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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01190-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01190-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: CONFIRMAR el auto de 9 de junio de 2023, proferido por el Despacho sustanciador del proceso de la referencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 152 Número único de radicación: 05001 33 33 000 2014 01190 01 Actora: Paloma González Villafañe CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2014-01190-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-33-33-000-2014-01190-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PALOMA GONZÁLEZ VILLAFAÑE

TESIS: LA AUSENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS AL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, QUE DETERMINEN
SI LA ZONA DE EL ESMERALDAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO,
TIENE O NO EL CARÁCTER DE RECARGA ACUÍFERA DIRECTA Y SI
LAS AGUAS QUE DISCURREN EN INMEDIACIONES DEL PROYECTO
AREKA CORRESPONDEN O NO A UN “NACIMIENTO”, PONE EN
PELIGRO LA EXISTENCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y A LA
COMUNIDAD ASENTADA EN EL SECTOR POR NIVELES MEDIO Y
ALTO DE DESLIZAMIENTOS EN MASA. PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN
Y COLABORACIÓN.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES
JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA Y DANDO PREVALENCIA AL
BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA Y AL GOCE DE UN AMBIENTE
SANO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el ÁREA

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ1 y la empresa

ARQUITECTURA Y CONCRETO contra la sentencia de 7 de

1 En adelante AMVA.

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Actora: Paloma González Villafañe

diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia2, que amparó los derechos colectivos invocados.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La señora PALOMA GONZÁLEZ VILLAFAÑE, por intermedio de

apoderada y en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo

88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19983, presentó demanda ante el Tribunal contra el

MUNICIPIO DE ENVIGADO4, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA5 - CORANTIOQUIA6 y

la empresa ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.7, tendiente a que

se protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,

a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la

2 En adelante el Tribunal.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante el Municipio.
5 Vinculada por medio de auto 18 de junio de 2014.
6 En adelante CORANTIOQUIA.
7 Vinculado como coadyuvante de la parte demandada por medio de auto de 15 de mayo de

2015.

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conservación de las especies animales y vegetales, la protección de

áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados

en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la

comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio

ambiente, y a la realización de las construcciones, edificaciones y

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de

manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de

vida de los habitantes.

I.2. Hechos

Aseguró que el sector Loma del Esmeraldal ha sufrido numerosos

daños ambientales debido a la construcción desenfrenada y la falta

de áreas protectoras forestales con afloramiento o nacimientos de

agua.

Agregó que algunos ejemplos de tales conductas lesivas del medio

ambiente son la construcción del edificio Areka sobre un nacimiento

de agua activo y la ejecución de obras hidráulicas para impedir que

el mismo continuara brotando, cuyas obras no contaron con permiso

ni estudio ambiental alguno.

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Afirmó que existen varias edificaciones que no cuentan con el área

de protección forestal adecuada, tal como el proyecto de Brezzno

Forest 1 de la Loma del Esmeraldal que construyó obras duras en

áreas de protección de la quebrada o arroyo con una zona de retiro

de tan solo 20 metros.

Mencionó que la Loma del Esmeraldal es una franja de recarga de

acuíferos, pues cuenta con gran cantidad de aguas subterráneas,

subsuperficiales y afloramientos que hacen el terreno inestable, pese

a lo cual se encuentra densamente poblada, sin vías ni disfrute de

espacio público suficiente para tantos habitantes.

Concluyó que el desarrollo urbanístico en el sector aludido carece de

estudios de impacto ambiental previos y afecta gravemente el

paisaje.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Que se ordene suspender todas aquellas obras o proyectos
que se están ejecutando o que se vayan a ejecutar en la Loma del
Esmeraldal.

2. Que se ordene la demolición de las obras civiles, edificios, zonas
duras, etc…que se construyeron dentro de las áreas forestales

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protectoras de los afluentes y los nacimientos de la loma, y se haga
sobre esas áreas la reforestación que exigen las normas, esto es
como mínimo 100 metros a la redonda de nacimientos y 30 metros
a lado y lado de cualquier cauce.
3. Que se condene al pago de una indemnización equivalente a las
obras de demolición y restauración, correspondiente, a favor de un
fondo que controle y administre una fiducia para hacer inversiones
ambientales en la zona, considerando que el demandado es la
entidad responsable del cuidado ambiental, por lo que es culpable.

4. Que se ordene al Municipio de Envigado que todo nacimiento o
afloramiento de aguas en la Loma del Esmeraldal, tenga una zona
de protección forestal de mínimo 100 metros a la redonda.

5. Que se ordene al Municipio de Envigado que todo cauce que
exista o haya existido en la Loma del Esmeraldal, sea de arroyos o
quebradas, permanentes o no, y se le haya construido o no obras
hidráulicas, tenga una zona de protección forestal de mínimo 30
metros a lado y lado de sus orillas.

6. Que se condene al Municipio de Envigado a elaborar un plan
parcial de desarrollo de toda la Loma del Esmeraldal que incluya un
estudio de impacto ambiental y un plan de manejo ambiental de
toda la Loma del Esmeraldal.

7. Que considerando que la Loma del Esmeraldal es una zona que
tiene que ser objeto de protección especial, dadas sus
características de ser una zona de recarga de acuíferos, sólo se
permita la construcción de cualquier obra previo un estudio de
impacto ambiental.

8. Que se ordene un estudio para evaluar el daño ambiental que se
ha causado a la Loma del Esmeraldal con la construcción de todos
los proyectos que se han hecho y se están haciendo sin el
cumplimiento de las normas en materia ambiental relacionadas con
áreas forestales protectoras de los nacimientos y cauces y las zonas
de recarga de acuíferos. Y se condene al Municipio de Envigado a
hacer las obras o actividades que determine ese estudio y a pagar,
a una ONG que organice y dirija o comunidad, o a una fiducia, el
valor de esos daños, para que esas sumas sean reinvertidas en la
Loma del Esmeraldal.

9. Que se ordene implementar un plan de manejo ambiental para
la Loma del Esmeraldal que contenga actividades de mitigación,
compensación, control y recuperación del ambiente.
Determinándose para esto unas actividades con sus respectivos

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plazos para ser desarrolladas. Se debe ordenar al Municipio de
Envigado, que hasta que este plan de manejo ambiental no sea
implementado totalmente no se permitirá que se continúen
desarrollando proyectos.

10. Que se condene al demandado a pagar la recompensa
establecida en el artículo 1005 del Código Civil; esta suma no
puede bajar de la décima, ni puede exceder la tercera parte de lo
que cuesten las demoliciones, enmiendas o el resarcimiento del
daño, lo cual incluye:

a. El costo de todos los estudios, el estudio técnico y el plan de
manejo ambiental que hay que realizar.
b. El costo de la demolición de las obras, en caso de que haya que
demolerlas.
c. El costo de la implementación del plan de manejo ambiental.
d. El costo del valor de las propiedades que habría que adquirir
para garantizar las áreas de reserva o protección forestal.

11. Que se castigue la negligencia con que ha obrado el Municipio
de Envigado, condenado a pagar daños punitivos, tal cual lo
autoriza el artículo 1005 del Código Civil.

12. Que se condene a pagar la mitad de la pena pecuniaria (daño
punitivo) con la que se castiga al Municipio, a favor del accionante,
como lo autoriza el artículo 1005 del CC.

13. Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias
en derecho que se causen en el proceso, incluyendo todos los
peritazgos que se realicen para determinar el daño y la cuantía del
mismo.

14. Que se condene al demandado al pago de las sumas indexadas
del daño que se pruebe […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO argumentó que de acuerdo con la

Constitución y la Ley cuenta con autonomía territorial y aseguró que

elaboró el POT de manera concertada con la comunidad; además,

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trajo a colación la jurisprudencia relacionada con el desarrollo

sostenible y el principio de precaución para concluir que el citado

instrumento territorial se adoptó con el respeto de las normas

nacionales en materia ambiental.

Indicó que el artículo 37 del POT prevé que en todo el territorio

municipal, incluida la Loma del Esmeraldal, se aplican las normas que

ordenan la franja de 100 metros horizontales para los nacimientos,

humedales y aguas subterráneas, las cuales están plenamente

identificadas y son de consulta obligatoria para los curadores al

momento de expedir cualquier licencia de construcción; y que los

retiros a cuerpos de agua se disponen de acuerdo con los usos del

suelo establecidos y con respeto de las normas ambientales.

Informó que los artículos 32, 33, 34 y 35 del POT establecen

diferentes tipos de retiros para la protección de áreas forestales; y

que a las corrientes de agua se les aplica el retiro mínimo de 20

metros en área urbana y de 30 metros en suelo rural, las cuales están

plenamente identificadas.

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Puso de presente que ha ejercido las funciones de vigilancia y control

de obras de construcción en todo su territorio, lo cual incluye la Loma

del Esmeraldal.

Estimó que la afirmación de la demandante sobre la existencia de

construcciones desenfrenadas carece de fundamento; y que no se ha

presentado daño ambiental, ni amenaza o riesgo.

Señaló que no es cierto que las construcciones mencionadas por la

accionante afecten zonas de protección forestal o tengan retiros

menores a los establecidos por las normas, pues, dependiendo de la

fecha de aprobación del proyecto urbanístico respectivo el retiro

puede ser inferior, conforme se desprende de lo dispuesto en los

Acuerdos núm. 015 y 056 de 2000.

Aseguró que las obras que se adelantan en la Loma del Esmeraldal

no están en zona de recarga de acuíferos; y que la carga corresponde

al agua filtrada procedente de escorrentías o aumento del nivel

freático, esto es, a factores externos al proceso de recarga.

Manifestó que en el presente caso la recarga acuífera no corresponde

al Esmeraldal sino al altiplano del Valle San Nicolas, veredas Las

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Palmas, Pantanillo y Perico, tal como se determinó en el estudio del

Instituto de Agua de la Universidad Nacional de Colombia – Sede

Medellín, en el año 2005.

Agregó que, de acuerdo con el mencionado estudio, la Loma del

Esmeraldal está localizada en la parte más baja de la unidad

hidrogeológica 3, denominada escarpe oriental y en la parte más alta

de la unidad hidrogeológica 1, la cual es área urbana y se comporta

como zona de descarga, no de recarga.

Afirmó que el capítulo séptimo del POT desarrolla el componente de

amenaza a partir de diversos estudios de los años 2000 y 2010, los

cuales dieron como resultado el mapa de amenaza por movimiento

en masa GD-09 y amenaza por inundación GD-10, lo cual pone de

manifiesto que el POT reglamentó la forma de desarrollar esas áreas,

razón por la cual es de consulta obligatoria para las curadurías al

momento de otorgar una licencia.

Advirtió que la Loma del Esmeraldal es un espacio poblado del área

urbana que se encuentra clasificado como polígono de desarrollo que

cuenta con plan vial y espacios públicos.

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Alegó que tampoco le asiste razón a la demandante cuando asegura

que se han presentado modificaciones del paisaje porque los

proyectos urbanísticos se desarrollaron en atención a las normas y

estudios previos que tuvieron en cuenta las zonas homogéneas y

morfológicas de cada espacio territorial, por lo cual, a su juicio,

existieron condiciones para mitigar y/o compensar los posibles

impactos ambientales por causa del urbanismo, todo dentro de los

parámetros legales.

Precisó que los estudios de impacto ambiental solo se aplican a los

proyectos, obras o actividades establecidas en el Decreto 2820 de

2010; y que en la Loma del Esmeraldal dichos estudios no eran

necesarios.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y arguyó que no es

posible suspender las obras, proyectos y actividades urbanísticas que

ya fueron autorizadas en la Loma del Esmeraldal porque los

proyectos aprobados cumplen con lo establecido en el POT de los

años 2000 y 2011 y demás normas ambientales vigentes.

Afirmó que ha realizado estudios técnicos relacionados con los

componentes suelo, agua, flora, fauna y aire para conocer sus

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recursos naturales, con base en lo cual ha tomado decisiones

respecto del ordenamiento territorial, teniendo claro que la Loma del

Esmeraldal no es una zona de recarga de acuíferos.

Con fundamento en los argumentos expuestos propuso las

excepciones que denominó: “Inexistencia de daño efectivo real y/o

amenaza o riesgo para el ambiente. inexistencia de daño, amenaza

y riesgo para el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible”,

“existencia de garantías para la conservación, restauración y

sustitución de los recursos naturales e incentivo del desarrollo

sostenible”, “existencia de mecanismos de protección y conservación

para las áreas de manejo especial, suelo forestal protector,

nacimientos y retiros a las fuentes hídricas. existencia de

mecanismos y garantías para la conservación del medio ambiente”,

“existencia y garantía de realización de las construcciones y

edificaciones respetando las disposiciones jurídicas y dando

prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. improcedencia de

la demolición”, “temeridad y mala fe de la accionante”8,

8 Respecto de dicha excepción, el MUNICIPIO argumentó que la demanda
instaurada se fundamenta en apreciaciones infundadas, carentes de sustento
técnico y que no se advierten hechos que den lugar a una amenaza de riesgo y
que las pretensiones buscan obtener lucro a través del incentivo que en el presente
caso no es procedente.

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“improcedencia del incentivo”, “amparo del principio de legalidad

para los actos administrativos que cubren el desarrollo de obras y el

POT”9 y “genérica”.

I.4.2. CORANTIOQUIA aseguró que las obligaciones contenidas en

el artículo 3º del Decreto 1449 de 27 de junio de 197710 no son

aplicables al presente caso, pues de acuerdo con el artículo 1º de la

norma ibidem, su ámbito de aplicación son los predios rurales,

supuesto que no se cumple en el presente caso debido a que los

desarrollos constructivos realizados y por realizar de la Loma del

Esmeraldal del MUNICIPIO se encuentran en zona urbana,

conforme lo establecido en el POT.

Aseguró que el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 18

de diciembre de 197411, establece que las franjas de protección o

retiro de las corrientes hídricas se pueden fijar hasta por 30 metros,

Estimó que hay mala fe de la parte demandante ya que toda la comunidad conoce
el POT y los documentos que lo soportan, pues los mismos están publicados y son
de fácil acceso y consulta.
9 Para el efecto, el MUNICIPIO aseguró que no existían solicitudes de nulidad del

POT o de los actos administrativos que amparan las construcciones en la Loma del
Esmeraldal, razón por la cual los permisos correspondientes gozan de la presunción
de legalidad.
10 Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la
Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974.
11 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente.

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motivo por el cual el concepto de áreas forestales protectoras no

puede ser analizado de manera desarticulada sino en concordancia

con las normas relativas al desarrollo y control urbanístico, tales

como el POT del municipio demandado, ya que allí se establecen los

deberes y obligaciones respecto de las franjas de protección o retiro

de las corrientes hídricas.

Sostuvo que para desarrollar proyectos de construcción en la zona

objeto de la acción popular se requerían permisos urbanísticos y

ambientales, motivo por el que la respectiva autoridad estaba en la

obligación de analizar las normas en cada materia, especialmente el

POT vigente en el ente territorial en el que se imponían las

obligaciones que se debían exigir a quien pretendía realizar

desarrollos urbanísticos.

Puso de presente que desde el año 2.000 suscribió un convenio

interadministrativo con el MUNICIPIO, por medio del cual le delegó

al ente territorial el ejercicio de la autoridad ambiental con funciones

muy específicas como tramitar los procesos administrativos de

otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias

ambientales, razón por la cual la información relacionada con los

desarrollos urbanísticos en la Loma de Esmeraldal así como la

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inspección, vigilancia y control sobre los mismos le corresponde a las

Secretarías de Planeación y Medio Ambiente.

Señaló que dentro de la gestión de supervisión del convenio

interadministrativo de delegación en mención evidenció el

cumplimiento y ajuste de todos los proyectos de desarrollo

urbanístico a lo establecido en el instrumento de ordenamiento,

respecto de las franjas de protección o retiro de las corrientes

hídricas.

Indicó que en visita técnica realizada a la zona objeto de estudio,

constató que las construcciones se ajustan al POT toda vez que se

respetó la franja de retiro de 20 metros.

Precisó que pese a que el desarrollo urbanístico ha modificado el

paisaje natural tal circunstancia no puede catalogarse como una

afectación ambiental sino como procesos de transformación del

territorio que le son propios, máxime si se tiene en cuenta que según

el POT se trata de una zona urbana “en desarrollo”.

Arguyó que la actuación administrativa en cada uno de los procesos

está amparada por el principio de legalidad, el cual salvaguarda el

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cumplimiento de las exigencias urbanísticas y ambientales, en

atención a que los actos administrativos que finalizan cada actuación

dan cuenta de las obligaciones y actividades que debe adelantar el

constructor.

Con fundamento en los anteriores argumentos, propuso las

excepciones que denominó “las áreas forestales protectoras de 30

metros de ancho que trata el decreto no. 1449 de 1977, solo son

aplicables a predios rurales”, “sujeción de CORANTIOQUIA a las

funciones señaladas en la ley 99 de 1993”, “el Plan de Ordenamiento

Territorial de Envigado como instrumento de planeación urbanística

del territorio, habilita los desarrollos urbanísticos de la Loma del

Esmeraldal”, “competencia de los municipios en el ordenamiento de

su territorio, otorgar los permisos de construcción y para aplicar las

sanciones urbanísticas”, “los proyectos de construcción de

desarrollos urbanísticos no están obligados a obtener licencia

ambiental, en consecuencia, no requieren estudios de impacto

ambiental”12, “falta de legitimación por pasiva”, “ausencia de

violación de los derechos colectivos”, “los accionantes tienen la carga

12 Para el efecto, precisó que las obras de construcción de vivienda no se incluyen en el
listado de actividades que requieren licenciamiento ambiental previsto en el Decreto 2080
de 5 e agosto de 2010, por lo cual la labor del MUNICIPIO se circunscribió a gestionar y
evaluar las solicitudes de concesión, permisos y autorizaciones realizas por los
constructores.

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de la prueba respecto de la vulneración de los derechos colectivos

invocados”.

I.4.3.- La sociedad ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.13 estimó

que hay temeridad de la accionante en el ejercicio de la acción

popular porque, a su juicio, la demanda se funda en afirmaciones que

carecen de soporte jurídico, legal y técnico.

Puso de presente que el Decreto 1449 de 1977 no está en plena

vigencia comoquiera que lo relacionado con el manejo de fuentes

hídricas urbanas está regulado en el POT del MUNICIPIO.

Aseguró que a la luz de la Ley 388 de 18 de julio de 199714 los entes

territoriales en conjunto con la autoridad ambiental de cada

jurisdicción adoptan los criterios de retiro para la red hídrica urbana,

lo cual se materializa en el POT, amén de que ninguno de los entes

territoriales del Valle de Aburrá adopta los criterios del Decreto 1449

de 1977.

13 Por medio de auto de 15 de mayo de 2015, el Tribunal aceptó la petición de coadyuvancia

elevada por Arquitectura y Concreto S.A.S.
14 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras

disposiciones”.

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Indicó que dicho Decreto reglamentó parcialmente el inciso 1° del

numeral 5° del artículo 56 de la Ley 135 de 15 de diciembre de 196115

y el Decreto 2811 de 1974, no obstante, la Ley 135 fue derogada por

la Ley 160 de 3 de agosto de 199416, de tal manera que el citado

Decreto 1449 también quedó sin efecto.

Precisó que aún cuando el Decreto 2811 de 1974 es aplicable en

relación con las zonas rurales y el Decreto 1449 de 1977 es

parcialmente vigente en sus artículos 265, 282 y 283 relativos a las

prohibiciones de fauna terrestre y pesca, no es aplicable a la zona de

la Loma del Esmeraldal que está ubica en zona urbana del

MUNICIPIO.

Puso de presente que las zonificaciones ambientales territoriales en

Colombia están expresamente regladas y definidas. Tal es el caso de

las áreas forestales protegidas, las cuales se adoptaron de acuerdo

con los criterios definidos en los decretos 2811 de 1974 y 1791 de 4

15 Sobre reforma social agraria.
16 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

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Actora: Paloma González Villafañe

de octubre de 199617, la Ley 165 de 9 de noviembre de 199418,

Decreto 2372 de 1o. de julio de 201019, entre otros.

Informó que, de acuerdo con lo anterior, para definir un área, porción

de terreno o territorio como área forestal protegida se requiere de

una consulta cartográfica y normativa rigurosa, no de meras

afirmaciones; y que en el presente caso ni en el POT del

MUNICIPIO, ni el ente territorial, ni CORANTIOQUIA establecieron

a la Loma del Esmeraldal como un área con dichas características o

que fuera una zona de recarga hídrica, como lo aseguró la

accionante.

Reiteró el argumento de CORANTIOQUIA según el cual los

proyectos de construcción de desarrollo urbanísticos no están

obligados a obtener licencia ambiental ni estudio de impacto

ambiental; y que, por ello, no le asiste razón a la demandante en

cuanto a la exigencia de la licencia ambiental en el presente asunto.

17 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.
18 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río

de Janeiro el 5 de junio de 1992.
19 Por el cual se reglamenta el Decreta Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de

1994 y el Decreta Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
las categorías de manejo que /0 conforman y se dictan otras disposiciones.

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Actora: Paloma González Villafañe

Expuso que no es cierto que la Loma del Esmeraldal sea una zona de

recarga de acuíferos, pues en el POT se le dio tratamiento de suelo

de desarrollo, por lo que no se presentaron restricciones para la

construcción de obras civiles.

Aseguró que para el sector objeto de la acción no hay lugar a la

adopción de un Plan Parcial porque ello sólo es viable para suelos

catalogados como de expansión urbana.

Arguyó que en el presente caso tampoco hay lugar al incentivo

económico alegado por el apoderado de la accionante, pues la

jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que el mismo no

procede habida cuenta que se derogaron los artículos 39 y 40 de la

Ley 472 que lo disponían, ni a la recompensa del artículo 1005 del

Código Civil debido a que la Ley 472 es norma especial en todo lo

relacionado con las acciones populares y de grupo.

Afirmó que la proliferación de acciones populares promovidas por el

apoderado de la demandante para obtener incentivos económicos,

sin ningún sustento jurídico ni fáctico, genera un desgaste

innecesario de la administración de justicia.

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Actora: Paloma González Villafañe

Describió en qué consiste el proceso de categorización de área

forestal protegida e informó que la zona de la Loma del Esmeraldal

no ha sido declarada como de tal naturaleza, por lo que no le son

exigibles los retiros de áreas forestales protectoras.

Indicó que no se aportaron pruebas que acrediten los supuestos

daños ambientales ocasionados en la Loma del Esmeraldal como

consecuencia de la “construcción desenfrenada del sector”, y aseguró

que no es cierto que el edificio Areka esté construido sobre un

nacimiento de agua ni que se haya realizado la construcción de obras

hidráulicas que obstruyan las aguas del nacimiento y menos aún que

no se cuente con los permisos y estudios previos.

Esgrimió que, contrario a lo dicho por la demandante, las obras

hidráulicas que se construyeron no fueron ejecutadas para

interrumpir el fluir del nacimiento acuífero sino para que las aguas

acumuladas salieran y fueran conducidas a zanjas recolectoras para

garantizar la estabilidad del terreno.

Indicó que, a juicio de la actora, en la Loma del Esmeraldal se han

irrespetado las zonas protectoras señaladas en el artículo 3º del

Decreto 1449 de 1977, pero ocurre que esta norma sólo aplica para

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los propietarios de predios rurales, que no es el caso porque el citado

sector se clasificó como suelo de desarrollo urbano.

Manifestó que el artículo 3º del Decreto 1449 de 1977 se refiere a la

protección y conservación de bosques, esto es, áreas forestales, las

cuales deben estar delimitadas y declaradas; que sobre ellas sí

aplican los 30 metros de retiro a cada lado de los cauces de los ríos,

no así para el sector descrito en la demanda.

Expresó que los estudios técnicos realizados en la Loma del

Esmeraldal evidenciaron que no existen nacimientos de agua en la

zona; que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 2811

de 1974 en el proyecto Areka y demás lotes ubicados en la zona, el

agua no brota naturalmente pues nace en el asentamiento del talud,

lo que evidencia que se trata de aguas lluvias que se acumulan e

infiltran de manera subterránea; y que, en consecuencia, los retiros

a las fuentes hídricas no aplican en el Esmeraldal porque no cuenta

con nacimientos ni humedales, de manera que no hay

incumplimiento del artículo 37 del POT del MUNICIPIO.

Indicó que el POT del MUNICIPIO se expidió en el marco de la Ley

388, dentro de su debida oportunidad y con la rigurosidad allí

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establecida, de tal modo que la definición de las áreas urbanas no

son caprichosas ya que se sustentaron en revisiones, trámites

administrativos y soportes técnicos.

Argumentó que el MUNICIPIO no irrespetó preceptos normativos

de índole ambiental porque si bien es cierto que el principio de rigor

subsidiario propende por la supremacía de normas más exigentes en

materia ambiental, también lo es que las autoridades territoriales

están sujetas a normas que no pueden ser desconocidas; por lo

tanto, si la accionante consideraba que el POT transgredía derechos

constitucionales, la acción popular no era el medio jurídico idóneo

para debatirlo.

Esgrimió que no le asiste razón a la actora al hablar de amenaza

latente en el Esmeraldal, pues el MUNICIPIO ha precisado que se

trata de un sector de amenaza media por movimientos en masa

distintos a área forestal protectora o zona de acuíferos, por lo que

reglamentó y dispuso de los estudios necesarios para la intervención

y conservación de ese territorio.

Adujo que en el Esmeraldal se han protegido quebradas como la

Honda y la Hondita, cuyos lugares aledaños se catalogaron como

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sector de amenaza por movimientos en masa nivel alto y por tal

razón los retiros correspondientes a dichas fuentes hídricas no se

pueden construir, no obstante, los mismos estudios realizados por el

ente territorial evidenciaron que tenía potencial constructivo.

Estimó que la parte actora se equivocó al afirmar que la Loma del

Esmeraldal debía planificarse mediante plan parcial ya que no está

dentro del suelo de expansión del MUNICIPIO sino en suelo urbano,

de tal manera que sólo se requiere ante la gestión asociada de los

propietarios de predios mediante unidades de actuación urbanística

o cuando se tratara de macroproyectos u operaciones urbanas

especiales, nada de lo cual corresponde al presente caso.

I.4.4.- EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ20-21

arguyó que sus funciones están reguladas principalmente en las

Leyes 99 y 1625 de 29 de abril de 201322 y en el Acuerdo

Metropolitano núm.10 de 2013, disposiciones que no le asignan

competencias directas en la gestión del suelo de los Municipios que

20 Vinculada por el Tribunal a través de auto de 14 de noviembre de 2017.
21 En adelante AMVA.
22 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas

Metropolitanas.

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la conforman, pues la administración del territorio está dentro de la

autonomía constitucional de la que gozan los entes territoriales.

Mencionó que el artículo 319 de la Carta Política estableció el marco

constitucional a partir del cual se desarrollarían las áreas

metropolitanas, disposición en virtud de la cual se expidió la Ley 1625

o Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas que se convirtió en el marco

legal que dispuso el objetivo, naturaleza, funciones y estructura de

esa figura.

Puso de presente que las áreas metropolitanas son entidades

administrativas llamadas a desarrollar una serie de funciones

regladas que no se superponen a las competencias municipales, sino

que armonizan el desarrollo de un área con diversos actores

municipales.

Informó que como autoridad ambiental actuaba en virtud de las

competencias otorgadas en los artículos 55 y 56 de la Ley 99, las

cuales se circunscriben al área urbana del territorio bajo su

jurisdicción.

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Precisó que a partir del mes de julio de 2016 adquirió la condición de

autoridad urbana en el MUNICIPIO; y que por medio de la

Resolución Metropolitana núm. 001341 de 27 de julio de 2016 se le

delegó la autoridad ambiental para el trámite de algunos asuntos

como concesión de aguas, permiso de vertimientos, permiso de

emisiones atmosféricas, permiso de ocupación de cauce, permiso de

aprovechamiento forestal de flora silvestre, control y vigilancia a

fuentes móviles en vía, concesionarios y ensambladoras, entre otras.

Señaló las funciones de los Municipios en materia ambiental y de

planificación con base en la Constitución Política, la Ley 99 y el

Decreto 1333, entre otras.

Aseveró que acompaña a los entes territoriales adscritos en el

desarrollo ambiental de sus territorios, pero que son ellos los que

tienen la facultad y la responsabilidad de darle orden al mismo, tal y

como lo disponen las leyes 136 y 388.

Aseguró que por lo anterior es evidente que no solo las autoridades

ambientales son responsables por el medio ambiente, sino también

otras entidades públicas como los municipios que tienen funciones

relacionadas con temas ambientales; y que, en todo caso, el

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MUNICIPIO es quien determina su organización según sus

necesidades y prospectivas.

Manifestó que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal núm.

041 de 2013, la Secretaría de Medio Ambiente tiene las competencias

relacionadas con el tema ambiental y el POT en el MUNICIPIO.

Por lo expuesto, propuso las excepciones que denominó: “indebida

interpretación de las normas en que se basa la pretensión”,

“actuaciones bajo el principio de legalidad” y “competencia de los

municipios en el ordenamiento de su territorio, otorgar los permisos

de construcción y para aplicar las sanciones urbanísticas”.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 15 de

octubre de 2015, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo

conciliatorio de las partes.

I.6. Coadyuvancia

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Por medio de auto de 15 de mayo de 2015, el Tribunal aceptó la

petición de coadyuvancia elevada por la sociedad ARQUITECTURA

Y CONCRETO S.A.S.

Por su parte, a través de escrito fechado 13 de octubre de 2015, la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO solicitó coadyuvar las pretensiones de

la demanda, la cual fue admitida por el Tribunal en proveído de 15

de febrero de 2016.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal en sentencia de 7 de diciembre de 2021 declaró la

vulneración de los derechos colectivos a la realización de las

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las

disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al

beneficio de la calidad de vida, y al goce de un ambiente sano, por

parte del MUNICIPIO, para lo cual adujo lo siguiente:

Previo a decidir el caso concreto, se refirió al problema jurídico a

resolver, al marco normativo de las acciones populares y a los

derechos colectivos invocados.

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Afirmó que la actora citó como fundamento de sus peticiones el

artículo 3º del Decreto 1449 de 1977 y que pese a que la Ley 135

fue derogada por la Ley 60 de 3 de agosto de 199423, esa

circunstancia no afectaba la vigencia de la norma pues no solo

reglamenta la citada Ley sino también el Decreto 2811 de 1974.

Advirtió sobre la discusión que existe frente a la aplicación del

Decreto 1449 de 1977 a predios urbanos, por lo cual mencionó el

artículo 1º ibidem, para destacar que las áreas forestales protectoras

están definidas en el artículo 204 del Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente -CNRN, y que

en el artículo 83 idem la faja paralela a la línea de mareas máximas

o a la del cauce permanente de ríos y lagos de hasta 30 metros de

ancho se establece como bien inalienable e imprescriptible del

Estado.

Indicó que deben distinguirse los conceptos de áreas forestales

protectoras, consideradas como zonas de protección especial que

deben conservarse con bosques sin límite máximo de protección, y

23 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

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las rondas hídricas, definidas como esa franja de terreno paralela a

mares, ríos y lagos que tienen un límite máximo de 30 metros, cuyas

dos figuras, en ocasiones, pueden coincidir espacialmente.

Puso de presente que el ordenamiento jurídico diferencia las rondas

hídricas de las áreas de protección o conservación, pero que en

ambos casos le otorgó la competencia a la respectiva Corporación

Autónoma Regional de acotar el área de protección de acuerdo con

los lineamientos, reglamentos y estudios técnicos respectivos.

Precisó que pese a que la Ley 1450 de 16 de junio de 201124 y el

Decreto 2245 de 29 de diciembre de 201725 no estaban vigentes al

momento de la expedición del POT del MUNICIPIO, este incluyó

elementos que señalaban la necesidad de acotamiento de la

protección de las fuentes de agua con base en estudios técnicos.

Afirmó que debido a la importancia de las normas en materia de

ordenamiento del territorio y usos de los suelos es necesario referirse

al POT, en el que se dispuso que los nacimientos y humedales con

24 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
25 Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección

al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas.

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sus respectivas rondas hídricas o retiros y zonas de manejo y

protección ambiental son áreas para la conservación y preservación

del sistema hídrico, donde tiene especial relevancia la microcuenca

de la quebrada La Ayurá y los corredores ambientales de las

microcuencas La Sebastiana, La Honda y La Hondita como estructura

ecológica principal de áreas verdes.

Precisó que del POT se advertía que la zona del Esmeraldal es de

desarrollo y que son áreas homogéneas identificadas como

urbanizables y construibles, además de estar catalogada como suelo

urbano26.

Consideró que dada la protección que el ordenamiento jurídico otorga

a las áreas forestales protectoras y las rondas hídricas, es necesario

que las autoridades territoriales y ambientales efectúen

delimitaciones con base en estudios, concentrándose

progresivamente en una legislación que establezca las formas del

acotamiento.

Precisó, en cuanto a la vigencia del Decreto 1449 de 1977, que existe

disparidad de criterios frente a su aplicación para áreas urbanas,

26 Artículos 31, 32 a 35, 37, 153 y 235 del POT.

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pues mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

afirma que la zona de retiro es obligatoria y aplicable en zonas

rurales, la jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene que la

norma también se aplica a zonas urbanas.

Afirmó que, en el caso concreto, desde la expedición del POT del

MUNICIPIO en el año 2011, se definió como zona de retiro en el

área urbana, 20 metros, y en el área rural, 30 metros, con lo cual se

estableció que el límite de áreas forestales protectoras por fuentes

de agua señalado en el Decreto 1449 de 1977 no le es aplicable al

área urbana.

Aseguró que teniendo en cuenta los límites del presente medio de

control sobre la posibilidad de verificar la legalidad del acto

administrativo contentivo del POT, no es posible referirse al límite

fijado por el ente territorial en el instrumento territorial; no obstante,

aseguró que evidenció una protección defectuosa de ese tipo de

zonas, ya que de lo probado en el proceso no se advirtió la aplicación

de la metodología señalada en el POT para su determinación, sino

que se emplearon de manera incondicionada e irrestricta los 20

metros allí señalados y que, adicionalmente, no se definieron las

rondas hídricas.

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Estimó que el MUNICIPIO debió adelantar estudios técnicos para

caracterizar las fuentes de agua y las áreas de retiro con fines de

protección, lo que habría permitido establecer de manera específica

una zona de retiro o área forestal protectora en la Loma del

Esmeraldal; además, llamó la atención sobre el hecho de que se

hubiera establecido una zona de retiro de 30 metros para la quebrada

La Ayurá y otra diferente para el área sub examine pese a que esta

se encuentra en la microcuenca de la misma quebrada.

Advirtió que muy a pesar de determinarse que se trata de una zona

calificada como de amenaza por movimiento en masa alta y media y

amenaza por inundación alta y media, no se realizaron los estudios

puntuales y concretos como insumo para adoptar las decisiones del

POT y la delimitación de las zonas.

Indicó que en algunos parajes de la Loma del Esmeraldal hay

pendientes escarpadas que requieren un tratamiento especial según

el POT.

Consideró que lo expuesto influye sobre la determinación de la zona

objeto de la presente acción como un área de especial protección y

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el hecho de que no se hubieran realizado los estudios necesarios para

justificar los usos del suelo es grave si se tiene en cuenta la cantidad

de permisos ambientales de ocupación de cauce que se habían

concedido en la zona.

Puso de presente, frente al proyecto BREZZO, que el estudio de

suelos determinó la necesidad de efectuar estudios hidrológicos y que

de acuerdo con el artículo 138 del POT ese estudio debía ser avalado

por el MUNICIPIO, pero el ente territorial nunca adelantó las

medidas necesarias para solicitarlos; y que, además, dentro del

proyecto VENNETO – MURATTO no hubo estudio geológico –

geotécnico.

Tuvo por acreditada la carencia de estudios técnicos de detalle

conforme a las respuestas allegadas por el MUNICIPIO, a través de

las cuales presentó una lista de estudios que se realizaron con

anterioridad a la formulación del POT 2011-2023, pero en ninguno

de ellos se analizó la temática de áreas forestales protectoras,

pasando por alto las condiciones de la zona y la confluencia en la

misma de suelos de protección y zonas de retiro.

Aseguró que los estudios referenciados por el MUNICIPIO no son

conexos a fuentes de agua ni fueron aportados.

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Consideró que hay una deficiente protección de la Loma del

Esmeraldal, dado que no se aportaron los soportes técnicos que

permitieron la toma de decisiones para la delimitación de las áreas

forestales protectoras, pese a la importancia ecológica de las áreas

de retiro en relación con las fuentes de agua que forman parte de la

microcuenca La Ayurá, los riesgos medio y alto en amenaza por

inundación y por movimiento en masa, el proceso de densificación,

construcción acelerada en la zona y la cantidad de ocupaciones del

cauce que se autorizaron.

Evidenció, a partir de las medidas cautelares adoptadas en el marco

de la acción, irregularidades en las construcciones de la zona entre

julio de 2014 y marzo de 2016, las cuales comprometieron la

ocupación de zonas de retiro de 20 metros, pues urbanizaciones

como Arroyo de La Honda, Sepia y Siempre Verde presentan retiros

menores o muy cercanos al límite determinado por el POT y, además,

12 de 14 proyectos tenían un retiro menor a los 30 metros señalados

por la normativa nacional.

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Estimó que los testimonios recaudados dan cuenta de que las

denuncias y el control efectuado por la comunidad no fueron

atendidos de manera eficiente por la administración.

Decidió que el MUNICIPIO, previo a la autorización de nuevas

construcciones urbanísticas en la Loma del Esmeraldal, debe efectuar

los estudios de detalle necesarios para caracterizar y delimitar las

áreas forestales protectoras en razón de pendientes y fajas

circundantes de fuentes de agua, para de esa forma contar con los

insumos necesarios para delimitar los suelos de protección.

Indicó que de acuerdo con los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 15

de octubre de 201427, los estudios de impacto ambiental no se

requieren para proyectos constructivos urbanísticos y, en

consecuencia, su omisión no vulnera derechos o intereses colectivos.

Consideró que a la luz de lo dispuesto en la Ley 99, el Decreto 1640

de 2 de agosto de 201228 y el POT las zonas de recarga de acuíferos

tienen protección especial de 100 metros de retiro, razón por la cual

27 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
28 Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y

manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones.

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estimó que en el caso concreto: 1. De acuerdo con el estudio y

concepto del AMVA la zona de la Loma del Esmeraldal es de recarga

de acuíferos directa; 2. Conforme al dictamen pericial rendido, no se

evidenciaron condiciones geomorfológicas para sostener que se trata

de una zona de recarga directa y; 3. Conforme uno de los testimonios

rendidos, lo consignado en el dictamen pericial no desvirtuaba lo

dicho por el AMVA debido a que era menos específico e insuficiente

técnicamente.

Argumentó que aun cuando el POT establece la importancia ecológica

de las zonas de reserva acuífera y de los nacimientos, no se han

elaborado los estudios técnicos; ello, aunado al hecho de que el

AMVA aseguró que la Loma es una zona de recarga directa, es

muestra clara de la necesidad de realizar estudios para la

determinación en detalle de esta circunstancia, previo a tomar

decisiones en materia constructiva; lo anterior, en aplicación del

principio de precaución para evitar daños irreparables, pues de

acuerdo con la experticia, una vez impermeabilizado el suelo se

hace nula la capacidad de recarga del mismo.

Aseguró que llama la atención lo ocurrido con el proyecto Areka,

debido a que la comunidad denunció la presencia de un nacimiento

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de agua, no obstante, nunca se concretaron estudios serios para

determinar la existencia o no del mismo. Adicionalmente, los

informes técnicos practicados los días 12 de febrero y 5 de diciembre

de 2013 señalaron la necesidad de efectuar estudios para establecer

si había un nacimiento de agua en la zona, pese a ello, las obras de

la urbanización no fueron suspendidas para definir el tema del

nacimiento, como lo indicó CORANTIOQUIA en el informe técnico

núm. 1408-13710 de 20 de agosto de 2014.

Consideró que como las recomendaciones fueron desconocidas por el

MUNICIPIO y no se evidenció actividad alguna por parte del ente

territorial tendiente a la protección del recurso hídrico que

presuntamente era un nacimiento, existió violación del principio de

precaución señalado en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 99.

Expuso que en el POT no hay herramientas para determinar las zonas

de recarga acuífera y que la protección que se aducía como especial

no era suficiente, con lo cual se generó una amenaza al derecho al

goce de un ambiente sano, dada la importancia de las zonas de

recarga acuífera y los nacimientos en la preservación del recurso

natural renovable.

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Actora: Paloma González Villafañe

Sostuvo que conforme a lo expuesto se ordena al MUNICIPIO que

realice los estudios tendientes a determinar si la Loma del Esmeraldal

es una zona de recarga de acuíferos directa y sí existen nacimientos

de agua, caso en el cual deberán adoptarse las medidas que ha

determinado el AMVA previo al otorgamiento de permisos y

licencias; además, estableció que no podrían tramitarse nuevos

licenciamientos.

Estimó que no es necesario ordenar demoliciones, pues no es cierto

que no se permitan construcciones en zonas de reserva acuífera y

tampoco se probó que dichas zonas fuese una reserva acuífera de

relevancia que mereciera protección especial.

Manifestó, frente a los cambios en el paisaje, que si bien es cierto

que el informe técnico núm. 1408-13710 de 20 de agosto de 2014

muestra cambios evidentes, también lo es que esta circunstancia no

vulnera los derechos colectivos, pues la clasificación del suelo y la

determinación de densificar la zona y darle tratamiento de desarrollo

fueron adoptadas en el POT, de manera que la alteración del paisaje

es consecuencia de la normativa.

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Actora: Paloma González Villafañe

Puso de presente que el material probatorio es insuficiente para

considerar que el desarrollo urbanístico en la Loma debió efectuarse

a través de un plan parcial, conforme a lo dispuesto en el Decreto

4065 de 24 de octubre de 200829, pues de las pruebas aportadas no

se desprende la exigencia de una actuación urbanística macro o que

el espacio público definido es insuficiente o que no se han tomado las

decisiones constructivas necesarias para mejorar la infraestructura

en materia de movilidad y transporte.

Aseguró que no se cumplen los presupuestos normativos para

analizar la posibilidad de recompensa prevista en el artículo 1005 del

Código Civil, pues no se ordenó ninguna demolición; asimismo,

manifestó que para la protección de los derechos e intereses

colectivos no es necesario ordenar el pago de indemnizaciones para

construir un fondo económico para la protección de la Loma del

Esmeraldal, en atención a que las órdenes se dirigen a las entidades

que por ley tenían esa obligación.

29 Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las
actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los
predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras
disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los
procesos de urbanización y edificación de inmuebles.

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Condenó en costas a la parte demandada, en atención a que se

demostró su causación si se tiene en cuenta que la parte actora

asumió el costo del dictamen pericial practicado.

En virtud de lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR:

-A CARGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO: 1.- realizar los estudios
técnicos necesarios para la determinación de las áreas forestales
protectoras, en específico, las áreas de retiro de las fuentes de
agua en la Loma El Esmeraldal, de acuerdo con las condiciones
particulares del territorio (zonas de amenaza, pendientes,
desarrollo urbanístico acelerado, ocupaciones de cauce). El
correspondiente estudio técnico deberá realizarse dentro de un
término no superior a seis (06) meses, contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia. Mientras no sean determinadas áreas
de retiro y rondas hídricas en la zona, deberá respetarse mínimo
30 metros paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o
no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

En caso de que persistan proyectos urbanísticos licenciados bajo el
Acuerdo 010 de 2011 que desconozcan los lineamientos del retiro
mínimo de 20 m, el Municipio de Envigado y el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, de acuerdo a sus competencias, deberán
adelantar las acciones necesarias para respetar el uso de este suelo
de protección disponiendo las medidas sancionatorias, policivas y
demás necesarias.

2.- realizar los estudios técnicos necesarios para la determinación
de si la Loma El Esmeraldal es una zona de recarga de acuíferos
directa y la existencia de nacimientos en el área. El correspondiente
estudio técnico deberá realizarse dentro de un término no superior
a seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia. Mientras no sea efectuado el estudio, no podrán
efectuarse nuevos licenciamientos constructivos. En caso de
determinarse como zona de recarga directa, deberán adoptarse las
medidas que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha
desarrollado en el marco del Plan de Manejo de Acuíferos. En caso
de determinarse la existencia de nacimientos, deberá darse el

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tratamiento del suelo de protección y respetarse las zonas de
retiro.

• En un término no superior a seis (6) meses, contados a partir del
cumplimiento del plazo anterior, la entidad territorial deberá iniciar
la ejecución de las medidas que los estudios determinen como
necesarias en sus territorios para garantizar la protección de los
derechos colectivos objeto de la presente acción.

• A CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación,
concurrencia y subsidiaridad positiva, apoyar al Municipio en los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción de los
riesgos sobre los recursos naturales renovables en la Loma El
Esmeraldal; asistiéndolas en aspectos medio ambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 34 de
la Ley 472 de 1998, en el cual participarán, además del Magistrado
Ponente, los actores populares, un representante del MUNICIPIO
DE ENVIGADO, un representante del ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRÁ y el agente del MINISTERIO PÚBLICO, quienes
deberán rendir informe a esta Corporación dentro de los seis (06)
meses siguientes sobre las gestiones realizadas para el
cumplimiento de la sentencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas en esta instancia […]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1 El AMVA manifestó que los hechos objeto del fallo impugnado,

relativos al asentamiento de la población en la Loma del Esmeraldal,

son ajenos a los permisos o autorizaciones por ella concedidos.

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Aseguró que el planteamiento hecho por la parte accionante sobre la

vulneración de derechos colectivos se centró en cinco aspectos: 1.

Se irrespetaron las áreas forestales protectoras en el desarrollo

constructivo de la Loma del Esmeraldal; 2. Había lugar a exigir los

estudios de impacto ambiental; 3. Es una zona de recarga de

acuíferos de especial protección; 4. Se afectó el paisaje y; 5. El

desarrollo constructivo de la Loma no propendió por la protección de

la calidad de vida de los habitantes, pues se requería de un plan

parcial para su desarrollo.

Afirmó que es evidente que la discusión se centra en el debido control

e intervención del territorio por parte del MUNICIPIO, por lo que se

refirió a la sentencia del Consejo de Estado de 16 de mayo de 201930,

en la que se aborda dicha materia.

Arguyó que la degradación ambiental y el riesgo de desastres

relacionado con el indebido asentamiento de personas en el

territorio, debe ser atendida por el MUNICIPIO, máxime si se tiene

en cuenta que, a juicio del Tribunal, las construcciones son

30Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente núm.
17001-23-33-000-2017-00452-01.

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consecuencia de la falta de soportes técnicos necesarios para la

delimitación de las áreas forestales protectoras.

Manifestó que como las intervenciones requeridas para organizar y

controlar un desarrollo urbanístico tendiente a evitar que en el futuro

se presentaran asentamientos irregulares, las acciones a ejecutar

escapan a sus competencias y funciones ambientales.

Aseguró que la orden impartida en la sentencia apelada contradice el

parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201231

y el artículo 287 de la Constitución Política, pues implica actuar en

aspectos que son de competencia del MUNICIPIO como la

prevención del riesgo de desastres; y que si bien es cierto que como

autoridad ambiental puede intervenir en la gestión del riesgo de

desastres, también lo es que su participación es complementaria y

subsidiaria a la acción de los Municipios, Departamentos y la Nación,

motivo por el cual si el ente territorial se veía desbordado en sus

capacidades debió hacerle un llamado para que actuara en el

presente asunto, eso sí, en el marco de lo establecido en la Ley 1523.

31 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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Pidió revocar la orden que le fue impuesta en el numeral 2 de la parte

resolutiva del fallo apelado.

III.2. ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. aseguró que aun

cuando la sentencia no ordenó la demolición de las obras construidas,

lo cierto es que generó incertidumbre al concluir, por una parte, que

en el presente asunto hubo afectación de los recursos naturales y,

por la otra, que como no se trata de una zona de reserva acuífera de

especial protección puede construirse allí.

Afirmó que las construcciones que realizó no se encuentran en áreas

protectoras de afluentes ni en nacimientos de agua.

Refirió que el informe técnico de 12 de febrero de 2013, aducido en

la sentencia impugnada acerca del proyecto Areka, no sugiere la

existencia de un nacimiento de agua, sino que el abatimiento del

nivel freático es un efecto normal y corriente ocasionado por la

intervención de cualquier construcción en zonas de ladera y que, por

lo tanto, donde se ejecuta dicho proyecto no afecta zonas de

nacimiento.

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Indicó que el informe técnico núm. 130AS-1312-12836 de 31 de

diciembre de 2013 elaborado por CORANTIOQUIA no es un acto

administrativo contentivo de requerimientos precisos, sino que

únicamente plantea recomendaciones derivadas de hipótesis y no de

hechos, circunstancia que ocurrió porque particulares evidenciaron

aguas de nivel freático que confundieron con un nacimiento de agua,

error en el que también incurrió el a quo al darle mayor credibilidad

a manifestaciones de ciudadanos y a las hipótesis del mencionado

informe.

Arguyó que la discusión planteada en la demanda no tiene un

carácter ambiental, sino que evidencia el rechazo de unos ciudadanos

frente al desarrollo urbanístico en un sector declarado como zona

urbana por el POT; adicionalmente, afirmó que la Loma del

Esmeraldal no ha sido declarada como área forestal protegida y que

el Tribunal excedió sus competencias al ordenar realizar unos

estudios técnicos que lo determinaran.

Manifestó que en el POT se le dio tratamiento de desarrollo al sector

objeto de la demanda sin que se establecieran restricciones para las

obras civiles, lo que evidencia que no se trata de una zona de recarga

de acuíferos, tal y como lo reconoció el Tribunal.

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Aseguró que, de acuerdo con lo probado en el proceso, en la zona

predomina la unidad geomorfológica de vaguadas en la que se

permite el drenaje a través de una escorrentía superficial que impide

una recarga directa y que, por lo tanto, es de bajo potencial, como

así mismo lo precisó el dictamen pericial obrante en el expediente.

Argumentó que las medidas adoptadas en la sentencia fueron

extremas, sobre todo si se tiene en cuenta que no se probó la

afectación a los derechos colectivos e indicó que la interpretación del

principio de precaución es imprecisa, ya que en el presente caso no

se demostró un peligro de daño grave o irreparable, ni tampoco

existió falta de certeza científica absoluta en cuanto a la afectación

del medio ambiente.

Aseguró que es necesario esclarecer dos aspectos frente a lo

establecido por el a quo, esto es: 1. lo relacionado con el Decreto

1449 de 1977, que, a su juicio, fue superado y desarrollado por

diferentes entidades administrativas con competencias en materia de

regulación de recursos naturales renovables; además, el tema fue

regulado en la Ley 1450 y el Decreto 2245 de 2017, por lo que estimó

que las normas que soportan la sentencia impugnada no están

vigentes y, en consecuencia, solicitó la aclaración sobre este punto;

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2. que el a quo pretende establecer los mismos retiros a las fuentes

hídricas ubicadas en suelo urbano y rural, circunstancia que

desconoce la realidad fáctica del suelo urbano que tiene por objeto

el desarrollo territorial así como el desarrollo normativo del tema; y

que, adicionalmente, afirmó que el legislador en el Decreto 2811 de

1974 no estableció que los retiros de agua sean de mínimo 30

metros, sino de hasta 30 metros, lo que permitía inferir que se podía

establecer un retiro menor.

Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,

denegar las pretensiones de la demanda, en atención a que no existe

prueba de la vulneración de los derechos colectivos alegados y que,

por el contrario, se demostró que las obras construidas en la Loma

del Esmeraldal cumplieron con los requerimientos legales y no se

encuentran en áreas forestales protectoras de los afluentes, ni en

zona de recarga acuífera directa.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- Mediante auto de 25 de febrero de 2022, el Despacho

sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados del AMVA y de la empresa ARQUITECTURA Y

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CONCRETO S.A.S contra la sentencia de primera instancia y le

advirtió al señor Procurador Delegado en lo Contencioso

Administrativo ante el Consejo de Estado que, de conformidad con el

numeral 6 del artículo 247 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, podría

emitir su concepto hasta antes de que ingresara el proceso al

Despacho para sentencia. Asimismo, se indicó que si en el término

de ejecutoria de la providencia las partes no solicitan la práctica de

pruebas en los términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del

traslado para alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente

ingresará al Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5

del artículo 247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el

numeral 4 de la norma idem, los sujetos procesales podrían

pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto

hasta la ejecutoria del auto.

IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron

la práctica de pruebas, razón por la que se prescindió del traslado

para alegar de conclusión.

IV.3.- La actora, a través de apoderado se pronunció respecto de los

recursos de apelación en los siguientes términos:

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Reiteró que la vulneración de los derechos colectivos invocados se

encuentra plenamente demostrada en el proceso, como también lo

está el carácter acuífero de la zona del Esmeraldal, por lo que calificó

de inaceptable la afirmación de la Constructora acerca de que las

medidas de protección adoptadas por el Tribunal son “exageradas”,

pues las zonas de tal naturaleza gozan de protección especial, como

claramente lo dispone el numeral 4 del artículo 1° de la Ley 99 de

1993.

Alegó que no es cierto que la demanda tenga por objeto oponerse a

los procesos urbanísticos de la zona, sino que lo que pretende es que

los mismos se adelanten de manera ordenada y amigable con el

ambiente y con la comunidad; y que, contrario a ello, es la empresa

constructora quien evidencia un deseo de favorecer sus propios

intereses económicos por encima del bien común.

Insistió en la aplicación del principio de precaución en relación con el

agua que brota en inmediaciones del proyecto AREKA, hasta tanto se

determine si las mismas corresponden a un nacimiento; y que la

discusión sobre la vigencia del Decreto 1449 de 1977 y su aplicación

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tanto a zonas rurales como urbanas se encuentra zanjada por la

jurisprudencia del Consejo de Estado.

Argumentó que las medidas de protección adoptadas por el a quo

responden al espíritu de la Constitución y la Ley; y que en el caso

examinado se cumplen todos los elementos que permiten aplicar el

principio de precaución, a saber: a) La existencia de un peligro de

daño grave o irreversible; b) La falta de certeza científica absoluta;

y c) La necesidad de adoptar medidas eficaces para evitar la

degradación del medio ambiente.

Finalmente, estimó que no le asiste razón al AMVA al decir que

carece de competencia para participar de las medidas de protección

impuestas por el Tribunal, pues, en virtud del principio de

colaboración debe, según sus competencias, proceder al

cumplimiento de lo ordenado, por lo tanto, solicitó confirmar el fallo

impugnado.

IV.4.- El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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V.1.- Cuestión Previa

V.1.1.- La Sala advierte que el señor Consejero ROBERTO

AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en escrito de 28 de junio de

presente año32, manifiesta que se declara impedido para actuar

dentro del proceso de la referencia por cuanto su hermano MARIO

SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como contratista de

la Defensoría del Pueblo, entidad que funge como coadyuvante de la

parte demandante en la acción popular de la referencia, por lo que

estima que se encuentra incurso en la causal de impedimento

prevista en el numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

32 Visible en el índice 29 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA,

la cual dispone:

“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos:

(…)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o
de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una
de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los
terceros interesados […]” (Resaltado fuera del texto).

De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma

deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que

los referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes

legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga

en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.

Siendo ello así, de la causal transcrita y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, la Sala advierte que concurren los presupuestos

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para el efecto, toda vez que su hermano33, el señor MARIO

SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como contratista de

la Defensoría del Pueblo34, entidad coadyuvante de la actora en la

acción popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

V.1.2.- Estando el expediente al Despacho para proferir la sentencia

de segunda instancia, el ciudadano JORGE EDUARDO FONSECA

ECHEVERRI solicitó su vinculación al proceso, cuya petición fue

resuelta por el Despacho sustanciador en auto de 9 de junio de 2023,

en el que se consideró que lo pretendido por aquél era ser reconocido

como coadyuvante de la parte actora. En consecuencia, en atención

a que dicha intervención en acciones populares solo es posible hasta

antes de que se profiera el fallo de primera instancia, que en el

presente caso lo fue el 7 de diciembre de 2021, y la solicitud fue

33 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
34 Calidad de contratista en la entidad pública demandante en la acción popular de la referencia.

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radicada durante el curso de la segunda instancia, la misma se

denegó extemporánea.

Contra la anterior decisión, el ciudadano en comento interpuso

recurso de apelación, en el que reiteró los argumentos expuestos en

su escrito inicial que se relacionan con la afectación producida en los

condominios ubicados aguas abajo de la quebrada La Honda, cuya

falta de intervención ha repercutido en los mismos, lo cual no fue

tenido en cuenta por el a quo.

Asimismo, el recurrente señaló que al momento de solicitar su

coadyuvancia la sentencia de primera instancia no estaba en firme,

pues fue apelada por el AMVA y la empresa ARQUITECTURA Y

CONCRETO S.A.S., razón por la que solicitó que se le diera primacía

al derecho sustancial sobre el formal y, por ende, se aceptara su

intervención en el proceso. Además, agregó que:

“[…] A raíz de esto apelo la decisión de negar mi coadyuvancia en
la presente acción popular; primero, porque «la Nueva Agenda
Urbana (NAU) aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)
celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016 y refrendada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre
de 2016 se introducen nuevos paradigmas en el estudio de las
ciudades y se consagra el ideal común de “una ciudad para todos”,
refiriéndose a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y

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los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y
garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones
presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan
crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos,
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos,
a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos.
Este ideal recoge lo que se conoce como Derecho a la ciudad» Es
necesario asumir que para la protección constitucional a los
derechos e intereses colectivos involucrados en esta acción popular
se debe trascender el concepto tradicional de espacio público e
interpretarlo como el componente de un derecho colectivo más
amplio, actualmente denominado en el contexto internacional
como Derecho a la ciudad. Tal perspectiva se habilita para el juez
popular en desarrollo del principio de eficacia y en aplicación del
artículo 7º de la Ley 472 de 1998 que permite interpretar el alcance
de los derechos colectivos de acuerdo a como están definidos y
regulados en la Constitución, las leyes y los tratados
internacionales que vinculen a Colombia».

Segundo, porque «la ronda hídrica es un concepto amplio de
connotación ambiental que no está ligado ni condicionado por el
dominio ni el uso público o privado. Su delimitación física incluye
criterios geomorfológicos, hidrológicos y ecosistémicos, a partir de
los cuales se diseñan estrategias de preservación, restauración y
usos sostenibles»; por ende, la protección ambiental en la presente
acción popular debe cubrir las riveras de las quebradas aguas abajo
hasta la desembocadura del Rio Medellín; con el fin de que se
garantice la protección de las rondas hídricas, el espacio públicos y
las propiedades privadas de los ciudadanos que residen al lado y
lado de los retiros de la quebrada La Honda y la Hondita.

Y finalmente, porque se debe el Derecho a la ciudad, como derecho
colectivo según los parámetros de la Nueva Agenda Urbana (NAU)
aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y
refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
forma integral y no de forma parcial como lo dispuso el Tribunal
Administrativo de Antioquia […]”.
Para resolver, la Sala advierte que la decisión adoptada por el

Despacho sustanciador en auto de 9 de junio de 2023 no es

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apelable35, pues en acciones populares las únicas decisiones

susceptibles de dicho recurso es el auto que decreta la medida

cautelar36 y el fallo de primera instancia37, razón por la que, de

conformidad con el artículo 36 de la Ley 47238, el recurso procedente

es el de reposición, el cual se resolverá en esta oportunidad en

atención a los principios de economía procesal y celeridad que rigen

este medio de control39.

Aclarado lo anterior, la Sala pone de manifiesto que, conforme se

advirtió en la providencia recurrida, el artículo 24 ibidem es claro en

ordenar que la oportunidad para solicitar la coadyuvancia es hasta

antes de que se profiera el fallo de primera instancia, cuyo término

35 Sobre dicho asunto consultar la providencia de 26 de junio de 2016 (Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, auto de 26 de junio de 2019, Magistrado
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente núm. AP 25000-23-27-000-2010-02540-
01)
36 Ley 472 de 1998, Artículo 26 “OPOSICION A LAS MEDIDAS CAUTELARES. El auto que

decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la
admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de
apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en
el término de cinco días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en
los siguientes casos: […]” (Resaltado fuera del texto).
37 Ley 472 de 1998, Artículo 37 “RECURSO DE APELACION. El recurso de apelación

procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y
oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de
los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la
Secretaría del Tribunal competente […]” (Resaltado fuera del texto).
38 “ARTICULO 36. RECURSO DE REPOSICION. Contra los autos dictados durante el trámite

de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los
términos del Código de Procedimiento Civil”.
39 Ley 472, Artículo 5o. “TRAMITE. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se

desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de
prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán
también los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se
contrapongan a la naturaleza de dichas acciones […]”.

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no está sujeto de ninguna manera a la ejecutoria de dicha

providencia, como lo pretende hacer ver el recurrente.

En consecuencia, en atención a que la solicitud de coadyuvancia fue

presentada hasta esta instancia, resulta evidente que la misma fue

extemporánea, lo que conduce inexorablemente a su rechazo, sin

que ello signifique el desconocimiento de derecho alguno del

peticionario, pues la negativa obedece a su intervención tardía.

La Sala resalta que la oportunidad para solicitar la coadyuvancia

dispuesta en el artículo 24 de la Ley 472 no está sujeta a

interpretación alguna, por lo que no son de recibo los argumentos

expuestos por el señor JORGE EDUARDO FONSECA ECHEVERRI

para efecto de que se admita su intervención en el proceso de la

referencia.

Con fundamento en lo expuesto, se confirmará el auto de 9 de junio

de 2023, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

V.2.- Generalidades de la acción popular

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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

En el presente asunto la demandante estima que el MUNICIPIO

incurrió en conductas activas y omisivas que amenazan y vulneran

los derechos colectivos a la realización de construcciones respetando

las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia

al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y al goce de un

ambiente sano, al haberse permitido la construcción desenfrenada

de obras urbanísticas en el sector de la Loma del Esmeraldal, sin

contar con un plan parcial ni estudios técnicos o de impacto

ambiental previos al otorgamiento de permisos de construcción, los

cuales estima necesarios porque, a su juicio, se trata de un área de

recarga de acuíferos que merece especial protección por la presencia

de afloramientos o nacimientos de agua, quebradas o arroyos, entre

otras fuentes hídricas, que generan inestabilidad en el suelo.

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La parte actora agregó que los urbanizadores han desatendido la

exigencia legal de respetar las zonas de retiro de las fuentes de agua

y que la permisibilidad y la falta de vigilancia y control por parte de

la demandada sobre la zona, ha causado numerosos daños

ambientales, concretamente, a las fuentes hídricas, al paisaje y a los

habitantes, quienes, asegura, no cuentan con vías ni espacio público

adecuado.

El Tribunal, en sentencia de 7 de diciembre de 2021, encontró

vulnerados los derechos colectivos invocados en la demanda en

consideración a que, no obstante que de acuerdo con el POT del

MUNICIPIO la zona del Esmeraldal es urbana y está catalogada

como de desarrollo y, por lo tanto, es urbanizable, lo cierto es que

evidenció una protección defectuosa de la zona, ya que de lo probado

en el proceso no se advirtió la aplicación de la metodología señalada

en el POT para identificarla o descartarla como área de recarga

acuífera ni se definieron las rondas hídricas.

Enfatizó en que los estudios técnicos previos al otorgamiento de

permisos para la actividad urbanística eran imprescindibles en la

Loma del Esmeraldal, en atención a la importancia ecológica de las

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áreas de retiro de las fuentes de agua que forman parte de la

microcuenca La Ayurá, a los riesgos medio y alto de amenaza por

inundación y por movimiento en masa, al proceso de densificación y

construcción acelerada en la zona y a la cantidad de ocupaciones de

cauce que se han autorizado de manera reciente y dado que el

MUNICIPIO no llevó a cabo dichos estudios, omisión que vulneró

los derechos colectivos invocados en la demanda.

En cuanto a las zonas de retiro de las fuentes hídricas, el a quo señaló

que el Esmeraldal es un área urbana y que desde la expedición del

POT del año 2011 se definió como zona de retiro en el área urbana

una porción de 20 metros y en el área rural una de 30 metros; y que

no se demostró la necesidad de elaborar un plan parcial para el

desarrollo urbanístico a la luz de lo dispuesto en el Decreto 4065 de

2008.

Con fundamento en lo anterior, en la sentencia apelada se le impuso

al MUNICIPIO una serie de órdenes tendientes a restablecer los

derechos colectivos vulnerados, entre otras, las de realizar estudios

técnicos para determinar las áreas forestales protectoras y establecer

si el Esmeraldal es una zona de recarga acuífera, así como imponer

las sanciones y medidas policivas correspondientes a los proyectos

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urbanísticos existentes que no respeten el área de retiro de 20

metros de las fuentes hídricas. De la misma manera, le ordenó al

AMVA adoptar las medidas necesarias para hacer respetar los usos

del suelo de protección dentro del marco de sus competencias y

apoyar al MUNICIPIO en los estudios necesarios para el

conocimiento y la reducción de los riesgos sobre los recursos

naturales renovables en la Loma El Esmeraldal, en virtud de los

principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad

positiva.

Inconformes con la anterior decisión, la empresa ARQUITECTURA

Y CONCRETO S.A.S. y el AMVA la apelaron en aras de que sea

revocada.

Lo anterior, por cuanto, a juicio la sociedad ARQUITECTURA Y

CONCRETO S.A.S., el fallo impugnado se fundamentó en una norma

inaplicable por haber perdido vigencia y genera confusión porque,

por una parte, encontró vulnerados los derechos colectivos en el

sector del Esmeraldal y, por otra, aseguró que no se demostró que

dicha zona esté catalogada como de reserva acuífera, por lo cual

puede ser construida.

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La empresa apelante solicitó que se aclaren dos aspectos del fallo

impugnado: uno, relacionado con lo que, a su juicio, es un yerro del

a quo sobre la vigencia del Decreto 1449 de 1977, comoquiera que

estima que el mismo perdió sus efectos, y otro en torno a los retiros

de fuentes hídricas en suelo urbano y rural, pues estima que el

Tribunal estableció las mismas reglas para uno y otro.

Alegó que los informes que reposan en el expediente y dan

fundamento a la sentencia de primera instancia, no demuestran la

existencia de un nacimiento de agua en la zona donde se realizaron

las construcciones del proyecto AREKA y que los particulares

confundieron las aguas de nivel freático con un nacimiento de agua,

error en el que también incurrió el a quo al ponderar el informe de

CORANTIOQUIA40.

Reiteró que la Loma del Esmeradal aparece en el POT como suelo de

desarrollo y no como zona de recarga de acuíferos, es decir, que no

ha sido catalogada como área forestal protegida lo cual, sumado a

que el dictamen pericial practicado en el proceso la señaló como un

sector de bajo potencial de recarga acuífera, evidencia que no se

40 Informe técnico núm. 130AS-1312-12836 de 31 de diciembre de 2013.

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vulneró derecho colectivo alguno, y aseguró que el principio de

precaución fue interpretado inadecuadamente, pues en el caso

examinado no se advirtió peligro de daño grave o irreparable.

En consecuencia, pidió revocar la sentencia recurrida y, en su lugar,

negar las pretensiones de la demanda porque no está demostrada la

vulneración de derechos colectivos en la zona del Esmeraldal, pues

se han cumplido las normas necesarias para el desarrollo urbanístico

del lugar, el cual, reitera, no es de reserva forestal ni de recarga

acuífera directa.

El AMVA, por su parte, aseveró que las órdenes que le fueron

impuestas escapan al ámbito de sus competencias pues, según dice,

tienen que ver con un indebido asentamiento de la población en el

territorio del MUNICIPIO y que, aún cuando le es dado intervenir

en la prevención del riesgo de desastres, lo cierto es que su

participación es complementaria y subsidiaria, razón por la cual

solicita ser separada de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto

a las órdenes que le fueron impuestas.

V.3.-Problema jurídico

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A la Sala le corresponde resolver tres problemas jurídicos en los

términos planteados por los apelantes ARQUITECTURA Y

CONCRETO S.A.S. y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE

ABURRÁ, en su orden, así:

En primer lugar, si las órdenes dadas en el fallo impugnado,

relacionadas con la protección y vigilancia sobre las áreas de ronda

y la eventual imposición de sanciones a los constructores que no

cumplan con el metraje previsto en la Ley para tal efecto, se fundaron

en normas que no se encuentran vigentes, como lo afirma la empresa

apelante acerca del Decreto 1449 de 1977; en segundo lugar, si tal

como lo sostuvo el a quo, la conducta omisiva del MUNICIPIO

consistente en no haber adelantado estudios técnicos previos al

otorgamiento de licencias para desarrollos urbanos en la zona de El

Esmeraldal, tendientes a verificar o descartar si se trata de un área

de descarga acuífera, vulneró los derechos colectivos a la realización

de construcciones respetando las disposiciones jurídicas, de manera

ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de

los habitantes y al goce de un ambiente sano, ello, por cuanto, a

juicio de la constructora apelante, tal decisión excede las

competencias del Tribunal, desconoce la clasificación de zonas

contenidas en el POT y carece de soporte probatorio, en tanto que

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no se demostró que se tratara de un área de protección forestal ni

de descarga de acuíferos y; en tercer lugar, si el AMVA carece de

competencia para acompañar al Municipio demandado en la

realización de los estudios técnicos mencionados en precedencia.

V.4.- Caso concreto

V.4.1.- De la vigencia del Decreto 1449 de 1977, su

aplicabilidad al suelo urbano o rural del ente territorial

demandado, entre otras normas aplicables al caso concreto

en materia de protección de las zonas de retiro a fuentes

hídricas.

La Sala señala que la discusión sobre la vigencia del Decreto 1449 de

1977, particularmente en lo que tiene que ver con las áreas de retiro

a fuentes hídricas, ha sido superada, no sólo porque sus

disposiciones fueron recopiladas en el Decreto 1076 de 26 de mayo

de 201641, sino porque actualmente se ha decantado el criterio

jurisprudencial de que la medida de 30 metros paralela al cauce de

41 Pormedio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

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ríos o lagos, dispuesta en el artículo 3° del citado Decreto 144942, es

aplicable tanto para zonas urbanas como rurales.

En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación43 en reciente

pronunciamiento tuvo la oportunidad de reiterar su postura en los

siguientes términos:

“[…] En lo relacionado con el primer aspecto, la Sala advierte que
si bien es cierto que había dos decisiones que podrían analizar el
tema de manera diversa, también los es que esta Corporación ya
tuvo la oportunidad de zanjar esa discusión en la providencia de 4
de junio de 2015, la cual constituye un precedente que se ajusta a
la situación en particular, en la que se indicó:

“[…] Otras de las normas determinantes que debían ser observadas
por el Concejo Municipal de Yopal, se encuentran consignadas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de
1974 y su decreto reglamentario 1449 de 1977, normativas que a
juicio del actor fueron desconocidas en los actos parcialmente
acusados y que establecen lo siguiente:

El Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974, “Por el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente”, expedido por el Presidente de la República, en
el Capítulo II, reguló lo relativo al dominio de las aguas y sus cauces,

42 Decreto 1449 de 1977, “ARTÍCULO 3.- En relación con la protección y conservación de

los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de
1996 Aprovechamiento forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas”.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera

ponente Nubia Margoth Peña Garzón, auto de 24 de noviembre de 2022, expediente núm.
11001-03-24-000-2020-00416-00.

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al señalar en el artículo 80: “Sin perjuicio de los derechos privados
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público,
inalienables e imprescriptibles. Cuando en este Código se hable de
aguas sin otra calificación, se deberán entender las de dominio
público”. Según lo transcrito, por regla general las aguas son de
dominio público y por tanto de uso público, salvo los derechos
particulares o privados adquiridos previamente y de forma legal.

Coherente con la anterior disposición normativa el artículo 83 idem,
determina:

“Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los
glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

De acuerdo con el tenor literal de los apartes subrayados, a la luz
del Código de Recursos Naturales Renovables, la faja paralela de
hasta 30 metros de ancho, a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, constituye un bien de uso público
inalienable e imprescriptible, motivo por el cual no puede ser
apropiado por los particulares y se debe dejar libre de desarrollos
urbanísticos y del ejercicio de actividades agropecuarias, salvo la
existencia de derechos adquiridos que quedan afectados por esta
limitación.
(…)
Por su parte, el Decreto 1449 de junio 27 de 1977 “Por el cual se
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56
de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de
1974”, en el artículo 3º, determinó lo siguiente:

“Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas
forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas
de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua; (…)”

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El ordenamiento concibió como un área forestal protectora para la
conservación de los bosques, “Una faja no inferior a 30 metros de
ancha”, por lo que los concejos municipales, al reglamentar el uso
del suelo, deben en principio respetar este límite fijado. Sin
embargo, considera la Sala que la expresión subrayada abre la
puerta a que la faja protectora, pueda ser superior a 30 metros en
el Decreto 1449 de 1977, mientras que la redacción del literal d) del
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 al decir “hasta 30 metros de
ancho”, la fijó como si fueran 30 metros como máximo, es decir,
que en principio no podría ser superior a esta medida. Los artículos
58, 63, 78 y 80 de la Constitución Política, destacan la función
ecológica de la propiedad, el carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable que tienen los bienes de uso público, el derecho a
gozar de un ambiente sano, la obligación que tiene el Estado de
conservar las áreas de especial importancia ecológica y la necesidad
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución.

No obstante lo expuesto en precedencia, la Sala coincide con el
planteamiento del a quo según el cual, si bien es cierto el mínimo
de la ronda hídrica es de 30 metros durante el cauce a lado y lado
y de 100 metros en su nacimiento, igualmente lo es que a las
autoridades territoriales -en razón de la expedición de la Ley 388 de
1997, se les revistió de poderes discrecionales para ajustar dicha
medida a las necesidades particulares de su territorio, en virtud de
la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Yopal.

[…]Con fundamento en todo lo expuesto, es válido afirmar que la
ronda del caño Usivar, puede ser definida a la luz de la Ley 388 de
1997, como suelo de protección, que bien puede atravesar como
en el caso sub judice, área urbana o rural. De allí la
pertinencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º
del Decreto 1449 de 1977, argumento que fue utilizado como
cargo de censura por el apelante, al afirmar que esta
legislación sólo tenía aplicación para el sector rural,
aseveración que no fue acogida por la primera instancia con
buen acierto, al considerar que también sus disposiciones se
podían aplicar para el sector urbano, como quiera que el
título del citado acto de 1977 modificó también el Código de
Recursos Naturales Renovales.

Del mismo modo pierde solidez jurídica el cargo de la apelación, por
cuanto no contraviene el ordenamiento legal que se establezcan
zonas de protección o área forestal protectora en el perímetro
urbano de un municipio, ya que el concejo municipal lo que está
haciendo es regular el uso del uso, para lo cual dispone de
competencia constitucional y legal, según lo visto. Aunado a lo
anterior se tiene que la facultad de manejar el margen de la ronda
hídrica como lo hicieron las autoridades municipales demandadas,

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realiza el cometido de la prevención de desastres, del cual tienen
que ocuparse estas entidades.

Tal parece que el apelante nuevamente analizó de manera
aislada el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 que establece la
definición de suelo urbano pero no lo interpretó armónica e
integralmente frente al supuesto normativo del artículo 35
idem relativo a suelos de protección que bien pueden estar
ubicados en los suelos urbano, de expansión urbana, rural y
suburbano, a que aluden los artículos 31 al 34 idem.

De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial,
encuentra la Sala que tanto la Alcaldía como el Concejo del Municipio
de Yopal Casanare, no violaron el ordenamiento legal al redactar los
artículos 66 numeral 1º del Decreto 100.24.007 de 2005 y los
artículos 154 y 162 parciales del Acuerdo 012 de 2007 como lo
hicieron, pues lejos de desconocer las normas superiores, el Código
de Recursos Naturales y su decreto reglamentario 1449 de 1977,
así como las de la Ley 388 de 1997, las realizaron al darle
cumplimiento […]”.

Teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento jurisprudencial,
esta Sala precisa que el asunto objeto de análisis no revela la
necesidad de sentar jurisprudencia, ni un interés jurídico
determinante o novedoso, toda vez que esta Sección al abordar
recientemente el estudio del artículo 3º del Decreto 1449 de 1977
compilado por el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015
ha tenido la oportunidad de marcar pautas, precisar algunos
aspectos y criterios en su aplicación, lo cual constituye precedente
jurisprudencial para los jueces y tribunales de la jurisdicción
contenciosa administrativa […]” (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, pese a que, como ya se dijo, la Sala estima que asuntos

como el presente no requieren variar el precedente jurisprudencial,

lo cierto es que en esta oportunidad se referirá al alcance de las

expresiones “no inferior a 30 metros” y “hasta de 30 metros”

en consideración a que en el fallo de 4 de junio de 2015, las mismas

fueron utilizadas como relativas al mismo concepto, a saber: las

zonas de protección forestal. En esa oportunidad se dijo:

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“[…] considera la Sala que la expresión subrayada abre la puerta a
que la faja protectora, pueda ser superior a 30 metros en el
Decreto 1449 de 1977, mientras que la redacción del literal
d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 al decir “hasta
30 metros de ancho”, la fijó como si fueran 30 metros como
máximo, es decir, que en principio no podría ser superior a esta
medida […]” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Pero ocurre que mientras el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977

prevé una protección a las áreas de conservación boscosa en

las zonas ribereñas “no inferior a 30 metros”, el literal d) del

artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 establece una porción terrestre

de “hasta 30 metros de ancho” como un bien inalienable e

imprescriptible del Estado, de manera que una y otra disposición

normativa regulan asuntos distintos.

Dicho en otras palabras, una de las normas citadas establece una

protección ambiental, al tiempo que la otra protege el

patrimonio del Estado, ello, sin perjuicio de que, eventualmente,

las medidas o longitud correspondientes en cada disposición

normativa puedan llegar a coincidir espacialmente.

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En ese sentido, esta Sección ha manifestado que las normas

mencionadas “versan sobre materias distintas pero conexas” 44,

frente a lo cual ha precisado lo siguiente:

“[…] Así las cosas, el citado literal d) del artículo 83 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del
Medio Ambiente45, establece una regulación en términos de
propiedad pública de las zonas territoriales paralelas al río,
conforme a la cual el espacio geográfico lateral a las corrientes
hídricas de hasta treinta (30) metros es un bien inembargable
e imprescriptible del Estado.

Precisamente, aquella norma contempla lo siguiente:

“[…] CAPÍTULO II
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES
(…)
Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (…)

d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho […]” (Destaca el Despacho)

Nótese cómo el Presidente de la Republica, en ejercicio de las
facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, utilizó la
preposición hasta al momento de señalar la demarcación máxima
de las franjas paralelas de los cauces permanentes de los ríos;
término que refiere al “límite final de una trayectoria en el espacio
o en el tiempo”, al “límite máximo de una cantidad variable” y al
concepto “no antes de”. Es decir, el espacio de dominio público a
que alude dicho precepto, sin menoscabo de los derechos
adquiridos antes del 18 de agosto de 1974, puede oscilar entre
los 0 y 30 metros, ello en consonancia con lo previsto en los
artículos 677,1521 y 2519 del Código Civil.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera - Sala Unitaria.

Auto que resuelve medida cautelar de suspensión provisional. Expediente núm. 11001-03-
24-000-2018-00101-00. M.P. Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
45 Decreto Ley 2811 de 1974

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Siguiendo esta lógica, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, no
solo trasladó a “las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, a los Grandes Centros Urbanos y a los
Establecimientos Públicos Ambientales” la competencia prevista en
el literal d) del mencionado artículo 83, que en su momento fue
ejercida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (artículo
14 del Decreto 1541 de 1978), sino que también señaló que al
delimitar la franja protectora aledaña a los ríos aquellas autoridades
realizarían estudios técnicos siguiendo las directrices fijadas por el
Gobierno Nacional para tal efecto.

Por ello, y de conformidad con lo consignado en el artículo 5° de la
Ley 9ª de 1989 y en el artículo 5° del Decreto 1504 de 1998, las
franjas de retiro de los ríos y la extensión paralela
delimitada por la autoridad ambiental en un rango entre los
0 hasta los 30 metros, comprende un elemento constitutivo
del espacio público46, inalienable, imprescriptible e
inembargable, en los términos del artículo 63 de la
Constitución Política.

Precisamente, el Decreto 1508 de agosto 4 de 1998, en su artículo
5º estableció:

“Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto
de los siguientes elementos constitutivos y complementarios:

I. Elementos constitutivos

1) Elementos constitutivos naturales:
a. Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico
o de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y
nevados;
b. Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico:
conformado por:

i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales
como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas,
arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas
de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de
agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas,
lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de
manejo y protección ambiental;

ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes
de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos,

46Alrespecto ver la sentencia de 15 de octubre de 2009 (Consejo de Estado, Sección
Primera, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 25000-23-25-
000-2002-01021-01(AP)

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diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales
como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas,
escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental
(…)”

En conclusión, de acuerdo con los apartes subrayados de las
normas transcritas, la Sala observa que los municipios, en ejercicio
de su función urbanística, deben seguir las determinantes que fijen
las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de protección
aledañas a los acuíferos.

Así, en tratándose de las áreas a que se refiere el literal d) del
mencionado artículo 83, las Corporaciones deben efectuar
estudios para delimitar el territorio de dominio público que
garantiza conservación y preservación de los ríos, espacio
que oscila entre los 0 y los 30 metros.
[…]
Sin embargo, una interpretación armónica de la disposición cuyo
desconocimiento se alega, conduce necesariamente al deber de
diferenciar la figura de protección contemplada en el literal
d) del artículo 83 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en adelante
CNRNPMA, respecto de la señalada en el artículo 3° del
Decreto 1449 de 1977, en cuyo marco es posible concluir
que los mínimos territoriales de protección previstos en la
última disposición, no resultan aplicables a la figura
establecida en la primera norma, pero tampoco se
contradicen pues versan sobre materias distintas pero
conexas.

Concretamente, el Decreto 1449 de 1977, “Por el cual se
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56
de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de
1974”, en el artículo 3º, determinó los siguientes deberes de los
propietarios de predios de importancia ambiental hídrica, a saber:

“Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas
forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a.Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

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b.Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua; (…)”

Nótese que en la precitada norma, el Gobierno Nacional estableció
un mecanismo de protección de los territorios rurales paralelos a
los ríos -que no hubiesen sido delimitados como de propiedad
del Estado en virtud de lo dispuesto en el literal d) del
aludido artículo 83, cuya conservación boscosa resulta necesaria
para la preservación de la cuenca.

Este compromiso también fue reiterado en el artículo 209 del
Decreto 1541 de 1978, a cuyo tenor, los propietarios,
poseedores o tenedores de predios en los que nacen, atraviesan
o circundan fuentes de agua, independientemente de su
carácter rural o urbano, deben mantener prácticas de
conservación de las aguas y de los bosques protectores y suelos.

Ahora bien, aquel deber ciudadano remite a la figura de “área
forestal protectora”, reglada en el artículo 204 del Código de
Recursos Naturales, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la
zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y
solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. […]”

Precisamente, el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su título III
denominado “de los bosques”, clasificó las “Áreas Forestales” como
protectoras, productoras y protectora-productora (Art. 202 del
Decreto Ley 2811 de 1974), definiendo la protectora como la “zona
que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales
o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables”

Así las cosas, tal y como se explicó en el acápite IV.3.1 de esta
providencia, el instituto de protección de la zona de ronda
contemplado en el literal d) del artículo 83 del CNRNPMA, cuyo
acotamiento es de competencia de CORPOCALDAS, conforme lo
señala el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, establece una
regulación en términos de propiedad pública, mientras que el

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Decreto 1449 de 1977 reconoció un deber en cabeza de los
propietarios de los sectores ya titulados.”

Ahora bien, en el caso específico de las áreas de ronda, la Sala47

recientemente resaltó que constituyen espacio público; que no son

construibles para vivienda y que pueden ser ajustadas en los planes

de ordenamiento territorial con la finalidad de establecer las zonas

no urbanizables para efectos de su conservación ambiental y/o

proteger a las personas de los riesgos naturales. Al respecto, se dijo:

“1.- El CRN previó en su artículo 83, literal d), que la ronda hídrica
es la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho, cuya
área es considerada como espacio público y, por tanto, no pueden
efectuarse construcciones tales como viviendas.

2.- No obstante lo anterior, la medida prevista por el CRN puede
ser ajustada por los entes territoriales en la elaboración de sus
planes de ordenamiento territorial, con el fin de establecer las
zonas no urbanizables para efectos de su conservación ambiental
y/o proteger a las personas de los riesgos naturales.”

En atención a tal interpretación armónica de los artículos 83 del

Decreto 2811 de 1974 y 3° del Decreto 1449 de 1977, la Sala da por

aclarada la imprecisión de la sentencia de 4 de junio de 2015, en

cuanto aparejó los conceptos de la faja de protección forestal y la

faja de propiedad del Estado e insiste en que, por lo demás, no hay

47Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 9 de junio de 2022, radicado núm.
68001-23-33-000-2018-00881-01.

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razón para apartarse del criterio jurisprudencial en ella adoptado, el

cual se ha reiterado por la Sección Primera tanto en su Sala de

Decisión como en Salas Unitarias, en relación con los siguientes

aspectos: i) que, como regla general, el área de ronda es la faja

paralela a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta

metros de ancho, la cual es de propiedad del Estado salvo derechos

adquiridos por particulares; ii) que la anterior medida puede ser

ajustada por los entes territoriales en sus POT con la finalidad de

establecer las zonas no urbanizables para efectos de su conservación

ambiental y/o proteger a las personas de los riesgos naturales; iii)

pero, en el evento de que el área de ronda sea delimitada por la

autoridad ambiental competente, que tiene a cargo dicha función de

manera principal48, aquella constituye determinante ambiental que

debe prevalecer incluso sobre lo ordenado en el POT; y iv) que tanto

las áreas de protección boscosa como la franja de ronda de

propiedad Estatal de que tratan los Decretos 1449 de 1977 y 2811

del mismo año, respectivamente, son aplicables tanto en zona rural

como en zona urbana.

48 Ley 1450 de 2011, Artículo 206 “ARTÍCULO 206. RONDAS HÍDRICAS. Corresponde a las

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su
jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y
el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional” (Resaltado fuera
del texto).

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No puede entenderse de otro modo, habida cuenta de que los bienes

jurídicos protegidos por las normas comentadas, a saber, el medio

ambiente y el patrimonio público, en materia de áreas paralelas al

cauce de las fuentes hídricas no se circunscriben al tipo de zona en

que se ubiquen, sea rural o urbana, pues las normas no hacen

acepción alguna al respecto.

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la constructora apelante

cuando afirma que el fallo impugnado se fundamentó en una

normativa que no estaba vigente pues, como quedó visto, tanto la

norma compiladora como la jurisprudencia de esta Corporación dan

cuenta de que el Decreto 1449 de 1977 sí goza de aplicabilidad en

casos como el examinado, en los que resulta oportuna la protección

de las áreas contiguas a las fuentes hídricas.

Igualmente, se concluye que no hay yerro per se en las órdenes

dadas por el Tribunal en cuanto a prever la protección de un área de

20 metros en unos sectores y de 30 metros en otros, sin

consideración al tipo de suelo de que se trate, esto es, si es zona

urbana o rural, pues, se reitera, el punto se encuentra decantado, tal

como se evidencia en la jurisprudencia transcrita en el sentido de que

los entes territoriales pueden disponer la protección ambiental

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ribereña según las necesidades de cada territorio, previos los

estudios técnicos del caso.

V.4.2.- De la zona del Esmeraldal, su clasificación en el POT y

la posible existencia de recursos naturales acuíferos, con sus

correspondientes zonas de retiro, que merecen protección y

categorización

La empresa apelante sostiene que en el expediente no obran pruebas

que demuestren que el sector de la Loma del Esmeraldal es una zona

de recarga acuífera ni que en la misma exista un nacimiento de agua,

sino que el comportamiento hídrico del lugar responde al nivel

freático del terreno, razón por la cual estima que el Tribunal erró al

otorgar protección a los derechos colectivos invocados en la demanda

y solicita revocar el fallo impugnado para que, en su lugar, se niegue

el amparo.

Sin embargo, la Sala observa que la apelante censura la decisión del

a quo partiendo de una valoración equivocada de la situación fáctica

que ofrece el caso concreto, pues estima que la carencia probatoria

frente a la existencia de un nacimiento de agua en la zona de El

Esmeraldal y la falta de clasificación de ésta como acuífero, conlleva
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a la ausencia de vulneración de derechos colectivos, cuando es,

justamente, la falta de clasificación del sector dentro del POT la

conducta omisiva lesiva de los derechos colectivos que el Tribunal

encontró demostrada en el proceso ante la ausencia de estudios

técnicos previos al otorgamiento de licencias urbanísticas,

que debían realizar las autoridades demandadas conforme a sus

competencias urbanísticas.

En efecto, luego de haber analizado los hechos que dieron lugar a la

presente acción, particularmente: i) la presencia de cuerpos de agua

en el Esmeraldal; ii) la proximidad de la zona a fuentes hidrográficas,

tal como la microcuenca Ayurá y las quebradas La Honda y La

Hondita; iii) la evidente densidad de proyectos urbanísticos en la

zona, verbi gratia AREKA, BREZZO o VENNETO-MURATTO; e,

inclusive, iv) factores de riesgo medios y altos en materia de

amenaza de movimiento en masa e inundación, el Tribunal procedió

a verificar, a partir de las pruebas allegadas al expediente, la

naturaleza jurídica de la zona del Esmeraldal, su clasificación en el

POT y la posible existencia de recursos naturales acuíferos que

merecieran protección.

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Se reitera que, mientras para el Tribunal la carencia de

caracterización y la falta de los estudios técnicos correspondientes

en el sector de El Esmeraldal constituye una omisión de las entidades

demandadas lesiva de derechos colectivos, en el recurso de alzada

se pretende que dicha ausencia de caracterización y estudios técnicos

traiga como consecuencia la negativa del amparo.

Por lo tanto, el punto jurídico que interesa dilucidar en el caso

concreto no es, como lo indica la apelante, la pretendida falta de

pruebas sobre el tipo de terreno de El Esmeraldal como zona de baja

descarga acuífera, sino establecer si la falta de certeza científica

al respecto constituye o no una conducta reprochable de las

autoridades públicas demandadas capaz de vulnerar los

derechos colectivos.

En ese sentido, la Sala estima útil transcribir apartes pertinentes del

fallo impugnado:

“[…] Ahora bien, dada la importancia de las disposiciones locales
en materia de ordenamiento del territorio y uso de los suelos,
resulta necesaria la referencia al Acuerdo 010 de 2011, contentivo
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado.

Según el Acuerdo 010 de 2011 son áreas para la conservación
y preservación del sistema hídrico, entre otros, los

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nacimientos y humedales, con sus respectivas rondas hídricas o
retiros y zonas de manejo y protección ambiental, siendo de
relevancia la microcuenca de la quebrada La Ayurá, y los
corredores ambientales de las microcuencas La Sebastiana,
La Honda y La Hondita, como estructura ecológica principal del
sistema de áreas verdes (artículos 25 y ss).

El artículo 39 clasificó las áreas de especial importancia
ecosistémica por tipos de servicios, señalando “los retiros y
rondas ambientales de todas las corrientes permanentes o no, que
hacen parte de la red hídrica, las zonas de recarga hídrica, los
retiros a los humedales, nacimientos y cuerpos de agua localizados
en el territorio rural del Municipio de Envigado los corredores
biológicos asociados a la red hídrica municipal, entre los que se
destacan por su especial importancia ecológica, los
relacionados con las siguientes quebradas: La Ayurá, El Palo,
El Salado, La Miel, La Sebastiana, Zuñiga, El Atravesado, La Honda,
La Hondita, La Mina, La Heliodora, Trianón, La Sucia, La Lenteja,
Cien Pesos, Las Palmas, Espíritu Santo y La Morgan”.

(…)

En el caso puntual se tiene que a partir del Acuerdo 010 de 2011,
el POT del Municipio de Envigado definió 20 metros como zona de
retiro en el área urbana y 30 metros en el área rural, acogiendo la
posición según la cual, el límite para las áreas forestales
protectoras por fuentes de agua definido en el Decreto 1449 de
1977 no es aplicable al área urbana.

Entendiendo los límites de este medio de control en torno a verificar
la legalidad del acto administrativo contenido en el POT de
Envigado y la discusión que se presenta en torno al marco legal de
dicho límite, esta Sala no hará pronunciamiento en torno a si el
límite fijado por el Municipio de Envigado es legal o desconoce
norma superior, pero sí señalará que se evidencia una
PROTECCION DEFECTUOSA de este tipo de zonas, por las razones
que proceden a exponerse.

En primer lugar, pese a que diversos artículos del POT
establecieron competencias para la delimitación de las
zonas de retiro, así (i) El Municipio de Envigado debía fijar
la línea máxima de inundación a partir de la caracterización
con base en la cual es determinada la zona de retiro, y (ii)
la determinación de los retiros de protección a quebradas y
fuentes hídricas debía efectuarse con base en la
metodología acogida en el POMCA, de lo acreditado en el

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proceso no se evidenció la metodología aplicada para la
determinación, sino que se aplicó de manera incondicionada e
irrestricta los 20 m establecidos en el POT. Además, no se
evidencia en el POT una definición de las “rondas hídricas”.

Estas normas ponen en evidencia que el Municipio de
Envigado debió adelantar estudios técnicos a efectos de
caracterizar las fuentes de agua y las áreas de retiro con
fines de protección, insumos que permitirían arribar a la
determinación específica de una zona de retiro o área
forestal protectora para el caso de la Loma El Esmeraldal.

Al respecto, llama la atención de la Sala, que se haya establecido
una zona de retiro de 30 m para la quebrada La Ayurá, y estando
la Loma El Esmeraldal ubicada en la microcuenca de esta quebrada
se haya exigido un retiro distinto. Que además tratándose de una
zona calificada de amenaza por movimiento en masa alto y medio
y amenaza por inundación alto y medio no se hayan efectuado
estudios puntuales y concretos como insumo para las decisiones
del POT y la delimitación posterior de las zonas. Lo expuesto,
máxima cuando el propio POT establece que las áreas con este tipo
de amenaza son zonas de protección. En la misma línea, se tiene
que en algunas partes de la Loma El Esmeraldal se presentan
pendientes escarpadas (>100%), lo que también supone
tratamientos especiales, según el mismo POT.

Todos estos elementos influyen sobre su determinación
como un área de especial protección, y el hecho que no se
hayan efectuado los estudios necesarios para justificar los
usos del suelo, pues en las zonas conocidas como suelos de
protección los usos del suelo siempre deben estar
sustentados en estudios técnicos de detalle, máxime cuando
el suelo urbano sería objeto de un proceso de densificación.

La carencia de estos estudios se agrave mucho más,
teniendo en cuenta la cantidad de permisos ambientales de
ocupación de cauce que se han concedido en la zona. Se
observa además que en el proyecto BREZZO, el estudio de suelos
determinó la necesidad de efectuar estudios hidrológicos, y que con
base en el artículo 138 del POT se tenía que avalar el estudio por
parte del Municipio, pero nunca el municipio tomó medidas para
solicitar los citados estudios que los profesionales técnicos
determinaron como necesarios. Incluso en el proyecto VENNETO –
MURATTO no aparece la existencia del estudio geológico
geotécnico, según la propia información del Municipio.

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Se debe resaltar la necesidad de estos estudios, máxime cuando
en vigencia del Acuerdo de 2000 NO se exigían los estudios
geotécnicos, por lo que el desarrollo constructivo no estaba
debidamente sustentado.

Lo expuesto evidencia una deficiente protección de la Loma El
Esmeraldal, dado que no se aportaron los soportes técnicos que
han permitido la toma de decisiones para la delimitación de las
áreas forestales protectoras, pese a la importancia ecológica de las
áreas de retiro en relación con las fuentes de agua, las mismas que
hacen parte de la microcuenca La Ayurá, los riesgos medio y alto
en amenaza por inundación y por movimiento en masa, el proceso
de densificación y construcción acelerada en la zona y la cantidad
de ocupaciones de cauce que se han autorizado de manera
reciente.

Además, debe resaltarse que luego de las medidas cautelares
ordenadas por esta Sala, se evidenciaron una serie de
irregularidades en las construcciones de la zona solo en el período
de julio 2014 a marzo 2016, irregularidades que han comprometido
incluso la ocupación de zonas de retiro de 20 m. Además, se
encontró que incluso hay urbanizaciones como Arroyo de La Honda,
Sepia y Siempre Verde que presentan retiros menores o muy
cercanos al límite determinado por el propio POT, y que 12 (de 14)
proyectos sí tienen un retiro menor a 30 m, que es uno de los
límites dispuestos por la normativa nacional.

Estas consideraciones, además, están soportadas por pruebas
documentales y testimoniales, en los que se evidencia una actitud
de denuncia y control por parte de la comunidad que no ha sido
atendida de manera eficiente con soportes técnicos y actuaciones
administrativas.

[…]

Llama la atención de la Sala, el hecho ocurrido en el
proyecto Areka, en tanto, se probó que la comunidad
denunció la existencia de un nacimiento de agua, y que,
pese a ello, nunca se concretaron estudios serios para la
determinación de la existencia o no del citado nacimiento,
no obstante la importancia que no sólo la legislación nacional
establece en dicha la materia, sino también el POT, que concreta
la voluntad en materia de desarrollo territorial.

Así, se tiene que el Informe Técnico de 12 de febrero de 2013
señaló la existencia de dudas en relación con el nacimiento,

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indicando que pareciera tratarse de un abatimiento del nivel
freático, pero en visita posterior, en informe de 5 de diciembre de
2013 se establece la necesidad de efectuar estudios a efectos de
determinar si se trataba de un nacimiento. Quedó acreditado que,
pese a las recomendaciones señaladas en este segundo informe,
las obras nunca fueron suspendidas para determinar si se trataba
de un nacimiento de agua. Como lo señala CORANTIOQUIA en su
Informe Técnico N° 1408-13710 de 20 de agosto de 2014 (fl. 457),
nunca se determinó la existencia o no del nacimiento de
agua. Las recomendaciones emitidas fueron desconocidas por la
autoridad territorial y no se evidencia ninguna actuación protectora
del recurso hídrico relacionada con este potencial nacimiento.
…
Ahora bien, pese a que no hay certeza científica, hay
razones para considerar la amenaza a los derechos
colectivos invocados, si se tiene en cuenta que no se han
efectuado los estudios necesarios para la determinación de
zonas que el mismo POT determina como de especial
protección y que hay razones científicas (el estudio del
AMVA) para considerar que puede tratarse de una zona de
recarga de acuíferos. En este sentido, se ordenará al Municipio
de Envigado que realice los estudios tendientes a determinar si la
Loma El Esmeraldal constituye una zona de recarga de acuíferos
directa y si se encuentran nacimientos en la zona, en cuyo caso,
deberán adoptarse las medidas que al respecto ha
determinado la autoridad ambiental AMVA para el plan de
manejo de acuíferos y aplicarse las zonas de retiro que las
disposiciones territoriales establecen para los nacimientos,
previo al otorgamiento de permisos y licencias. Hasta que el
estudio científico y técnico no sea realizado, no podrán tramitarse
nuevos licenciamientos, pues como las mismas autoridades lo
señalaron – véase la manifestación de CORANTIOQUIA – y las
expertas, una vez efectuada la construcción con materiales que
impermeabilizan el suelo es imposible verificar la existencia de la
recarga de acuíferos y de un nacimiento […]”.

La Sala observa, sin hesitación alguna, que luego de la aplicación de

la normativa pertinente en materia de ordenamiento territorial,

delimitación de zonas construibles o no construibles, protección a

las zonas de ronda y recursos hídricos, prevención de desastres y

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autoridades competentes para vigilar y garantizar el cumplimiento de

dicha normativa, en este caso, el Municipio de Envigado y el Área

Metropolitana del Valle de Aburrá, el a quo concluyó que en razón de

la ausencia de estudios técnicos que permitan determinar a ciencia

cierta si la Loma del Esmeraldal es una zona de recarga acuífera

directa y si el cuerpo de agua que los vecinos del sector Proyecto

AREKA han tratado de proteger desde tiempo atrás corresponde o no

a un nacimiento, es evidencia del incumplimiento de las normas de

ordenamiento territorial frente a los proyectos constructores que se

adelantan en la zona objeto de análisis, lo cual pone en riesgo no

solo los recursos naturales sino a la comunidad que allí habita.

Dicho en otras palabras, el hecho de haber encontrado corrientes y

espejos de agua en el Esmeraldal cuya caracterización no ha sido

definida en el POT por el Municipio demandado en contraste con la

creciente obra urbanística en la zona, pone de presente no sólo el

riesgo de afectación grave o pérdida de lo que podría,

eventualmente, ser un nacimiento de agua, sino también el peligro

en que podría encontrarse la comunidad asentada en una zona con

riesgo de movimientos en masa en grados medio y alto.

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Ello explica que las órdenes dadas en la sentencia impugnada se

dirijan fundamentalmente a que se realicen los estudios técnicos

necesarios para poder continuar con los proyectos de urbanismo y/o

imponer sanciones a los particulares que no se ajusten a las normas

que garantizan el respeto a las zonas de ronda hídrica, una vez que

éstas sean técnica y científicamente determinadas como le

corresponde al Municipio y a las autoridades ambientales en su

territorio.

La Sala encuentra acertados los razonamientos del a quo así como la

aplicación de la normativa que amplia y pertinentemente analizó para

concluir que las autoridades demandadas tienen el deber legal de

adelantar estudios técnicos y categorización de zonas construibles

antes de otorgar licencias de urbanismo.

Los estudios técnicos resultan imprescindibles para establecer si un

determinado sector del territorio es urbanizable o no, atendiendo,

entre otras cosas, a razones de protección ambiental o de

asentamientos humanos en condiciones de seguridad. Así se

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desprende de lo dicho por la Sala49 cuando, en un asunto similar al

que se analiza en esta oportunidad, echó de menos los estudios

hidrológicos que permitieran determinar si una urbanización se

encontraba o no dentro del área de ronda. Al respecto se dijo:

“[…] Asimismo, la CDMB asegura que los 15 metros deben medirse
a cada lado del cauce como mínimo, de la cota máxima de
inundación, la cual no pudo ser advertida, habida cuenta que para
establecerla era necesario contar con un estudio hidrológico, el cual
no había sido practicado.
…
En consecuencia, debido a que no se ha practicado un estudio
hidrológico de la quebrada La Palmira, no es posible
establecer cuál es la cota máxima de inundación y, por ende,
no resulta procedente asegurar, conforme lo hizo el
Tribunal, que parte de la urbanización Palermo I no se
encuentra en el área de ronda del afluente en mención.”

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra demostrado

que en el sector de El Esmeraldal, ubicado en el Municipio de

Envigado, se han desarrollado diversos proyectos urbanísticos en las

últimas décadas y que dicha zona se encuentra bajo la influencia de

la microcuenca La Ayura y la quebrada La Honda. Igualmente, obra

prueba documental de que en el sector del proyecto Areka existe un

afloramiento de aguas cuya procedencia no ha sido determinada y

que, a juicio de la comunidad, constituye un nacimiento mientras que

49Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 9 de junio de 2022, expediente núm.
68001-23-33-000-2018-00881-01.

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para las empresas constructoras corresponde a aguas de nivel

freático; de ello dan cuenta las peticiones y las actas de diversas

reuniones vecinales con las autoridades municipales.

A continuación, se relacionan los medios de prueba pertinentes y

conducentes:

-. Estudio denominado “Densidades habitacionales Loma del

Esmeraldal, parte alta, Envigado”, elaborado en el año 2012 por

el señor Pablo Emilio Arango Ospina a petición de la comunidad del

sector, en el cual se describe El Esmeraldal como una zona de

topografía muy variable “[…] comenzando con suelos de pendiente

moderada de óptimo potencial de desarrollo urbanístico. Pasando por

pendientes pronunciadas, con restricciones fuertes y terminando con

terrenos escarpados no aptos para urbanizar […]”; con elementos

constitutivos naturales del espacio público, tales como las quebradas

La Honda y La Hondita “[…] y unas cuantas corrientes hídricas que

desembocan en ellas, con sus respectivas áreas de retiro de

protección de cauces y de protección de nacimientos […]”; con un

terreno que “[…] tiene fuertes restricciones en materia de estabilidad

de los suelos por amenaza de movimientos en masa y posee ya

experiencias negativas importantes en este aspecto, como el

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deslizamiento de las tuberías de conducción del acueducto de la

Planta de Ayurá. Este aspecto debe ser tenido en cuenta de manera

cuidadosa en el otorgamiento de licencias urbanísticas y

constructivas en el sector […]”.

-. Oficio núm. 001213 de 16 de noviembre de 2012 suscrito por el

Secretario de Despacho de la Secretaría de medio Ambiente y

Desarrollo Rural de Envigado, en respuesta a la petición que le hiciera

un ciudadano en relación con un afloramiento de agua en el lote

donde se adelanta la construcción del proyecto Areka en el

sector de El Esmeraldal, en el cual se informó lo siguiente:

“[…] En atención a su solicitud mediante correo electrónico, se
realizó visita al lote donde se está construyendo el proyecto Areka
con el fin de verificar lo expresado por usted. Se encontró ya el
movimiento de tierras había llegado al nivel definitivo y se estaba
realizando la excavación para las pilas que servirán como
cimentación de la edificación que consta de una torre de
apartamentos y tres niveles de parqueadero.

Durante el proceso de excavación, en el costado oriental del
lote, se presenta un afloramiento de agua del talud, la cual
está siendo manejada mediante filtros en grava de manera
provisional para poder continuar con las actividades constructivas
del proyecto […]” (resaltado de la Sala).

-. Oficio núm. 001214 de 16 de noviembre de 2012, emanado de la

citada autoridad municipal, dirigida al Proyecto Areka respecto del

afloramiento de agua encontrado, en el cual expresa:

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“[…] Esta dependencia considera pertinente que el dueño del
proyecto realice un análisis más detallado de la procedencia
y naturaleza de este afloramiento con el fin de tomar
medidas de prevención y mitigación de manera acertada y
evitar que se generen afectaciones al suelo que pongan en riesgo
la estabilidad de la estructura que se proyecta en el sitio y por ende
las vidas humanas que habitarán el edificio [...]” (resaltado de la
Sala).

-. Acta núm. 02 de 6 de febrero de 2013, elaborada luego de la

reunión celebrada entre representantes de la comunidad de la Loma

del Esmeraldal del MUNICIPIO, el Alcalde y Asistente de Secretaría

de planeación, en la cual se trataron temas como el POT, la

transversal 29 y el proyecto Areka, frente al cual, la Administración

se comprometió a lo siguiente:

“[…] 3. PROYECTO AREKA

El representante de la comunidad hace saber al alcalde la situación
que se viene presentando con la unidad AREKA que a pesar de estar
advertida de la obligación de respetar el afluente de la quebrada
Mina Honda que pasa por su terreno, procedió a desviarlo al
alcantarillado de manera ilegal y arbitraria, el alcalde tomó nota de
este hecho y se comprometió a hacerlo investigar […]”.

-. Informe técnico núm. 130041 de 12 de febrero de 2013, elaborado

por el MUNICIPIO sobre la visita realizada al proyecto urbanístico

Areka, ubicado en el barrio Loma del Esmeralda, en el que se

consignó lo siguiente:

“[…] En una nueva visita de control y seguimiento realizada el 5 de
febrero de 2012, se realizaron las siguientes observaciones

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encaminadas a aclarar la procedencia de las aguas que
afloran en el talud ubicado en el costado oriental del lote
donde se desarrolla el proyecto Areka:

La parte superior del lote contiguo, el cual hace parte de la corona
del talud, se caracteriza por presentar en forma general, una
topografía plana, con tendencia a la contra pendiente, lo cual,
sumado al hecho de que existe vegetación tipo pasto y maleza,
favorece la acumulación o el empozamiento de aguas durante los
periodos lluviosos.

El efecto de la acumulación de las aguas que se infiltran en este
sitio, se traduce en la conformación de una lámina de agua que se
infiltra en forma de flujo subterráneo a lo largo de los intersticios
(volumen de poros) del material que conforma el subsuelo, y de
las propiedades de permeabilidad de dicho material, en este caso
por lo observado en el corte del talud, se trata de arenas limosas y
limos arcillosos moderadamente permeables y de baja cohesión.

El efecto del corte realizado en el talud del costado oriental del
proyecto, se manifiesta en el abatimiento o profundización de las
aguas acumuladas en la parte superior del talud, hasta que las
mismas afloran en algún punto del mismo (Ver foto No. 2 del
presente informe).

Dicho abatimiento se produce por la excavación a profundidades
superiores a las del nivel freático (lámina de agua infiltrada y
acumulada desde la parte superior del talud), en este caso, por el
cambio introducido en la presión de confinamiento, originando que
el agua fluya hacia el área excavada, obligando a los constructores
del proyecto Areka, a captarla a través de filtros transversales y
conducirla luego por zanjas colectoras y filtros en grava (Ver fotos
No.3, 4 y 5 del presente informe), hasta llevarla a la red de aguas
lluvias, tal como se determinó en el informe antes citado.

El abatimiento del nivel freático antes descrito, es un efecto
normal y corriente ocasionado por la intervención mediante
cualquier tipo de construcción (vías, viviendas o edificios)
en zonas de ladera donde las profundidades de excavación
superen la profundidad del nivel freático, por lo cual, en el
caso del área donde se ejecuta el proyecto Areka, no se trata
de la afectación a una zona de nacimiento sino del
abatimiento del nivel freático originado por la excavación de
un proyecto constructivo, en el cual se están tomando las
medidas necesarias para el manejo y control de las aguas
que afloran.

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A continuación, se citarán los argumentos por los cuales se
sustenta que en el costado oriental del proyecto, NO existe un
nacimiento de aguas sino la acumulación de una lámina de agua
resultante de la acumulación por infiltración sujeta a los periodos
de lluvia:

El flujo de agua que aflora en el talud es localizado y puntual
y no es permanente.

De existir un nacimiento de agua en el sector, el agua
afloraría no solo en el talud de corte del costado oriental,
sino en más de un punto de los demás taludes del proyecto,
lo cual no se observó durante el recorrido de campo.

Una zona de nacimiento de agua se caracteriza por tener:

• Una morfología clara de un sistema de drenajes, la cual ha
desaparecido tanto el área del proyecto Areka como en sus
alrededores mediante la inversión urbana de todo el sector (vías,
manzanas, proyectos urbanísticos vecinos etc).
• Un nacimiento se define como (…) “un afloramiento” de agua
subterránea o subsuperficial, efímero o permanente, relacionado
directamente con el origen o evaluación de un canal natural”, dicha
condición NO se cumple en el área evaluada […]” (Destacado de la
Sala).

-. Informe de visita técnica de la Oficina para la Gestión del Riesgo

el 15 de febrero de 2013, por deslizamiento en la margen izquierda

de la quebrada La Honda, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] SITUACIÓN ACTUAL

Se presenta un desprendimiento del terreno que al parecer se está
remontando al paramento del edificio, dado que se evidencia de
desgarres en el terreno están registradas en el sitio.

Se encuentra los juegos infantiles en un punto no apto para su
destinación, dado que se encuentra al pie de un talud de pendiente,
haciendo el cerramiento y puede presentarse lesiones con los niños
en el sector.

CONCLUSIONES

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• Se evidencia una cuneta antes del cerramiento de muy poca
sección que deberá ser modificada con las recomendaciones de un
especialista en hidráulica.
• No existen rondas de coronación intermedias de mitigación de la
velocidad de las aguas por el talud.
• Se debe realizar un análisis del talud para que se den las
recomendaciones de protección o contribución por parte de su
geotecnista dado que la pata del talud está muy frágil.
• Además se debe diseñar la obra que recibirá las aguas de
las cunetas y llevará de manera adecuada a la quebrada
[…]”.

-. Informe técnico núm. 130044 de 26 de febrero de 2013, elaborado

por la Oficina de Control y Seguimiento al Territorio del MUNICIPIO

a la zona del Esmeraldal, proyecto urbanístico Venetto

Apartamentos, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] ANTECEDENTES

• El proyecto Urbanístico Venetto realizó, solicitud para permiso de
descarga de aguas lluvias a la quebrada La Honda, ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de
Envigado, el cual fue otorgado mediante informe técnico 1611 del
13 de diciembre de 2011.

• Correo electrónico del 13 de febrero de 2013, encabezado por el
ciudadano Envigado, donde se solicita la atención a situación de
deslizamiento de talud en el costado norte del proyecto Venetto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

El día 20 de febrero de 2013 se realizó visita técnica al Proyecto
Urbanístico Venetto por parte del personal técnico de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Envigado,
con el fin de evaluar la situación relacionada con el desplazamiento
de un talud presentado en la parte posterior de la edificación.

El proyecto consiste en una torre de 48 apartamentos, con sus
respectivos parqueaderos y zonas comunes y se encuentra ubicado
en la transversal intermedia a la altura de la calle 23 sur,

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justamente antes del cruce de la quebrada La Honda, por la margen
izquierda de la misma.

Durante la visita de campo se pudo evidenciar que en la
parte posterior del proyecto denominado Venetto, entre el
cerramiento del proyecto y la quebrada La Honda (zona de
retiro), existe un talud, el cual sufrió un desprendimiento de
material sobre la quebrada, afectando el cauce normal de la
corriente y poniendo en riesgo la estabilidad del
cerramiento.

En el momento de la visita se encuentran evacuando el material
del cauce con costales que posteriormente son llevados al sitio
donde se cargan las volquetas.

Debe aclararse que el talud afectado se encuentra en la zona
de retiro de la quebrada y la verificación del cumplimiento de los
retiros de acuerdo al POT, lo define, según su competencia, la
Oficina Asesora de Planeación.

También se aprecia en el momento de la visita, que la obra procedió
a cubrir la superficie del deslizamiento con plástico negro para
proteger el área de la acción de las aguas lluvias.

[…]

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada en el momento de la
visita de campo y según las obras que se proyectan construir en el
corto plazo, como lo manifestaron los ingenieros de la interventoría
al momento de la visita, se debe requerir a Promotora Aviñon
S.A.S. para que un término de 10 días, inicie el respectivo trámite
de permiso de ocupación de cauce con el fin de demostrar que la
sobras de contención a construir, no afectan el comportamiento
natural de la corriente de la quebrada La Honda ante una creciente
con un periodo de retorno de 100 años.

La recolección y conducción de las aguas lluvias que se pretende
construir se deberá conectar al sistema de descarga aprobado por
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio
de Envigado.

RECOMENDACIONES

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Personal técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del Municipio de Envigado, realizará el respectivo
seguimiento y control a las obras que se desarrollen en el sitio […]”.

-. Acta de visita ocular realizada por el Comité Veedor de la zona del

Esmeraldal con el Alcalde del MUNICIPIO y Secretarios del ente

territorial, de fecha 11 de agosto de 2013, en la cual se encontró lo

siguiente:

“[…] 2. Visita de comitiva, partiendo desde Proyecto Lyon (calle 27
con la intermedia) y terminando en el triángulo de las Bermudas
(calle 27 con Cra 29).

• Parqueadero del proyecto constructora Lyon, allí se visibilizaron
algunos de los problemas de este cruce vehicular de la calle Loma
del Esmeraldal con la transversal intermedia:
• Insuficiente espacio para flujo de vehículos dada la invasión de
los espacios por parte de Food y Lyon
• Construcción inadecuada de muros de contención y dos ramadas
por parte de Lyon en el espacio de retiro vial de 6.50 mts
• Carencia absoluta de corredores peatonales provisionales,
debidamente demarcados en todas las obras de construcción.
• El cielo: Cerramiento de servidumbre por parte de Ibérica y
deslizamiento de zona verde perimetral a la casa del señor John
Ceballos causada por tala y movimiento de tierra de la constructora
IBERICA.
• Ampliación de la calle 27 sur y conexión con la loma de los
Benedictinos: La calle 27 sur no cuenta con senderos provisionales
de protección al peatón y tampoco el señor Secretario de
Planeación supo explicar por donde se proyectara este futuro
acceso a la loma de Benedictinos.
• Altos del Esmeralda: Dos años de esta construcción sin senderos
peatonales provisionales que protejan al caminante.
• Tierra Grata Esmeraldal: Tiene comprometidos predios por donde
supuestamente iría vía de acceso a la loma de los Benedictinos de
acuerdo al pronunciamiento del señor Secretario OOPP.
• Sonata: El único amoblamiento realizado fue una pequeña bahía
sobre la vía, no se explica nada sobre las obligaciones de este
proyecto

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• Madeiro: Obra en construcción, se deben exigir compensaciones
en el sector.
La comunidad pregunta que además de las carencias enunciadas
en este recorrido, no se tienen hidratantes, paraderos de busetas,
arborizaciones, mantenimiento de zonas verdes, amoblamientos.
El señor Alcalde informa que se han recibido a nivel global en el
municipio para equipamentos $2.580 millones y para espacio
público $2.700 millones, en el sector existe el Poblado Club o Alto
de los sueños (entregado por anticipado por Corales de Abadía).
• El aguacatillo: Se requiere ampliación de vía en todo el frente de
Aguacatillo, sin afectar flora nativa y de protección como
aguacatillos y los guayacanes.
• Zona del salón social y juegos infantiles de Trento: Se
visibiliza claramente la invasión de retiros al afluente de la
Mina Honda por parte de la Constructora de Trento en
límites con Siempre Verde, aunado a que este talud presentó
falla por deslizamiento masal (sic) hacía la fuente hídrica,
situación denunciada por Siempre Verde.
• Predio de los Chalets frente a Trento: El señor Secretario de
Planeación propone, la adquisición por parte del Municipio de las
dos casas ESTILO CHALET ENTRE AMARELLO Y TRENTO contiguo
al sendero ambienta Loma del Esmeraldal, para equipamiento
colectivo de la comunidad, en reemplazo del lote en venta al frente
del aguacatillo. La comunidad acepta complacida este ofrecimiento
que contó con el beneplácito del señor alcalde.
• Amarello In: Se constata por parte de la comitiva sobre la
inadecuada e irresponsable disposición de aguas tanto de
escorrentía y lluvias, como las de drenaje de los fosos de
cimentación del proyecto, las cuales van a las zonas verdes
de Puebla sin obras de adecuación y a la quebrada Mina
Honda sin red de alcantarillado para entrega.
El señor alcalde recibe quejas además de los habitantes de las
casitas contiguo al sendero ambiental y de Puebla, relacionadas
con los perjuicios causados por la invasión de las vías por vehículos,
el ruido y el estrangulamiento del sendero peatonal, vía de
evacuación a la calle 27D sur.
El encerramiento y estrangulamiento del sendero ambiental, que
según el señor Secretario de Planeación es provisional (aunque
presenta un cerramiento en malla y tubería metálica), será objeto
de revisión por la administración municipal, toda vez que Amarello
In violó los retiros respetados por Puebla y Guaduales de la Abadía
en 2 metros de lado y lado del sendero. Se acuerda recuperar el
diseño presentado por el arquitecto Gilberto Arango, además el
señor Alcalde se compromete a iluminar en toda su extensión el
sendero y hacer reparar fracturas principalmente en las escalas, en
el inmediato plazo.

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• Ciudadela Residencial Puebla: Es inadmisible y reprobable como
la Constructora Balcón (Arquitectura y Concreto) vende a los
propietarios de Puebla vista al bosque (con sobrecostos de hasta
10 millones de pesos por apartamento) y Constructora la María
(Arquitectura y Concreto) destruye el bosque para construir
Amarello en el supuesto bosque frente a Puebla.
Se denuncia como los MH construidos por EPM, colapsaron en
predios de puebla regando aguas combinadas (heces, residuos
domésticos y aguas lluvias) en la zona verde Puebla y además
destrucción de taludes y reforestación plantada por Puebla en el
marco de programa Envigado Mas Verde y apadrinado por sus
habitantes contiguo a la Mina Honda. La comunidad exige la
reparación de daños a EPM, quien se los endosa a Secretaría de
Medio Ambiente.
Se corrobora lo denunciado por Puebla y el Paraíso relacionado con
el vertimiento por parte de Amarello In de aguas lluvias, de
escorrentía y de drenaje de fosos sin los debidos permisos, obras
adecuadas a los predios de Puebla y a la quebrada Mina Honda.
• Puente sobre Mina Honda en límites con Tierra Grata – Puebla:
Se evidencia el desbalanceo del puente y el peligro inminente que
representa la infraestructura para la ciudadanía aunado a su
superficie resbalosa, situación que la comunidad ha remediado con
apliques de neolite y tapete.
• Proyecto Brezo: El señor alcalde aprecia los nefastos
efectos que esta obra causará al paisaje Envigadeño que es
patrimonio de todos, a la cultura (destrucción de senderos
recorridos por el médico Francisco Restrepo Molina, por el
poeta Fernando González, patrimonio ancestral de
envigado), a la naturaleza (destrucción de contera de un
afluente natural […] y de un guadual protector de esta
fuente).
Brezo es el proyecto más lesivo y con los mayores impactos
negativos y con patente de corzo para destruir (cuenta con la
licencia del Municipio???)
• Triangulo de las bermudas Calle 27 sur con diagonal 29
Aquí finaliza el recorrido, se habla del intercambio vial y sus
implicaciones, se propone un sendero peatonal entre Tazel
(edificio abandonado) y Corales de la Abadía partiendo de
la intersección de Loma de Cumbres (calle 27 d sur) hasta
la loma del Esmeraldal (Calle 27 sur), sendero que
compensaría en parte los desastres e invasión del cauce
realizados por el Poblado Club a la Mina Honda […]”.

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-. Informe técnico núm. 130AS-1312-12836 de 31 de

diciembre de 2013, elaborado por CORANTIOQUIA, en el que se

consignaron los hallazgos encontrados en la visita ocular realizada

con ocasión de una queja presentada por ciudadanos respecto del

proyecto Areka, en el cual se consignó lo siguiente:

“[…] ANTECEDENTES

[…] La construcción del proyecto de edificios Areka, ha sido objeto
de queja por parte de los vecinos del sector, debido a las
consecuencias que ha generado, tales como:
• La inestabilidad del talud donde se emplaza la
construcción, el cual se encuentra en alto grado de
saturación debido a los continuos brotes de agua, situación
que pone en riesgo el flujo vehicular, debido a potenciales
desprendimiento de material sobre la vía.
• Flujos de agua no controlados sobre la única vía de acceso a las
viviendas del sector.
• Impactos al medio ambiente por los deficientes manejos del polvo
y del ruido que genera dicha construcción.

Los habitantes de la comunidad de la zona, han presentado
varios derechos de petición ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Planeación del Municipio de Envigado, donde se
manifiesta la problemática de la ocupación y conducción de
un nacimiento a la red de alcantarillado, por parte del
Proyecto Areka.

Luego de un cese temporal de las obras que allí se iniciaban, la
Secretaria mencionada, atendió dichas denuncias con una visita
técnica efectuada por un geólogo de la oficina de Planeación.

De acuerdo con el diagnóstico del geólogo, los brotes de agua
provenientes del talud donde se asientan las torres del proyecto,
corresponden al abatimiento del nivel freático, producto del corte
realizado en dicho talud.

El agua tiene una tendencia a acumularse en la corona del talud,
el cual se ubica en el lote adyacente al sector donde se localiza la

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obra, debido a que presenta una topografía plana. Las aguas
acumuladas se infiltran en el suelo produciendo un flujo
subsuperficial o lámina de agua.

El abatimiento del nivel freático producido por la excavación a
profundidades superiores del nivel freático, induce cambios en la
presión de confinamiento, dando como resultado un flujo hacia el
área excavada, obligando a los constructores del proyecto a
captarlo por medio de filtros transversales y conducirlo luego por
zanjas colectoras y filtros de grava, para luego entregar dicho flujo
a la red de aguas lluvias.

Basado en los anteriores argumentos técnicos, el informe concluye
que los brotes de agua, no corresponden a un nacimiento natural,
sino de aguas acumuladas que se infiltran dando lugar a una lámina
de agua o a un flujo subsuperficial.

No obstante, los vecinos del sector muestran su
preocupación ante la posible ocupación, por parte del
Proyecto Areka, de un nacimiento de agua subterránea
tributario de la quebrada Minahonda (sic), que discurre
hacia la zona baja donde se lleva a cabo la obra, sin ninguna
restricción normativa por parte de la curaduría al aprobar
dicho proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA:

A fin de determinar la naturaleza de las aguas que brotan en
el talud donde se emplaza el proyecto urbanístico Areka, se
realizó una visita al sector donde se lleva a cabo la obra.

El proyecto se ubica en el Barrio Loma del Esmeraldal, en la carrera
27 D #27 sur, Municipio de Envigado, […]. El acceso al mismo se
efectúa a través de la transversal intermedia que comunica al
municipio de Medellín con el municipio de Envigado, para luego
ingresar por la calle 27 C sur, donde se ubica el proyecto
urbanístico Lyon, siguiendo por esta calle se localiza el proyecto
urbanístico Brezzo, colindante con el sitio de interés.

El predio donde se lleva a cabo la construcción del conjunto
residencial Areka se emplaza en una ladera de la margen
izquierda de la quebrada Mina Honda, afluente de la
quebrada La Honda. Para la adecuación del predio donde se
desarrolla el proyecto, se conformó un talud hacia el
costado oriental en dicho lote, adyacente a la vía de acceso
a las fincas del sector.

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Este talud tiene una pendiente de aproximadamente 50 y se
encuentra construido por depósitos de vertiente. Durante el
recorrido por el sitio se evidenció un flujo de agua constante
que discurre por dicho talud y es evacuado hacia las vías a
través de un tubo, dispuesto por la constructora.

El flujo constante de agua ha contribuido a la saturación del talud,
que en conjunto con el suelo que lo compone (depósito de vertiente
de baja cohesión) y su alta pendiente, afectan su estabilidad,
induciendo desprendimiento de material a la vía, poniendo en
riesgo la seguridad de los transeúntes. Para reforzar el talud, una
parte del mismo fue revestida con cemento, sin embargo gracias
al flujo de agua, este material se ha venido deteriorando y
desprendendiendo (sic). También se pudo observar que un sector
del talud estaba cubierto con bolsas plásticas, como parte de las
medidas de mitigación para protegerlo de las lluvias y controlar el
desprendimiento de material hacia la vía.

Así mismo, se evidenciaron unas especies arbóreas localizadas
hacia la parte media del talud inestable, donde se ubica la
explanación, como guayacán amarillo, mango, acuacatillo, los
cuales representan un riesgo potencial para los transeúntes.

[…]

El drenaje superficial y subsuperficial en el lote, se efectúa
mediante una cuneta perimetral en concreto que bordea un costado
del talud y descarga hacía una caja en la vía y filtros transversales
al talud cuya descarga es dirigida hacia el alcantarillado, a través
de tubos. Pese a las obras para el manejo de aguas, a la fecha de
la visita se observaron flujos dispersos sobre la vía.

[…]

En términos generales, el sitio de interés, a nivel
geomorfológico se emplaza en una ladera de pendiente
variable de moderada a alta, con algunas zonas de
pendiente suave. Esta zona ha estado sujeta a un urbanismo
acelerado, lo cual dificulta evidenciar la expresión
morfológica de un cauce o drenajes asociados al brote de
agua que se observa actualmente en el sitio objeto de la
inspección.

De acuerdo con el análisis efectuado al informe técnico
130041 de 2 de febrero de 2013, emitido por la alcaldía de

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Envigado y presentado a Corantioquia en diciembre de
2013, con radicado 1312-3480 del 26 de diciembre de 2013,
y dado que no se logró tener una evidencia clara para
determinar que dicho brote de agua corresponde a un
nacimiento, se plantearon las siguientes hipótesis o
posibles causas asociadas al flujo observado:

1. Presencia de un acuífero en el sector. Para verificar si se
trata de un acuífero, se deben revisar los registros de perforación
del estudio de suelos y construir las respectivas secciones
estratigráficas. Así mismo, se deben investigar los respectivos
estudios hidrológicos e hidrogeológicos, efectuados en el área (si
estos existen) y realizar una fotointerpretación detallada de las
fotografías aéreas disponibles para el valle de Aburrá en el IGAC y
Catastro Municipal para diferentes años, a fin de realizar un análisis
multitemporal de la evolución geomorfológica del sector. Cabe
mencionar, que la presencia de acuíferos en muchos casos, se
detectan al momento de efectuarse una excavación, a menos que
se tengan estudios hidrogeológicos detallados que confirmen la
presencia de estos en el sitio.

2. Fugas en las redes externas o internas de alcantarillado y aguas
lluvias de las edificaciones circundantes. Para descartar esta
situación, tanto los constructores del proyecto o los mismos
habitantes de la comunidad afectada pueden solicitar una revisión
de estas redes a las entidades prestadora de servicios públicos del
sector, para verificar que estas estén en buen estado. Durante este
proceso se pueden realizar los respectivos análisis químicos para
determinar la procedencia de dichas aguas.

3. Abatimiento del nivel freático. Es una condición que presenta
cuando se efectúa una excavación a una cota más baja que el nivel
freático existente, poniendo en alto riesgo la estabilidad del
terreno. En estos casos debe efectuarse un adecuado drenaje en el
sitio de las aguas subsuperficiales y superficiales. En el caso de que
los brotes sean continuos, debe realizarse un monitoreo constante
en el sitio ya sea revisando diariamente los drenes instalados o por
medio de la excavación de pozos o calicatas en el terreno natural
con tubería perforada y cubierta con geotextil en el fondo de la
excavación. Esto permite un monitoreo del comportamiento del
nivel freático en época de lluvias y en época secas. Lo mas
relevante de una auscultación de este flujo es la comparación del
comportamiento del mismo en diferentes épocas del año.

CONCLUSIONES

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1. El predio donde se lleva a cabo la construcción del conjunto
residencial Areka se emplaza en una ladera de la margen izquierda
de la quebrada Mina Honda, afluente de la quebrada La Honda.
Para la adecuación del predio donde se desarrolla el proyecto, se
conformó un talud hacia el costado oriental de dicho lote,
adyacente a la vía de acceso a las fincas del sector.

Este talud tiene una pendiente aproximada de 50m en el cual se
evidenció un flujo de agua constante que discurre a través del
mismo y es evacuado hacia la vía a través de un tubo, dispuesto
por la constructora.

El flujo constante de agua ha contribuido a la saturación del
talud, que en conjunto con el suelo que lo compone
(depósito de vertiente de baja cohesión) y su alta
pendiente, afectan su estabilidad, induciendo
desprendimientos de material a la vía, poniendo en riesgo la
seguridad de los transeúntes.

[…]

2. En términos generales. El sitio de interés, a nivel geomorfológico
se emplaza en una ladera de pendiente variable de moderada a
alta, con algunas zonas de pendiente suave. Esta zona ha estado
sujeta a un urbanismo acelerado, lo cual dificulta evidenciar
la expresión morfológica de un cauce o drenajes asociados
al brote de gua que se observa actualmente en el sitio objeto
de la inspección.

3. De acuerdo con el análisis efectuado al informe técnico 130041
del 2 de febrero de 2013, emitido por la alcaldía de Envigado, y
dado que no se logró tener una evidencia clara para
determinar que dicho brote de agua corresponde a un
nacimiento, se plantearon las siguientes hipótesis o posibles
causas asociadas al flujo observado […]

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la constructora Cuadra, ejecutora del proyecto
urbanístico Areka, realizar un monitoreo continuo del afloramiento
de agua a fin de evaluar su comportamiento en épocas secas y
épocas invernales, que permita realizar las debidas comparaciones.
Así mismo, se requiere por parte del Municipio de Envigado
un diagnóstico geológico basado en las observaciones de
campo o monitoreo del flujo en diferentes épocas del año, y
un análisis detallado de la información disponible:

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topografía IGAC, fotos áreas de diferentes años, imágenes
de satélite, estudios hidrológicos e hidrogeológicos (si
existen), del que se deriven conclusiones más aproximadas
relacionadas con el origen de dichas aguas y se descarten
que las mismas estén asociadas a un nacimiento afluente de
la quebrada Minahonda.

Una vez se descarte esta posibilidad basado en un análisis
mejor fundamentado, el fenómeno observado podrá
atribuírsele a un abatimiento del nivel freático por efectos
de la excavación. En tal caso se deberán incorporar obras de
drenaje adecuado que minimice hasta donde sea posible los daños
a la cimentación de la estructura de la edificación así como los
impactos a otras estructuras adyacentes.

2. Se recomienda a la Constructora Cuadra y/o a la comunidad,
solicitar a la entidad prestadora de servicios públicos del sector una
evaluación técnica del estado de las redes internas de las
edificaciones adyacentes al sitio de interés y externas de acueducto
y alcantarillado, a fin de descartar la posibilidad que éste brote esté
asociado con una fuga.
3. En caso de confirmarse la hipótesis de la presencia de un
acuífero en el sector, “se debe tener en cuenta, lo
establecido en el Acuerdo No. 010-2011 del 12 de abril de
2011, artículo 37: “Manejo del área de protección de los
nacimientos, humedales y aguas subterráneas: “Los retiros
a nacimientos y humedales en todo caso serán de cien
metros (100m) horizontales, medidos a partir del borde
exterior del nivel máximo del espejo de agua en el caso de
humedales y al máximo del nivel de agua del
encharcamiento para los nacimientos …”

4. La constructora del Proyecto Areka deberá realizar las obras
pertinentes para la estabilización del talud de la parte posterior de
la edificación, así como el mantenimiento de las mismas, de tal
forma que no se vea comprometida la seguridad de los transeúntes
por caídas de material sobre la vía.

5. Dar a conocer la actuación jurídica que se derive de este informe
al municipio de Envigado, para que en forma conjunta con la
corporación se realice un control y seguimiento a las obras
necesarias en el sector […]” (Destacado de la Sala).

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-. Oficio de 27 de julio de 2016, por medio del cual el MUNICIPIO

dio respuesta complementaria a los informes previamente

presentados sobre estudios y seguimiento realizado en la zona de la

Loma del Esmeraldal:

“[…] Al punto 6.1.2: […] De conformidad con el requerimiento, es
importante aclarar que las corrientes de agua modifican su cauce
gracias a su propia dinámica, mediante la generación de procesos
erosivos de márgenes, sin que estos impliquen todos los casos una
situación de inestabilidad.

En el barrio la Loma del Esmeraldal se presentan, en efecto,
procesos erosivos asociados a las corrientes hídricas especialmente
en zonas más cercanas al cauce donde el agua durante su ciclo
estacional varía en cantidad de acuerdo con la precipitación y el
aporte de agua subterránea. Una de las razones por las cuales la
ley prevé el retiro normativo al cauce de las corrientes es evitar
que estos procesos naturales ocasionen problemas de estabilidad
en las construcciones e infraestructura cercana.

En el año 2015 la Administración Municipal, a través del
Departamento Administrativo de Planeación, contrató un estudio
denominado “ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA ZONA
3 Y LOS BARRIOS EL ESMERALDAL Y LA INMACULADA DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO”, cuya zona de estudio incluye, como su
nombre lo indica, la totalidad del barrio El Esmeraldal, y que es
objeto del presente requerimiento.

En dicho estudio se realizó un levantamiento de diversas variables
para el análisis de la amenaza por movimientos por masa como
procesos morfodinámicos más importante y que puede condicionar
la estabilidad de la zona de estudio. Entre las variables levantadas
y analizadas se encuentran la topografía, geología (formaciones
superficiales), geomorfología, procesos morfodinámicos
(deslizamientos y erosión) y cobertura del suelo, así como
hidrología, hidráulica, utilizando técnicas como sensores remotos,
topografía de campo, geofísica (refracción sísmica), exploración
directa (perforaciones), cartografía y geomorfología, ensayos de
laboratorio, entre otras.

[…]

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Al punto 6.1.6: […] es importante mencionar que en muchos casos
la construcción de proyectos urbanísticos mejora la condición de
estabilidad de las corrientes y las laderas, máxime cuando se
respetan los retiros establecidos y se tramitan los respectivos
permisos ambientales (permisos de aprovechamiento forestal,
ocupaciones de cauce, vertimientos, etc) que incluyen los estudios
técnicos requeridos por la norma para su aprobación.

Reiterando, en el año 2015, la Administración Municipal a
través del Departamento Administrativo de Planeación,
contrató el estudio denominado “ACTUALIZACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA ZONA 3 Y LOS BARRIOS
EL ESMERALDAL Y LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO”, cuya zona de estudio incluye el barrio El
Esmeraldal y por ende la porción urbana de las cuencas de
las quebradas La Hondita, La Honda y la Mina Honda, objeto
de la solicitud.

En dicho estudio se realizó un análisis de la amenaza por
inundaciones (inundabilidad) en las corrientes al interior de
la zona (que incluyen la Quebrada La Honda, La Hondita y
La Mina Honda), para lo cual fue desarrollado un estudio
hidrológico e hidráulico de las mismas. Igualmente se
realiza un diagnóstico hidráulico de cada una de las
corrientes incluyendo los procesos erosivos asociados y las
obras existentes. Como resultado de dicho estudio se
determinaron las zonas inundables para diferentes periodos
de retorno y se determinaron las acciones y obras para
mitigar la amenaza por inundaciones.

[…] Al punto 6.3: Dando alcance al informe presentado el día once
(11) de mayo de 2016 al H. Tribunal, se presenta a continuación
un informe complementario de control y seguimiento efectuado por
los funcionarios adscritos al Equipo de Control Urbanístico del
Municipio de Envigado, en cumplimiento de la competencia del
control urbano de que trata el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto
1077 de 2015 […]

PROYECTO ACTUACIÓN FECHA
SAO BENTO Revisión de las obras con el fin de 01/06/2016
establecer avance del proyecto y certificar
la conformidad con las normas urbanísticas

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TIERRA - Revisión de retiro a corriente de agua.
GRATA DEL - Visita de control con el fin de verificar 11/05/2016
ESMERALDAL desarrollo de las licencias urbanísticas
autorizadas 07/07/2016
LYON Visita de control realizada con el fin de
establecer avance del proyecto y certificar
la conformidad con las normas 15/06/2016
urbanísticas.

Se observa una conformación de guadual y
crecimiento paulatino de la masa boscosa
producto de la compensación, a la fecha no
se observan intervenciones sobre la zona
de protección, se está llevando a cabo una
obra de estabilización sobre el cauce por
requerimiento de la Autoridad Ambiental
Delegada. Las edificaciones ya están
terminadas y los senderos peatonales
conformados.
AREKA Se realiza seguimiento a las cesiones 19/06/2016
requeridas al proyecto
ROMANZA Visita de control realizada al 25/04/2016
DE LA establecimiento de piscina con el fin de
ABADÍA verificar Ley 1209 de 2008
BREZZO Visita de control con el fin de asegurar 10/06/2016
FOREST cumplimiento de la licencia urbanística y
evaluar retiros autorizados a linderos.
MALL EL Visita de control con el fin de asegurar
ESMERALDAL cumplimiento de la licencia urbanística y 05/02/2016
evaluar cumplimiento de tratamiento de
fachadas.
MUZO Visita de control realizada al 14/04/2016
establecimiento de piscina con el fin de
verificar Ley 1209 de 2008.
IBERICA No se observaron intervenciones sobre la
VITAL zona de protección. Las edificaciones están 07/2016
finalizadas y los senderos peatonales
conformados. No existe modificación
alguna sobre la zona de protección.
Persiste la conformación arbórea
evidenciada en la visita pasada
MADEIRO No se observan intervenciones sobre la
zona de protección. La edificación está 07/2016
finalizada. Persiste en zona de retiro a la
quebrada, composición natural de rastrojo
alto, con árboles nativos adultos aislados y
especies arbóreas introducidas dentro del
predio en mención, además de buena
conformación y estructura para la
conectividad del retiro. Se observaron
especies de las familias Morácea,

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Melastomatácea, Cecropiaceae, entre
otras.
AMERELLO No se observan intervenciones u obras
IN nuevas sobre la zona de protección. La
vegetación arbórea ha crecido a gran
escala conformando grandes copas sobre la
zona de retiro a cerramiento, posterior a
esto se observa conformación de guadual
en buenas condiciones.
GUADUALES No se observan intervenciones u obras
DE LA nuevas sobre la zona de protección.
ABADÍA Persiste en zona de retiro a la quebrada
una composición de bosque natural, con
árboles nativos adultos, guaduales y
especies arbóreas introducidas, además de
una buena conformación y estructura para
la conectividad del retiro. Se observaron
especies de las familias Morácea,
Melastomatácea, Cecropiaceae, entre
otras. Se evidencia buena cobertura con
especies introducidas, especies pioneras
ARROYO DE No se observan intervenciones u obras
LA HONDA nuevas sobre la zona de protección.
Persiste en zona de retiro a la quebrada
una composición de rastrojo alto,
asociados a árboles de plantación
(eucaliptos) con especies arbóreas
introducidas, además de una buena
conformación y estructura para la
conectividad del retiro. Siguen persistiendo
las especies de las familias Morácea,
Melastomatácea, Cecropiaceae, entre
otras. Se sigue evidenciando buena
cobertura con especies introducidas y
especies pioneras.
VENETTO En nueva visita técnica realizada, no se
observa ningún tipo de obras sobre las
zonas verdes aledañas a la quebrada,
persiste la conformación de coberturas de
rastrojos altos, con alguna presencia de
guaduas, y arboles nativos de la zona de la
familia Morácea, Melastomatácea,
Cecropiaceae, entre otras.
Constantemente se ve el mantenimiento de
limpieza de la quebrada lo que facilita el
buen funcionamiento y comportamiento de
esta.
MURATTO Se evidencio (sic) nuevamente la
regeneración de cobertura sobre zona
verde adyacente a la quebrada, con
excelente conformación y buena

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estructura. Las especies evidenciadas en
campo siguen presentando gran tamaño
con buenos anclajes lo que facilita sostén
del talud como se mencionó anteriormente
(pioneras y intricadas). No se observan
obras de estabilización sobre las márgenes
o retiros a la quebrada.
[…]”.

-. Oficio de 1o. de agosto de 2016, a través del cual el MUNICIPIO

hizo referencia, entre otros, a los antecedentes administrativos

correspondientes a ocupación de cauce de la zona del Esmeraldal y

al inventario de estudios que se realizaron con anterioridad a la

formulación del POT 2011-2023 que sirvieron de soporte para la

toma de decisiones en el mismo y de los que según el ente

territorial, no se advertía la existencia de un acuífero en la

Loma del Esmeraldal. Los estudios relacionados no fueron

aportados al proceso.

-. Oficio núm. 0156SE-201630111825 de 16 de agosto de

2016, a través del cual EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN -

EPM informó lo siguiente:

“[…] Personal del equipo mantenimiento alcantarillado de la
Compañía realizó visita, en atención a las órdenes de trabajo No.
1195463 y 1212778 y se observó que el afluente que da origen
a fuentes de agua localizadas en la antigua dirección carrera
27D No. 27Sur-58 del municipio de Envigado, en la que se
ubica el proyecto Areka no se deriva de las redes de
alcantarillado de aguas lluvias del sector. […]

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Al interior del Conjunto Residencial Areka, se revisaron con
autorización de la Administración, las redes internas de aguas
residuales y aguas lluvias y se observaron funcionando normal y
en buen estado. En el sótano se observaron cajas de las redes
internas de aguas lluvias, las cuales captan las aguas del nivel
freático y que se empalman por gravedad a las redes de
alcantarillado de aguas lluvias de EPM localizadas en la parte
inferior y trasera de dicha urbanización en carrera 27D No. 27Sur-
64 Envigado […]”.

De las pruebas hasta aquí relacionadas puede concluirse que la zona

de El Esmeraldal presenta una topografía variable, con gran

influencia de fuentes hidrográficas, como las quebradas La Honda, La

Hondita o Mina Honda y Ayurá, las cuales son nutridas por otras

fuentes de agua que discurren por las laderas de su topografía.

Igualmente está demostrado que en las últimas décadas la zona ha

presentado un alto incremento en materia urbanística, tanto de

unidades habitacionales familiares como de conjuntos residenciales,

tales como los Proyectos Sao Bento, Tierra Grata del Esmeraldal,

Ibérica, Lyon, Corales de la Abadía, Areka, Romanza de la Abadía,

Amarello Inn, Madeiro, Trentto, Tramontana, Arroyo de la Honda,

Reserva de San Jorge, Brezzo Forrest, Mall El Esmeraldal, Muzo, Alto

del Esmeraldal y Positano, muchos de los cuales han requerido de

permisos para la ocupación de cauces de las mencionadas quebradas

la Honda, Mina Honda y Ayurá.

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Concretamente, en el caso del proyecto urbanístico Areka, se han

presentado denuncias por parte de la comunidad ante la

Administración Municipal, en atención a que en el terreno donde fue

construido, se encontró un cuerpo de agua que, a juicio de los

vecinos, corresponde a un nacimiento de aguas, lo cual fue

descartado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

quien, mediante informe de visita técnica estimó que el agua

proviene del nivel freático, afirmación que fue controvertida por

CORANTIOQUIA mediante un nuevo informe técnico, según el cual,

no se han hecho estudios científicos suficientes que permitan

establecer la proveniencia de dichas aguas, por lo que, a su juicio,

resulta imprescindible determinar si El Esmeraldal puede catalogarse

como una zona de recarga acuífera.

Por lo anterior, durante el curso del presente proceso de acción

popular, el Tribunal ordenó la práctica de un dictamen pericial y

requirió informes al respecto a la AMVA, de los cuales se obtuvieron

los siguientes medios de convicción:

-. Memorando de 22 de mayo de 2017, por medio del cual el AMVA

dio respuesta a la solicitud elevada por el Tribunal en el sentido de

que informara si la Loma del Esmeraldal del MUNICIPIO

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correspondía o no a una zona de recarga de acuíferos, en los

siguientes términos:

“[…] se procede a dar respuesta en relación con los antecedentes
administrativos de filtros, obras hidráulicas, ocupación de cauce,
nacimientos, arroyos, quebradas, etc., reconocidos en los
alrededores de la Loma del Esmeraldal.

1. Zonas de recarga del Valle de Aburrá

En la cuenca del río Aburrá – Medellín se tienen identificadas tres
unidades de carácter acuífero, que corresponden a los
denominados: Acuífero libre, Acuífero Semiconfinado y Dunita de
Medellín. Cada una de estas unidades recibe aportes por la recarga
de agua, que puede ser directa o indirecta, conforme si esta
proviene de la precipitación que percola el suelo o si es un flujo
transferido desde otras unidades. En este sentido, se tiene que
toda la cuenca del Valle de Aburrá está catalogada como zona de
recarga, pero estas son clasificadas de acuerdo a sus
características y a su aptitud para propiciar en mayor o menor
medida la transferencia de agua hacia las unidades acuíferas
identificadas. En términos hidrológicos, se asume que las zonas de
recarga que mayor aptitud poseen para la recarga son las directas,
por ser en estas donde se producen los mayores aportes en
términos de magnitud.

En el mapa que se presenta a continuación, es posible
observar la ubicación de la Loma del Esmeraldal y la
distribución especial de las zonas de recarga del Valle de
Aburrá, encontrando que según esta información, la zona en
cuestión se encontraría despuesta sobre una zona
clasificada como de recarga directa.

[…]

Cabe destacar que es precisamente en estas zonas donde se
presenta la mayor intervención antrópica por el establecimiento de
la población y la expansión del suelo urbano, dadas las condiciones
topográficas de la cuenca. En este sentido, el área correspondiente
a las zonas de recarga directa se ha visto reducida, lo que obliga a
pensar en la necesidad de proponer distintos tipos de construcción
bajo las cuales se propicie la continuidad del ciclo hidrológico local
(en especial el sostenimiento de las tasas de infiltración) y la
conservación de la cobertura vegetal. Por ejemplo, se recomienda

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no intervenir completamente las áreas correspondientes a
las zonas de recarga directa sino mantener algunos
polígonos de suelo libres de intervención, con el fin de que
en ellos sea posible adelantar medidas de protección con los
que favorezca la dinámica ecosistémica. Otras alternativas
de construcción sostenible para estas áreas, se presenta de
manera anexa a este documento (Anexo 2) […]” (Destacado de
la Sala).

-. Documento elaborado por la AMVA, sin fecha, en el que se

consignó lo siguiente frente a las áreas de recarga de acuíferos:

“[…] A partir del estudio: “Delimitación y protección de las
potencias zonas de recarga en el centro y sur del Valle de Aburrá”,
desarrollado en el 2013 entre el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y la Universidad de Antioquia; fueron delimitadas las áreas
o porciones del territorio de la cuenca que, según sus
características, propician en mayor o menor medida la
transferencia de agua hacia las unidades acuíferas reconocidas en
el Valle de Aburrá. Estas fueron a su vez clasificadas de acuerdo a
su potencial, entre las características de recarga directa e indirecta,
siendo estas subclasificadas en alta, media o baja, según sus
aptitudes.

En la figura 1 se presenta la delimitación de las zonas de recarga
para el Valle de Aburrá, diferenciadas en tonalidades de azul. En
orden de importancia, las zonas de recarga directa (azul oscuro)
son aquellas que representan mayor interés en términos
hidrológicos, puesto que en estas se ven favorecidas las
condiciones de magnitud y velocidad de transferencia de agua para
el almacenamiento subterráneo; seguido de las zonas de recarga
indirecta media por la proporción de área que estas ocupan en el
territorio, siendo posible relacionarla con una mayor superficie apta
para la generación de flujo o transferencia.

En cuanto a estas zonas es importante considerar que las partes
de la cuenca donde se localizan las zonas de recarga directa,
corresponden a las partes más planas del Valle, asociadas a las
llanuras de inundación del río Aburrá. Esta misma característica
hace que en ellas se presenten las condiciones más óptimas para
el asentamiento de la población, situación generada desde
mediados del siglo XIX cuando comenzó la ocupación del territorio
que hoy conforma el Valle de Aburrá. En consecuencia, hoy las

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zonas de expansión urbana, cuya dinámica ha implicado la
impermeabilización del suelo en superficie y la modificación de las
tasas hidrológicas; tal y como se verá más adelante en este
documento.

[…]

Criterios para el desarrollo de proyectos urbanos, de
infraestructura y edificatorios en zona de recarga de acuíferos
localizadas en áreas urbanas, de expansión, suburbanas y de
producción industrial.

Con el propósito de entablar medidas para la protección de las
zonas de recarga, considerando necesariamente lo establecido en
la normatividad respecto a este tipo de ecosistemas (Decreto 2372
de 2010), sin que atente contra los modelos de crecimiento
poblacional y desarrollo económico de los municipios de la cuenca
del Valle de Aburrá, se plantea la posibilidad de admitir, en algunas
porciones de las áreas delimitadas como de recarga, tipos de
construcción que garanticen la continuidad del ciclo hidrológico (en
especial el sostenimiento de las tasas de infiltración) y la
conservación de la cobertura vegetal. Igualmente, se
recomienda no intervenir completamente las áreas
correspondientes a las zonas de recarga directa e indirecta
alta y media, sino mantener algunos polígonos de suelo
libres de intervención, con el fin de que en ellos sea posible
adelantar medidas de protección con los que se potencie la
continuidad del flujo del ciclo hidrológico y se favorezca la
dinámica ecosistémica.

De esta manera, se busca que los desarrolladores y
constructores, públicos y/o privados, que se pretendan
disponer proyectos de construcción en polígonos y predios
pertenecientes a zonas de recarga directa e indirecta alta y
media, consideren dentro los requisitos para el
otorgamiento de la licencia de construcción, los siguientes
aspectos:

1) En la fase previa a la formulación de planes y proyectos de
desarrollo urbanístico, de infraestructura o edificación, desarrollar
estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos e
hidrogeológicos; descritos en el capítulo 2, páginas 30 a 36,
de la guía para la formulación de Planes de Manejo
Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014).

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2) En las fases de formulación y diseño de planes y
proyectos, será obligatorio, de acuerdo con los estudios
realizados, diseñar e implementar medidas que permitan
mantener el balance hidrológico de cada polígono (en
términos de caudal de recarga y caudal de escorrentía) en valores
iguales o similares a las condiciones previas al desarrollo del
proyecto. Para tal efecto, pueden emplearse los sistemas de
drenaje sostenible que se referencian en las guías metropolitanas
de construcción sostenible, así como otros métodos para favorecer
la recarga, como la conocida recarga artificial de acuíferos, bien
sean métodos superficiales o de profundidades, de acuerdo con la
viabilidad técnica y económica. Estos métodos se describen en
manuales y guías […]

En términos generales, lo que se busca con esta propuesta
es que los nuevos proyectos del Valle de Aburrá,
especialmente los que se pretenden disponer sobre aquellas
zonas establecidas como de recarga directa e indirecta alta
y media, por estar incluidas dentro de los suelos de
expansión urbana en los POT municipales, contemplan
dentro de su diseño e implementación, obras que no
respondan al modelo ocupacional convencional, donde la
consecuencia es la impermeabilización total del suelo, la
interrupción del ciclo del agua local y la modificación del
microclima, sino que los aportes de los flujos hídricos y el
intercambio con la atmosfera se mantengan, aun y cuando
sobre ellas se disponga algún tipo de construcción; en
superficie hacia el suelo, por medio de sistemas de drenaje
sostenible […]” (Destacado de la Sala).

-. Informe pericial practicado por la ingeniera ambiental Camila

Argoty Cano el 2 de septiembre de 2019, por orden emanada del

Tribunal, el cual tenía por objeto determinar si la zona de la Loma

del Esmeraldal del MUNICIPIO es o no de recarga de acuíferos, en

el que se consignó lo siguiente:

“[…] 6. ANTECEDENTES

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De acuerdo con el análisis de la información disponible se establecen los
siguientes antecedentes para la zona de estudio:

Unidades hidrogeológicas:

El sistema hidrogeológico de la cuenca del río Aburrá – Medellín, sitio
donde se encuentra localizado la zona El Esmeraldal, está conformado
por tres unidades acuíferas:

• El acuífero libre del Valle de Aburrá: Conformado por los depósitos
aluviales del río Aburrá – Medellín y sus afluentes, y los depósitos de
vertiente, categorizados como flujos de lodo y escombros con edades
de niógeno o cuaternario. Textualmente estos depósitos están
construidos por gravas, arenas y cantos en matriz areno – arcillosa
gradando a arcillosa hacia la base, con presencia de lentes de grava y
arcilla (CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE, 2018).

• El Acuífero semiconfinado del Valle de Aburrá: Conformado por
depósitos de origen aluvial, separados por una capa sellante de carácter
arcilloso. El acuífero semiconfinado estaría localizado en la parte central
y sur del Valle, está conformado por gravas, arenas y cantos de matriz
arcillo – arenosa con pequeños lentes de arena y/o arcilla; aun no se
tiene suficiente información para modelar con certeza la geometría de
esta unidad (CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE, 2018).

• Acuífero de la Dunita de Medellín: El grado de fracturamiento de esta
unidad de roca, sumado a la aparente condición de pseudokarst que se
registra en algunos sectores y varios datos de caudal reportados en
afloramientos y obras de control geotécnico, indican que en la Dunita de
Medellín se podría estar almacenando un importante volumen de agua
subterránea, que podría llegar a ser utilizable con fines de
abastecimiento en algunos sectores del área urbana o rural de los
municipios de Bello, Medellín o Envigado. Las bondades de la Dunita de
Medellín, como formación acuífera, no han sido exploradas
(CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE, 2018).

De acuerdo con el mapa de las unidades hidrogeológicas
publicado en el Plan de Manejo Ambiental de Acuífero (PMAA)
del Valle de Aburrá, la zona de estudio, el barrio El Esmeraldal
de Envigado, se encuentra localizado solo sobre una unidad
hidrogeológica que es el Acuífero libre del Valle de Aburrá
(AMVA & Universidad de Antioquia, 2018). Cabe resaltar que el
mapa se encuentra en una escala de 1:250.000, por lo que el
nivel de detalle es bajo.

Recarga potencial por precipitación

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Para la determinación de las áreas potenciales de recarga en el Valle de
Aburrá se tiene como hipótesis la existencia de tres posibles fuentes de
recarga: i) Una recarga distribuida en las superficies libres donde afloran
las unidades acuíferas, ii) La interacción hidráulica que existe entre los
principales cuerpos de agua superficial, como lo son el río Aburrá –
Medellín y sus principales afluentes, y iii) La recarga proviene de los
aportes de flujos regionales, a partir de las rocas encajantes que
presentan permeabilidad secundaria (AMVA & Universidad de Antioquia,
2018).

De acuerdo con información tomada del POMCA del río Aburrá,
proporcionada por CORANTIOQUIA, AMVA & CORNARE (2018),
el barrio El Esmeraldal se encuentra ubicado en una zona de
recarga directa (azul oscuro) e indirecta con importancia alta (azul
claro) del río Aburrá (Ver Figura 2). Se debe aclarar que la información
plasmada en el POMCA se encuentra a una escala que ofrece
menor detalle para la zona de interés (1:25.000).

En el mismo estudio se definen y delimitan las zonas de
protección de las áreas de recarga. Se observa en el mapa de
Zonas de Importancia Hidrogeológica que El Esmeraldal se
ubica en un área de recarga, cuya vulnerabilidad de acuífero
varía entre dos categorías: alta y despreciable. Cabe aclarar que
el mapa observado se encuentra en una escala con poco detalle
(1:25.000 aprox).

Es de resaltar que los estudios realizados en el sector no ofrecen
un nivel de detalle suficiente que permita delimitar de forma
adecuada el potencial de recarga en el polígono del barrio El
Esmeraldal.

7. MODELO CONCEPTUAL DE FLUJO

7.1. GEOLOGIA REGIONAL

El polígono en estudio está localizado en la parte media – baja de la
margen oriental del Valle de Aburrá, específicamente al nororiente del
municipio de Envigado. El contexto geológico de este sector está
marcado por la acumulación de varias series de depósitos de vertiente
y en la que sobresalen ventanas erosivas de la anfibolita de Medellín
(ver Figura 3).

[…] A continuación se definen las unidades geológicas encontradas:

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TRaM- Anfibolita de Medellín. Hacen parte del Grupo El Retiro dentro del
Complejo Cajamarca. Están compuestas mineralógicamente por
cristales equigranulares de hornblenda y plagioclasa de tamaño medio.
En el municipio de Envigado afloran tres cuerpos principales de
anfibolita; dos cuerpos se encuentran ubicados hacia el sector oriental y
la tercera al occidente. El cuerpo de la zona occidental del municipio es
un cuerpo elongado con dirección NS, se ubica en cercanías a la
confluencia de los cauces de las quebradas La Hondita, La Sebastiana y
Las Brujas con la quebrada La Ayurá.

Depósitos de Vertiente (Qd, QFa, AFIV, QFIII, NQFII, NFI, NFprel).
Corresponden a depósitos de deslizamientos y flujos de escombros y
lodos, los cuales se presentan en medio de la vertiente montañosa,
localizados como peldaños de acumulación que suavizan la pendiente.
Generalmente estos peldaños corresponden a depósitos de flujos de
escombros.

• Depósito de deslizamiento. Este tipo de depósitos se encuentran
confinados principalmente a la zona escarpada que limita con el Valle de
Aburrá. Se caracterizan por bloques de roca en matriz limo arcillosa.
Dado que el escarpe en esta zona esta modelado en gnésis, la
composición de los clastos de los depósitos también de gnésis. Los
bloques pueden alcanzar unos tres metros de diámetro y varían desde
angulosos a subredondeados.

• Depósito de flujos. La mayor distribución de flujos se despliega hacia
la parte baja de la cuenca de la quebtada La Ayurá, donde la geoforma
asociada corresponde a abanicos, ligeramente inclinados (entre 3 y 6).
Estos abanicos son una superposición de flujos de escombros y lodos,
con una predominio de flujos de lodos, los cuales se caracterizan por
tener espesores visibles máximas de tres metros, porcentaje de bloques
hasta de un 30% subredondeados, de composición principalmente
gnéisica, en matriz de tamaño limo o arena fina color amarillo pálido a
rojo pardusco. Los depósitos de flujo de escombros son característicos
cerca de la base de la vertiente montañosa, de mayor espesor, y
desarrollan, en la parte frontal depósito, geoformas escarpadas de hasta
10m. ejemplo de lo anterior se observa hacia la parte alta del barrio
Trianón; donde los depósitos.

Depósito aluvial. Restringidos a los drenajes y quebradas del municipio.
Se caracterizan por presentar clastos desde subangulos a
subredondeados, mal seleccionados, clasto – soportados en matriz
arcillo arenosa de color amarillo pardusco. En algunas zonas los clastos
presentan una leve imbricación. Cabe destacar los depósitos de las
quebradas La Morgan, Chorrofrio, Liscarotes, Ayurá, el Atravesado, La
Sebastiana, Zuñiga, Las Palmas y el río Aburrá propiamente dicho.

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Depósito antrópico. Uno de los llenos más significativos es el realizado
en la vía Las Palmas para la escuela de ingeniería. En general, la obra
está acompañada de tanto de llenos como explanaciones. En la vía que
conduce al colegio Euskadi, se encuentra un lleno de unos dos metros
de espesor. Otros llenos se localizan al frente a la unidad residencial
Claraval, vía parroquia Purísima Concepción; cerca a la fina el Llanito en
la Loma del Esmeraldal.

Se señala que desde el punto de vista hidrogeológico, no se encontró un
ambiente de roca sedimentaria que permita realizar la acumulación de
agua. En el sitio se presenta depósitos aluviales y antrópicos, los cuales,
al encontrarse en la zona baja de la ladera, lo que facilita el drenaje y
no es suficiente al momento de generar procesos de estancamiento en
el terreno.

7.2. GEOLOGÍA DE LA ZONA

A continuación, se presenta la información recopilada con relación a lo
encontrado con los estudios de suelo disponibles:

Proyecto Lyon Apartamentos (SOLUM, 2012)

[…] En el predio aflora un depósito de vertiente conformado por una
matriz arcillosa, gris oscuro a pardo oscuro, envuelve clastos
subangulares de neises, con diámetro entre 10 mm y 70 mm y bloques
subangulares de gabros, ligeramente mateorizados, con lados mayores
entre 0.7 y 1.0 mm.
[…] Los valores de humedad natural arrojan valores del 24% en
promedio, con valores máximos de orden de 38% y mínimos de 14%.
Los valores altos de humedad se presentan sobre el material clasificado
como finogranular.

[…] Tierra Grata – El Esmeraldal (Javier Londoño S.A., 2013)

[…] En el estudio se relacionan las siguientes unidades geológicas:

Flujo de escombros (Qfe). Compuesto por bloques de roca de formas
subredondeadas o redondeadas con tamaños centimétricos a métricos.
Matriz de arenas limosas a limos de color café a pardo, compacta y
moderadamente cementada, lo que permite mantener estables taludes
de alta pendiente y considerable altura.
Flujos de lodos (Qfl). Limos arcillosos y arenosos de color café
amarillento a café grisáceo, de consistencia media, medianamente
plástico, que engloba fragmentos milimétricos de roca. Relación matriz
/ bloques: 80/20.

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[…] En la información disponible sobre este proyecto, no se encontró
reportes de niveles freáticos del suelo.

Edificio Brezzo Forrest (José Eduardo Hincapié y CIA S.A.S., 2015)

[…] El nivel freático, durante la ejecución de las perforaciones del Edificio
Brezzo Forest, se observó a profundidades del orden de 9.00, con
respecto a la superficie del terreno; no obstante, parece corresponde a
niveles freáticos colgados originados por aguas subsuperficiales o
accidentales provenientes de eventuales fugas en las redes se servicios,
ya que entre los materiales descritos se presentó un marcado contraste
de ambiente de meteorización.

[…] 7.5 ANÁLISIS

El polígono en estudio está limitado al NE por la vaguada de la quebrada
La Honda, que transcurre en una dirección SE-NW; al SE por la
transversal intermedia; al SW por la quebrada La Hondita hasta el cruce
con la carrera 28 y sigue por la calle 27 sur, hasta el crice con la
quebrada La Honda.

De acuerdo con el mapa de aspectos (ver figura 8), las superficies del
polígono en estudio presentan dos orientaciones principales:

• Al norte: las superficies están orientadas al noreste y al norte
principalmente y corresponden a la margen izquierda de la quebrada La
Honda.
• Al sur: del polígono se presentan superficies orientadas al occidente y
sectores orientados al sur – suroccidente, estas últimas corresponde a
las márgenes derechas de las quebradas que incisan la superficie
principal.

[…] Dentro del polígono El Esmeraldal, predominan los rangos de
pendientes bajos a moderados. Las pendientes moderadas a altas se
distribuyen al occidente del predio y corresponden a las márgenes de
las quebradas La Hondita y La Honda. En el sector de la transversal
intermedia también se presentan pendientes altas (ver figura 9). Dentro
del polígono “adición” (que hace parte de una de las unidades
geomorfológicas del sector estudiado) se presentan pendientes bajas a
moderadas.

[…] Respecto a lo encontrado para el componente geología y
geomorfología del área de estudio se resalta lo siguiente:

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• En la ladera donde se encuentra el área de estudio predominan los
depósitos de vertiente de diferente edad y sobresalen ventanas erosivas
de la anfibolita de Medellín, la cual es una roca dura metamórfica, con
muy baja conductividad hidráulica.
• De acuerdo con la cartografía geomorfológica escala 1:10.000, dentro
del polígono del Esmeraldal se presentan las unidades Colinas en suelo
residual, Colinas en depósito de vertiente y superficies suaves en
depósitos moderadamente incisados, los cuales no permiten el
encharcamiento en la superficie del terreno, que posteriormente se
pueda infiltrar en el subsuelo, es decir recargar el acuífero.
• En los estudios de suelos consultados se encontraron superficialmente
depósitos de vertiente matriz-soportados, con matriz de granulometría
fina (limos y arcillas) a profundidad los depósitos de vertiente presentan
un aumento en la proporción de bloques, siendo así depósitos clasto-
soportados, los clastos están embebidos en una matriz granulometría
fina.
• En el Edificio Brezzo Forest se identificó una profundidad de 17.00m
aproximadamente, el perfil de meteorización de una roca metamórfica,
de muy baja conductividad hidráulica en su matriz.
• De acuerdo con el mapa de aspectos, las superficies del polígono en
estudio presentan dos orientaciones principales. Al norte: las superficies
están orientadas al noroeste y norte principalmente y corresponden a la
margen izquierda de la quebrada La Honda. Al sur: del polígono se
presentan superficies orientadas al occidente y sectores orientados al
Sur- Suroccidente, estas últimas corresponden a las márgenes derechas
de las quebradas que incisan la superficie principal.
• Dentro del polígono El Esmeralda, predominan los rangos de
pendientes bajos a moderados. Las pendientes moderadas a altas se
distribuyen al occidente del predio y corresponden a las márgenes de
las quebradas La Hondita y La Honda. En el sector de la transversal
intermedia también se presentan pendientes altas que facilitan el
drenaje del sector.
• El polígono en estudio esta conformado por un terreno incisado por la
quebrada La Honda y sus afluentes, modelando lomos de tope amplio
de pendientes moderadas, denominadas superficies moderadas de
depósito (SMD), que presentan un patrón escalonado separadas por
vertientes de cortas de pendientes altas – superficies inclinadas en
depósito (SID). Las corrientes de aguan han labrado igualmente
geoformas cóncavas denominadas Vaguadas (Va) por las cuales
discurre el flujo de agua.

7.6 CONCLUSIÓN MODELO CONCEPTUAL DE FLUJO

A partir de la información disponible y que se detalla en el presente
documento, fue posible construir de manea conceptual el

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comportamiento de flujo del agua lluvia que llega al terreno, el
cual se explica a continuación:

En los eventos de precipitación el agua lluvia discurre en el área de
estudio, parte del volumen de agua que llega a la superficie se infiltra
en el subsuelo hasta alcanzar el grado de saturación máxima del
material. La otra parte del volumen de agua es transportada por las
vaguadas a los cauces cercanos como son los de la Hondita y la Honda,
lo cual hace parte de la escorrentía directa.

Respecto al agua que se infiltra en el subsuelo, el volumen se divide en
caudal base de los cauces cercanos, donde dicho flujo se facilita debido
a la conductividad hidráulica de los materiales de la geología de
superficie, que en su mayoría son depósitos finos granulares, lo que
permite un flujo continuo hacia las corrientes hídricas. El volumen
restante es transportado al macizo rocoso fracturado, el cual tiene muy
poca capacidad de almacenamiento y que solo transporta el flujo a
través de sus fracturas.

En términos generales, debido a las disposiciones de las unidades
geomorfológicas, las vaguadas ofrecen un drenaje del sector, dada su
geomorfología cóncava, es un trayecto preferencial por donde el agua
de escorrentía y subsuperficial, naturalmente, discurre por ellas.

[…] 9. DICTAMEN PERICIAL

Dada la información disponible que hace parte del análisis, se
encontró que el flujo de agua que se encuentra en la zona de
estudio, hace parte del sistema de flujo sub-superficial, el cual
tiene relación directa entre la precipitación, vaguadas o cauces
cercanos y el suelo, situación que puede ser verificada con los
niveles freáticos reportados en los estudios de suelos.

El área de estudio, el barrio El Esmeraldal, se encuentra cercano a roca
metamórfica de baja conductividad hidráulica en matriz, pasando a un
perfil de meteorización que se conforma por depósitos aluviales y
antrópicos, con conductividad hidráulica y antrópicos, con conductividad
hidráulica moderada que facilita el drenaje subsuperficial a las corrientes
(quebradas) cercanas.

En la zona de estudio, predomina la geomorfología de vaguadas,
las cuales, permiten el drenaje (escurrimiento) en el sector a
través de escorrentía superficial, lo anterior hace parte que en
el área de estudio no se presente una recarga directa a un
acuífero, por lo que se considera que la zona es de bajo potencial
de recarga a un acuífero […]” (Destacado de la Sala).

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El informe pericial fue objetado por la parte demandante y por la

AMVA, motivo por el que el Tribunal requirió a la perito para que

presentara la respectiva aclaración, la cual allegó la respuesta el 25

de noviembre de 2019, de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] “2. Indicará la perito porque (sic) se limitó a evaluar unos estudios
de suelos y no estudios hidráulicos o hidrológicos, que realmente son los
que deberán determinar si el área es, o no, una zona de recarga”

El objeto de los estudios hidrológicos o hidráulicos es determinar
caudales máximos o de eventos extremos en una fuente hídrica
relacionada con la intensidad de precipitación de una determinada área,
teniendo en cuenta la escorrentía directa en la superficie del suelo, por
el contrario el estudio de suelos ofrece información del subsuelo, que
permite identificar si determinadas áreas son permeables o
impermeables, y el tipo de roca presente en el sitio, es decir si permiten
la filtración del agua, y además entrega información sobre las
variaciones de los niveles freáticos (presencia de agua en el suelo), por
tal razón, no es cierto que para determinar si es o no una zona de
recarga de acuífero se requiera analizar un estudio hidrológico o
hidráulico de la zona.

“3. Indicará la perito por qué utilizó los estudios de suelo de
constructores implicados en el caso como responsables de las
afectaciones ambientales: Proyecto Lyon, Tierra Grata, Brezzo Forrest,
en tanto que si ellos hicieron los estudios de suelo para construir esos
edificios, obviamente no iban a determinar que se iban a construir en
una zona de recarga de acuíferos”.

La perito presume la buena fe de los estudios de suelos realizados por
las constructoras de la zona y no tiene elementos materiales probatorios
para desvirtuar predicha buena fe; adicional esta información fue
solicitada por la perito al Tribunal Administrativo de Antioquia, y la
entidad aportó la información sin impedir el uso de esta información en
el dictamen pericial.

Se aclara a la parte actora que un estudio de suelo no tiene el objeto de
determinar si se va a construir en una zona de recarga de acuíferos.

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“4. Indicará la perito por qué dice que El Esmeraldal no es zona de
recarga de acuíferos cuando en la página 5 del dictamen dice que existe
una unidad acuífera denominada “El Acuíferos libre del Valle de Aburrá”
[…] y en la página 63 del dictamen se dice que “El Esmeraldal de
Envigado, se encuentra localizado sobre una unidad hidrogeológica que
es el “Acuíferos libre del Valle de Aburrá”. Es decir, porque (sic) según
esa información de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la
Universidad de Antioquia, Corantioquia y Cornare, se dice que la zona
hace parte de una unidad acuífera y la perito dice que no es zona de
recarga de acuíferos”.

“5. Dirá la perito por qué dice que El Esmeraldal no es zona de recarga
de acuíferos, cuando en la página 6 del dictamen indica “el barrio El
Esmeraldal, se encuentra ubicado en una zona de recarga directa (azul
oscuro) e indirecta (azul claro) del río Aburrá”.”

“6. Dirá la perito por qué dice que El Esmeraldal no es zona de recarga
de acuíferos, cuando en la página 6 del dictamen indica “se observa en
el mapa de Zonas de importancia hidrogeológica que El Esmeraldal se
ubica en un área de recarga […]”

De acuerdo con lo manifestado en las preguntas 4, 5 y 6, acorde a los
estudios realizados por las diferentes entidades, gran parte del Valle de
Aburrá se encuentra localizado en unidades hidrogeológicas, pero como
se señala en el documento del dictamen pericial “En el mismo estudio
se definen y delimitan las zonas de protección de las áreas de recarga.
Se observa en el mapa de zonas de importancia hidrogeológica que El
Esmeraldal se ubica en un área de recarga, cuya vulnerabilidad del
acuífero varía entre dos categorías: alta y despreciable. Cabe aclarar
que el mapa observado se encuentra en una escala con poco detalle
(1:250.000 aprox)”. Donde se resalta que “… los estudios realizados en
el sector no ofrecen un nivel de detalle suficiente que permita delimitar
de forma adecuada el potencial de carga en el polígono del barrio El
Esmeraldal.”

La perito realizó una revisión de los estudios realizados en la zona e
informa en el dictamen sobre la existencia de esta información, más
considerando que presenta una información a mejor escala de la zona y
con información primaria obtenida de los estudios de suelos de las
constructoras emite un concepto que contradice el concepto respecto a
la delimitación de la zona de recarga de acuíferos realizada por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y otras entidades, puntualmente para
la zona de estudio objeto de la pericia.

[…] “9. Dirá la perito por qué dice que El Esmeraldal no es una de recarga
de acuíferos cuando en el estudio de suelos del proyecto Lyon

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Apartamentos página 10 del dictamen, se dice “en el predio aflora un
depósito de vertiente”, indicará la perito que significa que en un predio
aflore un depósito de vertiente. […]”

[…] En respuesta a la aclaración requerida por la parte actora, el nombre
de la unidad de depósito de vertiente no sugiere en nada la presencia
de una zona de recarga de acuíferos ni constituye por sí solo una
evidencia de esto, se debe contemplar factores adicionales del territorio
debido a las características puntuales del sector.

“10. Indicará la perito por qué concluye, en la página 13 del dictamen
que en la localización del estudio Brezzo Forrest se observó nivel freático
y dice que parece ser que ellos se corresponde a aguas subsuperficiales
o accidentales provenientes de eventuales fugas en las redes de
servicios. ¿Por qué se concluye eso y no que se trata de una zona de
recarga de acuíferos?”

Primero es de aclararse que la presencia de nivel freático no sugiere que
la zona sea una recarga de acuífero, el nivel freático se presenta en
cualquier sitio que se evalué (sic), a distancias diferentes de la
superficie, y por ende se requiere analizar en conjunto con otras
características técnicas como la geología y geomorfología.

En el caso puntual mencionado del edificio Brezzo Forrest el análisis de
la parte de la profundidad del nivel freático, el cual se identifica a los 9m
con respecto a la superficie del terreno. Bajo solo este argumento no es
posible concluir que es una zona de recarga de acuífero, ya que es una
medida puntual, la cual no tiene registro de variación como mínimo en
un ciclo hidrológico, por lo cual su comportamiento parece corresponder
“… a niveles freáticos colgados originados por aguas subsuperficiales o
accidentales provenientes de eventuales fugas en las redes de servicios,
ya que entre los materiales descritos se presentó un marcado contraste
de ambientes de meteorización”.

“11. Explicará la perito por qué concluye que la zona de El Esmeraldal
no es una zona de recarga de acuíferos en el aparte 7.4. Geomorfología
de la zona, proyecto Lyon Apartamentos, página 15 del dictamen, se
describe la geomorfología como “refiere de montañas altas denudativas,
con pendientes largas, cóncavas no es un indicativo de que la zona es
propicia para ser recarga de acuíferos?”

La geoforma cóncava permite el direccionamiento de la escorrentía
superficial a través de una línea de flujo, lo que facilita el drenaje en la
zona, contrario a la acumulación de agua en un determinado sector; se
hace importante señalar que en el parágrafo también señala que “Está
cartografiado como una unidad de filos alargados en el Mapa de

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Unidades Geomorfológicas del POMCA La Ayurá.” Y las pendientes “…
del orden de 30 en la parte alta y disminuye a 15 o 20 ladera abajo.”,
pendientes que facilitan la escorrentía superficial.
[…]

“13. Explicará la perito por qué dice que el Esmeraldal no es una zona
de recarga de acuíferos cuando en la página 20 del dictamen se dice “En
el edifico Brezzo Forest se identificó … una roca metamórfica, de muy
baja actividad hidráulica en su matriz”. Esta afirmación indica que si
había actividad hidráulica o no?”

La matriz de la roca metamórfica presenta una conductividad hidráulica
casi nula, debido a las características del material rocoso. Por otro lado
el macizo rocoso presentía conductividad hidráulica secundaria,
relacionada con el flujo a través de las fracturas. Lo anterior permite
resaltar que los materiales del subsuelo como roca y suelo residual,
presentan algún grado de conductividad hidráulica, que para las
características del material es muy baja.

“14. Indicará por qué dice en la página 20 del dictamen en el aporte de
conclusión modelo conceptual de flujo que el agua del terreno es agua
lluvia. Indicará si le consta que esa agua que ella llama lluvia no proviene
de terrenos más arriba de El Esmeralda. Indicará de donde obtiene la
información de que esa agua es agua lluvia”.

Al llamarse modelo conceptual de flujo denomina que según los análisis
de información del dictamen pericial la perito emite un concepto, si bien
es claro para la parte actora como para el Tribunal Administrativo que
no cuenta la perito con los estudios precisos para comprobar que el agua
es lluvia y por eso es denominado conceptual, que se reitera se obtiene
del análisis de los tipos de suelo identificados en los estudios de suelos
y la geomorfología de la zona.

Además, si el agua presente en este sitio proviniera de terrenos mas
arriba no se estaría hablando de que el área de estudio sea una zona de
recarga de acuífero sino que lo mismo indicaría, como se reconoce en el
documento del dictamen pericial, la presencia de una unidad
hidrogeológica.

[…] “17. Indicará la perito por qué afirma que El Esmeraldal no es una
zona de recarga de acuíferos si en la página 21 del dictamen dice “por
lo que se considera que la es de bajo potencial, si se es (sic) o no es.”

A partir de la información disponible fue posible señal (sic) que “En la
zona de estudio, predomina la unidad geomorfológica de vaguadas, las
cuales, permiten el drenaje (escurrimiento) en el sector a través de

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escorrentía superficial, lo anterior hace que en el área de estudio no se
presente una recarga directa a un acuífero, por lo que se considera que
la zona es de bajo potencial de recarga a un acuífero.” […]”.

Se observa que, conforme a lo informado por el AMVA el 22 de mayo

de 2017, la zona del Esmeraldal está ubicada sobre un área

clasificada como de recarga directa de acuíferos, afirmación que

contrasta con lo dicho en el dictamen pericial practicado, en el cual

se concluyó que en la zona objeto de estudio predomina la

geomorfología de vaguadas, lo que permite el drenaje a través de

escorrentía superficial, circunstancia que la llevó a concluir que en la

Loma del Esmeraldal no existe una recarga directa de acuífero.

Se trata entonces de dos opiniones técnicas: el concepto del AMVA,

por una parte, y el concepto de la perito, por la otra, a partir de los

cuales se llega a conclusiones disímiles frente a la misma porción del

territorio municipal, el sector de El Esmeraldal, lo cual pone en

evidencia la falta de certeza científica sobre el carácter de recarga

acuífera directa de la referida zona municipal.

En este punto de la discusión, resulta útil acudir a la Resolución

núm. 3368 de 18 de diciembre de 2019, por medio de la cual se

adoptó el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá-

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PMAA, expedida de manera conjunta por parte del AMVA,

CORANTIOQUIA y CORNARE, la cual en el artículo 5º señaló la

clasificación de las potenciales zonas de recarga en el Valle de

Aburrá, así:

“Artículo 5º. CLASIFICACIÓN DE LAS POTENCIALES ZONAS DE
RECARGA EN EL VALLE DE ABURRÁ. Adoptar la siguiente clasificación
para las zonas de recarga del acuífero del Valle de Aburrá:

Zonas de recarga directa: son aquellas donde el acuífero aflora,
asociadas al Acuífero Libre del Valle de Aburrá, se encuentra sobre la
llanura de inundación del río Aburrá – Medellín.

Zonas de recarga indirecta: subdivididas en tres categorías, de
acuerdo a su potencial para facilitar la infiltración del agua desde la
superficie y su transferencia al sistema acuífero, entendido como zona de
recata indirecta alta aquella cuyo potencial es alto, debido a las
condiciones físicas que las describen y, zonas de recarga indirecta media
y baja, aquellas donde el potencial para la transferencia del flujo del agua
hacia la recarga es de menor magnitud; zonas que se describen a
continuación:

• Zonas de recarga indirecta alta: se encuentran donde se presenta la
conjugación de áreas geomorfológicamente adecuadas para el
almacenamiento temporal en superficie; representando polígonos
dispersos y remotos, dispuestos sobre suelos principalmente rurales y de
áreas reducidas dentro de la cuenca.

• Zonas de recarga indirecta media: se presentan principalmente
asociadas a áreas geomorfológicamente adecuadas para el
almacenamiento temporal en superficie, existencia de perfiles de
meteorización, permeabilidad media y patrones estructurales con algún
componente favorable al flujo en dirección a algunas unidades acuíferas
vecinas; localizándose tanto en suelos urbanos, como suburbanos y
rurales, que cubren una mayor área de la cuenca.

• Zona de recarga indirecta baja: corresponden a áreas
geomorfológicamente adecuadas para el almacenamiento temporal en
superficie, con perfiles de meteorización con permeabilidad baja y
patrones estructurales con algún componente favorable al flujo en
dirección a unidades acuíferas vecinas; ubicadas sobre suelos urbanos,
suburbanos y rurales”.

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Por su parte, el documento técnico PMAA que hace parte integrante

del mismo, se refirió al contexto sobre el acuífero y las zonas de

recarga del Valle de Aburrá en los siguientes términos:

“[…] El nivel de conocimiento alcanzado desde el año 2002, a partir de la
realización de los distintos estudios y el monitoreo continuo desde el año
2010, de las captaciones pertenecientes al proyecto Red Río del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, ha permitido conocer las
características del sistema acuífero del Valle de Aburrá y establecer la
distribución de las unidades hidrogeológicas que lo conforman, así como
el estado actual del recurso hídrico que almacenan, en términos de oferta
y calidad, y la delimitación de zonas por donde se estaría presentando la
recarga de estas unidades; conforme su potencialidad para permitir el
ingreso y flujo de agua hacia el acuífero, incluyendo los provenientes de
zonas mas distantes que constituirán los denominados flujos regionales.

El sistema acuífero para el Valle de Aburrá comprende la identificación de
tres unidades hidrogeológicas, denominadas: Acuífero libre, Acuífero
semiconfinado y el asociado a la Dunita de Medellín; este ultimo difiere
de los dos primeros en el sentido que no corresponde a una unidad
constituida por depósitos de suelos poco consolidados que albergan agua
en función de su porosidad, como los asociados a la llanura de inundación
del río Aburrá; sino a un medio rocoso con condición de pseudokarst, que
podría albergar agua entre sus grietas (AMVA & Universidad de Antioquia,
2013).

En este sentido, y dadas las condiciones físicas de la cuenca, las zonas
con mayor potencial para propiciar la recarga se disponen sobre las cotas
bajas, cercanas al eje fluvial del río Aburrá – Medellín, donde están
localizados los depósitos aluviales y los depósitos de vertiente; los cuales,
por sus características hidráulicas, hacen propicio el flujo del agua a través
de ellos, correspondiendo así a la unidad acuífera mas cercana a la
superficie (Acuífero libre). Estas mismas características de planicie, han
hecho que estas zonas sean las mas apetecidas para el establecimiento
de los núcleos de desarrollo urbano e industrial; intervención que se
asocia con la pérdida de las funciones naturales de la zona no saturada y
del acuífero, por impermeabilización o remoción del material y la
consecuente afectación del recurso hídrico subterráneo como producto de
las actividades antrópicas asociadas.

En el mapa de la figura 1 se observa la configuración de las zonas de
recarga del acuífero del Valle de Aburrá, definido por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá y la Universidad de Antioquia en 2013; donde se

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aprecia igualmente la capa de suelo actualmente impermeabilizado, que
ha modificado las características de infiltración y capacidad de recarga de
estas zonas. Un ejercicio simple de cálculo, realizado a partir de la
superposición de la malla urbana del año 2015 sobre las zonas de recarga
directa, considerando la evaluación de la magnitud de la recarga potencial
obtenida mediante balance hídrico; permitió estimar un volumen
aproximado de 20.1 millones de metros cúbicos de agua que anualmente
se estaría dejando de recargar al acuífero libre por efecto de la
impermeabilización de las zonas de recarga directa en la zona urbanizada.
Cabe recordar que, según los cálculos de actualización de oferta, se
estimó que el volumen de recarga potencial directa en las zonas, que aun
no han sido intervenidas, impermeabilizadas o removidas; sería del orden
de 36.1 millones de metros cúbicos al año.

[…]

[…]”

De la clasificación hecha en el mencionado instrumento de

ordenamiento territorial, se observa que los tipos de recarga de

acuíferos que existen a lo largo del Valle de Aburrá son diversos,

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varios de los cuales se encuentran ubicados en el MUNICIPIO, como

se puede apreciar en la anterior imagen, en la que claramente se

distingue la presencia de zonas de recarga directa e indirecta de

importancia media en el ente territorial, hecho ante el cual esta Sala

no puede ser indiferente, pues aun cuando no existe certeza sobre

en cuál de dichas zonas está ubicada la Loma del Esmeraldal, lo cierto

es que sí hay evidencia de que el territorio cuenta con una alta

presencia de recarga acuífera.

Ahora bien, al no existir certeza científica acerca de si el sector de El

Esmeraldal, específicamente, tiene el carácter de recarga acuífera, ni

sobre cuál es la procedencia del cuerpo de agua encontrado en

inmediaciones del predio donde se construyó el proyecto urbanístico

Areka y, aun así, constatar que se ha permitido el avance e inicio de

antiguos y nuevos proyectos constructivos, sin adoptar las medidas

de conservación o mitigación pertinentes, resulta claro que se está

ante un alto riesgo de pérdida de lo que podría ser un recurso natural

acuífero, además del peligro que ello comporta para la población

asentada en el sitio.

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En tales circunstancias, resulta imperativo atender al “principio de

precaución” que la Sala50 ha mencionado en diversas oportunidades

como aquel en virtud del cual “[…] cuando exista peligro de daño

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces

para impedir la degradación del medio ambiente […]”. La Sala ha

dicho que:

“[…] El principio de precaución pone de manifiesto la actual
imposibilidad de exigir a las autoridades la certeza absoluta sobre
el carácter dañino de una actividad, producto o tecnología como
presupuesto para su prohibición o regulación restrictiva. Por este
motivo, su reconocimiento supone, tal como lo proclama el artículo
1.6 de la ley 99 de 1993, que cuando exista peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente… El
principio de precaución releva entonces a las autoridades de la
habitual exigencia de plena prueba de los perjuicios que conlleva
una determinada actuación como presupuesto para su limitación,
suspensión o interdicción y habilita y legitima la intervención de los
poderes públicos en ámbitos de incertidumbre. De este modo, ante
la magnitud de los riesgos envueltos en el desarrollo de
determinadas actividades, encierra la sustitución del tradicional
criterio pro libertate por el criterio pro natura, en tanto autoriza la
limitación de la propiedad y de las libertades económicas con base
en la sospecha fundada de una potencial afectación severa de
intereses colectivos como el medio ambiente o la salubridad
pública. De aquí su especial relevancia tanto en la definición de la
regulación y de las políticas públicas ambientales, como en la
decisión preliminar o definitiva de controversias judiciales. A pesar
de no figurar expresamente en el texto constitucional, el principio
de precaución forma parte esencial de la Constitución Ecológica y

50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 5 de febrero de 2015, expediente núm.
85001-23-33-000-2014-00218-01(AP).

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como tal debe vertebrar las decisiones que adoptan en esta materia
las autoridades pertenecientes a las distintas ramas del poder
público… el principio de precaución de ningún modo puede dar
lugar a determinaciones arbitrarias, apresuradas o ligeras. Como
cualquier decisión pública en un Estado de Derecho, las medidas
que se adopten en el marco de este principio deben ser razonables
y proporcionadas, y deben contar con un sustento mínimo que
impida la adopción de resoluciones caprichosas o injustificadas
[…]”.

Por su parte, la Corte Constitucional51 al estudiar la exequibilidad de

los artículos 1o., numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo

3o. (parcial), de la Ley 99, que prevén el principio de precaución,

señaló lo siguiente:

“Al leer detenidamente el artículo acusado, se llega a la
conclusión de que, cuando la autoridad ambiental debe tomar
decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño
grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer
de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en
desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de
toda posibilidad de arbitrariedad o capricho.

Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los
siguientes elementos :

1. Que exista peligro de daño;

2. Que éste sea grave e irreversible;

3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea
ésta absoluta;

51 Corte Constitucional, sentencia C-293 de 2002.

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4. Que la decisión que la autoridad adopte esté
encaminada a impedir la degradación del medio
ambiente.

5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.

[...]

4.2 En cuanto hace a la aplicación del principio de
precaución para la preservación del medio ambiente por
los particulares, ha de entenderse que el deber de protección
a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado, dado
que lo que está en juego es la protección ambiental de las
generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras.
Por ello, el compromiso de proteger el medio ambiente es
responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra
a los Estados, trasciende los intereses nacionales, y tiene
importancia universal.

En el ámbito nacional, se trata de una responsabilidad
enmarcada expresamente por la Constitución como uno de los
deberes de la persona y del ciudadano, al que se refiere el
artículo 95, así:

“Artículo 95.

“(...)

“Son deberes de la persona y del ciudadano:

“8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano; “

Por ello, la mención que el artículo acusado hace de los
particulares, debe considerarse como la obligación que
ellos tienen de tomar las medidas de precaución, cuando
exista peligro de daño grave e irreversible al medio
ambiente, aún en el caso de que el particular no tenga la
certeza científica absoluta de que tal daño se produzca.”
(Las negrillas con subrayas son de la Sala)

Obsérvese que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en su

análisis de exequibilidad de las normas que prevén el principio de

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precaución, precisó que la aplicación del mismo es exigible tanto a

las autoridades públicas como a los particulares, quienes no pueden

excusarse en la falta de certeza científica absoluta para abstenerse

de adoptar medidas tendientes a proteger el medio ambiente ante el

peligro de sufrir daños graves e irreversibles.

Ahora bien, en cuanto al concepto de “falta de certeza científica

absoluta” que permite aplicar el principio de precaución, la Corte52

ha señalado que:

“5.1.8.1. Una primera cualificación se refiere al umbral de
aplicación. La sola existencia de potencial de daño en una actividad
humana no puede ser la justificación para prohibirla,[112] se
requiere algún nivel de riesgo para entrar a aplicar el
principio de precaución. Por ese motivo el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas, rechazó las medidas
fundamentadas en “una concepción del riesgo puramente
hipotética”.[113] En relación con la evaluación de riesgos, y para
excluir riesgos puramente hipotéticos, el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas propone considerar dos
elementos: el grado de probabilidad y la gravedad de los
efectos potenciales.[114] En un caso como el que plantea esta
tutela, el grado de probabilidad se refiere a la probabilidad de que
una persona sufra efectos adversos por la exposición al glifosato,
mientras que la gravedad se refiere a si los efectos son leves o
graves. Ambos elementos son relevantes, pues un daño
particularmente grave puede dar lugar a estrictas medidas
de precaución aún ante una probabilidad de ocurrencia muy
baja, como ocurre con las medidas de seguridad en la energía
nuclear o en el transporte aéreo.

5.1.8.2. Por otra parte, se debe tener en cuenta el grado de
certidumbre. Si bien el principio de precaución se aplica frente a
la incertidumbre y ha sido considerado por la Corte como una
alternativa de acción “frente al principio de certeza

52 Corte Constitucional, sentencia C-236 de 2017.

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científica”,[115] este requiere una aproximación realista hacia las
posibilidades de certeza. En la ciencia no hay tal cosa como
certeza absoluta: hay teorías soportadas por la evidencia y por
el consenso científico que pueden eventualmente ser falseadas y
remplazadas por nuevas teorías que atraigan un nuevo consenso.
Actuar bajo el supuesto de que existe tal cosa como la
‘certeza absoluta’ puede llevar a los jueces a cometer dos
errores opuestos. Por un lado, pueden adoptar decisiones
apresuradas al amparo de un solo estudio científico sin
verificar si dicho estudio ha sido validado por la comunidad
científica y si está respaldado por experimentos replicables. Por
otro lado, pueden abstenerse de tomar decisiones bajo la
justificación de que no hay consenso o hay contradicciones,
aguardando un ideal inalcanzable de verdad. Ambas decisiones
pueden ser igualmente lesivas para el orden constitucional.

5.1.8.3. En tercer lugar, debe establecerse cómo se fijará el nivel
de riesgo aceptado. Las decisiones internacionales sobre el
principio de precaución han considerado la fijación del nivel de
riesgo aceptado como un asunto de discrecionalidad política que
corresponde ejercer a las autoridades reguladoras. Sin embargo,
tal discrecionalidad política no es aceptable para la imposición de
medidas por parte de los jueces, que deben realizar sus funciones
con apego al imperio de la ley. En ese sentido la jurisprudencia
debe establecer parámetros claros de actuación para fijar el nivel
de riesgo aceptado cuando se esté en el escenario de imponer
medidas de origen judicial con base en el principio de precaución.

5.1.8.4. En cuarto lugar, en caso de considerar que hay mérito para
una intervención judicial, se debe considerar qué tipo de
medidas deben ordenarse. En el caso Salas Dino, por ejemplo, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina adoptó una
prohibición de tala de bosques junto con una obligación de realizar
estudios de impacto.[116] Este ejemplo indica la necesidad, no
solo de prohibir una actividad sino de recabar información
más completa para establecer objetivamente el nivel de
riesgo. Por otra parte se debe considerar que la prohibición
completa de una actividad es la orden más extrema que puede
adoptarse, por lo cual no siempre será compatible con el principio
de proporcionalidad. Puede que en ciertos casos sea adecuado
suspender actividades o solicitar que se disminuyan o se
ejecuten bajo condiciones específicas, en lugar de
prohibirlas de manera absoluta.

5.1.8.5. En quinto lugar se debe tener en cuenta la necesaria
provisionalidad de las medidas adoptadas con fundamento

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en el principio de precaución. En este sentido la
jurisprudencia debe proveer parámetros para que los
jueces, al adoptar medidas de precaución, establezcan el
plazo o la condición bajo la cual cesan dichas medidas.

[...]
5.2. Jurisprudencia constitucional sobre el principio de
precaución

5.2.1. El principio de precaución ha sido invocado en múltiples
sentencias de la Corte Constitucional como fundamento de distintos
tipos de decisión. En algunos casos ha sido usado como ayuda
retórica para fortalecer la argumentación de una sentencia con
implicaciones en la protección del medio ambiente.[117] En otros
casos la Corte ha avalado la incorporación de este principio al
ordenamiento interno por medio de tratados o leyes.[118] En otros,
el principio ha servido para adoptar medidas concretas respecto de
una determinada actividad.[119] Sin embargo en esos casos la
jurisprudencia no ha sido uniforme en relación con el umbral de
evidencia exigido para actuar frente a un riesgo, ni en cuanto al
remedio judicial adecuado para hacer frente a ese riesgo.

[...]

5.2.6. En este sentido, es posible agrupar los anteriores
pronunciamientos de la Corte sobre el principio de precaución en
cinco líneas jurisprudenciales distintas:

(i) El principio de precaución como norma compatible con el derecho
nacional colombiano.

(ii) El principio de precaución como norma que faculta a las autoridades
para actuar.

(iii) El principio de precaución como norma aplicable por los
jueces para imponer deberes a las autoridades y a los
particulares.

(iv) El principio de precaución como regla interpretativa.

(v) El principio de precaución como regla de apreciación probatoria.

[...]

5.2.9. La tercera línea jurisprudencial considera el principio de
precaución como una norma aplicable por los jueces para imponer

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deberes a las autoridades y a los particulares. En esta línea se
incluyen tanto sentencias de tutela como sentencias de control
abstracto, en las que la Corte ha determinado distintos deberes de
acción frente a determinados riesgos. El primer deber que ha
considerado la Corte es un deber de controlar razonablemente el
riesgo. En algunos casos la Corte ha considerado la regulación
existente y ha determinado que esta ha identificado el riesgo, ha
establecido razonablemente el nivel de riesgo aceptable y lo ha
controlado también razonablemente. [...]

5.2.10. La cuarta línea jurisprudencial trata el principio de
precaución como una regla interpretativa que permite solucionar
conflictos normativos. Esta regla se ha expresado con la máxima in
dubio pro ambiente y ha llevado a la Corte a condicionar la
exequibilidad de normas mineras para evitar daños al medio
ambiente[159] y a preferir el ambiente cuando se presenta una
tensión normativa entre los valores constitucionales del medio
ambiente y del desarrollo.[160]

5.2.11. Finalmente, una quinta línea jurisprudencial aplica el
principio de precaución como regla de apreciación
probatoria que permite al juez tomar una decisión ante la
incertidumbre presente en un proceso. Ha dicho la Corte que
en estos escenarios el principio de precaución “produce una
inversión de la carga de la prueba” en relación con el daño
ambiental.[161] En casos concretos la Corte ha sostenido que
el juez civil no debe tener certeza sobre el daño y el nexo de
causalidad para ordenar medidas de restauración y
protección,[162] y que el juez de tutela puede usar este
principio cuando existe una contradicción en el material
probatorio sobre la existencia de un riesgo para la salud
humana.[163]”

La citada jurisprudencia de la Corte Constitucional ofrece suficientes

criterios orientadores para concluir que el concepto de “falta de

certeza científica absoluta”, que permite aplicar el principio de

precaución, constituye una herramienta tanto para las autoridades

administrativas como judiciales para evaluar, con fundamento en una

información más completa, la posibilidad de daño o “controlar

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razonablemente el riesgo” en el que se encuentren los bienes

jurídicos tutelados, como lo es en este caso, el medio ambiente en

relación con los recursos naturales hídricos.

En efecto, el criterio de “falta de certeza científica absoluta” , en

palabras de la Corte Constitucional, impide tomar “decisiones

apresuradas al amparo de un solo estudio científico sin verificar

si dicho estudio ha sido validado por la comunidad científica y si está

respaldado por experimentos replicables”, criterio este que resulta

orientador de la labor judicial, especialmente como “regla de

apreciación probatoria que permite al juez tomar una decisión

ante la incertidumbre presente en un proceso”.

Ahora bien, como pudo verse en la recopilación del material

probatorio aportado al proceso, en el caso que ocupa la atención de

la Sala, se advierte incertidumbre, por lo menos, en cuanto a dos

puntos: i) si el cuerpo hídrico encontrado en inmediaciones del

proyecto Areka es o no un nacimiento y ii) si el Esmeraldal es una

zona de recarga acuífera directa. Ello, por cuanto en el Informe

técnico núm. 130AS-1312-12836 de 31 de diciembre de 2013,

elaborado por CORANTIOQUIA, que, en lo pertinente, se trae

nuevamente a análisis, se dijo lo siguiente:

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“A fin de determinar la naturaleza de las aguas que brotan
en el talud donde se emplaza el proyecto urbanístico Areka,
se realizó una visita al sector donde se lleva a cabo la obra.
[...]

En términos generales, el sitio de interés, a nivel
geomorfológico se emplaza en una ladera de pendiente
variable de moderada a alta, con algunas zonas de
pendiente suave. Esta zona ha estado sujeta a un urbanismo
acelerado, lo cual dificulta evidenciar la expresión
morfológica de un cauce o drenajes asociados al brote de
agua que se observa actualmente en el sitio objeto de la
inspección.

De acuerdo con el análisis efectuado al informe técnico
130041 de 2 de febrero de 2013, emitido por la alcaldía de
Envigado y presentado a Corantioquia en diciembre de
2013, con radicado 1312-3480 del 26 de diciembre de 2013,
y dado que no se logró tener una evidencia clara para
determinar que dicho brote de agua corresponde a un
nacimiento, se plantearon las siguientes hipótesis o
posibles causas asociadas al flujo observado:

1. Presencia de un acuífero en el sector. Para verificar si se
trata de un acuífero, se deben revisar los registros de
perforación del estudio de suelos y construir las respectivas
secciones estratigráficas. Así mismo, se deben investigar los
respectivos estudios hidrológicos e hidrogeológicos,
efectuados en el área (si estos existen) y realizar una
fotointerpretación detallada de las fotografías aéreas
disponibles para el valle de Aburrá en el IGAC y Catastro
Municipal para diferentes años, a fin de realizar un análisis
multitemporal de la evolución geomorfológica del sector. Cabe
mencionar, que la presencia de acuíferos en muchos casos, se
detectan al momento de efectuarse una excavación, a menos
que se tengan estudios hidrogeológicos detallados que confirmen
la presencia de estos en el sitio.
[...]
RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la constructora Cuadra, ejecutora del proyecto
urbanístico Areka, realizar un monitoreo continuo del afloramiento
de agua a fin de evaluar su comportamiento en épocas secas y
épocas invernales, que permita realizar las debidas comparaciones.

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Así mismo, se requiere por parte del Municipio de Envigado
un diagnóstico geológico basado en las observaciones de
campo o monitoreo del flujo en diferentes épocas del año, y
un análisis detallado de la información disponible:
topografía IGAC, fotos áreas de diferentes años, imágenes
de satélite, estudios hidrológicos e hidrogeológicos (si
existen), del que se deriven conclusiones más aproximadas
relacionadas con el origen de dichas aguas y se descarten
que las mismas estén asociadas a un nacimiento afluente de
la quebrada Minahonda.

Una vez se descarte esta posibilidad basado en un análisis
mejor fundamentado, el fenómeno observado podrá
atribuírsele a un abatimiento del nivel freático por efectos
de la excavación.

Adicionalmente, en el Oficio núm. 0156SE-201630111825 de 16 de

agosto de 2016, la EPM informó que el agua que discurre por el

proyecto Areka no corresponde a aguas lluvias.

Es decir, que tanto del informe de CORANTIOQUIA como del de

EPM bien podría concluirse que si el cuerpo de agua encontrado en

el proyecto Areka no corresponde a aguas lluvias o de escorrentía

podría ser un nacimiento, lo cual debe corroborarse con estudios

hidrogeológicos, excavaciones e imágenes de satélite, entre

otras, como lo indicó dicha autoridad ambiental; pero,

justamente, ante la ausencia de tales estudios, no es posible

tener la certeza del carácter de “nacimiento” en este proceso.

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Y, en lo que tiene que ver con el carácter de recarga acuífera del

Esmeraldal, en Memorando de 22 de mayo de 2017, el AMVA indicó

que:

“En el mapa que se presenta a continuación, es posible
observar la ubicación de la Loma del Esmeraldal y la
distribución especial de las zonas de recarga del Valle de
Aburrá, encontrando que, según esta información, la zona
en cuestión se encontraría despuesta sobre una zona
clasificada como de recarga directa.

[...] se recomienda no intervenir completamente las áreas
correspondientes a las zonas de recarga directa sino
mantener algunos polígonos de suelo libres de intervención,
con el fin de que en ellos sea posible adelantar medidas de
protección con los que favorezca la dinámica ecosistémica.
Otras alternativas de construcción sostenible para estas
áreas, se presenta de manera anexa a este documento”

Al tiempo que el dictamen pericial señala que:

“los estudios realizados en el sector no ofrecen un nivel de
detalle suficiente que permita delimitar de forma adecuada
el potencial de recarga en el polígono del barrio El
Esmeraldal.
[...]
En la zona de estudio, predomina la geomorfología de
vaguadas, las cuales, permiten el drenaje (escurrimiento)
en el sector a través de escorrentía superficial, lo anterior
hace parte que en el área de estudio no se presente una
recarga directa a un acuífero, por lo que se considera que la
zona es de bajo potencial de recarga a un acuífero”.

En tales circunstancias de incertidumbre, en lo cual se insiste, el

Tribunal encontró que de acuerdo con la experticia de las autoridades

ambientales CORANTIOQUIA y AMVA, en lo que tiene que ver con

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la falta de certeza sobre el carácter de recarga acuífera del

Esmeraldal, es necesario realizar estudios para tomar decisiones en

materia constructiva, pues, una vez impermeabilizado el suelo,

se hace nula la capacidad de recarga del mismo. El a quo agregó,

con base en las pruebas, que tampoco existen estudios serios que

permitan determinar que el cuerpo de agua encontrado en el

proyecto Areka no es un nacimiento, pues existe contradicción

entre lo concluido en el dictamen pericial y el informe y

recomendaciones de CORANTIOQUIA sobre el mismo punto.

Todo lo anterior evidencia que el análisis hecho en el fallo de primera

instancia responde a los lineamientos señalados por la jurisprudencia

tanto de la Corte Constitucional como de esta Sala, en cuanto a la

aplicación del principio de precaución, pues es clara la falta de

certeza científica absoluta frente a la existencia de un nacimiento de

agua y el carácter de recarga acuífera del Esmeraldal, en razón de

la contradicción que se presenta entre las pruebas aportadas

al expediente. De manera que, dicho concepto orientador le fue útil

al a quo i) en términos de evitar tomar decisiones apresuradas, con

base en un solo estudio científico, como el dictamen pericial, y ii)

como regla de apreciación probatoria ante la incertidumbre procesal,

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conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la

jurisprudencia aludida.

Adicionalmente, las medidas adoptadas en la parte resolutiva de la

sentencia recurrida son provisionales y dependen de la realización de

los estudios correspondientes, para lo cual se estableció un plazo

específico, tal como lo requiere la Corte en la sentencia de

constitucionalidad cuyos apartes se transcribieron en precedencia.

Por lo tanto, no le asiste razón a la constructora recurrente cuando

acusa de imprecisa la interpretación que hizo el a quo del principio

de precaución, pues, se reitera, éste fue aplicado ante la

incertidumbre probatoria, con miras a evitar decisiones apresuradas

y en aras de evitar un peligro grave e irreversible de los recursos

naturales.

Por lo expuesto, la Sala estima que en este caso no es necesario que

se demuestre plenamente que las aguas encontradas en el predio

Areka son, efectivamente, del tipo “nacimiento” protegido por la

legislación ambiental, ni que la zona de El Esmeraldal se encuentre

ubicada en un sector de recarga acuífera directa para que proceda el

amparo decretado, pues existen suficientes elementos de juicio que

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permiten concluir que tanto el recurso hídrico como la población que

habita la zona se encuentran bajo amenaza o en peligro grave e

irreversible, habida cuenta que el primero, podría desaparecer por

cuenta de las construcciones y, la segunda, por los niveles medios y

altos de deslizamientos en masa, lo cual, se reitera, hace

imprescindible la aplicación del principio de precaución.

Así lo entendió el a quo al amparar los derechos colectivos invocados

en la demanda, ordenando a las entidades demandadas la realización

de los estudios técnicos tendientes a establecer no solo la naturaleza

de las aguas encontradas en el predio Areka sino también tendientes

a confirmar o descartar la zona de El Esmeraldal como de descarga

acuífera, decisión que merece ser confirmada a la luz de lo probado

en el caso, que deja en evidencia la omisión de las autoridades

demandadas en cuanto a sus funciones urbanísticas y de ordenación

del territorio, concretamente las previstas en los artículos 3°, 5° y 8°

de la Ley 388 de 1997 para los Municipios y Áreas Metropolitanas.

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V.4.3.- De las competencias del AMVA para concurrir con EL

MUNICIPIO al cumplimiento de las órdenes que le fueron

dadas en la sentencia apelada.

El AMVA, alega que no es competente para acompañar al

MUNICIPIO en la realización de los estudios técnicos que le ordenó

el Tribunal en aras de determinar si el sector del Esmeraldal

constituye o no área de protección forestal, zona de recarga acuífera

directa y, en consecuencia, si en el mismo se encuentran áreas de

ronda.

La autoridad recurrente estima que el problema jurídico en el

presente asunto tiene que ver con los asentamientos poblacionales

indebidos, lo cual desborda sus competencias en materia ambiental

y sólo puede endilgarse al MUNICIPIO por ser el responsable de los

asentamientos humanos y urbanismo dentro de su jurisdicción.

Dichas afirmaciones no son de recibo para la Sala, habida cuenta de

que la situación fáctica que plantea el caso concreto guarda relación

con la presencia de aguas en la Loma de El Esmeraldal, las cuales, a

juicio del a quo, podrían dar lugar a que la zona sea calificada como

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de protección forestal o de recarga acuífera una vez se realicen los

estudios técnicos necesarios para confirmar o descartar tal hipótesis.

Al respecto, la Sala aclara que, aún cuando la realización de obras

urbanísticas en la zona cuya naturaleza jurídica se discute, podría

tener consecuencias sobre los asentamientos humanos que ahí se

encuentran, lo cierto es que la conducta que el Tribunal analizó como

lesiva de los derechos colectivos invocados como vulnerados fue la

ausencia de estudios técnicos previos al otorgamiento de licencias de

construcción por parte del Municipio, omisión con la cual pudo poner

en peligro los recursos naturales hidrológicos o zonas que merecen

protección forestal.

En últimas, en la sentencia apelada el a quo requiere del

MUNICIPIO que se determine técnicamente cuál es la naturaleza o

tipo de zona que caracteriza la Loma del Esmeraldal, para lo cual

dicho ente territorial debe, con ayuda del AMVA, adelantar los

estudios correspondientes.

Ahora bien, para establecer si el AMVA debe o no, según sus

competencias, acompañar al MUNICIPIO en el cumplimiento de la

orden dada por el Tribunal, se tiene lo siguiente:

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El ACUERDO METROPOLITANO 10 de 14 de junio 2013 53,

establece en cuanto a las competencias de dicha autoridad en

materia de ordenamiento territorial de los municipios que le son

parte y en materia ambiental en zona rural y urbana, lo siguiente:

“ARTÍCULO 5o. OBJETO. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá
tiene como propósito general gestionar el desarrollo conjunto de
los municipios que la conforman, buscar el bienestar humano
social y cultural con base en el ordenamiento territorial, el
compromiso con el ambiente, los recursos naturales y la reducción
de las desigualdades; trabajar por el mejoramiento de la calidad
de vida de toda la población metropolitana, con el fin -dé contribuir
al desarrollo departamental y nacional.”

“ARTÍCULO 6o. COMPETENCIAS. Son competencias del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, sin perjuicio de las que le sean
conferidas por disposición legal, las siguientes:
[…]
d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas
sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones
específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios
de la jurisdicción, con el fin de promover y facilitar la armonización
de sus Planes de Ordenamiento Territorial […]”.

“ARTÍCULO 7o. FUNCIONES. Son funciones del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá además de las conferidas por otras
disposiciones legales, las siguientes:
[…]
k) Ejercer las funciones y competencias de autoridad
ambiental en el perímetro urbano de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993 […]”.

“ARTÍCULO 38o. ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LA JUNTA
METROPOLITANA. La Junta Metropolitana tendrá las siguientes
atribuciones básicas:
[…]
d) Recursos naturales, manejo y conservación del
ambiente.

53 “Por medio del cual se modifican y adoptan los estatutos del Área Metropolitana del Valle

de Aburrá”.

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1. Ejercer la gestión ambiental integral en su jurisdicción,
para el efecto concertará, celebrará convenios, contratará con los
municipios o con entidades públicas o privadas y desarrollará los
programas y proyectos que materialicen un manejo integral del
medio ambiente y su interrelación con los procesos de
planificación económica, social y física; en cumplimiento del
ejercicio de la autoridad ambiental y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993 o las normas que la
modifiquen […]” (Resaltado de la Sala).

Las normas son claras en cuanto establecen precisas funciones y

competencias del AMVA, como autoridad ambiental de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, particularmente

en cuanto al acompañamiento a los municipios que la

conforman en materia de orientaciones específicas para el

ordenamiento del territorio.

La Sala advierte que dichas funciones y competencias están en

cabeza del AMVA en virtud del Acuerdo Metropolitano mencionado,

por medio del cual adoptó sus estatutos.

Precisado lo anterior, se tiene que en el caso examinado no existe

lugar a duda alguna de las obligaciones que, como autoridad

ambiental en zona rural y urbana, le corresponden al AMVA en virtud

del Acuerdo Metropolitano 10 de 14 de junio de 2013, las cuales le

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permiten concurrir con el MUNICIPIO al cumplimiento de las

órdenes dadas en el fallo impugnado.

Adicionalmente, la Sala54 ha fijado los alcances del principio de

colaboración establecido en el artículo 288 de la Constitución Política,

en los siguientes términos:

“[…] Finalmente, en virtud de la magnitud de la reubicación y de
los elementos que se deben conjugar para alcanzar este propósito,
resulta pertinente acudir a la colaboración armónica entre el sector
central y las entidades territoriales, de conformidad con los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad (artículo
288 de la Constitución). Vale la pena recordar que, en términos
generales, el principio de subsidiariedad significa, por una parte,
que el Estado no requiere intervenir cuando los individuos se
basten a sí mismos. El apoyo del Estado se requiere allí en donde
se hace imposible o demasiado difícil poder satisfacer de manera
eficaz las necesidades básicas, es decir, sólo cuando la entidad
territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma
independiente, puede apelar niveles superiores (el Departamento
o la Nación) para que estos asuman el ejercicio de esas
competencias; por su parte, el principio de coordinación juega un
papel trascendental en el correcto y efectivo funcionamiento de la
administración pública, toda vez que implica una comunicación
constante entre los distintos niveles para armonizar aquellos
aspectos relacionados con la protección de los derechos (ya sean
individuales o colectivos) y con el efectivo cumplimiento de las
metas sociales del Estado. Así lo reconoce, además, el artículo 6º
de la Ley 489 de 1998, en cuanto señala que “[e]n virtud del
principio de coordinación y colaboración, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares”; finalmente, el

54Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 18 de mayo de 2017, EXPEDIENTE
núm. 13001-23-31-000-2011-00315-01.

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principio de concurrencia, implica un proceso de participación entre
la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas
intervengan en el diseño y desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización
efectiva de principios también de rango constitucional, como por
ejemplo el de descentralización y autonomía Por lo tanto, bajo el
amparo de los principios constitucionales mencionados y de las
normas de rango legal que los han desarrollado (Ley 489 de 1998
y Ley 1454 de 2011), resulta procedente que la Nación apoye,
desde sus competencias, al Distrito de Cartagena en el
cumplimiento de la orden de reubicación impartida. Asimismo, este
ineludible actuar coordinado entre el sector central y el Distrito de
Cartagena, se ve plenamente justificado en tratándose de acciones
populares, toda vez que, reitera la Sala, por su naturaleza y
finalidad de proteger y garantizar derechos e intereses colectivos,
no se trata propiamente de una contención, por lo que resulta
imperioso la actuación y el concurso de todas las autoridades, de
ser necesario, y en todo caso en el marco de sus competencias.
Cabe resaltar que la acción popular tiene un carácter especial que
la diferencia de todas las demás acciones, idea que se ha
establecido por el legislador desde el momento de la expedición de
la ley de acciones populares. Es por el carácter público de tal acción
y por el derecho colectivo que busca su protección que se configura
tal singularidad […]”.

En ese orden de ideas, los argumentos del AMVA, según los cuales

no es competente para colaborar y concurrir al cumplimiento de las

órdenes de protección de los derechos colectivos en este caso, no

son de recibo para la Sala y, en consecuencia, la censura contra el

fallo impugnado no prospera, lo cual conduce a que el mismo sea

confirmado.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para intervenir en

el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento

del mismo.

SEGUNDO: CONFIRMAR el auto de 9 de junio de 2023, proferido

por el Despacho sustanciador del proceso de la referencia de la

Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de diciembre de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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