Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2019-00070-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00070-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: DIANA LETICIA HOLGUÍN HOLGUÍN
TESIS: EL BARRIO PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA SUSCEPTIBLE DE INUNDACIONES Y
DESLIZAMIENTOS Y ESTÁ DELIMITADO EN EL POT COMO SUELO DE
DESARROLLO CONDICIONADO. SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO
HA ADELANTADO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA MITIGAR EL
RIESGO DE LA COMUNIDAD UBICADA EN DICHA ZONA.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES TÉCNICAMENTE PREVISIBLES, Y A LA REALIZACIÓN DE
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE MANIZALES1, contra la sentencia de 30 de octubre
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas2, que
declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados.
1 En adelante el Municipio.
2 En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00070-01
Actora: Diana Leticia Holguín Holguín
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
DIANA LETICIA HOLGUÍN HOLGUÍN, actuando en nombre propio,
instauró acción popular contra el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO3, el DEPARTAMENTO DE CALDAS4, el
MUNICIPIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS -CORPOCALDAS5, la UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE MANIZALES -UGRM, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DE CALDAS y AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., por estimar
vulnerados los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, y a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.
3 En adelante el Ministerio.
4 En adelante el Departamento.
5 En adelante CORPORCALDAS.
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Actora: Diana Leticia Holguín Holguín
I.2. Hechos
Indicó que debido a las abundantes lluvias en los meses de marzo,
abril y mayo, en especial los días 18 y 19 de abril de 2017, los
habitantes del barrio Providencia se vieron afectados en sus
viviendas, a tal punto que se perdieron tres inmuebles y otros
quedaron averiados, quedando en situación de riesgo los residentes,
y temiendo a que nuevas cargas de lodo pudieran descender por la
falta de obras de estabilización del cerro Sancancio del MUNICIPIO.
Agregó que el 19 de abril de 2017 la UGRM evacuó preventivamente
el sector por riesgo de deslizamiento, tiempo durante el cual las
autoridades dejaron expuesto el patrimonio de la comunidad, pues
solo contaron con vigilancia policial durante 8 días.
Puso de presente que a pesar de la orden de evacuación y los auxilios
que fueron otorgados para el pago de canon de arrendamiento, la
comunidad regresó a sus viviendas por los escasos recursos con que
contaban y por la falta de información por parte del MUNICIPIO
frente a la mitigación del riesgo.
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Afirmó que la UGRM, mediante Oficio UGR 2796-17 GED 1814-14,
informó que las viviendas afectadas serían postuladas a los
programas de vivienda del Gobierno Nacional.
Aseguró que a través de múltiples oficios el MUNICIPIO informó
que el barrio Providencia, según el POT del año 2003, era una zona
de alto riesgo no mitigable; y, por su parte, la UNGRM indicó que el
suelo del barrio aún no podía clasificarse.
Manifestó que las autoridades encargadas de la gestión del riesgo no
habían tenido en cuenta la participación de la comunidad, pues no
socializaron el problema ni dieron a conocer las medidas que se
debían adoptar.
I.3. Pretensiones
Solicitó lo siguiente:
“[…] que mediante sentencia se sirva declarar que se encuentran
expuestos, vulnerados y en alto riesgo los derechos colectivos y del
medio ambiente, en cuanto tienen que ver con la prevención de
desastres técnicamente previsibles, la seguridad y salubridad
públicas, el acceso a construcciones técnicas en que se de
prevalencia a la calidad de vida de los ciudadanos, al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, por lo cual se servirá ordenar a los accionados:
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Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, presupuestales,
técnicas e institucionales necesarias a fin de que:
1. Se realice el censo y valoración del riesgo (amenaza –
vulnerabilidad) de cada una de las viviendas en el barrio
Providencia. Señalando en forma concreta por cada una de ellas,
cual es la intervención que debe realizarse para mitigar el riesgo al
cual está expuesta, o si definitivamente no puede ser habitada.
2. En caso de no poder habilitarse en forma segura, se brinde a las
familias la cobertura del subsidio de arrendamiento hasta que se
supere el problema de inseguridad por riesgo de desastre.
3. Se realice el estudio de microzonficación del barrio, a fin que se
identifique el tipo de amenaza y cuál es la vulnerabilidad que recae
sobre el barrio, valorando el nivel de riesgo al que estamos
expuestos, indicando si el mismo es mitigable o no mitigable,
describiendo lo siguiente:
a. Si no es mitigable, señalar las alternativas para reubicación o el
reasentamiento del barrio, informando sobre las posibles opciones
en los términos de la petición que previamente a esta acción se
formuló ante cada autoridad.
b. Si es mitigable, cuáles son las labores y obras de mitigación
requeridas, tanto de tipo estructural como no estructural.
c. Siendo mitigable señalar el plazo o cronograma dentro del cual
se ejecutarán dichas obras.
d. Se reconozca los derechos civiles y políticos de nuestra
comunidad, permitiéndonos participar en los espacios donde se
tomen decisiones que nos afecte.
4. Sea realizada la revisión técnica del alcantarillado y en caso de
ser necesario se implemente la reposición y ampliación de dicha
red, incluyendo sumideros para la captación de las aguas lluvias de
manera que se garantice un adecuado manejo de estas.
5. Una vez se terminen las intervenciones, se repare la malla vial
afectada con esta emergencia, y después que ella se atienda.
6. Las demás acciones que sean necesarias y prioritarias para
garantizar a nuestro grupo humano y la protección y garantía de
sus derechos.
7. Por tratarse de una acción en nombre de nuestra comunidad
donde no se persigue ningún tipo de indemnización o
compensación, solicitamos que los gastos que ocasione el trámite
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del presente juicio se atiendan con cargo al Fondo de Acciones
populares y de Grupo manejado por la Defensoría del Pueblo […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El DEPARTAMENTO indicó que el apoyo que presta al
MUNICIPIO es en virtud de los principios de concurrencia y
subsidiariedad, cuando éste no puede por si mismo atender
determinada problemática.
Se refirió a los artículos 1º y 298 de la Constitución Política y a las
leyes 1523 de 24 de abril de 20126 y 388 de 18 de julio de 19977,
para señalar que era responsabilidad directa del MUNICIPIO
determinar e identificar las zonas de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo en su territorio, así como adelantar los planes, programas,
acciones y directrices para intervenir esas zonas.
Estimó que, con base en el POT, en las normas urbanísticas y el plan
de gestión del riesgo, el MUNICIPIO era el directo responsable de
generar procesos de intervención, reparación, rehabilitación y
6 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
7 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
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reconstrucción de la red terciaria que se encuentra en la zona objeto
de la demanda.
Adujo que no podía intervenir más allá de lo que la Ley le ordenaba,
es decir, actuar cuando el MUNICIPIO no pudiera atender por sí
mismo determinada problemática, circunstancia que, a su juicio, no
era probable porque el ente territorial contaba con su propio
presupuesto.
Argumentó que en el presente caso se estaba en presencia de una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, pues se trató de un
hecho de la naturaleza, en el que durante la ola invernal que se
presentó para la época, hubo una mayor precipitación que generó los
hechos aquí narrados, circunstancia que superó las medidas de
contingencia del ente territorial, quienes debieron priorizar la
atención de dichos eventos con criterios de transitabilidad y
visibilidad, entre otros.
Afirmó que no era el llamado a responder en el sub lite, ya que no
había vulnerado los derechos colectivos invocados y, por el contrario,
concurrió en el marco de sus competencias a apoyar a los diferentes
Municipios de su territorio.
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En virtud de lo anterior, propuso las excepciones que denominó “falta
de legitimación en la causa por pasiva”,” inexistencia de
responsabilidad y de la obligación por parte del Departamento de
Caldas”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos por
parte del Departamento de Caldas” y “excepciones genéricas”.
I.4.2.- AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. arguyó que su objeto
social no era el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, así
como tampoco el tratamiento de laderas para la prevención y
atención de emergencias y desastres, lo cual le correspondía a las
autoridades territoriales, conforme con lo establecido en las leyes 99
de 22 de diciembre de 19938 y 715 de 21 diciembre de 20019.
Señaló que como no era competente para resolver los problemas de
inestabilidad y de evacuación de aguas lluvias, no se configuraba el
nexo causal, razón por la que no se le podía imputar responsabilidad
alguna en la vulneración de los derechos colectivos.
8 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
9 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
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Argumentó que las redes locales operadas en el sector se
encontraban funcionando adecuadamente, como se evidenciaba del
informe rendido por ingenieros del área de Gestión de Agua Potable
y Alcantarillado.
Con fundamento en lo expuesto, propuso las excepciones que
denominó “inexistencia de nexo causal”, “falta de legitimación en la
causa”, “inexistencia de violación a los derechos colectivos por parte
de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.” y “excepción genérica de
declaratoria oficiosa”.
I.4.3. CORPOCALDAS arguyó que más allá del evento puntual
ocurrido el 19 de abril de 2017 en el cerro Sancancio, como resultado
de la intensidad de las precipitaciones que se presentaron ese mes y
que pusieron en riesgo la infraestructura y la vida de la comunidad
aledaña al sector, era necesario analizar las condiciones técnicas del
barrio Providencia, que, de acuerdo con el oficio 2018-IE-00021935
de 15 de septiembre de 2018, indicaban que era susceptible de riesgo
por deslizamiento e inundación, razón por la cual hizo un llamado al
MUNICIPIO para que atendiera de manera definitiva la situación y
procediera a la reubicación de las viviendas.
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Arguyó que conforme con lo establecido en la Ley 99 no le
correspondía ejercer el control urbanístico, ni contaba con facultades
policivas o administrativas para restringir, promover, adecuar o
ejecutar cualquier acción relacionada con el licenciamiento para la
construcción de viviendas y no tenía a su cargo adelantar procesos
de reubicación de familias asentadas en zona de riesgo, todo lo cual
era del resorte del MUNCIPIO.
Afirmó que aunque pertenecía al Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, de acuerdo con la Ley 1523, su intervención era de manera
subsidiaria o complementaria, lo que la eximía de responsabilidad en
el presente caso.
Argumentó que en el marco de sus competencias y de manera
oportuna realizó un informe técnico sobre el diagnóstico de la
situación y efectuó las recomendaciones pertinentes en el sector
afectado, por lo que cumplió a cabalidad con lo que legalmente le era
exigible.
Propuso las excepciones que denominó “falta de legitimación en la
causa por pasiva atribuible a la Corporación Autónoma Regional De
Caldas – CORPOCALDAS” y “ausencia de transgresión de los
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derechos colectivos y cumplimiento integral y diligente de las
funciones asignadas por la ley a CORPOCALDAS, en atención a su
órbita de competencia”.
I.4.4. El MUNICIPIO argumentó que censó 6 familias del barrio
Providencia para procesos de reasentamiento y que solo 5 allegaron
la documentación a la Unidad de Vivienda Municipal.
Aseguró que, contra lo afirmado en la demanda, sí construyó obras
de estabilidad en los taludes para el manejo de aguas lluvias, incluso
en la ladera sur del cerro Sancancio adelantó obras de mitigación del
riesgo en la zona adyacente al barrio Aranjuez.
Informó que a la fecha de la contestación de la demanda no era
necesaria la evacuación preventiva del sector, amén de que el cuerpo
oficial de Bomberos de Manizales realizaba un continuo monitoreo del
río Chinchiná en épocas de invierno; y que de acuerdo con el POT el
barrio Providencia no estaba priorizado en la clasificación del riesgo.
Argumentó que su función frente a los programas de vivienda era
identificar y censar a las familias damnificadas por desastres
naturales, calamidades públicas, emergencias y a los ubicados en
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zonas de alto riesgo no mitigable, los cuales debían ser incluidos en
los programas o proyectos de viviendas de interés social que
adelantara la Caja de Vivienda Popular y los ofertados por el Gobierno
Nacional.
Afirmó que no vulneró derecho colectivo alguno, pues la accionante
se encontraba en el censo de 6070 grupos familiares que estaban
pendientes de una solución de vivienda en su jurisdicción, tal y como
lo evidenciaba el oficio UGR 1383-13 de 15 de octubre de 2015,
decisión que fue refrendada por la UNIDAD NACIONAL DE
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -UNGRD10.
Señaló que no era la encargada de asignar u otorgar el beneficio de
subsidio familiar de vivienda, pues no era el promotor de ese
programa ni tampoco el encargado de postular, seleccionar, sortear
y adjudicar las viviendas a los beneficiarios, ya que esto le
correspondía al DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL -DPS.
10 En adelante UNGRD.
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Aseveró que no todas las personas que requerían una solución a su
problema de vivienda accedían a los subsidios del Gobierno Nacional,
en virtud de la premisa de que los bienes del Estado son escasos.
I.4.5. El MINISTERIO adujo que el MUNICIPIO era el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en su territorio, lo que incluía el conocimiento y la reducción del
mismo, así como el manejo de desastres, conforme lo establecido en
el artículo 14 de la Ley 1523.
Arguyó que no era el llamado a responder por la eventual vulneración
de los derechos colectivos invocados y la realización de las acciones
solicitadas por la demandante, ya que no se trataba de un asunto
propio de sus funciones de acuerdo con el Decreto 3571 de 27 de
septiembre 201111.
Puso de presente que apoyaba a las entidades territoriales en virtud
del principio de subsidiariedad positiva, cuando éstas no contaban
con los medios para enfrentar el riesgo y su materialización.
11 Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.”
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Dio cuenta que a través del Decreto 291 de 19 de abril de 2017,
prorrogada por el Decreto 724 de 5 de octubre de ese año, se declaró
la calamidad pública dada la magnitud de las afectaciones por los
deslizamientos causados por las lluvias presentadas los días 18 y 19
de abril de 2017 en el MUNICIPIO, donde se reportaron 8.806
personas afectadas, 3.089 familias registradas y 251 viviendas
destruidas.
Aseguró que la UNGRD, como coordinadora del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD, que está
conformado por las entidades públicas y privadas del nivel Nacional,
Departamental y Municipal y en el que también participa, elaboró un
Plan de Acción Especifico – PAE para la rehabilitación y/o
reconstrucción de las zonas afectadas en el MUNICIPIO, dentro del
cual se incluyó la construcción de viviendas, en cabeza del FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA y el FONDO
NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES – FGNRD.
Informó que con base en lo anterior, firmó el convenio
interadministrativo núm.9677- PPAL-217-2017, celebrado entre el
FNGRD, representado por la FIDUPREVISORA S.A., y
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FONVIVIENDA, el MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO, el cual
tenía por objeto:
“[…] aunar esfuerzos técnicos, administrativos y/o financieros para
implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción y/o
construcción de viviendas en el marco de la declaratoria de
calamidad pública del Municipio de Manizales, Caldas, de
conformidad con el Decreto Municipal No.291 de abril de 2017,
prorrogada por el Decreto No.724 del 5 de octubre de 2017 […]”.
Indicó que las viviendas serían construidas teniendo en cuenta la
situación geográfica y demográfica del MUNICIPIO, con respeto de
los atributos de la vivienda digna, para garantizar la protección de
los derechos de los damnificados; y que serían entregadas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.8.1.1. del Decreto
1077 de 26 de mayo de 201512.
Propuso las excepciones denominadas “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y “falta de demostración de la afectación de los
derechos por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio”.
I.5.- Pacto de cumplimiento
12 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición.
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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 10 de
septiembre de 2019, la cual se declaró fallida por no existir ánimo
conciliatorio de las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal en sentencia de 30 de octubre de 2020 accedió a las
súplicas de la demanda. En esencia, adujo lo siguiente:
Se refirió a la acción popular, a los derechos colectivos
presuntamente vulnerados y al marco normativo y deberes frente a
la gestión del riesgo y prevención de desastres. Respecto del caso
concreto señaló que resultaba clara la vulneración de los derechos
colectivos invocados por la actora, pues del material probatorio
obrante en el expediente era dable concluir que el barrio Providencia
del MUNICIPIO se encontraba ubicado en una zona de amenaza
alta por deslizamiento, al estar situado en la base del cerro
Sancancio, sumado al peligro de inundación por la cercanía al río
Chinchiná.
Puso de manifiesto que el barrio objeto de amparo estaba ubicado en
un terreno calificado como zona de desarrollo condicionado que
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requería de manera urgente la elaboración de estudios de detalle
para establecer si era posible mitigar las causas de la problemática
antes señalada o si definitivamente era necesaria la reubicación de
las viviendas.
Precisó que mientras el estudio en mención no se realizara, la
vulneración y amenaza de los derechos colectivos resultaba evidente,
debido al riesgo que corrían los moradores del barrio Providencia, los
transeúntes y en general la comunidad de la zona, pues la amenaza
era de grandes proporciones por la falta de certeza sobre la
posibilidad de mitigar o no el problema.
Adujo que no era posible que el sector contara con la totalidad de la
infraestructura de servicios públicos hasta tanto el riesgo fuera
identificado y aminorado.
Se refirió a la responsabilidad que le asistía a cada una de las
entidades accionadas, así:
-. MUNICIPIO: Sostuvo que al ente territorial le correspondía el
ordenamiento del territorio y su planeación física, así como la
dirección de sistema de prevención de desastres en su territorio, la
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identificación e inventario de zonas de riesgo por deslizamiento e
inundación, la eliminación de los peligros y/o la reubicación de las
viviendas que se encuentre en la zona, razones suficientes para
considerar que era responsable de la vulneración de los derechos
colectivos, al no haber desarrollado los cometidos legales que le
correspondían.
-. CORPOCALDAS, el DEPARTAMENTO, el MINISTERIO y Aguas
de Manizales S.A. E.S.P.: Adujo que más allá de la colaboración
que pudieran brindarle dichas entidades al MUNICIPIO, no advertía
que fueran responsables de la problemática aquí planteada, motivo
por el que declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.
En consecuencia, profirió las siguientes órdenes:
“DECLÁRASE probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por
CORPOCALDAS, el DEPARTAMENTO DE CALDAS, AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P. y la NACIÓN – MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, dentro de la acción popular
promovida en su contra por la señora DIANA LETICIA HOLGUÍN
HOLGUÍN.
DECLÁRASE que el MUNICIPIO DE MANIZALES ha vulnerado
los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, y la realización de las construcciones,
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edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, prerrogativas consagradas en
los literales g), h), l) y m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
En consecuencia, se ORDENA al MUNICIPIO DE MANIZALES,
que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, adelante las gestiones administrativas,
presupuestales y técnicas requeridas, para la elaboración de los
estudios de detalle en los que se identifique si la situación de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo del barrio Providencia es o no
mitigable, y en caso afirmativo, determine las obras que deban
ejecutarse.
Si el riesgo es mitigable, el municipio deberá formular y ejecutar
los proyectos de intervención para la realización de las obras
estructurales y no estructurales de mitigación dentro del año
siguiente.
Si el estudio determina que el riesgo no es mitigable, la
municipalidad accionada adelantará las gestiones para la
reubicación de las viviendas, garantizando el acompañamiento a
las familias en procesos de postulación para proyectos de vivienda
promovidos por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA
las instancias del orden nacional que correspondan.
Como medida de protección, el MUNICIPIO DE MANIZALES a
través de la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR), adelantará
monitoreos permanentes al barrio Providencia, y en caso de que la
situación lo amerite, dispondrá las acciones necesarias para la
protección de la vida de los habitantes y transeúntes, incluyendo
la posible evacuación de las viviendas, conforme al marco de sus
competencias.
NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CONFÓRMASE un comité auditor que vigile y asegure el
cumplimiento de la sentencia, el cual estará conformado por el
Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del MUNICIPIO DE
MANIZALES, un delegado de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas – CORPOCALDAS, la demandante y el señor Procurador
Judicial.
SIN COSTAS […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
EL MUNICIPIO manifestó inconformidad respecto de la sentencia
de primera instancia, así:
i) La orden para la ejecución de los estudios de detalle: Afirmó
que estaba demostrado que no se requerían los estudios de detalle
ordenados en la providencia, en atención a que, por ejemplo, el
testimonio del señor Jhon Jairo Chisco Leguizamón, daba cuenta que
CORPOCALDAS tenía conocimiento de las amenazas, riesgos y
vulnerabilidades del barrio Providencia; y que conforme a lo
establecido en el POT, la zona en comento era catalogada como
riesgosa por inundación y deslizamiento, además de ser objeto de
protección hidráulica.
Manifestó que todo lo anterior demostraba suficientemente el riesgo,
motivo por el que, a su juicio, no resultaba necesaria la contratación
de estudios de detalle, pues como lo indicaba la UGRM en el Oficio
STT 1655 de 9 de noviembre de 2020, existían amenazas
ambientales que no eran susceptibles de intervención como la faja
de retiro de cauce y de protección hidráulica, lo que acreditaba que
en el sector del barrio Providencia no existían condiciones viables
para realizar acciones de mejoramiento integral del barrio.
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Afirmó que conocido suficientemente el riesgo por parte de las
entidades accionadas, sin que sea susceptible de modificación ni
intervención, no debió ordenarse la elaboración de estudios de
detalle.
Aseguro que si, en gracia de discusión, se considerara pertinente la
elaboración de los estudios en mención, dicha obligación también
debió atribuírsele a CORPOCALDAS de acuerdo con lo previsto en el
artículo 31 de la Ley 1523.
ii) La orden para adelantar las acciones para la reubicación de
las viviendas se dejó de manera exclusiva en el MUNICIPIO,
sin tener en cuenta las competencias de las demás entidades
accionadas que, por demás, hicieron parte del trámite de la
acción popular: Argumentó que respecto de los programas de
vivienda le correspondía identificar y censar única y exclusivamente
a las familias damnificadas por desastres naturales, calamidades
públicas y aquellos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y
que debían ser incluidos en los programas o proyectos de vivienda
de interés social para las postulaciones del Gobierno Nacional, para
ser beneficiarios de un subsidio de vivienda.
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Precisó que en atención a sus competencias y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6º de la Constitución Política, no vulneró los
derechos colectivos de la accionante, pues los hogares del barrio
Providencia estaban censados, según lo informó la Unidad de
Vivienda.
Manifestó que “lo demás” es voluntad de las entidades del orden
Nacional, que sin que medie una orden judicial que las obligue no
darán cumplimiento a sus competencias respecto de las viviendas del
barrio Providencia, y, por tanto, sería nugatoria la protección de los
derechos amparados.
Por lo anterior, solicitó que fueran condenadas todas las entidades
accionadas para brindar una solución pronta a la problemática del
sector.
iii) La desatención del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado que señala para estos casos la improcedencia de la
acción popular: Indicó que el derecho a la vivienda digna de la
accionante era un derecho de carácter particular, razón por la que la
presente acción era improcedente, tal y como lo ha señalado la
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jurisprudencia del Consejo de Estado.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. El MUNICIPIO, además de reiterar los argumentos expuestos
en el recurso de apelación, afirmó que como el asunto objeto de litigio
se relacionaba con el tema de vivienda, la acción popular debía
declararse improcedente, no solo porque era un derecho de carácter
individual, sino porque, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, escapaba de la órbita de competencia de la acción
pronunciarse sobre la viabilidad o no de la asignación de recursos
procedentes del subsidio de vivienda de interés social a un
determinado proyecto de vivienda.
IV.2. El MINISTERIO solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia respecto de su falta de legitimación en la causa por pasiva,
en atención a que no vulneró los derechos colectivos invocados, ni
por acción ni por omisión, sumado a que sus funciones estaban
encaminadas a formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo
territorial y urbano planificado del país, lo que evidenciaba que no
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tenía competencia para satisfacer las pretensiones de la parte
demandante.
Señaló que lo pretendido en la demanda no guardaba relación con
sus funciones; y que el MUNICIPIO era el responsable directo de la
implementación de procesos de gestión del riesgo en su territorio.
IV.3. El DEPARTAMENTO aseguró que no era el competente para
mitigar el riesgo en el presente caso, pues era del resorte del
MUNICIPIO como ente autónomo; y que, además, su función se
basaba en el apoyo a la gestión y mitigación del riesgo, conforme lo
previsto en las leyes 1523 y 388, sin interferir en las labores y
funciones de otras entidades, motivo por el que insistió en las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
IV.4. CORPOCALDAS reiteró lo dicho en instancias procesales
anteriores, en el sentido de que el MUNICIPIO era el responsable de la
mitigación del riesgo del barrio Providencia y la prevención y atención de
desastres, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1077 de 2016, las
leyes 9ª, 388, 1523 y 715 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Advirtió que no vulneró los derechos colectivos invocados, conforme se
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desprende de lo probado en el proceso y sus funciones, pues no estaba
dentro de sus obligaciones dar solución a la problemática del barrio
Providencia; por el contrario, arguyó haber cumplido con su deber al
brindarle asesoría técnica al ente territorial y a los habitantes del sector,
a través de diagnósticos y formulación de recomendaciones.
IV.5. AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. reiteró los argumentos
expuestos en sus intervenciones, en el sentido de argüir que los
problemas de inestabilidad y evacuación de aguas lluvias y freáticas
no eran su responsabilidad; y que, además, las redes locales de
acueducto que operaban en el sector se encontraban en perfecto
estado de funcionamiento y que el barrio Providencia no contaba con
redes de alcantarillado propias.
Informó que no podía realizar intervenciones en la zona tendientes a
prestar el servicio de alcantarillado hasta tanto la Unidad de Gestión
de Riesgo emitiera un concepto favorable al respecto, pues el barrio
Providencia tenía riesgo de deslizamiento e inundación.
Manifestó que la responsabilidad de prevención y atención de
desastres le correspondía al MUNICIPIO, el cual, en el caso
concreto, debía adoptar las medidas necesarias para establecer si las
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amenazas eran susceptibles de mitigación o no, actuar de manera
oportuna para la prevención de desastres, o garantizar la reubicación
de los habitantes, para lo cual debía tener en cuenta que el sector
objeto de la demanda fue catalogado como “suelo de desarrollo
condicionado”.
Concluyó que no era la competente para satisfacer las pretensiones
de la demanda, razón por la que pidió ser exonerada de
responsabilidad.
V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
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comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a
la presente acción son, en esencia, los daños ocasionados por la ola
invernal presentada en el año 2017, en especial los días 18 y 19 de
abril, en los habitantes del barrio Providencia del MUNICIPIO
quienes se vieron afectados en sus viviendas, razón por la que la
UGRM ordenó la evacuación preventiva por posibles deslizamientos
y se otorgaron auxilios de arrendamiento. Sin embargo, la
comunidad regresó a sus viviendas debido a los escasos recursos con
que contaban y a la falta de información por parte del ente territorial
frente a la mitigación del riesgo.
Adicionalmente, la parte accionante puso de presente que el barrio
Providencia, según el POT del año 2003, era una zona de alto riesgo
no mitigable.
La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal, que en
sentencia de 30 de octubre de 2020, encontró acreditado que el
barrio Providencia: i) está ubicado en una zona de amenaza alta por
deslizamiento, pues se encuentra en la base del cerro Sancancio; ii)
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está en peligro de inundación por su cercanía al río Chinchiná; iii) el
suelo fue catalogado en el POT como “zona de desarrollo
condicionado”, por lo que requiere de estudios de detalle para
establecer la posibilidad de mitigación del riesgo o no.
Por lo anterior, el Tribunal consideró que el MUNICIPIO era el
llamado a hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos, pues
era el encargado de ordenar su territorio y su planeación física, dirigir
el sistema de prevención de desastres en su jurisdicción, identificar
e inventariar zonas de riesgo por deslizamiento e inundación,
eliminar los peligros y/o reubicar las viviendas que se encuentran en
riesgo, cuyas obligaciones han sido desconocidas por el ente
territorial en el caso concreto.
Estimó que las demás entidades demandadas no eran responsables
de la problemática aquí ventilada, motivo por el que declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de ellas.
Como medidas de amparo de los derechos colectivos transgredidos,
el Tribunal le ordenó al MUNICIPIO adelantar las acciones
necesarias para la elaboración de los estudios de detalle, con el fin
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de determinar si el riesgo en el barrio Providencia es susceptible de
ser mitigado. Que caso de ser así, el ente territorial debe identificar
las obras a desarrollar, para lo cual formulará y ejecutará los
proyectos de intervención para realizar las obras estructurales y no
estructurales de mitigación.
Y que en el evento de que el estudio determine que el riesgo no es
mitigable, el MUNICIPIO deberá adelantar las gestiones para
reubicar a los residentes del barrio Providencia, para lo cual
garantizará el acompañamiento a las familias en los procesos de
postulación para proyectos de vivienda promovidos por
FONVIVIENDA.
Finalmente, el Tribunal le ordenó al MUNICIPIO que a través de su
UGR monitoree permanentemente el barrio Providencia y, en caso
de que se requiera, disponga de las acciones necesarias para
proteger la vida de los habitantes y transeúntes, inclusive, evacuar
las viviendas, en el marco de sus competencias.
El MUNICIPIO apeló la decisión del Tribunal con fundamento en
que: i) los estudios de detalle ordenados eran innecesarios, pues el
riesgo estaba suficientemente probado y, además, éste no era
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mitigable. Sin embargo, señaló que en caso de que se determinara
que los estudios eran indispensables, la orden también debía
impartírsele a CORPOCALDAS; ii) la reubicación de las viviendas no
era de su resorte exclusivo, toda vez que a las demás entidades
accionadas y que hicieron parte del trámite de la acción popular
también les asistía competencia en este aspecto; y iii) se desatendió
el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la
improcedencia de la acción popular, pues, a su juicio, como lo que
aquí se discute es el derecho a la vivienda digna de la accionante,
derecho de carácter particular, la demanda resultaba improcedente.
Problemas jurídicos
Siendo ello así, corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
1. ¿Si lo pretendido por la actora es la protección de un derecho de
carácter particular, como lo es el derecho a la vivienda digna, o la
protección de derechos de carácter colectivo, como lo consideró el
Tribunal?
2. En caso de que la respuesta anterior sea que los derechos
alegados son de carácter colectivo, se deberá determinar si: ¿Resulta
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necesario el estudio de detalle ordenado por el Tribunal y, en caso
de ser así, a qué entidad le corresponde su elaboración y la ejecución
de las medidas que éste determine?
3. En el evento en que sea necesaria la reubicación de la población,
qué entidad es la competente para el efecto.
Caso en concreto
De la procedencia de la acción popular en el asunto sub
examine.
De acuerdo con el planteamiento precedente, la Sala determinará si
lo pretendido por la actora es la protección de un derecho de
carácter individual, como lo es el derecho a la vivienda digna,
o derechos de naturaleza colectiva y, por ende, la improcedencia
de la acción popular.
Dicho lo anterior, se tiene que de los hechos y pretensiones de la
demanda, resulta evidente que lo pretendido por la señora
HOLGUÍN HOLGUÍN no es la garantía de su derecho a la vivienda,
sino la de derechos de naturaleza colectiva como la seguridad y
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salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de
desastres técnicamente previsibles y la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Lo anterior, en atención a que lo que motivó el ejercicio de la
presente acción popular fue la situación de riesgo en la que se
encuentran los habitantes del barrio Providencia por la ola invernal
que acaeció en el mes de abril de 2017 en el MUNICIPIO, mas no
la consecución de vivienda para la actora, como acertadamente lo
indicó el Tribunal, cuyas consideraciones prohíja la Sala:
“[…] Una vez abordados los aspectos probados en el sub lite, para
esta Sala Plural resulta clara la vulneración de las prerrogativas de
orden colectivo señaladas en el libelo introductor. En este sentido,
los elementos de convicción arrojan con suficiencia que el Barrio
Providencia de Manizales se ubica en una zona de amenaza alta por
deslizamiento, por estar situada en la base del cerro Sancancio, a
lo que ha de añadirse el peligro de inundación que también fue
documentado, por la proximidad con el Río Chinchiná.
[…] Mientras ello no ocurra, la situación de vulneración y amenaza
de los intereses colectivos se hace patente, pues el riesgo sobre los
moradores del barrio Providencia, transeúntes y comunidad y
general adquiere ribetes mayores ante la ausencia de certeza sobre
la posibilidad de mitigar o no la problemática […]”.
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De manera que no le asiste razón a la parte apelante cuando afirma
que existió desconocimiento del precedente de esta Corporación por
parte del Tribunal al no haber declarado improcedente la acción,
debido a que se estaba reclamando la protección de un derecho de
carácter individual, pues, como ya se indicó, los hechos y
pretensiones de la demanda no buscan la satisfacción de una
necesidad particular, sino la de una comunidad que está viendo
menoscabados sus derechos colectivos por la aparente falta de
gestión del riesgo por parte de las autoridades encargadas.
De la necesidad del estudio de detalle ordenado por el
Tribunal y de las entidades competentes en materia de
gestión del riesgo
Para efectos de establecer si es procedente la elaboración de estudios
de detalle que precisen si el riesgo que padece la comunidad del
barrio Providencia es mitigable o no, la Sala se referirá al material
probatorio obrante en el expediente del cual se destaca lo siguiente:
-. Peticiones de 31 de agosto de 2018, en las que la accionante le
solicita al MINISTERIO, a CORPOCALDAS, al DEPARTAMENTO, a
la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, a la UGRM, a
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AGUAS DE MANZANAS S.A. E.S.P. y a la SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS que adopten medidas similares a las solicitadas en la
demanda por los hechos que dieron origen a la presente acción.
Las peticiones fueron contestadas por las entidades requeridas en los
siguientes términos:
i-. Mediante oficio de 28 de septiembre de 2018, la UGRM indicó lo
siguiente:
“[…] 1. Se le realice el censo y valoración del riesgo (amenaza –
vulnerabilidad) de cada una de las viviendas en el barrio
Providencia. Señalando en forma concreta por cada una de ellas,
cuál es la intervención que debe realizarse para mitigar el riesgo al
cual está expuesta, o si definitivamente no puede ser habilitada.
En el sector de Providencia se puede observar que el 90% de las
viviendas son construidas en mampostería, sin embargo, por otro
lado, se evidencia que estas construcciones no cumplen con la
norma sismo resistente NSR-10, por lo cual son vulnerables a un
evento sísmico.
También existe riesgo por inundación, al encontrar que
Providencia está dentro de la zona de protección hidráulica
correspondiente al río Chinchina.
Con respecto al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT,
adoptado mediante el Acuerdo No. 958 del 02 de agosto de 2017,
en el sector de providencia se evidencian zonas catalogadas con
amenaza baja y media por deslizamiento, y así mismo con riesgo
medio y alto por deslizamiento.
Adicionalmente, informamos que en la Unidad de Gestión del
Riesgo existe un censo denominado cuarta verificación de viviendas
en zona de riesgo en el sector de Providencia, el cual se encuentra
refrendado por la Unidad Nacional para posibles proyectos de
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vivienda, sin embargo, cabe anotar que las postulaciones a estos
programas se realizan cuando el Gobierno Nacional así lo indica,
las cuales son competencia de la Unidad de Gestión de Vivienda.
2. En caso de no poder habilitarse en forma segura, se brinde a las
familias la cobertura del subsidio de arrendamiento hasta que se
supere el problema de inseguridad por riesgo de desastres.
Respecto a los auxilios de arrendamiento, tenemos para decir que
este tema es definido por el Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Manizales y el valor de este es igual para cada familia
beneficiaria sin depender del estrato socioeconómico, número de
integrantes del grupo familiar, ingresos económicos, raza, credo,
entre otros. Es de aclarar que no se trata de un SUBSIDIO, sino de
un AUXILIO para manejar la temporalidad de la afectación de la
familia.
Igualmente, cabe señalar que por disposiciones del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales los
auxilios a que tiene derecho una familia a la que se le recomienda
la evacuación preventiva del inmueble que habita, consiste en
auxilios de arrendamiento por valor de $250.000 mes, durante tres
(3) meses para los propietarios del inmueble y durante un (1) mes
para los arrendatarios; auxilio que se entrega con el fin de manejar
temporalmente los efectos de la emergencia o desastre; en este
sentido en la emergencia de abril de 2017 se realizaron varias
evacuaciones preventivas en el sector de providencia y así mismos
se otorgaron subsidios a cada familia.
3. Se realice el estudio de microzonificación del barrio a fin de que
se identifique el tipo de amenaza y cuál es la vulnerabilidad que
recae sobre el barrio, valorando el nivel de riesgo al que estamos
expuestos, indicando si el mismo es mitigable o no mitigable.
De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Manizales, vigente, Acuerdo Municipal 0958 de 2017, los
suelos que presenten afectaciones por amenaza media y
alta y riesgo alto ostentarán la clasificación de los SUELOS
DE DESARROLLO CONDICIONADO, definidos en el
Documento técnico de Soporte – DTS del componente
general, de la siguiente manera:
“1.5.2.5. SUELOS DE DESARROLLO CONDICIONADO: Se
plantea como un uso del suelo provisional que se asigna
áreas de amenaza media o alta y riesgo alto, donde aun está
por definirse la vocación del suelo en forma definitiva, lo que
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depende de la mitigabilidad que tiene la amenaza existente
en el sitio.
En otras palabras, el suelo de desarrollo condicionado
corresponde a un área restringida para efectos del desarrollo
urbano hasta que se decida la factibilidad de reducir la
amenaza.
Está constituido por zonas localizadas dentro de cualquiera
de las clases de suelo definidas en el art. 30 de la Ley 388 de
1997, las cuales están sujetas a intervención prospectiva o
correctiva, en las cuales se podrían realizar las obras
pertinentes para habilitar el suelo para futuros desarrollos.
De acuerdo con lo anterior, corresponde a un área en la que
se puede realizar intervenciones urbanísticas hasta que la
mitigabilidad de la amenaza y/o riesgo esté definida, hasta
entonces el uso del suelo permanece restringido”.
4. Sea realizada la revisión técnica del alcantarillado y en caso de
no ser necesario se implemente la reposición y ampliación de dicha
red, incluyendo sumideros para la captación de las aguas lluvias de
manera que se garantice un adecuado manejo de estas.
Desde la Secretaría de Planeación mediante oficio SPM 3389-18 se
dio traslado a la Empresa Aguas de Manizales para que según sus
competencias se pronunciara al respecto.
5. Una vez terminen las intervenciones, se repare la malla afectada
con esta emergencia y después que ella se atienda.
De igual manera al punto anterior, se dio traslado a la Secretaría
de Obras Públicas mediante SPM 3389-18 para su respuesta […]”
(Resaltado de la Sala).
ii-. En oficio UDEGER-0419 de 7 de septiembre de 2018, el
DEPARTAMENTO señaló que no era el competente para realizar las
acciones tendientes a la mitigación del riesgo del barrio Providencia,
pues era del resorte del MUNICIPIO; y que sus funciones se
enfocaban a apoyar la gestión de mitigación del riesgo en el
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Departamento según las eyes 1523 y 388, sin interferir en las labores
y funciones de las diferentes instituciones.
iii-. En escrito de 15 de septiembre de 2018, CORPOCALDAS indicó
que el barrio Providencia resultó afectado por los deslizamientos del
19 de abril de 2017, ocurridos en el cerro Sancancio, los cuales
afectaron 3 viviendas, ocasionaron la muerte de 3 personas en el
barrio Aranjuez y generaron la evacuación del sector por parte de la
UGRM. Asimismo, que debido a eventos que habían ocurrido en el
pasado, se construyeron obras de estabilidad de taludes y de manejo
de aguas lluvia para mitigar el riesgo de deslizamiento en la zona,
las cuales fueron superadas por la intensidad de las precipitaciones
ocurridas en el mes de abril de 2017.
CORPOCALDAS también informó que:
“[…] Actualmente sobre la ladera sur del Cerro Sancancio, se
vienen adelantando obras de mitigación del riesgo, en la zona
adyacente al barrio Aranjuez. Dichas obras son el resultado
de un estudio de detalle elaborado por la firma Aquaterra
Ingenieros Consultores S.A.S. y corresponden al siguiente
tipo de obras:
• Perfilado de taludes
• Construcción de zanjas colectoras y canales de rápidas con tapa
• Construcción de pantallas pasivas con anclajes de 12 metros de
longitud
• Construcción de 2 líneas de alcantarillado pluvial para la
conducción de las aguas superficiales provenientes del cerro.
• Siembra de pastos y pasto vetiver
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• Construcción de anclajes activos de 40 metros de longitud y 12
torones de 5/8”.
• Construcción de mallas de retención de flujos de tierra y
empalizadas.
Las obras se están ejecutando en el marco del contrato No.200-
2017 celebrado entre Corpocaldas y el Ingeniero Luis Alberto Mesa
Galeano y cuyo objeto es: Estudios de zonificación del riesgo y
diseños obras, y construcción de obras de estabilidad de taludes y
manejo de aguas lluvias en el cerro Sancancio – sector Barrio
Aranjuez. Municipio de Manizales.
[…] La priorización para la elaboración de los estudios detallados
de que trata el Decreto 1077 de 2015, art.2.2.2.1.3.3.2. núm. 2.1,
se sujetarán a las áreas con condición de alto riesgo configurado
(áreas construidas) identificadas en los estudios básicos,
contenidas en el plano U-7 PRIORIZACIÓN DE ESTUDIOS
DETALLADOS – SUELO URBANO Y EXPANSIÓN, que forma parte
integral del Plan de Ordenamiento Territorial.
Teniendo en cuenta que las zonas de riesgo alto forman
parte del suelo con desarrollo condicionado, es decir sujetas
a la elaboración de estudios detallados, en el corto y
mediano plazo se prioriza la realización de dichos estudios,
los cuales definirán los programas y proyectos para el
conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del
riesgo que se ejecutarán durante la vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, señalando las prioridades, la
programación de actividades, las entidades responsables y
los recursos respectivos. Los estudios de detalle definirán el
desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no
estructurales y las acciones para adelantar procesos de
reubicación o mejoramiento integral […]” (Destacado de la
Sala).
-. La SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, por medio de escrito de
22 de abril de 2019, brindó la siguiente información:
“[…] En primera medida se debe indicar que el día 19 de abril de
2017, en el Municipio de Manizales, se declaró la situación de
“calamidad pública” como consecuencia de la lluvia extraordinaria
que generó múltiples afectaciones en diversos sectores de la
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ciudad, razón por la cual, fueron activados todos los protocolos de
respuesta ante la emergencia de la ciudad.
En este sentido, es importante resaltar que durante el evento del
18 y 19 de abril de 2017 la MAGNITUD e INTENSIDAD de las lluvias
tuvieron valores atípicos como lo indica el informe “ANÁLISIS DE
LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE LLUVIA PRESENTADOS
LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2017 EN LA CIUDAD DE
MANIZALES” de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE
MANIZALES – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEA –
Grupo de trabajo académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental,
del cual se relacionan los siguientes apartes:
“El día 19 de abril, recién pasada la medianoche (00:38) se
inició un nuevo evento de lluvia que se prolongó en algunos
sectores de la ciudad hasta las 06:53 de la mañana; este
nuevo evento fue aún más intenso y de mayor magnitud que
el mencionado anteriormente, en los sectores centro, centro
sur y norte (estaciones Hospital Caldas, Liceo Isabel la
Católica, Q. Palogrande Ruta 30, Yarumos y Q. Guamo –
Lavadero Los Puentes), con magnitudes en milímetros de
156.2, 145.5, 143.6, 103.2 y 102 respectivamente, alcanzó
cifras récord por encima de los 150 mm para la ciudad.
[…] “3. Comparación con otros eventos catastróficos
hidrometeorológicos.
En la ciudad han ocurrido anteriormente eventos catastróficos de
este tipo que han causado graves daños también (Tabla 3). Sin
embargo, se puede observar en la tabla 3 que ninguno de los
relacionados allí supera magnitud o intensidad del evento
registrado 19 de abril, lo que permite deducir por qué no se
pudieron determinar alarmas el día anterior.
Es importante mencionar, que en los eventos catastróficos
anteriores las lluvias acumuladas antecedentes han sido mucho
más altas que presentadas el 19 de abril, pero las intensidades
registradas fueron mucho menores. En este caso por el contrario
el indicador A25 es mucho menor pero las intensidades de
precipitación registradas fueron mucho mayores”.
Con base a lo anterior y conforme a los registros del IDEA (sic)
para 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, las lluvias
acumuladas en el mes de abril para la estación quebrada
Palogrande – Ruta 30 y Hospital de Caldas, registran valores
inferiores a los registrados para abril de 2017.
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[…] De todo lo anterior, se puede concluir que el evento generado
entre los días 18 y 19 de abril de 2017, ESTÁ CATALOGADO COMO
ATÍPICO Y CORRESPONDE A UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE
NO PODÍA SER PREVISTA […]” (Destacado de la Sala).
-. Asimismo, mediante oficio de 22 de abril de 2019, la UNIDAD DE
GESTIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL informó que el número de
familias censadas e incluidas en el programa “Elaboración 251
viviendas gratuitas” fueron 6, como se observa en el siguiente
cuadro:
RAD.251 RAD. NOMBRE APELLIDOS CÉDULA BARRIO OBSERVACIÓ
VIVIEND R.U.D S N
A
12 68 CRIS RAIGOZA 1.094.891.69 PROVIDENCI CON PAPELES
STEFANY CASTAÑED 3 A
A
16 85 BLANCA CASTAÑED 43.082.503 PROVIDENCI CON PAPELES
NORA A DUQUE A
18 94 JUAN ARANGO 75.074.842 PROVIDENCI SIN PAPELES
JOSE OSPINA A
103 697 MARIA RAIGOSA 41.955.205 PROVIDENCI CON PAPELES
AGLADEN A
147 1310 EFRAIN MORALES 19.189.582 PROVIDENCI CON PAPELES
TRUJILLO A
151 1407 JOHAN RAIGOSA 9.725.993 PROVIDENCI CON PAPELES
ISLEN CASTAÑED A
A
-. Testimonio rendido ante el Tribunal por el Subdirector de
Infraestructura Regional de CORPOCALDAS, Jhon Jairo Chisco
Leguizamón, quien, sobre los hechos objeto de la demanda, indicó lo
siguiente:
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“[…] El barrio Providencia en donde antes se ubicaba el barrio
Playitas, corresponde a unas terrazas aluviales bajas, o sea
recientes del río Chinchiná, en donde por su topografía y
geomorfología favorece la conformación o configuración de este
tipo de asentamientos humanos. La ubicación en relación al río
y la ubicación también respecto a la base del cerro
Sancancio, hace que este tipo de asentamiento, en
particular en donde se ubica el barrio Providencia, sea
sujeto de eventos amenazantes como avenidas torrenciales
o deslizamientos o flujos de tierra provenientes del río
Chinchiná en principio o de la ladera del cerro Sancancio.
Esta situación de riesgo a la cual está hoy en día expuesto
el barrio Providencia hace que sea susceptible a verse
afectado por flujos de lodo, flujos de tierra o movimientos
en masa, provenientes del cerro Sancancio, tal y como
ocurrió en abril del 2017 en donde una serie de flujos de
tierra y lodo que se desprendieron de la parte alta del cerro,
afectaron un sector de las viviendas ubicadas en este
asentamiento. En épocas anteriores, más recientes, 5-10-15
años, ha ocurrido eventos torrenciales a lo largo del río Chinchiná,
lo cual ha causado no solo procesos de socavación sobre la margen
derecha en donde se encuentra hoy en día el barrio Providencia,
sino también eventuales inundaciones que, en su momento,
hace más o menos unos 10 – 12 años, motivó a la
reubicación de barrio la Playita que es un asentamiento que
queda contiguo al hoy barrio Providencia. […] Tenemos dos
tipos de amenazas, avenidas torrenciales, asociadas al
cauce del río Chinchiná y deslizamientos o flujos de tierra y
lodo, asociados a eventos que ocurren en el cerro Sancancio.
Aparte de estos dos eventos amenazantes, hay un tercer factor
amenazante que corresponde al canal de la “Shek” que transporta
aproximadamente 11 metros cúbicos de agua, hacia la planta de
generación Sancancio, el riesgo que existe, asociado a este factor,
es la posible obstrucción del canal por taponamiento producto de
deslizamientos que provoquen el desbordamiento de la lámina de
agua hacia la parte inferior en donde se encuentra el asentamiento
del barrio Providencia, como tal ocurrió en épocas anteriores
en donde un evento de esta naturaleza, generó inundación
en varias viviendas del sector de la Playita, lo cual motivó a
la reubicación de unas viviendas de este sector en su
momento. […] Ese factor amenazante que es el canal de
conducción de la “Sheck”, en este sector del río Chinchiná había
una planta en el sector de Sancancio, hay una planta intermedia
[…] y hay una planta municipal que queda en el sector de tejares
[…] en esas tres plantas se genera por diferencia de nivel, una serie
de caídas, por tuberías de agua a presión que mueven unas
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turbinas y general electricidad, eso se llaman las plantas
intermedias, que son de propiedad de “shek” grupo EPM, el canal
hace parte de toda esa infraestructura, toda vez que permite llevar
el agua por unos recorridos o bajas pendientes para poder ganar
la altura suficiente para poder generar esa energía cinética para
poder mover las turbinas. Cuando se presenta una obstrucción
parcial de esos canales, como son canales abiertos por
deslizamientos sobre el talud superior, se genera un taponamiento
del canal y obviamente el flujo de agua que venga por ese canal se
desborda en el talud superior, como sucedió anteriormente en el
barrio la Playita […] esa infraestructura es administrada por “shek”
grupo EPM. […] el sector del barrio Providencia fue un
asentamiento subnormal, espontáneo que con el tiempo fue
creciendo cada vez más, más y más viviendas, hasta
alcanzar una ocupación 100% del área disponible aledaña
al río Chinchiná en donde se podía construir vivienda […] sin
ningún tipo de planeación de la autoridad competente, por tanto,
no tuvo ningún control en su formación. […] esta zona de
acuerdo a esos estudios básicos que se tienen, o que fueron
entregados por parte de la Corporación al Municipio en su
momento, aparece que esa zona es de riesgo alto por
avenidas torrenciales y por flujos de tierra y deslizamiento
en el Municipio de Manizales […]” (Destacado de la Sala).
-. El Profesional Universitario adscrito a la UGRM, José Alfredo
Zuluaga Vargas, en testimonio rendido ante el Tribunal señaló que:
“[…] Providencia es un barrio contiguo a la antigua Playita, que fue
reubicada casi en su totalidad. Presenta una amenaza por
inundación a raíz de la quebrada o río Chinchiná que está contiguo
a esa población y también es una amenaza más bien baja por el
desprendimiento o flujos de lodo que se puedan producir a raíz de
cerro Sancancio. […] Casi siempre son sectores en los cuales
empieza un asentamiento, se va invadiendo predios del Municipio,
no se exactamente si Providencia sea un predio de Municipio de
Manizales, pero va creciendo esporádicamente, va aumentando,
aparecen los urbanizadores piratas, van empezando a subdividir,
no obedece a ningún tipo de urbanismo, de planteamiento
urbanístico entonces es un desorden en todo sentido. […] En el
rigor técnico, el barrio Providencia no debería ser habitado
[…]” (resaltado de la Sala).
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Del material probatorio obrante en el expediente, la Sala evidencia
que el barrio Providencia resultó afectado por los deslizamientos que
se presentaron en el cerro Sancancio el 18 y 19 de abril de 2017,
que afectaron 3 viviendas, ocasionaron la muerte de 3 personas en
el barrio Aranjuez y generaron la evacuación del sector por parte de
la UGRM.
Dicho fenómeno climático ocasionó la declaratoria de calamidad
pública en el MUNICIPIO, debido a su atipicidad y por corresponder
a una situación excepcional imprevisible, circunstancia que causó
múltiples afectaciones en dicho ente territorial, siendo necesaria la
activación de los respectivos protocolos de respuesta a la
emergencia.
La zona objeto de la acción, según lo informado, es un asentamiento
ilegal que realizó la comunidad, que alcanzó la ocupación del 100%
del área disponible para construcción en la zona aledaña al río
Chinchiná, según lo dicho por el Subdirector de Infraestructura
Regional de CORPOCALDAS, donde las viviendas están construidas
en un 90% en mampostería y no cumplen con los requisitos técnicos
mínimos; además, existe riesgo de inundación por encontrarse
cerca del río Chinchiná, y de deslizamientos por ser aledaño al cerro
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Sancancio, conforme lo puso en evidencia en su interrogatorio el
Subdirector de Infraestructura Regional de CORPOCALDAS, Jhon
Jairo Chisco Leguizamón.
Asimismo, se encuentra probado que con ocasión de la emergencia
del mes de abril de 2017, CORPORCALDAS suscribió el contrato
núm. 200-2017 con el ingeniero Luis Alberto Mesa Galeano, cuyo
objeto era la elaboración de “Estudios de zonificación del riesgo y
diseños obras, y construcción de obras de estabilidad de taludes y
manejo de aguas lluvias en el cerro Sancancio – sector Barrio
Aranjuez”, en virtud del cual se adelantaron obras de mitigación del
riesgo en la zona adyacente al barrio Aranjuez, consistentes en: i)
perfilado de taludes; ii) construcción de zanjas colectoras y canales
de rápidas con tapa; iii) construcción de pantallas pasivas con
anclajes de 12 metros de longitud; iv) construcción de 2 líneas de
alcantarillado pluvial para la conducción de las aguas superficiales
provenientes del cerro; v) siembra de pastos y pasto vetiver; vi)
construcción de anclajes activos de 40 metros de longitud y 12
torones de 5/8” ; y vii) construcción de mallas de retención de flujos
de tierra y empalizadas.
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Respecto de los estudios de detalle, el Decreto 1077 de 2015 prevé
que tienen por finalidad determinar la categorización del riesgo y
establecer las medidas de mitigación que correspondan13, los cuales
se requieren para los suelos urbanos, de expansión urbana y rural
suburbano14.
De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1. ibidem, los estudios de
detalle deben contener: i) los análisis detallados de amenaza; ii)
evaluación de vulnerabilidad; iii) evaluación del riesgo; y iv)
determinación de medidas de mitigación. Asimismo, la norma en
comento establece los componentes que debe tener el estudio de
acuerdo con la naturaleza del riesgo, de los cuales se destaca el
denominado “medidas de intervención” en los eventos de amenaza
por inundación. Sobre el particular, la norma idem dispone:
“ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.3. Análisis detallado de amenaza de
inundación. Para determinar las condiciones de amenaza por
inundación, los estudios tienen las siguientes especificaciones
mínimas: […]”
13 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.4. “Estudios detallados. Los estudios
detallados están orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las
medidas de mitigación correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento
territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la priorización de los
estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el programa de ejecución se
debe definir la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos de los estudios que se ejecutarán en el período del alcalde que adelanta la
revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.
14 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.5.
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ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.7. Medidas de Intervención. Para la
prevención, mitigación del riesgo y/o reducción de la amenaza y/o
vulnerabilidad de conformidad con lo previsto en el artículo
anterior, el estudio de evaluación de riesgo planteará medidas que
podrán ser estructurales y no estructurales.
1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a
la realización de acciones y obras para atender las condiciones de
riesgo ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes:
obras de estabilización y de reforzamiento de edificaciones e
infraestructura, las cuáles deben ser predimensionadas sobre la
cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos
correspondiente.
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar
los potenciales efectos que producirán aguas abajo.
En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable
se deben identificar en detalle las viviendas y
construcciones que serán objeto de reasentamiento,
además de las obras de estabilización necesarias para evitar
que aumente la influencia del fenómeno en estudio.
2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la
ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la
determinación de normas urbanísticas, proyectos para la
implementación de sistemas de alertas tempranas en los
casos que aplique, así como la socialización y apropiación
cultural de los principios de responsabilidad y precaución”
(Resaltado de la Sala).
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 2.2.2.1.3.3.1 de la norma
idem, los estudios detallados deben integrarse al Documento Técnico
de Soporte del POT, y el parágrafo del artículo 2.2.2.1.3.3.3 dispone
que el desarrollo urbanístico en áreas con condición de amenaza
debe estar sujeto a la realización de estudios detallados y a la
ejecución de las medidas de reducción procedentes. Al respecto, la
norma dispone:
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“[…] PARÁGRAFO. El desarrollo urbanístico de áreas con condición
de amenaza estará sujeto a la realización de los estudios
detallados, así como a la ejecución de las medidas de reducción
(prevención y mitigación) que se determinen en los mismos.
Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los
instrumentos que lo desarrollen y complementen se deben, si es
del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y
redelimitación de las unidades de análisis en las áreas objeto de
los estudios detallados.
Cómo mínimo se deben considerar los predios que pueden ser
afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis
y se deben señalar las condiciones y parámetros para la realización
de los estudios, de conformidad con lo establecido para el trámite
de licencias de urbanización contempladas en el presente Decreto.
Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o
urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de
planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico”.
Por su parte, el POT del MUNICIPIO15 prevé que la aptitud del suelo
en áreas propensas a eventos naturales peligrosos, se supedita a la
condición de mitigabilidad o posibilidad de reducción del nivel
de amenaza y riesgo que exista en el área, circunstancia que se
determina una vez se realicen los estudios detallados y especificados
de acuerdo con las exigencias y términos base que se tendrán que
aplicar en el ente territorial, en las áreas identificadas como de
amenaza media y alta y riesgo alto16, según lo determinen los
15 Consultar:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lnuUKu3ht6U3RjTFMyc2RVcjQ?resourcekey=0-
X1t9b1wz3U8hd2U52eI5ww
16 Decreto 1077 de 2015, art. 2.2.2.1.3.1.4
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estudios básicos disponibles y la zonificación realizada con este
propósito17. Para el efecto, el numeral 1.5.2.3 del Componente
General – Documento Técnico de Soporte que integra el POT, dispone
lo siguiente:
“[…] 1.5.2.3 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
La aptitud del suelo en áreas propensas a eventos naturales
peligrosos está supeditada a la condición de mitigabilidad o
posibilidad de reducción del nivel de amenaza y riesgo que exista
en la respectiva área.
Esto se puede definir una vez se realicen los estudios detallados y
especificados de acuerdo con las exigencias y términos base que
se tendrán que aplicar en el municipio en las áreas identificadas
como de amenaza media y alta y riesgo alto (Decreto 1077 de
2015, art. 2.2.2.1.3.1.4), según lo determinan los estudios básicos
disponibles y la zonificación realizada por parte del municipio con
este propósito.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de usos y tratamientos,
normas de densidades, ocupación y edificabilidad del suelo según
los ámbitos normativos contenidos en el Plano U-29 ÁMBITOS
NORMATIVOS y el Anexo A-3 FICHA NORMA URBANA; y la norma
rural contenida en el Componente Rural y el Anexo A-4 FICHA
NORMA RURAL, estarán condicionados a los resultados de los
estudios detallados (Decreto 1077 de 2015, art. 2.2.2.1.3.3.3 y
art. 2.2.2.1.3.3.4) para determinar la posibilidad de que las áreas
en cuestión puedan ser urbanizadas y utilizadas para el desarrollo
de vivienda, comercio o para el sector institucional, entre otros.
Así, una vez se defina la condición de mitigabilidad y por lo tanto
de la posible o no disminución de la amenaza o del riesgo, se
determinará si estos suelos podrán ser utilizados o si serán suelos
de protección y por lo tanto tengan que ser restringidos.
Inicialmente ningún suelo en el municipio será catalogado
como de protección por riesgo alto no mitigable hasta tanto
no se determine la posibilidad de que las áreas en condición
de amenaza o riesgo puedan ser intervenidas (Decreto 1077
de 2015, art. 2.2.2.1.3.3.3 y art. 2.2.2.1.3.3.4); es decir, si
17 Numeral 1.5.2.3. del POT.
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es factible cambiar el nivel o grado de amenaza o riesgo en
el sitio.
[…]
Los estudios detallados que determinen la mitigabilidad de la
amenaza y del riesgo en un área definida tendrán que cumplir las
especificaciones técnicas metodológicas establecidas para el efecto
y de conformidad con lo establecido para el trámite de licencias
urbanísticas contempladas en los Decretos 1077 y 2218 de 2015,
las disposiciones relacionadas con los estudios detallados
contenidas en los numerales 2.2.3.1.1 y 2.2.3.1.2 del DTS Urbano,
3.2.1.4.2 y 3.2.1.4.3 del DTS Rural, las que establezca la Norma
Geotécnica y de Movimiento de Tierras de la ciudad para la
amenaza o riesgo por deslizamiento, los requisitos de las
Resoluciones 077 de 2011 y 561 de 2012 para la amenaza o riesgo
por inundaciones, y la Resolución 235 de 2015 o las normas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Entre tanto las áreas calificadas en condición de amenaza
media y alta, que en el momento no tienen ningún
desarrollo, serán tratadas en este Plan en términos
prospectivos como suelo de desarrollo condicionado –como
se explica más adelante ver numeral 1.5.2.5–, en el cual
será necesario llevar a cabo los estudios detallados con los
cuales se pueda definir si es viable o no la disminución de la
amenaza.
Igual tratamiento tendrán en el presente Plan aquellos
suelos considerados en condición de riesgo alto, en los
cuales hayan desarrollos y que estén clasificados como de
amenaza alta, para los cuales el municipio de igual forma,
determinará con los estudios detallados que se realicen para
el efecto, a cargo del gestor o promotor o urbanizador, si existe
la factibilidad de que dichos suelos se puedan utilizar una vez se
diseñen obras de mitigación que reduzcan el nivel de riesgo
(Decreto 1077 de 2015, parágrafo, art. 2.2.2.1.3.3.3). De esto
dependerá la decisión de reasentamiento o la implementación de
las obras de protección respectivas.
Lo anterior significa que en las áreas clasificadas como suelos de
desarrollo condicionado se considera que existe riesgo o porque
está implícito, i.e. en el caso de que el área no esté ocupada –pero
que de ocuparse lo que allí esté localizado estaría en riesgo-, o
porque ya está configurado, i.e. en el caso de que el área ya este
ocupada por elementos expuestos. Debido a la severidad potencial
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de los fenómenos (susceptibilidad y amenaza media y alta) y por
las características de las amenazas (deslizamientos e inundaciones
de alta pendiente con alto poder destructivo en su área de
influencia) se considera que hay riesgo debido a que la
vulnerabilidad física de los elementos expuestos se satura o sería
total, y por lo tanto que existiría implícitamente riesgo (sea que
esté considerado como implícito o configurado según lo antes
señalado), haciendo innecesario tener que evaluar el grado
de vulnerabilidad de los elementos expuestos o
virtualmente expuestos.
La siguiente Tabla señala los condicionantes adoptados por el
presente Plan, necesarios para la toma de decisiones para efectos
de definir la aptitud del suelo en función de los niveles de amenaza
y de riesgo en los términos prospectivos, correctivos y prescriptivos
y de acuerdo con el principio de gradualidad que establece la Ley
1523 de 2012 […]” (Resaltado del texto).
La Sala destaca que, conforme a lo expuesto, no basta con realizar
la evaluación de las amenazas ante determinados fenómenos y el
riesgo implícito o configurado que ella implica con fines de
ordenamiento territorial, sino que es preciso relacionar los niveles de
amenaza a intervenciones correctivas, prospectivas y prescriptivas,
para, finalmente, definir las restricciones, los condicionamientos y las
exigencias que se deben cumplir en las zonas propensas a la
ocurrencia de eventos peligrosos, enfoque que, de acuerdo con lo
planteado por el MUNICIPIO, podría incluir el riesgo como un
determinante en el ordenamiento territorial.
Teniendo claro lo anterior, para la Sala resulta evidente que el suelo
en el que se encuentra localizado el barrio Providencia está
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catalogado como zona de desarrollo condicionado que, de acuerdo
con el numeral 1.5.2.5. del Documento Técnico de Soporte General
del POT, se refiere a un uso del suelo provisional que se asigna a
áreas de amenaza media o alta y riesgo alto, donde aún está por
definirse la vocación del suelo en forma definitiva, lo que depende de
la mitigabilidad que tiene la amenaza existente en el sitio, de manera
que esa zona está restringida para efectos de desarrollo urbano hasta
tanto se establezca la posibilidad de reducción de la amenaza.
De ahí que el procedimiento y tipos de intervenciones previstos por
el POT para suelos de desarrollo condicionado, fueron los siguientes:
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De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el MUNICIPIO ha
tenido y tiene conocimiento que el sector en el que se encuentra
ubicado el barrio Providencia, es una zona con amenaza de
deslizamiento y/o inundación, tal y como se evidencia del material
probatorio aportado al plenario y de lo consignado en el POT
Municipal.
Igualmente, está probado que aun cuando se tiene identificado que
el sector objeto de la presente acción está en un nivel de amenaza
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medio o alto, por haber sido catalogado como suelo de desarrollo
condicionado, no se han realizado las gestiones, ni ejecutado las
acciones necesarias e idóneas para conjurar esa situación, pues
desde el momento en que ocurrió la calamidad en el mes de abril de
2017 no se le ha brindado una solución definitiva a la comunidad del
barrio Providencia, la cual fue desalojada de manera preventiva y se
le otorgó un subsidio de arriendo de manera transitoria, por lo que,
posteriormente, tuvieron que regresar a la zona por falta de opciones
y garantías en cuanto a soluciones de vivienda.
Siendo ello así, se advierte que la decisión del Tribunal de proteger
los derechos colectivos invocados en la demanda se ajusta a derecho,
ya que está probado el riesgo en el que se encuentra dicha población.
Ahora bien, en cuanto a la orden especifica de realizar estudios de
detalle en los que se identifique si la situación de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo del barrio Providencia es o no mitigable y, en
caso afirmativo, determinar las obras que deban ejecutarse, la Sala
considera que se ajusta plenamente al procedimiento establecido en
el Decreto 1077 de 2015 y el POT para aquellas zonas que son
catalogadas como suelo de uso condicionado, conforme se explicó en
precedencia.
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Por ende, contrario a lo dicho por el ente territorial en el recurso de
apelación, se constató que lo pertinente y procedente en el presente
caso es lo ordenado por el a quo, para de esa manera poder
determinar la mitigabilidad o no del riesgo en el barrio Providencia y,
posteriormente, ejecutar los proyectos de intervención a que haya
lugar o la reubicación de las familias que viven allí.
De manera que, independientemente de que exista certeza sobre la
naturaleza del riesgo, media o alta, como lo puso de presente el
MUNICIPIO en el recurso de apelación y lo encontró acreditado la
Sala, lo cierto es que también resulta necesario establecer la
mitigabilidad del riesgo, de conformidad con lo ordenado por el POT,
el cual, por demás, prevé un procedimiento específico para
establecer cómo se debe catalogar un suelo que aun no cuenta con
un uso determinado (como el suelo de uso condicionado), razón por
la que al Juez Popular no le es posible obviar este mandato y, en
consecuencia, la medida adoptada por el Tribunal fue la idónea.
Ahora, respecto del responsable de la ejecución de dicha orden,
teniendo en cuenta que, a juicio del MUNICIPIO, CORPOCALDAS
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debe colaborar en la elaboración del estudio de detalle, la Sala
advierte lo siguiente:
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio; en
consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las
entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución
de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento
y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
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con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades18.
En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el
conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,
así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.
En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de
Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el Presidente
de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas
jurisdicciones. Dicho órgano es el encargado de orientar el Sistema
y, entre otras funciones, de “[…] Propender por la armonización y la
articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo […]” y “[…] Orientar y articular
las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento
territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio
18 Supra nota 13 Artículo 2°.
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climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres
[…]”19.
En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó
funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los
alcaldes y gobernadores.
De modo que es deber de los Departamentos, en cabeza de su
Gobernador, implementar procesos de conocimiento y de reducción
del riesgo, así como acciones tendientes al manejo de desastres en
su territorio, garantizando la puesta en marcha y mantenimiento de
los procesos que propendan por la gestión del riesgo en su territorio.
Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del desarrollo
departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en cuanto a la
gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos a su disposición, para de esa
manera darle cuerpo y aplicación a las competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los Municipios del
respectivo Departamento.
19 Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.
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Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,
el Departamento en asocio con los municipios de su territorio, deben
aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación que se esté
causando a un valor, interés o bien jurídico protegido como es la
mitigación del riesgo de desastres.
Ahora, a los alcaldes les fueron asignadas las funciones descritas a
continuación:
1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”20.
2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
20 Ley 1523, Artículo 14.
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territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos
de gestión pública [...]”21.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a
tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la
constitución de reservas de tierras para hacer posibles tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”22.
21 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.
22 Ley 1523, artículo 40
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Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es, gobernadores
y alcaldes, deberán:
-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte
del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar
su seguimiento y evaluación [...]”23.
• “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión
del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en
armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de
respuestas nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones,
serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o
alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días,
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley […]”24.
23 Ley 1523. Artículo 32
24 Ley 1523. Artículo 37
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• Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso
y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la
configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un
plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley
1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial
y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen
incluido la gestión del riesgo.25
Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada
uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley
1523 de la siguiente manera:
“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de
competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales
como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en
el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias
entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público,
privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de
gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en
25 Ley 1523. Artículo 39.
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los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de
esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y
entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en
beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio
concurrente de competencias exige el respeto de las
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el
acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los
procesos y procedimientos para alcanzarlas.
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento
de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer
sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en
el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los
medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda
de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas,
no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su
materialización en desastre o cuando esté en riesgo un
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para
la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada […]” (Resaltado de la Sala).
De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley
1523 identifica al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo
local, como el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
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junio de 199426, que definen al Municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le
corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,
principalmente, al Municipio en cabeza de su alcalde.
Lo anterior, significa que las órdenes dadas al MUNICIPIO en la
sentencia de primera instancia, se encuentran en el marco de sus
competencias y funciones, pues, como se explicó, el Alcalde es el
conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en su territorio,
lo que implica que es la autoridad encargada de ofrecer protección a
la comunidad, así como de mejorar la seguridad, el bienestar y la
26 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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calidad de vida, y contribuir al desarrollo sostenible,
independientemente de las condiciones geográficas con que cuenta
el ente territorial.
Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas
Regionales, el artículo 30 de la Ley 99, establece que tendrán por
objeto “[...] la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así
como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente [...]”.
Asimismo, el artículo 31 de la Ley 99 prevé las funciones de las
corporaciones autónomas regionales, dentro de las cuales se
destacan las relacionadas con: i) el apoyo en materia ambiental que
debe brindar al municipio para la ordenación del territorio; ii)
establecer las directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
en su jurisdicción; iii) ejecución de obras para la regulación de cauces
y corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con
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la administración municipal programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,
manejo de cauces y reforestación.
Dichas competencias fueron previstas en los siguientes términos:
“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
[…]
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial,
asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones
adoptadas por las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que se adopten;
[...]
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el
manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores
y a las políticas nacionales;
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean
necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del
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Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo
con las normas y reglamentos requieran de Licencia Ambiental,
ésta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;
[...]
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y
control de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con
las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales
como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;
[...]
Parágrafo 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga
por objeto principal la defensa y protección del medio ambiente
urbano, podrá adelantar con las administraciones
municipales o distritales programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá
administrar, manejar, operar y mantener las obras
ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los
municipios o distritos para esos efectos;
Parágrafo 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales
y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia [...]”.
De igual forma, el artículo 31 de la Ley 1523, también le ordena a las
corporaciones autónomas regionales apoyar a las entidades
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territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la reducción del riesgo, en los siguientes términos:
“[...] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el
Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de
1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial
y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de
gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental
del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores
de su responsabilidad primaria en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán
propender por la articulación de las acciones de adaptación al
cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su
territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales
como integrantes de los consejos territoriales de gestión del
riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben
apoyar a las entidades territoriales que existan en sus
respectivas jurisdicciones en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de
su competencia y serán corresponsables en la
implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor
de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités
territoriales, harán parte de estos las autoridades ambientales
locales [...]” (Resaltado de la Sala).
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Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1° del artículo en mención
dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías
y Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la
exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia
ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar
coordinadamente con las demás entidades para la consecución de
dichos fines.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de
202127, consideró lo siguiente:
“[...] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no suple
ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae en ella el
deber de asesorar y colaborar con las autoridades territoriales
(gobernaciones y alcaldías) en la prevención de desastres, el
análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de mecanismos de
solución. Así las cosas, la Sala determina que el papel de la
Corporación no es subsidiario respecto de las labores de alcaldías
y gobernaciones.
6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que,
según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012,
los Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación,
27Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 29 de julio de 2021, expediente núm. 47001
23 31 000 2011 08425 02.
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asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del
riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la
entidad territorial correspondiente, están conformados por un
representante de cada una de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva
jurisdicción territorial.
Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que
el propósito de la norma es fomentar un trabajo de
cooperación interinstitucional entre todas las entidades que
hacen parte del sistema, en búsqueda de corresponsabilidad
e integralidad en las acciones. Así las cosas, cualquier
competencia que recaía en los Comités de Prevención y
Atención de Desastres, indirectamente lo es de la
Corporación al ser uno de sus miembros.
Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que
en este sentido emitió el Tribunal, ya que, con base en las
consideraciones expuestas, queda claro que es competencia de
CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de
soluciones respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos
Colorados ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye
realizar estudios y asignar o gestionar recursos para la
ejecución de proyectos, en ejercicio de las funciones que en
materia ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley
le ha atribuido [...]” (Resaltado de la Sala).
En consecuencia, aún cuando la función de implementar, ejecutar,
desarrollar, entre otras, las políticas, actividades tendientes a la
gestión del riesgo, le corresponde principalmente al alcalde, ello no
significa que deba dejarse de lado que la misma Ley 1523 y el
Decreto 4147 de 3 de noviembre de 201128, establecieron un trabajo
coordinado y armónico con las demás entidades, dentro de las que
28 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se
establece su objeto y estructura”.
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se encuentran CORPOCALDAS, a la cual se le asignan especiales
funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades
territoriales de distinto orden en materia de gestión del riesgo29.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que no ha debido
declararse probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de CORPOCALDAS, toda vez que la normativa
en comento le asigna claras competencias en materia de gestión del
riesgo, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, los
factores que acentúan el peligro al que se exponen los habitantes del
barrio Providencia se relacionan con el control de erosión y manejo
de cauces, cuyos asuntos son propios de la entidad de acuerdo con
lo expuesto.
Lo anterior, también lleva a concluir que la autoridad ambiental no
solamente debe participar en la elaboración del estudio de detalle
ordenado por el Tribunal, sino también en la ejecución de las medidas
de mitigación en caso de que sean procedentes.
29 Igualconsideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencias de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón) y 9 de junio de 2022 (Expediente núm.
68001-23-33-000-2018-00881-01, Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
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Siendo ello así, la Sala modificará la parte resolutiva del fallo apelado
en lo que respecta a: i) la resolución de las excepciones, en el sentido
de excluir a CORPOCALDAS; y ii) la declaratoria de vulneración de
los derechos colectivos y las medidas de protección, pues aquella no
solamente se predica del ente territorial sino también de la autoridad
ambiental, por lo que dichos aspectos quedarán en los siguientes
términos:
“[…]PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el
DEPARTAMENTO DE CALDAS, AGUAS DE MANIZALES S.A.
E.S.P. y la NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, dentro de la acción popular promovida en su contra
por la señora DIANA LETICIA HOLGUÍN HOLGUÍN.
SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE MANIZALES y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS -
CORPOCALDAS han vulnerado los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles, y la realización
de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, prerrogativas consagradas en los literales g), h), l) y
m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, con
la asesoría y acompañamiento de CORPOCALDAS, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
adelanten las gestiones administrativas, presupuestales y técnicas
requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los
que se identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo del barrio Providencia es o no mitigable, y en caso
afirmativo, determine las obras que deban ejecutarse.
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Si el riesgo es mitigable, el MUNICIPIO DE MANIZALES, con la
asesoría y acompañamiento de CORPOCALDAS deberá formular y
ejecutar los proyectos de intervención para la realización de las
obras estructurales y no estructurales de mitigación dentro del año
siguiente […]“.
Del competente para la reubicación de las viviendas del barrio
Providencia del MUNICIPIO
Sea lo primero advertir que, conforme se explicó en párrafos arriba,
de acuerdo con el POT lo procedente en el presente caso es la
realización de estudios de detalle en los que se identifique si la
situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del barrio Providencia
es o no mitigable. En caso afirmativo, se determinarán las obras que
deban ejecutarse, y si el riesgo no es mitigable, deberá adelantarse
la reubicación de las viviendas del sector en riesgo.
Ahora, en relación con la competente para llevar a cabo la
reubicación en caso de que a ello hubiere lugar, la Sala advierte que
de acuerdo con lo analizado en precedencia, el artículo 40 de la Ley
1523 le exige a los municipios incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial “[…] los mecanismos
para el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento,
delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza
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derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso
asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto
riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer
posible tales reasentamientos y la utilización de los
instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de
inmuebles que sean necesarios para reubicación de
poblaciones en alto riesgo, entre otros […]” (Resaltado fuera
del texto)30.
En efecto, tales previsiones se acompasan con lo expuesto en los
literales b) y c) del artículo 58 y el artículo 59 de la Ley 388, que
faculta a los municipios a:
“ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. <Ver
modificaciones a este artículo directamente en la Ley 9 de 1989>
El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos
determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública
o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los
siguientes fines:
[…]
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo
los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales
30 Ley 1523 de 2012, artículo 40.
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diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de
1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto
riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y
provisión de espacios públicos urbanos; […]”.
ARTICULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley
9ª de 1989, quedará así:
"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las
entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones
de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o
decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las
actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989. Los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta asimiladas a las
anteriores, de los órdenes nacional, departamental y municipal,
que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para
desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en el
artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar la
expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas
actividades."” (Resaltado de la Sala)
Asimismo, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.2.1.3,
prevé como un aspecto a tener en cuenta en la fase de formulación
del proceso de planificación territorial, la reubicación de los
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
no mitigable y las acciones para evitar que vuelvan a ser
ocupadas.
De lo expuesto, resulta evidente que el llamado a reubicar a la
población del barrio Providencia es el MUNICIPIO, como en efecto
lo ordenó el Tribunal.
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Ahora, la Sala pone de manifiesto que esta Sección en sentencia de
1o. de junio de 202031, consideró que las órdenes de reubicación de
viviendas en zonas de alto riesgo no mitigables y soluciones
temporales de vivienda hasta que se efectúe la reubicación definitiva,
deben obedecer a unos criterios específicos, los cuales no son
consonantes con los dispuesto por el Tribunal en la parte resolutiva
de la sentencia apelada, pues éste circunscribió el actuar de la
Administración a brindar un acompañamiento a las familias en
procesos de postulación para proyectos de vivienda promovidos por
FONVIVIENDA, lo que, por demás, desconoce las obligaciones del
ente territorial sobre la materia, como se indicó en precedencia.
Para el efecto, la Sección en la sentencia en comento dispuso que:
“[…] En consecuencia, la Sala considera que es necesario precisar las
órdenes en el siguiente sentido:
120.1 […]
120.2 El Municipio de Rionegro, en coordinación con el
Departamento de Santander, tiene la carga de reubicar
directamente a las familias que no resultaron damnificadas con
ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido beneficiadas con un
subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez, providencia de 1° de junio de 2020, expediente núm.
68001-23-31-000-2012-00091-01.
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mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La
Ceiba, El Bambú y Espuma Baja, teniendo en cuenta que con ocasión
de este proceso se probó que existe una situación de vulnerabilidad de
familias que no resultaron afectadas con el fenómeno invernal.
120.2.1 En consecuencia, la Sala ordenará al Municipio de
Rionegro que, en coordinación con el Departamento de
Santander, dentro del término de dos (2) meses, contado a
partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
reubicación definitiva de las familias que no resultaron
damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas
de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de
inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja.
120.2.2 Vencido el término anterior, el Municipio de Rionegro, en
coordinación con el Departamento de Santander, deberá
reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a
los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda
subsidiada, a las familias que no resultaron damnificadas con ocasión
del Fenómeno de la Niña y que no han sido beneficiadas con un subsidio
de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La
Ceiba, El Bambú y Espuma Baja. Lo anterior, en el término máximo
de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
121. La Sala le ordenará al Municipio de Rionegro que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término máximo de quince (15) días,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
realice un censo con el objeto de determinar las características
de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente
información:
121.1 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba,
El Bambú y Espuma Baja.
121.2 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma
Baja cuyas viviendas fueron construidas en el marco de la normativa
que regula el asunto y autorizadas por las autoridades competentes.
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121.3 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja cuyas viviendas fueron construidas sin la
autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.
121.4 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja y que resultaron damnificadas por el Fenómeno
de La Niña.
121.5 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja y que no resultaron damnificadas por el
Fenómeno de la Niña.
121.6 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja que no han sido beneficiarias de ningún proyecto
de vivienda subsidiada.
122. Para la reubicación de las familias que habitan viviendas
ubicadas en las zonas de alto riesgo no mitigable o en las zonas de
inundación y que fueron construidas atendiendo la normativa vigente y
con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo
el procedimiento previsto para el efecto, la administración deberá aplicar
el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9.° de 1989, que dispone:
“[…] Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser
reubicadas, mediante enajenación voluntaria directa o mediante
expropiación en los términos de la presente ley. Cuando se trate de una
enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley. Los
inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble,
pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió […]”.
123. Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados
en las zonas de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas
o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja
se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal de Rionegro
debe ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades
de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por
la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
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124. Las entidades demandadas, durante este trámite, deben
atender de forma especial el principio de economía para optimizar el
uso del tiempo y procurar el nivel más alto de calidad en sus
actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se encuentra
la comunidad.
[…]
201. La Sala, con el objeto de garantizar que la beneficiaria de estas
medidas sea la comunidad afectada, ordenará al Municipio de
Rionegro que, en el término quince (15) días, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, adopte un mecanismo dirigido a evitar
que personas o familias que no habiten en la zona de alto riesgo no
mitigable, en la ronda hídrica o cotas de inundación de La Ceiba, El
Bambú y Espumas Bajas, desde la fecha de presentación de la
demanda y de la sentencia proferida, en primera instancia,
reciban los subsidios y beneficios a los que se hizo referencia de forma
previa. Para tal efecto, deberá fijar criterios administrativos y
probatorios que le permitan verificar que las familias beneficiarias
hubiesen habitado permanentemente en ese territorio durante el
periodo objeto de amparo aquí definido.
[…]
203. Ahora bien, en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar
un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de Santander, en
el marco del Comité de Verificación, puede adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, toda vez que el artículo 34 de la Ley 472 prevé
que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…] conservará la
competencia para tomar las medidas necesarias para la
ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”. Lo
anterior, incluye todas las órdenes de la sentencia […]”
(Resaltado del texto).
Comoquiera que los criterios expuestos por la Sala en los apartes
transcritos resultan aplicables al caso bajo examen, serán adoptados
en esta oportunidad para efecto de impartir la orden de reubicación
de la población que habita en la zona que eventualmente podría ser
calificada como de riesgo no mitigable en el barrio Providencia.
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Con fundamento en lo anterior, se modificará la sentencia apelada
en los siguientes términos:
“ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y solo en caso
de que los estudios de detalle que se realizarán establezcan que la zona
donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable:
1.- Adelanten, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias
que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una
indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la zona de
riesgo no mitigable del barrio Providencia.
2.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE MANIZALES,
deberá reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a
los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, a
las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio
Providencia, siempre y cuando no hayan sido beneficiarias de un
subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de diez (10)
meses, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable
3.- El MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término máximo de quince
(15) días, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable, deberá efectuar un censo con el objeto de determinar las
características de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente
información:
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, cuyas viviendas fueron construidas en el
marco de la normativa que regula el asunto y autorizadas por las
autoridades competentes.
-. El número de familias en la zona de riesgo no mitigable del
barrio Providencia, cuyas viviendas fueron construidas sin la
autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.
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-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, que no hayan sido beneficiarias de ningún
proyecto de vivienda subsidiada.
4.- Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo
no mitigable del barrio Providencia, cuyas viviendas fueron
construidas atendiendo la normativa vigente y con la autorización
expresa de las autoridades competentes, siguiendo el procedimiento
previsto para el efecto, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá aplicar
el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9° de 1989.
5.- En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona
de riesgo no mitigable del barrio Providencia se rehúsen a abandonar
el sitio, el Alcalde Municipal de Manizales deberá ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la
Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
6.- ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la
reubicación definitiva a favor de las familias del barrio Providencia que
no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda y que habiten en la
zona de riesgo alto no mitigable, y sin perjuicio de las medidas de
urgencia que se deban adoptar frente a una nueva situación de desastre.
El MUNICIPIO DE MANIZALES deberá cumplir esta orden en el
término máximo de un mes, contado a partir del estudio de detalle que
establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el barrio
Providencia es de riesgo no mitigable.
En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la
ausencia de un marco normativo que reglamente la solución de vivienda
temporal a favor de las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá:
6.1. Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la
reglamentación correspondiente en el término máximo de tres (3)
meses, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable.
6.2. Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda
ejecutarse en caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la
vida e integridad de las personas que habitan en ese sector, en el marco
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de la estrategia municipal para la gestión del riesgo de desastres, en el
término máximo de tres (3) meses, contado a partir del estudio de
detalle que establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el
barrio Providencia es de riesgo no mitigable.
6.3. Brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como apoyo
administrativo a las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable en la obtención de una alternativa de vivienda temporal y
digna, en el término máximo de diez (10) días, contado a partir del
estudio de detalle que establezcan que la zona donde se encuentra
ubicado el barrio Providencia es de riesgo no mitigable.
7.- Que el Alcalde del MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término
quince (15) días, contado a partir del estudio de detalle que establezcan
que la zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de
riesgo no mitigable, adopte un mecanismo dirigido a evitar que personas
o familias que no habiten en la zona de riesgo no mitigable del barrio
Providencia, desde la fecha de presentación de la demanda y de la
sentencia proferida, en primera instancia, reciban los subsidios y
beneficios a los que se hizo referencia de forma previa. Para tal efecto,
deberá fijar criterios administrativos y probatorios que le permitan
verificar que las familias beneficiarias hubiesen habitado
permanentemente en ese territorio durante el período objeto de amparo
aquí definido.
Parágrafo. En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el
Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de
Verificación, puede adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la
sentencia”.
Por último, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 472, el comité de verificación de la sentencia también debe
estar conformado por el Juez. En consecuencia, debido a que el
Tribunal no está incluido en el comité de verificación ordenado en la
sentencia apelada, se modificará la parte resolutiva de la misma, en
el sentido de ordenar su inclusión para efecto de que lo presida.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia de 30 de
octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el
DEPARTAMENTO DE CALDAS, AGUAS DE MANIZALES S.A.
E.S.P. y la NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, dentro de la acción popular promovida en su contra
por la señora DIANA LETICIA HOLGUÍN HOLGUÍN.
SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE MANIZALES y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS -
CORPOCALDAS han vulnerado los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente, y la realización de las
construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, prerrogativas
consagradas en los literales g), h), l) y m) del artículo 4º de la Ley
472 de 1998.
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, con
la asesoría y acompañamiento de CORPOCALDAS, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
adelanten las gestiones administrativas, presupuestales y técnicas
requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los
que se identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y
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riesgo del barrio Providencia es o no mitigable, y en caso
afirmativo, determine las obras que deban ejecutarse.
Si el riesgo es mitigable, el MUNICIPIO DE MANIZALES, con la
asesoría y acompañamiento de CORPOCALDAS deberá formular y
ejecutar los proyectos de intervención para la realización de las
obras estructurales y no estructurales de mitigación dentro del año
siguiente.
CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
y solo en caso de que los estudios de detalle que se realizarán
establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el barrio
Providencia es de riesgo no mitigable:
1.- Adelante, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias
que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una
indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la zona de
riesgo no mitigable del barrio Providencia.
2.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE MANIZALES,
deberá reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a
los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, a
las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio
Providencia, siempre y cuando no hayan sido beneficiarias de un
subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de diez (10)
meses, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable
3.- El MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término máximo de quince
(15) días, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable, deberá efectuar un censo con el objeto de determinar las
características de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente
información:
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, cuyas viviendas fueron construidas en el
marco de la normativa que regula el asunto y autorizadas por las
autoridades competentes.
-. El número de familias en la zona de riesgo no mitigable del
barrio Providencia, cuyas viviendas fueron construidas sin la
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autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, que no hayan sido beneficiarias de ningún
proyecto de vivienda subsidiada.
4.- Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo
no mitigable del barrio Providencia, cuyas viviendas fueron
construidas atendiendo la normativa vigente y con la autorización
expresa de las autoridades competentes, siguiendo el procedimiento
previsto para el efecto, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá aplicar
el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9° de 1989.
5.- En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona
de riesgo no mitigable del barrio Providencia se rehúsen a abandonar
el sitio, el Alcalde Municipal de Manizales deberá ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la
Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
6.- ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la
reubicación definitiva a favor de las familias del barrio Providencia que
no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda y que habiten en la
zona de riesgo alto no mitigable, y sin perjuicio de las medidas de
urgencia que se deban adoptar frente a una nueva situación de desastre.
El MUNICIPIO DE MANIZALES deberá cumplir esta orden en el
término máximo de un mes, contado a partir del estudio de detalle que
establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el barrio
Providencia es de riesgo no mitigable.
En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la
ausencia de un marco normativo que reglamente la solución de vivienda
temporal a favor de las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá:
6.1. Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la
reglamentación correspondiente en el término máximo de tres (3)
meses, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la
zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de riesgo no
mitigable.
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6.2. Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda
ejecutarse en caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la
vida e integridad de las personas que habitan en ese sector, en el marco
de la estrategia municipal para la gestión del riesgo de desastres, en el
término máximo de tres (3) meses, contado a partir del estudio de
detalle que establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el
barrio Providencia es de riesgo no mitigable.
6.3. Brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como apoyo
administrativo a las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable en la obtención de una alternativa de vivienda temporal y
digna, en el término máximo de diez (10) días, contado a partir del
estudio de detalle que establezcan que la zona donde se encuentra
ubicado el barrio Providencia es de riesgo no mitigable.
7.- Que el Alcalde del MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término
quince (15) días, contado a partir del estudio de detalle que establezcan
que la zona donde se encuentra ubicado el barrio Providencia es de
riesgo no mitigable, adopte un mecanismo dirigido a evitar que personas
o familias que no habiten en la zona de riesgo no mitigable del barrio
Providencia, desde la fecha de presentación de la demanda y de la
sentencia proferida, en primera instancia, reciban los subsidios y
beneficios a los que se hizo referencia de forma previa. Para tal efecto,
deberá fijar criterios administrativos y probatorios que le permitan
verificar que las familias beneficiarias hubiesen habitado
permanentemente en ese territorio durante el período objeto de amparo
aquí definido.
Parágrafo. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el
Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de
Verificación, puede adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la
sentencia”.
QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, a
través de la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal (UGRM),
adelante monitoreos permanentes el barrio Providencia, y en caso
de que la situación lo amerite, disponga las acciones necesarias
para la protección de la vida de los habitantes y transeúntes,
incluyendo la posible evacuación de las viviendas, conforme al
marco de sus competencias.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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SÉPTIMO: CONFORMAR un Comité para la verificación del
cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia, el cual será
integrado por el Magistrado Ponente, quien lo presidirá, el
Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del MUNICIPIO DE
MANIZALES, un delegado de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas – CORPOCALDAS, la demandante y el señor Procurador
Judicial.
OCTAVO: SIN COSTAS.”
SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de agosto de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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