Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00881-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00881-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2018-00881-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00881-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: OFELIA RAMÍREZ NIÑO
TESIS: LA QUEBRADA LA PALMIRA, A LA ALTURA DEL BARRIO
PALERMO I DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ESTÁ SIENDO
CONTAMINADA POR DESECHOS PROVENIENTES DE CONEXIONES
ERRADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CIRCUNSTANCIA QUE
AFECTA LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD. ADEMÁS,
NO EXISTE CERTEZA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL METRAJE
ESTABLECIDO EN EL PBOT PARA LA RONDA HÍDRICA DE LA
QUEBRADA, PARTIENDO DESDE LA COTA DE INUNDACIÓN, POR LA
AUSENCIA DE LOS ESTUDIOS QUE ASÍ LO DETERMINEN, MOTIVO
POR EL QUE SE VULNERARON LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS
HABITANTES DEL SECTOR, QUIENES PODRÍAN ESTAR EN UNA ZONA
DE RIESGO.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU
DESARROLLO SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O
SUSTITUCIÓN Y AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN
Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora
OFELIA RAMÍREZ NIÑO, el PROCURADOR DELEGADO 16
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00881-01
Actora: Ofelia Ramírez Niño
JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS1, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE
LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB2 y la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO -REGIONAL SANTANDER3, contra la sentencia de 5 de
agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander4, que declaró la amenaza de los derechos colectivos
invocados.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
OFELIA RAMÍREZ NIÑO, actuando en nombre propio, instauró
acción popular en contra del MUNICIPIO DE PIEDECUESTA5, la
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP, la -
CDMB y la sociedad HG CONSTRUCTORA S.A.6, por estimar
vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
1 En adelante el Ministerio Público.
2 En adelante CDMB.
3 En adelante la Defensoría.
4 En adelante el Tribunal.
5 En adelante el Municipio
6 En adelante la Constructora
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
sustitución, la conservación de las especies vegetales y la protección
de áreas de importancia ecológica e hidrológica.
I.2. Hechos
Señaló que la Constructora edificó la Urbanización Palermo 1, cuya
obra contó con el aval de la Oficina de Planeación del Municipio, pese
a que una parte de ésta se construyó en la zona de ronda de la
quebrada La Palmira.
Indicó que, junto con su esposo, son propietarios de una de las casas
que se encuentran en la zona de ronda de la quebrada La Palmira,
por lo que se está en peligro inminente, dado que en épocas de lluvia
dicha quebrada se desborda y, en consecuencia, amenaza las casas
aledañas.
Aseguró que los separa de la quebrada 1.5 metros de andén, 5.6
metros de carretera, 8 metros de zona verde o dique de prevención
de inundación que mide 1.5 metros de alto y un ángulo de 45°.
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Sostuvo que el dique en mención fue cimentado por la Constructora
con la autorización de la Oficina de Planeación del Municipio para
rectificar o modificar el cauce de la quebrada La Palmira, lo que
evidencia el riesgo al que están expuestos, pues cada vez que llueve
el agua busca su cauce.
Adujo que también se han visto amenazados por la caída de los
árboles que se encuentran en el lecho de la quebrada La Palmira,
respecto de lo cual el Municipio no ha adelantado ninguna gestión
para mitigar el riesgo.
Agregó que la quebrada La Palmira es contaminada por la indebida
conexión del alcantarillado, pues el afluente es el destinatario de
aguas servidas que generan malos olores y proliferación de
enfermedades, vectores, roedores y plagas, frente a lo cual el
Municipio ha sido omisivo en la implementación de acciones que
permitan solucionar dicha problemática.
Se refirió a diversas noticias dadas por la prensa, entre las cuales
destacó la del fallecimiento de un integrante de la Policía y su esposa
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en el barrio Palermo I a causa de la creciente de la quebrada La
Palmira y la contaminación que sufre dicho afluente.
Adujo que el episodio del integrante de la Policía y su esposa ocurrió
el 30 de mayo de 2015, frente a su casa, y desde ese momento se
ha sentido amenazada, pues la quebrada La Palmira pasa a 14
metros de su vivienda, en la que invirtió todo su capital y aún debe
más de $200 millones, que aún está pagando; además, cada vez que
llueve se siente atemorizada, aunado a la afectación generada por la
grave contaminación del afluente.
Finalmente, sostuvo lo siguiente:
“[…] Corrupción administrativa por parte de la Secretaría de
Infraestructura de Piedecuesta, a quien por intermedio de la
alcaldía, se le ha solicitado los estudios y las causas que generaron
el CONTRATO QUE SE REALIZÓ CON LA AMB ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, QUE DEPENDE DE LA
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, CARGO EJERCIDO ACTUALMENTE
POR EL INGENIERO RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, DUEÑO O
ACCIONISTA MAYORITARIO DE HERNÁNDEZ GÓMEZ
CONSTRUCTORA S.A. SIGLA “HG CONSTRUCTORA S.A. NIT
890.203.522-4., CONSTRUCTORA QUE ADELANTÓ LA
URBANIZACIÓN LOS BARRIOS PALERMO I Y PALERMO II DE
PIEDECUESTA SANTANDER, EN DONDE SE ESTÁ ADELANTANDO
CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX CULVERT, estos estudios se
requieren para saber si esta obra la adelantan como mitigación del
riesgo de inundación de la quebrada la Palmira o para mejorar la
banca de la vía de ingreso a los apartamentos (acuerdo a
COMENTARIO DE LAS PERSONAS Y QUE DE SER VERDAD ES UN
ACTO DE CORRUPCIÓN, ESTA OBRA ES PARA MEJORAR EL
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INGRESO Y VALORIZAR LA OBRA DE SEIS PISOS DE
APARTAMENTOS Y LOCALES COMERCIALES CONSTRUIDOS EN LA
CARRERA 4 No. 0-8, CARRERA 4 No. 0-14 y CARRERA 4 No. 0-20;
los cuales son propiedad de un familiar en grado de afinidad de un
funcionario de la alcaldía de Piedecuesta) […]”.
I.3. Pretensiones
Solicitó lo siguiente:
“[…] Que se garantice el derecho a la vida, de los habitantes del
barrio Palermo de Piedecuesta.
Que se certifique, por la autoridad que corresponda, si la distancia
o área de protección o la franja terreno, medida horizontalmente
dejada por HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A. SIGLA “HG
CONSTRUCTORA S.A. N.I.T. 890.203.522-4., CONSTRUCTORA
QUE ADELATÓ LA URBANIZACIÓN LOS BARRIOS (sic) PALERMO I
Y PALERMO II, DE PIE DE CUESTA SANTANDER, de los lotes a la
ladera o orilla de la quebrada la Palmira, que actualmente son
viviendas unifamiliares o multifamiliares, es la reglamentaria para
fecha que se expidió el permiso, si se verificó su cumplimiento y si
esta distancia es lo suficiente para que se contribuya a la
contaminación de esta fuente hídrica, que esto se realizó de
acuerdo a estudios para impedir una catástrofe de inundación, o de
aplastamiento por caída de árboles que cobre más vidas como ya
sucedió el 30 de mayo de 2015, que se certifique que las casas o
lotes urbanizables a la orilla de la quebrada la Palmira de Palermo
1, no están dentro del área que debía ser de protección de la
quebrada, es decir que estos lotes estarían en zona de riesgo.
Que se certifique que esa acumulación de tierra de 8 metros de
ancho, de más o menos 1.5 metros de altura y con inclinación de
menos de 45 grados, que HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA
S.A. SIGLA “HG CONSTRUCTORA S.A. NIT 890.203.522-4., dejó
frente a los lotes urbanizables de Palermo sector 1, están de
acuerdo a la normatividad como área de aislamiento, o si se le
ordenó hacerlo como dique de mitigación del riesgo, conocido en
esa fecha de inundación y para desviar y/o corregir el curso de esta
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quebrada, y que se garantice que las personas que ingenuamente
y bajo la buena fe compramos un lote frente a esta quebrada
peligrosa, con el fin de construir una vivienda digna, no vamos a
sufrir la pérdida del bien inmueble y en el peor caso de la vida, por
el riesgo inminente de inundación, si este dique es de acuerdo a
las normas técnicas, que se certifique que esta urbanización,
cumple todas las normas técnicas, urbanísticas y normatividad
vigente para la protección de riesgos y que estamos lo
suficientemente lejos para no ser aplastados por un árbol en una
tormenta como las que caen actualmente por el bien conocido
cambio climático, que se certifique que no fuimos estafados con
ayuda de planeación de Piedecuesta.
Que se realicen obras de descontaminación de la quebrada la
Palmira, tendientes a brindar oxigeno sin contaminación que afecte
la salud de los habitantes, ni olores ofensivos que afectan la
respiración, que estas actividades no se queden solo como hasta
ahora lo han hecho en venir y verificar y comprometerse a fumigar,
a echar sal para los caracoles, promesas de político en campaña
cada vez que se pone una denuncia, y que a la fecha no se han
realizado.
Que realmente se corrija las alcantarillas que están contaminando
la quebrada la Palmira por caída de aguas negras o servidas del
sistema de alcantarillado que se mezclan con las aguas lluvia y las
infiltraciones de agua del terreno, que se garantice la protección y
saneamiento ecológico, e hidrológico de la quebrada la Palmira,
situación conocida y supuestamente en solución desde el año 2000.
Que se respete el derecho ciudadano de claridad y transparencia
administrativa de las obras públicas realizadas, que se informe si
hay alguna falta administrativa o delito de corrupción en el contrato
QUE SE REALIZÓ CON LA AMB, ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA, QUE DEPENDE DE LA ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA, CARGO EJERCIDO ACTUALMENTE POR EL
INGENIERO RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ, DUEÑO O
ACCIONISTA MAYORITARIO DE HERNANDEZ GOMEZ
CONSTRUCTORA S.A. SIGLA “HG CONSTRUCTORA S.A. NIT
890.203.522-4 QUE ADELANTÓ LA URBANIZACIÓN LOS BARRIOS
(sic) PALERMO I Y PALERMO II, DE PIEDECUESTA SANTANDER, EN
DONDE SE ESTA ADELANTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX
COULVERT, en aras de la transparencia administrativa y lucha
contra la corrupción, se informe si el ingeniero RODOLFO
HERNANDEZ SUAREZ, no se encontraba impedido ni incurre en
delito o falta contra la administración pública, ya que estas obras
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o contrato se está realizando en un terreno que le perteneció y del
que él se benefició económicamente (si es esto así que se
investigue y se de claridad administrativa).
En aras de la claridad y transparencia administrativa, se informe,
si el estudio de cota de inundación y estudios geotécnicos
detallados por el diseño de proyecto y construcción en progreso de
los TRES BOX CULVERT, sobre la carrera 4, que separa los barrios
Palermo 1 y Palermo II, al lado del conjunto entre parques, incluyo:
Estudios de impacto ambiental para mitigar la contaminación de la
quebrada la Palmira; si esta canalización del cauce estabiliza el
cauce de la quebrada; certificando que este sistema de recolección
y entrega de aguas lluvia no generará que esta quebrada se
desborde más abajo a causa de que la quebrada no se va a
canalizar sino hasta la carrera 4, esta obra realmente va impedir
que la quebrada la Palmira se desborde afectando el sector de
Palermo 1, o si como se rumorea, esta obra es para mejorar,
beneficiar el ingreso y dar valorización a la obra de seis pisos de
apartamentos y locales comerciales construidos en los lotes con la
nomenclatura, carrera 4 No.0-8, carrera 4 No.0-14 y carrera 4
No.0-20; los cuales son propiedad de un familiar en grado de
afinidad de un funcionario de la alcaldía de Piedecuesta, si esto es
así que se investigue estos hechos de corrupción […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La CDMB indicó que las competencias asignadas a la
Corporación no estaban relacionadas con la solución de necesidades
insatisfechas por parte de la comunidad, sino la preservación de un
ambiente sano, administración de recursos naturales y la asesoría y
colaboración con la autoridad municipal para advertir situaciones de
riesgo de la comunidad que tengan origen en fenómenos naturales.
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Precisó que sus funciones se encuentran taxativamente señaladas en
el artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre 19937, las cuales no
deben confundirse con las de la autoridad municipal, quien tiene el
deber de vigilar y exigir en los proyectos de construcción los estudios
correspondientes, para determinar si un suelo es apto o no, razón
por la que resulta evidente que no participó en el proceso de
expedición de las licencias de construcción.
Adujo que no le corresponde la administración de ningún servicio
público domiciliario, por lo que no tiene a su cargo realizar
mantenimiento, obras o recuperación del sistema de alcantarillado.
Hizo referencia a las leyes 9ª de 11 de enero 19898 y 388 de 18 de
julio de 19979, según las cuales el Municipio es el que tiene la
responsabilidad de garantizar la prevención y mitigación del riesgo y
la incorporación de las disposiciones y estrategias en el POT, así como
7 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
8 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
9 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
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la definición de normas urbanísticas de uso y ocupación que permitan
controlar la localización de viviendas en zonas de riesgo no mitigable.
Puso de presente que su Subdirección de Evaluación y Control
Ambiental, elaboró un concepto técnico el 7 de diciembre de 2018,
respecto de la calle 6AN núm. 2d-38, barrio Palermo I del Municipio,
en el que se presentaron conclusiones y recomendaciones de la
fuente hídrica – corriente “canoas” identificada con el ID 13412 de
la subzona hidrográfica 2319 río Lebrija, subcuenta 2 río de Oro,
microcuenca Oro Alto, que corresponde a la misma corriente
denominada La Palmira.
Solicitó la vinculación del Área Metropolitana de Bucaramanga 10 en
atención a que dicha entidad asumió la competencia ambiental hasta
antes del 21 de junio de 2018 y respecto de la cual, presume, expidió
los respectivos permisos ambientales para la canalización de un
tramo de la quebrada La Palmira.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, “la vigilancia del inadecuado uso del suelo y de procesos
constructivos no es función de la CDMB” y “la vigilancia del
10 En adelante AMB.
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inadecuado uso del suelo y de procesos constructivos no es función
de la CDMB”.
I.4.2.- La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. arguyó que era ajena
a la presunta violación de los derechos colectivos invocados por la
actora, ya que los hechos denunciados son competencia del Municipio
y de AMB, conforme lo prevé la normativa aplicable, respecto de la
cual hizo referencia.
I.4.3. El MUNICIPIO aseguró que atendió y resolvió de manera
oportuna cada una de las peticiones elevadas por la actora ante la
oficina de Planeación Municipal, en las que interrogaba sobre el
cumplimiento de normas urbanísticas al momento de conceder las
licencias de construcción para los proyectos Palermo I y II y sobre la
distancia prudencial ordenada por las normas ambientales; y que, en
virtud de ello, puso a su disposición copia de todos los documentos
relacionados con la licencia núm.0152 con registro 023 de 7 de abril
de 2000 y la Resolución núm.163 de 28 de diciembre de ese año.
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Manifestó que la oficina de Planeación Municipal, mediante Oficio
núm. 0155 de 23 de enero de 2019, le indicó a la actora que su
inmueble estaba a 19.42 metros de la quebrada, es decir, fuera del
área de protección establecida por la CDMB, que es de 10 metros,
por lo que concluyó que actualmente la competente para fijar la
distancia entre el lote a urbanizar y la quebrada es la Corporación,
toda vez que al momento de expedición de la licencia de construcción
el proyecto cumplía con más de la distancia exigida, de tal manera
que no le corresponde efectuar dicho control, máxime si no estaba
vigente el Acuerdo 028 de 18 de diciembre de 2003.
Frente a la contaminación de la quebrada La Palmira y el riesgo para
la salud pública de los residentes del barrio Palermo, señaló que
debía tenerse en cuenta que la Secretaría de Salud ha venido
realizando obras de descontaminación gradual y efectuó un trabajo
de diagnóstico en el que recomendó la toma de muestra del agua de
la quebrada para estudios fisicoquímicos y microbiológicos, con el fin
de aclarar si a la fuente hídrica estaban llegando vertimientos de
aguas residuales, lo cual es competencia de la empresa de servicios
públicos de Piedecuesta.
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Informó que la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, el
10 de septiembre de 2018, puso de presente que los riesgos
biológicos eran generados por la descomposición de los residuos
sólidos de la fuente hídrica; que una vez finalizado el diagnóstico,
efectuaría los planes de acción; e identificó conexiones erradas al
alcantarillado, las cuales fueron informadas a Piedecuestana de
Servicios Públicos E.S.P, que efectuó las respectivas visitas a las
viviendas implicadas en compañía con la Policía Nacional.
Arguyó que en convenio con el AMB, estaban adelantado la
construcción de tres box coulvert, cuya obra iba en el 90%, conforme
a lo expuesto por la Secretaría de Infraestructura el 15 de enero de
2019, la cual impactaría de manera positiva el barrio Palermo, pues
minimizaría el riesgo de inundación.
Estimó que, por ello, no le resulta atribuible la vulneración, amenaza
o violación a los derechos colectivos alegados por la accionante, toda
vez que la licencia núm. 0152 de 7 de abril de 2000 y la Resolución
núm. 163 de 28 de diciembre del mismo año, fueron otorgadas en
cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables para ese
momento.
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Manifestó que ha cumplido con las obligaciones que constitucional y
legalmente le son exigibles, pues ha trabajado con el fin de
salvaguardar la vida de los habitantes de la urbanización Palermo I y
II, así como en otras zonas que han sido identificadas en riesgo o
vulnerables, para lo cual ha efectuado estudios, brigadas de limpieza
y las obras necesarias para mitigar el riesgo al que se encuentran
expuestos.
Indicó que al momento de expedición de la respectiva licencia, la
autoridad ambiental que definía los parámetros técnicos de
aislamiento de la quebrada Palmira era la CDMB y no el Municipio.
En virtud de lo anterior, propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva e “inexistencia de violación de los
intereses colectivos”.
I.4.4. La CONSTRUCTORA indicó que el hecho de emergencia que
fue narrado en la demanda se trató de un asunto aislado, ocurrido
hacía 4 años por la fuerte ola invernal que azotó la región.
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Adujo que ninguno de los medios probatorios aportados con la
demanda daba cuenta de desbordamientos o amenazas generadas
por la quebrada La Palmira, sino de la contaminación ocasionada por
las malas prácticas de los habitantes del sector, motivo por el cual
no podía endilgársele responsabilidad por la acción de terceros.
Aseveró que: i) no ejecutó ninguna obra que modificara el curso de
la quebrada; ii) no efectuó rellenos o alteraciones al terreno que no
contaran con los requerimientos exigidos por las autoridades
municipales, tanto en la licencia de construcción como en el POT; y
iii) cumplió con la exigencia de no construir en el área de ronda del
afluente en mención, que era de 15 metros, pues, incluso, sobrepasó
dicha medida, motivo por el que no era responsable por la presunta
amenaza o riesgo alegado.
Adujo que la supuesta vulneración del derecho a un ambiente sano y
a la protección de recursos naturales no se relaciona con el desarrollo
de la urbanización ni con su actuar, habida cuenta que la
contaminación obedece a las malas prácticas de la comunidad del
sector, lo cual podía ser advertido por la actora al momento de
comprar el lote.
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Precisó que las afirmaciones de la actora no contaban con respaldo
probatorio, por lo que incumplió con la carga de la prueba que le era
exigible en el marco de la presente acción.
Arguyó que aun cuando el Acuerdo núm. 028 de 2003, por medio del
cual se aprobó el POT del Municipio, no se encontraba vigente al
momento de la construcción del proyecto objeto de la demanda, lo
cierto era que la urbanización Palermo I y, en especial, el inmueble
ubicado en la calle 6ª #2D—38, cumplían con la distancia de
aislamiento de la quebrada, pues superaba los 15 mts establecidos
en la norma.
Propuso las siguientes excepciones:
• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR». Para sustentar
esta excepción, manifestó que existían otros mecanismos
constitucionales para proteger los derechos de la accionante,
teniendo en cuenta que las pretensiones no buscaban la protección
de un derecho colectivo sino la obtención de información, solicitud de
certificaciones o requerimientos fuera de la órbita de la presente
acción.
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La
fundamentó en que las pretensiones de la acción escapan de sus
competencias, pues no es la llamada a expedir las certificaciones
requeridas ni declarar la comisión de un delito o irregularidades en
procesos de contratación y mucho menos efectuar controles
ambientales y/o medidas de protección de afluentes hídricos.
• «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA
VIDA». Argumentó que no observa afectación a este derecho, pues
aun cuando la actora hablaba de continuos desbordamientos de la
quebrada La Palmira, lo cierto es que no aportó ninguna prueba que
diera cuenta de su dicho, máxime si el proyecto y el inmueble ubicado
en la calle 6AN núm. 2D-38 cumplían con la distancia mínima
requerida.
• «TRÁMITE INDEBIDO DE LA ACCIÓN POPULAR». Afirmó que
la presente acción no era el medio para solicitar certificaciones,
declarar la comisión de delitos u obtener respuestas a derechos de
petición.
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• «CUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA MÍNIMA EXIGIDA
ENTRE EL PARAMENTO Y LA QUEBRADA LA PALMIRA». Aseguró
que revisado el artículo 92 del POT, las manifestaciones hechas por
la actora y las pruebas aportadas, se evidenciaba que el proyecto
cumplía con la distancia mínima de 15 metros.
I.4.4. El AMB11 arguyó que de los hechos de la demanda no se advertía
ninguna actuación que le fuera imputable.
En cuanto a la contaminación de la quebrada La Palmira, informó que,
en efecto, la Subdirección Ambiental pudo corroborarla en la
verificación técnica efectuada en el sector objeto de la presente acción.
Argumentó que no intervino en la concesión de la licencia de
construcción, ni en las autorizaciones dadas para el desarrollo de la
urbanización objeto de litigio, razón por la que no puede responder por
esta circunstancia.
Sostuvo que en el marco de sus competencias, como autoridad
ambiental urbana, participó en la realización de obras de canalización
11Vinculada a la presente acción por solicitud de la CDMB, en la audiencia de pacto de
cumplimiento de 19 de marzo de 2019.
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de la quebrada La Palmira a través de un convenio interadministrativo,
cuyo objeto era aunar esfuerzos con el Municipio para la fase I de
construcción, optimización y obras complementarias del canal de aguas
lluvias en los sectores de confluencia de las quebradas La Palmira y
Diamante, dentro del cual se estipuló que solamente le correspondía el
aporte de $2.991.992.000, pues la ejecución de las obras y la
optimización de la infraestructura era del Municipio, en atención al plan
integral de desarrollo metropolitano DIME – TUPLAN 2016-2026.
Asimismo, se refirió a la Ley 1625 de 29 de abril de 201312 y al Acuerdo
Metropolitano 031 de 29 de diciembre de 2014, según los cuales ejerce
de manera integral como autoridad ambiental en la jurisdicción urbana de
los Municipios que conforman el área metropolitana, con fundamento en
lo cual realizó la visita técnica para verificar las afectaciones ambientales
en el barrio Palermo I, en la zona contigua a la quebrada La Palmira, de
la que concluyó que, al parecer, la contaminación de la fuente hídrica
provenía de la descarga de aguas residuales.
Finalmente, propuso como excepción la falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues dentro de sus funciones no se encuentra la construcción
12 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas
Metropolitanas.
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ni el mantenimiento de las redes de alcantarillado, las cuales le competen
a la empresa de servicios públicos Piedecuestana de Servicios ESP.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 29 de
marzo y 21 de agosto de 2019, la cual se declaró fallida por no existir
ánimo conciliatorio entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 5 de agosto de 2020, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda. En esencia, adujo lo
siguiente:
Planteó los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Si la construcción
del proyecto Palermo I respetó la zona de aislamiento
respecto de la quebrada La Palmira?; y si ii) ¿la quebrada la
Palmira está contaminada y, por ende, se vulneran los
derechos colectivos invocados por la actora?
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Respecto del primer interrogante, adujo que de acuerdo con el
literal d) del artículo 10° de la Ley 388 de 24 de julio de 199713, los
municipios deben establecer dentro de sus Planes de Ordenamiento
Territorial -POT- las directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, así como el señalamiento y
localización de las áreas de riesgo para los asentamientos humanos
y las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos
naturales, en especial en las zonas urbanas y su expansión.
Destacó que el artículo 30 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197414, ordenó al Gobierno Nacional establecer las políticas y normas
sobre zonificación, con el fin de proteger el ambiente y los recursos
naturales. En igual sentido, dicha normativa previó que los
departamentos y municipios debían tener sus propias normas de
zonificación que deberán estar sujetas a las del orden nacional.
Se remitió a lo previsto en el Acuerdo 028 de 18 de diciembre de
2003, que contiene el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT-
13 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
14 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente”.
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del Municipio, el cual ordena que las quebradas dispondrán de 15
metros de ronda de protección medidos a partir de la cota de
inundación del cauce, cuya área solamente se podrá destinar a la
conservación del recurso ambiental forestal existente o, en su
defecto, a la arborización.
Advirtió que la Oficina Asesora de Planeación del Municipio visitó el
predio de la calle 6AN núm. 2D-38, barrio Palermo I, para determinar
la distancia de aislamiento con la quebrada La Palmira, para lo cual
tomó las siguientes medidas “[…] un ancho de andén 1.52 mts, un
ancho de vía de 5.60 mts y una zona verde al punto de cota de
inundación de la quebrada LA PALMIRA de 12.30 mts […]”.
Por lo anterior, consideró que la distancia de 15 metros ordenada en
el PBOT del Municipio fue respetada por la Constructora; y que no le
asistía razón al Ministerio Público cuando afirmó que la fuente hídrica
a la cual hacía referencia la actora fuera la quebrada El Diamante,
pues no reposaba en el expediente prueba al respecto y, además, no
existía debate entre las partes respecto de la quebrada objeto de
litigio, por lo que estimó que no se vulneró ningún derecho colectivo
relacionado con este aspecto.
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En cuanto al segundo interrogante, adujo que se encontraba
acreditada la contaminación en la quebrada La Palmira, la cual era
ocasionada por conexiones erradas al alcantarillado que generaban
vertimientos de aguas servidas, así como la disposición de residuos
sólidos y, con ello, la vulneración del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano de los habitantes del sector.
En consecuencia, debido a que el saneamiento ambiental es un
servicio público a cargo del Estado, al Municipio y a la CDMB les
correspondía la ejecución de planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y realizar mancomunadamente las acciones a que
haya lugar para descontaminar el afluente en mención.
Adujo que a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos en
asocio con el Municipio, les correspondía identificar la existencia de
más conexiones erradas por parte de los usuarios, con el fin de
imponer las sanciones a que hubiere lugar y realizar su corrección.
En consecuencia, profirió las siguientes órdenes:
“[…] PRIMERO: AMPÁRANSE el derecho colectivo al goce de un
ambiente sano el cual está siendo vulnerado por el Municipio de
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Piedecuesta, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga – CDMB y la Empresa Piedecuestana de
Servicios Públicos E.S.P., de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Piedecuesta como a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, realizar de manera mancomunada las acciones a
que haya lugar para descontaminar la Quebrada La Palmira, para
lo anterior se concederá el término de tres (3) meses.
TERCERO: ORDENAR a la Empresa Piedecuestana de Servicios
Públicos E.S.P. en asocio con el municipio de Piedecuesta identificar
si existen adicional a los que fueron señalados más conexiones
erradas por parte de los usuarios para proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar y realizar su corrección, para lo anterior
se concederá un término de tres (3) meses.
CUARTO: INTÉGRESE un comité permanente de verificación
conformado por la actora popular, un representante del Municipio
de Piedecuesta, un representante de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Mesta de Bucaramanga, un
representante de la Empresa Piedecuestana de Servicios Púbicos
E.S.P., la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público
respectivamente para garantizar el cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta decisión, dentro de las competencias de cada
entidad conforme se refirió en precedencia.
QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: CONDÉNASE EN COSTAS, al Municipio de Piedecuesta, a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga y a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos
E.S.P. a favor de la actora popular las cuales deberán ser
canceladas por partes iguales. Las agencias en derecho se
señalarán en auto separado […]”.
III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
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III.1.- El Ministerio Público afirmó que la sentencia de primera
instancia concluyó que en tratándose de quebradas y rondas hídricas,
debía respetarse un aislamiento de 15 metros, para lo cual se tuvo
en cuenta el Acuerdo núm. 028 de 2003; sin embargo, a su juicio, la
ronda de protección debía ser medida a partir de la cota de
inundación del cauce, la cual no se pudo determinar en el presente
proceso.
Lo anterior, en atención a que la medida con la que se cuenta en el
expediente, se tomó desde la vivienda de la calle 6AN núm. 2D-38,
barrio Palermo I, hasta el margen de la quebrada La Palmira,
cuyo resultado fue: una distancia de ancho de anden de 1.52 metros,
ancho de vía de 5.60 metros y una zona verde al punto de la cota de
inundación de la quebrada de 12.30 metros, es decir, que para llegar
a la conclusión del cumplimiento de los 15 metros, se sumaron obras
del andén, que corresponde a una construcción, lo que significa que
no se respetó la distancia señalada, máxime si se tiene en cuenta
que la fuente hídrica que pasa cerca de la vivienda en mención no es
La Palmira sino la Suratoque o El Diamante, respecto de la cual se
exige una distancia de 20 metros adicionales para el manejo de
espacio público dentro de los límites urbanos destinados a conformar
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un parque lineal local.
En conclusión, señaló que el constructor y el ente territorial
desconocieron los derechos colectivos relacionados con el
aislamiento de las quebradas.
III. 2.- La señora OFELIA RAMÍREZ NIÑO cuestionó la decisión
del Tribunal de no amparar los derechos colectivos invocados en la
demanda, por haber encontrado acreditado que se respetaron los 15
mts de distancia exigidos en el Acuerdo núm.048 de 2003. Para
sustentar su posición, expuso los argumentos que a continuación se
transcriben:
“[…] Considero que la Constructora Hernández Gómez, sí cumplió
el aislamiento en lo referente a la vulneración de la ronda hídrica,
ya que ese honorable despacho está tomando como referencia la
distancia de mi casa y la quebrada, que ese despacho, analizada
cada una de las entidades demandadas colocó medidas según su
conveniencia, pero ese despacho nunca envió, ni ordenó una
verificación real, ya que lo que se está reclamando es un derecho
colectivo, y si vienen y realmente miran se darán cuenta que la
constructora HERNANDEZ GOMEZ, hizo parqueaderos con cargo al
espacio de ronda hídrica, lo cual en todas las normatividades está
prohibido, así mismo honorable magistrada en la página 34 del
fallo, ese honorable despacho toma como referencia el acuerdo
0028 PBOT de Piedecuesta.
[…] Lo cual me permito manifestarle a ese honorable despacho que
si ese despacho toma como referencia el acuerdo 028, debe
verificar los planos anexos, en donde es claro en el plano U3
diagnóstico urbano, ahí no se refleja el barrio Palermo 1, lo que da
a entender que cuando se elaboró el plano no existía el barrio
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Palermo, pero si evidencia que en la carrera 4 en donde hicieron
un box culvert, se le une la quebrada la Palmira a la quebrada la
Diamante quebrada o escorrentía principal […]”.
Por otra parte, afirmó que no entendía por qué el a quo manifestó
que no existían documentos ni pruebas de que por el sector objeto
de la demanda pasaban la quebrada La Diamante y La Palmira,
ocultando un peligro inminente que se evidencia en épocas de lluvia,
máxime si la Secretaría de Infraestructura del Municipio así lo
informó.
Aseveró que reclamaba la vulneración de los derechos colectivos por
la contaminación de la quebrada La Palmira y La Diamante, así como
el derecho colectivo a “zona de aislamiento o ronda hídrica” de las
mismas.
Finalmente, argumentó que estimaba vulnerados sus derechos
colectivos al goce del espacio público, la defensa y utilización de
bienes de uso público, la contaminación de las quebradas La Palmira
y El Diamante y la zona de aislamiento o ronda de las mismas, debido
a que el constructor desconoció las medidas mínimas de aislamiento
respecto de las fuentes hídricas, circunstancia que sumada a la
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conexión irregular que se advirtió, han generado que el Estado y no
el constructor, asuman obras cuantiosas para proteger a quienes
colindan con la quebrada.
III. 3.- La CDMB cuestionó la sentencia de primera instancia en lo
atinente a la orden que se le dio de descontaminar la quebrada La
Palmira, ya que, a su juicio, no es una función de su competencia,
pues su deber es asesorar y acompañar a las entidades territoriales
para que ellas ejecuten las obras o lleven a cabo las actividades para
la recuperación ambiental.
Argumentó que no era la causante de la afectación a los derechos
colectivos por la contaminación de la quebrada, pues esto obedecía
a una negligencia del ente territorial y de la empresa Piedecuestana
de Servicios, al no vigilar y controlar las redes residuales o de
alcantarilla que vierten sus desechos directamente a la fuente, lo que
ha sido la causante del daño ambiental alegado.
Se refirió a su naturaleza jurídica, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 99, de lo que concluyó que dentro de su objeto no se
encontraba ninguna actividad constructiva, de diseño, de
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mantenimiento de obras o de descontaminación de fuentes hídricas.
Adujo que según el Acuerdo núm. 016 de 2012, el AMB fue el
organismo ambiental competente en ese territorio, entre el 2012 y
el 2018, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de 21 de
junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, que declaró la
nulidad de dicho acto administrativo.
Por lo anterior, solicitó que fuera condenada el AMB, como autoridad
encargada, durante el tiempo de la causación de los daños
ambientales.
Asimismo, precisó que no omitió sus deberes como autoridad
ambiental en lo que respecta a la asistencia, acompañamiento y
ejecución de proyectos de prevención, conservación y protección del
ambiente en la zona de la quebrada La Palmira, pues su actuar se
limitó a estudiar los lineamientos y delimitaciones del uso del suelo
aledaño a la quebrada.
Con base en lo expuesto, pidió ser exonerada de responsabilidad en
el presente caso, ya que no tiene como función evitar los perjuicios
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que se pudieron ocasionar, lo que no significa que no vaya a actuar
de manera coordinada con el ente territorial en materia ambiental,
sino que no le compete la ejecución de obras civiles o actividades de
descontaminación en la quebrada La Palmira.
III. 4.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO solicitó la confirmación de
la sentencia apelada en lo relacionado con declaratoria de
descontaminación de la quebrada La Palmira, pero cuestionó lo
concerniente a la negativa del amparo respecto de la zona de
aislamiento de la quebrada y del espacio público.
Para el efecto, explicó que previo a resolver sobre la afectación a la
zona de aislamiento, debía determinarse si la quebrada que pasa por
la zona objeto de la acción popular es El Diamante o La Palmira, por
cuanto el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197415, compilado en
el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201516, y el Acuerdo 28 de 2003
– PBOT, las quebradas deben tener una ronda de protección de 15
mts, medidos a partir de la cota de inundación del cauce, los cuales
15 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente.
16 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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deben ser destinados a la conservación del recurso hídrico forestal y
ambiental existente o, en su defecto, a la arborización.
Además, puso de presente que las quebradas Suratoque y El
Diamante tienen 20 mts adicionales, para manejo de espacio público
dentro de los límites urbanos, por lo que afirmó lo siguiente:
“[…] Según lo expuesto, entre la quebrada El Diamante y, por
ejemplo, el predio de la actora popular, deberían existir al menos
35 metros de aislamiento, pero según el plano la Constructora HG
solo dejó 13.90 metros de aislamiento y 5.90 de espacio público,
que coinciden con los 19.45 que acreditó el Municipio accionando
[…]”.
En ese orden de ideas, solicitó que en caso de ser necesario se
decreten pruebas de oficio que permitan determinar si la fuente
hídrica objeto de la presente acción es o no la llamada El Diamante.
En segundo lugar, solicitó revocar el ordinal cuarto de la providencia,
pues no era necesaria la conformación de un comité permanente para
la verificación del fallo, debido a que en caso de incumplimiento es
más “célere” promover un incidente de desacato y no “atenerse” a
un comité indeterminado.
En subsidio de lo anterior, y en caso de que se considere necesario
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conformar dicho comité, pidió que la Defensoría del Pueblo fuera
excluida del mismo y que, en su lugar, se incluyera como miembro a
la Magistrada Ponente del Tribunal que fungió como ponente de la
sentencia, además del Ministerio Público y una ONG con actividades
propias del fallo, con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472 de
5 de agosto 199817.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. afirmó que la
accionante no tuvo en cuenta que el derecho colectivo amparado por
el Tribunal, incorporaba todos los aspectos por ella planteados y que,
además, en cada escrito presentado ampliaba “el reclamo” por otros
derechos colectivos.
Puso de manifiesto que el Municipio adelantó unas obras civiles
relacionadas con la canalización de la quebrada La Palmira y la
construcción de varios box culvert en el sector del barrio Palmira que
17 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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permitieron la eliminación de los riesgos que se presentaban con el
cauce de la fuente hídrica en épocas de lluvia, sin que se hubiesen
reportado nuevas quejas o reclamos por hechos similares, por lo que
concluyó que los hechos que motivaron la presente acción ya fueron
superados.
Finalmente, indicó que no tuvo participación alguna en los hechos de
la demanda ni en la violación del derecho colectivo al ambiente sano,
ni en los demás expuestos por la accionante, pues su actuación ha
sido conforme a derecho y siempre ha estado presto a colaborar
técnicamente con las autoridades en aras de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Municipio.
IV.2. El AMB argumentó que ninguna de las manifestaciones,
órdenes y/o condenas impuestas en primera instancia la implicaban,
motivo por el que se refirió a los argumentos y hechos probados, los
cuales llevaron al Tribunal a esa conclusión, por lo que, a su juicio,
debían conducir a confirmar la sentencia de primera instancia, pues,
a su juicio, no tiene competencia para amparar los derechos
colectivos invocados en la demanda, al no ser la entidad responsable
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de adoptar las medidas solicitadas por la accionante y/u ordenadas
por el Tribunal.
IV.3. La CONSTRUCTORA insistió en que estaba debidamente
probado que sí cumplió con la franja de aislamiento mínima entre la
quebrada La Palmira y el inmueble de la calle 6AN núm. 2D-38, barrio
Palermo I.
Arguyó que las afirmaciones hechas por la demandante en cuanto a
una quebrada distinta a la colindante con su predio, se trataba de
una nueva circunstancia que no podía ser alegada en el recurso de
apelación, pues no era la etapa procesal para adicionar hechos o
pretensiones totalmente nuevos y ajenos al litigio, pues estaría
modificando la demanda.
IV.4. La CDMB reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en el sentido de solicitar la revocatoria parcial de la
sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, el hecho de que
pueda intervenir en la solución para que cese la transgresión de los
derechos colectivos, ello no implica que sea responsable de su
vulneración, pues solamente le corresponde el apoyo y
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asesoramiento del Municipio.
IV.5. La señora OFELIA RAMÍREZ NIÑO además de reiterar lo
dicho en todas sus intervenciones, estimó que la Corporación ya falló
en su contra con la expedición del auto de 9 de diciembre de 2020,
a través del cual se resolvió la solicitud de medidas cautelares de la
Defensoría del Pueblo – Regional Santander, pues en este se afirmó
que el Tribunal encontró que la urbanización Palermo I no fue
construida en la zona de aislamiento de la quebrada la Palmira.
IV.6. La DEFENSORÍA reiteró los argumentos expuestos en su
escrito de apelación, referentes a la extensión de la condena respecto
del amparo de la zona de aislamiento de la quebrada, la identificación
de la quebrada objeto de la acción, esto es, si es El Diamante o La
Palmira y la revocatoria o reconformación del comité de verificación
dispuesto por el Tribunal en el fallo apelado.
V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a
la presente acción son, en esencia, que la Constructora, con el aval
de la Oficina de Planeación del Municipio, construyó la Urbanización
Palermo I, al parecer, en la zona de ronda de la quebrada La Palmira,
lo que, a juicio de la actora, se corrobora con el hecho de la
instalación de un dique para rectificar o modificar el cauce de la
quebrada, lo que evidencia el riesgo al que está expuesta la
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comunidad del sector si se tiene en cuenta que cada vez que llueve
el agua busca su cauce.
Además, que la quebrada La Palmira está siendo contaminada por la
indebida conexión del alcantarillado, pues es la destinataria de aguas
servidas, sin que la autoridad Municipal haya adelantado acciones
tendientes a solucionar esta situación.
La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal, que en
sentencia de 5 de agosto de 2020 encontró acreditado que la
distancia de 15 metros ordenada en el PBOT del Municipio fue
respetada por la Constructora y que no le asistía razón al Ministerio
Público al afirmar que la fuente hídrica a la cual hacía referencia la
actora fuera la quebrada El Diamante, pues no reposaba en el
expediente prueba al respecto y, además, no existía debate entre las
partes en cuanto a la quebrada objeto de litigio, por lo que estimó
que no se vulneró ningún derecho colectivo relacionado con este
aspecto.
Asimismo, consideró que estaba probada la contaminación de la
quebrada La Palmira, la cual es ocasionada por conexiones erradas
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al alcantarillado que generaban vertimientos de aguas servidas, así
como la disposición de residuos sólidos, por lo que concluyó que se
vulneró el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de los
habitantes del sector.
En consecuencia, le ordenó al Municipio y a la CDMB la ejecución
mancomunada de planes, programas y proyectos para
descontaminar el afluente en mención; y que la Empresa
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., en asocio con el
Municipio, identificara si existen conexiones erradas por parte de los
usuarios, adicionales a las encontradas, para que impusiera las
sanciones a que hubiere lugar y realizara su corrección.
La anterior decisión fue apelada por el Ministerio Público, la
actora, la CDMB, y la Defensoría del Pueblo, los cuales
argumentaron lo siguiente:
-. Ministerio Público: Expuso que la zona de aislamiento de la
quebrada La Palmira, debía medirse a partir de la cota de
inundación del cauce, la que no fue posible determinar en el
proceso, y no hasta el margen de la quebrada, conforme lo hizo el
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Tribunal, el cual, para llegar a la conclusión sobre el cumplimiento de
los 15 metros establecidos en el PBOT, sumó las obras del andén,
que, por demás tampoco debieron ser tenidas en cuenta, lo que
evidenciaba que no se respetó la distancia exigida, máxime, si se
tenía en cuenta que la quebrada objeto de la acción, no era La
Palmira sino La Suratoque o El Diamante, respecto de la que se exige
una distancia de 20 metros adicionales para el manejo de espacio
público dentro de los límites urbanos destinados a conformar un
parque lineal local.
-. La actora aseguró que no fue verificada en debida forma la
distancia existente entre la vivienda de la calle 6AN núm. 2D-38,
barrio Palermo I, y la quebrada objeto de la acción, ya que, a su
juicio, la Constructora no respetó la ronda hídrica al construir
parqueaderos en ese sector.
En cuanto a la identidad de la quebrada que pasa por su propiedad,
esto es, El Diamante o La Palmira, afirmó que el Tribunal no tuvo en
cuenta que la Secretaría de Infraestructura del Municipio informó que
era El Diamante, motivo por el que argumentó estar reclamando la
protección de los derechos colectivos por la contaminación de la
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quebrada La Palmira y El Diamante, así como el derecho colectivo a
“zona de aislamiento o ronda hídrica” de las mismas.
-. La CDMB adujo que no le correspondía descontaminar la quebrada
La Palmira, pues su deber era asesorar y acompañar a las entidades
territoriales para que ellas ejecutaran las obras o llevaran a cabo las
actividades para la recuperación ambiental, máxime si no era la
responsable de la vulneración de los derechos colectivos, pues la
contaminación de la fuente hídrica ocurrió por la negligencia del
Municipio y de la empresa de servicios públicos.
Solicitó que fuera condenada el AMB, como autoridad encargada,
durante el tiempo de la causación de los daños ambientales.
-. La DEFENSORÍA pidió que se extienda la condena respecto de lo
relacionado con la protección de la zona de aislamiento de la
quebrada, previa determinación de la identidad de la quebrada (El
Diamante o La Palmira); que se revocara la conformación del comité
de verificación, y que, en caso de ser necesario, se le excluya del
mismo y, en su lugar, se llame al Tribunal y a una ONG.
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Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en escrito de
21 de septiembre de 2021, manifiesta que se declara impedido para
actuar dentro del proceso de la referencia por cuanto su hermano
MARIO SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como
contratista de la Defensoría del Pueblo, entidad que funge como
tercero interviniente en la acción popular de la referencia, por lo que
considera que se encuentra incurso en la causal de impedimento
prevista en el numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibídem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
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Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento
que se invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA,
la cual dispone:
“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de
los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una
de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los
terceros interesados […]” (Resaltado fuera del texto).
De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma
deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que
los referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes
legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga
en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.
Siendo ello así, de la causal transcrita y los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS, la Sala advierte que concurren los presupuestos
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
para el efecto, toda vez que su hermano18, el señor MARIO
SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como contratista de
la Defensoría del Pueblo19, entidad interviniente en la acción popular
de la referencia en los términos del artículo 13 de la Ley 47220 y, por
tanto, considerada como tercero interesado en las resultas del proceso.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Problemas jurídicos
Siendo ello así, corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
18 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,
de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
19 Calidad de contratista en la entidad pública demandante en la acción popular de la
referencia.
20 Ley 472, ARTICULO 13. “EJERCICIO DE LA ACCION POPULAR. Los legitimados para ejercer
acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre.
Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la
Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá notificarle el auto
admisorio de la demanda” (Resaltado de la Sala).
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1. ¿La quebrada objeto de la presente acción es La Palmira o El
Diamante?
2. ¿Parte de la urbanización Palermo I fue construida en el área de
ronda de la quebrada?
3. ¿Está llamada a responder en el presente caso la AMB, como
autoridad encargada durante el tiempo de la causación de los daños
ambientales, como lo afirmó la CDMB?
4. ¿Corresponde a la CDMB realizar, de manera mancomunada con
el Municipio, las acciones que sean necesarias para descontaminar la
quebrada objeto de litigio?
5. ¿Hay lugar a revocar el numeral cuarto de la sentencia recurrida,
en el sentido de no disponer la conformación del Comité de
Verificación de la sentencia? En caso de que la respuesta anterior sea
negativa ¿Se debe excluir a la DEFENSORÍA de dicho Comité y, por
el contrario, incluir al Tribunal y a una ONG?
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
Caso concreto
De la quebrada objeto de la litis
La Sala resolverá el primer problema jurídico planteado, esto es,
cuál es la quebrada que cruza por la Urbanización Palermo I del
Municipio, La Palmira o El Diamante.
Sea lo primero señalar que de acuerdo con el material probatorio
obrante en el expediente, en los diferentes diagnósticos y visitas
técnicas que fueron efectuadas a la fuente hídrica objeto de la litis
por parte de diferentes entidades públicas, ésta fue identificada como
La Palmira, conforme se advierte a continuación:
-. La CDMB llevó a cabo una visita técnica al sector objeto de los
hechos, de acuerdo con el informe realizado el día 19 de octubre de
2018, en el que se consignó lo siguiente:
“[…] 1. La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA
– de la CDMB, informa que la fuente hídrica observada corresponde
a la corriente “Canoas” identificada con ID 13412, de la Subzona
hidrográfica 2319 Río Lebrija, Subcuenca 2 Río de Oro, Microcuenca
Oro Alto, que corresponde a la misma corriente denominada como
La Palmira.
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
[…]
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA.
En consecuencia de lo evidenciado, se conceptúa lo siguiente:
1. La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental –
SEYCA – de la CDMB, informa que la fuente hídrica
observada corresponde a la corriente “Canoas” identificada
con ID 13412, de la Subzona hidrográfica 2319 Río Lebrija,
Subcuenca 2 Río de Oro, Microcuenca Oro Alto, que
corresponde a la misma corriente denominada como La
Palmira.
[…]” (Resaltado de la Sala).
-. La Oficina de Planeación Municipal, mediante oficio de 13 de
diciembre de 2018, le informó al señor Uriel Cortez Villamil sobre las
afectaciones generadas por la quebrada La Palmira en el predio
ubicado en la calle 6An núm.2D-38.
-. La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio,
expidió un oficio el 28 de diciembre de 2018, a través del cual informó
que realizó diagnóstico a la quebrada La Palmira, en la que
evidenció contaminación.
-. La Secretaría de Infraestructura de Piedecuesta mediante oficio de
15 de enero de 2019, informó que se estaba realizando la
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construcción de tres box culvert sobre la quebrada La Palmira que
pasa cerca de las urbanizaciones Palermo I y II y, además, que:
“[…] - En los años 2015 fue suscrito entre el AMB y el Consorcio
Mensulí 2015, el contrato de consultoría No 000211 del 31 de julio
de 2015 cuyo objeto es “consultoría para realizar la zonificación de
amenazas por inundación y remoción en masa, en la cuenca media
y baja de la quebrada Mensulí, subcuenca de la quebrada la Ronda
del municipio de Floridablanca, y de la subcuenca de la quebrada
La Palmira en el municipio de Piedecuesta departamento de
Santander”, contrato en el cual se realiza un análisis general de la
cuenca, obteniéndose las siguientes conclusiones:
“La quebrada la Palmira es cauce que presenta alta
pendiente, en su tramo inicial hasta la vía Bucaramanga –
Piedecuesta, de ahí en adelante, la pendiente es un poco
más suave, aunque con tendencia a producir flujos
supercríticos. Identificándose de acuerdo con los resultados
hidráulicos los siguientes sitios críticos en los cuales se hace
necesaria la implantación de medidas de mitigación, para
poder mejorar las condiciones hidráulicas del cauce:
[…] En el año 2017 el municipio de Piedecuesta en convenio
con la Piedecuestana de Servicios ESP, contrató un estudio
con la firma CIIO INGENIERÍA para la quebrada la Palmira
en complemento de la mencionada consultoría efectuada
por la AMB, en la misma de manera específica se priorizó la
zona de confluencia con la quebrada el Diamante, por lo que
se tuvo en cuenta para la caracterización obtención de caudales de
diseño, tres áreas aferentes correspondientes a:
• Área Q. la Palmira aguas arriba de la confluencia con la Q. el
Diamante
• Área Q. la Palmira aguas abajo de la confluencia con la Q. el
Diamante
• Área Q. el Diamante
[…] Teniendo en cuenta el estudio realizado por la firma de
ingeniería CIIO Ingeniería, el Municipio de Piedecuesta, solicitó
ante el Área Metropolitana de Bucaramanga, apoyo económico
para la construcción de la obra en mención, producto de lo anterior
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en el año 2017 se suscribió entre el municipio de Piedecuesta y el
AMB el Convenio 359-2017 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL AMB Y EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA FASE I
DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LOS
SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y
EL DIAMANTE (BARRIO ARGENTINA-CONJUNTO RESIDENCIAL
ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPO DE PIEDECUESTA
SANTANDER”.
[…]
2. Se informe qué sectores específicamente se beneficiarán de la
construcción de los tres box culvert y de qué forma, teniendo en
cuenta los efectos que tendrán los mismos para minimizar los
riesgos.
La zona de intervención del proyecto comprende y
beneficiará los sectores por donde pasa la quebrada, es
decir, los barrios Palermo I y II, así como la Argentina y el
conjunto Residencial Entreparques […]
Actualmente se encuentra construido el Box localizado en la carrera
4, el cual comunica al barrio Palermo I con el conjunto entre
Parques, de igual manera se construyó el Box localizado en la
Diagonal 4A, y 125 ml de canal en concreto reforzado localizados
en las abscisas (K0+598.6-K0+603.6 Canal de sección libre de 6
mts, (K0+516.22-K0+584.3 Canal de sección libre de 5 mts)
(K0+450.2+K0502.82 canal de sección libre de 5 mts), el proyecto
se encuentra en un avance del 90%, según las actividades
contratadas […]” (Negrilla de la Sala).
Conforme con lo anterior, para la Sala resulta evidente, como se
indicó en precedencia, que la quebrada que cruza por el barrio
Palermo I es La Palmira, tal y como lo certificó la CDMB en la visita
técnica al sector llevada a cabo el 19 de octubre de 2018 y en el
contrato suscrito entre la AMB y el Consorcio Mensulí, el cual tenía
por objeto la “consultoría para realizar la zonificación de amenazas
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por inundación y remoción en masa, en la cuenca media y baja de la
quebrada Mensulí, subcuenca de la quebrada la Ronda del municipio
de Floridablanca, y de la subcuenca de la quebrada La Palmira
en el municipio de Piedecuesta Departamento de Santander”.
Igualmente, en el año 2017, el Municipio en convenio con la empresa
de servicios públicos contrató un estudio con la firma CIIO Ingeniería,
para que complementara el referido contrato de consultoría, estudio
en el que se priorizó la zona de confluencia de la quebrada La Palmira
con El Diamante, para lo cual tuvo en cuenta tres áreas:
• Área Q. La Palmira aguas arriba de la confluencia con la Q. El
Diamante,
• Área Q. La Palmira aguas abajo de la confluencia con la Q. El
Diamante y,
• Área Q. El Diamante
Por otra parte, y como producto de la consultoría y los estudios
indicados, el MUNICIPIO y la AMB aunaron esfuerzos para la fase
I de la construcción, optimización y obras complementarias del canal
de aguas lluvias en los sectores de confluencia de las quebradas La
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Palmira y El Diamante, a la altura del barrio Argentina, Conjunto
residencial Entreparques y Palermo, el cual, de acuerdo con lo
informado por la Secretaría de Infraestructura del Municipio,
comprendía y beneficiaba a los sectores por donde cruza la
quebrada La Palmira, esto es, los barrios Palermo I y II.
Lo dicho, reitera que la quebrada La Palmira es la que cruza el sector
del barrio Palermo I, el cual está ubicado en su margen izquierda, lo
que no obsta para reconocer que en un punto de su recorrido la
mencionada fuente hídrica confluye con la quebrada El Diamante, lo
que descarta de plano lo afirmado por la accionante en el recurso de
apelación, en el sentido de indicar que son la misma.
En efecto, el material probatorio obrante en el expediente acredita
que la situación que se venía presentando por la falta de capacidad
hidráulica del canal que atravesaba la quebrada La Palmira y que
llevó a la suscripción del referido contrato entre el MUNICIPIO y la
AMB, se presentó en el siguiente sector:
“[…] Debido a la insuficiencia de la sección hidráulica del canal
existente sobre la quebrada La Palmira en el tramo
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comprendido entre aguas abajo de su confluencia con la quebrada
Diamante hasta la carrera 4 y debido al incremento de la intensidad
y frecuencia de las lluvias, se han presentado inundaciones en sus
zonas aledañas ocasionando pérdidas humanas y materiales.
Tal era la situación, que se presentaba en inmediaciones del barrio
La Argentina (sobre su margen derecha) y de la Urbanización
Palermo (sobre su margen izquierda) aproximadamente 600
metros de tramo de la quebrada en estudio desde 300 metros
agua arriba y hasta 300 metros agua debajo de su
confluencia con la quebrada Diamante, que conlleva
implementar las medidas de mitigación necesarias para garantizar
una amenaza baja y el normal funcionamiento del contexto
municipal […]”.
En consecuencia, la Sala considera que, como bien lo señaló el
Tribunal, la fuente hídrica objeto de la presente acción es la
identificada como La Palmira, pues como se indicó en precedencia, el
problema que se presentó fue sobre dicha quebrada, tanto aguas
arriba como aguas abajo de su confluencia con la quebrada El
Diamante, de manera que, en el caso sub lite se está discutiendo es
la problemática ocurrida en la fuente hídrica La Palmira a la altura
del barrio Palermo I.
De la ronda hídrica de la quebrada La Palmira
Determinada la fuente objeto de debate, la Sala procede a analizar
el segundo problema jurídico, esto es, si le asiste razón a los
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apelantes cuando afirman que las entidades accionadas vulneraron
los derechos colectivos al no garantizar y/o respetar la ronda hídrica
de la quebrada que cruza cerca de la urbanización Palermo I.
Para el efecto, se hará referencia al marco normativo que regula
lo relacionado con las rondas hídricas21, aplicable al caso
concreto, teniendo en cuenta que la quebrada La Palmira no
atraviesa predios privados en el área objeto de la acción.
El artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y del Medio Ambiente -CRN22 permite, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por terceros, declarar “[…] reservada una
porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables
de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar
21 Sobre el tema ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera: providencia de 16 de mayo de 2007, núm. radicación
50001-23-31-000-2005-00181-01, C.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; providencia de
16 de octubre de 2014, núm. radicación 15001-23-31-000-2012-00005-01, C.P: María
Elizabeth García González; providencia de 25 de abril de 2019, núm. radicación 05001-23-
31-000-2012-00826-01, C.P: Hernando Sánchez Sánchez: providencia de 25 de julio de
2019, núm. radicación 66001-23-33-000-2013-00217-02, C.P: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
22 CRN, “ARTICULO 47. Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o
de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción
determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando
sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente,
o cuando el Estado resuelva explotarlos.
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o
autorización de uso a particulares”.
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la prestación de un servicio público, adelantar programas de
restauración, conservación o preservación de esos recursos y
del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos […]”
(Resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 77 ídem regula lo concerniente a las aguas
no marítimas, en los siguientes términos:
“[…] a). Las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera;
b). las provenientes de lluvia natural o artificial;
c). Las corrientes superficiales que vayan por cauces
naturales o artificiales;
d). Las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación
natural o artificial;
e). Las edáficas;
f). Las subterráneas;
g). las subálveas;
h). las de los nevados y glaciares;
i). las ya utilizadas servidas o negras […]” (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el literal d) del artículo 83 de la normativa en comento,
ordena que la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho, es
un bien inalienable e imprescriptible del Estado, salvo derechos
adquiridos por particulares. Para el efecto, este artículo dispuso lo
siguiente:
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“ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a). El álveo o cauce natural de las corrientes;
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros
de ancho;
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los
glaciares;
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;” (Resaltado
de la Sala).
La Sala destaca que el artículo 11 del Decreto 1541 de 26 de julio de
1978 definió la expresión “cauce natural”, en los siguientes términos:
“ARTICULO 11. Se entiende por cauce natural la faja de terreno
que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho
de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta
donde llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo”
(Resaltado de la Sala).
Por su parte, la Ley 388 de 18 de julio de 199723 les otorgó a los entes
territoriales la facultad de organizar su territorio con el fin de
determinar, entre otros aspectos, las zonas no urbanizables para
efectos de su conservación ambiental y/o proteger a las personas de
23 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
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los riesgos naturales, razón por la que, en estos términos, se
encontrarían facultados para ajustar el área de ronda de los afluentes
de su jurisdicción de acuerdo con sus necesidades, siempre y cuando
se cumpla con las finalidades en mención.
Sobre el particular, la Ley en comento ordena lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El
ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función
pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su
destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos
domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y
adecuarlo en aras del interés común, procurando su
utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y
natural.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante
los riesgos naturales” (Resaltado de la Sala).
“ARTICULO 5o. CONCEPTO. El ordenamiento del territorio
municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio
de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados
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por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio
bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las
tradiciones históricas y culturales” (Resaltado de la Sala).
“ARTICULO 8o. ACCION URBANISTICA. <Artículo modificado por el
artículo 27 de la Ley 2079 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
La función pública del ordenamiento del territorio municipal o
distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas
que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio
y la intervención en los usos del suelo, adoptadas mediante
actos administrativos que no consolidan situaciones
jurídicas de contenido particular y concreto. Son acciones
urbanísticas, entre otras:
[…]
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten
riesgos para la localización de asentamientos humanos, por
amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiciones insalubres para la vivienda.
[…]
10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística.
11. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia
ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad
ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y
manejo adecuados […]” (Resaltado de la Sala).
“ARTICULO 16. CONTENIDO DE LOS PLANES BASICOS DE
ORDENAMIENTO. Los planes Básicos de Ordenamiento Territorial
deberán contemplar los tres componentes a que se refiere el
artículo 11 de la presente ley, con los siguientes ajustes, en orden
a simplificar su adopción y aplicación:
1. En cuanto al componente general, el Plan Básico de
Ordenamiento señalará los objetivos y estrategias territoriales de
largo y mediano plazo que complementarán, desde el punto de
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vista del manejo territorial, el desarrollo municipal, así como los
siguientes contenidos estructurales:
[…]
1.3 El establecimiento de las áreas de reserva y las
regulaciones para la protección del medio ambiente,
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, así
como para las áreas de conservación y protección del patrimonio
histórico, cultural y arquitectónico.
[…]
1.6 El inventario de las zonas que presenten alto riesgo para
la localización de asentamientos humanos, por amenazas
naturales o por condiciones de insalubridad.
2. En relación con el componente urbano, el Plan Básico deberá
contener por lo menos:
[…]
2.2 La delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales, paisajísticos y de
conjuntos urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la
legislación general aplicable a cada caso y las normas urbanísticas
que los complementan, así como de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
2.3 La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas
de vivienda de interés social, incluyendo los de mejoramiento
integral, la cual incluirá las directrices y parámetros para la
definición de usos para vivienda de interés social, tanto en suelos
urbanos como de expansión urbana, y el señalamiento de los
correspondientes instrumentos de gestión; así como los
mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de
sus habitantes, incluyendo lo relacionado con la transformación de
las zonas reubicadas para evitar su nueva ocupación
[…]”(Resaltado de la Sala).
“ARTICULO 35. SUELO DE PROTECCION. Constituido por las
zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera
de las anteriores clases, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
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zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para
la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse”.
Ahora, el Decreto 1504 de 4 de agosto de 1998, reglamentario del
manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial,
determinó como elementos constitutivos y complementarios del
espacio público, los siguientes:
“[…] Artículo 5.- El espacio público está conformado por el conjunto
de los siguientes elementos constitutivos y complementarios:
Elementos constitutivos
1. Elementos constitutivos naturales:
Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o
de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y
nevados.
Áreas para la conservación y preservación del sistema
hídrico: conformado por:
i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua,
tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos,
quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de
manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados
con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y
corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental.
ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes
de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos,
diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales
como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas,
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escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección
ambiental.
[…]
Parágrafo.- Los elementos constitutivos del espacio público, de
acuerdo con su área de influencia, manejo administrativo,
cobertura espacial y de población, se clasifican en:
Elementos del nivel estructural o de influencia general, nacional,
departamental, metropolitano, municipal, o distrital de ciudad;
Elementos del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al
interior del municipio o distrito [...]” (Resaltado de la Sala).
De lo expuesto en precedencia, se concluye que la ronda hídrica, de
conformidad con el CRN, es la faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30
metros de ancho; que dicha zona es un bien inalienable e
imprescriptible del Estado y, en consecuencia, constituye espacio
público; y que, no obstante lo anterior, dicha medida puede ser
ajustada por los entes territoriales en la elaboración de sus planes de
ordenamiento territorial, con el fin de establecer las zonas no
urbanizables para efectos de su conservación ambiental y/o proteger
a las personas de los riesgos naturales.
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Ahora, la Sala advierte que el artículo 206 de la Ley 1450 de 16 de
junio de 201124, le ordenó a las CAR que efectuaran, en el área de
su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento
de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el
literal d) del artículo 83 del CRN y el área de protección o
conservación aferente, conforme se advierte a continuación:
“[…] Artículo 206. Rondas hídricas. Corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área
de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el
acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811
de 1974 y el área de protección o conservación aferente,
para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes,
conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
La norma en comento fue reglamentada por el Decreto 2245 de 29
de diciembre de 201725, el cual también adicionó una sección al
Decreto 1076 de 26 de mayo de 201526 referente al acotamiento de
rondas hídricas. Sobre el particular, se dispuso lo siguiente:
24 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. Esta Ley se encuentra
vigente, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 336 de la Ley 1599 de 25 de mayo de
2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.
25 "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una
sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas".
26 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.
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“Artículo 1. El Libro 2, Parte 2. Título 3, Capítulo 2 del Decreto 1076
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, tendrá una Sección 3A con el siguiente
texto:
SECCION 3A
DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS
Artículo 2.2.3.2.3A.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente
decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos con
base en los cuales las Autoridades Ambientales
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de
las rondas hídricas en el área de su jurisdicción.
La ronda hídrica se constituye en una norma de superior
jerarquía y determinante ambiental.
Artículo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental
competente define el límite físico de la ronda hídrica de los
cuerpos de agua en su jurisdicción.
2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que
ocupan los niveles máximos ordinarios de un cuerpo de
agua sin producir desbordamiento de sus márgenes
naturales.
3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima
a la que llega la influencia del mar en los cuerpos de agua debido
a la marea alta o pleamar y la marea viva o siciqial.
4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección
o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para
el área de protección o conservación aferente se establecerán
directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la
"Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia".
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Artículo 2.2.3.2.3A.3. De los criterios técnicos. La ronda hídrica se
acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a
partir de la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente
de ríos y lagos, considerando los siguientes criterios técnicos:
1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y
la del cauce permanente:
a. La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas
deberá considerar la elevación máxima producida por las mareas
altas o pleamar y la marea viva o sicigial. La misma será la que
reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con
lo establecido en el Decreto-Ley 2324 de 1984 o quien haga sus
veces.
b. El cauce permanente se delimitará desde un análisis de
las formas de terreno, teniendo en cuenta que éste
corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o
niveles sin que se llegue a producir desbordamiento de sus
márgenes naturales.
2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite
físico será el resultado de la envolvente que genera la
superposición de mínimo los siguientes criterios: geomorfológico,
hidrológico y ecosistémico.
a. Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos
morfoestructurales, morfogenéticos y morfodinámicos. Las
unidades morfológicas mínimas por considerar deben ser: llanura
inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera del
cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces
secundarios, meandros abandonados, sistemas lénticos y aquellas
porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura
lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta
mediante la inclusión de indicadores morfológicos.
b. Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno
ocupada por el cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones
más frecuentes, de acuerdo con la variabilidad. intra-anual e inter-
anual del régimen hidrológico, considerando el grado de alteración
morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura
inundable.
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c. Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la
vegetación riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual
determina la eficacia de su estructura para el tránsito y dispersión
de las especies a lo largo del mismo.
En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el
presente artículo, las autoridades competentes evaluarán las
situaciones particulares y concretas que hayan quedado en firme y
adoptarán las decisiones a que haya lugar
Parágrafo. El desarrollo de los criterios técnicos de que trata
el presente artículo, será establecido en la "Guía Técnica de
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en
Colombia" que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Artículo 2.2.3.2.3A.4 Priorización para el acotamiento de rondas
hídricas. Las autoridades ambientales competentes deberán definir
el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas
hídricas en su jurisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo
dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de
tas Rondas Hídricas en Colombia" (Resaltado de la Sala).
De lo anterior, la Sala destaca que la ronda hídrica fue instituida
como una norma de superior jerarquía y determinante ambiental27,
la cual está compuesta por la faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta
metros de ancho y el área de protección o conservación aferente.
También se definió el acotamiento como el “proceso mediante el
cual la Autoridad Ambiental competente define el límite físico
27 Inciso 2 del artículo 2.2.3.2.3A.1 del Decreto 2245 de 2017.
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de la ronda de los cuerpos de agua en su jurisdicción”, y se
establecieron los criterios técnicos que deben tenerse en cuenta para
el acotamiento correspondiente, los cuales deberán ser desarrollados
en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia" que expida el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, como en efecto lo hizo dicha cartera mediante
la Resolución núm. 957 de 31 de mayo de 201828, en la que se
definió el límite físico de la ronda hídrica e identificaron los elementos
constitutivos de ésta conforme lo establecido en el artículo 206 de la
Ley 1450 de 2011, en los siguientes términos:
“6.1.4 Definición del límite físico de la ronda hídrica
El límite físico de la ronda hídrica es la envolvente de la
superposición de las superficies obtenidas para cada uno de los tres
componentes: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. En la
Figura 6-30 se esquematiza el proceso cartográfico para
determinar la envolvente y obtener la superficie que define la ronda
hídrica en sistemas lóticos (Figura 6-30a) y lénticos (Figura 6-30b).
[…]
6.2 Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas
El desarrollo histórico de los asentamientos humanos se ha
realizado, entre otras, alrededor de cuerpos de agua por la
diversidad de servicios ecosistémicos que éstos prestan. En tal
sentido, deben darse manejos que sean compatibles con la
funcionalidad de la ronda hídrica a partir de los resultados del
análisis que soporta su delimitación física. Lo anterior permitirá
28“Por la cual se adopta la Guía Técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en
Colombia y se dictan otras disposiciones”.
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evitar la generación de condiciones de riesgos por inundación,
avenidas torrenciales y estabilidad geotécnica al prevenir la
exposición de personas, bienes o servicios, así como orientar su
aprovechamiento de manera sostenible. Las distintas formas de
ocupación del territorio, usos de la tierra y aprovechamiento de los
recursos naturales, pueden llegar a tener impactos significativos en
las funciones geomorfológicas, hidrológicas y ecosistémicas de las
rondas hídricas. Por ello es necesario definir, al interior de la ronda
hídrica delimitada, las estrategias para el manejo ambiental a que
haya lugar considerando como mínimo las directrices que en este
apartado se establecen para el logro del objeto de conservación.
[…]
6.2.2 Identificación de los elementos constituyentes de la ronda
hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011
Dentro del límite físico de la ronda hídrica se encuentran sus dos
elementos constituyentes establecidos en el artículo 206 de la Ley
1450 de 2011: i) “la faja paralela a los cuerpos de agua a que se
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974”,
ii) “y el área de protección o conservación aferente” (Figura 3-1).
La delimitación de dichos elementos y sus atributos definidos desde
las estrategias para su manejo ambiental se representarán
cartográficamente y se deberán tener en cuenta por parte de las
entidades competentes en las actuaciones a que haya lugar.
De acuerdo con lo anterior, el componente hidrológico (tanto para
cuerpos de agua con modificaciones considerables en su morfología
o los que no) es el criterio con base en el cual se define el primer
elemento de la ronda hídrica, esto es, la faja paralela a que refiere
el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
En los casos en que el componente hidrológico comprenda una
extensión mayor a 30 metros, a partir del cauce permanente o de
la línea de mareas máximas, “la faja paralela” será igual a 30
metros y la extensión restante formará parte del "área de
protección o conservación aferente” junto con los otros dos
componentes (Figura 6-31).
[…]
En caso contrario, "la faja paralela" corresponderá a la extensión
que haya dado el componente hidrológico, y el "área de protección
o conservación aferente" corresponderá con el área
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complementaria obtenida desde la envolvente que integra los otros
dos componentes (geomorfológico y ecosistémico) como se
muestra en la Figura 6-32 [...].”
Dicho acto, otorgó a las autoridades ambientales un plazo de 6 meses
para establecer mediante acto administrativo, el orden de prioridades
con el cual se iniciaría el acotamiento de las rondas hídricas en sus
jurisdicciones (artículo 2° ídem), que para el caso de la CDMB, este
mandato fue acatado mediante Resolución núm. 1239 de 30 de
noviembre de 201829, en la que se advierte que en el puesto número
10 se encuentra la microcuenca Oro Alto, a la cual, de conformidad
con los distintos informes rendidos por la CDMB que obran en el
expediente, corresponde la quebrada La Palmira30. Sin embargo, la
Sala no encontró ningún acto administrativo expedido por la CDMB
por medio del cual hubiese efectuado el acotamiento de las rondas
hídricas priorizadas en la citada Resolución 1239.
Ahora, respecto de la quebrada La Palmira en el PBOT del Municipio
de Piedecuesta, se dispuso lo siguiente:
29 “Por la cual se establece el orden de prioridades para iniciar el acotamiento de rondas
hídricas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga -CDMB-“.
30 La resolución fue consultada en la página web de la CDMB, conforme lo autoriza el inciso 5° del
artículo 177 del CGP. Para el efecto puede revisarse el siguiente link
http://caracoli.cdmb.gov.co/gdi/resoluciones/5556f91773341ce50e62.pdf,
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“[…] B.- SISTEMA HÍDRICO
El sistema hídrico del suelo urbano de Piedecuesta está conformado
por ríos y quebradas que cruzan en dirección oriente – occidente,
ayudando a conformar de forma estructural e imponente la malla
ambiental, y el espacio público municipal, lo que conforma una
malla de afectaciones ambientales.
c. Afectaciones Ambientales.
Las Afectaciones Ambientales son los sectores determinados como
elementos constitutivos del sistema de protección ambiental del
Municipio (naturales o artificiales). Esta afectación será
determinada de acuerdo al tipo de elemento constitutivo que tenga
influencia sobre el suelo que se desarrolla, así:
ELEMENTO ANCHO DE RONDA A CADA
LADO DE LA COTA MAXIMA
DE INUNDACIÓN.
Quebradas: La Palmira, Villa 15 mts a cada lado del cauce,
Concha, Villanueva, Mata como mínimo, incluyendo su
Guadua, Barroblanco. cauce dentro de limite urbano.
Cuenta dentro del perímetro
urbano.
[…]” (Resaltado de la Sala).
Precisado lo anterior, la Sala se referirá a los hechos que resultaron
probados en el plenario en relación con este aspecto.
-. La CDMB por medio de la Resolución núm. 001170 de 9 de
diciembre de 2003, “Por la cual se aprueba un documento de
seguimiento y control ambiental”, aprobó a la Asociación de
Vivienda la Tierra Prometida Piedecuesta el documento de
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Seguimiento y Control Ambiental presentado para el proyecto
denominado Urbanización Palermo Sector I, localizado en el costado
occidental de la Carrera 4 con transversal Villa Concha, entre las
urbanizaciones San Telmo y Campo Verde, en jurisdicción del
Municipio, cuyo documento debía sujetarse a las medidas
establecidas en el artículo 2º de dicho acto.
Por su parte, el artículo 4º ibídem dispuso que la aprobación del
mencionado documento no incluía ninguna otra autorización
ambiental prevista en la normativa vigente, tales como permisos de
ocupación temporal de cauces y de vertimiento, concesiones de
agua, tala o poda de árboles, permiso de emisiones atmosféricas y
viabilidades ambientales.
-. El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, realizó una visita
de inspección sanitaria el 2 de octubre de 2018, al lugar de los
hechos, en la cual participaron miembros de la comunidad y la
CDMB, del que se resalta:
“[…] Entre las situaciones evidenciadas se recalca el posible
incumplimiento de la distancia de la construcción de las
casas a la última cota de inundación de la quebrada La
Palmira. La comunidad deja en conocimiento su inconformidad con
respecto a esta falencia, también comentan la posibilidad que la
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zona haya sido rellenada con material para poder construir y que
esta área fue vendida como zona verde, nunca se informó acerca
de la quebrada. Los vecinos de la zona han sembrado diferentes
plantas con el objeto de cercar la cercanía a la quebrada ya que se
ha convertido también en un foco de delincuencia y consumo de
sustancias. La comunidad pone en conocimiento de la autoridad
ambiental la presencia de roedores y caracoles africanos […]”
(Negrillas fuera de texto).
-. La Oficina Asesora de Planeación del Municipio, a través de oficio
de 10 de octubre de 2018, informó que efectuó una visita ocular al
predio ubicado en la calle 6AN #2D-38, manzana K, barrio Palermo
1, en la que se tomaron las siguientes medidas por la calle 6AN, lote
17: un ancho de anden de 1.52 metros, ancho de vía 5.60 metros y
una zona verde al punto de cota de inundación de la quebrada
la Palmira de 12.30 metros, conforme se evidencia en el siguiente
plano:
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Asimismo, conforme se advirtió en precedencia, la CDMB llevó a
cabo visita técnica el 19 de octubre de 2018, en la que se encontró
lo siguiente:
“[…] 2. HECHOS OBSERVADOS.
Se realizó la visita de inspección técnica ocular al Barrio Palermo 1
vivienda ubicada en la carrea 6AN No. 2D-38 donde reside la
señora Ofelia Ramírez, se constató que esta vivienda colinda con
una corriente hídrica hacia el costado norte, la cual al momento de
la visita presentaba poco caudal. Esta corriente se encuentra sobre
una depresión con taludes a sus dos costados de una altura
estimada de 5 metros. En el momento de la visita no se percibió
presencia de olores ofensivos.
Hacia la carrera sexta, por el costado izquierdo de la corriente y
teniendo en cuenta la geoforma y las características del material
del talud se observa la conformación de un jarillón de una altura
estimada de 1.5m. El talud presenta vegetación tipo herbáceo y
arbustivo. Después del talud se observa cobertura vegetal propia
de la ronda de protección de corriente hídrica.
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La fuente hídrica observada corresponde a la corriente
“Canoas” identificada con el ID 13412 de la Subzona
hidrográfica 2319 Río Lebrija, Subcuenca 2 río de Oro,
Microcuenca Oro Alto.
Se procedió a tomar las siguientes coordenadas en el borde
del andén donde inicia la zona verde, frente a la vivienda y
parqueadero, con la finalidad de poder determinar la
distancia desde este hasta el cauce de la corriente hídrica y
se materializó en mapa en escala 1:5 000, obteniendo una
distancia en línea recta aproximada de 18 metros […]
Así mismo, se verificó la zonificación de manejo de la ubicación de
la vivienda, encontrando que se encuentra en suelo de uso urbano
enmarcado dentro del P.B.O.T. del municipio de Piedecuesta,
acuerdo No. 028 de 2003 del cual se extracta lo siguiente: Artículo
92 componente de sostenibilidad ambiental Numeral C.
Afectaciones ambientales “Las afectaciones ambientales son los
sectores determinados como elementos constitutivos del sistema
de protección ambiental del Municipio (naturales o artificiales). Esta
afectación será determinada de acuerdo al tipo de elemento
constitutivo que tenga influencia sobre el suelo que se desarrolla
así:
ELEMENTO ANCHO DE RONDA A
CADA LADO
DE LA COTA MÁXIMA DE
Quebradas: La Palmira, Villa 15 mts INUNDACIÓN
a cada lado del
Concha, Villanueva, Mata cauce, como mínimo,
Guadua, Barroblanco, Cuenta incluyendo su cauce
dentro del perímetro urbano. dentro del límite urbano.
Se indagó en la base datos (sic) del Sistema de Normalización y
Calidad ambiental de la CDMB, SINCA acerca de trámites
adelantados por la Constructora HG para la Urbanización Palermo y
se encontró el expediente OT- 0083-2003 con No. SINCA 8646 para
el Proyecto VIVIENDA DE INTERES SOCIAL “URBANIZACION
PALERMO “SECTOR I MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
Dentro del expediente reposa la Resolución CDMB No.
001170 del 9 de diciembre de 2003 mediante el cual se
aprobó a la ASOCIACION DE VIVIENDA LA TIERRA
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PROMETIDA PIEDECUESTA, el Documento de seguimiento y
control ambiental denominado URBANIZACIÓN PALERMO
SECTOR 1 y de su artículo segundo numeral dos y tres se
extracta lo siguiente: “2. Todos los aislamientos a canales y
drenajes naturales deben ajustarse a los requerimientos del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio. 3.
Cualquier canalización deberá ser autorizada por la CDMB
y se realizará basándose en las normas de esta entidad”
[…]
Mediante Resolución CDMB No. 1379 del 27 de diciembre de 2007
se autorizó la cesión de los derechos y obligaciones contenidos en
la Resolución número 001170 del 09 de diciembre de 2003 a la
Sociedad HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA (Constructora
HG).
En el expediente reposa copia de la Licencia de Construcción No.
01452 con número de registro 023, de 07 abril de 2000, expedida
por el Departamento Administrativo de Planeación y obras públicas
del Municipio de Piedecuesta.
Así mismo reposa copia de la Resolución No. 000657 de 29 de
agosto de 2002 mediante el cual se aprobó el Plan de Manejo
Ambiental, a la Asociación de vivienda popular La Tierra Prometida
para el proyecto denominado Urbanización Palermo y resuelve en
su artículo segundo – requerimientos generales numeral 2-lo
siguiente: “El aislamiento que se exigirá con respecto a la
estructura de control de cauce será el mismo definido por las
normas de control de erosión de la CDMB, para el caso es de 10m,
de completa área de protección y no se acepta intervención de
ningún tipo de urbanismo en esta franja”.
[…]
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA.
En consecuencia, de lo evidenciado, se conceptúa lo siguiente:
1. La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental –
SEYCA – de la CDMB, informa que la fuente hídrica
observada corresponde a la corriente “Canoas” identificada
con ID 13412, de la Subzona hidrográfica 2319 Río Lebrija,
Subcuenca 2 Río de Oro, Microcuenca Oro Alto, que
corresponde a la misma corriente denominada como La
Palmira.
2. Se pudo constatar con la toma de coordenadas que la
distancia estimada desde el andén del parqueadero hasta la
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corriente identificada con el ID 13412 de la Subzona
hidrográfica 2319 Rio Lebrija Sucuenta 2 Rio de oro,
Microcuenca. Oro Alto, es de 18 metros. Esta distancia puede
variar (ser mayor o menor) teniendo cuenta (sic) el margen de error
del GPS estimado en 4 metros aproximadamente. Esta medida no
fue tomada teniendo en cuenta la cota máxima de
inundación de la corriente La Palmira ya que para ello se
requiere el estudio hidrológico o de cota de inundación de la
corriente la Palmira el cual no reposa en el expediente OT-
083-2003, ya que la constructora no tenía proyectado
realizar la ocupación del Cauce o las franjas de aislamiento
de los dos cauces de la Quebrada La Palmira y la Quebrada
Suratoque.
3. La norma aplicable de franja de aislamiento requerida a la
constructora HG corresponde a la establecida en el acuerdo No.
028 de 2003 mediante la cual se adoptó el P.B.O.T del municipio
de Piedecuesta, es decir 15 metros a cada lado del cauce como
mínimo, de la cota máxima de inundación […]” (Negrilla de la Sala).
En conclusión, del referido informe se extracta que: i) un sector del
barrio Palermo I colinda con la quebrada la Palmira que se encuentra
sobre una depresión con taludes a sus dos costados con una altura
de 5 mts; ii) que por el costado izquierdo de la corriente y teniendo
en cuenta la geoforma y las características del material del talud, se
observó la conformación de un jarillón de una altura estimada de
1.5; y iii) se tomaron coordenadas desde el borde del andén
donde inicia la zona verde, frente a la vivienda ubicada en la
carrea 6AN No. 2D-38 y parqueadero, con la finalidad de determinar
la distancia desde este hasta el cauce de la corriente hídrica, en
virtud de lo cual se halló una distancia en línea recta aproximada de
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18 metros, medida ésta que no fue tomada teniendo en cuenta la
cota máxima de inundación.
-. Ahora bien, el 13 de diciembre de 2018, la Oficina de Planeación
Municipal informó que realizado un análisis predial en la cartografía
oficial del PBOT y estudios de amenaza y riesgo por inundación
aportados por la AMB, se determinó que la vivienda ubicada en la
carrera 6AN No. 2D-38 no se encuentra dentro de la franja de
amenaza por inundación del cauce de la quebrada La Palmira; que
se contaba con un aislamiento de 15 metros, correspondiente al área
de reserva ambiental de la ronda hídrica; y que la medición
comprendía la distancia de aislamiento que para esa fecha tenía el
borde del cauce, y no la distancia desde la cota máxima de
inundación, ya que, para el efecto, se requería de un estudio
hidrológico o de cota de inundación de sector, conforme se advierte
en la siguiente imagen:
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-. Por otra parte, la CDMB elaboró el memorando SEYCA – 749 –
2018 de 17 de diciembre de 2018, por medio del cual se dio respuesta
a las siguientes preguntas:
“[…] 1- Informar si la CDMB posee competencia en la ronda hídrica
de la Quebrada La Palmira del Municipio de Piedecuesta.
RTA: Para el caso de cualquier obra a ejecutar dentro del cauce de
una corriente de nuestra jurisdicción la CDMB es competente. En
el caso de la Quebrada La Palmira, para el sitio de estudio, dado que
se encuentra en zona de uso urbano los aislamientos a fuentes
hídricas se encuentran definidos en el del P.B.O.T. del municipio
de Piedecuesta Acuerdo No. 028 de 2003. Es importante resaltar
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que los permisos, autorizaciones, licencias de movimientos de
tierras, apertura de vías y/o construcciones los emite el Municipio
por medio de la Secretaría de Planeación Municipal ya que, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, son
ellos los facultados para orientar el desarrollo de sus territorios,
regular los usos del suelo y los encargados de aprobar, controlar y
vigilar el POT.
2. Si la CDMB debía adelantar algún tipo de permiso a la
Constructora HG para la construcción de una urbanización
residencial llamada Palermo I y Palermo II, teniendo en cuenta la
ronda hídrica de la Quebrada La Palmira.
Rta. Revisada la información que reposa en los archivos de la
entidad se encontró el expediente OT-083/2003 relacionado al
proyecto denominado Urbanización Palermo I de la Asociación
de vivienda Popular. La Tierra Prometida, mediante el cual se
aprobó un documento de seguimiento y Control Ambiental
mediante Resolución No. 001170 del 09 de diciembre de 2003,
quien posteriormente cedió sus derechos y obligaciones a la
sociedad HG Constructora mediante Resolución CDMB No. 1379 de
27 de diciembre de 2007. Mediante este documento de
seguimiento y control ambiental no se expidió autorización alguna
para la intervención de ningún recurso natural y se le requirió a
la constructora que todos los aislamientos a canales y
drenajes naturales deben ajustarse a los requerimientos del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, es
decir 15 metros medidos a partir de la cota máxima de
inundación.
[…]
5. Si la CDMB tiene algo que ver con el estudio de cota de
inundación y estudios geotécnicos, para el diseño del proyecto en
progreso de los tres BOX CULVERT, sobre la carrera 4 que separa
los Barrios Palermo I y Palermo II de Piedecuesta.
RTA: Los estudios de cota de inundación y estudios geotécnicos,
para el diseño del proyecto en progreso de los tres Box Colulvert
(sic) y canalización, sobre la carrera 4 que separa los Barrios
Palermo I y Palermo II de Piedecuesta debieron ser tramitados por
la persona natural o jurídica que requirió hacer Ocupación de
cauce. En la visita de campo, se pudo establecer que las
obras se están ejecutando por parte de la Alcaldía de
Piedecuesta en convenio con el Área Metropolitana de
Bucaramanga, AMB, se presume que este permiso se debió
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tramitar ante el AMB, ya que hasta junio de 2018 esta
entidad era quien ejercía como autoridad ambiental en el
área urbana. No se encontró trámite de permiso de
ocupación de cauce ante esta Corporación.
[…]
8. Si la CDMB tiene competencia para determinar si la construcción
realizada por la Constructora HG respetó la ronda hídrica de la
Quebrada La Palmira.
La CDMB como autoridad ambiental puede requerirle al contratista
o al Constructor la realización del estudio hidrológico o de cota de
inundación que permita determinar si se cumplió con la franja de
asilamiento (sic) hacia la Quebrada La Palmira, requerida en el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial Acuerdo 068 de 2003, es decir,
15 metros a cada lado del cauce como mínimo, de la cota máxima
de inundación. La medición tomada en campo hace referencia
a la distancia de aislamiento actual del borde del cauce más
no a la distancia tomada desde la cota máxima de
inundación. Para determinar esta cota de inundación se requiere
obligatoriamente la realización del correspondiente estudio
hidrológico o de cota de inundación del sector […]” (Negrilla de la
Sala).
-. La Secretaría de Infraestructura en el referido oficio de 15 de enero
de 2019, señaló que en la quebrada La Palmira, a la altura de la
Urbanización Palermo y otros barrios, se presentaron inundaciones
que ocasionaron la pérdida de vidas humanas y materiales, así como
el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, foco de
enfermedades y contaminación ambiental, por causa, entre otras, de
la insuficiencia de la sección hidráulica del canal existente sobre la
citada fuente hídrica, lo que, según lo informado, fue de pleno
conocimiento por parte del MUNICIPIO y de la AMB, quienes
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suscribieron el contrato de consultoría núm.000211 de 31 de julio de
2015, “para realizar la zonificación de amenazas por inundación y
remoción en masa, en la cuenca media y baja de la quebrada
Mensulí, subcuenca de la quebrada la Ronda del municipio de
Floridablanca, y de la subcuenca de la quebrada La Palmira en el
municipio de Piedecuesta departamento de Santander”. En dicho
documento se consignó lo siguiente:
“1. En atención a su requerimiento en donde manifiesta: Si la
construcción de los tres Box Culvert sobre la quebrada La Palmira
que pasa cerca de las urbanizaciones Palermo I y II, minimiza
considerablemente el riesgo de crecientes que alleguen a inundar
las casas que la componen.
La Secretaría de Infraestructura emite la respuesta en los
siguientes términos:
El proyecto se da en razón a una serie de antecedentes
presentados en el sector, por tal motivo el Municipio de
Piedecuesta debe realizar gestiones que permitan
garantizar la recepción y conducción de las aguas pluviales
que transitan por el casco urbano en los diferentes sectores,
debido a las altas precipitaciones que se presentan, donde
los caudales aumentan y las redes pluviales se saturan.
Debido a la insuficiencia de la sección hidráulica del canal
existente sobre la quebrada La Palmira en el tramo
comprendido entre aguas abajo de su confluencia con la
quebrada Diamante hasta la carrera 4 y debido al
incremento de la intensidad y frecuencia de las lluvias, se
han presentado inundaciones en sus zonas aledañas
ocasionando pérdidas humanas y materiales.
Tal era la situación, que se presentaba en inmediaciones del
barrio La Argentina (sobre su margen derecha) y de la
Urbanización Palermo (sobre su margen izquierda)
aproximadamente 600 metros de tramo de la quebrada en
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estudio desde 300 metros agua arriba y hasta 300 metros
agua debajo de su confluencia con la quebrada Diamante,
que conlleva implementar las medidas de mitigación
necesarias para garantizar una amenaza baja y el normal
funcionamiento del contexto municipal.
En esta zona se han presentado inundaciones ocasionando
pérdidas humanas y materiales, así como deterioro de la calidad
de vida de los habitantes, focos de enfermedades y contaminación
ambiental, puntualmente y entre las más destacadas y resientes
(sic) se tiene:
• El día treinta (30) de mayo de 2015 se presentaron en el
sector lluvias por encima del promedio de las precipitaciones
normales ocasionando pérdidas de vidas humanas (un vehículo con
dos personas adultas, un oficial de la policía y su señora esposa
fueron arrastrados por la corriente del agua) de igual forma se
presentaron afectaciones materiales en viviendas del sector.
Ese mismo día se presentó perturbaciones en la dinámica social
del municipio debido al colapso de la movilidad en el sector, por
espacio de tres (3) horas afectando de esta manera el principal eje
vial hacia el norte de la ciudad, impidiendo la oportuna reacción y
labores de los mecanismos de socorro y demás hacia esta zona del
municipio.
• El día 26 de agosto de 2016, se presentaron en el municipio
fuertes lluvias y la materialización de un fenómeno
hidrometeorológico (Vendaval) que ocasionó en el sector de la
quebrada La Palmira el colapso de la movilidad por caída de árboles
e inundaciones por cerca de 2 horas impidiendo la oportuna
reacción y labores de los mecanismos de socorro y demás hacia
esta zona del municipio.
Lo anterior debido:
• Al incremento de la intensidad y la frecuencia de las lluvias
en los últimos años, consecuencia del cambio climático.
• La insuficiencia de la sección hidráulica del canal
existente sobre la quebrada La Palmira en el tramo
comprendido aguas debajo de la confluencia con la
quebrada El Diamante hasta la carrera 4.
El área metropolitana de Bucaramanga AMB y el municipio
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de Piedecuesta conocedores de estas situaciones han
realizado las siguientes gestiones:
• En el (sic) años 2015 fue suscrito entre el AMB y el Consorcio
Mensulí 2015, el contrato de consultoría No 000211 del 31 de julio
de 2015 cuyo objeto es “consultoría para realizar la zonificación de
amenazas por inundación y remoción en masa, en la cuenca media
y baja de la quebrada Mensulí, subcuenca de la quebrada la Ronda
del municipio de Floridablanca, y de la subcuenca de la quebrada
la Palmira en el municipio de Piedecuesta departamento de
Santander”, contrato en el cual se realiza un análisis general de la
cuenca, obteniéndose las siguientes conclusiones:
“La quebrada La Palmira es cauce que presenta alta
pendiente, en su tramo inicial hasta la vía Bucaramanga –
Piedecuesta, de ahí en adelante, la pendiente es un poco
más suave, aunque con tendencia a producir flujos
supercríticos. Identificándose de acuerdo con los resultados
hidráulicos los siguientes sitios críticos en los cuales se hace
necesaria la implantación de medidas de mitigación, para
poder mejorar las condiciones hidráulicas del cauce:
[…] En el año 2017 el municipio de Piedecuesta en convenio
con la Piedecuestana de Servicios ESP, contrató un estudio
con la firma CIIO INGENIERÍA para la quebrada La Palmira
en complemento de la mencionada consultoría efectuada
por la AMB, en la misma de manera específica se priorizó la
zona de confluencia con la quebrada el Diamante, por lo que
se tuvo en cuenta para la caracterización obtención de caudales de
diseño, tres áreas aferentes correspondientes a:
• Área Q. la Palmira aguas arriba de la confluencia con la Q. el
Diamante
• Área Q. la Palmira aguas abajo de la confluencia con la Q. el
Diamante
• Área Q. el Diamante
[…] Teniendo en cuenta el estudio realizado por la firma de
ingeniería CIIO Ingeniería, el Municipio de Piedecuesta, solicitó
ante el Área Metropolitana de Bucaramanga, apoyo económico
para la construcción de la obra en mención, producto de lo anterior
en el año 2017 se suscribió entre el municipio de Piedecuesta y el
AMB el Convenio 359-2017 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL AMB Y EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA FASE I
DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS
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COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LOS
SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y
EL DIAMANTE (BARRIO ARGENTINA-CONJUNTO RESIDENCIAL
ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPO DE PIEDECUESTA
SANTANDER”.
[…]
2. Se informe que sectores específicamente se beneficiarán de la
construcción de los tres box culvert y de qué forma, teniendo en
cuenta los efectos que tendrán los mismos para minimizar los
riesgos.
La zona de intervención del proyecto comprende y
beneficiará los sectores por donde pasa la quebrada, es
decir, los barrios Palermo I y II, así como la Argentina y el
conjunto Residencial Entreparques […]
Actualmente se encuentra construido el Box localizado en la carrera
4, el cual comunica al barrio Palermo I con el conjunto entre
Parques, de igual manera se construyó el Box localizado en la
Diagonal 4A, y 125 ml de canal en concreto reforzado localizados
en las abscisas (K0+598.6-K0+603.6 Canal de sección libre de 6
mts, (K0+516.22-K0+584.3 Canal de sección libre de 5 mts)
(K0+450.2+K0502.82 canal de sección libre de 5 mts), el proyecto
se encuentra en un avance del 90%, según las actividades
contratadas […]” (Negrilla de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la Sala destaca lo siguiente:
1.- El CRN previó en su artículo 83, literal d), que la ronda hídrica es
la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho, cuya área
es considerada como espacio público y, por tanto, no pueden
efectuarse construcciones tales como viviendas.
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2.- No obstante lo anterior, la medida prevista por el CRN puede ser
ajustada por los entes territoriales en la elaboración de sus planes de
ordenamiento territorial, con el fin de establecer las zonas no
urbanizables para efectos de su conservación ambiental y/o proteger
a las personas de los riesgos naturales.
3.- En atención a la facultad en mención, el Municipio de Piedecuesta
en su PBOT (Acuerdo 028 de 2003) previó como ronda hídrica de la
quebrada La Palmira un área de 15 metros, sin que haya sido claro
en establecer a partir de donde debe medirse, esto es, si desde la
cota máxima de inundación o del cauce o margen de la quebrada,
conforme se advierte del siguiente cuadro visible en el PBOT:
ELEMENTO ANCHO DE RONDA A CADA
LADO DE LA COTA MAXIMA DE
INUNDACIÓN.
Quebradas: La Palmira, Villa 15 mts a cada lado del cauce,
Concha, Villanueva, Mata como mínimo, incluyendo su
Guadua, Barroblanco. cauce dentro del limite urbano.
Cuenta dentro del perímetro
urbano.
Asimismo, la CDMB asegura que los 15 metros deben medirse a cada
lado del cauce como mínimo, de la cota máxima de inundación, la
cual no pudo se advertida, habida cuenta que para establecerla era
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necesario contar con un estudio hidrológico, el cual no había sido
practicado.
Ahora, la Sala advierte que de una interpretación armónica del
artículo 92 del PBOT, referido en precedencia, con el literal d) del
artículo 83 del CRN31, y el artículo 11 del Decreto 1541 de 197832, -
normativa vigente al momento de la expedición del PBOT del
Municipio de Piedecuesta-, la medida debe ser tomada desde la cota
máxima de inundación y no solamente desde el cauce.
En consecuencia, debido a que no se ha practicado un estudio
hidrológico de la quebrada La Palmira, no es posible establecer cuál
es la cota máxima de inundación y, por ende, no resulta procedente
asegurar, conforme lo hizo el Tribunal, que parte de la urbanización
Palermo I no se encuentra en el área de ronda del afluente en
31 Código de Recursos Naturales, “Artículo 83: Salvo derechos adquiridos por particulares,
son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
[…]
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos, hasta de treinta metros de ancho; […]”.
32 Decreto 1541 de 1978, “artículo 11: Se Entiende por cauce natural la faja de terreno que
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo” (Resaltado de la
Sala).
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mención.
Ahora bien, en atención a que el artículo 206 de la Ley 1450 impuso
a las CAR la obligación de acotar la faja paralela a los cuerpos de
agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del CRN y el área de
protección o conservación aferente, en virtud de lo cual, las
autoridades competentes emitieron las reglamentaciones
correspondientes para llevar a cabo dicha labor, la Sala le ordenará
a la CDMB que, en atención a la priorización efectuada en la
Resolución 1329 de 2018, acote la faja paralela y el área de
protección o conservación aferente de la quebrada La Palmira a la
altura del barrio Palermo I del Municipio de Piedecuesta, lo cual
deberá efectuarse en el término de un año, contado a partir de la
notificación de esta providencia.
Asimismo, en atención a que la ronda hídrica es una norma de
superior jerarquía y determinante ambiental, se le ordenará al
Municipio que en el término de seis (6) meses, contados a partir de
que la CDMB le ponga en conocimiento el acto administrativo de
acotamiento de la faja paralela y el área de protección o conservación
aferente de la quebrada La Palmira, a la altura del barrio Palermo I,
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actualice su PBOT y adopte las medidas a que haya lugar en caso de
que encuentre viviendas de la urbanización Palermo I en el área de
ronda, de lo cual deberá dar cuenta al comité de verificación de esta
sentencia.
No obstante lo anterior, la Sala debe manifestar que pese a que en
el proceso no se logró probar que parte de la urbanización Palermo I
fuese construida en zona de ronda, ello no indica que en el
expediente no se hubiese demostrado la situación de riesgo a la que
se encuentra expuesta dicha población dadas las inundaciones
presentadas que han traído como consecuencia la pérdida de vidas
humanas y materiales, conforme quedó documentado en
precedencia, en virtud de lo cual el Municipio ha efectuado
actuaciones tendientes a mitigar el riesgo, como lo es la suscripción
del Convenio 359-2017 con el AMB, que tiene por objeto “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL AMB Y EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA
LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LOS
SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL
DIAMANTE (BARRIO ARGENTINA-CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE
PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPO DE PIEDECUESTA
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
SANTANDER”; y que de acuerdo con lo informado por la CDMB,
habría dado lugar a la canalización de un tramo de la quebrada La
Palmira.
Ahora, a juicio de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Piedecuesta en su escrito de alegatos de conclusión, las obras
realizadas con ocasión del convenio en mención permitieron la
eliminación de los riesgos que se presentaban con el cauce de la
quebrada La Palmira en épocas de lluvia, sin que se hubiesen
reportado nuevas quejas o reclamos por hechos similares, por lo que
los hechos que habían dado origen al amparo solicitado ya habían
sido superados.
En consecuencia, lo anterior impone a la Sala pronunciarse sobre la
amenaza al derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, aún cuando su amparo no fuere
solicitado por la actora en su demanda, pues en atención a la facultad
del juez popular de dictar fallos ultra y extra petita, dicha posibilidad
no le está restringida.
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
Respecto de los fallos ultra y extra petita en acciones populares, la
Sala en sentencia de 1o. de junio de 202033 precisó lo siguiente:
“[…] El respeto del principio dispositivo y la demarcación de las
fronteras del juzgador para emitir fallos infra, ultra o extra petita,
depende de ello. Sin embargo, aquella regla no es absoluta pues
ha sido modulada en consideración a determinadas hipótesis o a la
naturaleza y características del medio de control. La acción popular
constituye una excepción de esta regla genérica dado que la
protección de los derechos de la colectividad, cuya naturaleza es
indisponible, amerita la ampliación de las potestades judiciales
ultra o extra petita para la resolución de la litis.
Este asunto fue abordado por la Sala Plena del Consejo de Estado
en la sentencia de 5 de junio de 201834, en los siguientes términos:
“[…] Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente
para precisar dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la
acción popular puede pronunciarse sobre derechos colectivos que no
han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados,
siempre y cuando tengan una estrecha relación con los derechos
respecto de los cuales sí haya existido una solicitud expresa de
protección y cuando la parte demandada se haya pronunciado sobre ellos
a lo largo del proceso, es decir, que haya podido ejercer su derecho de
defensa.[…]
Ahora, como lo ha sentado la jurisprudencia -antes relacionada- de esta
Corporación, nada obsta para que en el curso del trámite procesal se
encuentre demostrada la vulneración de derechos o intereses
colectivos que pese a que no se incluyeron en la demanda inicial sí se
relacionan directamente con la causa petendi y frente a los cuales los
demandados han tenido la oportunidad de pronunciarse, por lo que le
es dable al juez popular emitir las órdenes que considere pertinentes
para garantizar su protección.[…].
Por lo tanto, el juez popular puede pronunciarse respecto de derechos
colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o
amenazados siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y directa
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de
1° de junio de 2020, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Rad. N.° 15001-
23-33-000-2013-00354-02.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Seis Especial de
Decisión, Sentencia de Unificación de 5 de junio de 2018. Rad. N.° 15001-33-31-001-2004-
01647-01(SU)(REV-AP). C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
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relación o conexidad con los derechos respecto de los cuales sí existió
una solicitud expresa de protección por parte del actor popular y frente
a los cuales la parte demandada haya tenido la oportunidad de
pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda
verificarse que conoció y pudo presentar argumentos de defensa. […]”.
[Resalta la Sala].
Como se observa, el juez de la acción popular está facultado para
amparar derechos colectivos cuya protección no hubiese sido
expresamente solicitada y, en consecuencia, adoptar las medidas
que considere adecuadas para garantizar el debido ejercicio de los
mismos. Sin embargo, para ese propósito será necesario cumplir
con dos supuestos. Los derechos protegidos deben encontrarse
estrechamente relacionados con el objeto y con la causa petendi -
esto es, con los derechos invocados en la solicitud de amparo y con
los hechos que les sirvieron de fundamento-. Y, durante el debate
procesal, se debe garantizar el derecho de defensa y contradicción
de la parte demandada sobre ese nuevo componente de la litis
[…]”.
Aclarado lo anterior, la Sala se pronunciará sobre las competencias
que en materia de gestión del riesgo le asisten al Municipio y a la
CDMB.
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523 de 24 de abril de 201235,
adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres
como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
35 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de
desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y
las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,
con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población36.
La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11
del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el
caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio
climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad
o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios
36 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que
también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,
que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación
entendida como rehabilitación y reconstrucción.
Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio. En
consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las
entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución
de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento
y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
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con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades37.
En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó
funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los
alcaldes y gobernadores.
A los alcaldes, les fueron asignadas las funciones descritas a
continuación:
1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”38.
Lo anterior se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311 de la
Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 39, que
37 Supra nota 13 Artículo 2°.
38 Supra nota 11. Artículo 14.
39“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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definen al Municipio como la entidad territorial fundamental en la
división político administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio.
2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos
de gestión pública [...]”40.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
40 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.
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fines, en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en
riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas
expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio
naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los
mecanismos de reubicación de asentamientos; la
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de
tierras para hacer posibles tales reasentamientos y la
utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y
expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”41
(Resaltado de la Sala).
Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas
Regionales, el artículo 30 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1933,
establece que tendrán por objeto “[…] la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
41 Ley 1523, artículo 40
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naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del
Medio Ambiente […]”.
Dichas Corporaciones Autónomas Regionales integran el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo según lo previsto en el artículo 31
de la Ley 1523, normativa que también establece que deben apoyar
a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el
Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o
de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo,
además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la
Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial
y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de
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gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental
del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores
de su responsabilidad primaria en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2º. Las corporaciones autónomas regionales
deberán propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental
territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones
en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables
en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al
tenor de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los
comités territoriales, harán parte de estos las autoridades
ambientales locales […]” (Resaltado de la Sala).
De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley
1523 identifica al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo
local, como el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción.
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En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le
corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,
principalmente, al municipio en cabeza de su alcalde. No obstante,
ello no indica que se deba dejar de lado que la misma Ley 1523 y el
Decreto 4147, establecieron un trabajo coordinado y armónico con
las demás entidades, dentro de las que se encuentran la CDMB, a la
cual se le asignan especiales funciones de asesoría, orientación y
apoyo a las entidades territoriales de distinto orden en materia de
gestión del riesgo42.
Así las cosas, y de acuerdo con en el material probatorio expuesto,
la Sala advierte que la Secretaría de Infraestructura de Piedecuesta
mediante oficio de 15 de enero de 2019, informó que el avance del
convenio 359 de 2017 estaba en un 90%, sin que en el expediente
obre alguna prueba que determine su finalización y si las obras
fueron efectivas, razón por la que no puede concluirse que el riesgo
de inundación de la quebrada La Palmira, que llevó al Municipio a
ejecutar dichas actuaciones, hubiese sido superado.
42 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
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En consecuencia, la Sala encuentra amenazado el derecho colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
debido a que: i) la población que reside en el barrio Palermo I
colindante con la quebrada La Palmira se encuentra en riesgo por las
inundaciones presentadas por dicho afluente; ii) no hay constancia
en el expediente de la culminación de las obras objeto del Convenio
359 de 2017 suscrito entre el Municipio y la AMB y si éstas
resultaron efectivas para mitigar el riesgo; lo anterior, iii) aunado al
hecho de que no se sabe con certeza si parte de la urbanización se
encuentra en el área de ronda del afluente.
En cuanto a los responsables de la vulneración del derecho colectivo
en mención, la sala estima que su transgresión le será imputable al
ente territorial y a la CDMB en atención a sus competencias en
materia de gestión del riesgo previstas en la Ley 1523 y al AMB con
ocasión del Convenio 359 de 2017, conforme se explicará con más
detalle en el siguiente acápite.
Con fundamento en lo anterior, se le ordenará al Municipio de
Piedecuesta y al AMB que, en el término de dos (2) días, certifiquen
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a la CDMB y al Tribunal si ya culminaron las obras objeto del
Convenio 359 de 2017 en la quebrada La Palmira que permitan
disminuir el riesgo de inundación en la población de la Urbanización
Palermo I.
Asimismo, se le ordenará al Municipio que, con la asesoría y
acompañamiento de la CDMB, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, efectúe un
estudio de la zona donde está ubicada la Urbanización Palermo I, con
el fin de determinar si pese a las obras desarrolladas por el ente
territorial y el AMB en la quebrada La Palmira, ésta aún representa
un riesgo para la comunidad aledaña, el cual deberá ser calificado
como mitigable o no. En el evento en que el estudio arroje un riesgo
como resultado, el Municipio deberá incluir dicha zona afectada en el
inventario de asentamientos en riesgo, con el fin de que, en el
término de un año, contado a partir del resultado del estudio, adopte
las medidas necesarias para tratar el riesgo encontrado con la
asesoría y acompañamiento de la CDMB.
No obstante ello, es del caso precisar que si durante la ejecución de
la sentencia el Tribunal observa que es necesario otorgar un plazo
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adicional, lo cual deberá estar razonablemente fundado en el marco
del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que estime
necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes de
amparo, conforme lo autoriza el inciso 4° del artículo 34 de la Ley
472.43
De la responsabilidad de la AMB
Para responder el tercer problema jurídico, esto es, sí la AMB está
llamada a responder por la vulneración de los derechos colectivos de
la demandante, la Sala advierte lo siguiente:
El artículo 55 de la Ley 99 prevé que “[…] los municipios, distritos y
áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a
1.000.000 de habitantes serán competentes, dentro de su perímetro
urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al
Ministerio del Medio Ambiente […]”.
43 Dicha postura ya ha sido adoptada por la Sala en otras oportunidades, como es el caso
de la Sentencia del 1º de junio de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez, expediente
núm. 6800-12-33-1000-2012-00091-01).
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Asimismo, el artículo 66 ídem ordena que las áreas metropolitanas
cuya población urbana sea igual o superior a un millón de habitantes,
ejercerán, dentro del perímetro urbano, las mismas funciones de las
CAR en lo relacionado con el medio ambiente urbano. La norma en
comento dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS. Los
municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana
fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000)
ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que
fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de
obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades
municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de
efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar
las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y
adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente
artículo asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la
obligación de trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o
compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios,
por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de
servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado
de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el
vertimiento” (Resaltado fuera del texto).
Con fundamento en lo anterior, mediante Acuerdo Metropolitano 016
de 31 de agosto de 2012, la Junta Metropolitana de Bucaramanga
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facultó al AMB para asumir las funciones ambientales atribuidas por
la Ley a los grandes centros urbanos, en especial, las siguientes:
“[…] 1.- Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y
autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su
jurisdicción.
2.- Efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos.
3.- Dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales.
4.- Adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
5.- Ejercer las demás atribuciones ambientales que le determine la ley
[…]”.
Sin embargo, dicho acuerdo fue declarado nulo por esta Sección, en
sentencia de 21 de junio de 201844, por considerar que el acto
adolecía de falsa motivación, por cuanto para su expedición se tuvo
por cumplido el requisito de un millón de habitantes que exigen las
normas citadas en precedencia, con fundamento en una certificación
expedida por el DANE y no con base en el resultado del Censo
Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985,
que es el que se debe tener en cuenta para determinar el número de
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera
ponente María Elizabeth García González, Sentencia de 21 de junio de 2012, expedientes
acumulados núms. 68001-23-33-000-2012-00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00,
68001-23-33-000-2012-00199-00, 68001-23-33-000-2012-00205-00, 68001-23-33-000-
2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-00348-00.
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habitantes o población, conforme lo ordena el artículo 54 Transitorio
de la Constitución Política.
La Sección, en dicha oportunidad consideró lo siguiente:
“[…] De la reseña jurisprudencial antes señalada, se colige que
esta Corporación ha sido unánime al sostener que para
determinar el requisito del número de habitantes o población ,
se debe tener en cuenta el resultado del Censo Nacional de
Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985, el
cual fue adoptado por el Congreso de la República, a través del
artículo 54 Transitorio de la Constitución Política , “para todos
los efectos constitucionales y legales”.
Y que no puede tenerse en cuenta la proyección, índice,
variación, o tasas de crecimiento exponencial de la población
censada, pues se desconocería la citada disposición.
Ello, en tanto que el citado artículo 54 Transitorio
constitucional (que adoptó el censo de 1985) está destinado a
dotar de certeza las decisiones administrativas que tengan
como base estadísticos de población; produce efectos jurídicos
transitorios por tiempo indefinido, de tal modo que el mismo
permanece vigente hasta que el legislador adopte otro censo
posterior, conforme lo exigen los artículos 1º y 7º de la Ley 79
o sea fijado un criterio legal distinto, a través de una norma
especial.
Por tanto, debe destacarse que la aplicación del referido
censo de 1985 constituye la regla general en todos los
asuntos o materias, en los cuales haya que determinar
el número de habitantes o población, y que no hubiesen
sido regulados de manera específica por una norma
especial, en razón de que es el que determina la validez
jurídica de las cifras de población para todos los efectos
constitucionales y legales, de tal manera que “ninguna
autoridad legislativa, ejecutiva o judicial pudiera desconocerlo
en el cumplimiento de sus funciones”; es el único censo oficial
y adoptado por la ley, en tanto cumplió con el trámite de ser
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aprobado por el Congreso de la República a través de ley y, en
consecuencia, tiene pleno respaldo en las normas
constitucionales (artículo 54 Transitorio) y legales (artículos
1º y 7º de la Ley 79, en concordancia con el artículo 12 de la
Ley 67) en que debía fundarse.
En el caso bajo examen, el legislador no estableció una regla
especial para determinar el número de habitantes o la
población, necesario a fin de que las áreas metropolitanas sean
competentes para ejercer, dentro de su perímetro urbano, las
funciones descritas en los artículos 55 y 66 de la Ley 99, y se
le les destine el cincuenta por ciento (50%) de la sobretasa
ambiental, por lo que se debe aplicar la referida regla general
y tener en cuenta el resultado del Censo Nacional de Población
y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985.
En este orden de ideas, cuando la Junta Metropolitana de
Bucaramanga, a través del Acuerdo Metropolitano nro. 016
de 31 de agosto de 2012 demandado, dio por cumplido el
requisito de un (1) millón de habitantes, a través de la citada
certificación de 20 de marzo de 2012, expedida por el DANE,
con una proyección definida a 30 de junio del mismo año, para
constituir el Área Metropolitana de Bucaramanga como
autoridad ambiental metropolitana y le otorgó las demás
facultades y funciones indicadas en el citado Acuerdo, violó lo
señalado en los artículos 54 Transitorio de la Constitución
Política, 7º de la Ley 79, en concordancia lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 67, e incurrió en una falsa motivación.
Las consideraciones precedentes constituyen razón potísima
para que la Sala revoque la sentencia apelada y, en su lugar,
declare la nulidad del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de
31 de agosto de 2012 demandado, expedido por la Junta
Metropolitana de Bucaramanga […]”.
De lo hasta aquí expuesto, la Sala destaca que el acto que asignó las
funciones de autoridad ambiental al AMB fue expulsado del
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ordenamiento jurídico y, por tanto, dichas competencias en la
actualidad están en cabeza de la CDMB45.
Cabe resaltar que, posteriormente, la Junta del Área Metropolitana
de Bucaramanga expidió el Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 29
de diciembre de 201446, en el que dispuso que la AMB ejercía
integralmente las funciones y competencias de autoridad ambiental
previstas en la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo ordenado en
el literal j) del artículo 7° de la Ley 1625.
Dicho acto fue demandado ante el Tribunal Administrativo de
Santander, a través del medio de control de nulidad radicado bajo el
núm. 68001-23-33-000-2019-00299-00, en el que mediante auto de
10 de octubre de 2019 se decretó, a título de medida cautelar, la
suspensión provisional de los efectos del citado acto.
Contra la anterior decisión, la Junta del Área Metropolitana de
Bucaramanga interpuso recurso de apelación, el cual, en los términos
45 Dicho asunto fue analizado en providencia de 23 de abril de 2019, proferido por el
Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés dentro del medio de control de nulidad radicado
bajo el núm. 11-001-0324-000-2014-00322-00.
46“[…] Por medio del cual se da aplicación al literal j) del artículo 7° y al literal d)
del artículo 20° de la Ley 1625 de 2013 […]”
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del artículo 243 del CPACA47, se concedió en el efecto devolutivo, cuya
alzada se encuentra en trámite en esta Sección.
Lo anterior, pone de manifiesto que, en el caso concreto, hasta tanto
no se resuelva la apelación de la medida cautelar decretada por el
Tribunal Administrativo de Santander, la norma que le otorga al AMB
funciones y competencias de autoridad ambiental, esto es, el
Acuerdo 031 de 2014, se encuentra suspendida y, por tanto, no
puede ser tenida como la autoridad encargada de dar cumplimiento
a las órdenes que se profieran para el amparo de los derechos
colectivos aquí vulnerados, cuya responsabilidad, entonces, recae en
47CPCA, ARTÍCULO 243. “Son apelables las sentencias de primera instancia de los
Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos
en la misma instancia por los jueces administrativos:
[…]
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de
responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
[…]
Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente,
serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en
primera instancia.
El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los
casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se
concederán en el efecto devolutivo”.
PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del
presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el
procedimiento civil” (Resaltado de la Sala).
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la CDMB, sin perjuicio de lo que decida esta Sección respecto de la
medida cautelar proferida en el proceso de nulidad núm. 68001-23-
33-000-2019-00299-01, pues en el evento en que se revoque, la
responsable del cumplimiento sería el AMB, hasta tanto no se
profiera sentencia definitiva en dicho proceso, y así se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, la Sala también precisa que el AMB fungió como autoridad
ambiental durante el período comprendido entre la expedición del
Acuerdo 016 de 31 de agosto de 2012 y la ejecutoria de la sentencia
de 21 de junio de 2018 que lo expulsó del ordenamiento jurídico,
lapso dentro del cual suscribió con el Municipio de Piedecuesta el
Convenio 359 de 2017, razón por la que, conforme se expuso en el
acápite anterior, en este momento, dicha entidad es responsable
únicamente de la amenaza al derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.
Lo anterior, por cuanto la acción popular tiene por objeto evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible,
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de modo que en el presente caso no es relevante quién o quiénes
ejercieron como autoridad ambiental en el pasado, pues no se trata
de una acción de responsabilidad extracontractual, sino que se busca
es, precisamente, hacer cesar la vulneración o afectación a los
derechos colectivos actualmente.
En conclusión, el AMB solamente es responsable de la amenaza de
del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, pero solamente en virtud de la ejecución
del Convenio 359 de 2017, del cual no se tiene certeza de su
culminación, y no como autoridad ambiental, pues dicha calidad en
la actualidad la ostenta la CDMB, por lo que en ella recae la facultad
de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos cuyo amparo
se reclama.
De las autoridades competentes para la descontaminación de
la quebrada La Palmira
La CDMB cuestionó la orden dada en la sentencia de primera
instancia, referente a que le corresponde realizar, de manera
mancomunada con el MUNICIPIO, las acciones que sean necesarias
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para descontaminar la quebrada La Palmira, pues, a su juicio, no está
en el deber de ejecutar obras o construcciones, sino de asesorar y
acompañar al ente territorial para que ejecute las obras o lleven a
cabo las actividades para la recuperación ambiental.
Respecto de la contaminación de la quebrada La Palmira, la Sala
destaca el siguiente material probatorio.
-. El Municipio realizó el “informe y evidencia” núm. 04A de 22 de
marzo de 2018, en el que efectuó un diagnóstico de la quebrada La
Palmira, con el fin de determinar los puntos de contaminación por
vertimientos u otras fuentes de contaminación, en el cual se consignó
lo siguiente:
“[…] OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se realizó diagnóstico por la quebrada Palmira, el 22 de marzo
de 2018, en donde se evidenciaron fuentes de contaminación por
vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos. En total se
encontraron 23 puntos durante todo el recorrido.
[…] A partir de la gráfica 1, se evidencia que es necesario
priorizar 4 puntos encontrados en el diagnóstico de la
quebrada, ya que tienen una valoración de “crítico”
provenientes principalmente de conexiones erradas con
caudales significantes en el momento del diagnóstico. Se
debe realizar revisión para determinar los afluentes en dichos
vertimientos.
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Así mismo, se observaron 19 puntos moderados, generados
por vertimientos de aguas mixtas por conexiones erradas
principalmente, con caudales moderados, de diferentes
barrios adyacentes a la quebrada.
No se observaron puntos “muy críticos” ni “sin afecciones
considerables” durante el diagnóstico.
Así mismo, hasta el punto 10 de la hoja de Excel se evidenció una
contaminación significativa, generada por vertimientos de
aguas residuales directos en algunos sectores de los cuales
se debe verificar la legalidad de los predios. Posterior a este
punto, la quebrada disminuye su carga contaminante
organolépticamente […]” (Negrilla de la Sala).
-. El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, realizó una visita
de inspección sanitaria el 2 de octubre de 2018 al lugar de los
hechos, en la cual participaron miembros de la comunidad y la
CDMB, del que se resalta:
“[…] En la zona de la quebrada La Palmira se evidencian
puntos de vertimientos de aguas lluvias y dos tuberías que
desembocan en el cuerpo hídrico, las cuales según la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS expone que son aguas lluvias, sin
embargo, en el momento de la visita, a pesar de la posible
autodepuración de la quebrada, debido a las lluvias de la noche
anterior, se presenta un olor característico de las aguas negras.
Con respecto a la competitividad (sic) de la Secretaría de Salud de
Piedecuesta se evidencia la presencia de vectores como zancudos
y moscas. La proliferación de vectores es posiblemente a 1. Las
características hidromorfológicas del cuerpo hídrico, ya que en
muchas zonas hay formación de meandros y zonas muertas, donde
el agua queda estancada, propiciando criaderos para estos
vectores. 2. A lo largo del recorrido se observó basura, como
botellas, garrafas y otros recipientes donde se estanca el agua. 3.
Los vertimientos de aguas residuales en fuentes hídricas crean
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condiciones propicias para la reproducción de moscas y zancudos,
aumentando la población de estos e incrementando la posibilidad
en la comunidad de adquirir una enfermedad de transmisión
vectorial.
En la quebrada La Palmira se están realizando acciones de
canalización por parte de la Secretaría de Infraestructura de
Piedecuesta, las cuales, según los vecinos de la zona han
servido para disminuir los olores ofensivos. Pero en el mes de
septiembre hubo un rompimiento de un tubo de aguas residuales
lo que generó una crisis en los habitantes de la zona. Las acciones
de canalización llegan a un punto donde no beneficia del todo a la
comunidad que expone la queja […]” (Negrilla de la Sala).
-. Por otra parte, la CDMB elaboró el memorando SEYCA – 749 –
2018 de 17 de diciembre de 2018, por medio del cual se dio respuesta
a las siguientes preguntas:
[…] 7. Si la CDMB, puede certificar la contaminación de dicha
Quebrada.
La CDMB, cualquier entidad o persona natural o jurídica, puede
establecer la contaminación de una fuente hídrica mediante la
realización de estudios fisicoquímicos y su análisis. Para este caso
en particular de la quebrada La Palmira revisado el estudio de
impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental realizado por la
empresa Servicios Profesionales y de Ingeniería LTDA, el cual fue
presentado para la aprobación del documento de seguimiento y
control ambiental aprobado mediante resolución 1170 de 09 de
diciembre de 2003 en su página 48 y 49 determinó que para la
época de la presentación del estudio “las características
organolépticas detectadas fueron de alta contaminación lo cual se
corrobora con las características fisicoquímicas reportadas en la
tabla 3.4 y fotografía 3.2 del estudio. (Ver anexo) […]”.
-. Asimismo, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del
Municipio, expidió un oficio el 28 de diciembre de 2018, a través del
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cual informó lo siguiente:
“[…] el 22 de marzo de 2018 se realizó un diagnóstico a la
quebrada Palmira, en donde se evidenció contaminación por
conexiones erradas y disposición de residuos sólidos,
posterior a dicho diagnóstico, se procedió a remitir a la
Piedecuestana de Servicios Públicos las conexiones erradas, lo
anterior, teniendo en cuenta que dicha entidad es la encargada
del alcantarillado pluvial y sanitario del municipio. Así mismo,
el día 14 de abril de 2018, se realizó una jornada de limpieza
de la Quebrada La Palmira, de la cual participó la Omag.
Con relación al grado de contaminación, el Área Metropolitana
de Bucaramanga, realizó la medición del Índice de Calidad del Agua
Superficial en donde se observó lo siguiente:
ICA PROMEDIO QUEBRADA PALMIRA
2016=0.45 Mala 2017=0.55 Regular.
[…]”. (Negrilla de la Sala)
-. Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. expidió una nota interna
el 11 de enero de 2019, en la que informó que los Proyectos
Palermo I y II hacían entrega de sus aguas lluvias a la
quebrada La Palmira y que los diseños de alcantarillado pluvial
reposaban en el archivo central de la entidad. Además, aclaró que el
aislamiento de la quebrada con las viviendas no era verificada por la
entidad, pues dicha responsabilidad recaía en planeación municipal y
en la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, pues la
empresa recibe únicamente las redes y las estructuras de entrega a
la quebrada.
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-. Del mismo modo, la empresa de servicios públicos expidió una nota
interna el 15 de enero de 2019, por medio de la cual informó lo
siguiente:
“[…] CONCEPTO COORDINADOR AMBIENTAL
El área ambiental ha realizado inspecciones oculares a los diferentes
cuerpos hídricos urbanos del municipio de Piedecuesta, evidenciando
diferentes causas de contaminación con influencia antrópica, entre las
cuales se encuentran:
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domiciliarios
• Disposición inadecuada de residuos sólidos especiales
• Disposición inadecuada de residuos inservibles
• Vertimientos provenientes de áreas fuera del perímetro sanitario (sub
urbanas y/o rurales)
• Conexiones erradas.
No obstante, se ha aplicado el procedimiento de identificación de
conexiones erradas, el cual tiene como finalidad detectar los usuarios de
alcantarillado que alteraron las redes internas de sus respectivas
viviendas y que por consecuencia afectan la prestación del servicio
público de alcantarillado, conectándose inadecuadamente a las redes
públicas de la Empresa. Para ello, se han trabajado los barrios
aledaños a la quebrada La Palmira, que se encuentran aguas
arriba a los barrios Palermo I y II, entre ellos se han visitado:
• Paseo Cataluña
• Paseo Galicia
• Ciudad Perdida, San Juan Alto (No cuentan con redes de alcantarillado
y vierten directamente a la fuente hídrica) Competente ente municipal.
En cuanto a si existe afectación ambiental o no, el área metropolitana
de Bucaramanga, como autoridad ambiental cuenta con 5 puntos de
control que conforman la red de monitoreo de calidad del agua, donde
realizan seguimiento a la calidad del agua de las corrientes hídricas en
Piedecuesta, de tal manera que evidencian la calidad del agua.
Finalmente informamos que las presuntas causas de
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contaminación son generadas por los mismos usuarios, más no
por la Empresa prestadora del servicio público de alcantarillado.
Se seguirá visitando los barrios aledaños a los cuerpos hídricos,
identificando a aquellos que entregan inadecuadamente las
aguas residuales a la red pública de aguas lluvias y exigiendo,
conforme lo establece la ley, las modificaciones pertinentes para
la corrección de novedades. En caso de incumplimiento, la Policía
Nacional deberá aplicar la Ley 1801 de 2016 por afectación a los
recursos naturales o alteración de las redes que afectan la prestación
del servicio público […]” (Negrilla de la Sala).
En efecto, conforme lo concluyó el Tribunal, del material probatorio
expuesto en precedencia, resulta evidente para la Sala que la
quebrada La Palmira está siendo contaminada por las conexiones
erradas al alcantarillado por parte de algunos usuarios del sistema,
en virtud de las cuales se vierten aguas servidas al afluente y se
disponen residuos sólidos, lo que, a todas luces, vulnera el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano de los habitantes del sector.
En consecuencia, a juicio de la Sala, la decisión de imputarle la
responsabilidad de dicha transgresión al Municipio y a la Empresa
Piedecuestana de Servicios Públicos, se encuentra ajustada a
derecho, pues al ente territorial de conformidad con los artículos 65
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de la Ley 9948, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200149 y 6º
de la Ley 1551 del 6 de julio de 201250 -que modificó el artículo 3º
de la Ley 136 de 2 de junio de 199451-, le asiste el deber de adelantar,
promover y ejecutar programas y políticas encaminadas por la
48 Ley 99, artículo “Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del
distrito capital de Santafe de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los
municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales:
[…]
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas
y proyectos regionales, departamentales y nacionales.
2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del
municipio;
[…]
5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes
regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía
Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;
7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen
en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en
relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo;
8) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones
superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre
usos del suelo; […]” (Destacado de la Sala).
49 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”. Artículo 76: […] “tomar las medidas necesarias
para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en
coordinación con las corporaciones autónomas regionales […]”.
50 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”. Artículo 6: “[…] “velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del
ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”.
51 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.
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protección del medio ambiente, así como ejercer el control y la
vigilancia de los recursos naturales en su jurisdicción. Asimismo, la
ESP, tiene la obligación de velar para que no se perturbe la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado por conexiones
de urbanizadores a la red de alcantarillado sin el lleno de los
requisitos o de manera ilegal y que, por dicha causa, estén afectando
el recurso hídrico52.
Ahora, respecto de la competencia de la CDMB para realizar de
manera mancomunada con el MUNICIPIO las acciones que sean
52 El parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 ordena lo siguiente: “[…]
PARÁGRAFO. Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico
será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar
que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de
Servicios Públicos será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta
no causa perjuicios a la comunidad.
Las autoridades de policía, de oficio o por solicitud de cualquier persona procederán a sellar
los inmuebles residenciales o abiertos al público, que estando ubicados en zonas en las que
se pueden recibir los servicios de acueducto y saneamiento básico no se hayan hecho
usuarios de ellos y conserven tal carácter.
Asimismo, el artículo 29 ibidem, ordena que: “[…] Las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo
solicite una empresa de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se le
restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin
conocimiento de la empresa; o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen
perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos.
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la
perturbación, o de la amenaza de ella, conminando a los perturbadores con multas de uno
(1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, por cada semana o fracción de demora
transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas
previstas en las leyes. En todo caso ,<sic> en ejercicio de tales procedimientos, se respetará
el principio del debido proceso garantizado por el articulo <sic> 29º de la Constitución
Política” (Resaltado de la Sala).
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necesarias para descontaminar la quebrada La Palmira, la Sala
considera:
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99, dentro las funciones de
las CAR, se encuentran las siguientes: i) ejercer como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción (numeral 2); ii)
promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado
de los recursos naturales renovables (numeral 3); y iii) coordinar el
proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), en el área de su jurisdicción y, en especial, asesorar a los
Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables (numeral 4).
La Sala hace especial énfasis en la función prevista en el numeral 20
ídem, que ordena a las CAR lo siguiente:
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“[…] 20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]” (Resaltado de la Sala).
Teniendo en cuenta dicha función, la Sala considera que la
Corporaciones Autónomas Regionales tienen el deber de desarrollar
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente, las cuales
incluyen las fuentes de agua que se encuentren en el área de su
jurisdicción53.
Además, esta Sección en sentencia de 24 de noviembre de 2016 54,
consideró que hacen parte de los deberes de las Corporaciones, los
siguientes:
“[…] En ese orden de ideas, sí hace parte de sus deberes (i) promover
y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme
53 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 18 de octubre de 2019, núm. radicación 66001-23-31-000-2012-00168-01,
C.P: Oswaldo Giraldo López.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
24 de noviembre de 2016, núm. radicación: 66001-23-31-000-2011-00050-02. C.P: María
Elizabeth García González.
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a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes55; y (ii) ejecutar, administrar, operar y mantener,
en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas
de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización
sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables56. Para el efecto, celebrará contratos y convenios con las
entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando
no correspondan al ejercicio de funciones administrativas57.
De conformidad con el marco normativo expuesto, no cabe duda de
que en este caso, la CARDER sí mantiene dentro de sus competencias
la ejecución y desarrollo de obras que se hagan necesarias para la
defensa, protección y recuperación del medio ambiente58; muestra de
ello es la afirmación contenida en el concepto técnico 1047 de 2008,
en la que se admite que en el año 2007, junto con el Municipio,
adelantó obras de protección y corrección para la mitigación de los
procesos de inestabilidad de las laderas de la quebrada Manizales; así
como la reiteración de ejecutar pantallas de concreto
complementarias de las ya construidas con antelación, como medida
para proteger y mitigar los procesos de debilitamiento de las
márgenes de la quebrada y que colocan en riesgo la estabilidad de los
predios aledaños […]”.
Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que a la CDMB sí le
corresponde realizar de manera mancomunada con el MUNICIPIO
las acciones a que haya lugar para descontaminar la quebrada La
Palmira, como lo ordenó el Tribunal, pues la medida resulta idónea
55 Ibíd. numeral 19.
56 Ibíd. numeral 20.
57 Ibíd. numeral 6.
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de abril de 2016. C.P: María Claudia
Rojas Lasso.
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para garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables.
Del comité de verificación de la sentencia
A juicio del apoderado de la Defensoría del Pueblo – Regional
Santander, no es necesaria la conformación de un comité de
verificación, toda vez que ante un eventual incumplimiento de la
providencia, resulta más célere promover un incidente de desacato
que “atenerse” a un comité.
Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34
de la Ley 472, el Juez tiene la facultad de conformar un comité de
verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar
por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una
organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
Cabe señalar que la implementación de dicho comité no pugna con
la facultad que tienen las partes o los interesados de acudir al
incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial,
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pues aquél tiene por finalidad efectuar un seguimiento a la
ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el
juez y demás personas interesadas, para lograr la efectiva protección
de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de
2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos
cuerpos normativos hayan considerado que dichas autoridades debían
conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que
tanto el juez de tutela como el de la acción popular puedan convocar a
las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección, cuantas
veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de
su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir
tales obstáculos.59
59 La Sentencia 85001-23-31-000-2011-00047-01(AP), proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el cinco (5) abril de 2013 (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), se refiere
al compromiso que, en atención a la naturaleza de la acción popular, a su origen
constitucional y a la clase de derechos e intereses que protege, adquiere el juez que la
tramitó frente a la garantía del cumplimiento de las órdenes impartidas en aras del
restablecimiento del derecho colectivo vulnerado. El fallo señala, al respecto, que “(...) la
supremacía de las normas constitucionales exige, antes que la evocación de un enunciado
formal de prevalencia de los derechos colectivos, su plena eficacia material. Y a ese objetivo
debe orientarse imperiosamente la actividad de las autoridades, incluyendo la tarea del juez
de la acción popular, pues un procedimiento distinto conduciría al desconocimiento de uno
de los fines esenciales del Estado Social, para el efecto de la participación en la protección
de los derechos colectivos con la eficacia que su trascendencia exige. Sobre ese supuesto,
advierte que el rol del juez de la acción popular no puede limitarse a adoptar una decisión
con respecto a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las partes,
ya que, por el contrario, “su deber tiene que ver con la adopción de las medidas que sean
necesarias para restablecer las cosas al estado precedente a la vulneración del derecho o
del interés colectivo, de ser ello posible (...)”.
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El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para
esos efectos: la conformación del comité para la verificación del
cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario
judicial en la formulación de propuestas que conduzcan a realizar la
protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento de las
gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo
vulnerado han adoptado con ese objeto.60
[…]
.10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con
antelación acerca de la responsabilidad del juez de la acción popular en
la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos jurídicos de los que
él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las
órdenes de protección de los derechos colectivos.
Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de
forma precisa el plazo previsto para su ejecución y que, durante ese
término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas que
conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección
concedida. Esto significa que puede practicar pruebas para identificar las
circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo, requerir a las
entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar
los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité
de verificación de cumplimiento de la sentencia de acción popular y el
incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque opera
como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de
cumplimiento de la sentencia y el segundo porque permite que, ante la
inminencia de una sanción disciplinaria, las autoridades se apresuren a
ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo
concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y
seguimiento de las órdenes de protección, la competencia que se le
confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a
acelerar el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo
pueden ejercer los organismos de control y los intereses que están en
juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
60 Cfr. Sentencia T-443 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).
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concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar
que, en efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar
sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan
[…]”.
Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a que la Sala considera
necesario la conformación del Comité de Verificación, se modificará
el numeral cuarto de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar
la inclusión del Juez, quien deberá presidirlo.
Ahora, en cuanto a la inclusión de una ONG relacionada con
actividades del objeto de la presente litis, se estima que no es
necesaria su presencia en el Comité, pues las entidades que lo
conforman son las idóneas y competentes para garantizar el
cumplimiento de las órdenes impartidas.
Finalmente, en relación con la petición de excluir a la Defensoría del
Pueblo – Regional Santander del comité, la Sala tampoco accederá a
esta solicitud, ya que, como se indicó, las partes deben ser miembros
del mismo, y como dicha entidad intervino en el presente proceso
como apelante, forzoso es concluir que deberá continuar en el citado
comité.
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Resueltos los problemas jurídicos, la Sala adicionará el fallo apelado
en el sentido de declarar que el Municipio de Piedecuesta, la
CDMB y el AMB vulneraron el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente en los términos
expuestos en la parte motiva de esta providencia, por lo que se
impartirán las siguientes órdenes de amparo, y así se dispondrá en
la parte resolutiva:
1.- Se ordenará a la CDMB que, en atención a la priorización
efectuada en la Resolución 1329 de 2018, acote la faja paralela y el
área de protección o conservación aferente de la quebrada La Palmira
a la altura del barrio Palermo I del Municipio de Piedecuesta, lo cual
deberá efectuarse en el término de un año, contado a partir de la
notificación de esta providencia.
2.- Se ordenará al Municipio de Piedecuesta que en el término de
seis (6) meses, contados a partir de que la CDMB le ponga en
conocimiento el acto administrativo de acotamiento de la faja
paralela y el área de protección o conservación aferente de la
quebrada La Palmira a la altura del barrio Palermo I, actualice su
PBOT y adopte las medidas a que haya lugar en caso de que
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encuentre viviendas de la urbanización Palermo I en el área de ronda,
de lo cual deberá dar cuenta al comité de verificación de esta
sentencia.
3.- Se ordenará al Municipio de Piedecuesta y al AMB que, en el
término de dos (2) días, certifiquen a la CDMB y al Tribunal si ya
culminaron las obras objeto del Convenio 359 de 2017 en la quebrada
La Palmira que permitan disminuir el riesgo de inundación en la
población de la Urbanización Palermo I.
4.- Se ordenará al Municipio de Piedecuesta que con la asesoría
y acompañamiento de la CDMB, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, efectúe un
estudio de la zona donde está ubicada la Urbanización Palermo I, con
el fin de determinar si pese a las obras desarrolladas por el ente
territorial y el AMB en la quebrada La Palmira, ésta aún representa
un riesgo para la comunidad aledaña, el cual deberá ser calificado
como mitigable o no. En caso de que el estudio arroje un riesgo como
resultado, el Municipio de Piedecuesta deberá incluir dicha zona
afectada en el inventario de asentamientos en riesgo, con el fin de
que, en el término de un año, contado a partir del resultado del
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estudio, adopte las medidas necesarias para tratar el riesgo
encontrado, con la asesoría y acompañamiento de la CDMB.
5.- En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional,
el Tribunal, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998. Lo anterior, incluye todas las órdenes de esta
sentencia.
Adicionalmente, modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, el cual quedará así:
“[…] CUARTO: INTEGRAR un comité permanente de
verificación conformado por el Juez de primera instancia,
quien lo presidirá, la actora popular, un representante del
Municipio de Piedecuesta, un representante de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Mesta de
Bucaramanga, un representante de la Empresa
Piedecuestana de Servicios Púbicos E.S.P., la Defensoría del
Pueblo – Seccional Santander y del Ministerio Público para
garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
decisión, dentro de las competencias de cada entidad
conforme se refirió en precedencia […]”.
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6.- En el evento en que la Sección Primera del Consejo de Estado
revoque la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, dentro del medio de control de nulidad radicado bajo
el núm. 2019-00299-01, que decretó la suspensión provisional del
Acuerdo Metropolitano núm. 031 de 29 de diciembre de 2014, la
responsable de las órdenes aquí impartidas a la CDMB sería el AMB,
hasta tanto se profiera sentencia definitiva en dicho proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Finalmente, se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para intervenir
en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del
conocimiento del mismo.
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SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 5 de agosto de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en lo
siguiente:
1.- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA que, en atención a la priorización efectuada
en la Resolución 1329 de 2018, acote la faja paralela y el área
de protección o conservación aferente de la quebrada La
Palmira a la altura del barrio Palermo I del Municipio de
Piedecuesta, lo cual deberá efectuarse en el término de un
año, contado a partir de la notificación de esta providencia.
2.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA que en el
término de seis (6) meses, contados a partir de que la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA le ponga en
conocimiento el acto administrativo de acotamiento de la faja
paralela y el área de protección o conservación aferente de la
quebrada La Palmira a la altura del barrio Palermo I, actualice
su PBOT y adopte las medidas a que haya lugar en caso de
que encuentre que existan viviendas de la urbanización
Palermo I en el área de ronda, de lo cual deberá dar cuenta
al comité de verificación de esta sentencia.
3.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y al ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA que, en el término
de dos (2) días, certifiquen a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA y al Tribunal si ya culminaron las obras
objeto del Convenio 359 de 2017 en la quebrada La Palmira
que permitan disminuir el riesgo de inundación en la
población de la Urbanización Palermo I.
4.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA que con
la asesoría y acompañamiento de la CORPORACIÓN
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AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta providencia,
efectúe un estudio de la zona donde está ubicada la
Urbanización Palermo I, con el fin de determinar si, pese a las
obras desarrolladas por el ente territorial y el ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en la quebrada La
Palmira, ésta aún representa un riesgo para la comunidad
aledaña, el cual deberá ser calificado como mitigable o no. En
caso de que el estudio arroje un riesgo como resultado, el
Municipio de Piedecuesta deberá incluir dicha zona afectada
en el inventario de asentamientos en riesgo, con el fin de que,
en el término de un año contado a partir del resultado del
estudio, adopte las medidas necesarias para tratar el riesgo
encontrado, con la asesoría y acompañamiento de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
5.- En el evento de que durante la ejecución de la sentencia
se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo
adicional, el Tribunal, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, en atención a lo ordenado en el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Lo anterior, incluye todas
las órdenes de esta sentencia.
6.- En el evento en que la Sección Primera del Consejo de
Estado revoque la medida cautelar proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control de
nulidad radicado bajo el núm. 2019-00299-01, que decretó la
suspensión provisional del Acuerdo Metropolitano núm. 031
de 29 de diciembre de 2014, la responsable de las órdenes
aquí impartidas a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA MESETA DE BUCARAMANGA sería el
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, hasta tanto
se profiera sentencia definitiva en dicho proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 5 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el cual quedará así:
“[…] CUARTO: INTEGRAR un comité permanente de
verificación conformado por el Juez de primera instancia,
quien lo presidirá, la actora popular, un representante del
Municipio de Piedecuesta, un representante de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Mesta de
Bucaramanga, un representante de la Empresa
Piedecuestana de Servicios Púbicos E.S.P., la Defensoría del
Pueblo – Seccional Santander y del Ministerio Público para
garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
decisión, dentro de las competencias de cada entidad
conforme se refirió en precedencia […]”.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Actora: Ofelia Ramírez Niño
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de junio de 2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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