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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-00237-01

Fecha
21 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-00237-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales TERCERO y CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 100 Número único de radicación: 76001-23-33-000-2021-00237-01 Actores: Óscar Ortiz y otros “TERCERO: ORDENAR al Municipio de Candelaria y EMCANDELARIA que antes de finalizar el año 2023 y con base en las conclusiones del comité dispuesto en el numeral anterior, el Municipio de Candelaria y EMCANDELARIA, bajo las directrices y mandatos que emita la CVC como autoridad ambiental, formule un plan específico que les permita, dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria este fallo, hacer cesar la vulneración del derecho colectivo al saneamiento básico del Corregimiento El Carmelo. CUARTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, integrado por la Magistrada Ponente del Tribunal, quien lo presidirá, el alcalde del Municipio de Candelaria, el gerente de EMCANDELARIA, el Director de la CVC y la Procuraduría Ambiental, que semestralmente rendirá un informe sobre las gestiones adelantadas y demás labores programadas y ejecutadas a raíz de los hechos materia de este proceso”. SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia apelada. TERCERO: EXHORTAR al MUNICIPIO DE CANDELARIA para que, hasta tanto se produzca el cumplimiento definitivo del fallo de primera instancia, continúe realizando, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, jornadas continuas de limpieza y descolmatación del canal, como ya lo ha hecho, con la inmediata evacuación de los residuos que se acumulan al lado del cauce, los cuales en tiempos de lluvia vuelven al caño generando Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 101 Número único de radicación: 76001-23-33-000-2021-00237-01 Actores: Óscar Ortiz y otros inundaciones, como se evidenció del Informe de Visita de la CVC de 20 de agosto de 202053. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2021-00237-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2021-00237-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: ÓSCAR ORTIZ Y OTROS

TESIS: LA OMISIÓN O EJERCICIO DEFICIENTE DE LAS
COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO Y LA CVC FRENTE A LA
VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIMIENTOS AL CANAL DE AGUAS
LLUVIAS Y RESIDUALES DEL RÍO FRAILE, PRODUCCIÓN DE OLORES
NAUSEABUNDOS Y VECTORES, AUNADO A LA AUSENCIA DE UNA
RED DE ALCANTARILLADO, VULNERA LOS DERECHOS COLECTIVOS
AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS
HABITANTES DEL CALLEJÓN EL TUNAL. NO ESTÁ PROBADA LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. EMCANDELARIA DEBE CONCURRIR
A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTAS
EN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. EL TÉRMINO CONCEDIDO
POR EL A QUO A LA CVC PARA INICIAR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ES PRUDENCIAL Y
SUFICIENTE.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
“DIVERSIDAD Y LA INTEGRIDAD AMBIENTAL”, GOCE DE UN
AMBIENTE SANO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD
PÚBLICA, ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE
GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y AL ACCESO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE Y
OPORTUNA.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por LAS

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S.

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2021-00237-01
Actores: Óscar Ortiz y otros

E.S.P.1, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE

DEL CAUCA, CVC.2, y el MUNICIPIO DE CANDELARIA3 contra la

sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca4, que dispuso la protección de

los derechos colectivos invocados.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Los ciudadanos OSCAR ORTÍZ, IVÁN GIRALDO y ANDRÉS

FELIPE SALINAS BONILLA, entre otros5, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de

la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto

de 19986, presentaron demanda ante el Tribunal, contra la CVC, las

SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, DEL

1 En adelante EMCANDELARIA.
2 En adelante la CVC.
3 En adelante el MUNICIPIO
4 En adelante el Tribunal.
5 La parte actora está integrada, además, por los ciudadanos Juan Camilo y Laura Sofía
Salinas Carrejo, Aracely Carrejo Salazar, Bernardo Gómez Parra, Claudia Patricia Ortiz
Giraldo, Elian Isao Gracia, Claudia Ximena Y Edwin Ortiz Parra, Grady Sánchez Reyes, Héctor
Eder y Hugo Hernán Giraldo Ortiz, Heliana Gisette López Leal, Lina María Parra Arango, Luis
Antonio Ortiz, María Dodely Bonilla Álvarez, María Lisbeth Arango, Martha Helena García,
Myriam Mercado De Salinas, Norbey Alberto Bojorge Chate, Yadira Andrea Tigreros Bonilla
y Álvaro José, Juan Carlos, María Fernanda, Valentina y James Arley Salinas Mercado.
6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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Actores: Óscar Ortiz y otros

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO y DE GESTIÓN

DEL RIESGO del MUNICIPIO, el CONCEJO MUNICIPAL DE

CANDELARIA, EMCANDELARIA, la empresa CANDEASEO S.A.

E.S.P., la GOBERNACIÓN DEL VALLE – SECRETARÍA DEL

MEDIO AMBIENTE y las empresas GARCÍA GÓMEZ

AGROINVERSIONES S.A., GRANJA PORCICOLA LA

ESMERALDA, POLLOS EL BUCANERO S.A. – PLANTA DE

CONCENTRADOS, O TAFUR Z Y CIA S EN C y GRUPO PREGIO

S.A.S., tendiente a obtener la protección de los derechos

fundamentales de los niños, a la vida y la salud y de los derechos

colectivos de la comunidad que habita en inmediaciones del río Fraile

a la “diversidad y la integridad ambiental”, al goce de un ambiente

sano, al saneamiento ambiental, a la salubridad pública, al acceso a

una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y

al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y

oportuna.

I.2. Hechos

Afirmaron que el río Fraile es un acuífero libre que nace en la

vertiente occidental de la cordillera Central, en los límites de los

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departamentos del Valle del Cauca y Tolima, cuyo uso de sus aguas

está reglamentado en la Resolución núm. 0100 N° 0600-0671 de

20127

Indicaron que el río Fraile posee la sub derivación 7.3 que

desemboca en el MUNICIPIO, en la zona industrial y de vivienda

familiar del corregimiento El Carmelo, en los callejones El Tunal y

Águila Roja y que el mismo se encuentra bajo la jurisdicción,

administración, cuidado, protección y conservación de la CVC.

Mencionaron que son habitantes del corregimiento El Carmelo -

callejón El Tunal y que en dicha comunidad hay niños y adultos

mayores que se han visto afectados por los vertimientos que las

empresas GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. – GRANJA

PORCICOLA LA ESMERALDA, POLLOS EL BUCANERO S.A. –

PLANTA DE CONCENTRADOS, O TAFUR Z Y CIA S EN C y GRUPO

PREGIO S.A.S., realizan en el zanjón de la sub-derivación 7.3 del

río Fraile.

7 “Por la cual se reglamenta en forma general el uso de las aguas de la cuenca del río Fraile,

las cuales discurren en jurisdicción de los municipios de Florida, Candelaria y Palmira en el
departamento del Valle del Cauca”.

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Actores: Óscar Ortiz y otros

Se refirieron a las diversas respuestas emitidas por las entidades

accionadas con ocasión de las solicitudes que han impetrado en

reiteradas oportunidades, las cuales ponen de manifiesto que

conocen la problemática que aqueja a la comunidad, esto es, la

ausencia de alcantarillado, los vertimientos efectuados por las

empresas aledañas al zanjón de la sub-derivación 7.3 del río Fraile y

los malos olores que genera dicha actividad y su impacto sobre la

salud de la comunidad aledaña, pese a lo cual han sido omisivas en

el cumplimiento de sus funciones y no han adoptado acciones

concretas para superar el estado actual de contaminación.

Sostuvieron que la CVC ha omitido sus deberes previstos en el

numeral 8 del artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 26 de mayo

de 20158, el cual le ordena “[…] Imponer medidas ambientales

adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no

previstos en los estudios ambientales del proyecto […]”.

Manifestaron que en virtud de la visita hecha por la Secretaría de

Salud Pública y Seguridad Social en Salud del Municipio de Candelaria

8“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.

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se percibieron “[…] olores ofensivos ocasionadas por el vertimiento

de una granja avícola relativamente cercana al sector (…) se

evidencia que la exposición a olores ofensivos genera en la

comunidad malestar, incomodidad que de cierto modo se relaciona

con un impacto en la calidad de vida, además se presume que en

algún momento, podría haber relación con complicaciones de algunas

patologías de base que presentan algunos individuos, como asma

[…]” .

Indicaron que la oficina de Gestión del Riesgo del MUNICIPIO ha

solicitado la limpieza y descolmatación de la sub derivada 7.3. y la

viabilidad de entamborarla en su paso por el Tunal y que el 14 de

septiembre de 2020, la Secretaría de Infraestructura dio a conocer

lo informado por sus ingenieros en el sentido de que en la zona

afectada existe una alcantarilla que ha cedido la banca por el

represamiento de aguas por los residuos sólidos; una infraestructura

del gas natural paralela a la alcantarilla que se encuentra expuesta y

retiene residuos sólidos de gran volumen; que se perciben olores

ofensivos ocasionados por vertimientos no tratados de aguas

residuales y productos de tratamiento fabril y que se ha ensanchado

el zanjón hasta el punto de invadir propiedad privada del peticionario.

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Adujeron que los ingenieros identificaron cuatro causas de la

problemática: “[…] a. Vertimientos puntuales de aguas residuales no

tratadas, b. Disposición de residuos sólidos en el cauce del zanjón, c.

Sección hidráulica de la alcantarilla deficiente a causa de las

obstrucciones. y d. Mantenimiento inadecuado de la sub-dereivación

7.3 del río Fraile y presentaron propuestas para mitigar dichos

impactos ambientales, tales como la eliminación de vertimientos de

aguas residuales no tratadas […]”.

Pusieron de presente que debido a que la comunidad no cuenta con

una red de alcantarillado, maneja la disposición final de residuos

mediante pozos sépticos, por lo cual, de manera indirecta también

realizan algunos vertimientos en el mencionado zanjón.

Sostuvieron que también está amenazada la seguridad de la

población ribereña del Fraile porque el cauce del zanjón de la sub-

derivación 7.3 ha invadido predios de los particulares lo que pone a

éstos y a las estructuras de vivienda en peligro de sufrir desastres, y

que debido a los vertimientos ilegales sobre dicho cuerpo hídrico se

rebosa en algunos tramos y arrastra basura que produce espuma, da

la apariencia de aguas servidas y promueve la aparición de plagas de

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moscas, zancudos y roedores, sin que hasta el momento se haya

realizado ni un solo control.

Transcribieron apartes del estudio técnico denominado

“CONTAMINACIÓN ODORÍFERA: CAUSAS, EFECTOS Y

POSIBLES SOLUCIONES A UNA CONTAMINACIÓN INVISIBLE”,

avalado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para

precisar que las moléculas odoríferas son altamente volátiles por su

composición de azufre, oxígeno y nitrógeno y que las principales

industrias generadoras de contaminación odorífera son las

relacionadas con productos cárnicos y tratamiento de cuero o

curtiembres, catalogadas como unas de las más sucias y

contaminantes, que afectan la calidad de vida de las comunidades

expuestas, particularmente la salud, con síntomas asociados a

dolores de cabeza, molestias al dormir, ganas de vomitar, pérdida

del deseo de comer etc, todo lo cual se denomina “mal efecto” en la

salud, según la OMS.

Aseveraron que, además, los malos olores actúan sobre el sistema

nervioso central o periférico y están relacionados con la parte

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emocional, a cuyo respecto citaron abundante material teórico

científico.

I.3. Pretensiones

Solicitaron, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

“[…] 3. TERCERA: Que se declare la protección ambiental del río
Fraile.
4. CUARTA: Ordenar la suspensión inmediata de las actividades
antrópicas que genere cualquier tipo de vertimientos en el zanjón
de la sub-derivación 7.3 del río fraile, que impidan el goce de un
ambiente sano, a la niñez, al adulto mayor, a la salubridad pública.
5. QUINTA: Ordenar a EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S.A.S E.S.P - EMCANDELARIA, MUNICIPIO DE
CANDELARIA, Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría del
Medio Ambiente, adelanten de forma inmediata, las obras y
actividades necesarias para evitar que las aguas negras y las aguas
lluvias y todo tipo de vertimientos líquidos y sólidos sigan
penetrando en las residencias de las personas que habitamos en
los callejones El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El
Carmelo del Municipio de Candelaria.
6. SEXTA: Ordenar a EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S.A.S E.S.P - EMCANDELARIA Y MUNICIPIO DE
CANDELARIA, La Corporación Autónoma del Valle Cauca (CVC) y
La Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría del Medio Ambiente
a realizar obras civiles en el canal natural abierto existente, que se
construya un canal cerrado con cubrimiento total (entamborar),
que genere una sección completa cerrada que mejore las
condiciones de los tramos del zanjón de la sub-derivación 7.3 del
río fraile de los callejones El Tunal y Aguila Roja del Corregimiento
de El Carmelo Municipio de Candelaria – Valle del Cauca, de los
alrededores de las viviendas de los accionantes que impida la
proliferación de los olores nauseabundos, ofensivos y la
contaminación atmosférica de los predios cercanos a las personas

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que habitamos alrededor del zanjón y que estamos haciendo uso
de la presente acción.
7. SÉPTIMA: Ordenar a: ● El Municipio de Candelaria. ●
Emcandelaria SAS ESP. ● CANDEASEO S.A. E.S.P. ● La
Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría del Medio Ambiente.
Realizar la construcción del alcantarillado sanitario público
contemplado en el Plan Maestro de Alcantarillado […]”.
8. OCTAVA: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca - CVC, imponer a los accionados: 1. GARCÍA GÓMEZ
AGROINVERSIONES S.A. – GRANJA PORCICOLA LA ESMERALDA,
2. POLLOS EL BUCANERO S.A. – PLANTA DE CONCENTRADOS, 3.
O TAFUR Z Y CIA S EN C, 4. GRUPO PREGIO S.A.S, ETC, lo
ordenado en el numeral 8 del artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076
del 2015; “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos”.
9. NOVENA: Ordenar CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA – CVC, imponer medidas de manejo ambiental
adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales
que agraven más el medio ambiente sobre el zanjón de la sub-
derivación 7.3 del río fraile, de acuerdo con el Decreto 1076 del
2015 - artículo 2.2.2.3.9.1: “(...) numeral 8 del artículo 2.2.2.3.9.1
del Decreto 1076 de 2015 “Imponer medidas ambientales
adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales
no previstos en los estudios ambientales del proyecto”. En el
desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar
entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el
proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales,
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de
los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia
ambiental o plan de manejo ambiental. Frente a los proyectos que
pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su
naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera
visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor a dos (2)
meses después del inicio de actividades de construcción (...)”.
10.DECIMA: Ordenar se integre un comité de verificación, el cual
ampare los derechos fundamentales y garantice el cumplimiento
de cada una de las pretensiones aprobadas.
11.DECIMA PRIMERA: Ordenar a la empresa CANDEASEO S.A.
E.S.P. realizar como lo ordena la Ley 1252 del 2008 la recolección
de los residuos sólidos dispuestos en el callejón El Tunal y
dispuestos en la subderivacion 7.3 del río Fraile.

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12.DECIMA SEGUNDA: Ordenar a los accionados: CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, MUNICIPIO
DE CANDELARIA, EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S.A.S E.S.P – EMCANDELARIA, CANDEASEO S.A.
E.S.P., GOBERNACIÓN DEL VALLE – SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE; GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. – GRANJA
PORCICOLA LA ESMERALDA, POLLOS EL BUCANERO S.A. – PLANTA
DE CONCENTRADOS CAVASA, O TAFUR Z Y CIA S EN C, GRUPO
PREGIO S.A.S., realizar campañas de educación ambiental a las
comunidades de la subderivacion 7.3 del río Fraile […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO, actuando por conducto de apoderado,

expresó que los hechos mencionados por los demandantes deben

probarse; que los asuntos relacionados con los permisos de

vertimientos corresponden a competencias de la CVC y que los

documentos que se aducen como soporte de los hechos no fueron

allegados con el traslado de la demanda, razón por la cual no pudo

ejercer el derecho de contradicción en relación con los mismos.

Afirmó que en el presente asunto “NO HAY UNA FLAGRANTE

VULNERACION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS” que le resulte

atribuible y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

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demanda, pues estimó que ha cumplido con sus competencias

encaminadas a proteger a la comunidad del sector.

Adujo que el amparo procede ante amenazas o violaciones

debidamente probadas y no ante casos hipotéticos.

Propuso como excepciones de mérito, las siguientes:

.- INEXISTENCIA DE LA VULNERACION. Adujo que la carga de la

prueba le corresponde a los demandantes, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 y que, en el

presente asunto, los actores no han demostrado las afirmaciones

hechas en la demanda sino que, contrario a ello, de las mismas se

observa que ha dado respuesta a las peticiones de la comunidad en

el sentido de reenviarlas por competencia a la CVC, que es la entidad

encargada de proteger el medio ambiente ante los vertimientos

ilegales e imponer las sanciones correspondientes a la luz de los

dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19939.

9 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.

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Agregó que de la comunicación del 8 de marzo de 2021 suscrita por

el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, se

desprende:

“[…] • Que en cumplimiento a la medida cautelar se practicó • Se
ejercitaron las acciones pertinentes • Se explica que para el año
2020 debido al COVID las acciones pertinentes de labores de
limpieza, descolmatacion de ríos y del zanjón se interrumpieron
porque los recursos económicos se priorizaron en la atención y
apoyo a la comunidad por la pandemia que estamos padeciendo •
Ha realizado las limpiezas pertinentes, practicado visita con la CVC
• Controlado la presencia e ingreso de insectos vectores con estas
labores […]”.

.- “CUMPLIMIENTO AÑO 2021”. Manifestó que su Secretaría del

Medio Ambiente ha detallado en forma pormenorizada el

cumplimiento de sus obligaciones para el año 2021, de acuerdo al

Plan de Desarrollo Municipal, el cual contiene el subprograma

“REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES”, con metas encaminadas a

la intervención de cauces para reducir el riesgo de desastres.

.- “LA INNOMINADA” en el sentido de que si se encontraren

probados hechos que constituyen una defensa de mérito, sean

reconocidas oficiosamente en la sentencia.

I.4.2.- La CVC señaló que los hechos describen aspectos de carácter

geográfico del río Fraile y que ha cumplido con sus funciones de velar

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por la protección del recurso acuífero mediante visitas y

procedimientos administrativos ambientales.

Manifestó que es cierto que el 20 de agosto de 2020 realizó visita a

la zona descrita en la demanda en conjunto con la Secretaría del

Medio Ambiente y Desarrollo Económico del MUNICIPIO, a partir de

la cual se pudo concluir que el canal recibe aguas residuales tanto de

las familias como de las empresas que operan en el sector, de tal

suerte que es necesario solicitar a algunas de tales empresas

adelantar acciones para la limpieza del canal y no interrumpir el flujo

de las aguas, así como solicitarle al ente territorial informar sobre la

disposición final de residuos sólidos de las comunidades del

Corregimiento El Carmelo, para lo cual le envió requerimiento de

fecha 16 de septiembre de 2020.

Formuló las siguientes excepciones de mérito:

.- “CARENCIA DE OBJETO”. Señaló la excepción se dirige contra

las pretensiones, primera, segunda, tercera, cuarta y decima primera

de la demanda, porque ha cumplido con las facultades protección y

ordenación previstas en el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de

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197410, el Decreto Reglamentario 1541 de 28 de julio de 197811, la

Ley 99 y el Decreto 1640 de 2 de agosto 201212, frente al uso de la

cuenca de los ríos que están bajo su tutela.

Precisó que respecto del río Fraile ha expedido la siguiente

reglamentación: i) Resolución 0100-0600-0414 de 21 de julio de

2009; ii) Resolución 0100-0600-0671 de 23 de diciembre de 201213

y iii) La Resolucion-0100-0600-0176 de 28 de marzo de 2014, las

cuales tienen por objeto dar las pautas para realizar los estudios

técnicos, señalar la forma de aprovechamiento de la tierra y tenencia

de la misma y la distribución adecuada y racional de las fuentes de

uso público.

Agregó que “ […] dentro de los objetivos de dicha reglamentación se

encuentra el garantizar la conservación del recurso hídrico mediante

la participación activa de las instituciones ambientales, la comunidad

10 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente”.
11 “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las

aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”.
12 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y

manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”.
13 “Por la cual se reglamenta en forma general el uso de las aguas de la cuenca del río Fraile,

las cuales discurren en jurisdicción de los municipios de Florida, Candelaria y Palmira en el
departamento del Valle del Cauca”;

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y los usuarios y el cumplimiento de las normas ambientales

nacionales y regionales que regulan la materia, bajo los postulados

del desarrollo sostenible y la interrelación del desarrollo económico y

social con el manejo ambiental; Que como resultado de estos

estudios se presentó el Proyecto de Reglamentación del Río Fraile, el

cual establece las consideraciones generales de orden técnico y

jurídico que determinarán el uso de las aguas de la corriente en

mención y que hace parte integral de la presente resolución […]”.

Indicó que “[…] La cuenca del río Fraile, es una cuenca de cuarto

orden, pertenece a la cuenca del río Guachal, pero por su interés

económico se realiza un estudio independiente de ella. La cuenca

posee un área de 48.202 has; limita al norte con la cuenca del río

Párraga, al sur con la cuenca del río Desbaratado, al oriente con el

departamento de Tolima y al occidente con el río Cauca […]”; que El

río Fraile nace en la vertiente occidental de la cordillera Central, en

los límites de los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, en las

lagunas denominadas Frailes a una altura aproximada de 3.900

metros sobre el nivel del mar y que la confluencia de las aguas de

este río con el río Bolo, da origen al río Guachal.

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Informó que según el grupo de Sistemas de Información Ambiental,

el uso del suelo en la zona productora, está representado

principalmente por vegetación boscosa y de protección natural con

76% del área total, pastos para ganadería con 15%, cultivos

permanentes con 7% y cuerpos de agua con 2% y que la zona

consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así:

cultivos permanentes con 74%, pastos para ganadería con 13%,

vegetación boscosa y de protección natural con 6%, cultivos

transitorios con 3%, infraestructura residencial con 2%,

infraestructura industrial con 1% y minería con 1%.

Reiteró que todo lo anterior da cuenta de que ha cumplido con sus

obligaciones jurídicas frente a la protección del rio Fraile, por lo cual

deben denegarse las pretensiones de la demanda.

Respecto de la petición relacionada con infraestructura y servicios

públicos, adujo que desborda sus competencias y por ello tampoco

puede prosperar la acción popular en tal sentido.

.- FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA. Señaló

que no está autorizada para realizar las obras civiles que solicita la

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parte actora, pues ello no está previsto en las competencias

señaladas en el artículo 31 de la Ley 99.

.- “CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL” Respecto de la

pretensión 8ª14, informó que ya ha tomado medidas de control, tales

como la iniciación de un proceso administrativo de control de

vertimientos al predio denominado LA ESMERALDA y la imposición

de un plan de cumplimiento; una solicitud a la AVICOLA PILENA –

TAFUR Y CIA S EN C para que obtenga permiso de vertimientos y la

respuesta a la petición del ciudadano JUAN CARLOS SALINAS

MERCADO, en la cual le expresó que tomaría las medidas necesarias

para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Explicó que los procesos sancionatorios por violación de las normas

ambientales implican la identificación del presunto infractor, a la luz

de lo dispuesto en los artículos 18 y 24 de la Ley 1333 de 21 de julio

200915, y “[…]no es como pretende el accionante, que se deba

imponer per se las sanciones que hubiere lugar[…]”.

14 En dicha pretensión la parte actora solicitó: “imponer a los accionados: 1. GARCÍA GÓMEZ

AGROINVERSIONES S.A. – GRANJA PORCICOLA LA ESMERALDA, 2. POLLOS EL BUCANERO
S.A. – PLANTA DE CONCENTRADOS, 3. O TAFUR Z Y CIA S EN C, 4. GRUPO PREGIO S.A.S,
ETC”.
15 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones”.

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.- “IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES 9ª y 12ª”, pues,

a su juicio, carecen de asidero jurídico y factico.

Alegó que los demandantes no indican los proyectos, obras o

actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental,

que deba ser sujeto de control y seguimiento por su parte.

Señaló que satisfizo la pretensión 12ª, dirigida a “[…] realizar

campañas de educación ambiental a las comunidades de la

subderivacion 7.3 del río Fraile […]” porque ha cumplido a cabalidad

con sus funciones legales previstas en la Ley 99 de 1993.

I.4.3. El GRUPO PREGIO S.A.S., manifestó que los hechos de la

demanda no le constan y se opuso a la prosperidad de las

pretensiones porque, a su juicio, no ha vulnerado derecho

fundamental o colectivo alguno.

Alegó que es una empresa de derecho privado dedicada a la

elaboración de papas fritas, razón por la que no le es exigible realizar

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obras para mitigar impactos ambientales, pues ello corresponde al

MUNICIPIO y a la GOBERNACIÓN.

Propuso la excepción de mérito que denominó “EL ACTOR POPULAR

NO DEMOSTRÓ LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

EN RELACIÓN CON GRUPO PREGIO S.A.S”, con el argumento de que

no se cumplió con el principio de carga de la prueba por parte de

quienes alegaron la pretendida vulneración.

I.4.4. POLLOS EL BUCANERO S.A.

Manifestó que ignora cuáles son las coordenadas del río Fraile; que

no conoce su ubicación y desembocadura, ni le consta que se

encuentren afectados los derechos colectivos de la comunidad

aledaña al mismo y expresó que, en todo caso, dicha corriente hídrica

se encuentra en jurisdicción de la CVC.

Aseguró que POLLOS EL BUCANERO no realiza vertimientos en el

río Fraile porque los procesos industriales en la fábrica son secos y

las aguas domésticas y no domésticas de la planta de producción son

conducidas, previo tratamiento y filtración de alta tecnología, a la red

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de alcantarillado público operada por EMCANDELARIA sin afectar

aguas superficiales, marinas o el suelo, razón por la que no le es

exigible obtener permisos de vertimientos por parte de la CVC, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto

1076 de 2015.

Indicó que tanto los residuos peligrosos provenientes de las prácticas

de laboratorio, así como los lodos y limos resultantes de la limpieza

y mantenimiento de la planta, no se arrojan al desagüe sino que se

almacenan y se entregan a una empresa autorizada para su manejo

y disposición final, lo que evidencia su compromiso con la comunidad

y las autoridades, máxime si se tiene en cuenta que realiza el

mantenimiento periódico del canal 7.3 del Fraile con acciones de

dragado y poda de las zonas verdes que lo bordean. En consecuencia,

estimó que si los habitantes del callejón El Tunal han sido afectados

por los vertimientos que se realizan en el zanjón de la sub-derivación

7.3 del rio Fraile, no le es atribuible responsabilidad alguna.

Señaló que la “granja avícola” referida en la demanda no le pertenece

comoquiera que su actividad económica consiste en la producción de

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alimento balanceado para aves, no en la cría de éstas, como sí lo

hace la Avícola Pilena.

Mencionó que no arroja residuos sólidos a la fuente hídrica porque

los mismos son recolectados por la empresa de aseo Ciudad Limpia

y llevados al relleno sanitario de Yotoco administrado por Interaseo

del Valle S.A. E.S.P., los residuos sólidos industriales son recibidos

por RH S.A.S., empresa autorizada por la CVC para la gestión integral

de residuos peligrosos a través de la incineración y valorización

energética, y los residuos sólidos aprovechables se venden en

Comercializadora La 32 para su posterior reciclaje.

Aseveró que no le consta si las autoridades públicas demandadas han

omitido su deber de dar respuesta a las peticiones de los

demandantes y que, en todo caso, se trata de una conducta que

escapa a sus deberes legales.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en

cuanto buscan la declaración de su responsabilidad por vulneración

de derechos colectivos, pues no realiza vertimientos en el Río Fraile

y, por lo tanto, no ha incurrido en conductas que afecten el medio

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ambiente; y señaló que la acción popular no procede para obtener el

amparo de derechos fundamentales.

Agregó que no tiene a su cargo efectuar las obras civiles de

construcción, tales como “entamborar” el zanjón ni está obligada a

prestar los servicios públicos de aseo y alcantarillado y que, por ello,

las medidas que se lleguen a tomar en el fallo no deben vincularla,

sino a las empresas y autoridades públicas que hayan incumplido sus

deberes legales en materia de permisos de vertimientos y adecuada

prestación de servicios públicos.

Concluyó que, en términos generales, no se opone a la protección de

los derechos colectivos de la comunidad demandante, pero reiteró

que la empresa no es responsable de vulneración alguna.

En virtud de lo anterior, propuso las siguientes excepciones de falta

de legitimación en la causa por pasiva, “Pollos El Bucanero no ha

vulnerado ni amenazado los derechos colectivos referidos en la

acción popular” y “excepción genérica”.

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I.4.5. GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A.

Aseveró que no le constan los hechos de la demanda en cuanto a las

características del río, la ubicación en coordenadas, las obligaciones

de la CVC, la densidad poblacional de la zona, las características de

sus habitantes o las presuntas afectaciones que han padecido, la

ubicación de las empresas cercanas a determinada sub derivación del

río Fraile o a vertimientos en la misma y a las omisiones de las

autoridades en dar contestación a las peticiones de los ciudadanos.

Aseguró que es respetuosa y cumplidora de la normativa ambiental

y que no ha sido mencionada en los hechos de la demanda.

Sostuvo que los argumentos de la demanda son, en realidad,

conclusiones subjetivas de la parte actora y que no le consta si los

habitantes de la zona han sufrido perjuicios en relación con sus

viviendas por invasión del zanjón del río Fraile.

Alegó que para determinar si se encuentra afectado el derecho

colectivo al medio ambiente es necesario practicar una prueba

especialísima; que los demandantes mencionaron un estudio que no

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fue desarrollado en la zona ni con las circunstancias narradas en los

hechos, el cual no puede ser aplicado en forma analógica.

Manifestó que siempre estará en disposición de atender las

recomendaciones de las autoridades y cumplir la normativa

ambiental, pero se opuso a las pretensiones de la demanda por

estimar que carecen de sustento jurídico y probatorio y formuló las

excepciones de mérito que denominó:

.- “ACTIVIDAD EMPRESARIAL CONSTITUCIONALMENTE

AMPARADA”. Indicó que desarrolla su actividad económica de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la Carta Política y

que la misma no puede ser coartada, menos aún si se tiene en cuenta

que nunca ha tenido intención de menoscabar los derechos de los

pobladores del MUNICIPIO, zona industrial y vivienda familiar del

corregimiento de El Carmelo, en los callejones El Tunal y Águila Roja,

sino que ha cumplido con todos los requisitos legales que le impone

su actuar empresarial. Para el efecto, trajo a colación la Sentencia C-

263 de 2011 de la Corte Constitucional relacionada con las libertades

económicas.

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-. “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR PARTE DE GARCÍA

GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. Dijo que para poder ejercer su

actividad agropecuaria ha solicitado los permisos de vertimientos y

aguas subterráneas ante la CVC y que el primero de ellos lo obtuvo

desde el año 2011 mediante Resolución 0720 N°0721-00148 de

2011, permiso que fue renovado a través de un plan de cumplimiento

en el año 2018, el cual le ha significado una inversión de casi

doscientos setenta millones de pesos ($270.000.000 COP).

Informó que el día 11 de marzo de 2021 la CVC practicó visita ocular

para continuar con el trámite y, a la fecha, se encuentra a la espera

de un nuevo permiso y, en cuanto a la utilización de aguas

subterráneas, adujo que la autoridad ambiental en comento le

concedió licencia de aprovechamiento por el tiempo útil del pozo,

frente a lo cual ha pagado las correspondientes tasas.

Agregó que ha dado cumplimiento a las normas de ordenamiento

territorial del MUNICIPIO, pues obtuvo el permiso de uso de suelos

que la habilita para desarrollar la actividad empresarial de la granja

“La Esperanza” a la luz de lo dispuesto en el Plan Básico de

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Ordenamiento Territorial -PBOT, todo lo cual evidencia que no ha

vulnerado derechos colectivos.

-. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Fundamentó esta excepción en lo afirmado en precedencia, esto es,

en el hecho de que ha cumplido con la normativa ambiental

correspondiente al desarrollo de su actividad económica y alegó que

los hallazgos de la visita técnica practicada por la CVC a la zona

afectada, a saber: la presencia de colchones, llantas, tubería de

descarga proveniente de las casas viviendas y un sinnúmero de

situaciones anómalas, no le son imputables.

-. “INEXISTENCIA DE PRUEBAS PARA DECLARAR LA

RESPONSABILIDAD DE GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES

S.A.”. Argumentó que los demandantes no cumplieron con el deber

de la carga probatoria para solicitar la privación de su desarrollo

empresarial y trajo a colación la sentencia SP7436-2016 del 1o. de

junio de 2016, en la que Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

dispuso casar la sentencia condenatoria por el punible de

contaminación ambiental, porque no existió dentro del proceso

prueba idónea tendiente a medir las cantidades o la concentración

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de las sustancias contaminantes emitidas y vertidas al ambiente y

porque ninguna prueba aportada al proceso estableció que

sobrepasaba los límites del riesgo legalmente admisible. En tal

sentido, aseveró que las pretensiones de la demanda no tienen

vocación de prosperidad.

-. “HECHO DE UN TERCERO”. Sostuvo que la posible

contaminación de las aguas mencionadas en la demanda pueden ser

consecuencia de las descargas de aguas servidas que hacen las

viviendas de la zona y otras empresas, y llamó la atención sobre el

hecho de que en el libelo petitorio no se menciona a los habitantes

infractores como terceros responsables de la vulneración alegada.

-. “LEGALIDAD DE LOS VERTIMIENTOS EN COLOMBIA”.

Manifestó que los vertimientos en Colombia están regulados y

permitidos, entre otras disposiciones, por la Resolución 0631 de

2015, los Decretos 1594 de 26 de junio de 198416 y 3930 de 25 de

16“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.”

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octubre de 201017 y la Ley 1955 de 25 de mayo de 201918, bajo la

supervisión y autorización de los entes de control pertinentes, tal

como ha ocurrido en su caso concreto al obtener los permisos propios

por parte de la CVC.

Informó que antes de realizar los vertimientos que le han sido

autorizados, los residuos pasan por un proceso de tratamiento de las

aguas que incluye, entre otros elementos, 2 tanques agitadores, 2

bombas estercoleras, tuberías de conducción interna, equipos

separadores de sólidos, mallas milimétricas horizontales y verticales

que separan líquidos, lechos de secado para empacar sólidos que

finalmente son despachados para ser usados como abono orgánico y

5 biodigestores.

Agregó que después de surtido el citado proceso, se hacen

caracterizaciones periódicas de vertimientos para constatar que los

vertimientos estén dentro de los rangos permitidos en la Resolución

17 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”.
18 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”.

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0631 de 2015, razón adicional para concluir que su actividad

económica no puede ser obstruida.

.- “BUENA FE DE LA SOCIEDAD ACCIONADA”. Se refirió a lo

dispuesto en los artículos 83 de la Constitución Política de Colombia,

según el cual el principio de buena fe debe inspirar las actuaciones

de los particulares y las autoridades públicas, y 835 del Código de

Comercio que establece la presunción de buena fe, para reiterar que

siempre ha estado dispuesta a prestar la colaboración y asumir las

recomendaciones del caso sin intención de causar daño y menos aún

de violar derechos colectivos que afecten a los habitantes de la

periferia o vecinos del lugar.

I.4.6. EMCANDELARIA aseveró que no le constan los hechos

aducidos en la demanda, pero aclaró que la alcantarilla de 36

pulgadas referida por los demandantes no corresponde a una

descarga de alcantarillado de aguas residuales sino a un conducto

relativamente corto que permite cruzar aguas lluvias de un costado

a otro, por debajo de la vía pública.

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Manifestó que es una empresa prestadora de los servicios públicos

de acueducto y alcantarillado sanitario, descentralizada del orden

municipal con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio

propio y que su margen de acción está delimitado por el perímetro

sanitario, los Planes Maestros de Alcantarillado y los Planes de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV.

Alegó que el mantenimiento del zanjón sub-derivación 7.3 del río

Fraile no es su competencia; que no es la que ha depositado residuos

sólidos y líquidos en el mismo; y que la disposición final la realiza en

un único punto de descarga, esto es, en el pozo de bombeo dentro

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR conocida

como lagunas de oxidación.

Solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la

demanda por estimar que no ha incurrido en acciones u omisiones

lesivas de los derechos colectivos invocados como violados; que

dentro de sus competencias no se encuentra el realizar las acciones

solicitadas por la parte actora y que la empresa CANDEASEO es la

encargada de recolectar los residuos sólidos producidos por los

hogares del sector presuntamente afectado.

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Indicó que el área descrita en la demanda está fuera del perímetro

sanitario donde presta el servicio público de alcantarillado; que el

Plan Maestro del año 2017 no prevé la realización de construcciones

de redes de alcantarillado en dicha zona, como puede observarse a

folio 8 del mapa figura 3 Zona de expansión en el corregimiento de

San Joaquín y el Carmelo; y que en el PSMV aprobado por la CVC no

se hizo referencia a problema alguno en materia de vertimientos que

le sea atribuible.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 5 de agosto

de 2021, la cual se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio entre

las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

EL TRIBUNAL, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,

dispuso la protección de los derechos colectivos al goce de un

ambiente sano y saneamiento básico de la comunidad circundante a

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los callejones el Tunal y Águila Roja próximos a la sub derivada 7.3

del río Fraile, en el corregimiento el Carmelo del MUNICIPIO, de la

siguiente manera:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano y el saneamiento básico que la comunidad del
Corregimiento el Carmelo del Municipio Candelaria.

SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca CVC que, en el marco del respeto al debido proceso,
culmine las acciones administrativas necesarias para hacer cesar la
vulneración de los derechos que se advirtió en este proceso, e inicie
los procedimientos que se requieran para imponer medidas
administrativas que permitan reparar el daño causado por los
particulares que resulten sancionados al interior de esos procesos.
Para el efecto se le otorgará un plazo inicial de seis meses,
finalizado el cual deberá emitir un informe, sin perjuicio que se
pueda iniciar incidentes de desacato al fallo una vez vencido ese
término.

TERCERO: ORDENAR que, inmediatamente notificada la sentencia,
se conforme un comité administrativo y técnico integrado por
funcionarios de la CVC, el Municipio de Candelaria y
EMCANDELARIA E.S.P. cuyo fin serán que en el plazo de seis
meses, realice acciones de coordinación y articulación para:
El análisis de los informes semestrales y evaluación del
cumplimiento de la resolución 0100 No. 0660-0713 de 18 de
octubre del 2012 que aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos al corregimiento El Carmelo del Municipio de
Candelaria.
El seguimiento del Plan Maestro de Alcantarillado y Optimización
PTAR del corregimiento el Carmelo presentado por la Alcaldía de
Candelaria ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para
el diagnóstico, evaluación, y formulación de propuestas de
optimización del sistema actual de alcantarillado.
La evaluación de la ejecución del convenio interadministrativo de
apoyo, de 7 de julio del 2021 suscrito entre la Corporación
Autónoma Regional de Occidente CVC y el Municipio de Candelaria.
La evaluación técnica de la pertinencia de la ejecución de obras
civiles orientada entamborar tramos de los callejones El Tunal y

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Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo del Municipio de
Candelaria –Valle del Cauca.
Cumplido el plazo se presentará al Tribunal un informe conjunto al
respecto.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Candelaria y EMCANDELARIA
que antes de finalizar el año 2022 y con base en las conclusiones
del comité dispuesto en el numeral anterior, el Municipio de
Candelaria y EMCANDELARIA, bajo las directrices y mandatos que
emita la CVC como autoridad ambiental, formule un plan específico
que les permita, dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria
este fallo, hacer cesar la vulneración del derecho colectivo al
saneamiento básico del Corregimiento El Carmelo.

CUARTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento
de la sentencia, integrado por el alcalde del Municipio de
Candelaria, el gerente de EMCANDELARIA, el Director de la CVC y
la Procuraduría Ambiental, que semestralmente rendirá un informe
sobre las gestiones adelantadas y demás labores programadas y
ejecutadas a raíz de los hechos materia de este proceso.

QUINTO: DENEGAR las pretensiones contra CANDEASEO, el
DEPARTAMENTO DEL VALLE y los particulares vinculados, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: ABSTENERSE de declarar la responsabilidad de los
particulares involucrados al interior de este proceso constitucional
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”.

Como fundamento de la anterior decisión, el Tribunal se refirió a la

naturaleza y finalidad de las acciones populares y precisó que los

problemas jurídicos a resolver son:

“[…] ¿Las actividades domésticas y productivas realizadas por los
habitantes y empresas privadas circundantes a los callejones el
Tunal y Águila Roja próximos a la sub derivada 7.3 del Río Fraile,
Corregimiento el Carmelo, Municipio Candelaria, amenazan o
violan los derechos colectivos invocados? ¿Las entidades públicas
CVC, Municipio de Candelaria, Candeaseo y Emcandelaria,

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amenazan o violan los derechos colectivos precitados a raíz de esos
hechos? […]”.

Discurrió a lo largo de la normativa supranacional19, relativa a la

protección del medio ambiente como bien jurídico de la humanidad,

así como de las disposiciones de derecho interno, tales como la

Constitución, el Decreto 2811 de 1974 y las Leyes 99 y 1333, entre

otras.

Resaltó que los vertimientos están regulados en la Resolución 0631

de 2015, el Decreto 3930 de 2010, el Decreto 1594 de 1984 y la Ley

1955 de 2019 y que a la autoridad ambiental le corresponde la

supervisión y control pertinentes, para evitar la vulneración o

garantizar la protección del derecho colectivo al saneamiento básico

y al acceso a los servicios públicos, el cual, a la luz de lo precisado

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 tiene las

connotaciones de derecho fundamental, en tanto guarda relación con

el principio de dignidad humana, como de servicio público domiciliario

de acueducto y alcantarillado, que también es indispensable para

19 Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la
Declaración de Río y la resolución 45 de 1994 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas; el Protocolo de Montreal, el protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas y el Acuerdo de Copenhague de 2009.
20 Corte Constitucional, T-012 del 2019.

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garantizar la dignidad humana a cuya garantía deben concurrir las

entidades territoriales, incluida la Nación, a través del Sistema

General de Participaciones (SGP), en aras de apoyar el

financiamiento de los servicios públicos a cargo de los departamentos

o municipios.

Encontró que en virtud del PSMV para los corregimientos de San

Joaquín y El Carmelo del MUNICIPIO aprobado por la CVC, para la

ejecución de proyectos y actividades, cronograma e inversiones

previstas para los años 2013 a 2022, EMCANDELARIA y el ente

territorial deben presentar informes semestrales de avance de

actividades de reducción de carga contaminante; que mediante la

denominada “Resolución 0100 No. 600-0176”, la CVC reglamentó en

forma general el uso de las aguas de la cuenca del río Fraile y que el

MUNICIPIO tiene un Plan Maestro de Alcantarillado y una PTAR, que

incluye a los citados corregimientos entre sus propuestas de

optimización del servicio.

Señaló que a partir del esquema de análisis, actividad económica,

abastecimiento de agua, residuos, permisos y otros factores de cada

una de empresas aledaños a la sub-derivada 7.3 río Frayle, en

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materia de vertimientos, se evidenció que: i) el Grupo Pregio no

cumple con la normativa ambiental relativa a la disposición de

residuos sólidos, vertimientos líquidos y manejo de Aceite de Cocina

Usado; ii) Pollos Bucaneros NO REQUIERE permiso alguno por

parte de la CVC porque no realiza vertimientos sobre aguas

superficiales, pues no arroja sus residuos al desagüe, sino que se

almacenan y se entregan a una empresa autorizada para su manejo

y disposición final; iii) La porcícola Granja La Esperanza García

Gómez se abastece de agua subterránea mediante el pozo VCN –

556, el cual se encuentra legalizado, pero le fue negado el permiso

de vertimientos mediante Resolución abril del 2021; iv)

Agroinversor es S.A. tiene licencia de aprovechamiento por el

tiempo útil del pozo, concedida por la CVC; v) Avícola Pilena Ciclo se

abastece del pozo ubicado en el KM 9 vía Cali- candelaria callejón el

tunal y fue requerida por la CVC para que inicie el trámite de permiso

de vertimientos.

Indicó que durante el curso del proceso de la acción popular decretó

una medida cautelar, en atención a la cual la citada autoridad

ambiental informó que el zanjón de la sub - derivación 7.3 del río

Fraile, no es una fuente de agua natural sino una estructura artificial

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que recibe descargas de aguas lluvias, Aguas Residuales Domésticas

(ARD) y no Domésticas (ARND) y dio cuenta de los vertimientos

hechos en dicho zanjón por diversas empresas y familias habitantes

del sector, así como de las medidas, procedimientos y obligaciones

impuestas en los casos irregulares tanto a los particulares como al

MUNICIPIO.

Agregó que la CVC también informó, mediante oficio No. 0721-

359392021 de 29 de abril de 2021, que el MUNICIPIO no cumplió

con las actividades previstas en el PSMV para los años 2018 a 2020,

pues no presentó los informes de avance de las obras, la reducción

de las cargas contaminantes, ni realizó la caracterización de las

aguas residuales del efluente de la PTAR, razón por la cual la

autoridad ambiental lo requirió, entre otras cosas, para que efectuara

el mantenimiento al sistema y los alrededores de la planta de

tratamiento y de las lagunas, so pena de iniciar procesos

sancionatorios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333.

Estimó que de las pruebas allegadas al proceso se evidenció que los

callejones el Tunal y Águila Roja, del Corregimiento el Carmelo del

MUNICIPIO, circundantes a la sub derivada 7.3 del río Frayle,

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reciben residuos sólidos y líquidos provenientes de cuatro familias

residentes y varias empresas que no cumplen con la normativa

ambiental, tales como el Grupo Pregio, la Granja Porcicola la

Esmeralda y la Avícola Pilena todo lo cual constituye un foco de

contaminación que causa daño grave el medio ambiente y una

violación al derecho colectivo a un ambiente sano.

Mencionó que a la luz de las disposiciones de la Ley 99, a las

entidades territoriales les corresponde, en coordinación con las

Corporaciones Autónomas Regionales, propender por el desarrollo

sostenible, para lo cual debe diseñar y ejecutar las políticas, planes

y programas necesarios para el permanente y oportuno control de

las actuaciones que ponen en peligro el derecho colectivo a un

ambiente sano y que, en todo caso, la CVC tiene el deber legal de

adelantar oportuna y diligentemente las actuaciones administrativas

para tramitar las solicitudes de permiso, adoptar medidas cautelares

de protección, y sancionar las infracciones.

Aseguró que, en el caso examinado, la autoridad ambiental ha

cumplido en forma parcial con sus obligaciones, en la medida en que

ha ejecutado acciones preventivas para hacer cesar la vulneración,

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pero ha dejado vencer varios planes que imponían acciones de

prevención que no se han ejecutado, por lo cual debe culminar las

actuaciones administrativas necesarias para hacer cesar la

vulneración de los derechos. Precisó que no hay lugar a imponerle

órdenes a los particulares en esta oportunidad porque ello le

corresponde a la CVC.

En relación con el derecho colectivo al saneamiento básico y el acceso

a los servicios públicos señaló que el Barrio Renacer del

Corregimiento de El Carmelo no cuenta con el servicio público de

acueducto y alcantarillado y que aun cuando el MUNICIPIO

presentó un Plan Maestro de Alcantarillado ante el Ministerio de

Vivienda, no existe evidencia del avance en las fases de ese plan, por

lo cual le ordenó al ente territorial, en coordinación con

EMCANDELARIA, garantizar el acceso de la comunidad al servicio,

en virtud de lo ordenado en los artículos 209, 311, 366 y 367 de la

Constitución Política y los artículos 76 de la Ley 715 de 21 de

diciembre de 200121 y 7o. y 8o. de la Ley 142 de 11 de julio de 199422.

21 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”.
22 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones”.

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Llamó la atención sobre el hecho de que al finalizar el año 2021 no

existió una expectativa seria y fundada de ejecutar una

infraestructura pública que garantice los servicios públicos esenciales

de esta población y arguyó que las cuatro viviendas del Callejón el

Tunal, Corregimiento el Carmelo, están ubicadas en un sector que no

se permite para uso residencial, lo cual debe ser resuelto por el

MUNICIPIO.

III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- EMCANDELARIA solicitó que se modifique la sentencia de

primera instancia en lo que tiene que ver con las obligaciones que le

fueron impuestas, por los siguientes argumentos:

Que no le asiste razón al a quo cuando afirma que el servicio público

de acueducto y alcantarillado no se ha prestado en la comunidad El

Carmelo, pues la Resolución 0100 No. 0660-071323, proferida por la

CVC, da cuenta de que dicho servicio público sí se presta en una

cobertura del 99.2%.

23 “Por medio de la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los

Corregimientos de San Joaquín y El Carmelo – Municipio de Candelaria”.

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Que el Perímetro Sanitario en el Corregimiento El Carmelo, va hasta

donde existen Redes de Alcantarillado en funcionamiento y que la

comunidad referida en la demanda se encuentra por fuera de dicho

perímetro, cuyo límite es el extremo oriental a lo largo del callejón

Águila Roja.

Que el Tribunal no hizo mención alguna de conductas que vulneren

los derechos colectivos invocados por los demandantes que le

resulten atribuibles, pues no se demostró que realiza vertimientos en

la Derivada 7.3, hecho que encuentra sustento, además, en el PSMV,

aprobado por la CVC.

Que la sentencia impugnada indica claramente que la autoridad

encargada de solucionar el problema de los asentamientos indebidos

en Callejón el Tunal- Corregimiento el Carmelo, es el MUNICIPIO.

Con fundamento en lo anterior, solicitó modificar parcialmente los

numerales 1°, 2°, 3° y 4° del fallo de primera instancia, en el sentido

que se declare que no ha vulnerado el derecho colectivo al

saneamiento básico de la comunidad de El Carmelo y se le excluya

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del Comité administrativo y técnico, del plan específico y del Comité

de verificación.

III. 2.- La CVC solicitó que se revoque el numeral segundo de la

parte resolutiva que le otorgó el plazo de seis (6) meses para

“[…]culminar las acciones administrativas necesarias para hacer

cesar la vulneración de los derechos que se advirtió en este proceso,

e inicie los procedimientos que se requieran para imponer medidas

administrativas que permitan reparar el daño causado por los

particulares que resulten sancionados al interior de esos procesos

[…]”.

A su juicio, el plazo en comento contiene un yerro factico involuntario

comoquiera que dentro del mismo deben cumplirse las siguientes

órdenes: i) culminar acciones administrativas; e ii) iniciar

procedimientos que se requieran para imponer medidas

administrativas. Al respecto, aclaró que si bien es cierto dichas

actividades corresponden al giro ordinario de las funciones asignadas

por las Leyes 99 y 1333 y demás decretos complementarios del

sector ambiental, también lo es que llevan implícitos derechos

fundamentales, garantías constitucionales, garantías procesales en

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favor de los administrados, tales como el debido proceso, el derecho

de defensa, la etapa indagación preliminar, entre otros, que no puede

desconocer, vulnerar, cercenar restringir o disminuir, so pretexto de

cumplir la orden judicial dentro del plazo mencionado.

Precisó que la indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la

Ley 1333 tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,

determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha

actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad,

etapa que debe surtirse durante el término máximo de seis (6) meses

y culmina ya sea con el archivo definitivo o con auto de apertura de

la investigación; que durante ese lapso se pueden realizar diligencias

administrativas tales como visitas técnicas, toma de muestras,

exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc, todas

las cuales deben ser notificadas a los investigados con la concesión

de oportunidades para ejercer la defensa, que se otorgan en días

hábiles.

Señaló que, en dichas circunstancias, el término de seis (6) meses

impuesto por el a quo para cumplir las órdenes dadas en el fallo

impugnado resulta insuficiente, pues de la literalidad de la norma se

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advierte que el procedimiento sancionatorio puede abarcar un plazo

superior.

Alegó que la jurisprudencia del Consejo de Estado24 ha señalado que

el respeto al derecho fundamental al debido proceso le impone a

quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa la

obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento

previamente establecido en la ley o en los reglamentos y que ello es

razón adicional para estimar que el derecho fundamental de los

administrados no puede sujetarse a un término judicial de seis

meses.

III. 3.- El MUNICIPIO adujo que en el expediente obran pruebas

que demuestran una serie actividades ha desplegado al igual que la

CVC, a partir de las cuales se puede concluir que los hechos que

dieron origen a la acción popular fueron superados y, por tanto,

carece actualmente de objeto; asimismo, se comprobó que ha

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero

ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E), expediente núm. 05001-23-31-000-2000-02324-
01

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cumplido con su obligación de proteger el derecho colectivo al goce

de un ambiente sano de la comunidad señalada en la demanda.

Trajo a colación un Oficio suscrito por el abogado Milton Posos Solarte

dirigido a la magistrada conductora del proceso y solicitó tener en

cuenta los argumentos presentados por dicho profesional del derecho

contra el fallo de primera instancia, en el sentido de que el

corregimiento El Carmelo sí cuenta con saneamiento básico en su

centro poblado urbano, definido en el PBOT (Acuerdo 02 del 29 de

enero de 2015, Plano G — 03 "Sistema de Asentamientos") y tiene

delimitada el área de prestación de los servicios públicos; que la CVC

aprobó el PSMV correspondiente a los corregimientos de San Joaquín

y El Carmelo mediante Resolución núm. 0100 No. 0660-0713 de

2012, en la que consta la existencia de un sistema de alcantarillado

con una cobertura del 99.2 % y una estación de bombeo y una PTAR;

que el prestador de los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado del centro poblado El Carmelo, es EMCANDELARIA,

que opera y mantiene el sistema de alcantarillado del sector.

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Solicitó revocar los numerales tercero y cuarto del fallo impugnado

por estimar que no se ha vulnerado el derecho colectivo al

saneamiento básico en el Corregimiento El Carmelo.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1. Mediante auto de 25 de julio de 2022, el Despacho

sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de EMCANDELARIA, la CVC y el MUNICIPO contra la

sentencia de primera instancia y le advirtió al señor Procurador

Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado

que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 247 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que ingresara el

proceso al despacho para sentencia.

Asimismo, comoquiera que el apoderado del MUNICIPIO con su

recurso de apelación aportó el Oficio núm. 225.10.01.733 de 14 de

diciembre de 2021, a través del cual el Secretario de Infraestructura

y Valorización del ente territorial rindió concepto del fallo apelado, el

cual fue tenido como prueba en esta instancia debido a que respecto

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del mismo se cumplió el presupuesto previsto en el numeral 3 del

artículo 327 del CGP, era del caso correr traslado a las partes para

que alegaran de conclusión, conforme lo ordena el inciso 5o. del

artículo 247 del CPACA.

En consecuencia, se rindieron los siguientes alegatos:

IV.2.- LA CVC reiteró los argumentos expresados en el recurso de

apelación, en el sentido de señalar que el término de seis (6) meses

concedido por el a quo para cumplir las órdenes dadas en el fallo es

insuficiente, en el entendido de que la actuación administrativa

sancionatoria que debe adelantar contra los presuntos infractores de

la ley ambiental contiene etapas que pueden sobrepasar dicho plazo,

razón por la cual, el deber de ajustarse al término concedido en el

fallo impugnado podría, eventualmente, vulnerar los derechos y

garantías procesales de los administrados.

IV.3. La empresa POLLOS EL BUCANERO igualmente reiteró los

argumentos de la contestación de la demanda en el sentido de

solicitar su desvinculación de la parte resolutiva de la sentencia

recurrida por cuanto, a su juicio: i) no arroja ningún tipo de desecho

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líquido ni sólido a la Subderivación 7.3. del Río Fraile; y ii) todos sus

desechos, que en su mayoría son domésticos, son tratados,

desechados en el alcantarillado público o recogido por empresas

especializadas, tratándose de aquellos sólidos.

Hizo hincapié en el hecho de que, debido a que no realiza

vertimientos en el zanjón indicado en la demanda, no le es exigible

obtener permiso de vertimientos, para lo cual había aportado en la

oportunidad procesal pertinente el Oficio núm. 721-622922019 del

26 de agosto de 2019, así como el Informe de Aforo y Caracterización

de las Aguas Residuales del Vertimiento Industrial Elaboración de

Alimento para Animales, realizado por Hidroambiental S.A.S., un

laboratorio acreditado por el IDEAM, entre noviembre de 2020 y

enero de 2021.

Agregó que le ha hecho mantenimiento al mencionado zanjón sin

estar obligada a ello, sino en virtud de un compromiso de

responsabilidad social con la comunidad y con el medio ambiente, de

lo cual aportó fotografías y concluyó que no ha vulnerado derecho

colectivo alguno.

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IV.4. El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA25 manifestó que

aún cuando no apeló el fallo del Tribunal porque el mismo lo exoneró

de responsabilidad en el presente asunto, lo cierto es que insistió en

que no ha vulnerado los derechos colectivos mencionados en la

demanda, razón por la que apoya en su totalidad las consideraciones

del a quo.

Solicitó no ser incluido en la sentencia de segunda instancia, por no

estar incurso en conductas activas u omisivas que lesionen o

amenacen derechos colectivos.

IV.4.- Los demandantes plantearon como problemas jurídicos los

relativos a establecer cuáles son las autoridades competentes para

garantizar los derechos a la vida en condiciones dignas de la

población circundante del río Fraile, concretamente en el sector de El

Tunal, así como las autoridades que deben velar por la protección del

medio ambiente sano en la misma área, en el sentido de mitigar los

malos olores que afectan a la comunidad. Igualmente resaltan que

es necesario determinar si tienen derecho a una red de alcantarillado.

25 En adelante el Departamento.

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Refirieron que según informe de visita emanado de la Secretaría del

Medio Ambiente de Candelaria se evidenció la existencia de las aguas

residuales en el zanjón mencionado en la demanda y la percepción

de malos olores e hicieron alusión al auto por medio del cual se

decretaron medidas cautelares dentro del presente proceso, en

virtud del cual se le ordenó al MUNICIPIO y a la CVC,

respectivamente, adoptar un programa de remoción periódica de

residuos sólidos e iniciar las acciones administrativas de vigilancia y

control de vertimientos, para señalar que dichas medidas no fueron

acatadas oportunamente por la autoridades requeridas.

Insistieron en que, debido a las labores de limpieza, el zanjón se ha

ensanchado a tal punto que la vivienda número 5, con folio de

matrícula inmobiliaria 378-97340, se encuentra a sólo dos metros del

mismo y aseguraron que hasta este momento procesal ninguna de

las autoridades demandadas han demostrado efectivamente el

cumplimiento de sus obligaciones legales en relación con la garantía

y protección de los derechos colectivos que se aducen como

vulnerados, a lo cual deben concurrir en virtud del principio de

colaboración.

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Solicitaron confirmar el fallo impugnado.

VI.5.- EMCANDELARIA reiteró los argumentos expuestos en el

recurso de apelación, en el sentido de señalar que está demostrado

que la comunidad de El Carmelo cuenta con una cobertura del 99.2%

del servicio público de alcantarillado, lo cual no fue objetado por la

parte actora; que el plan maestro no prevé obras de construcción de

redes de este servicio para la comunidad demandante que está por

fuera del perímetro sanitario; que no realiza vertimientos en el

zanjón 7.3 y que carece de competencia para resolver el problema

de los asentamientos humanos que padecen inundación, por lo cual

solicitó ser excluida de las obligaciones impuestas en el fallo

impugnado.

V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

EL PROCURADOR QUINTO DELEGADO ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO advirtió que la problemática ambiental descrita por los

demandantes está determinada por el vertimiento de residuos

sólidos y líquidos en el zanjón de la subderivación 7.3 del río Fraile,

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lo cual genera fuertes impactos ambientales, olores y contaminación

atmosférica; que los apelantes insisten en que la comunidad afectada

cuenta con saneamiento básico en su centro poblado urbano, con

cobertura del servicio de alcantarillado de 99.2%., pero no

desconocen que la misma zona carece de una red de alcantarillado.

Mencionó que las pruebas allegadas al proceso acreditan que el

denominado zanjón de la sub-derivación 7-3 del río Fraile, recibe

descargas de aguas lluvias, aguas residuales domésticas (ARD) y no

domésticas (ARND) y que la CVC afirmó que sí hay vertimientos con

o sin permiso y dio cuenta de la situación de cuatro viviendas, lo cual

debe ser asumido por el MUNICIPIO en materia de reubicación.

Compartió las consideraciones del a quo en relación con la invitación

hecha al MUNICIPIO y EMCANDELARIA para trabajar de forma

coordinada y armónica, dentro de las directrices y mandatos que para

el efecto imparta la CVC para garantizarle a la comunidad accionante

el derecho colectivo al saneamiento básico y el acceso a los servicios

públicos.

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Finalmente, señaló que aún cuando los procesos sancionatorios

deben surtirse en la forma y dentro de los términos legales, lo cierto

es que el plazo concedido por el Tribunal a la CVC, es: i) para

culminar las acciones administrativas necesarias para hacer cesar la

vulneración de los derechos, y para ii) iniciar los procedimientos que

se requieran para imponer medidas administrativas que permitan

reparar el daño causado por los particulares que resulten

sancionados al interior de esos procesos, es decir, que, contrario a lo

entendido por la autoridad ambiental apelante, el fallador no está

exigiendo agotar todos los trámites y procedimientos en este lapso,

como lo entendió la demandada.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

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de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Caso concreto

En el presente asunto, los demandantes alegaron que la comunidad

ubicada en la sub derivación 7.3 del Río Fraile26, que desemboca en

el MUNICIPIO, en la zona industrial y de vivienda familiar del

corregimiento El Carmelo, en los callejones El Tunal y Águila Roja, se

encuentra afectada por las siguientes situaciones: i) La presencia de

olores nauseabundos y vectores producidos, presuntamente, por

vertimientos provenientes de actividades industriales y domésticas;

ii) el ensanchamiento del zanjón, hasta el punto de invadir algunas

viviendas de la zona y iii) la ausencia de una red de alcantarillado,

todo lo cual, a su juicio, vulnera, además de los derechos

fundamentales a la vida en condiciones dignas y la salud, los

derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el saneamiento

ambiental, la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de

26 Referido también como “el zanjón”.

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servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los

servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

Aseveraron que el MUNICIPIO, EMCANDELARIA, la CVC y el

DEPARTAMENTO son responsables de la violación de los citados

derechos colectivos por no ejercer las competencias que la ley les

asigna en materia de vigilancia y control de vertimientos frente a las

empresas que desarrollan actividades industriales en la zona,

quienes también son parte demandada, y la deficiente o nula

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

El Tribunal concedió el amparo solicitado pues encontró evidente la

vulneración de los derechos colectivos invocados e impuso

obligaciones específicas tanto al MUNICIPIO como a

EMCANDELARIA y la CVC con miras a poner fin a la problemática

ambiental que afecta a la comunidad, pero exoneró a CANDEASEO

y al DEPARTAMENTO y se abstuvo de analizar la responsabilidad de

los particulares señalados de realizar vertimientos ilegales en

atención a que CVC es la que debe ejercer el control sobre los

mismos en relación con los impactos ambientales de su actividad

económica.

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Dentro de las medidas u órdenes dadas por el a quo a los

demandados, la Sala destaca las siguientes, relacionadas con los

motivos de impugnación:

a.- A la CVC le ordenó iniciar los procedimientos que se requieran

para imponer medidas administrativas que permitan reparar el daño

causado por los particulares que resulten sancionados al interior de

esos procesos, para lo cual le concedió un plazo inicial de seis meses.

b.- A la misma autoridad, en coordinación con el Municipio y

EMCANDELARIA les ordenó: i) realizar el análisis de los informes

semestrales y evaluación del cumplimiento de la Resolución núm.

0100 No. 0660-0713 del 18 de octubre del 2012 que aprobó el PSMV

al corregimiento El Carmelo; ii) el seguimiento del Plan Maestro de

Alcantarillado y Optimación de la PTAR del corregimiento el Carmelo

presentado por la Alcaldía de Candelaria ante el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio, para el diagnóstico, evaluación, y

formulación de propuestas de optimización del sistema actual de

alcantarillado; y iii) la evaluación de la ejecución del convenio

interadministrativo de apoyo, de 7 de julio del 2021 suscrito entre la

CVC y el MUNICIPIO y la evaluación técnica de la pertinencia de la

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ejecución de obras civiles orientada entamborar tramos de los

callejones El Tunal y Águila Roja del Corregimiento de El Carmelo .

c.- Al MUNICIPIO y EMCANDELARIA formular un plan específico

que les permita, dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria

este fallo, hacer cesar la vulneración del derecho colectivo al

saneamiento básico del Corregimiento El Carmelo.

La anterior decisión fue recurrida por las entidades obligadas en los

siguientes términos: i) la CVC, con el propósito de que se modifique

el plazo de seis meses concedido en el numeral segundo de la parte

resolutiva del fallo apelado, por estimar que resulta insuficiente para

agotar todas las etapas del proceso administrativo sancionatorio

ambiental previsto en la Ley 1333; ii) el MUNICIPIO argumentó

que está demostrado que, al igual que la CVC, ha adelantado

acciones suficientes para poner fin a la problemática ambiental; y iii)

EMCANDELARIA solicitó ser desvinculada de la parte resolutiva

porque estima que su obligación de prestar el servicio público de

alcantarillado llega hasta donde existen las redes construidas y que

la comunidad descrita en la demanda se encuentra por fuera del

perímetro, además, porque en la actualidad garantiza una cobertura

del 99.2% en cuanto a la prestación del mencionado servicio público.

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Con fundamento en lo anterior, la Sala resolverá los siguientes

problemas jurídicos:

1.- Si los habitantes del corregimiento EL CARMELO, ubicados en

callejón El Tunal contiguo a la sub derivación 7.3 del Río Fraile han

soportado malos olores y vectores provenientes de vertimientos

industriales y/o domésticos, y si dicha situación se encuentra

superada, como lo afirma el MUNICIPIO recurrente, o si, contrario

a ello, la comunidad padece circunstancias lesivas de sus derechos

colectivos ante la negligencia de las autoridades competentes de

proveer soluciones definitivas;

2.- Si las órdenes impuestas a EMCANDELARIA en la sentencia

apelada implican acciones que están por fuera de sus competencias

en materia de prestación del servicio público de alcantarillado y debe,

por tanto, ser excluida de la parte resolutiva del fallo;

3.- Si el plazo de seis meses concedido a la CVC para que “[…]

culminé las acciones administrativas necesarias para hacer cesar la

vulneración de los derechos que se advirtió en este proceso, e inicie

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los procedimientos que se requieran para imponer medidas

administrativas que permitan reparar el daño causado por los

particulares que resulten sancionados al interior de esos procesos

“[…], es insuficiente y podría vulnerar, eventualmente, los derechos

fundamentales a la defensa y al debido proceso de los investigados.

La Sala procederá al análisis y solución de cada uno de los problemas

jurídicos planteados, en su orden, así:

1.- De las condiciones ambientales padecidas por los

habitantes del corregimiento EL CARMELO, ubicados en

callejón El Tunal contiguo a la sub derivación 7.3 del Río

Fraile, en relación con la presencia de malos olores y vectores,

provenientes de vertimientos industriales y/o domésticos, y

si dicha situación se encuentra o no superada.

A continuación, se relacionan los medios de convicción pertinentes y

conducentes para establecer las condiciones medioambientales de la

comunidad descrita en la demanda, que dieron origen a la presente

acción popular:

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-. A folios 16 y 17 del libelo de demanda27 se observan fotografías del

zanjón o sub derivación 7.3 del Río Fraile cuyas aguas son

visiblemente negras, lodosas y afectadas con residuos sólidos no

identificados a simple vista de la imagen fotográfica.

-. Petición de 5 de junio de 202028, dirigida a las Secretarías de Salud

Pública, de Gestión del Riesgo y de Planeación del Municipio, por

parte de uno de los demandantes, señor Juan Carlos Salinas, a través

de la cual les puso de presente la situación de insalubridad que

representa el mencionado zanjón para la comunidad, en los

siguientes términos:

“[…] Teniendo en cuenta la grave problemática de salubridad y
afectación ambiental ocasionado por el descargue directo de
vertimientos y aguas residuales sobre el zanjón el cual es la
sub derivación 7.3 del río Fraile ubicado en el corregimiento
del Carmelo, Callejón el Tunal, acudimos ante las siguientes
secretarías…
El zanjón viene afectando fehacientemente los ecosistemas vivos y
la salud de las familias especialmente de los niños y ancianos que
habitan en los alrededores y que fácticamente por el abandono y
afectación crónica constituye un presunto y delicado de omisión y/o
negligencia de las instituciones responsables […]
[…] 6. Solicito una solución para los malos olores que todo
el tiempo proviene del zanjón (vertedero) ocasionan
principalmente enfermedades respiratorias […]
Es importante informar que alrededor de este zanjón – (vertedero)
habitan niños y ancianos los cuales se están viendo afectados

27 Visibles en el archivo núm. 36 del expediente digital obrante en Samai.

28 Archivo núm. 37 del expediente digital obrante en Samai.

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gravemente en su salud, dado que este mal ambiente ha
ocasionados enfermedades tales como: intoxicaciones por gases,
bronquitis, asma de primer grado y dengue. Además, se ha creado
un estigma del lugar debido a los malos olores, los vectores y la
visibilidad de las basuras.
[…]
De igual forma me gustaría dejar en claro la urgente
intervención de las entidades competentes, en coordinación
con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA – CVC y el Municipio de Candelaria – Valle del
cauca, para solucionar de fondo este grave problema y gozar de un
ambiente sano […]” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).

-. Petición en la que el actor Juan Carlos Salinas le solicita al Alcalde

del MUNICIPIO29 que adopte una solución definitiva a los problemas

de salud y deterioro ambiental sufridos por la comunidad de El

Carmelo. Para el efecto, le informó que:

“[…] 1. Desde hace 18 años resido en el callejón el Tunal, ubicado
en el corregimiento del Carmelo donde mi vivienda se encuentra
ubicada a menos de dos metros del zanjón […] en el cual se realizan
constantes vertimientos, sólidos y líquidos, que por su nivel freático
están afectando la estructura de mi vivienda de manera
considerable.
2. Veo con gran preocupación la falta de alcantarillado
eficiente que permita el desagüe de las aguas negras y las aguas
lluvias […] adicional a ello desde el tiempo que llevo viviendo en el
lugar tenemos un pozo séptico que a pesar de los
mantenimientos ya no da basto.
[…]
4. La falta de una tubería eficiente, afecta la buena capacidad,
por donde fluyan correctamente las aguas negras, los desechos
sólidos arrojados por las empresas y las aguas lluvias […]
5. Le corresponde al Municipio de Candelaria Valle del
Cauca, a través de su Alcalde Municipal, brindar una
solución de fondo, adecuada al problema, procediendo a

29 Archivo núm. 37 del expediente digital obrante en Samai.

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ordenar los estudios y construcción del alcantarillado […]”
(Las negrillas y subrayas son de la Sala).

-. Oficio núm. 210.10.01.510 de 16 de junio de 202030, suscrito por

la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en Salud de

Candelaria, por medio del cual remitió por competencia a la CVC la

solicitud del peticionario en materia de vertimientos.

-. Oficio núm. 235.10.01.669 de 25 de junio de 202031 por medio del

cual la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana le informa al

peticionario que reenvió su solicitud a la Secretaría del Medio

Ambiente y Desarrollo Económico, por ser la competente.

-. Oficio núm. 0721-279062020 sin fecha, suscrito por la Directora

Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC32,

dirigido al peticionario, por medio del cual le informa que:

“[…] por parte de los funcionarios de la autoridad ambiental se
realizó visita a la casa 5, ubicada sobre la margen izquierda del
zanjón, Callejón El Tunal, Corregimiento el Carmelo, Municipio
Candelaria Valle del Cauca y se logró evidenciar, aguas
servidas que fluyen por el zanjón, malos olores
provenientes del mismo.
Por lo anterior, se programará recorrido por el sector para
identificar las empresas y viviendas que se encuentren disponiendo

30 Archivo núm. 37 del expediente digital obrante en Samai.
31 Archivo núm. 37 del expediente digital obrante en Samai.
32 Archivo núm. 38 del expediente digital obrante en Samai.

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al zanjón y así tomar las medidas que amerite el caso […]”
(Resaltado de la Sala).

-. Oficio núm. 240.10.01.343 de 21 de julio de 2020, suscrito por el

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Económico 33, dirigido a la

Personería Municipal, en el cual se lee:

“[…] En atención a solicitud relacionada con problemática en el
callejón el Tunal del corregimiento del Carmelo por sub derivación
7.3 me permito informar que personal de esta dependencia realizó
visita de inspección del lugar evidenciando situaciones ambientales
de emisión de olores ofensivos y contaminación, ante dicha
situación esta dependencia, mediante Oficio N°240.10.01-337
solicitó al Secretario de Infraestructura estudiar la posibilidad de
entamborar la sub derivación a su paso por el predio de la familia
Salinas, como también mediante Oficio N°240.10.01-339 solicitó a
la Secretaría de Salud Municipal realizar jornada de control a
distintos vectores como zancudos, moscas, roedores entre otros
que pueden afectar la salud de la comunidad del sector […]”.

-. Oficio núm. 210-10-01-708 de 3 de agosto de 202034 en el que la

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en Salud dio respuesta

a la petición del ciudadano Juan Carlos Salinas, de la siguiente

manera:

“[…] En respuesta al numeral 6 del objeto de la petición […] se
informa que la DLS (Dirección Local de salud), el día 31 de julio
del año en curso realizó una visita al sector mencionado en
el oficio, en presencia del peticionario, en la cual se pudo
percibir olores ofensivos ocasionados por el vertimiento de
una granja avícola relativamente cercana al sector, además de

33 Archivo núm. 38 del expediente digital obrante en Samai.
34 Archivo núm. 38 del expediente digital obrante en Samai.

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costales con desperdicios producto de la actividad comercial antes
mencionada. Adicional a ello, y como soporte de la posible relación
que puede existir entre el impacto en la calidad de vida y/o
complicación en enfermedades respiratorias existentes en los
individuos debido a la mala calidad del aire (emisiones atmosféricas
por olores ofensivos en este caso), durante el recorrido se
realizaron 5 encuestas de evaluación de impactos de los olores
ofensivos en la salud y la calidad de vida, escogidas aleatoriamente
en dicho callejón, en aquellas viviendas consideradas más cercanas
al zanjón. Cabe mencionar que dichas encuestas se realizaron en
presencia del peticionario.
El consolidado de las encuestas arrojó el siguiente informe:
• Percepción del impacto del olor en la salud:
Las personas refieren que los olores ofensivos son perjudiciales
para la salud, que afecta principalmente a los grupos de edad
(menores de 14 años y adultos mayores de 60 años), y que ante
la exposición de olores ofensivos, cierran las puertas, utilizan
tapaboca y velas aromatizantes.
• Percepción del olor ofensivo:
La comunidad percibe el olor con una clasificación
“desagradable”, con una frecuencia “diaria”, de intensidad
“fuerte”, con una duración prolongada incluso mayor a “12 horas”.
• Percepción del impacto a la salud y calidad de vida:
Frente a la exposición de los olores ofensivos en cuestión, la
comunidad refiere que afecta su estado de ánimo generando
“estrés”, “mal humor”; algunos individuos a diario presentan
“picazón en la nariz”, “jaqueca” y pocas veces “dificultad para
respirar”, “tos” y “dolor de garganta”.
En resumen, se evidencia que la exposición a los olores
ofensivos genera en la comunidad malestar, incomodidad
que de cierto modo se relaciona con un impacto en la calidad
de vida, además se presume que en algún momento, podría haber
relación con complicaciones de algunas patologías de base que
presentan algunos individuos, como asma; por lo tanto, es de
resorte de otras institucionales como la CVC, realizar el respectivo
control a los vertimientos que se están derramando en dicho zanjón
producto de las actividades realizadas en las empresas aledañas,
las cuales ellos identifiquen, tal y como usted lo ha solicitado en la
petición a dicha entidad, con el fin de erradicar la problemática.
De otra parte, aclaro que el vector transmisor del virus del dengue
no se produce en este tipo de aguas (aguas negras, residuales) […]
En respuesta al numeral 9 de la petición: […] Dado que en el
recorrido se pudo observar factores de riesgo (escombros,
maleza, desperdicios, provenientes de granja avícola), que
pueden facilitar la reproducción o proliferación de vectores

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tales como roedores, la DLS (Dirección Local en salud)
programará un control de roedores, de antemano solicitando a la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico el control de
los escombros y la poda de los alrededores del zanjón.” (Las
negrillas con subrayas son de la Sala).

-. Petición de 13 de agosto de 202035 en la que el señor Juan Carlos

Salinas solicitó al Concejo Municipal de Candelaria aunar esfuerzos

gubernamentales y presupuestales para dar solución eficaz y

definitiva a la problemática ambiental que padece la comunidad del

tunal con ocasión de los malos olores de la sub derivación 7.3 del río

Fraile y la amenaza en la seguridad que el mismo representa para

algunas viviendas del sector.

-. Petición de 13 de agosto de 202036, por medio de la cual el referido

ciudadano solicita a la Secretaría de Infraestructura y Valorización

del MUNICIPIO información acerca de las acciones encaminadas a

obtener recursos para atender la situación insalubre referida en

precedencia.

35 Archivo núm. 38 del expediente digital obrante en Samai.
36 Archivo núm. 38 del expediente digital obrante en Samai.

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.- Informe de Visita de la CVC de 20 de agosto de 202037 a los

corregimientos de Villa Gorgona y El Carmelo, acompañado de

fotografías en las cuales se evidencia el zanjón o sub derivación 7.3

del río Fraile en inmediaciones de la vivienda de Juan Carlos Salinas,

con presencia de residuos sólidos, tales como ramas de árboles e

incluso un colchón, una tubería de agua residual proveniente de

viviendas, estancamiento del flujo de agua, vertimientos

provenientes de presuntas empresas de alimentos, un punto de

ingreso al canal en el predio de Refinal S.A.S, y un punto de descarga

de la Granja Porcícola La Esmeralda. De este informe, además, se

destacan los siguientes apartes:

“[…] En este punto se observa un zanjón, por el cual fluye agua, la
cual lleva presencia de partículas de sólidos perceptibles a
simple vista. En el punto también se percibe un fuerte olor
característico de las aguas residuales.
Se observa que el muro perimetral de la vivienda del señor Juan
Carlos salinas Mercado, se ubica a menos de 2 metros del borde
del zanjón.
Se observa un socavamiento del suelo en el punto donde se
encuentra una tubería en concreto utilizada para permitir la
construcción de la vía de acceso del callejón. En este punto se
observa la presencia de residuos sólidos de gran tamaño
como colchones, llantas de vehículos, ramas y troncos, que
generan una obstaculización del flujo libre del agua.
[…]
Se procedió a continuar aguas abajo del punto inicial, en él se
observa que se han realizado mantenimientos, tal como fue
expresado por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Candelaria. En este punto

37 Archivo núm. 44 del expediente digital obrante en Samai.

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mostrado en la imagen 2, paralelo a la vivienda del señor
Salinas, se observa la presencia del sedimento que ha sido
removido por la actividad de mantenimiento, formando
cúmulos de lodo y residuos sólidos (plásticos, madera, etc)
que durante las épocas de lluvia vuelven a ser arrastrados
hacia el canal […] (Las negrillas con subrayas son de la Sala).

Las pruebas relacionadas evidencian que, en lo que respecta a los

hechos de la presente acción popular, por lo menos desde el mes de

junio de 2020 la comunidad del callejón El Tunal del Corregimiento

de El Carmelo ha puesto en conocimiento de las autoridades

territoriales y ambientales y solicitado urgentemente dar solución a

las precarias condiciones de salubridad en que se encuentran debido

a la presencia de olores ofensivos y vectores provenientes de la sub-

derivación 7.3 del río Fraile, las cuales, sin lugar a duda alguna, han

impactado en forma negativa su calidad de vida.

En efecto, tanto de las fotografías de la zona, las peticiones de los

ciudadanos, las respuestas de las autoridades municipales y la CVC

y/o sus informes de visita a la zona afectada, dan cuenta de la

contaminación atmosférica por la presencia de aguas residuales y

lluvias del citado canal o zanjón, estancadas u obstruidas por

residuos sólidos de gran tamaño, como colchones, ramas y troncos,

así como por vertimientos provenientes, al parecer, de empresas que

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desarrollan actividades económicas de producción de alimentos en

sectores aledaños, todo lo cual, aunado a la carencia de una red de

alcantarillado en el punto específico de El Tunal, vulneró los derechos

colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso a una

infraestructura de servicios públicos y a que éstos sean prestados en

forma eficiente, tal como lo concluyó el a quo.

Ahora bien, comoquiera que el MUNICIPIO recurrente asevera que

la anterior situación se encuentra superada y que, por lo tanto, se

presenta una carencia actual de objeto que da lugar a revocar el fallo

apelado y denegar las pretensiones de la demanda, la Sala destaca

que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación38, sólo

es posible declarar la carencia actual de objeto por hecho superado

cuando, en efecto, han cesado las circunstancias de amenaza o

vulneración de los derechos colectivos, pues mientras éstas

subsistan, aun cuando se hayan adelantado acciones tendientes a

poner fin a las mismas, no procede tal declaración. Así dijo el Consejo

de Estado:

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

de 4 de septiembre de 2018, consejera ponente Stella Conto Díaz Del Castillo, expediente
núm. 05001-33-31-004-2007-00191-01.

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“[…] En esta ocasión, la Sala considera oportuno unificar su
jurisprudencia no solamente en relación con los requisitos de
configuración de la vulneración del derecho colectivo a un medio
ambiente sano libre de contaminación visual, sino, de igual
manera, en el aspecto recién analizado y es el atinente a la
configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado. (…) Es por lo anterior, que la Sala unifica la
jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia actual
de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en
los siguientes dos sentidos: Aun en aquellos casos en que el
demandado o, incluso, la autoridad judicial de conocimiento
consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la
amenaza o la vulneración de los derechos colectivos
comprometidos, sin que baste con la simple alegación de
haberse adelantado alguna actuación enderezada a la
superación de la situación; en aquellos casos en que la
amenaza a los derechos colectivos subsista no es
procedente declarar el hecho superado, aun cuando se
verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de
cesar la amenaza o vulneración de los mismos. El hecho de
que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos
colectivos, no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin
de establecer el alcance de dichos derechos […]” (Resaltado de la
Sala).

En ese orden de ideas, la Sala procede a verificar cuáles son las

acciones desplegadas por las autoridades competentes para poner

fin a la problemática ambiental y si las mismas fueron suficientes

para restablecer las condiciones de ambiente sano que requieren los

habitantes del corregimiento El Carmelo.

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.- Los archivos 9 y 10 del expediente digital39 contienen fotografías

de trabajos de limpieza en la zona de la sub derivación 7.3 del río

Fraile, aportadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Económico y los archivos 21, 22 y 23 contienen videos que

evidencian condiciones de contaminación por residuos sólidos y

presencia de espuma en las aguas del zanjón:

39 Visible en el aplicativo Samai.

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. Oficio núm. 240.10.01-230 de 26 de marzo de 202140 suscrito por

el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, dirigido a

la Directora de Departamento Jurídico del MUNICIPIO con “[…]

Asunto: informe avances acciones sobre la derivada 7.3 sector el

Tunal […]”, por medio del cual señala que:

“[…] La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, en
cumplimiento a las metas definidas en el plan de desarrollo
municipal “con experiencia avanzamos 2020-2023” y a la solicitud
realizada por la comunidad que habita en el callejón el Tunal,
corregimiento del Carmelo; realizó una intervención en el
margen izquierdo de la derivada al lado de la avícola Pilena,
donde se descolmató con maquinaria pesada
aproximadamente doscientos veinte metros (220 mts) de la
derivada; además con personal de esta Secretaría se efectuó la
poda de material vegetal en este tramo, para facilitar el acceso de
la maquinaria pesada.

40 Archivo núm. 59 del expediente digital obrante en Samai.

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Actores: Óscar Ortiz y otros

Posteriormente, se hizo una revisión de las acciones realizadas y
se registró en un acta de visita, la cual se adjunta al presente oficio.
Sin embargo, debido a las condiciones climáticas ha sido
difícil hacer la intervención del tramo del lado derecho de la
derivada, hacia donde se encuentran las viviendas […]” (Las
negrillas y subrayas son de la Sala).

-. Informe de Visita de 23 de marzo de 2021 elaborado por la CVC41,

en el que se lee lo siguiente:

“[…]En la fecha se realizó recorrido al cauce de la derivación No.
7.3 del río Fraile desde el colegio Rodrigo Lloreda en el
corregimiento El Carmelo hasta la desembocadura de la derivación
en el zanjón Tortugas […]
En la actualidad el cauce de la derivación ya no conduce aguas
provenientes del río Fraile ya que su cauce se encuentra
interrumpido en el corregimiento de Villa Gorgona por
construcciones de viviendas.
El tramo recorrido del cauce de la derivación No. 7-3 del río Fraile
es utilizado por viviendas y empresas como fuente
receptora para el vertimiento de aguas residuales
domésticas y no domésticas, igualmente este canal es utilizado
como drenaje de aguas lluvias para el corregimiento el Carmelo y
callejones aledaños.
Durante el recorrido se pudo evidenciar que el canal del cauce de
la derivación No. 7-3 del río Fraile se encuentra colmado y
enmalezado en la mayor parte del tramo, como también se
observa disposición de residuos sólidos en el cauce del
mismo ocasionando represamiento y por ende
desbordamiento al momento de presentarse lluvias intensas
en el sector […]” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).

.- Oficio núm. 0721-246192021 de 2 de marzo de 202142, suscrito

por la Directora Territorial DAR Suroriente de la CVC, dirigido al

41 Archivo núm. 59 del expediente digital obrante en Samai.
42 Archivo núm. 101 del expediente digital obrante en Samai.

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apoderado de esa Corporación en el presente asunto, en el cual

informó lo siguiente:

“[…] El denominado zanjón de la sub - derivación 7-3 del río Fraile,
no es considerado una fuente de agua natural y corresponde a una
estructura artificial que es utilizada desde en la actualidad para
recibir descargas de aguas lluvias, Aguas Residuales Domésticas
(ARD) y no Domésticas (ARND), las cuales descargan al zanjón
Tortugas […]”.

.- Informe rendido por la CVC 43ante el Tribunal con ocasión de la

verificación de cumplimiento de la medida cautelar practicada en el

proceso. En dicho informe, la autoridad ambiental dijo, en relación

con el Municipio, lo siguiente:

“[…] 4. Secretaría de Infraestructura - Municipio de Candelaria -
Valle del Cauca. Respecto de esta dependencia de una persona
jurídica de derecho público, la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca – CVC, realizó la siguiente actividad.
• Oficio No. 0721- 359392021 de fecha 29 de abril de 2021.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC,
estableció:

“Con base en el seguimiento realizado a dicho PSMV para los años
2018 a 2020, se concluye que:
1. El municipio no ha presentado los informes de avance de
las obras y actividades ejecutadas en el marco del PSMV ni
de la reducción de las cargas contaminantes, por medio de
los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en dicho acto administrativo. Se
requiere que el municipio presente de manera inmediata dichos
informes.
2. No se evidencia requerimiento a CAVASA para instalación de
trampa de grasas y rejas del efluente. Se requiere que se presente
la comunicación emitida por EMCANDELARIA E.S.P. a dicha central
de abasto.

43 Archivo núm. 97 del expediente digital obrante en Samai.

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3. Dado que los corregimientos cuentan con PTAR, la cual trata las
aguas residuales domésticas generadas en los corregimientos El
Carmelo y San Joaquín, disminuyéndose las cargas orgánicas
vertidas al río Frayle, se hace necesario que el municipio presente
la caracterización de las aguas residuales del efluente de la PTAR,
con el fin de determinar necesidades de optimización y manejo.
Además, que ponga en marcha las siguientes actividades:
• Efectuar el mantenimiento al sistema, así como el mantenimiento
continuo a los alrededores de la planta de tratamiento y de las
lagunas, con el fin de no permitir que crezca vegetación dentro de
las lagunas, además se deberá optimizar la salida de la laguna
facultativa No. 1. - Se requiere mejorar el tratamiento preliminar de
la PTAR (rejas) para evitar que pasen muchos sólidos al pozo de
bombeo.
Dado que la vigencia del PSMV es hasta el año 2022, se hace
necesario realizar reunión con el Municipio de Candelaria y
EMCANDELARIA, en la cual se determine la necesidad y pertinencia
de la modificación en plazo de dicho plan. Dicha reunión será
convocada por la DAR Suroriente.
De acuerdo con lo anterior, se requiere para que la Administración
Municipal en conjunto con el operador del servicio de alcantarillado
EMCANDELARIA E.S.P., dé cumplimiento a los requerimientos aquí
presentados, así como a las metas e indicadores establecidas en el
PSMV aprobado.
Además, se requiere la presentación del informe de avance del I
Semestre de 2021, con el fin de adelantar el seguimiento semestral
establecido en la normatividad vigente. Lo anterior, so pena del
inicio de los respectivos procesos sancionatorios acorde con lo
definido en la Ley 1333 de 2009” [...]” (Las negrillas y subrayas
son de la Sala).

.- Convenio Interadministrativo núm. 050 de 7 de julio de 202144

suscrito entre el MUNICIPIO y la CVC, cuyo objeto,

responsabilidades de las partes y plazo, descritos en sus cláusulas

primera, segunda y quinta, son los siguientes:

“[…]PRIMERA: OBJETO. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y
RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y
DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE, CON EL FIN DE MEJORAR
LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA DERIVACIÓN 7-3 DEL

44 Archivo núm. 96 del expediente digital obrante en Samai.

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RIO FRAILE EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. SEGUNDA:
RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES
INTERVINIENTES: Por parte del Municipio de Candelaria: a.
Realizar el cronograma y el plan de trabajo detallado. Elaborar el
plan de trabajo ajustado a las fechas reales de ejecución. Construir
juntamente con la CVC el cronograma de actividades con los meses
efectivos de ejecución del convenio (a escala de tiempo en
semanas) para revisión y aprobación. […] e. Sustentar técnica y
económicamente cada uno de los contratos que se
cofinanciarán y ejecutarán con recursos aportados por la
CVC. f. Coadyuvar a la supervisión de los contratos
originados del convenio. g. El municipio adelantará la
contratación de las actividades objeto del convenio, de
conformidad con las normas de contratación pública que lo
rigen (modalidad según presupuesto del ente territorial) y
encomendará la supervisión total de las obras, garantizando
además que el constructor cumpla con todos los amparos
que avalen el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas en el convenio por efecto de la
suscripción de los contratos derivados. h. Presentar una
relación del personal que participará y mantendrá durante la
ejecución, los cuales deben ser profesionales idóneos por sus
perfiles y su experiencia en labores similares al objeto del convenio.
i. El municipio deberá garantizar que, tanto la Corporación junto
con el municipio sean beneficiarios de las pólizas suscritas con el o
los contratos de obra que se deriven del convenio, es decir,
los amparos deben hacerse extensivos a la Corporación. j. Se
deberá solicitar por parte del municipio al futuro contratista de obra
la expedición de los siguientes amparos: cumplimiento, calidad del
servicio, responsabilidad civil extracontractual y pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, (El
municipio determinará la necesidad de otorgar o no el anticipo para
el contrato de obra y si lo ofrece deberá pedir la garantía de amparo
de correcto y buen manejo de anticipo, que en todo caso no podrá
ser superior al primer desembolso que realice la Corporación al
Convenio Interadministrativo. k. Velar por el cumplimiento del
objeto del convenio, conforme a los documentos de este, una vez
se suscriba. l. Destinar los recursos aportados por la CVC, única y
exclusivamente para la ejecución de las obras objeto del convenio.
m. Poner a disposición del desarrollo del convenio toda su
experiencia, capacidad administrativa, jurídica y técnica. o. El
municipio deberá garantizar el acceso a los predios aledaños donde
se desarrollarán las actividades del presente convenio. p.
presentar mensualmente a la CVC informes técnicos y

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financieros del avance de las obras consecuentes del objeto del
convenio, debidamente avalados por el supervisor de la obra. q.
Dar a la CVC los reconocimientos correspondientes en las
socializaciones con la comunidad en caso de que se realicen. r.
Presentar al finalizar la ejecución del convenio, un informe
detallado sobre la ejecución de este que incluya aspectos
administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. s. En la
eventualidad que el valor de las actividades objeto del convenio
sea menor al valor de los recursos aportados por la CVC, el
municipio deberá restituir el saldo correspondiente a la
Corporación. De igual manera en el momento que el valor de las
actividades objeto del convenio sean mayores al valor de los
recursos aportados por las partes (CVC y el municipio), el municipio
deberá asumir los costos de los valores adicionales que se
presenten. t. En caso de exigencia de cualquier tipo de permiso, ya
sea ambiental o para la obra, será responsabilidad del municipio a
consecución de éstos. Por parte de la CVC: a. Aportar los
recursos de manera oportuna. b. Poner a disposición del
municipio toda la información y documentación con la cual
cuente la Corporación y que sea necesaria para el normal desarrollo
del objeto del presente convenio. c. Participar en la programación
y coordinación de las actividades para el desarrollo del convenio.
d. Realizar oportunamente los desembolsos de acuerdo con lo
señalado en este documento. e. Designar un supervisor para el
seguimiento del convenio en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011
y el Manual de Supervisión e Interventoría de la CVC. f. Participar
en las reuniones con el municipio de Candelaria y en las
visitas técnicas, para evaluar los avances de la ejecución de
actividades y para verificar los informes técnicos y financieros
presentados por el Municipio […] QUNTA: PLAZO. Tres (3)
meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el
31 de diciembre de 2021” (Las negrillas y subrayas son de la
Sala).

Los documentos relacionados en precedencia demuestran que al mes

de marzo de 2021, el MUNICIPIO realizó jornadas de limpieza y

descolmatación del zanjón 7.3 del Río Fraile, pero no en forma

completa debido a dificultades climáticas; que dicho canal no

conduce agua natural sino aguas lluvias y residuales de tipo

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doméstico y no doméstico, según informe de la CVC, y que el ente

territorial no ha presentado informes “[…] de avance de las obras y

actividades ejecutadas en el marco del PSMV ni de la reducción de

las cargas contaminantes […]”.

Adicionalmente, del cuerpo del Convenio Interadministrativo de 7 de

julio de 2021 se observa que las obligaciones contractuales del

MUNICIPIO corresponden a la ejecución efectiva del dinero

aportado por la CVC para las labores de limpieza y descontaminación

de la sub derivación 7.3, lo que implica, entre otras, la realización de

“contratos derivados” para cumplir el objeto general del Convenio

Interadministrativo, cuya realización aún no ha sido verificada por la

autoridad ambiental.

Se trata de actividades orientadas a mejorar las condiciones

ambientales a partir del cuidado y descontaminación de las aguas del

zanjón y, por lo tanto, dicho convenio interadministrativo constituye

apenas una medida de protección, entre otras que deben adoptarse,

como las órdenes dadas en el fallo impugnado tendientes a poner fin

a la situación de vulneración de derechos en que se encuentra la

comunidad demandante, en especial, la relacionada con la evaluación

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técnica de la pertinencia de la ejecución de obras civiles orientada

entamborar tramos de los callejones El Tunal y Águila Roja,

dispuesta en el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo.

En consecuencia, comoquiera que todos los medios de convicción

relacionados en precedencia demuestran fehacientemente la

vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano

y saneamiento básico de la comunidad demandante y que las

medidas de limpieza adoptadas por las autoridades territoriales y

ambientales no han sido suficientes para poner fin a la situación de

precariedad ambiental y ausencia de una red de alcantarillado en el

sector puntual del Tunal, no le asiste razón al MUNICIPIO

recurrente al solicitar que se revoque el fallo de primera instancia,

para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda por

carencia de objeto, pues la vulneración de los derechos colectivos no

ha cesado, de tal suerte que la apelación propuesta en los términos

del ente territorial no está llamada a prosperar.

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2.- De las órdenes impuestas a EMCANDELARIA en la

sentencia apelada, las cuales, a su juicio, implican acciones

que están por fuera de sus competencias.

EMCANDELARIA alega que no está obligada a prestar el servicio

público de alcantarillado a la comunidad del callejón el Tunal porque

la red de alcantarillado actual no llega hasta ese sector; que, dado

que no realiza vertimientos al zanjón 7.3, no ha violado derechos

colectivos y que, en todo caso, los asentamientos humanos de las

características indicadas en la demanda son responsabilidad del

MUNICIPIO.

En este punto, resulta útil recordar que la jurisprudencia de esta

Sala45 ha sido enfática en precisar, a la luz de la normativa de la

Constitución Política y la Ley, que corresponde a los municipios

garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en su

territorio, ya sea directamente o a través de terceros, como lo es, en

este caso, EMCANDELARIA.

45Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 27 de mayo de 2021, expediente núm.
68001-23-33-000-2019-00411-01.

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Así ha dicho la Sala:

“[…] De las competencias del Municipio en materia de
prestación de servicios públicos

En cuanto a la competencia para la prestación de servicios públicos,
específicamente el de alcantarillado, la Sala advierte que el artículo
365 de la Constitución Política prevé que:

[…]

El artículo en mención dispone que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber del mismo
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije
la ley y, según lo dispone el artículo 366 ibidem, deben estar
encaminados a procurar el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población.

En desarrollo de los anteriores preceptos, el Congreso de la
República expidió la Ley 142 de 11 de julio de 1994, la cual se
aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural, entre otros.

El artículo 15 de dicha normativa estableció que pueden
prestar servicios públicos: “1) Las empresas de servicios
públicos; 2) Las personas naturales o jurídicas que
produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios públicos; 3)
Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de
su administración central, la prestación de los servicios
públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 4) Las
organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores en zonas
rurales y en áreas o zonas urbanas específicas; 5) Las
entidades autorizadas para prestar servicios públicos
durante los períodos de transición previstos en esta Ley; y
6) Las entidades descentralizadas de cualquier orden
territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley

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estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se
ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo”.

En un mismo sentido, el artículo 3° de la Ley 136 de 2 de junio de
1994 establece como funciones del municipio, entre otras, las de
1) administrar los asuntos municipales y prestar los servicios
públicos que determine la Ley; y 2) solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad
y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia,
complementariedad y coordinación con las demás entidades
territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.

Por otra parte, el artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 199
dispuso que la función pública del ordenamiento del territorio
municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son
propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la
intervención en los usos del suelo.

La norma en mención prevé que son acciones urbanísticas, entre
otras las de: […] 2) dirigir y realizar la ejecución de obras de
infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad
con las leyes.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1° del Decreto 302 de
2000, fija las normas que regulan las relaciones que se generan
entre la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, actuales y
potenciales, del mismo.

De manera concreta, el artículo 76 de la Ley 715 ordena a los
Municipios, en materia de servicios públicos, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS
SECTORES. Además de las establecidas en la Constitución y
en otras disposiciones, corresponde a los Municipios,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema
General de Participaciones u otros recursos, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en
especial ejercer las siguientes competencias:

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76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de
servicios públicos además de las competencias establecidas
en otras normas vigentes la construcción, ampliación
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos […]”.

Adicional a lo anterior, es de resaltar que, aún cuando el servicio
público en su territorio sea prestado por un tercero, al Municipio le
corresponde asegurar que dicha actividad se ejecute de manera
eficiente. Sobre el particular, la Sección en sentencia de 18 de
febrero de 2021 puso de manifiesto lo siguiente:

“[…]La Ley 142 del 11 de julio de 199, que estableció el
régimen de los servicios públicos domiciliarios, advirtió que
su prestación es competencia de los municipios y que
cuando el servicio es suministrado por una empresa privada
corresponde al ente territorial asegurar que su prestación
sea eficiente:
“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios
públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos,
conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley,
en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365
a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento
de la calidad de vida de los usuarios.
(…)
2.5. Prestación eficiente.”
“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la
prestación de los servicios públicos. Es competencia de los
municipios en relación con los servicios públicos, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que
con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente. (…)”

La Ley 136 del 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”, estableció:

“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. Artículo
modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
Corresponde al municipio: 1. Administrar los asuntos

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municipales y prestar los servicios públicos que determine la
ley.(…)”.

“ARTÍCULO 91. FUNCIONES. Artículo modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. Los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las
siguientes:
d) En relación con la Administración Municipal:
1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los
servicios a su cargo; (…)”.

De lo dicho se advierte que está en cabeza de los municipios
asegurar la prestación de los servicios públicos y que,
aunque se cumpla a través de terceros, le corresponde al
ente territorial garantizar que la actividad se desarrolle de
manera eficiente […]” (negrillas con subrayas son de la Sala).

En el caso examinado, se tiene que en el artículo 20, Sección 16,

del Acuerdo núm. 002 de 29 de enero de 2015, del Concejo

Municipal de Candelaria, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL

ACUERDO 015 DE DICIEMBRE 29 DE 2005, QUE APROBÓ EL PLAN BASICO

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA –

VALLE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”46, el ente territorial

formuló su política en materia de servicios públicos, en los siguientes

términos:

“[…] Propender por el manejo adecuado, equilibrado y sostenible
del Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios y sus
componentes acueducto, alcantarillado, recolección y manejo de
residuos sólidos, energía, alumbrado público y gas, enmarcados

46 En adelante PBOT.

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en el modelo de ordenamiento territorial propuesto, que
conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Candelaria.
Estrategias
1. Generar alianzas estratégicas regionales para garantizar el
abastecimiento de agua potable a la población actual y futura del
municipio.
2. Mejorar la calidad y cobertura del servicio de energía y
alumbrado público en todos los centros poblados del municipio.
3. Mejorar la calidad y cobertura del servicio de gas domiciliario
en las zonas urbanas del municipio.
4. Proteger los recursos hídricos superficiales y subterráneos,
correspondientes a los principales ríos y los acuíferos presentes
en el territorio municipal para garantizar la calidad, cobertura y
continuidad.
5. Articular las políticas municipales con las regionales y
nacionales en materia de prestación de servicios públicos
que conlleve la optimización de la infraestructura a nivel
urbano y rural […]” (Negrillas y subrayas de la Sala).

Asimismo, fue presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, el “PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN

PTAR DE LOS CORREGIMIENTOS EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN,

CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA” (Fase II), aportado por

EMCANDELARIA con la contestación de la demanda, del cual se

destacan, en lo pertinente, los siguientes apartes:

“[…] Este estudio corresponde a la fase de diagnóstico, evaluación,
y formulación de propuestas de optimización del sistema actual de
alcantarillado combinado para los corregimientos del Carmelo y
San Joaquín pertenecientes al municipio de Candelaria (Valle),
abarcando la recopilación de información general y el trabajo de
campo ejecutado, donde es posible detallar las generalidades del
proyecto, los estudios previos, los aspectos físicos y
socioeconómicos de la población en estudio, y un diagnóstico de
las estructuras actuales del sistema de Alcantarillado combinado
existente.

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1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES
Los objetivos básicos fundamentales que se proyecta alcanzar a
través de este proyecto son los siguientes:
• Diagnóstico del sistema de alcantarillado actual de los
corregimientos del Carmelo y San Joaquín, pertenecientes al
municipio de Candelaria, Valle del Cauca.
• Actualización y proyección de las condiciones de población y de
generación de aguas residuales para un período de diseño de 25
años, es decir, hasta el año 2042.
• Evaluación y análisis hidráulico del sistema de la red de
alcantarillado semicombinado actual y alcantarillado optimizado
futuro del área de interés, a través de herramientas de modelación
matemática de flujo.
• Establecimiento de alternativas de diseño para la optimización de
la red de alcantarillado semicombinado actual del área de interés.
[...]

2.1.1 DIAGNÓSTICO 2.1.2 RESUMEN

Corregimiento Problemática Acciones a ejecutar
San Joaquín Falta cobertura Expansión de Redes
Red Alcantarillado
Pluvial no Funciona
Red Alcantarillado
Sanitario No
Existe/Regular
Estado/Mal Estado

El Carmelo Red Alcantarillado Expansión de Redes /
Pluvial no Funciona Recuperación Acequia
Municipal
Red Alcantarillado
Sanitario No Expansión de redes
Existe/Regular
Estado/Mal Estado

[...]
3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ACTUAL
3.1 GENERALIDADES
Los planos detallan la localización del actual sistema de
Alcantarillado, sus áreas aferentes de interés y se presentan de
forma esquemática los diferentes componentes del sistema

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existente. Es de notar que aproximadamente un 55% del sistema
se encuentra conectado a sumideros sobre las vías, por lo que el
sistema es posible denominarlo como combinado actualmente.
También se presenta el esquema general del sistema existente,
para su comprensión.
La Figura 7 ilustra un esquema básico del comportamiento general
del sistema respecto al flujo de las aguas residuales y lluvias que
en él se transportan.
[Figura]
El Sistema de Alcantarillado de las cabeceras de los corregimientos
actuales es de tipo combinado, y su diseño original era de
semicombinado. No existe cobertura de alcantarillado pluvial de
manera separada.
El sistema de alcantarillado combinado de la zona urbana de
los corregimientos de San Joaquín y el Carmelo del
municipio de Candelaria, Valle del Cauca, presenta
actualmente un alto grado de deterioro en su
infraestructura, situación que es posible detallar en el Anexo
(Fichas de Catastro de cámaras de Alcantarillado), la mayoría de
cámaras inspeccionadas se encuentran colmatadas.” (Negrillas y
subrayas son de la Sala).

También se resalta que la Resolución núm. 100-0660-713 de 18

de octubre de 2012 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN

DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS

CORREGIMIENTOS DE SAN JOAQUÍN Y EL CARMELO –MUNICIPIO DE

CANDELARIA- PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN Y EMCANDELARIA E.S.P. DEL

MUNICIPIO DE CANDELARIA”47, en relación con el diagnóstico del

sistema de alcantarillado, señaló lo siguiente:

“ […] 1.1. Diagnóstico del sistema de alcantarillado.

47 Aportada por EMCANDELARIA con la contestación de la demanda.

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1.1.1. Cobertura
[...] El Carmelo se abastece de un pozo profundo cuya capacidad
es suficiente para abastecer la demanda actual de 18 L/s;
EMCANDELARIA E.S.P. es la responsable del manejo.
[...]
Corregimiento el Carmelo
[...]
En época de lluvia, el colector principal presenta
insuficiencias debido a la magnitud del área de drenaje y
diámetro del colector (diámetro entre 8” a 1000 mm). Por lo
tanto, se presentan inundaciones en los sectores del barrio El
Prado, barrio Olímpico, barrio Tejares, Callejón Águila Roja y
Bellavista […]” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).

Dicha resolución dispuso diversas medidas de mitigación y solución

definitiva a la precariedad del sistema de alcantarillado, a corto,

mediano y largo plazo, éste último a cumplirse en el año 2022;

medidas que, tal como lo señaló el a quo en el fallo impugnado deben

ser verificadas por las autoridades demandadas, sin que le sea dado

a EMCANDELARIA sustraerse de tales órdenes, como pasa a

explicarse.

El PBOT en sus artículos 117 y 122 establece lo siguiente:

Articulo 117. Clasificación de equipamientos. Los
equipamientos se clasificarán según su uso y escala de la siguiente
manera.
[...]

NOMBRE USO LOCALIZACIÓN ESCALA PÚBLICO/PRIVADO
Emcandelaria Servicios villagorgona zonal público
básicos

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Sección 4. Sistema de servicios públicos

Subsección 2. Sub sistema de alcantarillado
Articulo 122. Sub Sistema de Alcantarillado. El sistema de
alcantarillado comprende tanto los servicios de drenaje de aguas
lluvias y la conducción de aguas residuales, así como el tratamiento
de las aguas servidas.
La protección de los efluentes se llevará a cabo en cumplimiento
de las disposiciones jurídicas relevantes entre las que se
encuentran:
1. Resolución 1433 de 2004, Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV.
2. CONPES 3177 2002, Plan Nacional de Manejo de Aguas
Residuales Municipales Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y
Desarrollo Territorial.
3. CONPES 3624 2009, Programa para el saneamiento, manejo y
recuperación ambiental de la Cuenca alta del Río Cauca, Ministerio
del Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.
4. Reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento
básico RAS-2000 junto con sus manuales, guías y normas técnicas.

Tabla 24. Infraestructuras del Sistema de Alcantarillado
[...]

Prestador Propietario Categoría Localización Descarga Estado

Emcandelaria Pública Red EL CARMELO Río Frayle se está en la
en implementación
Liquidación del PSMV
aprobado el 18
de octubre del
2012

[...]

Artículo 128. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Candelaria es
condición definitiva para el desarrollo del municipio, de igual
manera el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. El
municipio elaborara los planes maestros de acueducto y
alcantarillado de los centros poblados urbanos y rurales en

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el término de la vigencia de PBOT vigente.” (Negrillas y
subrayas de la Sala).

Tanto la normativa como las directrices técnicas transcritas,

emanadas de las autoridades territoriales y del trabajo coordinado

entre éstas y EMCANDELARIA, ponen de presente que si bien es

cierto que el MUNICIPIO es el responsable de la prestación del

servicio público de alcantarillado a su población y el mejoramiento de

la calidad de vida de la misma, también lo es que dicha prestación la

hace a través de la empresa recurrente, como lo señala la

Resolución núm. 100-0660-713 y que la infraestructura de las

redes en el corregimiento El Carmelo es precaria, pues se encuentra

en estado de deterioro y da lugar a inundaciones en el Callejón Águila

Roja, en épocas de lluvia, razón por la cual se tomaron medidas a

corto, mediano y largo plazo, como ya se dijo, entre las cuales se

previó el mejoramiento de las redes.

Ahora bien, la Sala estima que, en todo caso, el prestador del servicio

debe hacerlo en forma coordinada con el ente territorial que lo

contrata o le delega tal función, de tal suerte que, aún cuando es el

MUNICIPIO quien detenta el citado deber legal, la empresa

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prestadora, EMCANDELARIA48, que, dicho sea de paso, es una

persona jurídica de derecho público, organizada como sociedad por

acciones simplificada no puede sustraerse a la obligación de

colaboración técnica que le es exigible, en virtud de la aplicación de

los principios de coordinación y colaboración, establecidos en el

artículo 288 de la Constitución Política, a cuyo respecto la Sala49 ha

precisado lo siguiente:

“Finalmente, en virtud de la magnitud de la reubicación y de los
elementos que se deben conjugar para alcanzar este propósito, resulta
pertinente acudir a la colaboración armónica entre el sector central y
las entidades territoriales, de conformidad con los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiaridad (artículo 288 de la
Constitución). Vale la pena recordar que, en términos generales, el
principio de subsidiariedad significa, por una parte, que el Estado no
requiere intervenir cuando los individuos se basten a sí mismos. El
apoyo del Estado se requiere allí en donde se hace imposible o
demasiado difícil poder satisfacer de manera eficaz las necesidades
básicas, es decir, sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer
determinadas funciones en forma independiente, puede apelar niveles
superiores (el Departamento o la Nación) para que estos asuman el
ejercicio de esas competencias; por su parte, el principio de
coordinación juega un papel trascendental en el correcto y
efectivo funcionamiento de la administración pública, toda vez
que implica una comunicación constante entre los distintos
niveles para armonizar aquellos aspectos relacionados con la
protección de los derechos (ya sean individuales o colectivos)
y con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del
Estado. Así lo reconoce, además, el artículo 6º de la Ley 489 de
1998, en cuanto señala que “[e]n virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas

48 Denominada “EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. E.S.P.,
49Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 18 de mayo de 2017, expediente
núm. 13001-23-31-000-2011-00315-01.

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funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”;
finalmente, el principio de concurrencia, implica un proceso de
participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que
ellas intervengan en el diseño y desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización
efectiva de principios también de rango constitucional, como por
ejemplo el de descentralización y autonomía Por lo tanto, bajo el
amparo de los principios constitucionales mencionados y de las
normas de rango legal que los han desarrollado (Ley 489 de 1998 y
Ley 1454 de 2011), resulta procedente que la Nación apoye, desde
sus competencias, al Distrito de Cartagena en el cumplimiento de la
orden de reubicación impartida. Asimismo, este ineludible actuar
coordinado entre el sector central y el Distrito de Cartagena, se ve
plenamente justificado en tratándose de acciones populares, toda
vez que, reitera la Sala, por su naturaleza y finalidad de
proteger y garantizar derechos e intereses colectivos, no se
trata propiamente de una contención, por lo que resulta
imperioso la actuación y el concurso de todas las autoridades,
de ser necesario, y en todo caso en el marco de sus
competencias. Cabe resaltar que la acción popular tiene un carácter
especial que la diferencia de todas las demás acciones, idea que se ha
establecido por el legislador desde el momento de la expedición de la
ley de acciones populares. Es por el carácter público de tal acción y
por el derecho colectivo que busca su protección que se configura tal
singularidad.” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).

En efecto, se advierte que la sentencia apelada vinculó a

EMCANDELARIA a concurrir a las labores de análisis,

seguimiento y evaluación técnica de acciones y obras que deben

realizarse para poner fin a las circunstancias que precarizan las

condiciones ambientales de los demandantes y no a prestar el

servicio donde no hay redes, como lo señala erradamente la

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recurrente, al solicitar que se le desvincule de la parte resolutiva del

fallo.

Para la Sala no es de recibo el argumento de EMCANDELARIA,

según el cual las medidas impuestas por el a quo exceden sus

competencias, pues, como quedó visto, de conformidad con el PBOT50

y la Resolución núm. 100-0660-713, dicha empresa es la prestadora

del servicio público de alcantarillado, en los corregimientos San

Joaquín y El Carmelo, entre otras zonas del MUNICIPIO. Además,

es de resaltar que la citada Resolución fue el resultado del trabajo

conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la

recurrente, pues fueron las autoridades que presentaron ante la CVC

el PSMV de dichos corregimientos.

En ese orden de ideas, se reitera, las órdenes impuestas a

EMCANDELARIA en el fallo impugnado no obedecen a que ésta haya

incurrido o no en vertimientos en el zanjón 7.3 ni porque se haya

abstenido de prestar el servicio de alcantarillado en una zona que no

cuenta con redes, sino en virtud de sus competencias legales

50 Art.122.

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previstas en el POT y en la Resolución núm. 100-0660-713, así como

en aplicación del principio de colaboración y coordinación entre las

autoridades, de ahí que el fallo señale claramente que tanto dicha

empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios como el

MUNICIPIO y la CVC deben realizar “acciones de coordinación y

articulación”.

La Sala reitera que en el procesó quedó plenamente establecida la

vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano

y saneamiento básico con ocasión de los olores ofensivos y la

presencia de vectores que soportan los habitantes del callejón El

Tunal, en inmediaciones del zanjón 7.3 del río Fraile, por la

insuficiencia de las medidas de limpieza del mismo y la ausencia de

una red de alcantarillado, las cuales están directamente relacionadas

con el deber legal de garantizar la prestación de los servicios públicos

en cabeza del MUNICIPIO y su empresa prestadora

EMCANDELARIA, quien, como quedó dicho, debe concurrir y

colaborar con el ente territorial a las acciones impuestas en el fallo

apelado.

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En consecuencia, la solicitud de EMCANDELARIA de ser

desvinculada de la sentencia de primera instancia, tampoco

prospera.

3.- De la suficiencia del plazo otorgado por el Tribunal a la CVC

para el cumplimiento de la orden contenida en el numeral

segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada

Igual consideración procede frente a la petición de la CVC, en su

recurso de apelación, tendiente a que se modifique el fallo en cuanto

a ampliar el plazo de seis meses que le fue concedido para iniciar

“[…] los procedimientos que se requieran para imponer medidas

administrativas que permitan reparar el daño causado por los

particulares que resulten sancionados al interior de esos procesos

[…]”.

La CVC considera insuficiente dicho plazo porque a su juicio podría

vulnerar, eventualmente, los derechos fundamentales a la defensa y

al debido proceso de los investigados, en su carrera por imponer las

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medidas sancionatorias correspondientes dentro de dicho lapso con

la pretermisión de instancias procesales.

Sin embargo, tal consideración no tiene cabida en el caso examinado,

habida cuenta de que la orden dada en el fallo apelado es la de

“iniciar” procedimientos tendientes a imponer medidas

administrativas a quienes resulten responsables de realizar

vertimientos ilegales en la subderivación 7.3 del Fraile.

A continuación se transcribe la orden dada por el a quo:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca CVC que, en el marco del respeto al debido proceso,
culminé las acciones administrativas necesarias para hacer cesar la
vulneración de los derechos que se advirtió en este proceso, e inicie
los procedimientos que se requieran para imponer medidas
administrativas que permitan reparar el daño causado por los
particulares que resulten sancionados al interior de esos procesos.
Para el efecto se le otorgará un plazo inicial de seis meses,
finalizado el cual deberá emitir un informe, sin perjuicio que se
pueda iniciar incidentes de desacato al fallo una vez vencido ese
término[…]”.

Ahora bien, se observa que aún cuando la medida impuesta implica

también que la CVC “culmine las acciones administrativas

necesarias para hacer cesar la vulneración”, lo cierto es que dicha

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orden está supeditada al “marco del respeto al debido proceso”

como expresamente lo indica el a quo y, en todo caso, en virtud del

principio de congruencia, guarda relación con los procesos que dicha

autoridad ambiental se encuentra adelantando contra las empresas

que realizan vertimientos en el zanjón, como lo anotó el Tribunal en

la parte motiva del fallo, conforme a las pruebas que la misma CVC

aportó al proceso y que no discutió en esta segunda instancia, en

relación con el Grupo Pregio o Granja Porcícola la Esmeralda, entre

otras.

En consecuencia, para la Sala el término de seis (6) meses para

iniciar procesos administrativos contra presuntos responsables de

acciones contaminantes en la zona descrita en la demanda y culminar

los ya iniciados resulta suficientemente razonable, por lo que no hay

lugar a modificar el fallo impugnado en tal sentido.

Sin embargo, lo anterior no obsta para precisar que en el evento de

que durante la ejecución de la sentencia se observe que

razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal,

en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones

que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, en

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atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,

conforme lo ha precisado la Sala en reiteradas oportunidades51.

Resuelto los problemas jurídicos, la Sala, en atención a las precarias

condiciones en las que se encuentra la comunidad demandante

debido a los olores ofensivos que debe soportar, la presencia de

vectores y al rebosamiento del zajón 7.3, exhortará al MUNICIPIO

para que, hasta tanto se produzca el cumplimiento definitivo del fallo

de primera instancia, continúe realizando, a través de la Secretaría

de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, jornadas continuas de

limpieza y descolmatación del canal, como ya lo ha hecho, con la

inmediata evacuación de los residuos que se acumulan al lado del

cauce, los cuales en tiempos de lluvia vuelven al caño generando

inundaciones, como se evidenció del Informe de Visita de la CVC de

20 de agosto de 202052.

Finalmente, la Sala modificará los ordinales tercero y cuarto de la

parte resolutiva de la providencia apelada en el sentido de, por una

51 Sobre dicha facultad, consultar las providencias de 9 de junio de 2022 (Expediente núm.

68001-23-33-000-2018-00881-01) y 16 de febrero de 2013 (Expediente núm. 66001-23-
33-000-2019-00307-01), entre otras.
52 Archivo núm. 44 del expediente digital obrante en Samai.

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parte, indicar que la orden dada al MUNICIPIO y EMCANDELARIA

de formular un plan específico para hacer cesar la vulneración de los

derechos colectivos, se deberá realizar “antes de finalizar el año

2023”, pues el año “2022” indicado en la providencia apelada expiró,

por lo que, de ser confirmado, haría inane el cumplimiento de la

medida de protección dispuesta; y, por otra parte, que el Comité de

Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por la

magistrada ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y confirmará en

lo demás el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales TERCERO y CUARTO de la

parte resolutiva de la sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida

por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales

quedarán así:

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“TERCERO: ORDENAR al Municipio de Candelaria y
EMCANDELARIA que antes de finalizar el año 2023 y con base en
las conclusiones del comité dispuesto en el numeral anterior, el
Municipio de Candelaria y EMCANDELARIA, bajo las directrices y
mandatos que emita la CVC como autoridad ambiental, formule un
plan específico que les permita, dentro de los tres años siguientes
a la ejecutoria este fallo, hacer cesar la vulneración del derecho
colectivo al saneamiento básico del Corregimiento El Carmelo.

CUARTO: CONFORMAR un comité de verificación del
cumplimiento de la sentencia, integrado por la Magistrada
Ponente del Tribunal, quien lo presidirá, el alcalde del
Municipio de Candelaria, el gerente de EMCANDELARIA, el
Director de la CVC y la Procuraduría Ambiental, que
semestralmente rendirá un informe sobre las gestiones
adelantadas y demás labores programadas y ejecutadas a
raíz de los hechos materia de este proceso”.

SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia apelada.

TERCERO: EXHORTAR al MUNICIPIO DE CANDELARIA para que,

hasta tanto se produzca el cumplimiento definitivo del fallo de

primera instancia, continúe realizando, a través de la Secretaría de

Medio Ambiente y Desarrollo Económico, jornadas continuas de

limpieza y descolmatación del canal, como ya lo ha hecho, con la

inmediata evacuación de los residuos que se acumulan al lado del

cauce, los cuales en tiempos de lluvia vuelven al caño generando

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inundaciones, como se evidenció del Informe de Visita de la CVC de

20 de agosto de 202053.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Ausente com excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

53 Archivo núm. 44 del expediente digital obrante en Samai.

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