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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00307-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00307-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales 3.3.1, 3.3.2 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, los cuales quedarán así: “[…] 3.3.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER en coordinación con el MUNICIPIO DE PEREIRA deberán realizar un estudio en el que se determine sí las obras desarrolladas en el marco del contrato de obra núm. 4915 de 27 de septiembre de 2021, suscrito por el ente territorial, satisfacen las necesidades de la comunidad de Villa Santana en materia de gestión del riesgo, para que en caso de que no lo hagan, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 78 Número único de radicación: 66001 23 33 000 2019 00307 01 Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ definan los parámetros técnicos y ambientales que sea así concretar las obras que sí mitiguen el riesgo existente, para lo cual se otorgará el término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la presente providencia. “3.3.2. ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA que, en caso de ser necesario y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: a.- Adelanten, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias que no han sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la zona de riesgo no mitigable de la comuna Villa Santana. b.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE PEREIRA, deberá reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, a las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable de la comuna Villa Santana, siempre y cuando no hubiesen sido beneficiarias de un subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de diez (10) meses. c.- El MUNICIPIO DE PEREIRA, en el término máximo de quince (15) días, contado a partir de que se establezca la necesidad de reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2019-00307-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2019-00307-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

TESIS: LA COMUNA VILLA SANTANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA ZONA CATALOGADA COMO DE
RIESGO MITIGABLE Y NO MITIGABLE. NO OBSTANTE, EL
MUNICIPIO HA SIDO PASIVO FRENTE AL CONTINUO
ASENTAMIENTO DE PERSONAS EN LA ZONA, SIN LA DEBIDA
PREVISIÓN URBANÍSTICA, ADEMÁS DEL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE AGRICULTURA DE FORMA DESCONTROLADA Y
SIN LA DEBIDA PREVISIÓN DEL RIESGO, TODO LO CUAL HA
AFECTADO SUS DERECHOS COLECTIVOS.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADO: A LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES TÉCNICAMENTE
PREVISIBLES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO DE PEREIRA1 y por la coadyuvante COTTY MORALES

CAAMAÑO contra la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por

1 En adelante el Municipio.

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Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

el Tribunal Administrativo de Risaralda2, que declaró la amenaza del

derecho colectivo invocado.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La señora NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en ejercicio de la

acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó

demanda ante el Tribunal contra el MUNICIPIO y la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE RISARALDA – CARDER4,

tendiente a que se protegiera el derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres técnicamente previsibles.

I.2. Hechos

Indicó que la comuna Villa Santana del MUNICIPIO está expuesta

a deslizamientos de tierra que se convirtieron en una amenaza

generadora de riesgo para la población, lo que dio lugar a que la

2 En adelante el Tribunal.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante CARDER.

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administración municipal catalogara el sector como de riesgo no

mitigable, conforme se expuso en el diagnóstico socio – económico

del año 2015.

Narró algunos eventos ocurridos en la zona, tales como: i) el

derrumbe presentado el 2 de mayo de 2016 en el que un vehículo de

servicio público colectivo quedó atrapado con pasajeros; ii) las lluvias

de 17 de febrero de 2018 que dejaron sesenta viviendas sin cubierta;

iii) los deslizamientos de 7 de agosto de ese año que causaron el

taponamiento de la vía que conducía a la localidad; iv) el vendaval

de 21 de febrero de 2019 que afectó el sector objeto de la presente

acción; y v) la emergencia de 3 de abril de ese mismo año en la que

un poste amenazaba con caer sobre una vivienda en la zona de Villa

Santana, a causa de un deslizamiento.

Por último, puso de presente que el MUNICIPIO entregó 288

viviendas en el sector El Remanso y en la comuna Villa Santana en

diciembre de 2018, pero que en el sector antiguo quedaron

pendientes por construir y entregar 132 viviendas y en el nuevo 250,

de lo que se extrae que si bien la Administración gestionó la

construcción de viviendas, aun no se ha mitigado el riesgo del sector.

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I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el Municipio de Pereira y la CARDER,
vulneraron el derecho a la seguridad y prevención de desastres de la
comuna Villa Santana, en conexidad con el derecho a la vida y la
vivienda digna.

SEGUNDO: Ordenar que se adelanten las medidas necesarias por parte
de las entidades competentes, para proteger las viviendas que se
encuentran en riesgo mitigable y desarrollar e implementar proyectos
para la prevención, mitigación y gestión de riesgos.

TERCERO: Ordenar a la administración municipal, reubicar las familias
del sector de Villa Santana que se encuentran catalogadas en riesgo no
mitigable y ejecutar los proyectos para la construcción de viviendas,
informando a la ciudadanía los tiempos en que serán entregadas […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO argumentó que adelantó dos proyectos de

vivienda incluyendo la reubicación de las familias damnificadas. El

primero, se llamó urbanización El Remanso, localizado en la comuna

Villa Santana, creado por medio del Decreto 112 de 21 de febrero de

2006; y el segundo, se dio en el marco de lo establecido en la Ley

1537 de 20 de junio de 20125, en la que se dispusieron los

lineamientos para los proyectos de vivienda de interés prioritario,

5 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el

acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

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dentro del programa “cien mil viviendas gratis” destinado a las

familias de más bajos recursos y población vulnerable.

Argumentó que aun cuando no se conoce con exactitud las personas

que presuntamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad

para así desarrollar un proyecto de vivienda de reubicación, lo

procedente es el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda, a

través de la presentación de un proyecto al Gobierno Nacional, por

lo que se trataba de una decisión colectiva y no unilateral de la

Administración Municipal al intervenir autoridades de carácter

nacional y territorial en los términos de lo previsto en el Decreto 2190

de 12 de julio 20096.

Afirmó que, en virtud del principio de legalidad del gasto, no es

posible adelantar un proyecto de reubicación que no cuente con la

debida planeación, así como con el respectivo certificado de

disponibilidad presupuestal; y precisó las etapas legalmente

establecidas para el desarrollo de un proyecto de inversión pública.

6 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.

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Se refirió al incumplimiento de la carga de la prueba, pues, a su

juicio, el demandante no hizo ni siquiera una relación de las familias

damnificadas por fenómenos naturales para de esa forma identificar

por lo menos un grupo susceptible de protección legal.

I.4.2.- La CARDER afirmó que no vulneró los derechos colectivos

invocados en la demanda, en atención a que no ejecuta actividades

de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en el Decreto 919 de

1o. de mayo de 19897 y en las leyes 388 de 18 de julio de 19928, 136

de 2 de junio de 19929, 715 de 21 de diciembre de 200110 y 1523 de

24 de abril de 201211, normas en las que se establece que son los

entes territoriales los que deben realizar las operaciones necesarias

para eliminar el riesgo de los asentamientos localizados en zonas de

alto riesgo.

7 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y

se dictan otras disposiciones.
8 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras

disposiciones.
9 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios.
10 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
11 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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Informó que atendió una solicitud efectuada por la planta de Scribe

Colombia S.A., por lo cual efectuó una visita el día 23 de enero de

2017 en la que constató que debido a las lluvias que se presentaron

para la época hubo concentración de agua sobre determinados

sectores de la ladera que sobrepasaron la condición de saturación de

los suelos y generó desintegración de la estructura del mismo, hecho

que ocasionó la afectación de cerramientos de la empresa,

derrumbes y volcamiento de algunos sectores, cuyas circunstancias

se relacionan con las deficiencias o ausencia de obras de manejo de

aguas lluvia para los accesos, caminos y escaleras en el barrio

Monserrate sector 3.

Aseveró que, además de lo informado por la mencionada empresa,

no se realizó ningún tipo de solicitud o reclamo por parte de la

ciudadanía ni del MUNICIPIO relacionada con los hechos planteados

en la demanda.

Propuso las siguientes excepciones:

• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR COMO

MECANISMO DE AMPARO O DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

INDIVIDUALES». Adujo que la demandante alegó la vulneración de

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derechos colectivos, pero que únicamente se refirió a las afectaciones

ambientales padecidas por un predio en especial sin hacer referencia

ni demostrar cuál fue la vulneración de derechos colectivos, por lo

que la acción popular no era el mecanismo legal idóneo para la

pretendida protección.

• «INEXISTENCIA DE UN DERECHO LEGÍTIMO PARA

RESPONSABILIZAR A LA CARDER EN LA PRESENTE ACCIÓN

POPULAR – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA». Afirmó que teniendo en cuenta la inexistencia de un daño

antijurídico que le fuera imputable, de un perjuicio y de la ausencia

de nexo causal entre estos dos, no estaba llamada a responder por

las pretensiones de la demanda. Para sustentar su posición se refirió

al artículo 14 de la Ley 472 y al marco de competencias que regía a

los entes territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

• «EXCEPCIÓN GENÉRICA». Solicitó decretar de oficio cualquier

excepción que resultara probada en el proceso.

I.5. Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 27 de

febrero de 2020, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo

conciliatorio de las partes.

I.6. Coadyuvancia

Por medio de auto de 12 de noviembre de 2020, el Tribunal aceptó

la coadyuvancia presentada por la señora COTTY MORALES

CAAMAÑO a la parte actora.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 30 de abril de 2021, accedió a las

súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

Se refirió a la procedencia de la acción popular, al derecho colectivo

invocado y al caso concreto, para indicar que del material probatorio

obrante en el expediente se evidenció la situación de riesgo del sector

de la vía a la comuna Villa Santana del MUNICIPIO, por los

movimientos en masa existentes.

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Precisó que pudo constatar la afectación progresiva del

desprendimiento del talud ocasionada, entre otras, por las lluvias que

saturaban el suelo, que a veces generaban fenómenos de flujo de

lodo que conllevaron la inestabilidad de los terrenos y por los

banqueos realizados por habitantes del sector para acondicionar sus

viviendas, además de la construcción desordenada de las mismas,

tanto dentro de la zona de deslizamiento como fuera de la misma.

Consideró que a pesar de que desde el año 1989 se adelantaron

estudios en la zona afectada; y que si bien era cierto que en el año

2018 el MUNICIPIO efectuó la reubicación de varias personas,

también lo era que, según la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL

RIESGO DE PEREIRA – DIGER, en la comuna Villa Santana habían

2.372 viviendas bajo amenaza geológica, de las cuales 437 estaban

catalogadas como en riesgo no mitigable y 1.935 en riesgo mitigable,

circunstancia que demostró que no existió una acción eficaz de las

entidades demandadas para adoptar las medidas preventivas que le

permitieran mitigar el riesgo causado por el desprendimiento del

talud o, en su defecto, reubicar las viviendas en riesgo, todo lo cual

evidenció la situación de vulneración del derecho colectivo a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

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Se refirió a las autoridades competentes en materia de gestión del

riesgo, así como a las funciones que le corresponden a cada una de

ellas, para señalar que el MUNICIPIO es el responsable directo de

la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su

territorio, lo cual incluye el conocimiento y reducción del riesgo y el

manejo de desastres, motivo por el que concluyó que al ente

territorial accionado le correspondían estas funciones en el caso

concreto.

Reiteró que aun cuando no desconocía el hecho de que el ente

territorial adelantó unos procesos de reubicación, estos no se

relacionan con las viviendas que estaban en alto riesgo no mitigable,

lo cual evidencia que el MUNICIPIO no acogió las recomendaciones

efectuadas en los informes realizados, en los que se demostró que

las circunstancias generadoras de la problemática eran conexas con

inadecuadas coberturas y prácticas agropecuarias sobre la cabecera

de la ladera alta de la pendiente, que dejaron el área desprovista de

vegetación y ocasionaron el represamiento aguas abajo,

circunstancias que podían empeorar en temporadas invernales.

Aseveró que, conforme al carácter preventivo de la acción popular,

correspondía al MUNICIPIO, de acuerdo con lo establecido en la Ley

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1523, ejecutar las obras necesarias para solucionar los problemas de

erosión, socavación y deslizamiento en la zona, para lo cual debía

tener en cuenta las recomendaciones técnicas efectuadas tanto por

la CARDER como por los informes obrantes en el expediente; lo

anterior, en atención a que es responsable de los procesos de gestión

del riesgo. Asimismo, señaló que el argumento expuesto por el ente

territorial de que no contaba con los recursos para la ejecución de las

obras de mitigación no tenía asidero jurídico, ni lo liberaba de sus

obligaciones constitucionales y legales, ni justifica su conducta

pasiva, pues la problemática databa de muchos años atrás y se

encontraba lo suficientemente documentada. Que ello era así, si se

tiene en cuenta que en el año 2006 se declaró la urgencia manifiesta

y a la fecha de la sentencia no se había adelantado intervención

alguna.

En relación con la CARDER, precisó que si bien no estaba llamada a

la ejecución de obras civiles de mitigación del riesgo, debía adoptar

medidas y acciones tendientes a mitigar el riesgo, así como a

controlar y hacer respetar las normas urbanísticas y ambientales en

el ente territorial como parte del territorio en que ejercía sus

funciones; y que al existir infracciones al medio ambiente como la

deforestación, señaló que la autoridad ambiental sí había concurrido

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en la creación del riesgo por incumplimiento de sus competencias

legales, conforme lo establecido en la Ley 99 de 22 de diciembre

199312, pues ejercía funciones de autoridad de policía para el control

y seguimiento de las actividades de explotación de recursos

naturales, las cuales, de acuerdo con el material probatorio obrante

en el expediente, no había desplegado.

En conclusión, consideró que se violó y amenazó el derecho colectivo

a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,

debido a la omisión del MUNICIPIO y de la CARDER en el ejercicio

de acciones oportunas frente a la afectación causada por los

movimientos en masa que se presentaron en la zona aledaña a la vía

que conduce de Kennedy a Villa Santana.

Finalmente, afirmó que como la sentencia era estimatoria de las

pretensiones, procedía la condena en costas a cargo de la entidad

territorial vencida, lo cual comprendía tanto los gastos que se

causaron como las agencias en derecho, decisión que adoptó con

12 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

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base en la Ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la

materia.

En virtud de lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

“[…] 1. DECLÁRASE VULNERADO EL DERECHO COLECTIVO a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por
las omisiones del municipio de Pereira y la CARDER en el sector de
la comuna de Villasanta, de conformidad con lo expresado en la
parte considerativa de la presente providencia.

2. ÓRDENASE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO COLECTIVO a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER y el Municipio de Pereira deberán ejecutar las siguientes
actuaciones:

3.1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en
el plazo de un (1) mes deberá entregar a la Administración
Municipal de Pereira, los estudios técnicos para efectuar las obras
de mitigación de riesgo para ser ejecutado en el talud de la comuna
de Villasanta.

3.2. Iniciar las actuaciones administrativas para determinar las
infracciones ambientales por construcciones dentro de zonas
protegidas, en la comuna Villasanta de municipio de Pereira.

3.3. Establecer y ejecutar en coordinación con el Alcalde Municipal
de Pereira, las actividades de reforestación y cuidado del talud en
la comuna Villasanta.

3.3.1. El Municipio de Pereira deberá ejecutar las obras de
mitigación del riesgo de deslizamiento sobre el talud en la zona
aledaña la vía que conduce de Kennedy a Villasanta, en las
condiciones técnicas y ambientales que fije la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER, para lo cual contará con
un término de seis (6) meses, contados una vez recibida las
especificaciones por parte de la CARDER.

3.3.2. En caso de ser necesario, deberá reubicar las familias cuyas
viviendas se encuentren en situación de riesgo, para lo cual deberá
en el término de un (1) mes efectuar un censo en la comuna de

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Villasanta, para determinar las familias y personas que se
encuentran más cerca del talud y en la zona aledaña a la vía que
conduce de Kennedy a Villasanta.

3.3.3. Adelantar ante la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios que tenga competencia en el sector de la comuna
Villasanta, las medidas tendientes al manejo de aguas de
escorrentía y alcantarillado, adecuando las redes necesarias para
tal fin.

3.3.4. Ejecutar, en coordinación con la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda CARDER, las medidas de reforestación del
talud en la zona aledaña a la vía que conduce de Kennedy a
Villasanta.

3.3.5. Mientras se ejecutan las obras de mitigación del riesgo, y se
presenta el informe final de cumplimiento de la presente sentencia
por parte del Comité de verificación que se integrará en este fallo
para tal fin, el Municipio de Pereira suspenderá cualquier actividad
constructiva en el sector de la comuna de Villasantana.

4. Se constituye el comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia, el cual estará integrado por el Personero Municipal de
Pereira, un delegado del municipio de Pereira y de la Corporación
Autónoma Regional CARDER, un representante de la comuna de
Villasantana, el Procurador Judicial No.37 en Asuntos
Administrativos de la ciudad de Pereira y la Procuradora 8 Judicial
II Ambiental y Agraria de Pereira y esta corporación judicial, de
conformidad con lo considerado en esta sentencia13.

5. Condénase en costas, únicamente en cuanto a agencias en
derecho, a la entidad demandada, en favor de la accionante
popular, las cuales serán fijadas de conformidad con el Acuerdo
PSAA16-10554 del año 2016 en primera instancia en la suma de
un salario mínimo mensual legal vigente, conforme lo motivado
[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

13 Numeral corregido por medio de auto de 21 de mayo de 2021.

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III.1 El MUNICIPIO manifestó que no estaba de acuerdo con las

conclusiones expuestas por el Tribunal en la sentencia de primera

instancia, en atención a que en el expediente no existía material

probatorio respecto de la titularidad del derecho colectivo amparado,

pues se hizo referencia a familias damnificadas por fenómenos

naturales, de quienes se solicitó la reubicación, pero no se contaba

con una relación de “al menos una de estas familias” que permitiera

la conformación de un grupo susceptible de protección legal.

Arguyó que el Tribunal precisó que las circunstancias que

ocasionaron la problemática del deslizamiento eran factores

antrópicos, aspecto sobre el cual omitió considerar que el Código Civil

en el artículo 2347 establece que “[…] toda persona es responsable,

no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño

sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado […]”; y que,

además, también obvió lo preceptuado por la Ley 270 de 7 de marzo

de 199614 sobre el hecho de la víctima y lo dicho por la jurisprudencia

contencioso administrativa frente al artículo 6315 del Código Civil, en

cuanto a la distinción entre culpa y dolo.

14 Estatutaria de la Administración de Justicia.
15 Artículo 63. <culpa y dolo>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

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Aseveró que sin atender lo establecido por la ley frente a las licencias

urbanísticas, las personas se apropiaban de terrenos que no

contaban con los requerimientos técnicos exigidos, por lo que se

hacía necesaria la recuperación del espacio público y en esa medida

su reubicación, no obstante, en su criterio:

“[…] lo que se lee de estas actuaciones, es el otorgamiento de
soluciones de vivienda por encima de los requisitos establecidos
por el Decreto 2190 de 2009 a ciudadanos que conocedores de las
condiciones geográficas y paisajísticas deciden exponer su
integridad física y ante la amenaza latente de un desastre
ambiental, edifican viviendas, para posteriormente demandar por
la reubicación de su vivienda […]”.

Expuso que la reubicación de viviendas no era un derecho absoluto

e inmediato; y que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,

los subsidios de vivienda familiar eran un mecanismo para garantizar

la vivienda digna, especialmente de personas de bajos recursos, pero

que se trataba de un aporte estatal que se entregaba por una sola

vez al beneficiario, el cual era en dinero o en especie.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los
hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o
cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta
especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso
emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

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Informó que no contaba con programas de vivienda prioritaria con

enfoque diferencial, pues no tenía los recursos para hacerlo; y que,

además, estaba sujeto a la política de vivienda Nacional, sumado al

hecho de que no disponía de terrenos apropiados para la ejecución

de ese tipo de proyectos.

Argumentó, respecto al derecho a la vivienda, que la Corte

Constitucional, en la sentencia C-359 de 2013, sostuvo que se trata

de un derecho progresivo cuya exigibilidad requiere de disponibilidad

presupuestal, lo que implica que el Estado desarrolle una política

pública y disponga de recursos para su materialización, además que

para hacerse exigible requiere de situaciones jurídicas consolidadas.

Solicitó revocar la sentencia de primera instancia debido al

incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la accionante,

la mediación de factores antrópicos como causantes de la

problemática ventilada, que constituyen un eximente de

responsabilidad del ente territorial, así como la inexistencia de

presupuestos para la reubicación de viviendas.

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III.2. La señora COTTY MORALES CAAMAÑO, en calidad de

coadyuvante, solicitó revocar el numeral quinto de la sentencia, para

que:

“[…] se resuelva, en relación con los derechos fundamentales
comprometidos: del salario mínimo y el salario mínimo vital;
relativos al valor, la atribución de los reconocimientos judiciales y
a la forma de distribución de las costas por agencias en derecho
que fueron reconocidas en el proceso, sin una determinación
argumentativa […]”.

Efectuó una extensa exposición sobre las motivaciones que llevan a

los ciudadanos a interponer acciones populares, así como a la

dificultad y el desgaste que implica adelantar este tipo de procesos y

arguyó que debe reconsiderarse la posición del Tribunal, ya que no

tuvo en cuenta que las sumas dinerarias que se reconocen a quienes

ejercen acciones populares deben incluir una sustentación técnica,

que no puede ser inferior al salario mínimo legal.

Solicitó aclarar los argumentos usados en la sentencia para

determinar si los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital de

la accionante fueron afectados, en atención a los “descuentos

realizados” por el Juez de primera instancia, para lo cual pidió tener

en cuenta el tope que la ley ha fijado para el reconocimiento de

costas. Asimismo, pidió oficiar a la entidad accionada para que

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informe el valor pagado a los apoderados judiciales que intervinieron

en el presente proceso, para que, de forma equitativa, se tengan en

cuenta dichos valores para tasar las agencias en derecho, conforme

al Acuerdo PSAA 16 – 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo

Superior de la Judicatura.

Pidió reconocer los esfuerzos realizados por quienes concurrieron a

la acción en las diferentes etapas procesales, lo cual implica que se

le otorgue, en su calidad de coadyuvante de la presente acción, el

respectivo reconocimiento económico por concepto de costas y/o

agencias en derecho, ya que, a su juicio, no hacerlo desincentiva el

trabajo de quienes propenden por los derechos sociales y colectivos.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- EL MUNICIPIO reiteró los argumentos expuestos en el

recurso de apelación, en el sentido de indicar que: i) ha adelantado

algunos proyectos de vivienda para reubicar a familias damnificadas;

ii) no tenía conocimiento de las personas que se encontraban en

condiciones de vulnerabilidad; y iii) para efectos de ejecutar un

proyecto de esa envergadura se debía respetar el principio de

legalidad del gasto.

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IV.2.- El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción son, en esencia, que la comuna Villa Santana se

encuentra expuesta a deslizamientos de tierra que ocasionan que el

sector sea catalogado como de riesgo no mitigable en algunas zonas,

circunstancia que hizo que el MUNICIPIO brindara viviendas a unos

habitantes del sector, pero que no resultaron suficientes, pues no se

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cubrió a la totalidad de la población y, adicionalmente, no se han

ejecutado acciones tendientes a la mitigación del riesgo.

La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en

sentencia de 30 de abril de 2021, encontró demostrado que existía

una situación de riesgo en el sector de la vía a la comuna Villa

Santana por los movimientos en masa que se presentaban, además,

constató la afectación progresiva del desprendimiento del talud

ocasionada, entre otras, por las lluvias que saturaban el suelo y a

veces generaban fenómenos de flujo de lodo que conllevaban la

inestabilidad de los terrenos y por los banqueos realizados por

habitantes del sector para acondicionar sus viviendas, además de la

construcción desordenada de las mismas.

Adicionalmente, afirmó que si bien el MUNICIPIO adelantó procesos

de reubicación de varias personas en el sector, lo cierto era que aun

existían 437 viviendas catalogadas como en riesgo no mitigable y

1.935 en riesgo mitigable, circunstancia que, en su criterio,

demostraba que no existió una acción eficaz de las entidades

demandadas para adoptar las medidas preventivas que le

permitieran aminorar el desprendimiento del talud o, en su defecto,

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reubicar las viviendas en riesgo, todo lo cual evidenció la situación

de vulneración del derecho colectivo.

Inconforme con la anterior decisión, el MUNICIPIO interpuso

recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia

de primera instancia, por ausencia de material probatorio respecto

de la titularidad del derecho colectivo amparado. Adicionalmente,

que, conforme lo dicho por el Tribunal, era claro que los factores

que incidieron en la situación de riesgo son antrópicos y, por lo tanto,

debieron tenerse en cuenta por el Juez conceptos como la

responsabilidad por los propios actos y la culpa exclusiva de la

víctima.

Argumentó que la reubicación de viviendas no era un derecho

absoluto e inmediato, sino que atendía a las políticas que el Gobierno

Nacional estableciera en materia de vivienda, razón por la que debía

adelantar los respetivos procesos de apropiación presupuestal, en los

que debía priorizarse a personas de bajos recursos.

Por su parte, la coadyuvante pidió revocar el numeral quinto de la

sentencia para que la suma reconocida por concepto de agencias en

derecho incentive las actividades de las partes que impulsaron la

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acción popular, conforme al principio de equidad, a los topes

establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, así como a los

derechos reivindicados con la sentencia de primera instancia.

Problemas jurídicos

Con fundamento en lo anterior, a la Sala le corresponde determinar

lo siguiente:

1. ¿Se encuentra amenazado el derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres técnicamente previsibles, teniendo en

cuenta que no existe una individualización de la población afectada

en la comuna Villa Santana y que el MUNICIPIO ya adelantó una

serie de procesos de reubicación en el sector objeto de la acción?

2. ¿Hay lugar a modificar el numeral quinto de la sentencia de

primera instancia que reconoció agencias en derecho a la parte

accionante, debido a que el monto otorgado no reconoce el esfuerzo

y tiempo invertido por los accionantes en la presente acción, y si

resulta procedente su reconocimiento a la coadyuvante?

Caso concreto

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De la afectación al derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres técnicamente previsibles

Para resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala trae a

colación el material probatorio obrante en el expediente, del cual se

destaca el siguiente:

-. Diagnóstico socioeconómico de la comuna Villa Santana, elaborado

para el MUNICIPIO por parte de la Asociación Centro de Consultoría

Universitaria en el año 2015, dentro del sistema de planeación

participativa y democrática, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] 5. ASPECTOS AMBIENTALES
5.4. Usos del suelo
[…] Siguiendo el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2015, en
especial la asignación de los usos del suelo se encuentra que la
Comuna Villa Santana esta categorizada en su territorio
como suelo de protección, aunque por parte de la
Administración Municipal se ha orientado planes de vivienda
como son Tokio y Remanso.

[…] Análisis Situacional
Uno de los mayores problemas que afronta el Municipio de Pereira
es en materia de población en situación de desplazamiento, es el
hecho de que sea el de mayor recepción en el departamento de
Risaralda, de asentamientos e invasiones ocupadas por las
comunidades de desplazados, las cuales tienden a ocupar espacios
en la periferia de los cascos urbanos que generalmente han sido
designados como ejes ambientales, reservas forestales o parques
naturales, en esta situación está la Comuna Villa Santana que
se desarrollan acciones que permiten la implementación de
programas de vivienda, desarrollo agrícola, e inclusive
legalización de predios. Este escenario, se complejiza más

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al encontrar predios con presencia de proyectos productivos
agrarios, avalados por instituciones del orden nacional, en
zonas pertenecientes a estas áreas de cesión y protección,
como en el caso de la comuna Villa Santana en el barrio
Tokio; situación resultante, de la ausencia de mecanismos de
comunicación adecuados entre las diferentes instituciones de nivel
municipal como departamental. Presentándose así una
contracción entre la viabilidad ambiental de los procesos de
restitución de derechos de las comunidades en situación de
desplazamiento, y la necesidad real, concreta y efectiva de
los mismos.

5.5. Principales agentes que contribuyen al deterioro del medio
ambiente
Vendavales y tormentas eléctricas […] En el área urbana se
reportaron 1.261 viviendas destruidas y 3.772 viviendas afectadas,
presentando el mayor número de eventos la comuna Villa Santana,
seguida de Ferrocarril, San Joaquín y Consota, y en el área rural se
reportaron 748 viviendas destruidas y 2643 viviendas afectadas,
presentándose la mayor parte de eventos en el corregimiento de
Altagracia, seguido por Cerritos, Tribunas Córcega y Caimalito.

Para granizadas y tormentas eléctricas solo se tiene información
desde el año 1994 hasta el año 1999 como 23 eventos en la zona
urbana y rural, presentando la destrucción de una vivienda y 139
sufrieron algún tipo de afectación. Los impactos socio económicos
causados por estos eventos se intensifican debido a las condiciones
que se desarrollan en los procesos de ocupación del territorio y
deficiencias en la aplicación de normas de construcción, lo cual se
evidencia en las zonas con mayor incidencia de estos fenómenos
(comunas Villa Santana, Ferrocarril, Consta y Río Otún […]).

Por otro lado, la ciudad en su complejidad de crecimiento y
la comuna Villa Santana no se quedo (sic) atrás en donde se
ha originado problemas socio – ambientales en el territorio
a través de asentamientos informales, lo cual ocasiona para
el medio ambiente un deterioro en su uso, relacionamos
alguno de ellos.

PROBLEMAS SOCIO – AMBIENTALES COMUNA VILLA
SANTANA
Ocupación de laderas Hacinamiento
inestables
Ocupación de zonas inundables Viviendas sin servicios
domiciliarios
Ocupación informal del suelo Inseguridad Pública

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Contaminación por aguas Violencia intrafamiliar
servidas y disposición de
residuos sólidos en las fuentes
hídricas
Procesos erosivos y Condiciones insalubres para
socavación de laderas población infantil
Intervención de coberturas Embarazo temprano
vegetales
Modificación de microclimas Desempleo
Generación de vectores Bajo nivel educativo
Pérdida de flora y fauna Prostitución
Inadecuada disposición de Carencia de equipamientos
residuos colectivos y espacios
públicos

La problemática de algunos barrios de la Comuna aumenta
considerablemente debido al proceso de densificación del
asentamiento; ya que nuevas familias llegan con la
intención de comprar predios a personas que se denominan
“urbanizador pirata” bajo la promesa de reubicación a corto
plazo, un vistazo al barrio hoy por hoy muestra un
asentamiento consolidado en el que pese al inminente
riesgo de desastre, sus pobladores luchan colectivamente
por sobrevivir a la ciudad y para la ciudad; quienes otros
habitaban el campo y que por hechos de violencia e
intimidación debieron desarraigarse de su territorio.

Los asentamientos informales de las comunas Oriente y Villa
Santa, continúan ocupando zonas de protección ambiental
de alta pendiente, como lo es el sector del mirador de
Canceles y zonas de riesgo hídrico que corresponden la
quebrada el Calvario; la ubicación de las familias que
habitan asentamientos informales sobre áreas destinadas a
la protección del recurso hídrico y el paisaje, ha contribuido
a la degradación de los espacios, producto de la
contaminación fuentes hídricas con aguas residuales,
perdida de bosque protector a causa de la expansión de
barrios de origen informal y contaminación con desechos
orgánicos e inorgánicos convirtiendo estos espacios en
basurero […]” (Destacado de la Sala).

-. Informe geológico del contrato núm. 1851 de 2017, realizado por

el ingeniero Rodrigo Baena Gómez, el cual tenía por objeto “realizar

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estudios y diseños de las estructuras necesarias para mitigar el

riesgo y la vulnerabilidad por movimiento de masas en la zona

aledaña a la vía que conduce de Kennedy a Villa Santana – Municipio

de Pereira”, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] 2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en la zona oriental del área
urbana del municipio de Pereira, en la vía que comunica el
Barrio Kennedy y la comuna Villa Santana calle 13 entre la
calle 8 este y la calle 14d este, costado sur de la cuenca
media del Río Otún.

[…] 4. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

El tramo de vía y sus taludes en estudio, están ubicados en el
costado sur de la cuenca media del Río Otún, orilla o margen
izquierda aguas abajo. Se trata de una ladera localizada en un
ambiente de montañas de intermedias a altas con una litología
conformada en su base por depósitos aluviales paralelos a la
corriente y de morfología plana.

En la parte media de la ladera se construyó la vía conformada por
secciones mixtas: (con cortes en talud superior derecho y llenos en
talud inferior izquierdo) dirección Kennedy – Villa Santana. En la
Cima (en donde se encuentran emplazado el Barrio Bella Vista) sus
calles perimetrales lindan (sic) con la corona de la ladera, en este
sitio se observa una litología conformada por depósitos coluviales
granulares y antrópicos producto de movimientos en masa y los
rellenos de adecuación de las áreas para edificaciones.

[…] Morfológicamente predomina un sistema montañoso de relieve
escarpado, donde los taludes viales alcanzan alturas superiores
10.0m, alternados en algunos casos con laderas de pendientes
fuertes que hacen parte en este tramo de la cuenca del río Otún.
Las áreas adyacentes a las cárcavas identificadas son de
pendientes fuertes con bajo potencial de producción, permitiendo
la evolución de coberturas vegetales espontaneas a rastros altos y
arboles aislados.

Los caudales de las aguas de escorrentía tanto del barrio
Bella Vista como de los de la ladera ejercen presión sobre

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los taludes, contribuyen al incremento de los caudales de la
vaguada, y aceleran los procesos denudativos con la alta
susceptibilidad a que se presenten problemas por
inestabilidad de taludes y drenajes de influencia en la vía.
De ahí la necesidad de construir las estructuras hidráulicas
que permitan el ordenamiento de las aguas de escorrentía y
sub – superficiales.

Incidentes presentados en el área de estudio: Dentro de la
documentación suministrada por DIGER, entre el segundo
semestre de 2016 y lo corrido de 2017 se han presentado
incidentes relacionados con el talud superior derecho de la calle 13,
siendo el más aparatoso uno en el cual se vio involucrada una
buseta de transporte público.

[…] Geología estructural que interviene en el municipio de Pereira:

[…] Formaciones superficiales de la comuna Villa Santana

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN
Colina saprolítica, de En estos materiales se
arcillas limosas de color conservan las estructuras
pardo rojizo y pardo originales de las rocas
amarillento. parentales (diaclasamiento), y
es frecuente encontrar
deslizamientos diédricos y
planares en laderas de fuerte
inclinación. Presenta una
cobertura superficial,
decimétrica a métrica, de
cenizas volcánicas, que soportan
suelo agrícola.
Depósito fluvio – Está conformado por una
volcánico de abanico secuencia generada por flujos de
Pereira – Armenia lodo de origen volcánico,
superpuestos, intercalados con
capas de ceniza volcánicas y
recubiertas por ellas.
Esta consecuencia, ha sido
disecada por drenajes
permanentes y semi
permanentes, generando una
serie de colinas de cimas planas,
alargadas y ligeramente
inclinadas hacía el norte y
occidente; subyaciendo la

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secuencia fluvio – volcánica se
detectó en la zona centro
oriental un saprolito de diabasa,
que parece controlar algunos
procesos activos que se dan al
interior del abanico.

Procesos geológicos identificados por estudios anteriores en la
comuna Villa Santana:

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
En las laderas Se presentan abundantes
fuertemente inclinadas, cicatrices de movimientos de
desarrolladas sobre masa, asimilables a las coronas
colinas saprolíticas de deslizamientos
aparentemente activos por las
condiciones de topografía
ondulada que presentan.
Los banqueos que hicieron los
habitantes para acondicionar
sus viviendas generan un factor
adicional del riesgo en esta
zona, no solo por pérdida de
soporte lateral de los taludes,
sino además por el tipo de
construcción de mampostería
que desarrollan.
La superficie de contacto entre
depósito de ceniza volcánica –
saprolito de diabase puede
controlar movimientos de masa
por estar inclinada a favor de la
pendiente y con marcadas
diferencias en la permeabilidad y
las características físico –
mecánicas de los materiales que
la conforman.
En la zona al centro – Desarrollada sobre depósitos
norte del asentamiento fluvio – volcánicos se aprecian
procesos diferentes. Uno es un
deslizamiento aparentemente
antiguo y estabilizado localizado
hacia el centro del barrio con
componente principal al oriente
(manzanas 32-33-34).

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La corona ha desarrollado
escarpes hasta de 8 metros,
donde se constituyen de manera
desordenada viviendas en
esterilla y en mampostería,
tanto dentro del deslizamiento
como fuera de él.
Fenómenos identificados Movimientos en masa que
en toda la comuna afectan viviendas situadas sobre
laderas pendientes altas;
profundización de cauces y
socavación de orillas, las cuales
afectan viviendas situadas en
zonas de influencia de las
quebradas.

Amenaza geológica en el área de estudio: Con base en las
matrices que posee la DIGER sobre la comuna Villa Santana
hay 2.372 viviendas bajo amenaza geológica de las cuales
437 se encuentran tipificadas en riesgo no mitigable y 1.935
en riesgo mitigable.

Pero para el interés del presente informe cabe resaltar el caso del
barrio Bella Vista que se encuentra en la parte alta de la colina que
colinda con la calle 13, donde hay 32 viviendas con riesgo alto no
mitigable y 79 viviendas en riesgo alto mitigable.

[…] 5.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE

Los barrios: Canceles, Villa Santana y la quebrada Erazo están
incluidos en la zona 7, caracterizada por tener pendientes
moderadas a altas conformada por cenizas volcánicas con
espesores menores a 8.00m sobre suelo residual arcilloso que
alcanza profundidades hasta de 22.00m para continuar con la roca
sana de alta densidad y rigidez.

[…] El tipo de formación y las alturas del estrato generan
inestabilidad, produciendo los movimientos en masa que se ven
potenciados por la pluviosidad y humedad del suelo.

[…] 6.3 ESTUDIO DE LA GEOLOGÍA LOCAL

El tramo de vía y sus taludes en estudio, están ubicados en el
costado sur de la cuenca media del Río Otún, orilla o margen
izquierda aguas abajo. Se trata de una colina de cima elíptica,
corta, su ladera presenta pendientes de moderadas a altas; con

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una litología conformada en su base por depósitos aluviales
paralelos a la corriente y de morfología plana. En la parte media de
la ladera se construyó la vía conformada en su base por depósitos
aluviales paralelos a la corriente y de morfología plana. En la parte
media de la ladera se construyó la vía conformada por secciones
mixtas: (con cortes en talud superior derecho y llenos en talud
interior izquierdo) dirección Kennedy – Villa Santana. En la cima
(en donde se encuentra emplazado el Barrio Bella Vista) sus calles
perimetrales lindan con la corona de la ladera, en donde se observa
una litología conformada por depósitos coluviales granulares y
antropológicos producto de movimientos en masa y rellenos de
adecuación de áreas para edificaciones.

Pero en general todo el cuerpo de la ladera está conformado por
un estrato de suelo homogéneo de cenizas volcánicas con espesor
inferior a 8:00 am. Con estratos de transición conformados por
bolos y rocas de diámetros hasta de 4.00m, para posteriormente
encontrar el basamento conformado por rocas ígneas,
meteorizadas y fracturadas por la actividad tectónica, el clima y las
aguas sub – superficiales y freáticas que permean los materiales.

Morfológicamente predomina un sistema montañoso de colinas con
cárcavas en sus laderas, donde los taludes viales alcanzan alturas
superiores a 10.0m, alternados en algunos casos con laderas de
pendientes fuertes que hacen parte en este tramo de la cuenca del
río Otún. Las áreas adyacentes a las cárcavas identificadas son de
pendientes fuertes con bajo potencial de producción, permitiendo
la evolución de coberturas vegetales espontaneas a rastrojos altos
y arboles aislados.

Los caudales de las aguas de escorrentía tanto del barrio Bella Vista
como los de la ladera ejercen presión sobre los taludes, contribuyen
al incremento de los caudales de la vaguada, y aceleran los
procesos denudativos con alta susceptibilidad a que se presenten
problemas por inestabilidad de taludes y drenajes de influencia en
la vía. De ahí la necesidad de construir las estructuras hidráulicas
que permitan el ordenamiento de las aguas de escorrentía y sub –
superficiales.

[…] 8. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLÓGICAS NATURALES

Como se comentó anteriormente, la ladera en estudio
contiene superficies de pendientes altas condición que
afecta su morfología, con presencia de escarpes que
disminuye su estabilidad. Adicionalmente la región tiene un
riesgo sísmico alto por las fallas que se encuentran

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alrededor como son: Romeral, Santa Rosa, San Jerónimo,
Río Otún y Consota lo que aumenta el riesgo de
desprendimiento y movimientos en masa.

Otros factores que potencian los eventos de movimiento de masas
de este estrato superficial son:

• Sus suelos cenizas volcánicas compuestas por Limos
inorgánicos y arenas finas que no presentan gran cohesión
influyen en su estabilidad.
• La presencia de bolos y rocas con un rango de diámetros
comprendidos entre los 10 cms. – 4.00m potencialmente
inestables ante movimientos sísmicos y suelos saturados.
• La pendiente o ángulo de inclinación del bastamento
rocoso.
• De carácter hidrogeológico: El nivel de aguas subterráneas
(N.A.F.) que se presenta de carácter estacional asociado a
los regímenes de lluvia de la zona.
• Las lluvias de alta intensidad en la zona que saturan el
suelo de la ladera y afectan la estabilidad de su estructura
físico química hasta producir su rotura o en ocasiones su
flujo.

Las amenazas geológicas naturales en el área de influencia del
deslizamiento a recuperar están vinculadas a los siguientes
eventos: los sismos y su funcionalidad la cual se debe gobernar por
la calidad de la obra y el diseño sismo resistente; los deslizamientos
que afectan los taludes adyacentes al deslizamiento los cuales se
mitigan con la construcción de estructuras de contención y la
excavación de perfilado de los taludes para disminuir la inclinación,
la construcción de estructuras hidráulicas para el ordenamiento de
aguas pluviales y de escorrentía.

La deforestación de la vegetación nativa protectora de los suelos.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área de estudio comprende un tramo de la vía que comunica el
Barrio Kennedy y la comuna Villa Santana (calle 13 entre la calle 8
este la calle 14f este, con una longitud de 655.2 m.l) se tiene un
talud que es recortado por el eje vial y que hace parte del antiguo
lecho del río Otún.

[…] – Los caudales de las aguas de escorrentía tanto del barrio
Bella Vista como los de la ladera, aceleran los procesos
denudativos, incrementan la presión intersticial de las cenizas

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volcánicas potenciando la inestabilidad de taludes, movimientos de
masas y fenómenos de roturas súbitas que afectan la vía. De ahí
la necesidad de construir las estructuras hidráulicas que permitan
el ordenamiento de las aguas de escorrentía y sub – superficiales.

• En el barrio Bella Vista localizado en la parte alta de la colina y
colinda con la calle 13, existen 32 viviendas con riesgo alto no
mitigable y 79 viviendas en riesgo alto mitigable.

• Se recomienda a la Alcaldía de Pereira, la Dirección de Gestión
del Riesgo (DIGER) y a la Secretaría de Infraestructura, atender y
solucionar el riesgo inminente ante la probabilidad por avalancha
de la quebrada. Aunque esta quebrada no es objeto del presente
estudio, conviene advertir que sus aguas son canalizadas mediante
un box coulvert (que atraviesa la vía al inicio del barrio Kennedy)
construido dentro de la zona de influencia o de inundación de la
quebrada (área de cesión). Sobre esta zona de influencia o de
inundación de la quebrada (área de cesión). Sobre esta zona se
construyó un parqueadero y otras viviendas los cuales se
encuentran en zona de riesgo inminente, puesto que la quebrada
es un arroyo joven de alta montaña con perfiles o secciones
transversales estrechas en cuellos de garganta, de alta pendiente
y laderas escarpadas proclives a movimientos caóticos, bruscos del
terreno que pueden generan una avalancha de alto riesgo, que
destruya las viviendas ubicadas en la zona de afectación […]”
(Destacado de la Sala).

-. La CARDER, por medio de oficio núm. 1261 de 4 de febrero de

2017, brindó información al Gerente de la Planta de Scribe Colombia

S.A.S. sobre el riesgo de desastre y amenaza sobre bienes y

personas, con ocasión del deslizamiento ocurrido el 31 de diciembre

de 2016 en la parte posterior de la empresa y la observación

realizada en el barrio Monserrate – sector 3 de la comuna Villa

Santana, en el que señaló lo siguiente:

“[…] DESCRIPCIÓN

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Los factores de causalidad incluyen la alta pendiente y la longitud
de la ladera, sumada a la alta proporción a la destinación
inadecuada de la misma a cultivos de café y plátano
secundariamente, pese a observarse algunas especies arbustivas y
arbóreas, sumado a los aportes de aguas lluvias no controladas,
provenientes de caminos, andenes y escaleras de acceso, que NO
cuentan con obras de control de drenaje y estructuras de entrega
y disposición de energía. Como factor detonante se tiene la
intensidad de lluvias ocurridas en la madrugada de la fecha en
referencia.

[…] Los eventos ocurridos se relacionan entonces con la
concentración de aguas lluvia sobre ciertos sectores de la ladera, y
en las principales áreas de concentración concomitantemente se
alcanza y sobrepasa la condición de saturación de los suelos,
generando desintegración de la estructura del suelo.

Se da entonces lugar desprendimientos y flujo rápido de materiales
o flujo de tierras, que recorrieron un trayecto entre 40 y 75 metros,
según el sitio, hasta alcanzar a impactar sobre el sector de la
cancha deportiva y el cerramiento de la empresa, localizados sobre
la parte baja de la ladera, o quiebra de la misma.

Se identificaron 3 eventos de flujo sobre la ladera (sitios 1,2, y 3)
de características similares en su génesis, que dieron lugar a
impactos principalmente sobre cerramientos y aporte de fijos y
sedimentos, además de reboces y sobreflujos de agua sobre
diversos sectores en el predio.

Se generó entonces afectación de cerramientos de la empresa, por
derrumbamiento en el sector de la cancha (sitio1) y volcamiento
de otro sector (sitio 2), y aportes de lodos y flujos de aguas no
controladas sobre la superficie del terreno. Para el sitio 3 no se
evidenció afectación particular sobre la empresa, pero si aporte de
finos en la parte posterior de la ladera.

[…] CONCLUSIONES

En consideración de lo expresado, se concluye que la ocurrencia
del evento guarda estrecha relación con deficiencias o ausencia de
obras de manejos de aguas lluvias para los accesos, caminos y
escaleras en el Barrio Monserrate Sector 3.

Los predios destinados ampliamente a cultivos de café y plátano
sobre la ladera de alta pendiente, no son propiedad de la CARDER,
conforme las consultas realizadas a nivel interno, pero la institución

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permanece atenta a las respectivas verificaciones que en la materia
puedan darse.

Sobre el sector se observan infraestructuras eléctricas de
relevancia, que aunque no sufrieron impacto, deben ser objeto de
seguimiento.

Tomando en consideración los aspectos antes discutidos, se
efectúan las siguientes recomendaciones:

• Promover entre los diversos entes y actores institucionales
y comunitarios la importancia de implementar coberturas
arbóreas y arbustivas cuyo sistema radicular promueva el
amarre de los suelos superficiales, y el control de la energía
de las aguas de escorrentía sobre la ladera. Esto significaría
erradicación de los sistemas de cultivo existentes.

• Para el respectivo análisis de la Secretaría de Infraestructura de
Pereira, sugerimos el análisis de la ejecución de diseños y
obras de manejo y control de aguas lluvias, con adecuadas
estructuras de entrega, en el sentido que incorporen en su
diseño estructuras de disipación de energía.

• Sobre algunos sectores de la ladera, tal como el sitio
identificado con el número 3 en el Anexo 1, se evidencia la
presencia de sistemas irregulares de entrega de
vertimientos de aguas residuales y se observan algunas
viviendas sobre la parte colindante, que probablemente
deban ser objeto de análisis por parte de la Alcaldía de
Pereira, para conocer su condición de legalidad.

• Emprender una verificación y análisis jurídico integral en lo
correspondiente a los predios involucrados en la ladera, es decir, a
su conjunto, y no solo los mencionados en el presente documento,
sino toda la condición predial y jurídica de los predios que
conforman la ladera adyacente a la zona acceso a Villa Santana,
además de otros sectores asociados con laderas de alta pendiente,
tales como algunos de los tramos del canal de conducción del
sistema de acueducto.

• Se debe efectuar seguimiento a las infraestructuras eléctricas
existentes en el sector, aunque como ya se mencionó no sufrieron
impacto […]”.

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-. El MUNICIPIO expidió el oficio núm. 17840 de 23 de abril de

2019, en respuesta a una petición elevada por la aquí accionante,

en el que le informó lo siguiente:

“[…] 2. Que para el caso de la comuna Villasantana el municipio
realizó el estudio Consultoría para la realización del inventario de
viviendas en zona de riesgo de la comuna Villa Santana en el
municipio de Pereira, para la Oficina Municipal para la Previsión y
Atención y Desastres (OMPAD). El cual fue adoptado en el 2005.

3. Que los resultados de este estudio han sido incorporados al
inventario de viviendas en riesgo del Municipio de Pereira,
inventario ZERO, en el cual se han incorporado 9.171 viviendas de
las cuales 4.985 son consideradas como en estado de riesgo alto
mitigable (RAM) y 4.186 son considerado como en estado de
riesgo alto no mitigable (RANM).

4. Que para el caso de viviendas en estado de riesgo en la comuna
Villasantana el inventario ZERO se concentran en total 2.372
viviendas, es decir el 25.86% de las viviendas en condición de
riesgo alto.

5. Que en el inventario ZERO hay 437 viviendas en RANM en la
comuna Villasantana que representan el 10.44% de las viviendas
RANM del municipio, las cuales están distribuidas así:

BARRIO VIV. EN RANM
BELLA VISTA 32
DANUBIO 233
INTERMEDIO 33
LA ISLA 3
MARGARITAS I 4
MONSERRATE 66
NUEVO PLAN 9
SAN VICENTE 12
VERACRUZ 45

6. Que en el inventario ZERO hay 1.935 viviendas en RAM en la
comuna Villasantana que representan el 38.82% de las viviendas
RANM del municipio, las cuales están distribuidas así:

BARRIO VV. EN RAM

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BELLA VISTA 79
COMFAMILIAR 46
DANUBIO 68
EL OTOÑO 88
INTERMEDIO 423
LA ISLA 53
MARGARITAS I 42
MARGARITAS II 84
MONSERRATE 343
NUEVO PLAN 328
SAN VICENTE 236
VERACRUZ 145

[…] 8. Que el municipio ha realizado varios procesos de reubicación
desde el momento que se inició el inventario de viviendas en
riesgo, con lo cual se han relocalizado aproximadamente 1.900
viviendas en riesgo en proyectos urbanísticos como Las Brisas,
Tokio, Remanso, Málaga, Salamanca y Guayabal; varias de la
comuna Villasantana.

[…] En definitiva, ante su solicitud de información me permito
precisar que el municipio de Pereira ha realizado los procesos de
generación de conocimiento del riesgo tanto para la comuna
Villasantana como para el resto del municipio principalmente ante
las condiciones de riesgo generado por amenazas de origen
geotécnico y/o hidrológico, además de las de origen sísmico y
antropotecnológico. Si bien es cierto el municipio ha realizado
acciones tendientes a mitigar las condiciones de riesgo en
el municipio, como proyectos de reubicación, relocalización,
obras de estabilidad, de protección y de generación de
cultura del riesgo continúan de manera permanente en todo
el Municipio de Pereira y que de conformidad a lo
establecido en el Art. 2 de la Ley 1523 de 2012 […]Por su
parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto
por las autoridades.
Es por ello que es menester que los habitantes de la comuna
Villasanta como corresponsables de la Gestión del Riesgo, actúen
con precaución, autoprotección y acaten lo dispuesto por las
normas urbanísticas del municipio evitando las construcciones en
zonas no aptas la urbanización (sic) […]” (Destacado de la Sala).

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-. Contrato de obra núm. 4915 de 27 de septiembre de 2021,

suscrito entre el MUNICIPIO y CONSTRUCCIONES RAMÍREZ

BARÓN S.A.S., cuyo objeto era “obras de protección y mitigación de

los taludes adyacentes al corredor vial que conduce del barrio

Kennedy a Villa Santana”. De acuerdo con lo informado por parte de

la interventoría, el contrato terminaría el 13 de julio de 2022, no

obstante, el ente territorial informó que el contrato todavía está en

ejecución.

Asimismo, se allegaron los últimos informes de la interventoría del

contrato en el que consta el avance de la obra y registros fotográficos

de la misma16.

-. Oficio núm. 66256 de 17 de noviembre de 2022, por medio del

cual la Secretaría de Vivienda del MUNICIPIO informó sobre las

acciones desarrolladas para dar cumplimiento al fallo proferido en

primera instancia dentro de la presente acción popular, así:

“[…] por medio de comunicación interna SAIA No. 61792 de fecha
28 de octubre de 2022, se solicitó a la Coordinadora del
Componente Social […] de la Secretaría de Vivienda Social,
programar y llevar a cabo caracterización social en la zona afectada
y que motivó la presente Acción Popular.

16 Documentos allegados por parte del MUNICIPIO el 13 de diciembre de 2022; pruebas

que fueron debidamente trasladadas a las demás partes a través de providencia de 12 de
enero de 2023.

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El mismo 28 de octubre de 2022, la coordinadora del componente
social a través de la comunicación interna SAIA No. 61800, informó
que la caracterización social sería realizada el 31 de octubre de la
misma anualidad.

Siendo las cosas como se mencionó anteriormente, la
caracterización social fue realizada por el Componente
Social de la Secretaría de Vivienda Social el 31 de octubre
de 2022, remitiendo informe de caracterización, Base de
Datos de la Caracterización, el día 16 de noviembre del
presente, por medio de comunicación interna SAIA No. 65604.

Adicionalmente, se requirió a la doctora Martha Isabel Cárdenas,
quien es la Subdirectora de Grupos Vulnerables y Programas
Especiales, para realizar el cruce de información recopilada, con el
fin de identificar los grupos poblacionales de protección especial,
así como establecer la asistencia humanitaria brindada dentro de
la presente acción popular […]” (resaltado de la Sala).

Para tal efecto, se allegó el informe de caracterización social “El

Pizamo” en el que se efectuó la caracterización social y construcción

del informe estadístico de los grupos poblacionales de protección

especial, realizado el 31 de octubre de 202217.

Teniendo en cuenta el referido material probatorio, la Sala considera

probado que, de acuerdo con el diagnóstico socio económico, la

comuna Villa Santana está categorizada por el POT del año 2015

como suelo de protección, pese a lo cual el MUNICIPIO ha

adelantado proyectos de vivienda en la zona, como Tokio y Remanso,

17 Documentos allegados por parte del MUNICIPIO el 13 de diciembre de 2022; pruebas

que fueron debidamente trasladadas a las demás partes a través de providencia de 12 de
enero de 2023.

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los cuales se han ejecutado, debido en parte a que la población en

condición de desplazamiento se ha asentado en el sector, lo que

también ha generado la presencia de proyectos agrícolas que han

afectado el terreno, aunado a los fenómenos naturales que

ocasionaron daños y destrozos en las viviendas.

Asimismo, en el diagnóstico socio – económico realizado en la

comuna objeto de la acción, se precisó que se han presentado

asentamientos informales que causaron el deterioro del medio

ambiente por el uso del mismo, entre los cuales se encuentra la

ocupación de laderas inestables y de zonas inundables,

contaminación por aguas servidas y disposición de residuos sólidos

en fuentes hídricas, procesos erosivos, intervención de coberturas

vegetales, modificación de microclimas, generación de vectores,

entre otros.

En consecuencia, la ocupación ilegal de las zonas en comento,

catalogadas como de protección y que se encuentran en alta

pendiente, ha contribuido a la degradación del ambiente por causa

de la contaminación a fuentes hídricas, pérdida del bosque protector

por la expansión descontrolada de viviendas y contaminación con

desechos, convirtiendo los espacios en basureros.

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De igual manera, la Sala resalta el hecho de que en el informe

geológico se precisó que en la zona oriental del área urbana del

MUNICIPIO, en la vía que comunica el barrio Kennedy con la

comuna Villa Santana, los caudales de las aguas de escorrentía, tanto

del barrio Bella Vista como de los de la ladera ejercen, presión sobre

los taludes, con lo cual contribuyen al incremento de los caudales de

la vaguada y aceleran los procesos denudativos con la alta

susceptibilidad a que se presenten problemas por inestabilidad de

taludes y drenajes de influencia en la vía.

Adicionalmente, se hallaron procesos geológicos en las laderas

fuertemente inclinadas, en la zona centro - norte del asentamiento y

que en general, se identificaron fenómenos en toda la comuna como:

i) movimientos en masa que afectan viviendas situadas en las

laderas; y ii) profundización de cauces y socavación de orillas que

afectan a las viviendas ubicadas en las zonas de influencia de

quebradas.

Ahora bien, el tipo de formación y la altura de la zona que fue objeto

del referido estudio genera inestabilidad y produce movimientos en

masa que se ven acrecentados por la pluviosidad y humedad del

suelo, además de los escarpes que generan inestabilidad y del riesgo

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sísmico de la región por las fallas que se encuentran a su alrededor

como Romeral, Santa Rosa, San Jerónimo, Río Otún y Consota.

Sumado a lo anterior, existen otros factores que potencian los

movimientos en masa y la inestabilidad, lo cual pone en riesgo a la

comunidad del sector, tales como: i) el suelo que es de cenizas

volcánicas, compuestas por limos inorgánicos y arenas finas; ii)

presencia de bolos y rocas de tamaños de hasta 4 mts; iii) la

pendiente o ángulo de inclinación del “bastamento” rocoso; iv) las

aguas subterráneas y; v) las altas lluvias de la zona.

Teniendo en cuenta la amenaza geológica en la zona y con base en

las matrices de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE

PEREIRA - DIGER sobre la comuna Villa Santana, se pudo

determinar que hay 2.372 viviendas bajo amenaza geológica de las

cuales 437 se encuentran tipificadas en riesgo no mitigable y

1.935 en riesgo mitigable.

Por su parte, el MUNICIPIO informó que, de acuerdo con el

inventario ZERO, existen 2.372 viviendas en la comuna, de las cuales

el 25.86% están en riesgo alto, el 10.44% (437) están en riesgo alto

no mitigable y el 38.82% (1935) en riesgo alto mitigable.

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Así las cosas, debido a la evidente situación de riesgo, la Sala

encuentra demostrado que si bien el ente territorial accionado

adelantó una serie de procesos de reubicación de viviendas que han

permitido que algunas de las personas que estaban en zona de riesgo

fueran ubicadas en otro lugar, para así garantizar sus derechos, lo

cierto es que aún hay habitantes en el sector circunstancia que los

pone en riesgo y afecta el derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres técnicamente previsibles.

Siendo ello así, se advierte que la decisión del Tribunal de proteger

los derechos colectivos de la comunidad de la comuna Villa Santana

se ajusta a derecho, ya que está probado el peligro en el que se

encuentran.

Ahora, para establecer la responsabilidad del MUNICIPIO en la

vulneración del derecho colectivo, la Sala considera necesario

referirse a las autoridades competentes en materia de gestión del

riesgo.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y

el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de

desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población18.

La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

18 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a

todas las autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en

tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas,

privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de

gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del

riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su

ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

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con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades19.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el

conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,

así como la información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.

En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de

Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el Presidente

de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas

jurisdicciones. Dicho órgano es el encargado de orientar el Sistema

y, entre otras funciones, de “[…] Propender por la armonización y la

articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al

cambio climático y gestión del riesgo […]” y “[…] Orientar y articular

las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento

territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio

19 Supra nota 18 Artículo 2°.

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climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres

[…]”20.

En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó

funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los

alcaldes y gobernadores, las cuales se indicarán a continuación.

De modo que es deber de los Departamentos, en cabeza de su

Gobernador, implementar procesos de conocimiento y de reducción

del riesgo, así como acciones tendientes al manejo de desastres en

su territorio, garantizando la puesta en marcha y mantenimiento de

los procesos que propendan por la gestión del riesgo en su territorio.

Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del desarrollo

departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en cuanto a la

gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de desarrollo

departamental y demás instrumentos a su disposición, para de esa

manera darle cuerpo y aplicación a las competencias de coordinación,

concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los Municipios del

respectivo Departamento.

20 Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.

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Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,

el Departamento en asocio con los Municipios de su territorio, deben

aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación que se esté

causando a un valor, interés o bien jurídico protegido como es la

mitigación del riesgo de desastres.

En cuanto a los alcaldes, les fueron asignadas las funciones

descritas a continuación:

1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción

[…]”21.

2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones

estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de

desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento

territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos

de gestión pública [...]”22.

21 Ley 1523. Artículo 14.
22 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.

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3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se

sancionó la Ley 1523, debían incorporar en sus respectivos planes de

desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,

por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos

fines, en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de

1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales

como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,

señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a

amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o

antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de

reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a

tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la

constitución de reservas de tierras para hacer posibles tales

reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de

adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para

reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”23.

Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es, gobernadores

y alcaldes, deberán:

23 Ley 1523, artículo 40

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-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para

priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades

del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento

del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte

del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar

su seguimiento y evaluación [...]”24.

• “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de

gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres

y una estrategia para la respuesta a emergencias de su

respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del

riesgo y la estrategia de respuestas nacionales. El plan y la

estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto

expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no

mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione

la presente ley […]”25.

• Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del

riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,

considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso

24 Ley 1523. Artículo 32
25 Ley 1523. Artículo 37

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y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la

configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un

plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley

1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial

y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen

incluido la gestión del riesgo26.

Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada

uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley

1523; tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la

Constitución Política como rectores en el ejercicio de las

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y fueron

desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199427.

Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,

en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

26 Ley 1523. Artículo 39.
27 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.

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en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199428, que definen al Municipio como la entidad territorial

fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le

corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las

políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,

principalmente, al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde; no

obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que la misma Ley

1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo coordinado

28 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.

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y armónico con las demás entidades, dentro de las que se encuentran

la CARDER, a quien se le asignan especiales funciones de asesoría,

orientación y apoyo a las entidades territoriales de distinto orden en

materia de gestión del riesgo29.

De manera que, atendiendo a las funciones asignadas al Alcalde,

como conductor del desarrollo local, es el responsable de la

implementación de procesos de gestión del riesgo en su territorio,

integración de acciones estratégicas y prioritarias en materia de

gestión del riesgo de desastres, la inclusión de mecanismos para

el inventario de asentamientos en riesgo, y el señalamiento,

delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza

derivada de fenómenos naturales, socio naturales o

antropogénicas no intencionales, entre otras.

En el caso concreto, la Sala encuentra que no existe evidencia en el

expediente que pruebe que la Administración Municipal hubiese

adelantado acción alguna tendiente a mitigar el riesgo en que se

encuentran las viviendas de la comuna Villa Santana y tampoco para

29 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en

sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).

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evitar que nuevos urbanizadores se asienten en el sector, todo lo cual

pone en evidencia la inactividad del MUNICIPIO, pues no basta con

el hecho de que en determinado momento hubiese reubicado a una

parte de la población afectada ya que, como se señaló, la zona es

altamente inestable y es propensa a deslizamientos y movimientos

en masa, lo que hace necesario una intervención constante, efectiva

y eficiente por parte del Estado en la problemática, lo que no se ha

dado en los términos técnicos y ambientales que las características

del lugar exige.

En efecto, la ejecución por parte del MUNICIPIO de proyectos de

viviendas para la reubicación en la comuna Villa Santana, no lo exime

de adoptar procesos adecuados de gestión del riesgo, pues de

acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1523 las

autoridades departamentales, distritales y municipales están en la

obligación de formular y concertar, con sus respectivos consejos de

gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y

una estrategia para la respuesta a emergencias de su

respectiva jurisdicción en armonía con el plan de gestión del riesgo y

la estrategia de respuesta nacionales, los cuales debían ser

adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde,

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según el caso, en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores

a la fecha en que se sancionó la Ley 1523.

Asimismo, los Municipios están en el deber de incorporar en sus

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial lo

relacionado con el desarrollo seguro y sostenible derivados de la

gestión del riesgo y, por consiguiente, los programas y proyectos

prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios que

inspiran la gestión del riesgo.

Específicamente, el inciso 2° del artículo 40 de la Ley ídem, ordena

incluir las previsiones de la Ley 9ª de 11 de enero de 1989 30 y de la

Ley 388 o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para

el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación

y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de

fenómenos naturales, socio - naturales o antropogénicas no

intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de

asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas

para evitar reasentamientos en alto riesgo, la constitución de

reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la

30“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

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utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación

de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones

en alto riesgo, entre otros.

Lo anterior, pone de manifiesto que las órdenes dadas al

MUNICIPIO en la sentencia de primera instancia, se encuentran en

el marco de sus competencias y funciones, pues conforme se explicó,

el Alcalde es el conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

en su territorio, lo que implica que es la autoridad encargada de

ofrecer protección a la comunidad, así como de mejorar la seguridad,

el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible,

sin que sea excusa no contar con presupuesto para la mitigación del

riesgo, pues, conforme se explicó, es deber del ente territorial

atender este tipo de situaciones para lo cual debe contar con la

respectiva destinación presupuestal.

En efecto, sobre la escasez de recursos como justificante para la

desprotección de los derechos colectivos, la Sala en reiterada

jurisprudencia ha advertido que dicho argumento no es excusa, pues

el juez popular está en la obligación de garantizar su efectividad y

velar porque la situación que dio origen a la transgresión sea

debidamente atendida, razón por la que en tales eventos lo

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procedente es ordenar la entidad responsable que adelante las

gestiones técnicas, administrativas y presupuestales que sean

necesarias para llevar a cabo los proyectos que permitan materializar

el derecho vulnerado31.

Siendo ello así, lo procedente en el presente caso es que el

MUNICIPIO adelante las gestiones que sean necesarias para la

consecución de los recursos que le permitan mitigar el riesgo en el

que se encuentran los habitantes de la comuna Villa Santana, sin que

sea posible que use como pretexto la ausencia de presupuesto, pues,

como quedó demostrado en el presente proceso, esta es una

problemática que es de vieja data, por lo que ya han debido adelantar

las gestiones pertinentes y definitivas en aras de adquirir los recursos

para el efecto.

Con fundamento en lo anterior, resulta claro para la Sala que la

responsabilidad del MUNICIPIO en la situación de riesgo que

31Dicha postura reiterada puede ser consultada en las siguientes sentencias: de
28 de febrero de 2019 (Expediente núm. 15001313300420130000101. Consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez (E); de 11 de julio de 2019 (Expediente núm.
66001-23-33-000-2016-00526-01. Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés); y de 18 de octubre de 2019 (Expediente núm. 15001-23-33-000-2017-
00990- 01. Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López), entre otras.

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enfrenta la comuna Villa Santana es ineludible y, por tanto, debe

efectuar las acciones necesarias para mitigarla.

Ahora, si bien es cierto que, como se indicó en el acápite destinado

a las pruebas y hechos probados, el MUNICIPIO aportó el contrato

de obra núm. 4915 de 27 de septiembre de 2021, el cual tenía por

objeto obras de protección y mitigación de los taludes adyacentes al

corredor vial que conduce del barrio Kennedy a Villa Santana y se

efectuó la caracterización social de la zona objeto de la presente

acción, también lo es que esos documentos no satisfacen las órdenes

que fueron impartidas en la sentencia de primera instancia para

poder afirmar que existió cumplimiento de lo allí dispuesto.

Lo anterior, en atención a que si bien se están adelantando obras en

los taludes adyacentes al corredor vial que conduce del barrio

Kennedy a Villa Santana, lo cierto es que no hay evidencia de que

esas obras efectivamente mitigan el riesgo en que se encuentra la

comuna; por lo tanto, la Sala ordenará a la CARDER que en

cumplimiento de sus funciones de asesoría, orientación y apoyo a las

entidades territoriales en materia de gestión del riesgo, y en

coordinación con el MUNICIPIO, realicen un estudio en el que se

determine sí las obras satisfacen las necesidades de la comunidad en

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materia de gestión del riesgo, para que en caso de que no sea así se

definan los parámetros técnicos y ambientales que permitan

concretar las obras que sí mitiguen el riesgo existente, para lo cual

se otorgará el término de seis (6) meses a partir de la ejecutoria de

la presente providencia.

En lo que tiene que ver con la caracterización social realizada por el

ente territorial a través de la Secretaría de Vivienda Social el 31 de

octubre de 2022, la Sala encuentra que lo que se hizo fue identificar

los grupos poblaciones objeto de especial protección en la zona

objeto de la presente acción, circunstancia que si bien permite al ente

territorial prestar ayuda a personas en condiciones vulnerables, no

satisface lo ordenado por el Tribunal en el numeral 3.3.2. de la parte

resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues lo que allí se

requiere es que se efectúe un censo para determinar las personas

más cercanas al talud y a la zona aledaña que conduce de Kennedy

a Villa Santana para que en caso de ser necesario, se reubiquen las

familias que están en riesgo por las condiciones de la zona.

Así las cosas, la Sala considera que la necesidad de identificar la

población que se encuentra afectada por el riesgo en la comuna Villa

Santana, a través de un censo, sigue latente, pues aún no existe

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individualización del número de personas que necesitan ser

reubicadas o que requieran atención, circunstancia que en nada

interfiere con la protección que aquí se pretende, ya que, como se

expuso, la vulneración se encuentra plenamente demostrada y, en

consecuencia, las entidades involucradas tendrán que adoptar las

medidas ordenadas.

En consecuencia, como la actividad desplegada por el ente territorial

no satisface lo requerido en el presente caso para la protección del

derecho colectivo objeto de amparo, la Sala concuerda con la orden

dada por el Tribunal en el numeral 3.3.2. de la parte resolutiva de la

sentencia; sin embargo, la misma será modificada en el sentido de

incluir nuevos componentes que deberá tener en cuenta el

MUNICIPIO al momento de efectuar el censo, conforme se explicará

más adelante.

En cuanto a la corresponsabilidad de los habitantes de la comunidad

del sector objeto de la presente acción, la Sala considera que también

deben participar en los procesos de mitigación del riesgo, pues como

se encontró probado en el plenario, diferentes grupos de personas se

han asentado en un sector que se encuentra catalogado como de

riesgo no mitigable, por lo que hay lugar a afirmar que la población

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ha sido coparticipe en la generación del riesgo aquí planteado al

construir viviendas sin la debida previsión urbanística y desplegar

actividades agrícolas de forma desaforada y desordenada.

Por lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta

Corporación32, resulta procedente que se exhorte a la comunidad

para que cesen las actividades que ponen en riesgo la estabilidad del

terreno de la zona y se abstengan de continuar afectando el medio

ambiente, para así mitigar el riesgo y dar aplicación a los deberes de

precaución, solidaridad y autoprotección, razón por la que se incluirá

dicha exhortación en la parte resolutiva de la sentencia.

Finalmente, la Sala debe precisar que en caso de ser necesaria la

reubicación de la población debido a la situación de riesgo no

mitigable, el Municipio deberá tener en cuenta los siguientes criterios

específicos fijados por la jurisprudencia de esta Sección en sentencia

de 1o. de junio de 202033, en la que se consideró lo siguiente:

32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del

18 de febrero de 2021. M.P: Oswaldo Giraldo López. Radicado: 66 001 23 33 000 2015
00292 01.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero

ponente Hernando Sánchez Sánchez, providencia de 1° de junio de 2020, expediente núm.
68001-23-31-000-2012-00091-01.

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“[…] En consecuencia, la Sala considera que es necesario precisar las
órdenes en el siguiente sentido:

188.1 […]

188.2 El Municipio de Rionegro, en coordinación con el
Departamento de Santander, tiene la carga de reubicar
directamente a las familias que no resultaron damnificadas con
ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido beneficiadas con un
subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La
Ceiba, El Bambú y Espuma Baja, teniendo en cuenta que con ocasión
de este proceso se probó que existe una situación de vulnerabilidad de
familias que no resultaron afectadas con el fenómeno invernal.

188.2.1 En consecuencia, la Sala ordenará al Municipio de
Rionegro que, en coordinación con el Departamento de
Santander, dentro del término de dos (2) meses, contado a
partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la
reubicación definitiva de las familias que no resultaron
damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas
de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de
inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja.

188.2.2 Vencido el término anterior, el Municipio de Rionegro, en
coordinación con el Departamento de Santander, deberá
reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a
los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda
subsidiada, a las familias que no resultaron damnificadas con ocasión
del Fenómeno de la Niña y que no han sido beneficiadas con un subsidio
de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La
Ceiba, El Bambú y Espuma Baja. Lo anterior, en el término máximo
de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

189. La Sala le ordenará al Municipio de Rionegro que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término máximo de quince (15) días,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
realice un censo con el objeto de determinar las características
de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente
información:

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189.1 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba,
El Bambú y Espuma Baja.

189.2 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma
Baja cuyas viviendas fueron construidas en el marco de la normativa
que regula el asunto y autorizadas por las autoridades competentes.

189.3 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja cuyas viviendas fueron construidas sin la
autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.

189.4 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja y que resultaron damnificadas por el Fenómeno
de La Niña.

189.5 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja y que no resultaron damnificadas por el
Fenómeno de la Niña.

189.6 El número de familias que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, en rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja que no han sido beneficiarias de ningún proyecto
de vivienda subsidiada.

190. Para la reubicación de las familias que habitan viviendas
ubicadas en las zonas de alto riesgo no mitigable o en las zonas de
inundación y que fueron construidas atendiendo la normativa vigente y
con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo
el procedimiento previsto para el efecto, la administración deberá aplicar
el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9.° de 1989, que dispone:

“[…] Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser
reubicadas, mediante enajenación voluntaria directa o mediante
expropiación en los términos de la presente ley. Cuando se trate de una
enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley. Los
inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble,
pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió […]”.

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191. Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados
en las zonas de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas
o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja
se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal de Rionegro
debe ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades
de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por
la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

192. Las entidades demandadas, durante este trámite, deben
atender de forma especial el principio de economía para optimizar el
uso del tiempo y procurar el nivel más alto de calidad en sus
actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se encuentra
la comunidad.
[…]
201. La Sala, con el objeto de garantizar que la beneficiaria de estas
medidas sea la comunidad afectada, ordenará al Municipio de
Rionegro que, en el término quince (15) días, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, adopte un mecanismo dirigido a evitar
que personas o familias que no habiten en la zona de alto riesgo no
mitigable, en la ronda hídrica o cotas de inundación de La Ceiba, El
Bambú y Espumas Bajas, desde la fecha de presentación de la
demanda y de la sentencia proferida, en primera instancia,
reciban los subsidios y beneficios a los que se hizo referencia de forma
previa. Para tal efecto, deberá fijar criterios administrativos y
probatorios que le permitan verificar que las familias beneficiarias
hubiesen habitado permanentemente en ese territorio durante el
periodo objeto de amparo aquí definido.
[…]
203. Ahora bien, en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar
un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de Santander, en
el marco del Comité de Verificación, puede adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, toda vez que el artículo 34 de la Ley 472 prevé
que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…] conservará la
competencia para tomar las medidas necesarias para la
ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”. Lo
anterior, incluye todas las órdenes de la sentencia […]”
(Resaltado del texto).

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Comoquiera que los criterios expuestos por la Sala en los apartes

transcritos resultan aplicables al caso bajo examen, serán adoptados

en esta oportunidad para efecto de impartir la orden de reubicación

de la población que habita en zona de riesgo no mitigable de la

comuna Villa Santana, en caso de que sea necesario.

Con fundamento en lo anterior, se modificará la sentencia apelada

en los siguientes términos:

“3.3.2. ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA que, en caso de ser
necesario y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias:

a.- Adelanten, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias
que no han sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una
indemnización equivalente y que se encuentren situadas en la
zona de riesgo no mitigable de la comuna Villa Santana.

b.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE PEREIRA, deberá
reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a los
servicios públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, a las
familias situadas en la zona de riesgo no mitigable de la comuna
Villa Santana, siempre y cuando no hubiesen sido beneficiarias
de un subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de
diez (10) meses.

c.- El MUNICIPIO DE PEREIRA, en el término máximo de quince (15)
días, contado a partir de que se establezca la necesidad de reubicación
de la comuna Villa Santana por encontrarse en una zona de riesgo no
mitigable, deberá efectuar un censo con el objeto de determinar las
características de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente
información:

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Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
de la comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron construidas en
el marco de la normativa que regula el asunto y autorizadas por las
autoridades competentes.
-. El número de familias en la zona de riesgo no mitigable de la
comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron construidas sin la
autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, que no han sido beneficiarias de ningún
proyecto de vivienda subsidiada.

d.- Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo
no mitigable de la comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron
construidas atendiendo la normativa vigente y con la autorización
expresa de las autoridades competentes, siguiendo el procedimiento
previsto para el efecto, el MUNICIPIO DE PEREIRA deberá aplicar el
inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9° de 1989.

e.- En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona
de riesgo no mitigable de la comuna Villa Santana se rehúsen a
abandonar el sito, el Alcalde Municipal de Pereira debe ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la
Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

f.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la
reubicación definitiva a favor de las familias de la comuna Villa Santana
que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda y que
habiten en la zona de riesgo alto no mitigable, y sin perjuicio de
las medidas de urgencia que se deban adoptar frente a una nueva
situación de desastre.

El MUNICIPIO DE PEREIRA deberá cumplir esta orden en el término
máximo de un mes, contado a partir de que se establezca la necesidad
de reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una zona
de riesgo no mitigable.

En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la
ausencia de un marco normativo que reglamente la solución de vivienda
temporal a favor de las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable, el MUNICIPIO DE PEREIRA deberá:

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i.- Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la
reglamentación correspondiente en el término máximo de tres (3)
meses, contado a partir de que se establezca la necesidad de
reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una zona de
riesgo no mitigable.

ii.- Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda
ejecutarse en caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la
vida e integridad de las personas que habitan en ese sector, en el marco
de la estrategia municipal para la gestión del riesgo de desastres, en el
término máximo de tres (3) meses, contado a partir de que se
establezca la necesidad de reubicación de la comuna Villa Santana por
encontrarse en una zona de riesgo no mitigable.

iii.- Brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como apoyo
administrativo a las familias que habitan la zona de alto riesgo no
mitigable en la obtención de una alternativa de vivienda temporal y
digna, en el término máximo de diez (10) días, contado a partir de que
se establezca la necesidad de reubicación de la comuna Villa Santana
por encontrarse en una zona de riesgo no mitigable.

g.- Que el Alcalde del MUNICIPIO DE PEREIRA, en el término quince
(15) días, contado a partir de que se establezca la necesidad de
reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una zona de
riesgo no mitigable, adopte un mecanismo dirigido a evitar que personas
o familias que no habiten en la zona de riesgo no mitigable de la comuna
Villa Santana, desde la fecha de presentación de la demanda y de la
sentencia proferida, en primera instancia, reciban los subsidios y
beneficios a los que se hizo referencia de forma previa. Para tal efecto,
deberá fijar criterios administrativos y probatorios que le permitan
verificar que las familias beneficiarias hubiesen habitado
permanentemente en ese territorio durante el período objeto de amparo
aquí definido.

Parágrafo. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del Comité de
Verificación, puede adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la
sentencia”.

De las agencias en derecho

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Para resolver el segundo problema jurídico planteado, esto es, si hay

lugar a modificar el numeral quinto de la sentencia de primera

instancia que reconoció agencias en derecho, es preciso referirse a

lo expresamente solicitado por parte de la parte coadyuvante en el

recurso de apelación:

“[…] 2. Modifica el fallo en lo relacionado con el reconocimiento de
las costas, en lo atinente a las agencias en derecho, incentivando
las actividades de las partes que impulsaron y construyeron el
criterio para conseguir las mejoras que trajo la sentencia en razón
del principio de equidad, y no superiores a los topes tarifarios de
los acuerdos administrativos del Consejo Superior de la Judicatura,
con concordancia a los derechos reivindicados en la sentencia de
primera instancia: al salario mínimo legal, el derecho al
reconocimiento por las labores desplegadas y al derecho al salario
mínimo vital, desde el criterio de cualitatividad, que no solo son
legales sino de jerarquía constitucional, por lo que se solicita que
se sirva proveer en corrección constitucional en el sentido de estos
derechos.

3. En efecto de lo anterior, a fin de sopesar los esfuerzos en la
actividad procesal de los concurrentes en la acción, se solicita que
se especifique, en relación con el numeral quinto de la sentencia lo
relativo a los reconocimientos económicos de los oficios de las
partes actoras y que participaron en el proceso, en cumplimiento
del derecho fundamental del salario mínimo, el salario mínimo vital,
se informe: en qué proporción serán tasadas las costas, agencias
en derecho y la labor de representación técnica de la parte
coadyuvante, y no desestimar, por omisión, su actuar social con el
efecto de la negación de las costas en su favor. Para lo anterior, se
pide conceder costas por agencias en derecho en cuantía de un
salario mínimo legal mensual vigente por cada mes que pase, hasta
que se verifique el cumplimiento de la sentencia, sin pasar del tope
máximo legal de 10 SMLMV, para la primera instancia; y, en 4
SMLMV por efecto del trámite de la segunda instancia, como
ampara el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 5 de
agosto de 2016, sin olvidar que, en virtud del derecho a la igualdad
laboral, al principio de: a trabajo igual, salario igual, le debe
corresponder a los proponentes de los argumentos jurídicos que se

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presentan, una remuneración equivalente a la que perciben los
apoderados y representantes judiciales de las partes accionadas.
Para esto, solicito que se oficie a la entidad accionada para que
ésta informe el valor mensual que le ha sido pagado por los
trámites procesales en los que ha hecho gestión de este proceso
en beneficio de su empleadora, desde el conocimiento de la
demanda […]”.

Para determinar sí le asiste razón a la parte coadyuvante, la Sala

considera necesario referirse a la sentencia de unificación proferida

por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 6 de agosto de 201934, en la que se precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, en los siguientes términos:

“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento
de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectoras de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso, incorpora
tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular
incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia
de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales
o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la
parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas
previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en
derecho siempre que el actor popular resulte vencedor en la
pretensión protectoria de los derechos colectivos y su
acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el
fallador en atención a los criterios señalados en el numeral 4 del
artículo 366 del Código General del Proceso, es decir, en
atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a
cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante para
tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo,
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el actor popular, con
independencia de si actuó directamente o mediante apoderado,
u otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).

Asimismo, es importante traer a colación los artículos 365 y 366 del

CGP que prevén el trámite de la condena y liquidación de las costas:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto
en relación con la temeridad o mala fe.

[…]

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6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las
costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el
proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en
costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que
hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por
no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y
en los casos de desistimiento o transacción” (Resaltado de la Sala).

“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo,
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas. […]” (Destacado de la sala).

En consecuencia, la condena en costas procede en los términos

previstos en los artículos 365 y 366 del CGP, sin que se distinga la

calidad de su destinatario, esto es, demandante o demandado,

circunstancia que implica que son ellos, en los supuestos

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previamente señalados, quienes tienen el derecho a su

reconocimiento.

Así las cosas, en el caso sub lite se advierte que, en lo referente a

las agencias en derecho, que fue el rubro reconocido por el

Tribunal, se acreditaron los supuestos contenidos en la sentencia de

unificación que dan origen a la condena y al pago de las mismas,

como se explica a continuación:

-. La actora resultó vencedora frente a las entidades accionadas por

prosperar su pretensión tendiente a buscar la protección del derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente, aunado a que el recurso de apelación interpuesto por

el MUNICIPIO será resuelto desfavorablemente35.

-. El Juez de primer grado valoró en debida forma las circunstancias

que acreditaron la causación de las agencias en derecho, puesto que

la demandante actuó en todas las etapas del proceso invirtiendo

tiempo y esfuerzo.

35 Numeral 1° del artículo 365 del CGP.

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Por lo expuesto, para la Sala resulta claro que el reconocimiento

hecho en primera instancia se ajusta a lo que legal y

jurisprudencialmente se ha establecido al respecto.

Ahora, en cuanto al monto otorgado se observa que se tuvo en

cuenta el Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 de agosto de 2016, sin que

la apelante hubiese demostrado que la valoración hecha por el a quo

es contraria a derecho, pues la tasación se hizo en ejercicio de la

autonomía judicial que el mismo acuerdo del Consejo Superior de la

Judicatura, previó.

Por lo tanto, no le asiste razón a la coadyuvante cuando afirma que

se debe modificar el fallo en cuanto a las agencias en derecho, costas

o reconocimientos económicos hechos en la sentencia, para

beneficiarla, pues, como se indicó en precedencia, son las partes

quienes pueden acceder a este beneficio en caso de que se cumplan

los supuestos esbozados por la jurisprudencia de esta Corporación.

Así las cosas, al mencionado reconocimiento no puede acceder la

parte coadyuvante ya que su intervención en el proceso es como

tercero que, en el presente caso, apoya a la parte demandante

encabezada por la señora NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, lo

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que implica que es ella la única beneficiaria de las agencias en

derecho otorgadas por el a quo.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no hay lugar a modificar

el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera,

en los términos solicitados por la coadyuvante.

Del comité de verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada en relación

con el comité de verificación adujo que estaría conformado por el

Personero Municipal de Pereira, un delegado del MUNICIPIO y

de la CARDER, un representante de la comuna de Villa Santana, el

Procurador Judicial 37 en Asuntos Administrativos de la

ciudad de Pereira, la Procuradora 28 Judicial II Ambiental y

Agraria de Pereira y el a quo.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la

jurisprudencia de la Sección36, el comité de verificación de la

36Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018
00007 01, Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019
(expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-01, Consejero Ponente
Hernando Sánchez Sánchez).

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sentencia debe estar presidido por el Juez. En consecuencia, debido

a que el Tribunal no está incluido en el mismo en calidad de

presidente, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de

la misma, en dicho sentido.

La decisión

Conforme a los razonamientos expuestos, la Sala modificará el

numeral 3.3.1. de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el

entendido de que la CARDER, en coordinación con el MUNICIPIO,

deberán realizar un estudio en el que se determine si las obras

desarrolladas en el marco del contrato de obra núm. 4915 de 27 de

septiembre de 2021, suscrito por el ente territorial, satisfacen las

necesidades de la comunidad de Villa Santana en materia de gestión

del riesgo, para que en caso de que no sea así definan los parámetros

técnicos y ambientales que permitan concretar las obras que sí

mitiguen el riesgo existente.

Igualmente, exhortará a la población de la comuna Villa Santana del

MUNICIPIO para que cesen las actividades que ponen en riesgo la

estabilidad del terreno de la zona y se abstengan de continuar

afectando el medio ambiente.

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Asimismo, se modificarán los numerales 3.3.2 y 4 de la parte

resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de adoptar los

criterios de la Sala relacionados con las pautas que debe observar el

MUNICIPIO en los eventos en que se requiera la reubicación de la

población que habita en zonas de alto riesgo no mitigable y la

conformación del comité de verificación.

En lo demás, confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 3.3.1, 3.3.2 y 4 de la parte

resolutiva de la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Risaralda, los cuales quedarán así:

“[…] 3.3.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA – CARDER en coordinación con el MUNICIPIO DE
PEREIRA deberán realizar un estudio en el que se determine sí las
obras desarrolladas en el marco del contrato de obra núm. 4915
de 27 de septiembre de 2021, suscrito por el ente territorial,
satisfacen las necesidades de la comunidad de Villa Santana en
materia de gestión del riesgo, para que en caso de que no lo hagan,

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definan los parámetros técnicos y ambientales que sea así
concretar las obras que sí mitiguen el riesgo existente, para lo cual
se otorgará el término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

“3.3.2. ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA que, en caso de
ser necesario y en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias:

a.- Adelanten, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir
de la ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las
familias que no han sido beneficiarias de subsidios de
vivienda o una indemnización equivalente y que se
encuentren situadas en la zona de riesgo no mitigable de la
comuna Villa Santana.

b.- Vencido el término anterior, el MUNICIPIO DE PEREIRA,
deberá reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el
acceso a los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda
subsidiada, a las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
de la comuna Villa Santana, siempre y cuando no hubiesen sido
beneficiarias de un subsidio de vivienda. Lo anterior, en el
término máximo de diez (10) meses.

c.- El MUNICIPIO DE PEREIRA, en el término máximo de quince
(15) días, contado a partir de que se establezca la necesidad de
reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una
zona de riesgo no mitigable, deberá efectuar un censo con el objeto
de determinar las características de la población beneficiaria de la
medida de reubicación indicada en el inciso anterior. El censo
deberá contener la siguiente información:

-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
de la comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron construidas en
el marco de la normativa que regula el asunto y autorizadas por
las autoridades competentes.
-. El número de familias en la zona de riesgo no mitigable de la
comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron construidas sin la
autorización de las autoridades competentes y desconociendo la
normativa que regula el asunto.
-. El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Providencia, que no han sido beneficiarias de ningún
proyecto de vivienda subsidiada.

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d.- Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo
no mitigable de la comuna Villa Santana, cuyas viviendas fueron
construidas atendiendo la normativa vigente y con la autorización
expresa de las autoridades competentes, siguiendo el
procedimiento previsto para el efecto, el MUNICIPIO DE
PEREIRA deberá aplicar el inciso segundo del artículo 56 de la Ley
9° de 1989.

e.- En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la
zona de riesgo no mitigable de la comuna Villa Santana se rehúsen
a abandonar el sito, el Alcalde Municipal de Pereira debe ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco
de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

f.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y
previo al agotamiento del procedimiento administrativo previsto
para el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal hasta
que se lleve a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias
de la comuna Villa Santana que no hayan sido beneficiarias de
subsidios de vivienda y que habiten en la zona de riesgo alto no
mitigable, y sin perjuicio de las medidas de urgencia que se deban
adoptar frente a una nueva situación de desastre.

El MUNICIPIO DE PEREIRA deberá cumplir esta orden en el
término máximo de un mes, contado a partir de que se establezca
la necesidad de reubicación de la comuna Villa Santana por
encontrarse en una zona de riesgo no mitigable.

En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la
ausencia de un marco normativo que reglamente la solución de
vivienda temporal a favor de las familias que habitan la zona de
alto riesgo no mitigable, el MUNICIPIO DE PEREIRA deberá:

i.- Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la
reglamentación correspondiente en el término máximo de tres (3)
meses, contado a partir de que se establezca la necesidad de
reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una
zona de riesgo no mitigable.

ii.- Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que
pueda ejecutarse en caso de presentarse un desastre que ponga
en peligro la vida e integridad de las personas que habitan en ese
sector, en el marco de la estrategia municipal para la gestión del
riesgo de desastres, en el término máximo de tres (3) meses,

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contado a partir de que se establezca la necesidad de reubicación
de la comuna Villa Santana por encontrarse en una zona de riesgo
no mitigable.

iii.- Brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como
apoyo administrativo a las familias que habitan la zona de alto
riesgo no mitigable en la obtención de una alternativa de vivienda
temporal y digna, en el término máximo de diez (10) días, contado
a partir de que se establezca la necesidad de reubicación de la
comuna Villa Santana por encontrarse en una zona de riesgo no
mitigable.

g.- Que el Alcalde del MUNICIPIO DE PEREIRA, en el término
quince (15) días, contado a partir de que se establezca la necesidad
de reubicación de la comuna Villa Santana por encontrarse en una
zona de riesgo no mitigable, adopte un mecanismo dirigido a evitar
que personas o familias que no habiten en la zona de riesgo no
mitigable de la comuna Villa Santana, desde la fecha de
presentación de la demanda y de la sentencia proferida, en primera
instancia, reciban los subsidios y beneficios a los que se hizo
referencia de forma previa. Para tal efecto, deberá fijar criterios
administrativos y probatorios que le permitan verificar que las
familias beneficiarias hubiesen habitado permanentemente en ese
territorio durante el período objeto de amparo aquí definido.

Parágrafo. En el evento que durante la ejecución de la sentencia
se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo
adicional, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del
Comité de Verificación, puede adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas
las órdenes de la sentencia.

[…]

4. Se constituye el comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia, el cual estará integrado por el PERSONERO
MUNICIPAL DE PEREIRA, un delegado del MUNICIPIO DE
PEREIRA y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA -CARDER, un representante de la comuna de Villa
Santana, el PROCURADOR JUDICIAL NO. 37 EN ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA y la
PROCURADORA 8 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE
PEREIRA y el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Risaralda, quien lo presidirá, de conformidad con lo considerado en
esta sentencia […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 66001 23 33 000 2019 00307 01
Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

SEGUNDO: EXHORTAR a la población de la comuna Villa Santana

del MUNICIPIO DE PEREIRA para que cesen las actividades que

ponen en riesgo la estabilidad del terreno de la zona y se abstengan

de continuar afectando el medio ambiente.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de abril de

2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 66001 23 33 000 2019 00307 01
Actora: NATHALIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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