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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-01124-01

Fecha
7 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-01124-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 10 de agosto de 2015 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2011-01124-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

7 de septiembre de 2022

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-01 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros.
Demandados: La Nación — Rama Judicial-.
Referencia: Acción de reparación directa.

Tema: Responsabilidad del Estado por la administración de justicia.
Subtema 1: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Subtema 2: Prescripción de la acción penal.
Subtema 3: Imposibilidad de la parte civil para obtener indemnización de perjuicios.
Subtema 4: Prueba del daño antijurídico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, el 10 de agosto de 2015, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Sigifredo Gámez Cepeda formuló denuncia penal en contra del abogado
Hernando Manzano Peñaranda, para que se investigara su conducta profesional,
toda vez que en un proceso laboral en el que aquel lo representó, obtuvo el
reconocimiento y pago de unos factores salariales que le adeudaba la Empresa
Puertos de Colombia en Liquidación, sumas que se reconocieron a órdenes del
apoderado denunciado en bonos TES, quien con su expresa autorización, los
negoció, pero no dio cuentas del resultado de la negociación respectiva ni entregó
a su mandante el total del dinero recaudado, lo que dio con la apropiación
injustificada de $462'684.901,00.

Producto de lo anterior, la Fiscalía inició investigación contra el citado abogadol
por el delito de abuso de confianza en concurso homogéneo, quien resultó
acusado por dicho punible, al paso que el afectado se constituyó como parte civil
en el proceso penal. La sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado
Octavo Penal Municipal de Barranquilla declaró su responsabilidad y lo condenó al
pago de perjuicios, no obstante, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Barranquilla por medio de auto interlocutorio declaró la prescripción de la acción
penal y la cesación del procedimiento. La parte demandante adujo que la demora
judicial impidió que se le reconocieran los perjuicios reclamados como parte civil
en el proceso penal.

Y contra Belisario Deyongh Manzano, empero en la etapa instructiva se demostró que dicho
profesional del derecho no recibiii suma alguna de dinero que le correspondiera al denunciante.

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Amlnta Cecilia Gámez Colina y otros

II. ANTECEDENTES.

2.1. La demanda.

La demanda fue presentada el 21 de septiembre de 20112 por quienes aducen ser
las herederas3 de Sigifredo Gámez Cepeda4. Pretenden que esta jurisdicción
profiera sentencia en la que se declare a la Nación — Rama Judicial — Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, responsable por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia concretádo en la mora judicial que
ocasionó la prescripción de la acción penal y consiguientemente, la civil, incoada
contra el abogado Hernando Manzano Peñaranda, jurista que, se habría
apropiado de manera injustificada de unos créditol laborales reconocidos a
nombre del señor Gámez Cepeda en el curso de up proceso ordinario laboral
tramitado contra Foncolpuertos. Esa mora, dijeron, les causó daños materiales y
morales, motivo por el cual deprecan condena por la suma equivalente a los
perjuicios dejados de percibir en el litigio penal y las aflicciones morales derivadas
de aquellos.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto del 23 de noviembre de 20116,
admitió la demanda en contra de la Rama Judicial y dispuso que el auto
admisorio fuera notificado a dicha entidad y al agerite del Ministerio Público7.
Posteriormente, con proveído del 23 de agosto de 20128 la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico avocó el conocimiento del
proceso atendiendo lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en
Acuerdos PSAA12-9437 y PSAA12-9524, ambos de 2012.

La entidad accionada presentó oportunamente escrito de contestacióng con
oposición a las pretensiones. Al punto, indicó que en el presente asunto no existe
mérito para declarar responsabilidad extracontractual, comoquiera que la extinción
de la acción penal por prescripción fue declarada atendiendo las disposiciones
jurídicas que regulan dicho instituto, y que de haber obrado en contrario, se
hubiera configurado error jurisdiccional; de otro lado arguyó que la denunciante
acusó falta de interés en las resultas del sumario penal, descuido que incidió en el
vencimiento de términos acaecido. Como excepciones propuso las que intituló: I)
incapacidad o indebida representación del demandado por pasiva y; II)
Inexistencia del daño imputable a la dirección seccional de administración judicial.

El Tribunal, mediante autos del 17 de marzol° y 1 de junio" -ambos de 2015-
decretó las pruebas solicitadas por las partes, y ordenó, sin reproche de parte, el
cierre del debate probatorio y los traslados de rigor para las alegaciones de fondo

2 Folios 1 a 13 y 156 Cl.
3 Olga María Colina de Gámez, Judith Marina Gámez Colina, Alba Luz Gámez Colina, Marta
Victoria Gámez Colina y Aminta Cecilia Gámez colina.
Fallecido el 9 de febrero de 2006, según consta en Registro Civil de Defunción con indicativo
serial No. 5689623 de folio 136 Cl.
5 Pretensiones vistas a folios 1, 2, 3 y 4 Cl.
8 Folios 170 a 172 Cl.
7 La fijación en lista del proceso se practicó como medida de saneamiento, según consta en auto
del 27 de noviembre de 2014 /folios 227 a 228 C.1/.
5 Folio 176 C.1.
9 Folios 247 a 252 Cl. — Escrito radicado el último día de la fijación en lista, según consta en sello
de recibido de fecha 24 de febrero de 2015.
10 Folios 229 y 230 C.1.
11 Folios 253 y 254 C.1.

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Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

y el concepto del Ministerio Público12. En esta etapa procesal, solo intervinieron el
demandante y demandado, quienes reiteraron lo expuesto en el proceso".

2.3. La sentencia recurrida.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Descongestión, dictó sentencia
de primera instancia el 10 de agosto de 201514, en la que analizó la
responsabilidad del Estado bajo la óptica del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, bajo tal escenario, identificó que los demandantes
concretaron el daño objeto de su pretensión de reparación en la pérdida de la
indemnización integral que les había sido reconocida dentro del proceso penal
adelantado contra el abogado Hernando Manzano Peñaranda, en tal sentido,
concluyó que, como el sumario penal no fue sentenciado en segunda instancia,
era imposible predicar la configuración de un daño cierto contra Sigifredo Gámez
Cepeda por cuanto la efectividad y ejecución de la condena dependía del dictado
de una sentencia de cierre, motivo por el cual, ante el carácter aleatorio del fallo
de segundo grado, era incierta la concreción del perjuicio demandado en este
contencioso.

Adicionalmente precisó que la parte actora contaba con dos posibilidades
independientes, y no excluyentes, para obtener la reparación de los perjuicios
causados con el delito, a saber: constituirse como parte civil en el proceso penal (i)
o demandar al jurista a través de la acción civil (ii), y razonó sobre el particular
que, aunque la accionante se constituyó como parte civil en el proceso penal,
dicha circunstancia no la imposibilitaba para presentar una acción civil con el
mismo propósito, ya fuese de manera paralela o luego de acaecida la prescripción
de la acción penal.

Inclusive, a su juicio, indicó que el término de prescripción de la acción civil era
más amplio que el previsto para la acción penal. Literalmente, estableció:

y...) Como evidencian los hechos de la demanda y los medios de prueba,
conforme a las normas impuestas, el actor aún tenia la oportunidad de acudir a la
vía judicial de la justicia ordinaria a ejercer según las reglas de competencia, su
acción civil por el delito o la culpa, pues ese estatuto como lo evidencia la norma
en cita consagró el ejercicio de esa acción, por ende, la prescripción decretada por
el estado conforme al cuerpo normativo penal, no le fue impeditiva para el ejercicio
de la acción civil, máxime si no se logró configurar la cosa juzgada penal"".

En consecuencia, al no encontrar demostrada la existencia del daño, negó las
pretensiones de la demanda.

2.4. El recurso de apelación.

La parte actora apeló la sentencia de primera instancia el 18 de septiembre de
201516, de modo que solicitó su revocación y en su lugar el reconocimiento de las
pretensiones. Expuso los siguientes motivos de inconformidad:

12 Folio 229 C.1.
13 Folios 231 a 242 C.1.
14 Folios 177 a 202 C. Apelación.
15 Folio 201 C. Apelación.
16 Folios 205 a 213 C. Apelación.

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Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

Afirmó que, a pesar de los cargos formulados, el Tribunal exoneró de
responsabilidad a la accionada por los daños ocasionados con el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia 1)1i:dueto de la morosidad
presentada en el proceso penal que condujo a la declaratoria de prescripción de la
acción penal. Sobre aquel punto, reiteró que la entidad llamada por pasiva
efectivamente quebrantó la Ley 600 de 2000, porque los operadores judiciales
encargados del sumario penal no tuvieron en cuenta los términos preestablecidos
para adelantar las diferentes etapas procesales, a sabiendas de que en la
actuación obraban las pruebas idóneas y conducentes que demostraban la
existencia del daño causado a quien se constituyó debidamente como parte civil,
enfatizó entonces, en la demora del Juez del Circuito,para desatar la apelación,
como la fuente de causación del menoscabo sobre el que depreca la
indemnización del Estado.

Indicó que el fallo recurrido contiene motivaciones subjetivas por cuanto no se
demostró que los operadores jurídicos encargados 01 sumario penal hubieran
puesto de presente dificultades para impulsarlo por congestión judicial; censuró
además que no existía mérito para que el Tribunal concluyera que el apoderado
de la parte civil hubiera abandonado el proceso simplemente por el hecho de
encontrarse a la espera que el superior jerárquico desatara la alzada, razón para
cuestionar la atribución de la prescripción a la conducta de la víctima o su
mandatario; por último calificó el fallo como "incoherente" porque -a su juicio- las
consideraciones expuestas iban en contravía de la .decisión que absolvió de
responsabilidad al Estado.

Finalizó el sustento de la apelación con insistencia en la demostración de la
consumación del punible en el sumario penal, pues en su sentir, la contundencia
de las pruebas recaudadas indicaba la alta probabilidad de condena en segunda
instancia, fundamento con el que sustentó la certeza dll daño y la imputación a la
Rama Judicial por DFAJ17.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia.

Esta Corporación admitió el recurso el 19 de enero de,201619. Por auto del 17 de
febrero de 201619, corrió traslado a las partes para que., presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, no
obstante todos los sujetos procesales guardaron silencio2°.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

¿La imposibilidad que acusa la parte recurrente, de obtener la reparación civil de
los daños derivados del delito cometido por Hernando Manzano Peñaranda, por la
prescripción de la acción penal, constituye un daño antijurídico?

IV. HECHOS PROBADOS

De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, que
son de naturaleza documental, la Sala encuentra acreditados los siguientes
fundamentos fácticos relevantes:

17 Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia.
18 Folio 219 C. Apelación.
18 Folio 221 C. Apelación.
28 Folio 222 C. Apelación.

4

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

4.1. Sigifredo Gámez Cepeda21 presentó denuncia penal en contra del abogado
Hernando Manzano Peñaranda22, para que se investigara su conducta
profesional, toda vez que en un proceso laboral en el que aquel lo representó,
obtuvo el reconocimiento y pago de unos factores salariales que le adeudaba la
Empresa Puertos de Colombia en Liquidación, sumas que a pesar de que se
reconocieron a su apoderado, este no se las depositó en la proporción acordada
en el contrato de mandato23.

4.2. Producto de lo anterior, el Grupo de Investigaciones Económicas del CTI24 de
Barranquilla emitió el Informe CTI.GIE no. 618 del 1 de agosto de 2001, mediante
el cual confirmó que, para acatar lo dispuesto por los Juzgados 1° y 6° Laborales
del Circuito de Barranquilla, el Fondo del Pasivo Social de Puertos de Colombia
realizó diez (10) pagos, a través de títulos TES Clase B, que aunados
correspondían a la suma de cuatrocientos sesenta y dos millones seiscientos
ochenta y cuatro mil novecientos un pesos con sesenta y ocho centavos
($462'684.901,68). En el citado documento se precisó que el apoderado de
Sigifredo Gámez Cepeda era el jurista Hernando Manzano Peñaranda y que los
pagos se efectuaron de acuerdo con lo considerado en las Resoluciones 2217 de
1997 y 2226 de 1998 25.

4.3. La Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Barranquilla calificó el mérito del sumario de la investigación
seguida contra el citado jurista26 con resolución de acusación como autor
responsable del delito de abuso de confianza en concurso homogéneo, decisión
datada del 2 de febrero de 200427.

4.4. El Juzgado Octavo Penal Municipal de Barranquilla profirió sentencia el 7 de
diciembre de 2007, en la que condenó a Hernando Manzano Peñaranda a treinta
(30) meses de prisión y al pago indexado de $462'684.951,58 por haber sido
hallado responsable del delito de abuso de confianza en concurso homogéneo y
sucesivo28. En su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

"PRIMERO. — CONDENAR a los procesados HERNANDO MANZANO
PEÑARANDA de generalidades consignadas en autos, a la pena principal de
treinta (30) meses de presión a cada uno, como penalmente responsable a título
de autores del delito ABUSO DE CONFIANZA EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y
SUCESIVO por los motivos expuestos en la parte motiva de este fallo, del cual
resultaron perjudicadas las víctimas relacionadas en la parte motiva del presente
fallo.

SEGUNDO. - CONDENAR a los señores HERNANDO MANZANO PEÑARANDA
f..] a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un
periodo igual a la pena principal.
21 Y otros, pero la Sala solo hace alusión al caso que concierne los intereses
de las herederas del
actor.
22 Y otros profesionales del derecho, no obstante se hace alusión a dicho
jurista por cuanto fue el
que se vio implicado con la situación particular del señor Gámez Cepeda.
23 Folios 39 a 46 C.1.
24 Cuerpo Técnico de Investigación.
25 Folios 47 a 82 C.1.
2/3 Y contra Belisario Deyongh Manzano, empero en la etapa
instructiva se demostró que dicho
profesional del derecho no recibió suma alguna de dinero que le correspondiera a Sigifredo Gámez
Cepeda.
27 Folios 85 a 94 C.1.
25 En el aludido fallo se condenó al jurista a otros pagos, no
obstante, la Sala trae a colación
únicamente el que atañe al objeto de este proceso.

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gómez Colina y otros

CUARTO. — CONDENAR en perjuicios materiales a los señores HERNANDO
MANZANO PENARANDA en la cuantía y térniinos señalados en la parte
motiva. No se dicta condena por perjuicios morales (...1"29.

4.5. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla, por medio de acto
interlocutorio del 23 de julio de 2009, declaró la prescripción de la acción penal y la
cesación del procedimiento en favor de Hernando Manzano Peñaranda, por las
siguientes razones:

7.. .3 Pues bien, como se sabe los hechos denunciados e/ 7 de noviembre de
2000, en este caso se vieron interrumpidos el término de prescripción con la
ejecutoria de la resolución de acusación, esto es, el 23 de marzo de 2004, de ahí
en adelante comenzó a correr de nuevo dicho término, por un tiempo igual a la
mitad del máximo de la pena fijada en la ley, pero en ningún caso puede ser
inferior a cinco años ni superior de diez, según lo previsto en el artículo 86 del
Código Penal de 2000.

Realizaremos el estudio de este fenómeno procesal 'en cuanto a la conducta de
ABUSO DE CONFIANZA, encontramos que el artíctilo 249 del Código Penal de
2000, le fija como pena máxima cuatro (4) años.

Al contabilizar nuevamente el término de prescripción de acuerdo con las reglas
fijadas en el artículo 86 C.P., tendríamos que la conducta prescribe a los dos (2)
años, cifra que se encuentra por debajo de los límites relacionados en esa misma
disposición, por tanto, debe tenerse como término de prescripción cinco (5) años,
que es el mínimo legal previsto para tal evento, este último guarismo corresponde
al término en que debla fallarse el proceso, so pena de prescribir.

A la fecha de este proveído, desde la ejecutoria de la resolución de acusación han
transcurrido cinco (5) años y más de cuatro (4) meses, es decir, supera el término
fijado para la prescripción de esa conducta, según la norma en cita, lo que obliga
a este Despacho a declarar la cesación del procedimiento al encontrarse prescrita
la acción penal, tal como lo establece el artículo 39 de la Ley 600 de 2000 [...]"".

4.6. La declaratoria de prescripción de la acción penal y cesación del
procedimiento en favor de Hernando Manzano Peñaranda quedó ejecutoriada a
partir del 19 de agosto de 2009, tal como así lo certificó el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Barranquilla31.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos procesales

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la
sentencia del 10 de agosto de 2015, proferida por la'Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, habida cuenta de que, de conformidad con el
artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expuestas en auto de 9 de
septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación

29 Copia auténtica de la sentencia proferida visible a folios 95 a 125 Cl.
3° Copia auténtica del auto visible a folios 126 a 130 Cl.
31 Folio 161 Cl.

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directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en
los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en
segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso .

En cuanto a la presentación oportuna de la demanda, la Sala encuentra que la
parte actora acudió a esta jurisdicción dentro de los dos (2) años contabilizados a
partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que declaró la cesación del
procedimiento por prescripción de la acción penal. Lo expuesto, porque dicha
providencia33 quedó en firme a partir del 19 de agosto de 200934, tal como lo
certificó el Secretario del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranquilla.

En ese orden, la acción, en principio, caducaría el 20 de agosto de 2011, sin
embargo, según constancia suscrita el 15 de septiembre de 2011 por el
Procurador 15 Judicial II jara Asuntos Administrativos35, el 25 de julio de 2011
(faltando alrededor de 25 días para que feneciera el plazo), se formuló solicitud de
conciliación extrajudicial, diligencia que se declaró fallida el mismo día en que se
expidió la certificación aludida (15/09/2011). Así las cosas, el plazo para demandar
se reactivó el 16 de septiembre de 2011 y como la demanda contencioso-
administrativa fue presentada el 21 de septiembre siguiente36, se hace evidente el
ejercicio oportuno de la acción.

En relación con la legitimación en la causa por activa, las personas sobre las que
recae el interés legítimo que se debate en este proceso son: Judith Marina Gámez
Colina, Alba Luz Gámez Colina, Marta Victoria Gámez Colina y Aminta Cecilia
Gámez Colina en calidad de hijas de Sigifredo Gámez Cepeda (fallecido)37, tal
como se evidencia en los registros civiles de nacimiento que obran en el
plenario35; en consecuencia, se encuentran legitimadas en la causa por activa.

En el caso de la señora Olga María Colina de Gámez, de quien se manifiesta en la
demanda es la cónyuge supérstite de Sigifredo Gámez Cepeda, no se encuentra
en el expediente, ni aún en copia simple, registro civil de matrimonio para acreditar
su parentesco, documentó que ni siquiera fue enunciado en la demanda como
prueba aportada, por lo que la Sala no la encuentra legitimada en la causa por
activa.

Sobre la legitimación en• la causa por pasiva, la Nación — Rama Judicial se
encuentra plenamente facultada para ejercer su derecho de contradicción teniendo
en cuenta los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia le han sido a ella atribuidos por los demandantes. En su
representación, está llamada a ejercer su defensa el Director Ejecutivo de la
Administración Judicial o sus delegados.

5.2. Consideraciones sobre el problema jurídico formulado.

5.2.1. La responsabilidad estatal en la administración de justicia por el defectuoso
funcionamiento, por la preclusión de la acción penaL

32 Al respecto, consultar auto de 9 de septiembre de 2008, Exp.
11001-03-26-000-2008-00009-00.
33 De folios 126 a 130 C.1.
34 Folio 161 C.1.
35 Folio 155 C.1.
36 Folios 1 a 13 y 156 C.1.
31 Según registro civil de defunción de folio 136 C.1. /fecha del deceso 9 de febrero de
2006/
38 Folios 132 a 135 C.1.

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Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

El artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos causados ,por la acción u omisión de
las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad
patrimonial estatal, deben concurrir dos presupuesto; un daño antijurídico y su
imputación al Estado.
•

Por su lado, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia o Ley 270 de 1996,
expresó: "Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya
sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá
derecho a obtener la consiguiente reparación". Al declarar la exequibilidad del
artículo la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, reiteró que sólo el
órgano competente en cada caso puede decidir si existió o no un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.39

5.2.2. El daño antijurídico.

El análisis de la responsabilidad Estatal inicia con la verificación de la existencia
del daño antijurídico49 alegado en la demanda y sólo en los casos en que se halle
configurado ese primer elemento, se debe determinar si él es imputable al Estado.
El daño antijurídico debe reunir los elementos de ser cie-rto, personal e injusto.

Analizada la fundamentación fáctica de la demarjda en armonía con las
pretensiones, es posible inferir que la parte demandante considera que, por causa
de la prescripción de la acción penal, se vio privada del derecho a obtener
decisión favorable a las pretensiones que planteó como parte civil dentro del
proceso penal que cursaba contra el jurista Hernando Manzano Peñaranda.

Al punto, se hace necesario decir al accionante y recurrente, por un lado, que, en
casos como el presente, la demostración de la prescripción de la acción penal es
insuficiente para acreditar las consecuencias económicas adversas que esa
decisión generó a la parte civil; y por otro, que tales consecuencias no
necesariamente se pueden asimilar a la pérdida de las pretensiones
indemnizatorias que la parte civil pretendió con su constitución como parte civil en
la causa penal.

La pérdida de oportunidad o pérdida de chance, ha dicho la Sección Tercera de
esta Corporación41, constituye una modalidad autónoma de daño en la que
coexisten, la certeza y la incertidumbre: aquella, 'en cuanto se encuentra
acreditado, en grado de certeza, "que en caso de nq haber mediado el hecho
dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una
ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio"; y la incertidumbre, definitiva
ya, en relación con la probabilidad que en esa situación había, de dicha ganancia
o ventaja en caso de haberse "mantenido la situación fáctica y/o jurídica que
constituía presupuesto de la oportunidad".

En casos como el que ahora es objeto de estudio, son tres las condiciones que ha
de acreditar quien pretende demostrar el padecimiento de la pérdida de

" Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
4r3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia'del 29 de octubre de 2018, Exp.
46932 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de octubre de 2018,
Exp. 46328.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de fecha agosto once (11) de dos mil diez
(2010) en el radicado 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593).
8

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

oportunidad42: i) la existencia cierta de la oportunidad legítima que dijo perder, ii)
la frustración definitiva de toda posibilidad de obtener el provecho que le daba esa
oportunidad, y iii) la situación potencialmente apta en que se hallaba, para obtener
la pretensión reclamada en condición de parte civil dentro del proceso penal,
situación que debe mover a la convicción, que de no haber ocurrido el hecho
dañoso hubiera resultado altamente probable la obtención del resarcimiento
reclamado".

En este asunto, la parte demandante ha probado que Sigifredo Gámez Cepeda"
presentó denuncia penal en contra del abogado Hernando Manzano Peñaranda",
para que la Fiscalía investigara su conducta profesional, toda vez que se le puso
de presente al ente investigador que en un proceso laboral en el que aquel lo
representó, obtuvo el reconocimiento y pago de unos factores salariales que le
adeudaba Foncolpuertos, sumas que a pesar de que se pagaron con títulos que
negoció e hizo efectivos su apoderado, este no se las depositó en la proporción
acordada en el contrato de mandato".

Se demostró igualmente que, producto de la instrucción de la referida noticia
criminal, el Grupo de Investigaciones Económicas del CTI de Barranquilla emitió el
Informe CTI.GIE no. 618 del 1 de agosto de 2001, mediante el cual confirmó que,
para acatar lo dispuesto por los Juzgados 1° y 6° Laborales del Circuito de
Barranquilla, el Fondo del Pasivo Social de Puertos de Colombia efectuó diez (10)
pagos, a través de títulos TES Clase B, que aunados correspondían a la suma de
$462684.901,68; se precisó también en el aludido documento que el apoderado
de Sigifredo Gámez Cepeda era el jurista Hernando Manzano Peñaranda y que
tales reconocimientos económicos se efectuaron siguiendo lo considerado en las
Resoluciones 2217 de 1997 y 2226 de 1998 47.

La Sala comprobó, que la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Único
Penal del Circuito Especializado de Barranquilla calificó el mérito del sumario el 2
de febrero de 2004 con resolución de acusación por el delito de abuso de
confianza en concurso homogéneo, y que el Juzgado Octavo Penal Municipal de
Barranquilla con sentencia del 7 de diciembre de 2007 condenó a Hernando
Manzano Peñaranda a treinta (30) meses de prisión y al pago indexado de
$462'684.951,58 por hallarlo autor del referido punible48-49

Por último, se demuestra que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla
por medio de acto interlocutorio del 23 de julio de 2009 declaró la prescripción de
la acción penal y la cesación del procedimiento en favor de Hernando Manzano
Peñaranda, decisión que *no fue recurrida por la parte interesada, motivo por el

42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 3 de octubre
de 2019,
expedientes 46952 y 43557. Subsección B, sentencias de 28 de agosto de 2019 y de 3 de abril de
2020, expedientes 44829 y 45530. Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, expediente
40896.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010,
expediente
18593.
" Y otros, pero la Sala solo hace alusión al caso que concierne los intereses de las herederas del
actor.
45 Y otros profesionales del derecho, no obstante se hace alusión a dicho jurista por cuanto
fue el
que se vio implicado con la situación particular del señor Gámez Cepeda.
46 Hecho probado 4.1.
47 Hecho probado 4.2.
413 Hecho probado 4.3 y 4.4.
46 En el aludido fallo se condenó al jurista a otros pagos, no obstante, la Sala
trae a colación
únicamente el que atañe al objeto de este proceso.

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Radicado número: 08001-23-31-000-2011-01124-02 (55823)
Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

cual quedó ejecutoriada a partir del 19 de agosto de 20Q95°.

Ahora bien, a la luz de estos hechos probados, esta Sala encuentra debidamente
acreditado el primer elemento del daño, conforme a lo expuesto líneas atrás, esto
es, que, merced a la demanda de constitución de parte- civil que Sigifredo Gámez
Cepeda presentó con el cometido de obtener la indemnización de los perjuicios
derivados de la conducta objeto de investigación, se ha demostrado en este
contencioso que hizo uso oportuno del cauce procesal idóneo para demandar el
resarcimiento de los perjuicios derivados del delito de Abuso de Confianza. Esto
le permitió, una vez admitido como parte civil, ejercer( la facultad de solicitar la
práctica de pruebas para demostrar la existencia dé la conducta punible, la
identidad del autor y su responsabilidad, así como la naturaleza y cuantía de los
perjuicios ocasionados.

Sin embargo, la pretensión de la demanda puesta 'a consideración de esta
Colegiatura revela, a lo sumo, la expectativa pecuniaria que tenía el actor en el
asunto penal y que, sin duda, se encontraba sujeta a las condiciones propias del
alea que implica cualquier proceso judicial, máxime que, el asunto analizado ni
siquiera fue concluido con sentencia condenatoria ejecutoriada.

Dicha expectativa de obtener una indemnización económica derivada del
resultado del proceso penal, está lejos de ser un derecho cierto, pues al no
haberse resuelto la causa penal, sobre la responsabilidad del sindicado, quedó
incólume la presunción de inocencia que le ampara. En tales condiciones, las
pretensiones de la parte civil no superaron el estado de contingencia propio de los
asuntos que se encuentran en litigio51, y mal podría esta Subsección afirmar que,
de no haberse declarado la extinción de la acción penal; Sigifredo Gámez Cepeda
hubiera conseguido inexorablemente el pago de la indemnización que ahora
pretende le sea concedida.

En síntesis, el demandante no ha justificado haberse hallado en el proceso penal
en una situación potencialmente apta para obtener' la indemnización de los
perjuicios reclamados, pues no demostró que tuviere allí una oportunidad
totalmente cierta de recuperar por la vía del proceso penal los eventuales
perjuicios derivados de un presunto abuso de confianza, que se habría
ocasionado durante la gestión profesional del abogado Hernando Manzano
Peñaranda.

De otro lado, se aprecian otras censuras en el recurso que aluden a los siguientes
aspectos: (1) el fallo del Tribunal contiene motivaciones subjetivas, por cuanto no
se demostró que los operadores jurídicos encargados del sumario penal hubieran
puesto de presente dificultades para darle impulso al proceso por congestión
judicial; (ii) no había mérito para que el Tribunal concluyera que el apoderado de
la parte civil hubiera abandonado el proceso simplemente por el hecho de
encontrarse a la espera que el superior jerárquico desatara la alzada; y (N) la
sentencia era "incoherente" porque las consideraciones expuestas iban en
contravía de la decisión que absolvió de responsabilidad al Estado.

Sobre aquellos reproches, esta Colegiatura concluye que carecen de fundamento
factico, normativo y argumentativo comoquiera que el apelante no identificó y
sustentó la supuesta subjetividad en el aparte considerativo, ni la evidente
trasgresión a disposiciones jurídicas, o la aparente interpretación y valoración

50 Hecho probado 4..5. y 4.6.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2016. rad. 37111.

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Demandantes: Aminta Cecilia Gámez Colina y otros

imparcial de los elementos tenidos en cuenta para la definición del litigio; por otro
lado, tampoco se encontró en la sentencia que para la denegación de las súplicas
se hubiese indicado que el mandatario de la parte civil hubiera abandonó la
gestión judicial del sumario y; finalmente, contrario a lo apreciado por el
recurrente, la providencia del Tribunal es coherente toda vez que las razones por
las cuales se despacharon desfavorablemente las pretensiones formuladas se
armonizan con la decisión adoptada. Motivos por los cuales se despachan
desfavorablemente los cargos antes citados.

Por tanto, ausente como ha quedado la prueba del daño antijurídico objeto de la
pretensión de reparación, no queda más que confirmar la sentencia proferida por
el Tribunal de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

VI. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 10 de agosto de 2015 por la
Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

N YEA4h
Presidente

• JAIM
._ ......______
RIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
„.. J
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 36.146-15 #1
y Rad. 54.251-22 #1

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