…)”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007), radicación número 68001-23-15-000-1998-00778-
01; reiterada en múltiples oportunidades por la misma Corporación

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00196-01 (62943)
Demandante: José Antonio de la Ossa Duarte y otros

funcionamiento de la administración de justicia, y por otro lado, contrario a lo sostenido
por el recurrente, la Nación – Rama Judicial sí contestó la demanda49.

En consecuencia, esta Subsección confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las
pretensiones de la demanda.

V. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida, el veintiocho (28) de junio de dos
mil dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, de acuerdo con la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para lo de su cargo,
previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP

49 El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), resolvió

tener por contestada la demanda por parte de la Nación – Rama Judicial; folio 319, cuaderno 1. La contestación
de la demanda obra en los folios 303 a 314 del mismo cuaderno.

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