Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01051-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01051-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-01051-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
6 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 6 de octubre de 2023
Radicación: 25000-23-36-000-2018-01051-01 (67.415)
Actor: Julio Enrique Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: acción de reparación directa – prescripción de la acción penal – pérdida de
oportunidad
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque, en la etapa de juicio
dentro de un proceso seguido por abuso de confianza agravado, falsedad en documento
privado y fraude procesal, se declaró la prescripción de la acción penal, lo que impidió
obtener la respectiva indemnización de perjuicios
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 23 de julio de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
que negó las pretensiones de la demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo2, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152
del CPACA3.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión
1 En la parte resolutiva del fallo se dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la parte
motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante y a favor de la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, por concepto de agencias en derecho, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). TERCERO: Por
Secretaría de la Sección Tercera, NOTIFICAR esta decisión (…) CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia,
liquídense por secretaría de la sección los gastos ordinarios del proceso y devuélvanse al interesado, lo anterior de
conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo Nº 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura (…)”. Samai, índice No. 2.
2 Ley 1437 de 2011, artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.
3 Ley 1437 de 2011, artículo 152. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En este
caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de
lucro cesante, consistió en la suma de $1.974.337.555 solicitada a favor de la víctima directa, el cual excedió los
500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01051-01(67.415)
Demandante: Julio Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de noviembre de 2018, Julio Enrique Pinto Parra, con su grupo
familiar, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda
en contra de la Nación – Dirección ejecutiva de administración judicial –
Consejo Superior de la Judicatura4. Como pretensión declarativa, se expuso
la siguiente (se trascribe):
“PRIMERA: Que se declare que la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de la Administración Judicial (…) es administrativamente responsable por los
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados al señor Julio Enrique
Pinto Parra, causados por la falla en el servicio de la administración de justicia
y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por incurrir en
error judicial dentro del proceso Radicado: 11001-6000-049-2009-04218-03 NI:
102870, que adelantó el Juzgado 21 penal del circuito de conocimiento de
Bogotá, que conllevó a que mediante decisión judicial el 4 de mayo de 2016
resolviera la solicitud de preclusión por prescripción de la acción penal a favor
del señor Telmo Duarte Silva y que fuese confirmada mediante decisión de
fecha 29 de septiembre de 2016 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá – Sala Penal”.
2. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó
que se condenara al pago de las siguientes sumas:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Julio Enrique Pinto Parra Víctima directa 200 SMLMV
Perjuicios Dorys Yannette Sánchez Paco Cónyuge de la víctima directa 200 SMLMV
Morales Lina María Pinto Sánchez Hija de la víctima directa 200 SMLMV
Luis Julián Pinto Sánchez Hijo de la víctima directa 200 SMLMV
• $41.000.000 por
honorarios profesionales
del abogado en el
Daño proceso penal.
Julio Enrique Pinto Parra Víctima directa
emergente - $18.235.200 por el
experticio grafológico.
• $3.668.500 por los gastos
de la póliza judicial.
• $1.974.337.555 que
corresponde al 25% de las
Lucro ganancias del contrato
Julio Enrique Pinto Parra Víctima directa
cesante de concesión minera que
le hubieran generado al
demandante.
4 Folios 3 al 55 del Cuaderno No. 1 del Tribunal. Si bien en la identificación de la parte demandada se hizo referencia
al Consejo Superior de la Judicatura, mediante Auto de 10 de diciembre de 2018, el tribunal admitió la demanda
presentada en contra de la Nación – Rama Judicial y ordenó su notificación a través de su representante legal
(fls. 58 y 59 del Cno. 1). Además, en el poder otorgado por el director ejecutivo de administración judicial, consta
que se asume la defensa y representación de la Rama Judicial (fl. 76 del Cno. 1).
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Demandante: Julio Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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3. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte
demandante expuso:
4. 1) El 12 de diciembre de 20085, Julio Enrique Pinto Parra formuló
denuncia penal en contra de Telmo Duarte Silva, socio de la empresa
Productores de Carbón Ltda., al haber cedido, de manera fraudulenta, el
contrato de concesión minera EGG 121 de 18 de enero de 2005, a favor de
la sociedad Rodríguez Duarte mineros asociados, constituida por el mismo
denunciado, por medio de la Escritura Pública No. 1947 de 16 de agosto de
2005. Con el anterior contrato, el Instituto Colombiano de Geología y Minería
autorizó la explotación de carbón en los municipios de Jericó y La Uvita, en
Boyacá.
5. 2) El 10 de marzo de 2010, el Juzgado 10 penal municipal con
funciones de control de garantías de Bogotá comunicó la imputación
formulada por la fiscalía, por los delitos de falsedad en documento privado,
abuso de confianza agravada y fraude procesal. El imputado, Telmo Duarte,
no aceptó los cargos.
6. 3) El 5 de abril de 2010, la fiscalía presentó el escrito de acusación.
Posteriormente, el 24 de agosto de 2010, el Juzgado 21 penal del circuito
con funciones de conocimiento celebró la audiencia de formulación de
acusación.
7. 4) Los días 7 de octubre de 2010, 17 de junio, 5 de agosto y 2 de
diciembre de 2011, así como el 6 de marzo de 2012 se llevó a cabo la
audiencia preparatoria. En el curso de estas diligencias, la defensa interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá,
que accedió parcialmente a lo solicitado, al permitir la incorporación del
Acta No. 2 de 10 de septiembre de 2010 de la asamblea extraordinaria de
socios de la Compañía Productores de Carbón S.A.
8. 5) Los días 27 de mayo de 2013, 8 de septiembre de 2014, 10 de julio
de 2015 y 11 de abril de 2016 se realizaron las sesiones de la audiencia de
juicio oral. En la última fecha, la defensa del procesado solicitó la preclusión
por la prescripción de la acción penal. En respuesta, el 4 de mayo de 2016,
el juzgado de conocimiento declaró la prescripción de la acción respecto
de los delitos de abuso de confianza agravada y falsedad en documento
privado, pero la negó respecto de la conducta de fraude procesal, por
tratarse de un delito de ejecución permanente.
9. 6) En contra de la anterior decisión, tanto la representación de la
5 Esta fecha se establece a partir del expediente penal.
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Decisión: Confirmar
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víctima, como la defensa, interpusieron recurso de apelación, en lo que les
resultaba desfavorable. El primer sujeto procesal llamó la atención acerca
de las continuas suspensiones de la audiencia de formulación de acusación,
varias de ellas propiciadas por la defensa, sin que la juez de conocimiento
evitara esas acciones dirigidas a obstaculizar el buen desarrollo del proceso.
Por su parte, la defensa sostuvo que la tesis del juzgado de primera instancia
llevaría a que el delito de fraude procesal fuera imprescriptible, lo que se
encuentra prohibido constitucionalmente.
10. 7) El 29 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió
los recursos de apelación y declaró la prescripción de la acción penal
respecto de los 3 delitos objeto de acusación. Además, ordenó que se
compulsaran copias con destino al Consejo Superior de la Judicatura, Sala
disciplinaria, “para que se adelant[aran] las investigaciones a que haya
lugar, dado que este proceso duró aproximadamente 6 años en el juzgado
del circuito sin que se hubiera finiquitado el juicio oral”.
11. 8) Debido a la anterior decisión, Julio Pinto Parra “perdió la
oportunidad de hacer efectivos sus derechos reclamados como víctima”,
“se vio privado de la posibilidad de obtener una decisión definitiva y de
fondo frente a la controversia que se llevó al conocimiento de la justicia” y
perdió “la posibilidad de ser PARTE CIVIL EN LA ACCIÓN PENAL, lo que originó
que no pudiera reclamar la indemnización de los perjuicios causados por el
punible, tanto los daños materiales como inmateriales”.
1.2. Posición de la parte demandada
12. El 5 de abril de 2019, la Rama Judicial contestó la demanda, en la que
se opuso a las pretensiones6. Al respecto, explicó que, frente al error judicial
alegado, la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá que
declaró la prescripción de la acción penal, estuvo debidamente soportada
en las pruebas y normas vigentes, por lo que lo alegado no carecía de
lógica, ni de una fundamentación razonable. Si bien la parte demandante
se encuentra inconforme con el sentido de esa decisión, esto no puede
servir de excusa para “revivir controversias judiciales que ya fueron objeto
de pronunciamiento”.
13. En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, después de hacer un recuento de las fechas en que se programaron
las distintas diligencias y las razones por las cuales debieron ser suspendidas
o reprogramadas, concluyó que el proceso trascurrió dentro de un plazo
razonable, debido a que muchas de las sesiones de audiencia no pudieron
6 Folios 79 al 94 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01051-01(67.415)
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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realizarse por solicitud de los propios sujetos procesales, sin que esto sea
imputable a los funcionarios judiciales de conocimiento. Además, debido a
las particularidades del caso, se decretaron varias pruebas, que exigieron
contar con un tiempo adicional para su práctica. Asimismo, resaltó que,
según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, será “del resorte de
la jurisdicción civil determinar si aún puede ejercitarse o proseguirse la
acción civil dentro de alguno de los procesos de esa naturaleza”, por lo que
el aquí demandante tuvo la “posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil”
y el daño alegado no tiene la condición de cierto.
14. Agregó que, en todo caso, se había configurado el hecho exclusivo
de la víctima, como causal de exoneración de la responsabilidad, dado
que el demandante optó, de manera libre y voluntaria, en perseguir los
perjuicios reclamados por la vía penal, razón por la que debía sujetarse a los
términos prescriptivos señalados en la correspondiente normativa. Por
último, formuló las excepciones de ausencia de causa petendi,
nuevamente, de culpa exclusiva de la víctima y la innominada.
1.3. Sentencia de primera instancia
15. El 23 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección tercera, Subsección A, dictó Sentencia de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda7. Al respecto, explicó que, si bien se
demostró la existencia de un daño antijurídico, al haberse truncado su
expectativa de obtener una reparación, debido a la declaratoria de
prescripción de la acción penal, no se acreditó que “el Juzgado de
Conocimiento haya faltado a su deber de conducción del proceso y (…)
por el contrario, considera la Sala que el retardo que afectó el
adelantamiento del proceso penal, se encuentra justificado, toda vez que
fue el comportamiento de los sujetos procesales lo que dio lugar a que el
proceso se extendiera en el tiempo”.
16. Además, explicó que la pérdida de oportunidad de haber sido
reparado no fue definitiva. Como se advirtió, en el Auto de 8 de junio de
2016, según el artículo 80 de la Ley 906 de 2004, “los efectos de cosa juzgada
derivados del reconocimiento de la extinción de la acción penal, no se
extienden a la acción civil derivada de los referidos delitos”. En
consecuencia, una vez declarada de manera definitiva la prescripción de
la acción penal, el término de 10 años de la prescripción de la acción civil
vencía el 13 de diciembre de 2018, contado a partir del día siguiente de la
formulación de la denuncia penal -fecha en que tuvo conocimiento de la
comisión de la conducta punible-, por lo que no se cumplía con el criterio
7 Samai, índice No. 2.
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jurisprudencial de la pérdida de oportunidad.
1.5. Recurso de apelación
17. El 10 de agosto de 2020, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, mediante el cual
solicitó que se declarara la responsabilidad de la entidad demandada, al
comprobarse la existencia de un error jurisdiccional y un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia8. Inicialmente, advirtió que,
a Julio Pinto se le vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que,
la prescripción de la acción penal le impidió “hacerse parte civil luego de
culminado el juicio penal y por consiguiente oportunidad. Igual que la
pérdida del chance”.
18. Por otra parte, no es cierto que el demandante tuviera la posibilidad
de intentar la acción civil hasta el 13 de diciembre de 2018, debido a que
los hechos denunciados ocurrieron, desde abril hasta finales del año 2005,
por lo que sólo hasta el año 2015 podía presentar la demanda ante la
jurisdicción civil. Por lo anterior, el único escenario en el que Julio Pinto podía
obtener la reparación de los respectivos perjuicios era a través del incidente
de reparación integral, dentro del proceso penal. Para tal efecto citó los
artículos 94 al 98 del Código Penal, así como el 2358 del Código Civil y la
Sentencia C-570 de 2003 proferida por la Corte Constitucional.
19. En ese sentido, la negligencia del Juzgado 21 de conocimiento, al no
hacer uso de sus poderes de dirección para evitar la inasistencia y
solicitudes de aplazamiento de los sujetos procesales por más de 6 años, sin
que durante dicho lapso se adoptara una decisión de fondo, conllevaron a
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia -más cuando
el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias disciplinarias, entre otros, al
abogado del procesado, por su actuación dentro del trámite- y error
judicial, que impone el resarcimiento de los perjuicios causados a las
víctimas, hoy demandantes.
20. Por último, solicitó que se revaluara la condena en agencias en
derecho, debido a que la parte demandante no ha actuado con
temeridad en el curso de este proceso y no se le ha causado ningún
detrimento a la parte demandada. Para respaldar esta petición, citó
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.
8 Samai, índice No. 2.
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará; 2.2. Análisis sustantivo
2.3. Costas
2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará
21. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que están
reunidos los presupuestos para dictar Sentencia. La de reparación directa
es la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por
los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia9. Además, la acción se promovió de manera oportuna. En efecto,
el auto que declaró la prescripción de la acción penal en segunda instancia
se profirió el 29 de septiembre de 2016 y, en esta misma fecha, cobró
ejecutoria10. Por tanto, en consideración a que el término de caducidad se
suspendió entre el 26 de septiembre y el 13 de noviembre de 201811, debido
al trámite de conciliación prejudicial, y habida cuenta de que la demanda
se presentó el 14 de noviembre de 2018, la acción de reparación directa se
ejerció dentro de la oportunidad prevista por el artículo 164, numeral 2, inciso
i del CPACA.
22. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que no está acreditado que, con la declaratoria de
prescripción de la acción penal, la parte demandante hubiera
experimentado la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización
de los perjuicios derivados de las conductas denunciadas.
2.2. Análisis sustantivo
23. El supuesto daño alegado en este caso se produjo con la declaratoria
de prescripción de la acción penal. En criterio de la parte demandante, esa
circunstancia frustró la posibilidad de que se obtuviera la indemnización de
los perjuicios causados por la aparente cesión fraudulenta del contrato de
concesión minera EGG 121 de 18 de enero de 2005, a favor de la sociedad
Rodríguez Duarte mineros asociados, constituida por el procesado, Telmo
Duarte Silva.
9 Si bien en el recurso de apelación también se hizo referencia a un error judicial, en la sentencia de primera
instancia se precisó que el litigio se había fijado en los siguientes términos: “el cual se centra en los HECHOS 15 a
20 y 41 a 45, relacionados con el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en que
incurrió el Juzgado 21 penal del circuito de Bogotá, dentro del proceso penal No. 2009-4218 adelantado en contra
del señor Telmo Duarte Silva al permitir que terminara por prescripción de la acción penal”.
10 Como se advirtió en esta providencia, la decisión se notificó en estrados y no era susceptible de interponerse
recursos en su contra. Folios 461 al 472 del Cuaderno de pruebas No. 1.
11 Constancia de 13 de noviembre de 2018 emitida por la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos.
Folios 493 al 495 del Cuaderno de pruebas No. 1.
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Demandante: Julio Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
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24. En los casos de prescripción de la acción penal, esta Subsección ha
sido constante al analizar las afectaciones que se alegan desde los
presupuestos de la pérdida de oportunidad12. Al respecto, la Subsección ha
sostenido que, “…a la parte actora le incumbe exponer y acreditar las
afirmaciones que permitan concluir que la prescripción de la acción penal
le impidió recibir una indemnización que habría podido obtener si ella no se
hubiese declarado; le corresponde acreditar que tal declaración le frustró
definitivamente una expectativa cierta o con grandes probabilidades de
certeza de obtener la reparación”13.
25. En este caso, de acuerdo con lo narrado y solicitado en la demanda,
también se advierte la posible existencia de un daño por pérdida de
oportunidad. En consecuencia, la Sala expondrá las razones por las cuales
no se logró evidenciar que esa pérdida fuera definitiva y cierta.
26. La prescripción de la acción penal no implicó la pérdida de
oportunidad definitiva de obtener una indemnización, toda vez que, el aquí
demandante podía acudir en cualquier momento a la jurisdicción civil para
reclamar los respectivos perjuicios, como en efecto lo hizo en varias
ocasiones14.
27. A diferencia de lo que ocurría en la Ley 600 de 2000, trámite dentro
del cual el actor individual o popular debía constituirse como parte civil y
12 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de 26 de enero de 2023, Exp. 13001-33-31-004-2012-
00135-01(59897); 16 de agosto de 2022, Exp., 25000-23-26-000-2012-01103-01(53174); 2 de marzo de 2022 15001-23-
31-001-2010-01346-01(54192); 28 de abril de 2021 Exp. 08001-23-31-000-2008-00833-01 (47893) y 11 de octubre de
2021 Exp. 19001-23-31-000-2010-00187-01 (51454).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021
Rad. 76001-23-31-000-2011-01285-01 (51813).
14 En el curso de la audiencia preparatoria, la representación de la víctima solicitó la incorporación de la copia del
expediente de nulidad adelantado ante el Juzgado 4 civil del circuito de Tunja, bajo el radicado No. 2010-164, así
como el proceso de simulación y nulidad seguido ante el Juzgado 1 civil del circuito de Tunja (fl. 175 Cno. No. 1 de
pruebas), sin embargo, en la sesión de la misma audiencia de 6 de marzo de 2012 se negó su incorporación (fl.
280 del Cno. de pruebas No. 3). Al revisar el sistema de gestión de la Rama Judicial, en la primera actuación se
solicitó la nulidad del contrato de cesión de derechos suscrito con los demandados (Productos de Carbón Ltda. y
Rodríguez y Duarte Mineros Asociados S.A.), el cual finalizó mediante el Auto de 29 de mayo de 2013 que terminó
el proceso por desistimiento tácito y el 12 de septiembre del mismo año pasó al archivo definitivo. Ante el Juzgado
1 civil del circuito se encontraron varios registros, promovidos por Julio Pinto en contra de Telmo Duarte y otros, así:
1) proceso ordinario radicado con el No. 15001310300120100012800, en el que solicitó la nulidad de un contrato y
finalizó el 9 de febrero de 2011 con el rechazo de la demanda; 2) proceso abreviado No.
15001310300120090006500, con el propósito de que rindiera cuentas comprobadas en condición de gerente de la
Productores de Carbón Ltda. y una de las últimas actuaciones es la sentencia de 16 de diciembre de 2016 (que
declaró parcialmente probada la objeción de ausencia de valor probatorio de los documentos presentados;
denegó la aprobación de las cuentas rendidas por el demandado, Telmo Duarte Silva y, como consecuencia de
lo anterior, se abstuvo de fijar saldo alguno en contra del demandado y de condenarlo a hacer gastos específicos
a favor de los demandantes) y 3) proceso ejecutivo singular No. 15001310300120080033300 que finalizó con el Auto
de 17 de julio de 2009, que observó lo resuelto por el Tribunal Superior mediante providencia de 17 de junio de
2019, que confirmó el auto que negó el mandamiento de pago. Además, en el curso de la audiencia preparatoria,
la defensa del procesado hizo referencia a una solicitud de arbitramento presentada por Julio Pinto en contra de
Telmo y José Aristipo Duarte por la nulidad del contrato, pero que fue rechazada por falta de competencia por
parte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sogamoso.
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Demandante: Julio Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha “promovido proceso
ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados con la conducta punible”15, en la Ley 906 de 2004
-norma aplicable al proceso penal en contra de Telmo Duarte-, la víctima
puede formular las respectivas pretensiones en contra del penalmente
responsable dentro del incidente de reparación integral, pero lo hará solo
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia condenatoria.
28. Es decir, en el trámite propio de la Ley 600 de 2000, si la víctima optó
por constituirse como parte civil dentro del proceso penal, no podía acudir
de manera paralela a la jurisdicción civil para buscar el reconocimiento de
los mismos perjuicios alegados. No obstante, en la Ley 906 de 2004, su
reconocimiento como víctima durante todo el trámite de la investigación y
el juicio, no la ata a formular sus pretensiones dirigidas a reparar las
consecuencias de las conductas denunciadas al momento de que finalice
el proceso penal. Por lo que, en el evento de que se emita sentencia
condenatoria, la víctima bien podría abstenerse de solicitar el inicio del
respectivo incidente de reparación, en el caso de que hubiera solicitado la
indemnización de los correspondientes perjuicios ante la jurisdicción civil16 o,
en efecto, buscar la reparación dentro del incidente de reparación integral.
29. Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, al precisar que, la
declaratoria de la prescripción de la acción penal en un proceso seguido
bajo el sistema oral acusatorio, no conlleva la prescripción de la acción civil,
ni siquiera respecto del penalmente responsable:
“A tono con la jurisprudencia de la Sala (Cfr. CSJ SP, 18 en. 2012, rad. 36841,
reiterada en CSJ AP2304–2019, 12 jun. 2019, rad. 54333), no sobra recordar que:
El tema relacionado con la indemnización integral por los daños y perjuicios
causados con el delito, cual es el alcance específico del artículo 98 del Código
Penal cuando alude a la ‘acción civil’, solamente puede ser propuesto por la
víctima al finalizar esa acción penal, como que con el original artículo 102 de
la Ley 906 del 2004 el incidente para lograr la reparación debía ser propuesto
luego de que, agotado el juicio, el juzgador anunciara el sentido condenatorio
del fallo, y con la modificación introducida por el artículo 86 de la Ley 1395 del
2010 ello debe plantearse exclusivamente una vez adquiera firmeza la
sentencia de condena.
En esas condiciones, las reglas del artículo 98 penal no pueden ser aplicadas
por el juez de esta especialidad, en cuanto la prescripción allí dispuesta y que
debe ser decretada por el juzgador penal, parte del presupuesto necesario de
que ‘la acción civil proveniente de la conducta punible’ hubiese sido ejercida
‘dentro del proceso penal’.
15 Ley 600 de 2000, artículo 48.
16Esto es coherente con el artículo 103 de la Ley 906 de 2004, según el cual, el juez rechazará la pretensión
presentada dentro del incidente, si “está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única
pretensión formulada”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01051-01(67.415)
Demandante: Julio Pinto Parra y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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Por manera que el juez penal carece de competencia para declarar la
prescripción de la acción civil ‘en relación con los penalmente responsables’,
en tanto esa potestad le es deferida, única y exclusivamente, cuando tal
acción se ejercita dentro del proceso penal, lo cual sucede solamente en los
trámites de la Ley 600 del 2000, no así en los de la Ley 906 del 2004 (…)
En esas condiciones, al juez penal le está vedado declarar la prescripción de
que trata el artículo 98 del Código Penal, ni respecto de los terceros civilmente
responsables según la jurisprudencia ya decantada, pero tampoco en relación
con los penalmente responsables, según lo que acaba de verse, luego sobre
este tópico la situación de los últimos debe ser dilucidada bajo los parámetros
de la legislación civil y por los jueces de tal especialidad, quienes, como ya se
dijo, para los efectos pertinentes, especialmente lo relativo a la prescripción de
la acción y a la interrupción de la misma, deberán considerar que bajo los
lineamientos de la ley, la del procedimiento penal, en forma oportuna la
víctima intervino válidamente, fue reconocida y reclamó la indemnización de
los daños y perjuicios causados con el delito [subrayado fuera de texto]”17.
30. En esa misma dirección, el Tribunal Superior de Bogotá, en el Auto de
29 de septiembre de 2016 que declaró la prescripción de la acción penal,
de manera expresa advirtió que, “conforme con lo contemplado en el
artículo 8º de la Ley 906 de 2004, los efectos de cosa juzgada derivados del
reconocimiento de la extinción de la acción penal, no se extienden a la
acción civil derivada de los referidos delitos”18.
31. Lo anterior significa que la víctima tenía la posibilidad de reclamar la
reparación de los daños sufridos por los comportamientos denunciados ante
la jurisdicción civil. De hecho, el aquí demandante inició varios procesos
ordinarios con el propósito de lograr la nulidad del contrato de cesión de
derechos suscrito con los demandados (Productos de Carbón Ltda. y
Rodríguez y Duarte Mineros Asociados S.A.); negocio jurídico que motivó la
formulación de la denuncia penal.
32. En el recurso de apelación, respecto de la característica de definitiva
de la pérdida de oportunidad, señaló que los hechos ocurrieron en la
segunda mitad del año 2005, por lo que la oportunidad de acudir a la
jurisdicción civil vencía en el año 2015, es decir, de manera previa a la
declaratoria de prescripción de la acción penal (29 de septiembre de 2016).
Al respecto, la Sala se aparta del análisis del actor porque, como lo explica
la Corte Suprema de Justicia, solo un juez de aquella especialidad es el que
analizará lo relativo a la caducidad de la acción, más si se tiene en cuenta
que la duración del contrato de concesión EGG-121 es de 30 años,
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero
Nacional19, situación que no podía ser desconocida por el juez ordinario.
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Auto de 24 de febrero de 2021 (AP573-2021), Radicación
No. 56745.
18 Folio 470 del Cuaderno de pruebas No. 1.
19 Este contrato tiene una duración de 30 años, contados así: 3 años para exploración, 3 años para construcción y
montaje y 24 años para para la explotación. Folio 232 del Cuaderno No. 4 del Tribunal.
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Demandante: Julio Pinto Parra y otros
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33. Además, si bien solo hasta el 29 de septiembre de 2016 se declaró la
prescripción de la acción penal por los 3 delitos objeto de acusación (abuso
de confianza agravado, falsedad en documento privado y fraude
procesal), en esa providencia se advirtió que, desde el 10 de julio de 2014,
había prescrito la acción respecto de las conductas punibles de abuso de
confianza agravado y falsedad en documento privado. Los términos
mínimos y máximos de prescripción de la acción penal se encuentran
claramente definidos en la ley, por lo que la víctima (de estimar que solo
tenía plazo hasta el año 2015) bien pudo percatarse de ello y, si así era su
deseo, promover desde ese momento la acción civil ante la jurisdicción
ordinaria.
34. En suma, se concluye que, con la declaratoria de la prescripción de
la acción penal en un proceso penal tramitado bajo la Ley 906 de 2004, no
se le clausura al demandante de manera definitiva la oportunidad de
conseguir una indemnización de los sujetos llamados por ley a responder
con su patrimonio, más cuando, esa decisión no conlleva la prescripción de
la acción civil, de modo que podía acudir a la jurisdicción civil para
reclamar los perjuicios por el daño alegado.
35. Por otra parte, la Sala destaca que, en todo caso, tampoco se
acreditó el carácter cierto del daño, dado que, cuando se declaró la
prescripción de la acción penal, el proceso se encontraba en la fase
probatoria del juicio, por lo que aún se estaban practicando las distintas
pruebas solicitadas por los sujetos procesales e intervinientes y decretadas
en la audiencia preparatoria20. Debido a lo anterior, no era posible
establecer si el demandante iba a obtener o no una indemnización,
comoquiera que el juez -apenas de primera instancia- aún no había
señalado el valor de los hechos y pruebas objeto de acusación, con el
anuncio del sentido del fallo o con alguna decisión de fondo.
36. En consecuencia, al no haberse demostrado el primer elemento de la
responsabilidad, esto es, el daño, que para el caso concreto consistía en la
pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización por las conductas
denunciadas en el proceso penal, no resulta procedente el análisis del nexo
causal y la imputación de responsabilidad.
2.3. Costas
37. El artículo 188 del CPACA dispone: “Salvo en los procesos en que se
20 En el acta de audiencia de juicio oral de 11 de abril de 2016, durante la cual la defensa solicitó el decreto de la
preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, se autorizó a los 3 testigos que comparecieron
para la práctica de sus testimonios, para que se retiraran de la audiencia. Folio 276 del Cuaderno No. 5 del Tribunal.
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ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del CGP, aplicable al
presente proceso, consagra que se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…)”.
38. El recurrente sostuvo que debía aplicarse el artículo 55 de la Ley 446
de 1998, disposición según la cual, debe tenerse en cuenta la conducta
asumida por las partes, al momento de imponer la condena en costas a la
parte vencida en el proceso. No obstante, por la fecha en que se interpuso
el recurso de apelación en este caso (10 de agosto de 2020), debe aplicarse
el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), norma que despoja de
la condena por costas, el análisis de la conducta procesal de las partes, esto
es, si actuó con temeridad o mala fe. En consecuencia, en este asunto,
deben seguirse las reglas previstas por el artículo 365 del CGP, que dispone
la condena en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. Así las cosas, se
confirmará la condena impuesta en la sentencia de primer grado y se
procederá a liquidar lo relacionado con esta instancia.
39. El artículo 361 de esa normativa indica que las costas se componen
de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho.
Además, para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta
los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para
el momento de presentación de la demanda21. Respecto de su valor, el
numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de
procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser
fijadas “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.
40. En atención a que la Rama Judicial participó en esta instancia, al
presentar los respectivos alegatos de conclusión, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en 3 SMLMV a favor de dicha
entidad.
41. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el
proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.
21“La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01051-01(67.415)
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
MODIFICAR la Sentencia proferida el 23 de julio de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia, la cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante y a favor de la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, por concepto de agencias en derecho, la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS ($10.000.000)”.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, quien, a título de
agencias en derecho por esta instancia, deberá pagar 3 SMLMV vigentes a
la Rama Judicial. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados
durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de
que se hubieren causado.
CUARTO: En firme esta providencia y sin necesidad de auto que lo ordene,
EXPEDIR a costa de los interesados copias de la misma.
QUINTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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