Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2019-00407-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
Actor: Miguel Arturo Pinilla Cardona
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS y
Municipio de Manizales
Vinculadas: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fondo Nacional
de Vivienda -FONVIVIENDA; Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
-ENTERRITORIO; Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales
S.A.S. – ERUM S.A.S.
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. ERUM S.A.S. y el Municipio
de Manizales contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sala
Cuarta Oral de Decisión el Tribunal Administrativo de Caldas.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Miguel Arturo Pinilla Cardona presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS y el Municipio de Manizales, con el objeto de obtener la protección
de los derechos e intereses colectivos: i) al goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público; ii) el acceso a una infraestructura de
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servicios que garantice la salubridad pública; iii) la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y iv) la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO. Realizar obras de mitigación del riesgo en la ladera contigua a
donde se está construyendo el CISCO del Macroproyecto San José.
SEGUNDO: Practicar monitoreos continuos al comportamiento que represente
dicho terreno durante y posterior al desarrollo de la construcción del CISCO.
TERCERO: De no ser procedente lo anterior, que la Administración Municipal
disponga las medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y
presupuestales a fin de que se efectúe la reubicación de mi familia y la comunidad
del barrio Asís Jazmín.
CUARTO: Se concreten las demás actuaciones que en ejercicio de sus
atribuciones ultra y extrapetita, en relación con su apreciación de los derechos
fundamentales que tengo en alta amenaza, considere su despacho que deben
adoptarse […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Afirmó que con ocasión de las obras para la construcción del Centro Integrado
de Servicios Comunitarios -CISCO en el Megaproyecto de Interés Social Nacional
“Centro Occidente de Colombia San José”, ubicado en la calle 26 con carrera 10 del
Barrio Asís Jazmín de la ciudad de Manizales, se generaron situaciones de
inestabilidad y desplazamiento de la ladera, específicamente, por dilataciones,
inclinación y agrietamiento en la estructura del paso peatonal.
3.2. Manifestó que la amenaza es mayor si se tiene en consideración que la
infiltración de aguas lluvias en ese sector puede generar deslizamientos y,
adicionalmente, porque se trata de una zona catalogada como de riesgo no
mitigable, según lo informado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS.
1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 2.
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3.3. Señaló que el Megaproyecto referido tenía como propósito, entre otros, la
reubicación de las familias asentadas en zona en riesgo de desastre y la
intervención de la zona con obras de mitigación del riesgo.
Actuaciones en primera instancia
4. La acción de la referencia fue conocida por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Manizales, autoridad judicial que profirió auto de 12 de agosto de
2019, mediante el cual declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo de Caldas2.
5. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto de 27 de agosto de 2019 en el que resolvió3: i) admitir la demanda; ii) notificar
personalmente a las partes; iii) notificar personalmente al Defensor del Pueblo; iv)
notificar al Procurador Judicial Administrativo e v) informar a los miembros de la
comunidad a través de un medio masivo de comunicación.
6. El Magistrado Sustanciador del Tribunal profirió auto de 7 de noviembre de
20194 mediante el cual resolvió vincular a la acción de la referencia a la Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA; a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –
ENTERRITORIO; y a la Empresa de Renovación Urbana de Manizales S.A.S. -
ERUM S.A.S.
Contestaciones de la demanda
7. El Municipio de Manizales5 presentó escrito de 25 de septiembre de 20196
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en razón a
la falta de competencia del Municipio por tratarse de una zona en la que se adelanta
un macroproyecto de interés social del orden nacional, por lo que solicitó la
vinculación de las entidades precitadas en el numeral anterior. Adicionalmente,
formuló las excepciones que denominó: i) “falta de competencia del Municipio de
Manizales para satisfacer la pretensión relacionada con reubicación o
2 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 8 y siguientes.
3 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 12 y siguientes.
4 Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 190 y siguientes.
5 Mediante apoderada judicial.
6 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folios 15 y siguientes.
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reasentamiento del barrio Asís Jazmín”; ii) “hecho superado”, que fundamentó en
que de acuerdo con un informe de la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio,
la vivienda del actor popular no requiere de evacuación preventiva; iii) “falta de
competencia del Municipio de Manizales para intervenir el Macroproyecto San
José”; e iv) “inexistencia de prueba de los hechos que constituyen presunta
vulneración de derechos colectivos”.
8. La Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS7
presentó escrito de 15 de octubre de 20198 en el que manifestó que la competencia
para satisfacer las pretensiones de la demanda recaía en el Municipio de Manizales,
en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales -ERUM S.A.S. y
en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO.
8.1. Afirmó que suscribió el contrato de obra núm. 211-2018 con la Fundación
FESCO que tuvo por objeto “[…] ejecutar el programa Guardianas de La Ladera,
cuya finalidad es efectuar el mantenimiento de las obras de estabilidad presentes
en las laderas del área urbana del municipio de Manizales, incorporando un
componente fundamental de educación ambiental y participación comunitaria para
la prevención y mitigación del riesgo por deslizamiento […]”9.
8.2. Propuso las excepciones que denominó: i) “CORPOCALDAS ha actuado
conforme a los postulados legales y constitucionales”; ii) “la competencia para la
atención y prevención de desastres corresponde a los entes territoriales”; iii)
“inexistencia de una omisión o acción transgresora de los derechos colectivos
deprecados por parte de CORPOCALDAS, en atención a la órbita de competencia”;
iv) “la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. ERUM
S.A.S., es la encargada de todas las obras que se desarrollen en el Macroproyecto
San José”; v) “obligación del constructor de cumplir con la licencia de construcción”;
y vi) “reside única y exclusivamente en la entidad territorial municipal el control
urbanístico de su territorio”.
9. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTERRITORIO10 presentó escrito de 24 de enero de 202011 en el que se opuso a
7 Mediante apoderado judicial.
8 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 160 y siguientes.
9 Ibidem.
10 Mediante apoderado judicial.
11 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 198 y siguientes.
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la prosperidad de las pretensiones de la demanda con el argumento de que carecía
de legitimación en la causa por pasiva.
10. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto de 10 de febrero de 202012 mediante el cual resolvió tener por no contestada
la demanda por parte de las demás entidades vinculadas.
Otras actuaciones
11. El Tribunal Administrativo de Caldas llevó a cabo la audiencia especial de
pacto de cumplimiento el día 18 de marzo de 202013, la cual declaró fallida por falta
de acuerdo entre las partes.
12. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTERRITORIO14; la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS15; la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales16
-ERUM S.A.S.; el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA17; y el Municipio de
Manizales presentaron alegatos de conclusión en los que, en síntesis, reiteraron los
argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.
Sentencia proferida, en primera instancia
13. La Sala Cuarta Oral de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia el día 27 de agosto de 2021, en la que resolvió lo siguiente18:
“[…] DECLÁRASE probada la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA” propuesta por CORPOCALDAS y ENTERRITORIO, dentro de
la acción popular promovida en su contra por el señor MIGUEL ARTURO PINILLA
CARDONA.
DECLÁRASE que el MUNICIPIO DE MANIZALES ha vulnerado los derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así
como la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, prerrogativas consagradas en los
literales l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.
12 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 246.
13 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 259.
14 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 286 y siguientes.
15 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 291 y siguientes.
16 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 295 y siguientes.
17 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 298 y siguientes.
18 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folios 280 y siguientes.
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En consecuencia, se ORDENA al MUNICIPIO DE MANIZALES, que dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, adelante las gestiones
administrativas, presupuéstales y técnicas requeridas, para la elaboración de los
estudios de detalle en los que se identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad
y riesgo del barrio Asís -Jazmín, específicamente las laderas que circundan el
CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS “CISCO” es o no mitigable
y en qué zonas específicas, y en caso afirmativo, determine las obras que deban
ejecutarse.
Si el riesgo es mitigable, el municipio deberá formular y ejecutar los proyectos de
intervención para la realización de las obras estructurales y no estructurales de
mitigación dentro del año siguiente.
Si el estudio determina que el riesgo no es mitigable, la municipalidad accionada, en
coordinación con la ERUM S.A.S., adelantará las gestiones para la reubicación de las
viviendas, garantizando el acompañamiento a las familias en procesos de postulación
para proyectos de vivienda promovidos por las instancias del orden nacional que
correspondan.
Como medida de protección, el MUNICIPIO DE MANIZALES a través de la UNIDAD
DE GESTIÓN DEL RIESGO (UGR), adelantará monitoreos permanentes al barrio
Asís - Jazmín, y en caso que la situación lo amerite, dispondrá las acciones
necesarias para la protección de la vida de los habitantes y transeúntes, incluyendo
la posible evacuación de las viviendas, conforme al marco de sus competencias.
CONFÓRMASE un comité auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la
sentencia, el cual estará conformado por el Director de la Unidad de Gestión del
Riesgo del MUNICIPIO DE MANIZALES, un delegado de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas -CORPOCALDAS, la demandante y el señor Procurador Judicial.
SIN COSTAS
PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación
nacional a cargo del Municipio de Manizales.
Por Secretaría, REMÍTASE copia de este fallo con destino a la Defensoría del Pueblo
(Art. 80 Ley 472/98).
HÁGANSE las anotaciones que sean del caso en el Programa Justicia Siglo XXI […]”.
Consideraciones del Tribunal
14. El Tribunal consideró que se encontraba probada la situación de riesgo en
que estaban las personas que viven y que transitan por el Barrio Asís – Jazmín de
la ciudad de Manizales a causa de la inestabilidad del talud y de la ladera donde se
encuentran construidas algunas viviendas en esa zona, lo que se acrecienta por las
características de las construcciones y la alta pluviosidad.
15. El Tribunal precisó que no se probó en el expediente que la construcción del
Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO tuviera alguna relación de
causalidad con la situación de riesgo en que se encuentran las viviendas ubicadas
en la zona de ladera del Barrio Asís – Jazmín y, por el contrario, lo que se probó fue
que dicha construcción se encontraba ubicada en una zona plana y que cumplia los
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lineamientos técnicos, por lo que no podía concluirse que representara un peligro
para la estabilidad de los terrenos aledaños.
16. En referencia a las órdenes impartidas en la sentencia el Tribunal consideró
lo siguiente19:
“[…] si bien el concepto técnico de los profesionales que han visitado el sitio halla
como un común denominador que algunas de las zonas de las laderas (no todas)
tienen una connotación que desde el punto de vista técnico puede llegar a catalogarse
como no mitigable, también advierten con claridad que esta calificación depende en
modo exclusivo de la realización de estudios detallados, que involucren componentes
geotécnicos, geológicos e hidrológicos, dirigidos a establecer si las amenazas pueden
o no corregirse con la ejecución de obras civiles, y solo entonces, determinar las
acciones que deben levarse a cabo.
[…]
Según las pruebas recaudadas la zona objeto de esta acción popular se encuentra
determinada de desarrollo condicionado debido a su caracterización preliminar de
riesgo medio y alto, es pertinente acudir al Documento Técnico de Soporte -DTS- del
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales, adoptado con el
Acuerdo Municipal N° 958 del 2017, que establece en los incisos 3 y 4 del numeral
1.5.2.3, y en el inciso 3 del numeral 2.2.3.2:
ARTÍCULO 1.5.2.3. [...] Entre tanto las áreas calificadas en condición de
amenaza media y alta, que en el momento no tienen ningún desarrollo, serán
tratadas en este Plan en términos prospectivos como suelo de desarrollo
condicionado -como se explica más adelante ver numeral 1.5.2.5-, en el cual
será necesario llevar a cabo los estudios detallados con los cuales se pueda
definir si es viable o no la disminución de la amenaza. Igual tratamiento tendrán
en el presente Plan aquellos suelos considerados en condición de riesgo alto,
en los cuales hayan desarrollos y que estén clasificados como de amenaza alta,
para los cuales el municipio de igual forma, determinará con los estudios
detallados que se realicen para el efecto, a cargo del gestor o promotor dichos
suelos se puedan utilizar una vez se diseñen obras de mitigación que reduzcan
el nivel de riesgo (Decreto 1077 de 2015, parágrafo, art. 2.2.2.1.3.3.3). De esto
dependerá la decisión de reasentamiento o la implementación de las obras de
protección respectivas [...].
ARTÍCULO 2.2.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL CONOCIMIENTO
Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO. [...] Teniendo en cuenta que las zonas de
riesgo alto forman parte del suelo con desarrollo condicionado, es decir sujetas
a la elaboración de estudios detallados, en el corto y mediano plazo se prioriza
la realización de dichos estudios, los cuales definirán los programas y provectos
para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se
ejecutarán durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, señalando
las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y
los recursos respectivos. Los estudios de detalle definirán el desarrollo de
medidas de mitigación estructurales y no estructurales y las acciones para
adelantar procesos de reubicación o mejoramiento integral […]
En este orden, el MUNICIPIO DE MANIZALES es directamente responsable de la
adopción de medidas para conjurar la amenaza a los derechos colectivos,
atendiendo de manera principal que en lo que concierne al barrio Asís - Jazmín, se
19 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folios 314 y siguientes.
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precisa cumplir con los cometidos legales que le asisten como ente responsable del
sistema de prevención de desastres y ordenador del territorio.
Y si bien la zona que ha sido objeto de la presente acción popular se inscribe el
MACRORPOYECTO SAN JOSÉ, argumento que ha servido de base al ente
territorial para aducir que no le asiste ninguna responsabilidad en la problemática
planteada, para el Tribunal este raciocinio no tiene vocación de prosperidad, toda
vez que las acciones que demanda la intervención de la zona se refieren a la gestión
del riesgo de desastres, obligación que de acuerdo con los diversos instrumentos
constitucionales y legales citados. indudablemente competen a los municipios,
quienes no pueden desprenderse de ellos o alegar la falta de titularidad de esas
obligaciones, so pretexto de tratarse de una zona que está siendo objeto de
determinada intervención urbanística […]”.
Recursos de apelación
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM
S.A.S.
17. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM
S.A.S.20 presentó escrito de 3 de septiembre de 202121 en el que solicitó revocar la
orden impartida a la entidad con fundamento en los siguientes argumentos:
17.1. Afirmó que postuló a 4 familias que se encontraban en la zona de riesgo
referida en la presente acción popular para que accedieran a subsidios de vivienda;
sin embargo, dichas familias fueron rechazadas porque no cumplieron los requisitos
para acceder al subsidio.
17.2. Manifestó que la entidad carecía de competencia para asignar subsidios
familiares de vivienda y que su competencia se circunscribía únicamente a la
apertura de postulaciones, en caso de que existan soluciones de vivienda por
asignarse.
Municipio de Manizales
18. La Sala considera que del escrito de apelación presentado por la apoderada
judicial del Municipio de Manizales el día 1.º de septiembre de 2021, es posible
sintetizar los siguientes argumentos22:
20 Mediante apoderada judicial.
21 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 324 y siguientes.
22 índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 328 y siguientes.
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Primer argumento: Los estudios en detalle ordenados en la sentencia apelada
no son necesarios
19. Afirmó que la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS
conoce las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la zona y, adicionalmente,
señaló que con la adopción del Macroproyecto San José se hicieron estudios de
amenaza, riesgos y vulnerabilidad, por lo que, a juicio de la apoderada del Municipio,
los estudios de detalle son innecesarios, máxime si se tiene en cuenta que supone
comprometer recursos públicos los cuales son “bienes escasos”.
20. Manifestó que de mantenerse la orden debia también impartirse a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS para que de manera
solidaria colabore con la elaboración y financiación de los estudios, de conformidad
con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.
Segundo argumento: La orden de reubicación de viviendas debe extenderse
a las autoridades del orden nacional accionadas
21. Manifestó que la función del Municipio en relación con los programas de
vivienda es identificar y censar a las familias damnificadas por desastres naturales,
calamidades públicas y aquellas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y
que deben ser incluidas en los proyectos de vivienda de interés social para las
postulaciones ante el gobierno nacional, por lo que para lograr la efectividad de la
sentencia es necesario que la orden de reubicación se imparta a las autoridades del
orden nacional accionadas.
Tercer argumento. Las familias ubicadas en la zona referida en la demanda no
cumplen con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda
22. Indicó que se aportaron al expediente elementos probatorios que permiten
evidenciar que los propietarios de las viviendas ya fueron reubicados por lo que no
hay posibilidad de realizar nuevas reubicaciones al no cumplir con los requisitos
para la adjudicación de una segunda vivienda.
Cuarto argumento: Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
en materia de improcedencia de la acción popular para proteger derechos
particulares
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23. Señaló que la sentencia apelada desconoció el precedente del Consejo de
Estado referido a la improcedencia de la acción popular para la protección de los
derechos particulares, contenido en las providencias de 19 de noviembre de 200923
y 16 de marzo de 201224, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado.
24. Aseguró que el Tribunal Administrativo de Caldas fundamentó la decisión en
la sentencia que protegió los derechos colectivos en el barrio Providencia sin que
esa decisión estuviera ejecutoriada al momento en que se profirió la sentencia de
primera instancia, toda vez que el Municipio de Manizales presentó recurso de
apelación contra esa decisión.
Quinto argumento: Desconocimiento de la normativa que regula el
Macroproyecto San José
25. Afirmó que el Tribunal debió fundamentar la sentencia, proferida en primera
instancia, en la normativa especial que reglamenta el Macroproyecto de interés
social nacional denominado “Centro Occidente de Colombia San José”,
concretamente, señaló que debió aplicarse: i) artículo 10 y 15 de la Ley 388 de 18
de julio 199725; artículo 79 de la Ley 1151 de 24 de julio de 200726; iii) las
Resoluciones que regulan el Macroproyecto San José: 1453 de 27 de julio de 2009,
1527 de 6 de agosto de 2010, 1793 de 6 de septiembre de 2011, 0483 de 16 de julio
de 2012, 0693 de 13 de noviembre de 2013, 0902 de 29 de diciembre de 2014, 0565
de 14 de julio de 2015, 0085 de 15 de febrero de 2016 y 0544 de 22 de agosto de
2017.
26. Manifestó que la normativa referida constituye determinante de ordenamiento
de superior jerarquía frente a las normas urbanísticas de carácter municipal, por lo
que es de superior jerarquía respecto al Plan de Ordenamiento Territorial de
Manizales, lo que fundamentó en el artículo 6.6. de la Resolución 0544 de 2017, el
cual dispone que “[…] [D]e conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la ley
1151 de 2007, las normas adoptadas mediante la presente resolución constituyen
determinantes de ordenamiento de superior jerarquía y se entenderán incorporadas
al plan de ordenamiento territorial del Municipio de Manizales […]”.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre
de 2009, CP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación:170012331000200401492-01.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo de
2012, CP María Elizabeth García González, número único de radicación 410012331000201000537-01.
25 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
26 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
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27. Afirmó que con las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera
instancia, se derogaron las normas mediante las cuales se adoptó el Macroproyecto,
así como, las competencias de las autoridades ejecutoras del mismo.
Concesión del recurso de apelación
28. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto de 20 de septiembre de 202127, mediante el cual concedió los recursos de
apelación presentados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. y por el Municipio de Manizales contra la sentencia
proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
29. El Despacho sustanciador profirió auto del 3 de diciembre de 202128
mediante el cual resolvió ajustar el efecto en que se concedieron los recursos de
apelación.
30. El Despacho sustanciador profirió auto de 2 de septiembre de 202229
mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida, en primera instancia.
31. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en el trámite de la
segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; v) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
27 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folios 335 y siguientes.
28 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEORDENAASECRETARIA_AJUSTAEFE(.PDF) NroActua 4.
29 Cfr. índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 9.
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disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; vi) el marco normativo sobre el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres; vii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; y viii) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
32. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201930, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
33. Vistos los artículos 32031 y 32832 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 33,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por la Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. y por el Municipio de Manizales.
34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
35. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:
35.1. Si es necesaria la realización de estudios de detalle en zonas con categoria
de suelo con uso condicionado en el Municipio de Manizales con el objeto de
30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
31 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
32 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
33 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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determinar si es posible mitigar o no el riesgo en que se encuentra la población, aún
cuando existan informes que indiquen que se trata de una zona de riesgo no
mitigable.
35.2. Si la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS debe
concurrir en la realización de estudios de detalle en la zona de riesgo de
deslizamiento
35.3. Si la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -
ERUM S.A.S. es competente para realizar acciones de reubicación de las familias
que se encuentran en zona de riesgo no mitigable.
36. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 27 de agosto de 2021 proferida por la Sala Cuarta Oral de Decisión
del Tribunal Administrativo de Caldas.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
37. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
38. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
39. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
40. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
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colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
41. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”34.
42. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
43. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política35.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
35 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
44. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
45. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
46. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201236, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
47. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación 37, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
36 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
37 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación
número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
48. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
49. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
50. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”38.
51. De igual forma, esta Sección mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201139, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad40; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP)
40 Inciso segundo artículo 58 de la Constitución Política.
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patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio41; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible42.
52. Asimismo, esta Corporación ha establecido que abarca el acatamiento a los
planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo
urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el
interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones
político - administrativas y de organización física contenidas en los mismos43. Así
como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas
máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y
de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de
urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos
domiciliarios, entre otros44.
53. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
54. En efecto, esta Sección45 ha manifestado al respecto que:
“[…] el derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio de
la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”.
41 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
42 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
43 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
44Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de
febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-
23-31-000-2004-00243-01(AP).
45 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre
de 2009, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Radicación Número: 17001-23-31-000-2004-
01492-01(AP).
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
55. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida
de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares
desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo.
56. Asimismo, se estima oportuno hacer una reflexión particular sobre el interés
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos,
porque, específicamente, sobre este interés colectivo, el precedente de la
Corporación establece que, para que el mismo se entienda vulnerado o amenazado
no basta infringir las normas urbanísticas, sino que se requiere demostrar el daño o
la amenaza de daño al interés general46.
57. Ahora bien, el artículo 1.º de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 47 define la
gestión del riesgo de desastres como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible […]”.
58. Del anterior precepto normativo se desprende que es un propósito de la
gestión del riesgo de desastres contribuir a la calidad de vida de las personas en
materia de conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo de desastres, lo
que se relaciona con el fin previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de
1998, esto es, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos,
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
59. En el mismo sentido, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno
Nacional podrá promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los
que se definan, de común acuerdo con las autoridades de planeación de los
municipios y distritos en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de
decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la
ejecución de operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2010, CP. Marco Antonio Vellilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.
47 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de
asentamientos humanos para atender la declaratoria de situación de desastre.
60. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el […] [P]roceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.
61. De la anterior definición se puede concluir que el ordenamiento del territorio
es una de las formas para garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, lo
que en la práctica se concreta en que para la adopción de los planes de
ordenamiento territorial se prevean los mecanismos que contribuyan de manera
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la
infraestructura, los bienes y la población.
62. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma de evitar
la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
63. Para la Sala entonces, el derecho colectivo previsto en el literal “m” del
artículo 4.º de la Ley 472, relativo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, es transversal a otros derechos, entre ellos el derecho e interés colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, lo cual implica
que el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión del riesgo
de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial; instrumento este en el
que deben incluirse, entre otras cosas, aspectos de desarrollo urbano,
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ordenamiento ambiental del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la
prevención y atención de desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
64. Vistos: i) los artículos 1, 2, 4, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión del
riesgo de desastres, la responsabilidad, las definiciones, los alcaldes en el Sistema
Nacional, de Gestión del Riesgo de Desastres y las Corporaciones Autónomas
Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4 del Decreto 4147 de 3 de
noviembre de 201148, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
65. La Gestión del Riesgo de Desastres está definida en el artículo 1.º de la Ley
1523 en los siguientes términos:
“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.
Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.
66. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.
48 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
67. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano. Asimismo, que los habitantes del territorio nacional, son
corresponsables de la gestión del riesgo.
68. El riesgo de desastres se encuentra definido en el artículo 4.º de la Ley 1523
como aquel que “[…[ [C]orresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad […].
69. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con los alcaldes en el
Sistema Nacional, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.
70. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
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Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
71. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] La
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o
el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante. […]”.
72. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia49, ha
considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
49 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
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1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia que
ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que,
conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para
obtener la protección de dichos derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con
el artículo 2º de la Constitución Política al establecer que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”. (Destacado incluido en el texto).
Análisis del caso concreto
73. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
74. El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia proferida, en primera
instancia, consideró que: i) se encontraba probada la situación de riesgo de
deslizamiento de la ladera del Barrio Asís -Jazmín de Manizales, área clasificada
como de desarrollo condicionado debido a la caracterización preliminar de riesgo
medio y alto; ii) no se probó que el riesgo fuera generado por la construcción del
Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO del Macroproyecto San José;
iii) el Municipio de Manizales es directamente responsable de la adopción de
medidas para conjurar la amenaza a los derechos colectivos amparados como
responsable del sistema de gestión de desastres y ordenador del territorio; y iv) por
lo anterior, ordenó al Municipio de Manizales adelantar las gestiones
administrativas, presupuestales y técnicas para la elaboración de los estudios de
detalle en los que se identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
del barrio Asís -Jazmín, específicamente, las laderas que circundan el CENTRO
INTEGRADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS “CISCO” es o no mitigable y en qué
zonas específicas, y en caso afirmativo, determine las obras que deban ejecutarse
o, en caso negativo, adelante, en coordinación con la Empresa de Renovación y
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Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S., las gestiones para la
reubicación de las viviendas, adicionalmente, como medida de protección, ordenó
al Municipio, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo realizar monitoreos
permanentes en el sector.
75. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM
S.A.S. y el Municipio de Manizales presentaron sendos recursos de apelación en
los que formularon los siguientes argumentos: i) carencia de competencia de la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S.
para asignar subsidios de vivienda familiar a los hogares que habitan en el área de
riesgo; ii) la orden impartida al Municipio relacionada con la elaboración de estudios
de detalle no es necesaria y, de confirmarse la orden, debe impartirse también a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS; iii) la orden de
reubicación de las viviendas debe impartirse a las autoridades del orden nacional
accionadas; iv) las familias ubicadas en la zona de riesgo no cumplen los requisitos
para acceder al subsidio de vivienda; v) se desconoció el precedente judicial en
materia de improcedencia de la acción popular cuando se pretende el amparo de
derechos particulares; y vi) no se aplicó la normativa que regula el Macroproyecto
San José.
76. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida,
en primera instancia, el 27 de agosto de 2021.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
77. Documento denominado Informe Técnico UGR-153619 de 20 de mayo de
2019, elaborado por la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Manizales,
en el que se indica que la zona donde se ubican las viviendas que presentan
amenaza de riesgo en el Barrio Asís – Jasmín están en zona catalogada en el Plan
de Ordenamiento Territorial de Manizales como de uso de desarrollo
condicionado50.
50 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 313.
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78. Copia de las Resoluciones núms. i) 1793 de 6 de septiembre de 201151,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; ii) 0483 de
16 de julio de 201252; iii) 0693 de 13 de noviembre de 201353; iv) 902 de 29 de
diciembre de 201454; v) 0565 de 14 de julio de 201555; vi) 0085 de 15 de febrero de
201656; y vii) 0544 de 22 de agosto de 201757, expedidas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
79. Copia del Oficio 2019-IE-0018316 de 21 de julio de 2019, en respuesta al
requerimiento realizado por el actor popular y suscrito por el Subdirector de
Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS, en el que sostuvo lo siguiente58:
“[…] [N]os permitimos comentarle que el alcance de la visita técnica de campo, está
basado en la OBSERVACIÓN SIMPLE, razón por la cual, el concepto técnico
aquí emitido NO se podría equiparar al resultado de un estudio hidrológico,
geológico y geotécnico detallado del sitio, a partir del cual, se podría determinar
con precisión y certeza, la verdadera condición de riesgo de la zona, así como las
actividades que deriven de ellos.
El lugar de la solicitud, corresponde con una ladera donde se emplazan
viviendas al costado y en la ladera inferior al sitio donde se adelanta la
51 “Por la cual se modifica la Resolución 1527 del 6 agosto de 2010 “por medio de la cual se modifica y se
adiciona la Resolución 1453 del 27 de julio de 2009 la cual adopta, por motivos de utilidad pública e interés
social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional ‘Centro Occidente de Colombia - San José’ en el municipio
de Manizales, departamento de Caldas”. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo
denominado: ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 46 y siguientes.
52 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 1453 del 27 de julio de 2009, por medio de la cual se adopta,
por motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente
de Colombia San José en el municipio de Manizales, departamento de Caldas". Cfr. Índice 2 del Sistema de
Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 83 y siguientes.
53 "Por la cual se modifica y se adiciona la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009, por medio de la cual se
adopta, por motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional ‘Centro
Occidente de Colombia San José del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas”. Cfr. Índice 2 del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 67 y siguientes.
54 'Por la cual se modifica y se adiciona la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009, por medio de la cual se
adopta, por motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro
Occidente de Colombia San José del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas”. Cfr. Índice 2 del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 86 y siguientes.
55 “Por la cual se modifica la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009, "Por medio de la cual se adopta, por
motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de
Colombia San José del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas”. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión
Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 51 y siguientes.
56 “Por la cual se modifica la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009, "Por medio de la cual se adopta, por
motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de
Colombia San José del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas”. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión
Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 138 y siguientes.
57 "Por medio de la cual se consolidan las disposiciones contenidas en la Resolución 1453 de 27 de julio de
2009 y sus modificaciones, por la cual se adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional denominado
Centro Occidente de Colombia San José, ubicado en el municipio de Manizales, departamento de Caldas". Cfr.
Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 111 y siguientes.
58 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 5 y siguientes.
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construcción del Cisco de San José, en terrenos de alta pendiente, en suelos
susceptibles a procesos de remoción en masa. En la ladera posterior de la
estructura en construcción, se ubica una zona de tratamiento geotécnico,
conformada por la existencia de zanjas colectoras […]. En las laderas, se
evidencia la presencia de bosque primario, con vegetación típica de terrenos
húmedos, derivados de la alta circulación de escorrentía; y sobre los taludes,
presencia de llenos antrópicos, basuras y escombros.
[…]
Se observan que las estructuras emplazadas en el área inferior al Cisco,
corresponden a construcciones mixtas que en general carecen de un sistema
de confinamiento constituido por vigas y columnas en los muros, y no cuenta
con elementos de captación para el adecuado manejo y control de las aguas
lluvias.
[…]
Las viviendas se encuentran en el área de influencia del macro proyecto San
José; de acuerdo a los planos “M-03_AREAS DE CONSERVACION AMBIENTAL”
del proyecto, “ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANO-U-1” y al
plano “CARTOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO" del POT de Manizales (Acuerdo 958
del 14 de agosto de 2017), la ladera en la parte baja, donde se ubican las
viviendas en mención, corresponde a una zona de riesgo no mitigable,
estando catalogada como área de tratamiento geotécnico, y en algunos
sectores, sobre laderas pertenecientes a la “infraestructura ecológica rural -
laderas perimetrales", y las fajas forestales protectoras de un drenaje
innominado, tributario de la quebrada olivares. Lo anterior indica que es un
área de gran importancia ambiental debido a que la ladera corresponde a una
zona importante de recarga de aguas subsuperficiales y subterráneas, por la
extensión del área que tributa al drenaje natural.
[…]
Las condiciones que presenta la ladera en este sector, zona clasificada de riesgo
no mitigable, sumado a las condiciones pluviométricas, debido a que es una
zona de alta circulación de escorrentía, favorece la generación de procesos de
inestabilidad, por lo cual, la expansión urbana en este sector, debe ser
controlada con el fin de evitar construcciones y llenos inadecuados sobre el
tratamiento geotécnico y las laderas de la zona, los cuales pueden estar
cediendo por desconfinamiento de los taludes.
[…]
RECOMENDACIONES:
Es importante realizar un monitoreo continuo en el sector, con el fin de detectar
factores de inestabilidad, como agrietamientos, hundimientos, afloramientos,
deslizamientos o actividades sobre el terreno, que pongan en riesgo a la
población, viviendas y áreas colindantes a la zona de afectación. Reportar
cualquier eventualidad a la Unidad de Gestión del Riesgo o a bomberos.
Debido a las condiciones y el proceso que se presenta en el talud, categorizando
la zona como de alto riesgo no mitigable, no se recomienda realizar la
construcción de obras de contención o mejoramiento de vivienda, ya que toda
alternativa de solución puede llevar a mayor costo y complejidad, que llevar a cabo
una reubicación de la vivienda.
Evitar el arrojo de basuras y escombros en este lugar, y la disposición de otros
materiales que puedan generar sobrecargas a la ladera, con el fin de permitir
una adecuada captación de las aguas de escorrentía. Respecto a los residuos
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dispuestos en la actualidad en la ladera, se sugiere que la comunidad organizada y
con el apoyo de EMAS S.A. ESP, realice la remoción de estos materiales con miras
a evitar que los mismos se conviertan en un factor generador de procesos de
inestabilidad en la zona.
Se requiere un mejor control y seguimiento respecto a las actuaciones en este
sector, en cuanto a los llenos antrópicos desarrollados de manera antitécnica.
El nivel de intervención con obras correctivas de mitigación del riesgo por
deslizamientos, desprendimientos y manejo de aguas en la zona perimetral de
la estructura, debe ser resultado de un estudio geológico, geotécnico e
hidrológico detallado del sitio, con el fin de detectar los factores detonantes y el
comportamiento de la zona que incluyan, entre otros aspectos, el análisis de la
conveniencia o no de las obras […]”.
80. Copia del escrito identificado con número SOPM-2316-GOE-19 de 31 de julio
de 2019 dirigido al actor popular y suscrito por el Secretario de Obras Públicas de
Manizales y por el Director Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo del
Municipio, se informó lo siguiente59:
“[…] [E]n atención al trámite del asunto, relacionado con una situación presentada en
el Barrio Asís - Sector El Jazmín del Municipio de Manizales, específicamente en la
zona perimetral de donde se está construyendo el Centro Integrado Comunitario
CISCO San José, el cual se encuentra en el área de Influencia del Macro
Proyecto San José, nos permitimos manifestar lo siguiente:
PRETENSIÓN UNO: “Se realice un sistema de obras de mitigación del riesgo en la
ladera contigua a donde se está construyendo el CISCO del Macro proyecto San
José”.
Durante el mes de mayo, se presentó un deslizamiento superficial en el costado
oriental del punto donde se está construyendo el CISCO del Macro Proyecto San
José, evento que coincidió con las lluvias que se presentaron en la primera temporada
invernal del 2019, y a la presunta acumulación de materiales resultantes de
excavaciones realizadas, como se indicó por parte de la Unidad de Gestión del
Riesgo en la comunicación adjunta UGR 1536-19.
[…]
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en Decreto Nacional 1077 de 2015 en sus
Artículos 2.2.6.1.1.15 y 2.2.6.1.2.3.6, se tiene lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano
o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberá indicar al
titular, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y segundad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas de los
elementos constitutivos del espacio público.
ARTICULO 2.2.6.1.1.15 Responsabilidad del titular de la licencia. El titular de la
licencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y
arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por
los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma.
59 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 35 y siguientes.
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Además, según las disposiciones de la Norma Sismo Resistente Colombiana de
Construcción NSR-10 en el titulo H, CAPÍTULO H.5 "EXCAVACIONES Y
ESTABILIDAD DE TALUDES' numerales H.5.1.2.1 y H.5.1.2.3.
H.5.1.2.1 - Estabilidad de taludes de excavación para edificaciones - (...) Se
prestará atención a la estabilidad a largo plazo de excavaciones o cortes permanentes
que se realicen en el predio de interés. Se tomarán las precauciones necesarias para
que estos cortes no limiten las posibilidades de construcción en los predios vecinos,
no presenten peligro de falla local o general ni puedan sufrir alteraciones en su
geometría por intemperización y erosión, que puedan afectar la propia construcción,
a las construcciones vecinas o a los servicios públicos. Además, el análisis de
estabilidad, el estudio geotécnico deberá incluir en su caso una justificación detallada
de las técnicas de estabilización y protección de los cortes y del procedimiento
constructivo especificado.
H.5.1,2.3 — Estabilidad de estructuras vecinas — De ser necesario, las estructuras
adyacentes a las excavaciones deberán reforzarse o recimentarse. El soporte
requerido dependerá del tipo de suelo y de la magnitud y localización de las cargas
con respecto a la excavación. En caso de usar anclajes temporales para el soporte
de entibados deberá demostrarse que éstas no afectarán la estabilidad ni inducirán
deformaciones significativas en las cimentaciones vecinas y/o servicios públicos. El
sistema estructural del anclaje deberá analizarse con el objetivo de asegurar su
funcionamiento como elemento de anclaje. El análisis de los anclajes deberá
considerar la posibilidad de falla por resistencia del elemento tensor, de la adherencia
elemento tensor-lechada, de la adherencia lechada-terreno y de la capacidad de
carga del terreno en la perforación del anclaje. La instalación de anclajes deberá
realizarse con un control de calidad estricto que incluya un número suficiente de
pruebas de los mismos, de acuerdo con las prácticas aceptadas al respecto. Los
anclajes temporales instalados en terrenos agresivos podrán requerir una protección
especial contra corrosión.
Considerando que la construcción del CISCO está a cargo de ENTerritorio, se
debe aclarar que conforme a lo antes señalado deberá ser el titular de la
Licencia el que ejecute las obras necesarias para garantizar las condiciones de
estabilidad del terreno.
De otro lado, hacia el costado norte del punto donde actualmente se está
construyendo el CISCO se cuenta en la actualidad con un área de tratamiento
geotécnico ATG No. 152N conforme a lo establecido en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Manizales; dicho tratamiento geotécnico consiste
en terrazas conformadas, obras de manejo de aguas de escorrentía superficial
(zanjas colectoras y canales), áreas impermeabilizadas (bermas), entre otros.
Recientemente se realizaron algunas intervenciones en dicha área de
tratamiento geotécnico tendientes a mejorar la captación y conducción de
aguas superficiales. Estas intervenciones consistieron básicamente en:
mantenimiento de un tramo de zanja colectora que presentaba obstrucciones y
agrietamientos, actividades de rocería y limpieza, y la adecuación de bermas
para evitar una inadecuada disposición de las aguas que discurren por la ladera
mediante la construcción de un sardinel.
Ahora bien, considerando lo anterior, así como la valoración técnica realizada por
Corpocaldas mediante la comunicación 2019-IE-00018316, la cual se adjunta para su
conocimiento y además, que la zona se encuentra en el interior del Macro
Proyecto San José, actualmente desde la Secretaría de Obras Públicas no se
tiene proyectada la ejecución de obras de mitigación del riesgo adicionales a las
ya existentes, motivo por el cual se enviará copia de la presente comunicación y del
informe de Corpocaldas, a la Empresa de Renovación Urbana – ERUM para que
actúe conforme a sus competencias funcionales. De otro lado, se enviará copia de
esta comunicación a ENTerritorio con el fin de que realice su pronunciamiento con
respecto a la situación expuesta.
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PRETENSIÓN DOS: “'(…) Se realice un proceso de monitoreo continuo al
comportamiento que represente dicho terreno durante y posterior al desarrollo de la
construcción del CISCO (…)”.
Considerando las intervenciones que actualmente se vienen realizando para la
construcción del CISCO de San José, se solicita a ENTerritorio, para que en el marco
de sus competencias requiera al constructor y a la interventoría del proyecto si lo
considera necesario, para efectuar un seguimiento continuo de los taludes
adyacentes al mismo durante la fase de construcción, que sea de conocimiento tanto
del ciudadano como de la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Manizales
[…]”.
81. Copia del escrito SOPM-2773-GOE-19 de 13 de septiembre de 201960 de la
Secretaría de Obras Públicas de Manizales en el que se reiteró el contenido del
documento identificado con número SOPM-2316-GOE-19 de 31 de julio de 2019,
referido supra.
82. Copia del escrito identificado con número de radicación UGR-2820-19 de 17
de septiembre de 2019 suscrito por el Director Técnico de la Unidad de Gestión del
Riesgo de Manizales dirigido a la Secretaría Jurídica del Municipio, en el que se
indicó lo siguiente61:
“[…] [D]e la manera más atenta y de acuerdo al asunto de la referencia, el Director
Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales se permite
presentar informe del concepto técnico solicitado por su secretaría, a fin de dar
respuesta a la acción popular instaurada por el señor Miguel Arturo Pinilla Cardona.
En los siguientes términos:
1. El 20 de mayo de 2019 en respuesta a la medida provisional solicitada por el
Juzgado Décimo Civil Municipal de la acción de tutela 2019-00292 instaurada por
la señora Claudia Patricia González, realizó visita técnica, realizando el debido
informe técnico UGR 1536-19. Es importante mencionar que la tutela en mención,
si bien es interpuesta por una señora diferente a la de la presente acción popular,
está basada en los mismos hechos y en el mismo lugar de influencia. Por
tanto, nos permitimos remitir el informe, puesto que dan cuenta detallada del
estado de la zona de la presente acción.
2. El 21 de mayo de 2019 en respuesta a la acción de tutela instaurada por el mismo
actor de la presente acción popular, con radicado 2019-00315 del Juzgado Octavo
Civil Municipal, la Unidad de Gestión del Riesgo realizó visita técnica
determinando la NO necesidad de realizar una evacuación preventiva de los
habitantes del predio. De igual manera se ratificó en el informe ya presentado
en el oficio UGR 1536-19.
3. El 31 de julio de 2019, la secretaría de Obras Públicas y la Unidad de Gestión del
Riesgo en respuesta al derecho de petición interpuesto por el mismo actor, cuyas
pretensiones son iguales a las de la presente acción popular, solicitudes a las
cuales se les dio respuesta y que la UGR reafirma en la presente acción.
60 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 176 y siguientes.
61 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 34 y siguientes.
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
Narrados los anteriores hechos, la Unidad de Gestión del Riesgo realizó visita al
sector objeto de la acción popular, con el fin de poder emitir el respectivo informe
técnico.
Una vez revisados los informes realizados y mencionados en el acápite del
presente oficio, se llegó a la conclusión que la situación táctica y el estado del
terreno siguen siendo iguales a los ya expresados en los diferentes informes,
por tanto, esta unidad confirma y remite todos los informes realizados en el sitio de
los hechos de la presente acción […]”. (Destacado de fuera de texto).
83. Copia del escrito GL:260 de 20 de septiembre de 2019 suscrito por el
Coordinador General del Programa Guardianes de la Ladera en el que se informa
sobre acciones de mantenimiento en el sector Asís - Jazmín Comuna San José62.
84. Copia del contrato de obra núm. 211-2018 de 27 de diciembre de 201863
suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS y la
Fundación FESCO, para la ejecución del programa Guardianes de la Ladera, que
tiene por objeto efectuar el mantenimiento de las obras de estabilidad presentes en
las laderas del área urbana del Municipio de Manizales. Asimismo, se aportaron las
modificaciones 1 y 2 del referido contrato de obra.
85. Copia del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo,
Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los Recursos No. 3-1-14775,
celebrado entre la Empresa de Renovación Urbana de Manizales LTDA y Fiduciaria
La Previsora S.A.
86. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas practicó
prueba testimonial al Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia Jhon Jairo Chisco
Leguizamón, Subdirector de Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas – CORPOCALDAS, quien afirmó que las viviendas ubicadas en
la ladera del extremo norte del área de influencia del Centro Integrado de Servicios
Comunitarios -CISCO, se encuentran en una zona de riesgo no mitigable por
deslizamiento, sin que esa situación haya sido ocasionada por las actividades de
construcción del CISCO. Adicionalmente, expuso que el riesgo se incrementa
porque las viviendas no cumplen las condiciones de construcción necesarias para
el manejo adecuado de aguas lluvias64.
62
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 178 y siguientes.
63 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 180 y siguientes.
64
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 314 y siguientes.
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
87. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
87.1. Se desprende del documento denominado Informe Técnico UGR-153619 de
20 de mayo de 2019, elaborado por la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio
de Manizales, que la zona en la que se ubican las viviendas en la ladera norte en el
área de influencia del Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO, están
en zona clasificada como de uso de desarrollo condicionado.
87.2. Se evidencia en los informes presentados por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas -CORPOCALDAS y por la Unidad de Gestión del Riesgo del
Municipio de Manizales que la zona en la que se ubican las viviendas en la ladera
norte del área de influencia del Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO,
es un área de alto riesgo de deslizamiento, por ser suelos con alta pendiente y
susceptibles de procesos de remoción en masa, situación que genera una amenaza
en la vida e integridad de las personas que habitan en ese sector, así como de
aquellos que transitan por esa zona.
87.3. Del informe allegado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS, la Sala evidencia que la autoridad ambiental recomienda que se
realicen estudios en detalle en los siguientes términos: “[…] El nivel de intervención
con obras correctivas de mitigación del riesgo por deslizamientos, desprendimientos
y manejo de aguas en la zona perimetral de la estructura, debe ser resultado de
un estudio geológico, geotécnico e hidrológico detallado del sitio, con el fin
de detectar los factores detonantes y el comportamiento de la zona que
incluyan, entre otros aspectos, el análisis de la conveniencia o no de las obras
[…]”65.
87.4. La Sala destaca que la situación de riesgo no mitigable en que se
encuentran las viviendas ubicadas en el sector objeto de la presente acción popular
fue advertida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS,
concretamente la entidad manifestó lo siguiente:
65 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2, folio 5 y siguientes.
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“[…] [L]as viviendas se encuentran en el área de influencia del macro proyecto
San José; de acuerdo a los planos “M-03_AREAS DE CONSERVACION
AMBIENTAL” del proyecto, “ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE URBANO-
U-1” y al plano “CARTOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO" del POT de Manizales
(Acuerdo 958 del 14 de agosto de 2017), la ladera en la parte baja, donde se
ubican las viviendas en mención, corresponde a una zona de riesgo no
mitigable, estando catalogada como área de tratamiento geotécnico, y en
algunos sectores, sobre laderas pertenecientes a la “infraestructura ecológica
rural -laderas perimetrales", y las fajas forestales protectoras de un drenaje
innominado, tributario de la quebrada olivares. Lo anterior indica que es un
área de gran importancia ambiental debido a que la ladera corresponde a una
zona importante de recarga de aguas subsuperficiales y subterráneas, por la
extensión del área que tributa al drenaje natural.
[…]
Las condiciones que presenta la ladera en este sector, zona clasificada de riesgo
no mitigable, sumado a las condiciones pluviométricas, debido a que es una
zona de alta circulación de escorrentía, favorece la generación de procesos de
inestabilidad, por lo cual, la expansión urbana en este sector, debe ser
controlada con el fin de evitar construcciones y llenos inadecuados sobre el
tratamiento geotécnico y las laderas de la zona, los cuales pueden estar
cediendo por desconfinamiento de los taludes […]”66.
87.5. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
expediente es posible concluir que, en efecto, existe una situación de riesgo en que
se encuentran las familias que habitan las viviendas ubicadas en la ladera del Barrio
Asís -Jazmín del Municipio de Manizales que limita con el área en que se construyó
el Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO, sin que se haya probado en
el proceso que el riesgo sea consecuencia o tenga relación directa con las obras
adelantadas en el Macroproyecto San José.
Solución a los problemas jurídicos
88. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.
Respecto a la competencia de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S.
89. El Tribunal Administrativo de Caldas consideró que la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. debía
adelantar, en coordinación con el Municipio de Manizales, las gestiones para la
reubicación de las viviendas, en su calidad de gestora del Macroproyecto San José.
Así mismo, garantizar el acompañamiento a las familias en procesos de postulación
66 Ibidem.
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para proyectos de vivienda promovidos por las instancias del orden nacional que
correspondan.
90. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM
S.A.S. afirmó que no era la entidad competente para asignar subsidios familiares de
vivienda y, precisó que su competencia, se circunscribía únicamente a la apertura
de postulaciones, en caso de que existan soluciones de vivienda por asignarse.
91. La Sala evidencia que al expediente se allegó copia del certificado de
existencia y representación legal de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. en la que se precisa que se trata de una
sociedad por acciones simplificada, entidad descentralizada del segundo grado, del
orden municipal, cuyo objeto social se precisó en los siguientes términos67:
“[…] La sociedad tiene por objeto participar en todos los proyectos de renovación
y desarrollo urbano como gerente, gestora institucional de proyectos,
promotora, socia y ejecutora, que se desarrollara en el Municipio de Manizales
y los demás municipios de Colombia, e incorporando los requerimientos de la Ley 388
de 1997 y los de la Ley 9 de 1989, pudiendo en consecuencia conseguir los
créditos necesarios para desarrollar los proyectos, tramitar la adquisición de
los predios, legalizar las compraventas d ellos predios adquiridos, contratar
estudios y diseños de los proyectos, desarrollar las labores de venta de los
lotes resultantes de los proyectos, establecer co-financiados, acudir a todos los
mecanismos de financiación existentes en el mercado financiero, y en general
las demás actividades relacionadas con el cumplimiento de los planes de
desarrollo, renovación y/o remodelación urbana, además los encaminados a la
formulación , diseño, rediseño, ejecución, interventoría, gestión social y predial
de proyectos urbanos e inmobiliarios, espacio público, equipamiento, obras de
mitigación, vivienda, servicios públicos, proyectos de desarrollo vial y movilidad que
incluyen mantenimiento, reparación, reconstrucción, construcción, entre otros, en el
ámbito local, regional y nacional […]”. (Destacado fuera de texto).
92. La Sala considera que en atención al objeto social de la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. le
corresponde, entre otras cosas, participar en los proyectos de renovación y
desarrollo urbano como gerente, gestora institucional de proyectos, promotora,
socia y ejecutora, que se desarrollen en el Municipio de Manizales, concretamente,
se destaca lo relacionado con proyectos de vivienda, por lo que la precitada entidad
tiene funciones relacionadas con la orden impartida en la sentencia proferida, en
primera instancia.
93. Sin embargo, la Sala precisa que su competencia en el caso sub examine no
deviene de su calidad de gestora del Macroproyecto San José, sino del objeto para
67 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_17001233300020190040(.PDF) NroActua 2, folio 32 y siguientes.
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el cual fue creada en el Municipio de Manizales. Lo anterior, en razón a que no está
probado en el expediente que el riesgo en que se encuentran las familias que
habitan la ladera del barrio Asís – Jazmín sea consecuencia de la construcción del
Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO del referido proyecto.
94. En este orden de ideas, la Sala considera que el argumento expuesto por la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S.
no prospera, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Respecto a la necesidad de elaborar los estudios en detalle
95. El Tribunal Administrativo de Caldas consideró lo siguiente:
“[…] Como se anticipó por esta Sala Plural, los elementos de orden técnico
recaudados en el plenario determinan la necesidad de realizar estudios de
detalle en el barrio Asís - Jazmín, que sirvan de marco orientador a las acciones
de mitigación de los riesgos por deslizamiento, o a la identificación de las
viviendas que eventualmente requieran ser reubicadas.
El Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) dispuso la
incorporación de la gestión del riesgo en los nuevos planes de ordenamiento territorial
y la revisión de los existentes, al paso que ratificó la obligación de los municipios de
elaborar la zonificación de riesgos y amenazas como pilar de dichos planes.
En lo que es materia específica de este debate judicial, el ordenamiento decretal en
mención prescribe que los alcaldes municipales y distritales, deben priorizar la
realización de estudios de detalle en la formulación de los planes de
ordenamiento territorial y sus revisiones, según la previsión consagrada en el
artículo 4:
Estudios detallados. Los Estudios detallados están orientados a
determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de
mitigación correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes
de ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe
establecer la priorización de los estudios detallados identificados en los
estudios básicos y en el programa de ejecución se debe definir la
programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos de los estudios que se ejecutarán en el período del alcalde
que adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.
En punto a la responsabilidad que les asiste a las accionadas para la corrección de
la amenaza, en la primera parte de esta providencia el Tribunal concluyó cómo las
leyes 9/89, 388/97 y 1523/12, el Decreto 1807/14 y la jurisprudencia constitucional,
determinan con claridad que a los municipios como responsables del ordenamiento
del territorio y su planeación física, así la dirección del sistema de prevención de
desastres en el ámbito territorial, por lo que les compete la identificación e inventario
de las zonas de riesgo por deslizamiento, así como la eliminación de los peligros o en
su defecto, la reubicación de las viviendas que se hallen en estas zonas.
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Retomando ese hilo argumentativo, el parágrafo del artículo 2.2.2.1.3.3.3 del
pluricitado Decreto 1077 de 2015 dispone:
“(...) PARÁGRAFO. El desarrollo urbanístico de áreas con condición de
amenaza estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como
a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que se
determinen en los mismos. Para el efecto, en el plan de ordenamiento
territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen se deben,
si es del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y
redelimitación de las unidades de análisis en las áreas objeto de los
estudios detallados. Como mínimo se deben considerar los predios que
pueden ser afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis
y se deben señalar las condiciones y parámetros para la realización de los
estudios, de conformidad con lo establecido para el trámite de licencias de
urbanización contempladas en el presente Decreto. Los estudios podrán estar
a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los
instrumentos de planeamiento intermedio y de licénciamiento
urbanístico.”
Y como según las pruebas recaudadas la zona objeto de esta acción popular se
encuentra determinada de desarrollo condicionado debido a su caracterización
preliminar de riesgo medio y alto, es pertinente acudir al Documento Técnico de
Soporte -DTS- del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales,
adoptado con el Acuerdo Municipal N° 958 del 2017, que establece en los incisos 3 y
4 del numeral 1.5.2.3, y en el inciso 3 del numeral 2.2.3.2:
“ARTÍCULO 1.5.2.3. (...) Entre tanto las áreas calificadas en condición de
amenaza media y alta, que en el momento no tienen ningún desarrollo,
serán tratadas en este Plan en términos prospectivos como suelo de
desarrollo condicionado -como se explica más adelante ver numeral 1.5.2.5,
en el cual será necesario llevar a cabo los estudios detallados con los
cuales se pueda definir si es viable o no la disminución de la amenaza.
Igual tratamiento tendrán en el presente Plan aquellos suelos
considerados en condición de riesgo alto, en los cuales hayan desarrollos
y que estén clasificados como de amenaza alta, para los cuales el
municipio de igual forma, determinará con los estudios detallados que se
realicen para el efecto, a cargo del gestor o promotor o urbanizador. si existe
[a factibilidad de que dichos suelos se puedan utilizar una vez se diseñen obras
de mitigación que reduzcan el nivel de riesgo (Decreto 1077 de 2015, parágrafo,
art. 2.2.2.1.3.3.3). De esto dependerá la decisión de reasentamiento o la
implementación de las obras de protección respectivas, (...).
ARTÍCULO 2.2.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL CONOCIMIENTO
Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO. (...) Teniendo en cuenta que las zonas de
riesgo alto forman parte del suelo con desarrollo condicionado, es decir
sujetas a la elaboración de estudios detallados, en el corto y mediano plazo
se prioriza la realización de dichos estudios, los cuales definirán los
programas y provectos para el conocimiento y la reducción (prevención y
mitigación) del riesgo que se eiecutarán durante la vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, señalando las prioridades, la programación de
actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. Los estudios
de detalle definirán el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no
estructurales y las acciones para adelantar procesos de reubicación o
mejoramiento integral. (...)”.
En este orden, el MUNICIPIO DE MANIZALES es directamente responsable de la
adopción de medidas para conjurar la amenaza a los derechos colectivos,
atendiendo de manera principal que en lo que concierne al barrio Asís - Jazmín, se
precisa cumplir con los cometidos legales que le asisten como ente responsable del
sistema de prevención de desastres y ordenador del territorio […]”.
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96. El Municipio de Manizales afirmó que la orden de realización de estudios en
detalle es innecesaria, toda vez que ya se tiene conocimiento de que el área en la
que se ubican las viviendas es de riesgo no mitigable. Asimismo, que en evento en
que se confirmara la orden esta debía también impartirse a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS para que de manera solidaria
colabore con la elaboración y financiación de los estudios, de conformidad con lo
previsto en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.
97. Esta Sección profirió sentencia de 19 de agosto de 202268 en la que conoció
un caso similar al de la referencia, por lo que resulta altamente pertinente reiterar
las consideraciones expuestas en esa providencia:
“[…] [R]especto de los estudios de detalle, el Decreto 1077 de 2015 prevé que
tienen por finalidad determinar la categorización del riesgo y establecer las
medidas de mitigación que correspondan69, los cuales se requieren para los
suelos urbanos, de expansión urbana y rural suburbano.
De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1. ibidem, los estudios de detalle deben
contener: i) los análisis detallados de amenaza; ii) evaluación de vulnerabilidad;
iii) evaluación del riesgo; y iv) determinación de medidas de mitigación.
Asimismo, la norma en comento establece los componentes que debe tener el
estudio de acuerdo con la naturaleza del riesgo, de los cuales se destaca el
denominado “medidas de intervención” en los eventos de amenaza por
inundación. Sobre el particular, la norma idem dispone:
“ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.3. Análisis detallado de amenaza de inundación. Para
determinar las condiciones de amenaza por inundación, los estudios tienen las
siguientes especificaciones mínimas: […]”
ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.7. Medidas de Intervención. Para la prevención,
mitigación del riesgo y/o reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad de
conformidad con lo previsto en el artículo anterior, el estudio de evaluación de
riesgo planteará medidas que podrán ser estructurales y no estructurales.
1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización
de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre
otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento
de edificaciones e infraestructura, las cuáles deben ser predimensionadas sobre
la cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos correspondiente.
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los
potenciales efectos que producirán aguas abajo.
En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar
en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento,
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de
2022, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 170012333000201900070-01.
69 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.4. “Estudios detallados. Los estudios detallados están
orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o en la
expedición de un nuevo POT, se debe establecer la priorización de los estudios detallados identificados en los
estudios básicos y en el programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las entidades
responsables y los recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el período del alcalde que adelanta
la revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.
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además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la
influencia del fenómeno en estudio.
2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas,
proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los
casos que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los
principios de responsabilidad y precaución”
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 2.2.2.1.3.3.1 de la norma ídem, los
estudios detallados deben integrarse al Documento Técnico de Soporte del
POT, y el parágrafo del artículo 2.2.2.1.3.3.3 dispone que el desarrollo
urbanístico en áreas con condición de amenaza debe estar sujeto a la
realización de estudios detallados y a la ejecución de las medidas de reducción
procedentes. Al respecto, la norma dispone:
“[…] PARÁGRAFO. El desarrollo urbanístico de áreas con condición de
amenaza estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como
a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que se
determinen en los mismos.
Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo
desarrollen y complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales
para la caracterización y redelimitación de las unidades de análisis en las áreas
objeto de los estudios detallados.
Cómo mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la
ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis y se deben señalar las
condiciones y parámetros para la realización de los estudios, de conformidad
con lo establecido para el trámite de licencias de urbanización contempladas en
el presente Decreto.
Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador
dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de
licenciamiento urbanístico”.
Por su parte, el POT del MUNICIPIO prevé que la aptitud del suelo en áreas
propensas a eventos naturales peligrosos, se supedita a la condición de
mitigabilidad o posibilidad de reducción del nivel de amenaza y riesgo que
exista en el área, circunstancia que se determina una vez se realicen los
estudios detallados y especificados de acuerdo con las exigencias y términos
base que se tendrán que aplicar en el ente territorial, en las áreas identificadas
como de amenaza media y alta y riesgo alto, según lo determinen los estudios
básicos disponibles y la zonificación realizada con este propósito. Para el efecto,
el numeral 1.5.2.3 del Componente General – Documento Técnico de Soporte que
integra el POT, dispone lo siguiente:
“[…] 1.5.2.3 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN La aptitud del suelo en áreas
propensas a eventos naturales peligrosos está supeditada a la condición de
mitigabilidad o posibilidad de reducción del nivel de amenaza y riesgo que exista en
la respectiva área.
Esto se puede definir una vez se realicen los estudios detallados y especificados de
acuerdo con las exigencias y términos base que se tendrán que aplicar en el municipio
en las áreas identificadas como de amenaza media y alta y riesgo alto (Decreto 1077
de 2015, art. 2.2.2.1.3.1.4), según lo determinan los estudios básicos disponibles y la
zonificación realizada por parte del municipio con este propósito.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de usos y tratamientos, normas de densidades,
ocupación y edificabilidad del suelo según los ámbitos normativos contenidos en el
Plano U-29 ÁMBITOS NORMATIVOS y el Anexo A-3 FICHA NORMA URBANA; y la
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norma rural contenida en el Componente Rural y el Anexo A-4 FICHA NORMA
RURAL, estarán condicionados a los resultados de los estudios detallados (Decreto
1077 de 2015, art. 2.2.2.1.3.3.3 y art. 2.2.2.1.3.3.4) para determinar la posibilidad de
que las áreas en cuestión puedan ser urbanizadas y utilizadas para el desarrollo de
vivienda, comercio o para el sector institucional, entre otros.
Así, una vez se defina la condición de mitigabilidad y por lo tanto de la posible o no
disminución de la amenaza o del riesgo, se determinará si estos suelos podrán ser
utilizados o si serán suelos de protección y por lo tanto tengan que ser restringidos.
Inicialmente ningún suelo en el municipio será catalogado como de protección por
riesgo alto no mitigable hasta tanto no se determine la posibilidad de que las áreas en
condición de amenaza o riesgo puedan ser intervenidas (Decreto 1077 de 2015, art.
2.2.2.1.3.3.3 y art. 2.2.2.1.3.3.4); es decir, si es factible cambiar el nivel o grado de
amenaza o riesgo en el sitio.
[…]
Los estudios detallados que determinen la mitigabilidad de la amenaza y del
riesgo en un área definida tendrán que cumplir las especificaciones técnicas
metodológicas establecidas para el efecto y de conformidad con lo establecido
para el trámite de licencias urbanísticas contempladas en los Decretos 1077 y
2218 de 2015, las disposiciones relacionadas con los estudios detallados
contenidas en los numerales 2.2.3.1.1 y 2.2.3.1.2 del DTS Urbano, 3.2.1.4.2 y
3.2.1.4.3 del DTS Rural, las que establezca la Norma Geotécnica y de Movimiento
de Tierras de la ciudad para la amenaza o riesgo por deslizamiento, los
requisitos de las Resoluciones 077 de 2011 y 561 de 2012 para la amenaza o
riesgo por inundaciones, y la Resolución 235 de 2015 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Entre tanto las áreas calificadas en condición de amenaza media y alta, que en el
momento no tienen ningún desarrollo, serán tratadas en este Plan en términos
prospectivos como suelo de desarrollo condicionado –como se explica más adelante
ver numeral 1.5.2.5–, en el cual será necesario llevar a cabo los estudios detallados
con los cuales se pueda definir si es viable o no la disminución de la amenaza.
Igual tratamiento tendrán en el presente Plan aquellos suelos considerados en
condición de riesgo alto, en los cuales hayan desarrollos y que estén clasificados
como de amenaza alta, para los cuales el municipio de igual forma, determinará con
los estudios detallados que se realicen para el efecto, a cargo del gestor o promotor
o urbanizador, si existe la factibilidad de que dichos suelos se puedan utilizar una vez
se diseñen obras de mitigación que reduzcan el nivel de riesgo (Decreto 1077 de
2015, parágrafo, art. 2.2.2.1.3.3.3). De esto dependerá la decisión de reasentamiento
o la implementación de las obras de protección respectivas.
Lo anterior significa que en las áreas clasificadas como suelos de desarrollo
condicionado se considera que existe riesgo o porque está implícito, i.e. en el
caso de que el área no esté ocupada –pero que de ocuparse lo que allí esté
localizado estaría en riesgo-, o porque ya está configurado, i.e. en el caso de
que el área ya este ocupada por elementos expuestos. Debido a la severidad
potencial de los fenómenos (susceptibilidad y amenaza media y alta) y por las
características de las amenazas (deslizamientos e inundaciones de alta pendiente
con alto poder destructivo en su área de influencia) se considera que hay riesgo
debido a que la vulnerabilidad física de los elementos expuestos se satura o sería
total, y por lo tanto que existiría implícitamente riesgo (sea que esté considerado como
implícito o configurado según lo antes señalado), haciendo innecesario tener que
evaluar el grado de vulnerabilidad de los elementos expuestos o virtualmente
expuestos.
La siguiente Tabla señala los condicionantes adoptados por el presente Plan,
necesarios para la toma de decisiones para efectos de definir la aptitud del suelo en
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función de los niveles de amenaza y de riesgo en los términos prospectivos,
correctivos y prescriptivos y de acuerdo con el principio de gradualidad que establece
la Ley 1523 de 2012 […]”
La Sala destaca que, conforme a lo expuesto, no basta con realizar la evaluación
de las amenazas ante determinados fenómenos y el riesgo implícito o
configurado que ella implica con fines de ordenamiento territorial, sino que es
preciso relacionar los niveles de amenaza a intervenciones correctivas,
prospectivas y prescriptivas, para, finalmente, definir las restricciones, los
condicionamientos y las exigencias que se deben cumplir en las zonas
propensas a la ocurrencia de eventos peligrosos, enfoque que, de acuerdo con
lo planteado por el MUNICIPIO, podría incluir el riesgo como un
determinante en el ordenamiento territorial.
[…].
De ahí que el procedimiento y tipos de intervenciones previstos por el POT para
suelos de desarrollo condicionado, fueron los siguientes:
De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el MUNICIPIO ha tenido y tiene
conocimiento que el sector en el que se encuentra ubicado el barrio Providencia, es
una zona con amenaza de deslizamiento y/o inundación, tal y como se evidencia del
material probatorio aportado al plenario y de lo consignado en el POT Municipal.
Igualmente, está probado que aun cuando se tiene identificado que el sector objeto
de la presente acción está en un nivel de amenaza medio o alto, por haber sido
catalogado como suelo de desarrollo condicionado, no se han realizado las gestiones,
ni ejecutado las acciones necesarias e idóneas para conjurar esa situación, pues
desde el momento en que ocurrió la calamidad en el mes de abril de 2017 no se le ha
brindado una solución definitiva a la comunidad del barrio Providencia, la cual fue
desalojada de manera preventiva y se le otorgó un subsidio de arriendo de manera
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transitoria, por lo que, posteriormente, tuvieron que regresar a la zona por falta de
opciones y garantías en cuanto a soluciones de vivienda.
Siendo ello así, se advierte que la decisión del Tribunal de proteger los derechos
colectivos invocados en la demanda se ajusta a derecho, ya que está probado el
riesgo en el que se encuentra dicha población.
Ahora bien, en cuanto a la orden especifica de realizar estudios de detalle en
los que se identifique si la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del
barrio Providencia es o no mitigable y, en caso afirmativo, determinar las obras
que deban ejecutarse, la Sala considera que se ajusta plenamente al
procedimiento establecido en el Decreto 1077 de 2015 y el POT para aquellas
zonas que son catalogadas como suelo de uso condicionado, conforme se
explicó en precedencia. Por ende, contrario a lo dicho por el ente territorial en
el recurso de apelación, se constató que lo pertinente y procedente en el
presente caso es lo ordenado por el a quo, para de esa manera poder determinar
la mitigabilidad o no del riesgo en el barrio Providencia y, posteriormente,
ejecutar los proyectos de intervención a que haya lugar o la reubicación de las
familias que viven allí […]”.
98. La Sala considera que el argumento formulado por el Municipio de Manizales
respecto a la no necesidad de realizar los estudios en detalle no está llamado a
prosperar, tal como esta Sección lo resolvió en la sentencia referida. En este punto,
la Sala resalta que en el expediente quedó demostrado que el sector del Barrio Asís
-Jazmín en el que se ubican las viviendas que se encuentran en riesgo es un área
catalogada de uso de desarrollo condicionado por lo que, atendiendo a las normas
expuestas supra, la orden de realizar los estudios detallados es idónea, necesaria
y pertinente.
99. Ahora bien, la Sala considera que le asiste razón al Municipio de Manizales
respecto a que la orden de realización de los estudios en detalle también debe
impartirse a la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS, en
razón a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1523, el cual dispone que las
Corporaciones Autónomas Regionales “[…] [A]poyarán a las entidades territoriales
de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo […]”.
100. Asimismo, la Sala resalta que en la sentencia proferida el 19 de agosto de
202270, esta Sección consideró lo siguiente:
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de
2022, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 170012333000201900070-01.
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“[…] [C]abe resaltar que si bien el parágrafo 1° del artículo en mención dispone que
el papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario
respecto a la labor de las Alcaldías y Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la
exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia ambiental y de
gestión del riesgo, pues debe trabajar coordinadamente con las demás
entidades para la consecución de dichos fines.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de 2021, consideró lo
siguiente:
“[...] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no suple ni exime de
sus funciones a los entes territoriales, recae en ella el deber de asesorar y
colaborar con las autoridades territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la
prevención de desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución.
Así las cosas, la Sala determina que el papel de la Corporación no es subsidiario
respecto de las labores de alcaldías y gobernaciones.
6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que, según lo dispuesto en
los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012, los Consejos departamentales, distritales
y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de
manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente, están conformados por
un representante de cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.
Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que el propósito de la
norma es fomentar un trabajo de cooperación interinstitucional entre todas las
entidades que hacen parte del sistema, en búsqueda de corresponsabilidad e
integralidad en las acciones. Así́ las cosas, cualquier competencia que recaía
en los Comités de Prevención y Atención de Desastres, indirectamente lo es de
la Corporación al ser uno de sus miembros.
Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que en este sentido
emitió el Tribunal, ya que, con base en las consideraciones expuestas, queda claro
que es competencia de CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de
soluciones respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos Colorados
ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye realizar estudios y asignar o
gestionar recursos para la ejecución de proyectos, en ejercicio de las funciones que
en materia ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley le ha atribuido [...]”.
En consecuencia, aún cuando la función de implementar, ejecutar, desarrollar,
entre otras, las políticas, actividades tendientes a la gestión del riesgo, le
corresponde principalmente al alcalde, ello no significa que deba dejarse de
lado que la misma Ley 1523 y el Decreto 4147 de 3 de noviembre de 2011,
establecieron un trabajo coordinado y armónico con las demás entidades,
dentro de las que se encuentran CORPOCALDAS, a la cual se le asignan
especiales funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades
territoriales de distinto orden en materia de gestión del riesgo.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que no ha debido declararse
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de CORPOCALDAS, toda vez que la normativa en comento le asigna claras
competencias en materia de gestión del riesgo, máxime si se tiene en cuenta que,
en el caso concreto, los factores que acentúan el peligro al que se exponen los
habitantes del barrio Providencia se relacionan con el control de erosión y manejo de
cauces, cuyos asuntos son propios de la entidad de acuerdo con lo expuesto.
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Lo anterior, también lleva a concluir que la autoridad ambiental no solamente
debe participar en la elaboración del estudio de detalle ordenado por el Tribunal,
sino también en la ejecución de las medidas de mitigación en caso de que sean
procedentes […]”.
101. La Sala considera que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1523 y con
la posición de la Sección en la sentencia referida, le asiste razón a la apoderada del
Municipio de Manizales y, por lo tanto, se modificará la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de no declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Corporación
Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS y, se le ordenará que atendiendo
a sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias apoye al Municipio
de Manizales en la realización de los estudios en detalle, tal como se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
Respecto a que la orden de reubicación de las viviendas debe impartirse a las
autoridades del orden nacional accionadas y que las familias ubicadas en la
zona referida en la demanda no cumplen con los requisitos para acceder al
subsidio de vivienda
102. El Tribunal Administrativo de Caldas impartió la orden de reubicación de las
viviendas que se ubican en zona de riesgo, en el evento de que los resultados de
los estudios en detalle concluyan que se trata de un área de riesgo no mitigable.
Dicha orden se impartió al Municipio de Manizales en coordinación con la Empresa
de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S.
103. La apoderada judicial del Municipio de Manizales manifestó que la función
del Municipio en relación con los programas de vivienda es identificar y censar a las
familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deben ser incluidas en
los proyectos de vivienda de interés social para las postulaciones ante el gobierno
nacional, por lo que para lograr la efectividad de la sentencia es necesario que la
orden de reubicación se imparta a las autoridades del orden nacional accionadas.
104. Adicionalmente, afirmó que se aportaron al expediente elementos probatorios
que permiten evidenciar que los propietarios de las viviendas ya fueron reubicados
por lo que no hay posibilidad de realizar nuevas reubicaciones al no cumplir con los
requisitos para la adjudicación de una segunda vivienda.
105. La Sala considera que en caso sub examine la controversia gira en torno a la
protección de los derechos e intereses colectivos previstos en los literales l y m del
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artículo 4.º de la Ley 472, con ocasión de la situación de riesgo que quedó
demostrada en el expediente en que se encuentran las familias que tienen sus
viviendas en la ladera del Barrio Asís -Jazmín de la ciudad de Manizales, en
inmediaciones del terreno en el que se ejecutó el Macroproyecto San José.
106. En este orden de ideas, es claro para la Sala que en la acción de la referencia
no se discute sobre la viabilidad o no de otorgar subsidios de vivienda a las familias
que habitan la zona de riesgo, aspecto que escapa al objeto del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos y, por el contrario, lo que se
ampara en esta acción constitucional es la situación de riesgo de desastre en que
se encuentran las personas que habitan la zona referida y aquellas que transitan
por ese sector ante la amenaza de deslizamiento por remoción en masa de la
ladera.
107. Adicionalmente, la Sala considera que el argumento esgrimido por la
apoderada judicial del Municipio de Manizales relacionado con la falta de
cumplimiento de requisitos por parte de las familias ubicadas en la zona de riesgo
para la asignación del subsidio de vivienda a través de programas financiados por
el Gobierno Nacional, no es suficiente para concluir que la orden sea de imposible
cumplimiento, teniendo en consideración que el Municipio dispone de otras
alternativas para la reubicación de las familias que se encuentran en situación de
riesgo en la ladera del barrio Asís – Jazmín, en el caso de que el resultado del
estudio en detalle determine que se trata de una zona de riesgo no mitigable.
108. Así las cosas, de manera enunciativa, el parágrafo 2.º del artículo 156 y el
artículo 157 de la Ley 1753 de 9 de junio de 201571, prevén que las entidades
públicas en el marco de proyectos de reasentamiento por alto riesgo podrán adquirir
la propiedad, posesión o mejoras de los inmuebles destinados a vivienda ubicados
en estas zonas, por vía de permuta por la solución habitacional ofrecida. Igualmente,
en los procesos de reasentamiento o reubicación de población y atendiendo a las
características que les hayan dado origen, “[…] adelantarán en las condiciones que
señale el reglamento, una o varias de las siguientes acciones: provisión temporal
de una solución de alojamiento; la adquisición de los predios ubicados en zona de
alto riesgo o de desastre; la asesoría y formulación de un programa de vivienda para
su reubicación de adquisición de la nueva alternativa o solución habitacional; la
asignación otorgamiento del Valor Único de Reconocimiento, cuando a este hubiere
71 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2019 Todos por un nuevo país”.
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lugar o la adquisición del inmueble ubicado en zona de alto riesgo o de desastre por
la vía de permuta por la nueva solución habitacional ofrecida; el acompañamiento a
le población objeto de reasentamiento para que puedan acceder a la oferta pública
preferente de servicios sociales en el nuevo hábitat y el desarrollo de programas de
reactivación económica […]”.
109. Por lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón, en este punto
concreto, al Municipio de Manizales y, en consecuencia, el argumento analizado en
este acápite no prospera.
Respecto al desconocimiento del precedente en materia de improcedencia de
la acción popular cuando se pretende el amparo de derechos particulares
110. La apoderada del Municipio de Manizales señaló que la sentencia apelada
desconoció el precedente del Consejo de Estado referido a la improcedencia de la
acción popular para la protección de los derechos particulares, contenido en las
providencias de 19 de noviembre de 200972 y 16 de marzo de 201273, proferidas por
la Sección Primera del Consejo de Estado.
111. La Sala evidencia que la sentencia de 19 de noviembre de 2009 fue proferida
en un proceso en el que se demandó, en ejercicio de la acción popular, al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y a la Unidad de Rentas del Municipio de Manizales,
por considerar vulnerado el derecho e interés colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, por el incremento en el avalúo catastral de cada unidad
familiar sujetas al régimen de propiedad horizontal en proporción igual al que
correspondía al coeficiente de copropiedad.
112. En la referida sentencia, la Sección Primera consideró que la acción popular
resultaba improcedente toda vez que se pretendía el amparo de derechos
individuales de sujetos que pertenecen a un mismo grupo
113. Esta Sección resolvió en la sentencia de 16 de marzo de 2012 un caso que
giraba en torno a que la Junta Administradora de Servicios Públicos de Acueducto
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre
de 2009, CP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación:170012331000200401492-01.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo de
2012, CP María Elizabeth García González, número único de radicación 410012331000201000537-01.
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y Alcantarillado del Caguán negó a la parte actora la factibilidad del servicio público
de acueducto en un terreno de su propiedad, en el que pretendía desarrollar un
proyecto de urbanización. En esa oportunidad la Sección consideró que los
intereses particulares comunes a un grupo de personas no tienen la naturaleza de
derechos colectivos.
114. La Sala considera que la sentencia apelada no contraviene la postura
reiterada de esta Sección respecto a la improcedencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos cuando se pretende el amparo de
derechos de naturaleza particular comunes a un grupo de personas.
Adicionalmente, la Sala precisa que el presente caso gira en torno a la protección
de los derechos de naturaleza colectiva como lo son: i) el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; y ii) la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; los cuales, como se expuso supra están siendo vulnerados
con ocasión del riesgo de desastre en que se encuentran la comunidad del barrio
Asís -Jazmín que habita en la zona de ladera que amenaza con deslizamiento,
aspecto que quedó probado en el expediente.
115. Por lo anterior, no le asiste razón a la apoderada del Municipio de Manizales
frente al argumento de desconocimiento del precedente de esta Sección en materia
de improcedencia de la acción popular cuando se persigue el amparo de derechos
de naturaleza particular, toda vez que en el presente caso, quedó demostrado que
se deben amparar derechos de la colectividad que habita o transita por el barrio
Asís – Jazmín.
116. En referencia al argumento según el cual el Tribunal Administrativo de Caldas
fundamentó la decisión en la sentencia que protegió los derechos colectivos en el
barrio Providencia sin que esa decisión estuviera ejecutoriada al momento en que
se profirió la sentencia de primera instancia, toda vez que el Municipio de Manizales
presentó recurso de apelación contra esa decisión, la Sala considera que el Tribunal
fue claro en precisar que se trataba de un precedente horizontal, esto es que recogía
el criterio de la Sala de decisión que profirió esa sentencia.
117. Adicionalmente, en este punto, la Sala resalta que la sentencia que amparó
los derechos e intereses colectivos de la población ubicada en el barrio Providencia
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del Municipio de Manizales, a la que se refiere la apoderada del Municipio de
Manizales, fue modificada por esta Sección, mediante sentencia proferida el 19 de
agosto de 202274, en la que, entre otras cosas, se declaró la vulneración de los
derechos e intereses colectivos invocados y se impartieron órdenes a cargo del
Municipio, por lo que tampoco prospera este argumento.
Respecto a la falta de aplicación de la normativa que regula el Macroproyecto
San José
118. La apoderada del Municipio de Manizales afirmó que el Tribunal debió
fundamentar la sentencia, proferida en primera instancia, en la normativa especial
que reglamenta el Macroproyecto de interés social nacional denominado “Centro
Occidente de Colombia San José”, toda vez que, a su juicio, constituye determinante
de ordenamiento de superior jerarquía frente a las normas urbanísticas de carácter
municipal.
119. La Sala considera que el Tribunal en la sentencia apelada realizó un estudio
normativo completo en materia de gestión del riesgo y analizó las normas que
reglamentan el ordenamiento territorial en el Municipio de Manizales. En este
sentido, la Sala precisa que el caso fue resuelto aplicando las normas vigentes en
materia de gestión del riesgo, de competencias de las entidades accionadas y de
las acciones necesarias para hacer cesar el peligro y amenaza en que se encuentra
la comunidad del barrio Asís – Jazmín de la ciudad de Manizales.
120. La Sala concluye que con las pruebas allegadas al expediente no se logró
probar que el riesgo al que se encuentra sujeta la comunidad del precitado barrio
haya sido generado por la construcción del Centro Integrado de Servicios
Comunitarios -CISCO en el Megaproyecto de Interés Social Nacional “Centro
Occidente de Colombia San José”. Por el contrario, lo que se probó fue que la zona
en que se ubican las viviendas que se encuentran en riesgo es un área por fuera
del Macroproyecto que, si bien hace parte del área de influencia por su cercanía, no
se trata de una zona que esté integrada al precitado proyecto de vivienda de interés
nacional.
121. Así las cosas, la Sala considera que este argumento no tiene vocación de
prosperidad en razón a que la zona objeto de amparo constitucional en la acción
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de
2022, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 170012333000201900070-01.
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popular de la referencia no hace parte del mencionado proyecto ni se logró
demostrar que el riesgo al que se encuentra expuesta la comunidad del Barrio Asís
– Jazmín sea consecuencia de la construcción realizada al interior del
Macroproyecto de vivienda.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
122. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, dispuso lo siguiente:
“[…] CONFÓRMASE un comité auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la
sentencia, el cual estará conformado por el Director de la Unidad de Gestión del
Riesgo del MUNICIPIO DE MANIZALES, un delegado de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas -CORPOCALDAS, la demandante y el señor Procurador Judicial
[…]”.
123. La Sala considera que debe modificarse la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento en el
sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación, tal como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.
124. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
Respecto a la orden de reubicación
125. La Sala considera que en materia de órdenes de reubicación de viviendas en
zonas de alto riesgo no mitigables y soluciones temporales de vivienda hasta que
se efectúe la reubicación definitiva, esta Sección ha seguido el criterio fijado en la
sentencia proferida el 1.º de junio de 2020 75, el cual se adoptará en la parte
resolutiva de esta providencia teniendo en cuenta el objeto de la orden de
reubicación de las familias que se encuentran en el barrio Asís – Jazmín en zona
de riesgo no mitigable y, específicamente, en el sector de la ladera que se encuentra
en inmediaciones del Centro Integrado de Servicios Comunitarios -CISCO.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez, providencia de 1° de junio de 2020, número único de radicación: 68001-23-31-000-2012-
00091-01.
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Conclusiones
126. La Sala considera que con el material probatorio allegado al expediente es
posible concluir que la zona de ladera del Barrio Asís – Jazmín en el que se
encuentran ubicadas algunas viviendas esta catalogada como de uso de desarrollo
condicionado, lo que hace necesario que se confirme la orden de realización de
estudios en detalle, toda vez que se trata de un área de alto riesgo en la que es
posible que se generen desprendimientos de tierra que afecten a la comunidad del
sector.
127. La Sala considera que la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS debe concurrir en la realización de estudios de detalle en la zona
de riesgo de deslizamiento, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula
la gestión del riesgo.
128. La Sala considera que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Manizales S.A.S. -ERUM S.A.S. si es competente para realizar acciones de
reubicación de las familias que se encuentran en zona de riesgo no mitigable, de
acuerdo con su objeto social.
129. La Sala considera que debe modificarse la conformación del Comité de
Verificación, en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Caldas debe presidirlo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sala Cuarta Oral
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA” propuesta por ENTERRITORIO, dentro de la acción
popular promovida en su contra por el señor MIGUEL ARTURO PINILLA CARDONA.
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Núm. único de radicación: 170012333000201900407-01
SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE MANIZALES ha vulnerado los
derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, así como la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, prerrogativas
consagradas en los literales l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, con la asesoría y
acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, adelante las gestiones administrativas, presupuéstales y técnicas
requeridas, para la elaboración de los estudios de detalle en los que se identifique si
la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del barrio Asís -Jazmín,
específicamente las laderas que circundan el CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS
COMUNITARIOS “CISCO” es o no mitigable y en qué zonas específicas, y en caso
afirmativo, determine las obras que deban ejecutarse.
Si el riesgo es mitigable, el Municipio deberá formular y ejecutar los proyectos de
intervención para la realización de las obras estructurales y no estructurales de
mitigación dentro del año siguiente.
CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, en coordinación con la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S.
que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y
solo en caso de que los estudios de detalle que se realizarán establezcan que la zona
donde se encuentra ubicado el barrio Asís -Jazmín es de riesgo no mitigable:
1.- Adelante, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la ejecutoria de
esta providencia, las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
reubicación definitiva de las familias que no hayan sido beneficiarias de subsidios de
vivienda o una indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la zona
de riesgo no mitigable del barrio Asís - Jazmín.
2.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE MANIZALES, deberá reubicar de
forma definitiva en un lugar que permita el acceso a los servicios públicos, por medio
de un plan de vivienda subsidiada, a las familias situadas en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Asís - Jazmín, siempre y cuando no hayan sido beneficiarias de
un subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de diez (10) meses,
contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la zona donde se
encuentra ubicado el barrio Asís - Jazmín es de riesgo no mitigable.
3.- El MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término máximo de quince (15) días,
contado a partir del estudio de detalle que establezca que la zona donde se encuentra
ubicado el barrio Asís - Jardín es de riesgo no mitigable, deberá efectuar un censo
con el objeto de determinar las características de la población beneficiaria de la
medida de reubicación indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la
siguiente información:
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio Asís -
Jardín, cuyas viviendas fueron construidas en el marco de la normativa que regula el
asunto y autorizadas por las autoridades competentes.
-. El número de familias en la zona de riesgo no mitigable del barrio Asís – Jazmín,
cuyas viviendas fueron construidas sin la autorización de las autoridades
competentes y desconociendo la normativa que regula el asunto.
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio Asís -
Jazmín, que no hayan sido beneficiarias de ningún proyecto de vivienda subsidiada.
4.- Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del
barrio Asís - Jazmín, cuyas viviendas fueron construidas atendiendo la normativa
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vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo el
procedimiento previsto para el efecto, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá aplicar
el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9° de 1989.
5.- En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Asís - Jazmín se rehúsen a abandonar el sitio, el Alcalde Municipal
de Manizales deberá ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de
Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
6.- ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y previo al agotamiento del procedimiento
administrativo previsto para el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal hasta
que se lleve a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias del barrio Asís -
Jazmín que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda y que habiten en la
zona de riesgo alto no mitigable, y sin perjuicio de las medidas de urgencia que se
deban adoptar frente a una nueva situación de desastre.
El MUNICIPIO DE MANIZALES deberá cumplir esta orden en el término máximo de
un mes, contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la zona donde se
encuentra ubicado el barrio Asís - Jazmín es de riesgo no mitigable.
En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la ausencia de un
marco normativo que reglamente la solución de vivienda temporal a favor de las
familias que habitan la zona de alto riesgo no mitigable, el MUNICIPIO DE
MANIZALES deberá:
6.1. Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la reglamentación
correspondiente en el término máximo de tres (3) meses, contado a partir del estudio
de detalle que establezcan que la zona donde se encuentra ubicado el barrio Asís -
Jazmín es de riesgo no mitigable.
6.2. Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse
en caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la vida e integridad de las
personas que habitan en ese sector, en el marco de la estrategia municipal para la
gestión del riesgo de desastres, en el término máximo de tres (3) meses, contado a
partir del estudio de detalle que establezcan que la zona donde se encuentra ubicado
el barrio Asís - Jazmín es de riesgo no mitigable.
6.3. Brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como apoyo administrativo
a las familias que habitan la zona de alto riesgo no mitigable en la obtención de una
alternativa de vivienda temporal y digna, en el término máximo de diez (10) días,
contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la zona donde se
encuentra ubicado el barrio Asís - Jazmín es de riesgo no mitigable.
7.- Que el Alcalde del MUNICIPIO DE MANIZALES, en el término quince (15) días,
contado a partir del estudio de detalle que establezcan que la zona donde se
encuentra ubicado el barrio Asís – Jazmín es de riesgo no mitigable, adopte un
mecanismo dirigido a evitar que personas o familias que no habiten en la zona de
riesgo no mitigable del barrio Asís - Jazmín, desde la fecha de presentación de la
demanda y de la sentencia proferida, en primera instancia, reciban los subsidios y
beneficios a los que se hizo referencia de forma previa. Para tal efecto, deberá fijar
criterios administrativos y probatorios que le permitan verificar que las familias
beneficiarias hubiesen habitado permanentemente en ese territorio durante el período
objeto de amparo aquí definido.
Parágrafo. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Caldas, en el marco del Comité de Verificación, puede adoptar las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las
órdenes de la sentencia”.
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QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES que, a través de la UNIDAD
DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL (UGR), adelante monitoreos permanentes
al barrio Asís - Jazmín, y en caso que la situación lo amerite, dispondrá las acciones
necesarias para la protección de la vida de los habitantes y transeúntes, incluyendo
la posible evacuación de las viviendas, conforme al marco de sus competencias.
SEXTO: CONFORMAR un comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, el
cual estará conformado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien lo
presidirá, el Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del MUNICIPIO DE
MANIZALES, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS, el demandante y el Agente del Ministerio Público”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 27 de agosto de 2021
proferida por la Sala Cuarta Oral de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Caldas, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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