Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-31-33-004-2013-00001-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Mantenimiento vial de la red terciaria: responsabilidad del Instituto Nacional de Vías INVÍAS
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-31-33-004-2013-00001-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-31-33-004-2013-00001-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez (e)
28 de febrero de 2019
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA QUE ACCEDIO PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR - Confirma / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE - Por inestabilidad de la vía ubicada en la Vereda Chapasia del sector Peña Negra del Municipio Miraflores.
[L]a Sala advierte que, si bien, la empresa TGI tiene obligaciones claras en relación con el mantenimiento y conservación de las vías intervenidas con ocasión de la ejecución del proyecto autorizado, lo cierto es que, (…) en el expediente no obra material probatorio alguno que dé cuenta que las conductas que dieron origen a la presente acción les sean atribuibles a dicha empresa o que se generaron por el incumplimiento de las obligaciones referidas en precedencia, más aún si se tiene en cuenta que las falencias de la vía han sido advertidas muchos años atrás, razón por la que la empresa accionada no puede ser tenida como responsable del mantenimiento de la vía ubicada en la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio Miraflores, (…) resulta claro para la Sala que las autoridades responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, son dicho ente territorial y el INVÍAS (…).
MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED TERCIARIA - Responsabilidad del Instituto Nacional de Vías INVÍAS
[E]s claro para la Sala que el INVÍAS sí tiene competencia para asumir el mantenimiento de la vía objeto de la acción popular, dado que del plenario quedó debidamente acreditado que la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda de Miraflores, denominada Chapasia del Sector Peña Negra - Vereda de Miraflores del Departamento de Boyacá, identificada con el código 50238, se encuentra dentro del inventario de la red terciaria, que de conformidad con el Decreto 2056 de 24 de julio de 2003, se encuentran a cargo del apelante (…)
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Competencia de los Municipios y Distritos / RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - La entidad territorial debe tomar las acciones para la eliminación de sitios de arrojo clandestino de residuos en vías, andenes, separadores y áreas públicas
[H]abida consideración que, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013, los municipios y distritos son los responsables de asegurar que se preste a todos los habitantes de su jurisdicción el servicio público de aseo. En ejercicio de la referida función, el artículo 45 ibidem ordena que la recolección de los residuos de construcción y demolición corresponde al generador, no obstante, la entidad territorial debe tomar las acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestino de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas. (…) la Sala concluye que el Municipio de Miraflores, en el caso concreto tiene una obligación legal claramente definida en materia de recolección de residuos sólidos, que son, precisamente los que han generado por mucho tiempo la inestabilidad de la vía objeto de la acción popular, razón por la que el ente territorial en este aspecto también es responsable del mantenimiento de la vía ubicada en la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio Miraflores.
FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - No excusa el cumplimiento a las órdenes judiciales ni la garantía real y efectiva de los derechos colectivos
[C]omoquiera que la falta de disponibilidad presupuestal no excusa el cumplimiento a las órdenes judiciales ni la garantía real y efectiva de los derechos colectivos conculcados, la Sala no acogerá dicho argumento para eximir de responsabilidad al INVÍAS. Por lo expuesto, la Sala modificará los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, ordenando al INVÍAS para que dentro del término de un año, contado a partir de la notificación de esta providencia, efectué las medidas administrativas necesarias tendientes a que se realice el mantenimiento de la vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores y que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, continúe garantizando la protección de los derechos colectivos amparados. Asimismo, revocará el numeral sexto por cuanto dicha orden ya se encuentra contenida en el numeral quinto y confirmará en lo demás el fallo de primera instancia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 15001-31-33-004-2013-00001-01(AP)
Actor: DORA CECILIA SUAREZ BORDA
Demandado: MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACA Y OTROS
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-, contra la sentencia de 29 de agosto de 2017, proferida por la Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de acción popular.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La señora DORA CECILIA SUÁREZ BORDA instauró acción popular contra el Municipio de Miraflores, «la Empresa T.G.I –SOCAR-», la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL-, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- y el Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres –CLOPAD- por considerar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la salubridad pública, al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de acuerdo con la constitución y la ley.
I.2. Hechos
Señaló que reside en la Finca «La Esperanza» del Municipio Miraflores, ubicada en la vía que conduce a la Vereda denominada b - Vereda de Miraflores del Departamento de Boyacá.
Manifestó que, hace aproximadamente 3 años, la Alcaldía de Miraflores le concedió a la Empresa Transportadora de Gas del Interior – TGI SA ESP, en adelante Empresa TGI, permiso para la construcción de un oleoducto y un gasoducto.
Adujo que lo anterior causó graves daños alrededor, entre los cuales se destacan los deslizamientos que originaron perjuicios a nivel ambiental en la finca en la que reside, «La Esperanza», así como en la de «San José», en la cual habían distintos cultivos de frutales y café, así como árboles y pasto de corte que actualmente ya no existen.
Indicó que cada vez que la Empresa TGI realiza sus actividades deja escombros en la orilla de la vía, lo cual ha generado impacto ambiental sobre el alcantarillado, dado que causa filtraciones de agua y deslizamientos hacia su predio y el de «San José», lo que ocasiona erosión y contaminación del aljibe.
Alegó que el 12 de julio de 2012, se presentó un deslizamiento debido a los escombros mencionados, que fueron recogidos, en parte, hasta el 24 de septiembre de dicha anualidad, cuando ya habían generado gran inestabilidad en el terreno.
Aseguró que CORPOBOYACÁ ha incumplido las Resoluciones núms. 0857 de 13 de septiembre de 2005 y 1471 de 7 de noviembre de 2006, que prohíben «orillar» escombros en la vía.
Arguyó que la maquinaria empleada para la realización de estas actividades requiere de varias precauciones como el empleo de una cama baja de la cual no se hizo uso.
Expresó que han transcurrido 8 años en los que ha tratado de mejorar los predios, pero no ha podido en virtud de la negligencia y falta de precaución por parte de las compañías y el Municipio de Miraflores.
Afirmó que lo único que se ha hecho es poner «cintas de peligro» alrededor de las obras, las cuales no ayudan en nada con la filtración de agua y los deslizamientos acaecidos.
Aseveró que su manutención y la de las familias de la zona dependía de la realización de los cultivos y pastoreos, actividades que ya no se pueden hacer debido a los deslizamientos de los terrenos y los peligros que acarrea contra la integridad personal y la vida.
I.3. Pretensiones
Solicitó que se ordene a la Empresa TGI rectificar la conducta perjudicial en la que ha incurrido y que jamás vuelva a reincidir en estos hechos.
Que se ordene a la Empresa TGI el retiro de los escombros causados por las actividades desarrolladas y el debido mantenimiento del alcantarillado afectado por sus actuaciones irresponsables.
Que se ordene a CORPOBOYACÁ dar cumplimiento estricto de la Resolución núm. 0857 de 13 de septiembre de 2005.
I.4. Defensa
I.4.1.- El Municipio de Miraflores, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La sustentó en el hecho que uno de los presupuestos procesales que debe cumplir la demanda es la identificación del demandado según se desprende del artículo 52 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, lo que no fue advertido en el acápite de pretensiones, habida cuenta que no le fue atribuida ni solicitada ninguna actividad a su cargo; además, no le corresponde el mantenimiento de la vía que es de orden terciario, cuya competencia es del INVIAS.
-. «ACTO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO». La hizo consistir en que, de los hechos descritos por la actora, se infiere que la entidad territorial no tuvo que ver en los supuestos perjuicios que se le endilgan, dado que se menciona a otra entidad como la ejecutora de los trabajos que dieron lugar a los daños alegados.
Indicó que, adicionalmente existe un acuerdo de pago firmado entre la actora y la Unión Temporal Poliducto Andino para el pago de los presuntos perjuicios que dicha empresa causó con la realización de los trabajos, del cual no hizo parte el Municipio de Miraflores.
-. «INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN Y LA AUSENCIA DEL DERECHO COLECTIVO RECLAMADO». La sustentó en el hecho de que al observar en su conjunto la acción impetrada, se puede establecer como fin último de la misma la búsqueda de la reparación de los perjuicios ocasionados con la ejecución de actividades desarrolladas por la Empresa TGI, ya que de las afirmaciones de la actora se desprenden unas presuntas afectaciones que le impiden percibir algún tipo de ingreso, sin que se determine con claridad qué tipo de daño ambiental se ocasiona no solo a ella sino también a las personas que supuestamente se ven afectadas por dichos perjuicios.
Manifestó que si bien la actora afirma que actúa en nombre de otras personas, no se demuestra claramente en qué se perjudican las mismas, ya que solo se hace referencia a un predio de su propiedad, lo cual demuestra una pretensión personalísima que no es susceptible de ser amparada a través de este tipo de mecanismo constitucional.
-. «DE OFICIO». La sustentó en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, por lo que solicitó que se declaren las excepciones que se deduzcan a lo largo del debate probatorio.
I.4.2.- La Corporación Autónoma de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, por conducto de apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
-.«AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ESTRUCTUREN RESPONSABILIDAD A CORPOBOYACÁ». La hizo consistir en que, de conformidad con la Constitución Política, las Leyes 1333 de 21 de julio de 2009 y 99 de 22 de diciembre de 1993 y el Decreto 1713 de 6 de agosto de 2002, la obligación de la disposición adecuada de escombros, de adoptar las medidas y de efectuar las acciones pertinentes cuando por acción u omisión se ponga en peligro los recursos naturales o se vulneren los mismos, atendiendo las facultades de Policía, es del Municipio de Miraflores, por lo tanto no se entiende por qué habría lugar a endilgarle responsabilidad a dicha Corporación.
-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La sustentó en el hecho de que las atribuciones y funciones de los diferentes agentes del Estado se encuentran debidamente regladas, razón por la que no puede invadir órbitas que son de competencia exclusiva de otra entidad pública, con misión y función diferente a ella.
I.4.3.- El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
-.«FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA». La hizo consistir en que no es responsable de las supuestas amenazas y vulneraciones aducidas, por cuanto no le atañen; que en ninguna parte de la demanda se encuentra a qué vía se refiere la actora para entrar a determinar si la misma está a su cargo; que la Resolución núm. 0857 de 13 de septiembre de 2005, indica que «al parecer la vía» corresponde a un carrete veredal, por lo que estaría bajo la administración del Municipio de Miraflores o incluso del Departamento de Boyacá.
-. «INEXISTENCIA DE CONCULCACIÓN O AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONA DE VIAS INVIAS». La sustentó en el hecho que al no ejercer acción u omisión frente a los hechos de la demanda no es responsable y, en consecuencia, no tiene competencia para ejecutar, modificar o realizar alguna acción dentro del contrato de concesión.
-.«INEXACTITUD EN LOS HECHOS DE LA ACCIÓN QUE PERMITEN CONCLUIR LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS». La hizo consistir en que en la demanda no se encuentra exactitud si existe afectación sobre alguna vía y mucho menos si la misma hace parte de su infraestructura, por lo que mal haría el fallador entrar a declarar amenaza o vulneración de algún derecho cuando ni siquiera está clara la afectación sobre algún tipo de infraestructura que esté a su cargo.
I.4.4.- La Empresa transportadora de gas internacional -TGI SA ESP-, actuando por conducto de apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
-. «RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES». La hizo consistir en que es la entidad territorial la que debe ejecutar las obras necesarias para el manejo del agua de escorrentía y destape de alcantarillas, conforme lo señalado por CORPOBOYACÁ en las Resoluciones 857 de 2005 y 1471 de 2006.
-. «AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE TGI». La fundamentó en el hecho de que no ha vulnerado derecho alguno por cuanto no es de su competencia el manejo de aguas de escorrentía y destape de las alcantarillas taponadas.
Alegó que conforme a las pruebas, que anexa al proceso, se probará que no existe daño o amenaza de daño concreto que lesione derechos colectivos por parte de dicha empresa.
-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La hizo consistir en que no existe causa alguna para que dicha empresa hubiese sido citada como demandada, dado que nada tiene que ver con el manejo de aguas de escorrentía y destape de alcantarillas.
-. «INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS». La fundamentó en que la prosperidad de las pretensiones depende de la prueba irrefutable del daño o la amenaza del derecho colectivo, de manera que deben darse los elementos que configuren el perjuicio, verbigracia, que exista una injusta, evidente, cierta, actual o futura lesión y además, debe probarse que el demandado causa daño colectivo actual o contingente.
Arguyó que dicha empresa no ha omitido el cumplimiento de las obligaciones legales que se le endilgan en la presente acción, por lo tanto solicita que se denieguen las pretensiones formuladas por cuanto no ha violado derecho alguno.
I.4.5.- La Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
«AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA». La hizo consistir en que toda decisión de fondo debe basarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso que permitan demostrar fehacientemente los hechos en que se funda la demanda, por tanto, para que la administración pueda ser declarada responsable se necesita que se haya producido una actuación que le sea imputable, es decir, una conducta de la cual esa persona pública sea autora, lo cual no se logra probar dentro del presente asunto.
-. «AUSENCIA DE NEXO CAUSAL» La fundamentó en que uno de los elementos de la responsabilidad civil es el nexo causal, que se entiende como el enlace que liga el hecho culposo con el daño causado.
Explicó que, no existe relación alguna entre el daño alegado por la demandante y dicha autoridad, el cual es indispensable para decretar alguna responsabilidad.
-.«FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La hizo consistir en que ésta le pertenece al demandado y a quienes intervengan para controvertir la pretensión del demandante.
Precisó que el demandado deber ser aquél que conforme a la ley le corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente al cual se declare la relación jurídica sustancial objeto de demanda.
Manifestó que en el presente asunto dicha autoridad no es legitimada por la eventual vulneración de los derechos colectivos invocados, dado que, si bien, otorgó la licencia ambiental y ha realizado seguimiento de la misma, lo cierto es que no le es imputable ninguna trasgresión de las normas ambientales.
I.4.6.- El Consorcio «EL PORVENIR», actuando por conducto de apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las siguientes excepciones:
-. «Falta de agotamiento del requerimiento establecido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011» La fundamentó en que en el presente asunto tal exigencia no se agotó, ni se sustentó su falta de agotamiento, dado que no se acreditó que dicho consorcio hubiese sido requerido por la demandante, así como tampoco se observa que se hubiese hecho respecto de las demás entidades demandadas, por lo que al no haberse agotado dicho requisito de procedibilidad se debió rechazar la demanda.
-. «De las características de la acción popular y su desconocimiento en el presente caso». La hizo consistir en que este mecanismo constitucional se instituyó con el objeto de garantizar la protección e intereses de naturaleza colectiva, sin embargo, en la demanda se presentan pretensiones propias de otro tipo de acciones de carácter individual encaminadas a proteger derechos distintos al alegado, toda vez que se pretende la recolección del material que se encontraba en los predios de la accionante y que se reparen daños causados, pretensiones propias de acciones subjetivas, diferente a la instaurada.
-. «Hechos superados» La fundamentó en que la empresa Ocensa asumió y reparó los hechos que le perturbaban a la accionante, dentro de los que se encuentran específicamente los siguientes: «[…] i) se levantó material de la cuneta y se evacuaron aguas de alcantarilla; ii) se abrió cuneta mediante excavación para evacuar las aguas de escorrentía hacia la alcantarilla con tapia; iii) se retiró material ubicado en la margen izquierda de la vía Miraflores –Arrayan; iv) se reconstruyó y puso en funcionamiento la poceta de alcantarilla; v) se reconstruyó el topellantas de cabezote y el drenaje de la misma; vi) se indemnizaron al señor José Rogelio Camacho Valbuena, esposo de la Sra. Dora Suárez, los daños ocasionados en la finca San Antonio por el tránsito de maquinarias […]».
-. «Falta de legitimación en la causa por pasiva». La hizo consistir en que dicho consorcio no puede ser parte pasiva dentro del presente proceso, por las siguientes razones:
a) La accionante no ha determinado con precisión cuáles son los daños causados, tampoco existe claridad si los daños solo se causaron a su propiedad o si también comprometen al predio «San José».
b) No se precisó al causante de los daños ni de la puesta en peligro de sus derechos colectivos, por cuanto en el encabezado señala al Municipio de Miraflores, la empresa «T.G.I.-SOCAR», ECOPETROL, CORPORBOYACÁ, INVÍAS y CLOPAD, pero en los hechos se los atribuye únicamente a la empresa «T.G.I.-SOCAR», como el supuesto responsable del mantenimiento de una vía veredal de alcantarillado.
Adicionalmente, dicho consorcio no tiene responsabilidad directa ni es garante del mantenimiento de las vías o del alcantarillado de la vereda en la que reside la demandante, debido a que tales actividades incumben exclusivamente al INVIAS.
c) Dentro de sus competencias no tiene facultades para garantizar la protección de los daños o impactos ocasionados al medio ambiente o a la salubridad pública, específicamente en lo relacionado con el alcantarillado y el saneamiento básico, por cuanto se trata de un consorcio que es de naturaleza privada.
-.«Falta de conexidad entre los hechos, los daños específicos y las pretensiones propuestas» La fundamentó en que estima que la autoridad judicial no tiene jurisdicción ni competencia para reconocer el pago o reparación de los daños presuntamente causados en las 30 hectáreas de propiedad de la accionante, habida cuenta que el fallo solo debe limitarse a ordenar las acciones de recolección y mantenimiento expresadas en la demanda, las que no se encuentran a cargo de dicho consorcio y ya han sido cumplidas por Ocensa y el Municipio de Miraflores.
Afirmó que los perjuicios, que en el escrito introductorio se denominaron «daños específicos», tampoco se relacionan con los hechos planteados en la demanda, debido a que, los primeros, hacen relación a una serie de eventualidades causadas al interior de un predio «La Esperanza», como fue la presunta afectación de los pastos y actividades de pastoreo en 30 hectáreas; y en los segundos, se habla de circunstancias ocurridas alrededor del predio «La Esperanza» y «San José» como la falta de recolección de escombros y la presencia de éstos a la orilla de la carretera y la falta de mantenimiento del acueducto.
I.4.7.- La empresa SICIM COLOMBIA (sucursal Sicim S.P.A.), actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, propuso las mismas excepciones que el Consorcio «EL PORVENIR», sustentadas de idéntica forma, las cuales ya fueron mencionadas en precedencia.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2013, la cual se declaró fallida por falta de acuerdo conciliatorio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de 29 de agosto de 2017, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En esencia, adujo lo siguiente:
Que frente a la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa no se configuran los elementos de su vulneración, habida cuenta que la accionante no aportó pruebas que evidenciaran su presunta transgresión ni que ésta hubiese obedecido a finalidades de carácter particular, por lo que no accede a las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección de este derecho colectivo.
Manifestó que del material probatorio allegado se acreditó que con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el año 2009, a la Empresa TGI para la construcción de un gasoducto en el Municipio de Miraflores en asocio con el Consorcio «EL PORVENIR» se ejecutaron las obras.
Indicó que se crearon una serie de obligaciones para la Empresa TGI entre ellas el mantenimiento de las vías y de las zonas aledañas para dar estabilidad, protección a la infraestructura instalada, control de procesos erosivos, manejo de aguas a fin de evitar la formación de cárcavas y remoción en masa, así como mantenimiento de obras, cada cuatro meses, en zonas que estuviesen afectadas por inestabilidad geotecnia, como es el caso de la Vereda Chapasía de Miraflores, objeto de la demanda, entre otras; igualmente se comprometió a dejar las vías en iguales o mejores condiciones respecto del estado inicial.
Señaló que el Ministerio precisó que el único responsable del manejo y operación del gasoducto, así como de las actividades conexas que conllevan estas acciones, es el sujeto al que se le ha otorgado la licencia ambiental que, para este caso, es la Empresa TGI. Alegó que lo que no se logró probar en el plenario es la afirmación relativa a que la actividad de la Empresa TGI generó deslizamientos, problemas en el acueducto y problemas ambientales, por cuanto de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas no se obtuvo certeza que, durante la ejecución del proyecto de gasoducto, dicha empresa hubiese dejado abandonados los escombros, hecho que hubiera ocasionado los deslizamientos y daño de las alcantarillas, así como los problemas ambientales en la Vereda Chapasía del sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, en donde se encuentran ubicados los predios denominados «La Esperanza» y «San José».
Arguyó que los supuestos daños ocasionados a los predios mencionados debieron ventilarse a través de un medio de control distinto, cuya protección fueran los intereses particulares de la actora y no, como se pretende en esta acción, alegando la protección de derechos colectivos.
Expresó que en la Resolución núm. 0857 del 13 de septiembre de 2005, expedida por CORPOBOYACÁ, se indica que la vía fue construida hace aproximadamente 30 años y que a la misma, desde esa época, se le adelantan periódicamente acciones de mantenimiento, teniendo en cuenta que en ese sector corta una ladera con pendientes estimadas de 60% y 70% y que, por su conformación topográfica, hace que el material parental por acciones principalmente de erosión hídrica, llegue a la berma y calzada de la vía dejándola intransitable. También se indica, que al realizar obras de mantenimiento de la vía se arrojan los escombros (estériles o material parental) al costado izquierdo de la misma.
Afirmó que, en la misma resolución, CORPOBOYACÁ no evidenció daños ambientales dado que estimó que el problema que ocasionó el deslizamiento e inestabilidad del terreno podía obedecer a factores antrópicos o a una falla geológica. Que de acuerdo con lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó al Alcalde Municipal de Miraflores que en el término de 60 días realizara las siguientes actividades:
Retirar el material que s
Efectuar las obras de arte requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía. Por ningún motivo se debe arrojar escombros o estériles a los lados de la vía dado que estos inciden sobre la estabilidad de la vía y puede ocasionar graves problemas de erosión ya que el suelo pierde la capa de soporte (capa vegetal).
Sostuvo que, en forma posterior, mediante Resolución núm. 1471 del 7 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió el recurso de reposición que había sido interpuesto contra el acto anterior y revocó la orden correspondiente a «[…] Retirar el material que se ha extraído del mantenimiento y llevarlo a la escombrera […]» por cuanto en el sector donde se ordenaron los trabajos existe dificultad topográfica que impedía el retiro de los escombros.
Explicó que lo anterior permitió evidenciar que los problemas de deslizamientos y de taponamiento de los acueductos, son problemas que se han ocasionado desde mucho antes de ocurridos los hechos aducidos en la demanda.
Argumentó que, según la Resolución núm. 0857 de 13 de septiembre de 2005, la Vereda Chapasía del sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, en donde se encuentran ubicados los predios «La Esperanza» y «San José», es un sector que debido a su conformación topográfica presenta deslizamientos e inestabilidad del terreno y, por tanto, requiere mantenimientos permanentes por tener pendientes de 60% y 70%; que además, se ve afectado por erosión hídrica y por los escombros que se dejan en muchas ocasiones al costado izquierdo de la vía al realizar los mantenimientos.
Aclaró que la citada Resolución núm. 1471 de 7 de noviembre de 2006 creó una serie de obligaciones a cargo del Municipio de Miraflores, las cuales debían cumplirse justamente para la protección y mantenimiento de los terrenos del sector, objeto de la demanda, esto es de la Vereda Chapasía, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, así: «[…] Contar con un botadero de escombros y estériles y 3. Efectuar las obras de arte requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía. Por ningún motivo se debe arrojar escombros o estériles a los lados de la vía dado que estos inciden sobre la estabilidad de la vía y puede ocasionar graves problemas de erosión ya que el suelo pierde la capa de soporte (capa vegetal) […]», obligaciones que la entidad territorial no cumplió.
Adujo que, revisadas las pruebas obrantes en el plenario, la vía objeto de la acción popular, esto es la que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda de Miraflores denominada Chapasía, es terciaria a cargo del INVÍAS, según se aprecia en el Oficio de fecha 6 de febrero de 2014 expedido por el Director Administrativo de Planeación del Departamento de Boyacá; adicionalmente, que en el Oficio de 4 de febrero de 2014 expedido por el Municipio de Miraflores se informó que con ocasión del Convenio Interadministrativo núm. 1008 de 2013, cuyo objeto es el «Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Chapasía - Vereda Miraflores, Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá», el Municipio de Miraflores recibió recursos del INVÍAS para el mejoramiento y mantenimiento de la vía objeto de la acción.
Alegó que la falta de mantenimiento de la vía, la inexistencia de cunetas y el taponamiento de las alcantarillas, es responsabilidad del INVÍAS, por lo que estimó que esta entidad también ha vulnerado los derechos colectivos alegados en la demanda, al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Manifestó que, de las pruebas obrantes en el proceso, encontró que ECOPETROL, CORPOBOYACÁ y la ANLA no vulneraron derecho colectivo alguno de los habitantes de la vía de la vereda Chapasía del sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, dado que no se evidencia que estas entidades hayan efectuado obras en el citado sector, ni que hubiesen arrojado los escombros en la vía.
En síntesis, el a quo profirió las siguientes órdenes:
«[…]
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente respecto de las entidades EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR - TGI S.A. E.S.P., CONSORCIO EL PROVENIR, integrado por las empresas SICIM COLOMBIA y SOCAR INGENIERA LTDA, ECOPETROL, CORPOBOYACÁ y la NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. DECLARAR que el MUNICIPIO DE MIRAFLORES y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS si vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes de las veredas que se benefician de la vía que del Municipio de Miraflores conduce a la vereda Chapasía, sector Peña Negra del mismo municipio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE MIRAFLORES que en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, adecúe lugares que sirvan de botadero de escombros y estériles, y realice las obras requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía en la vía de la vereda Chapasía, sector peña Negra del Municipio de Miraflores, omitiendo arrojar los escombros en los costados de la vía.
QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE MIRAFLORES que, en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la providencia gestione ante el INVÍAS la asignación de recursos para el mantenimiento periódico de la vía de la vereda Chapasía, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, de tal suerte que se incluyan los recursos para la vigencia siguiente, garantizando que para lo que resta del año por lo menos se realice un mantenimiento a la vía, omitiendo arrojar los escombros en los costados de la vía.
SEXTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del INVÍAS que asigne los recursos presupuestales para garantizar el mantenimiento periódico de la vía terciaria de la vereda Chapasía, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, incluyendo los recursos para la vigencia siguiente, garantizando que para lo que resta del año por lo menos realice un mantenimiento a la vía , y así mismo se le ordena que en el término de UN (1) mes proyecte la construcción de cunetas y destape de las alcantarillas que se encuentran taponadas con los escombros en la vía.
SÉPTIMO: Para la vigilancia y cumplimiento de la decisión que en ésta providencia se adopta, conforme al artículo 34 de la ley 472 de 1998, CONFORMAR el Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de la siguiente manera: la actora popular, el representante legal del municipio de Miraflores, el personero municipal de Miraflores y el representante de la Defensoría del Pueblo, quienes deberán rendir informe a ésta Sala cada dos (2) meses a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de las labores desplegadas por las entidades accionadas, a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo. OCTAVO: Sin condena en costas.
[…]».
III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y en esencia, adujo lo siguiente:
Que existió una indebida valoración probatoria por parte del a quo en cuanto a la responsabilidad sobre la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda Chapasía del mismo Municipio, la cual hace parte de la red terciaria, pero que, al ser vereda, su mantenimiento le corresponde al Municipio de Miraflores, que está en la obligación de realizar las obras de mantenimiento y limpieza junto con las alcantarillas y demás obras de drenaje.
Señaló que tal obligación se desprende, no solo por la calidad y denominación de la vía, sino por la obligación fijada frente al mantenimiento de la misma por CORPOBOYACÁ, en las Resoluciones núms. 0857 de 13 de septiembre de 2005 y 1471 de 7 de noviembre de 2006.
Arguyó que el ente territorial demandado es el encargado de la realización de obras de mantenimiento, que incluso conllevan el manejo de obras que permiten la conservación de la vía, como lo es el manejo de las aguas de escorrentía, limpieza de alcantarillas, entre otros, sin que pueda endilgarse obligación alguna dicho instituto.
Expresó que tal argumento, igualmente se corrobora con la prueba documental no tenida en cuenta por el a quo al momento de proferir el fallo, ya que en el informe de 13 Junio de 2013 suscrito por el Director Territorial de Boyacá de dicho instituto, aportado con la contestación de la demanda, se manifestó que se desconocen los trabajos de mejoramiento y/o rehabilitación que se hayan realizado en el corredor vial.
Afirmó que las acciones u omisiones vulneradoras de los derechos colectivos amparados, se dieron por entidades ajenas, en este caso, por obras realizadas por el Municipio de Miraflores, ente público competente.
Sostuvo que tal como lo establece el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992; es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, razón por la que está limitado por las asignaciones presupuestales que efectúa el Gobierno Nacional conforme a las necesidades de la amplia malla vial del Estado, y por ende, existen prioridades para la destinación de recursos.
Adujo que en virtud de dicha limitante, proyecta la inversión de sus recursos de acuerdo con las necesidades priorizadas conforme a estudios técnicos a nivel Nacional, hecho por el que la ejecución de obras de mantenimiento, como la que ordenó el a quo, obedece única y exclusivamente a la necesidad fijada confrontada con la capacidad presupuestal frente a la infraestructura vial que se encuentra a su cargo, entre ellas la red vial terciaria, cuyo mantenimiento corresponde, en primera fase, a los entes territoriales, en este caso del Municipio de Miraflores, el que quedó demostrado realizó obras sobre la vía que causó algunas de las afectaciones que se alegan como derechos colectivos amenazados.
Indicó que no cuenta con recursos ilimitados para realizar el mantenimiento de vías como la que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda Chapasia Sector Peña Negra del mismo Municipio, ya que la destinación de esos recursos, itera, debe obedecer a estudios de necesidad previa y ser sometido a la existencia de otras prioridades en la red terciaria de todo el Estado.
Alegó que con las órdenes dadas en el fallo de instancia, se está obligando a la entidad a que reordene recursos en tal función, lo cual le impone a dejar de lado proyectos de mayor prioridad y trascendencia para los asociados, situación que afectaría verdaderos derechos colectivos de los ciudadanos, máxime cuando es claro que el mantenimiento de la vía en mención, se ha hecho y debe continuar realizándose por el Municipio de Miraflores y no a su cargo, como erróneamente se ordenó en el fallo controvertido.
Manifestó que no existe prueba de que sea titular de la vía||, contrario sensu, de las documentales aportadas se extrae que el Municipio de Miraflores es el encargado de realizar el mantenimiento sobre dicha vía veredal y así lo ha hecho en diversas oportunidades, como quedó demostrado a lo largo del proceso, hecho que configura la falta de legitimidad en la causa por pasiva propuesta como excepción en la contestación de la acción popular, sin que la misma haya sido considerada de fondo por el Tribunal.
Señaló que el a quo no tuvo en cuenta que se demostró dentro del proceso que la Empresa TGI se comprometió a realizar las labores de adecuación y mantenimiento sobre la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda Chapasía Sector Tierra Negra del mismo Municipio.
Expresó que lo mismo se desprende de la Resolución núm. 2277 de 25 de Noviembre de 2009, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que se fijó como obligación de tal empresa las obras conexas a la instalación y funcionamiento del Gasoducto que pasa por dicha zona, obras que incluyen el mantenimiento de la vía de acceso a la infraestructura enunciada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 472, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
Por su parte, el artículo 144 del CPACA, preceptúa:
« […] ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos […]» (destacado de la Sala).
Según lo ha señalado la Sección en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
En el caso sub examine, la señora DORA CECILIA SUAREZ BORDA instauró acción popular contra el Municipio de Miraflores, la Empresa TGI, ECOPETROL, CORPOBOYACÁ, el INVÍAS- y el CLOPAD, por considerar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, salubridad pública, goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de acuerdo con la constitución y la ley.
El derecho colectivo a la moralidad administrativa
En la Constitución Política, la moralidad administrativa está definida como un principio de la función pública (artículo 209) y como un derecho colectivo (artículo 88). Sobre sus principales características la Jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que:
Es un valor supremo dotado de fuerza normativa y protección constitucionales, encaminado a que la actividad de la Administración Pública se enderece al cumplimiento de los fines del Estado.
Es objeto de control judicial directo.
La naturaleza que le corresponde constitucionalmente exige que su análisis se aborde a partir del juicio de ponderación propio de la aplicación de los principios, que permita la sistematización de su significado o contenido con los demás valores y principios constitucionales, de cara a la garantía de su eficacia.
Su contenido responde a la sistematización de los valores y principios en que se funda el Estado, en esencia aquellos que concurren a la protección de la dignidad humana y los demás derechos fundamentales y, asimismo, a la organización del poder para su acceso y ejercicio -incluidas las relaciones entre la administración y el administrado-, a los servicios y funciones a su cargo y a la revisión judicial de las actuaciones de la autoridad a través de distintos mecanismos, como una de las diferentes manifestaciones del control del poder.
Como derecho subjetivo, la moralidad administrativa, en su extremo activo, pese a su titularidad difusa, consiste en la facultad de los ciudadanos para exigir, inclusive individualmente, que la actividad de la Administración en sus distintas facetas –actuaciones, operaciones, hechos y contratos- se adecúe al cumplimiento de los fines estatales y se le imponga por la vía judicial, en cada caso concreto, la eficacia del derecho de que se trata; en tanto su aspecto pasivo tiene que ver con el cumplimiento de los deberes de corrección que obligan a la administración trascender, desde las exigencias formales, hasta el campo en el que la actuación se acompase con los valores y principios rectores de la sociedad política.
La salubridad pública
Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha manifestado que:
«[…]
En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados” ».
Derecho al goce de un ambiente sano
Frente a este derecho la jurisprudencia constitucional ha precisado lo siguiente:
«[…] Para la Corte, el ámbito constitucionalmente protegido del ambiente sano se refiere a “aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural” En este sentido, el ambiente sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la Constitución, que se refiere a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a ninguna persona en particular. Por ello, “la protección de estos aspectos ambientales consagrados en la Constitución, se realiza en estricto sensu mediante el mecanismo de las acciones populares, en virtud del artículo 88 de la Carta, que al haber sido estructuradas en la ley 472 de 1998, son la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente”
Por su parte, esta Sección ha considerado lo siguiente:
«[…] La Carta Política en su artículo 79, reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos, dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natura […]» .
De la seguridad y de desastres previsibles técnicamente.
Es un derecho de carácter colectivo cuya protección debe perseguirse mediante las acciones colectivas, de grupo o de cumplimiento.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como objetivo «evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible» y su procedencia está sujeta a que se presente: «a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses».
En ocasiones este derecho tiene una evidente relación con los derechos a la vivienda digna y la seguridad personal, que adquieren relevancia constitucional cuando comportan una afectación o amenaza a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal.
Caso concreto
A juicio de la demandante dichos derechos se vulneraron con ocasión del permiso concedido a la Empresa TGI para la construcción de un gasoducto, por cuanto tal actividad conllevó a que se arrojaran escombros en la orilla de la vía (que de Chapasía conduce a Miraflores y viceversa), lo que generó impacto ambiental al afectar el alcantarillado que causó filtraciones de agua y deslizamientos hacia su predio «La Esperanza» y a la finca «San José» y a su vez produjo erosión y contaminación del aljibe.
Al respecto, el Tribunal encontró acreditado que, en efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le otorgó licencia en el año 2009 a la Empresa TGI para la construcción de un gasoducto en el Municipio de Miraflores en asocio con el Consorcio «EL PORVENIR». Obras que se ejecutaron de conformidad.
Sin embargo, precisó que no se logró probar que la actividad de la Empresa TGI hubiese generado los daños alegados por la accionante, por cuanto de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas no se obtuvo certeza que durante la ejecución del proyecto dicha empresa hubiese dejado abandonados los escombros aludidos en la demanda, y que, por el contrario, de la Resolución núm. 0857 del 13 de septiembre de 2005, expedida por CORPOBOYACÁ, se pudo establecer que por haber sido construida la vía hace aproximadamente 30 años, en la misma, desde esa época se realiza periódicamente mantenimiento, teniendo en cuenta que ese sector corta con una ladera con pendientes estimadas de 60% y 70%, que por su conformación topográfica hace que el material parental por acciones de erosión hídrica resulte en un acceso intransitable, por lo que al realizarse las obras de mantenimiento, se arrojan los escombros (estériles o material parental) al costado izquierdo de la misma.
Aunado a lo anterior el Tribunal encontró que, según la citada resolución, CORPOBOYACÁ no evidenció daños ambientales, dado que estimó que el problema que ocasionó el deslizamiento e inestabilidad del terreno obedecía a factores antrópicos o a una falla geológica.
Finalmente, el a quo después de examinar el acervo probatorio estimó que la vía, objeto de la acción popular, que va desde el Municipio de Miraflores hacía la Vereda denominada Chapasía, es terciaria a cargo del INVÍAS por lo que dicho instituto debía responder por el mantenimiento de la misma, la inexistencia de cunetas y el taponamiento de las alcantarillas.
Sin embargo, a juicio del citado Instituto no le asiste razón al Tribunal dado que no es competente para atender las órdenes proferidas por el a quo, habida cuenta que se trata de una vía veredal, por lo que el ente facultado para asumir su mantenimiento y demás acciones sobre la misma es el Municipio de Miraflores, aunado al hecho que CORPOBOYACÁ en las Resoluciones núms. 0857 de 13 de septiembre de 2005 y 1471 de 7 de noviembre de 2006 le fijó dicha obligación a la citada entidad territorial; así como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución núm. 2277 de 25 de noviembre de 2009, ordenó a la Empresa TGI el mantenimiento de la vía como consecuencia de la instalación y funcionamiento del gasoducto; adicionalmente, que los recursos de dicho instituto son limitados y el dar cumplimiento a la sentencia en mención vulneraría otros derechos colectivos.
Problema Jurídico
En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar quién es el responsable de la implementación de las medidas necesarias para solucionar las diferentes causas que dan lugar a la inestabilidad de la vía ubicada en la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio Miraflores.
De la responsabilidad del INVIAS
Frente a la competencia del INVÍAS, el Decreto 2056 de 24 de julio de 2003, prevé lo siguiente:
«[…]
Artículo 1º. Objeto del Instituto Nacional de Vías. El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
[…]».(Destacado fuera del texto)
«[…]
Artículo 2º. Funciones del Instituto Nacional de Vías. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales:
2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.
2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.
2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.
2.4 Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales.
2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.
2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia.
2.7 Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.
2.8 Elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos.
2.9 Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para determinar los proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la infraestructura de su competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro de Transporte, de conformidad con la ley.
2.10 Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.
2.11 Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran.
2.12 Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión administrativa.
2.13 Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso.
2.14 Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.
2.15 Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.
2.16 Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
2.17 Coordinar con el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión.
2.18 Las demás que se le asignen.
[…]» (destacado fuera del texto).
«[…]
Artículo 17. Subdirección de la Red Terciaria y Férrea. La Subdirección de Red Terciaria y Férrea ejercerá las siguientes funciones:
17.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada y cumplir la regulación técnica establecida, así como la normatividad ambiental vigente.
17.2 Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización, y de seguridad de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada.
17.3 Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual de la infraestructura a su cargo.
17.4 Coordinar y evaluar la ejecución de los contratos y apoyar integralmente el proceso de supervisión contractual que ejecutan las direcciones territoriales.
17.5 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.
17.6 Ejecutar las políticas de descentralización, delegación o desconcentración dadas por el Ministerio de Transporte.
17.7 Las demás que le sean asignadas» (destacado fuera del texto).
Es claro, entonces, que el INVÍAS dentro de su competencia tiene bajo su cuidado, entre otras, las vías terciarias no concesionadas frente a las cuales debe ejecutar los planes y políticas tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación y demás obras que estas requieran, así como velar por la debida ejecución de los planes y proyectos que se aprueben, ya sea que se realicen de manera directa o a través de otras entidades mediante la respectiva contratación.
El Instituto aduce que la vía, materia de litigio, no es terciaria sino veredal y que, por tal razón, no es de su competencia; sin embargo, al consultar la página web del INVÍAS, según el mapa de la red terciaria y férrea del Departamento de Boyacá cuya última actualización se realizó el 25 enero 2018, se observa lo siguiente:
En virtud de lo anterior, se advierte que las vías terciarias del Municipio de Miraflores se encuentran identificadas con los códigos 50236, 50237 y 50238, siendo este último el correspondiente a la vía materia de análisis.
En efecto, en respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal, por medio del cual se le solicitó a la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Boyacá que informara al proceso acerca de la titularidad de la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda Miraflores (Chapasía), sector Peña Negra, obrante a folio 724, señaló lo siguiente:
«[…]
1. Por medio del Decreto No. 1895 del 05 de Noviembre de 2008, se determinó la red vial a cargo del Departamento de Boyacá, en virtud del cual a través de dos anexos técnicos se establecieron las carreteras administradas por el Departamento de Boyacá. Una vez revisados dichos anexos, se encuentra que la vía en consulta no es administrada por el Departamento de Boyacá.
2. Ahora bien, por información directa del Municipio de Miraflores, se conoce que la vía que del Municipio de Miraflores conduce a la Vereda de Miraflores, es la denominada Chapasia - Vereda de Miraflores, de la cual se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías "INVIAS".
3. De acuerdo a la anterior información, se consulta la cartilla contentiva de la Red Vial Terciaria, en la cual se verifica que la Entidad titular de la vía objeto de estudio efectivamente es el Instituto Nacional de Vías "INVIAS", de donde se desprende la siguiente descripción:
CÓDIGO: 50238
MUNICIPIO: MIRAFLORES
CAMINO: CHAPASIA - VEREDA MIRAFLORES
LONGITUD: 4.70 Km
DESCRIPQÓN LOCALIZAQÓN: 1.9 Km SOBRE LA VÍA CHAPASIA - MORRO ABAJO
[…]» (Destacado fuera del texto).
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Miraflores, en respuesta al requerimiento del a quo, visible a folio 725, precisó que:
«[…] me Permito informar que la vía chapacia-vereda Miraflores en el municipio de Miraflores departamento de Boyacá se encuentra dentro del inventario de la red terciaria del INVÍAS, por tanto el municipio de Miraflores de manera individual no puede suscribir contratos u órdenes de obra para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la misma.
Sin embargo, dada la problemática presentada en el sector Peña Negra situado dentro del tramo antes mencionado se requirió a la empresa Ocensa para que realizara el mantenimiento respectivo de la vía ya que adelantaron trabajos de mantenimiento del oleoducto para lo cual transportaron maquinaria pesada sobre este tramo, de lo cual anexo informe fotográfico de mantenimiento de la empresa Ocensa en el segundo semestre del año 2013. De la misma forma el municipio solicitó el mantenimiento de la vía al Instituto Nacional de Vías dado que es de su competencia, para lo cual se suscribió convenio interadministrativo No. 1008 de 2013 cuyo objeto es: "Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Chapada -vereda Miraflores, municipio de Miraflores, departamento de Boyacá" y del cual se recibió el día 13 de Enero del presente año presupuesto oficial por un valor de $360.000.000, para lo cual el municipio de Miraflores se encuentra adelantando estudios previos y pliegos para la licitación pública; es importante anotar que con esos recursos se atenderán 4,7 kilómetros de vía dentro de los cuales se encuentra considerado el sector objeto de la acción popular de la referencia; se tiene previsto que en aproximadamente 60 días se esté celebrando contrato de obra pública que cumpla con el objeto del convenio municipio de Miraflores. Adjunto copia del convenio y de la remisión del presupuesto oficial […]» (destacado fuera del texto).
Así las cosas, es claro para la Sala que el INVÍAS sí tiene competencia para asumir el mantenimiento de la vía objeto de la acción popular, dado que del plenario quedó debidamente acreditado que la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda de Miraflores, denominada Chapasia del Sector Peña Negra - Vereda de Miraflores del Departamento de Boyacá, identificada con el código 50238, se encuentra dentro del inventario de la red terciaria, que de conformidad con el Decreto 2056 de 24 de julio de 2003, se encuentran a cargo del apelante.
Tan es así que dicho Instituto suscribió el convenio interadministrativo núm. 1008 de 2013 con el Municipio, cuyo objetivo se dirigió precisamente al mejoramiento, mantenimiento y conservación de la pluricitada vía, del cual el apelante efectuó una erogación de $360.000.000.
De la responsabilidad del Municipio de Miraflores
En el presente caso, la Sala advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 1333, la potestad sancionatoria ambiental del Estado se encuentra en cabeza de, entre otras autoridades, las Corporaciones Autónomas Regionales, en virtud de la cual, deben sancionar toda acción u omisión que constituya violación de las normas del Código de Recursos Naturales Renovables y, en general, cualquier comisión de un daño al medio ambiente, siempre y cuando se configuren los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que establece el Código Civil y la legislación complementaria, esto es, el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre estos dos (artículo 5° idem).
La Ley en mención otorga distintas facultades a la autoridad ambiental que van desde la emisión de medidas preventivas o correctivas hasta actos administrativos sancionatorios.
Con ocasión de lo anterior, CORPOBOYACÁ en Resolución 857 de 13 de septiembre de 2005, en atención a que el Municipio de Miraflores realizó unos trabajos en la vereda Chapasia sector Peña Negra que causaron daños a la propiedad de la actora y del señor José Rogelio Camacho, lo requirió para que efectuara las siguientes medidas:
-. Contar con un botadero de escombros y estériles.
-. Retirar el material que se ha extraído del mantenimiento y llevarlo a la escombrera.
-. Las obras necesarias para el manejo de las aguas de escorrentía.
Adicionalmente, Corpoboyacá advirtió que por ningún motivo se deben arrojar escombros o estériles a los lados de la vía, habida cuenta que estos inciden sobre la estabilidad de la misma y puede ocasionar graves problemas de erosión ya que el suelo pierde la capa de soporte.
El alcalde del Municipio de Miraflores interpuso recurso de reposición contra la anterior Resolución, para lo cual argumentó que por las condiciones del terreno le era físicamente imposible retirar el material que se ha venido depositando desde hace 30 años, más aún si se tiene en cuenta que sobre los estériles se formó una capa vegetal que de removerla desestabilizaría el terreno, lo que ocasionaría un daño mayor. Asimismo, adujo que para el manejo de las aguas de escorrentía requería realizar un estudio técnico para determinar la viabilidad de la medida.
En respuesta, Corpoboyacá mediante Resolución 1471 de 7 de noviembre de 2016, resolvió que, en efecto, el terreno donde se ordenaron los trabajos presenta una dificultad topográfica que impide realizar el retiro de los escombros y que de hacerlo pondría en peligro la estabilidad del terreno, razón por la que revocó dicha orden.
No obstante, en relación con los demás requerimientos, esto es, con el manejo de aguas de escorrentía y con la obligación de contar con un botadero de escombros, adujo que estos debían ser confirmados, en atención a que era necesario adoptar medidas que contribuyeran a controlar los efectos de la inestabilidad del terreno, así como también destacó la importancia de contar con el botadero para el Municipio de Miraflores con el fin de evitar que se causen perjuicios a los recursos naturales.
De lo anterior, resulta claro para la Sala que Corpoboyacá en ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental resolvió que el Municipio de Miraflores era el encargado de adoptar las medidas tendientes a estabilizar el terreno de la vía objeto de la presente acción popular.
La Sala considera que la conclusión a la que llegó Corpoboyacá al interior del proceso sancionatorio ambiental también debe adoptarse en esta instancia judicial, habida consideración que, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° del Decreto 2981 de 20 de diciembre de 2013, los municipios y distritos son los responsables de asegurar que se preste a todos los habitantes de su jurisdicción el servicio público de aseo.
En ejercicio de la referida función, el artículo 45 ibidem ordena que la recolección de los residuos de construcción y demolición corresponde al generador, no obstante, la entidad territorial debe tomar las acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestino de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas.
Finalmente, el artículo 96 del mismo Decreto ordena a los Municipios y Distritos a definir sitios de disposición final de residuos de acuerdo con los estudios técnicos y en el marco de las normas urbanísticas de su territorio.
De lo descrito en precedencia, la Sala concluye que el Municipio de Miraflores, en el caso concreto tiene una obligación legal claramente definida en materia de recolección de residuos sólidos, que son, precisamente los que han generado por mucho tiempo la inestabilidad de la vía objeto de la acción popular, razón por la que el ente territorial en este aspecto también es responsable del mantenimiento de la vía ubicada en la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio Miraflores.
De la responsabilidad de la empresa TGI
A juicio del apelante, la empresa TGI se comprometió a realizar las labores de adecuación y mantenimiento sobre la vía que conduce del Municipio de Miraflores a la Vereda Chapasía Sector Tierra Negra del mismo Municipio, lo cual se desprende de la Resolución núm. 2277 de 25 de Noviembre de 2009, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que por medio de la Resolución en comento el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó el Plan de Manejo Ambiental -PMA establecido en la Resolución 847 de 22 de septiembre de 1997, cuyo titular es la empresa TGI, con el fin de incluir la construcción y operación de los “loops Porvenir – Samacá y Santa Sofía – Puente Guillermo del Gasoducto El Porvenir – La Belleza (Fase II) para el proyecto de expansión del gasoducto dese Cusiana Fase II).
Para la modificación del PMA el Ministerio tuvo en cuenta el concepto técnico núm. 1995 de 30 de octubre de 2009, rendido por el Grupo de Evaluación de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, en el cual se efectuaron algunas recomendaciones en atención a las particularidades propias de la zona donde se efectuaría el proyecto.
En la Resolución 2277 de 2009 se impuso a la empresa TGI diversas obligaciones, de las cuales se destacan las siguientes:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: La siguiente es la ubicación de la infraestructura a construir autorizada en la presente Resolución:
[…]
OBLIGACIONES
[…]
f) Se debe garantizar un seguimiento y monitoreo permanente sobre el corredor del derecho de vía de los Loops y la variante autorizada, con el fin de evitar y/o controlar procesos erosivos y de inestabilidad a lo largo del mismo, y evaluar permanentemente el estado de las obras físicas y de revegetalización implementadas, asegurando la restauración del derecho de vía.
g) Durante las labores de mantenimiento, la empresa deberá incluir las acciones de recolección de residuos y la reconformación de áreas, en el evento de que se hayan desestabilizado por la intervención. En todo caso, la empresa será responsable por el mantenimiento adecuado del derecho de vía.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución autoriza igualmente a la empresa la realización de las siguientes actividades
[…]
Durante la fase constructiva del proyecto, la empresa deberá efectuar e mantenimiento permanente a las vías de acceso objeto de utilización y adecuación, garantizando su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas, control de emisión de material particulado y tránsito normal de la población. Se deberá presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) los soportes documentales y fotográficos respectivos.
Para las vías utilizadas, la empresa debe garantizar que finalizada la etapa constructiva del proyecto, éstas quedaran en iguales o mejores condiciones respecto a las encontradas en su estado inicial.
Si durante la operación del proyecto, la empresa debe adelantar actividades que exijan el flujo de maquinaria pesada, deberá efectuar el mantenimiento a las vías de acceso objeto de utilización y adecuación, garantizando su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas, control de emisión de material particulado y tránsito normal de la población. Se deberán presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) los soportes documentales y fotográficos respectivos.
Finalizadas las labores de mantenimiento la empresa deberá garantizar que las vías quedarán en iguales o mejores condiciones respecto a las encontradas en su estado inicial.
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR –TGI S.A. E.S.P. será responsable por el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto. En consecuencia deberá informar a este Ministerio en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), sobre el volumen de residuos domésticos e industriales generados mensualmente, discriminado por tipo de residuo, el destino de los mismos, los procedimientos realizados, así como el sitio de disposición final. Adicionalmente deberá presentar las autorizaciones ambientales respectivas de las empresas de servicio público de aseo encargadas del manejo, transporte y disposición final de estos residuos, incluyendo actas de entrega e indicando: empresa, fecha de entrega, tipo de residuo y cantidad.
Se deberán adjuntar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a terceros durante las diferentes etapas del proyecto, en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que sean presentados ante las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas y ante este Ministerio.
PARÁGRAFO: La empresa deberá dar cumplimiento al Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en relación con el manejo, tratamiento y disposición final de residuos y desechos peligrosos en general […]”.
De lo anterior, la Sala advierte que, si bien, la empresa TGI tiene obligaciones claras en relación con el mantenimiento y conservación de las vías intervenidas con ocasión de la ejecución del proyecto autorizado, lo cierto es que, conforme lo puso de manifiesto el Tribunal, en el expediente no obra material probatorio alguno que dé cuenta que las conductas que dieron origen a la presente acción les sean atribuibles a dicha empresa o que se generaron por el incumplimiento de las obligaciones referidas en precedencia, más aún si se tiene en cuenta que las falencias de la vía han sido advertidas muchos años atrás, razón por la que la empresa accionada no puede ser tenida como responsable del mantenimiento de la vía ubicada en la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio Miraflores, lo que no indica que quede exenta de dar cabal cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución 2277 de 2009.
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las autoridades responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, son dicho ente territorial y el INVÍAS.
Aclarado lo anterior, la Sala estudiará si las medidas impartidas por el Tribunal resultan idóneas para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos conculcados y si la falta de presupuesto alegada por el INVÍAS constituye un eximente del cumplimiento de las órdenes judiciales.
De las medidas a adoptar para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos conculcados
El Tribunal en la sentencia impugnada impartió las siguientes órdenes:
“[…] CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE MIRAFLORES que en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, adecúe lugares que sirvan de botadero de escombros y estériles, y realice las obras requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía en la vía de la vereda Chapasía, sector peña Negra del Municipio de Miraflores, omitiendo arrojar los escombros en los costados de la vía.
QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE MIRAFLORES que, en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la providencia gestione ante el INVÍAS la asignación de recursos para el mantenimiento periódico de la vía de la vereda Chapasía, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, de tal suerte que se incluyan los recursos para la vigencia siguiente, garantizando que para lo que resta del año por lo menos se realice un mantenimiento a la vía, omitiendo arrojar los escombros en los costados de la vía.
SEXTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al representante legal del INVÍAS que asigne los recursos presupuestales para garantizar el mantenimiento periódico de la vía terciaria de la vereda Chapasía, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, incluyendo los recursos para la vigencia siguiente, garantizando que para lo que resta del año por lo menos realice un mantenimiento a la vía , y así mismo se le ordena que en el término de UN (1) mes proyecte la construcción de cunetas y destape de las alcantarillas que se encuentran taponadas con los escombros en la vía.
[…]».
A juicio de la Sala, las medidas referidas en precedencia no protegen eficazmente los derechos colectivos conculcados, habida cuenta que desconocen las realidades presupuestales y de funcionamiento de la Administración, las cuales resultan de suma importancia para lograr que las decisiones judiciales sean cumplidas a cabalidad y, por ende, la satisfacción de los derechos colectivos conculcados.
La Sala considera que, en el caso concreto, es necesario otorgar a las entidades accionadas un espacio para que sean ellas las que busquen las alternativas para lograr el cumplimiento de la sentencia, sin que el juez estrictamente tenga que indicar la forma en que deba hacerlo, ni los recursos que deban ser empleados para el efecto.
Es por lo anterior, que la Sala modificará las órdenes impartidas en los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en los siguientes términos:
-. Se ordenará al Municipio de Miraflores que, en el término de 20 días, presente ante el Tribunal y el Comité de Verificación creado en la sentencia de primera instancia un cronograma de actividades en el que deberá constar cada una de las etapas del proceso para la instalación y puesta en funcionamiento de un lugar destinado para la disposición y tratamiento de residuos sólidos tales como escombros y estériles. Cada una de las fases deberá indicar una fecha de inicio y terminación, con el fin de que el Tribunal y el Comité de Verificación puedan efectuar el correspondiente control y seguimiento, de tal manera que si se incumple una de ellas dará lugar al inicio del incidente de desacato. En todo caso, el proceso de instalación y puesta en funcionamiento del botadero en mención no debe superar el término de seis meses.
-. En atención a que los asuntos relacionados con la falta de manejo de las aguas de escorrentía en la vía objeto de la acción popular, así como el destape de alcantarillas, están relacionados con la estabilidad del terreno y, por ende, el mantenimiento de la vía, se ordenará al Municipio y al INVÍAS para que, de manera coordinada y conjuntamente, en el término de 30 días, presenten ante el Tribunal y el Comité de Verificación un cronograma de actividades en el que deberá constar cada una de las etapas necesarias para solucionar definitivamente los problemas de manejo de las aguas de escorrentía en vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores. Cada una de las fases deberá indicar una fecha de inicio y terminación, con el fin de que el Tribunal y el Comité de Verificación puedan efectuar el correspondiente control y seguimiento, de tal manera que si se incumple una de ellas dará lugar al inicio del incidente de desacato. En todo caso, la ejecución de la solución planteada no debe superar el término de siete meses.
-. Finalmente, la Sala ordenará al INVIAS para que efectúe las medidas administrativas necesarias tendientes a que se realice el mantenimiento de la vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores, de conformidad con sus competencias legales.
De la falta de presupuesto como eximente del cumplimiento de las órdenes judiciales.
El INVÍAS en su escrito de apelación argumentó que carece de presupuesto para dar cumplimiento a las órdenes proferidas dentro de la presente acción constitucional.
Sobre el particular, la Sala precisa que el artículo 192 del CPACA es claro en establecer el deber que tienen las autoridades de cumplir las condenas impuestas en su contra, toda vez que se encuentran en la obligación de adoptar «[…] las medidas que sean necesarias para su cumplimiento […]», en todos los casos, incluso en asuntos como el de la referencia, en el que la condena «[…] no implica el pago o devolución de una suma de dinero […]», sino la ejecución de obras.
Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional al dar contenido al derecho de acceso a la administración de justicia, consideró que este comprende las obligaciones de respetar, proteger y realizar. Con ocasión de esta última, explicó que implica el deber del Estado de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo el goce del mismo.
Lo anterior, habida cuenta que la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y su tutela judicial efectiva implica la adopción de decisiones que protejan los derechos conforme con la Constitución y demás normativa vigente y, por ende, se cumplan de manera efectiva las decisiones judiciales y se restablezcan los derechos.
De igual forma, la Corte consideró que para la satisfacción del derecho a la administración de justicia, no basta solamente con que se emitan decisiones definitivas que resuelvan las controversias y se orden la protección de los derechos de las partes, sino que también es necesario contar con mecanismos eficaces para ejecutar las sentencias y que se protejan efectivamente los derechos, esto es, que tengan eficacia en el mundo jurídico, sin lo cual se desdibujaría el objeto de la justicia y tornaría en inoperante la protección real de los derechos de las personas.
La Corte Constitucional, en atención a la Jurisprudencia de esta Sección respecto de la falta de disponibilidad presupuestal para cumplir sentencias proferidas al interior de la acción popular, consideró que ello no es un argumento admisible para la omisión de las entidades en acatar las órdenes judiciales, pues no pueden dilatar indefinidamente las soluciones relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas, ni pueden permanecer indiferentes ante la solución.
La Corte en sentencia T- 443 de 2013, expresó lo anterior en los siguientes términos:
“[…] En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia.
En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.
En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.
En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
[…]
También se facilita la administración de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constitución y demás normativa vigente.
[…]
Por otra parte, hacer efectivo el derecho a la administración de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados.
[…]
El cumplimiento de las decisiones como uno de los derechos adscribibles a la administración de justicia
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el cumplimiento de las decisiones judiciales hace parte de la obligación de realizar el derecho a la administración de justicia. Esta obligación y su derecho correlativo, tienen fundamento también en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforman el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política
El alcance de los anteriores preceptos ha sido determinado por Corte Interamericana de Derechos Humanos quien estableció que el artículo 25 de la Convención permite (…) identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos.
Por tanto, para satisfacer el derecho a la administración de justicia, no basta con que en los procesos se emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan controversias y se ordene la protección a los derechos de las partes, ya que es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, y que se protejan efectivamente los derechos.
En distintas ocasiones la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela el derecho a la administración de justicia ante el incumplimiento de las decisiones judiciales, bajo el entendido de que la administración de justicia, además de expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que está destinada.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, sin el elemento de eficacia, (…) las garantías procesales perderían toda su significación sustancial, ya que serían el desarrollo de actuaciones sin ninguna consecuencia en el aseguramiento de la protección y eficacia de otros derechos, convirtiéndose en una simple mise-en-scène desprovista de significado material dentro del ordenamiento jurídico, en cuanto inoperante para la protección real de los derechos fundamentales de las personas.
[…]
En síntesis, el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en la que se protejan los derechos de las partes; esta garantía se extiende al cumplimiento de las decisiones y la garantía efectiva de los derechos involucrados.
[…]
La falta de disponibilidad presupuestal no es un impedimento para cumplir las sentencias de acción popular
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que la falta de disponibilidad presupuestal inmediata, no es un argumento admisible para explicar la omisión por parte de las entidades que se demandan en acción popular y, por el contrario, demuestra los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular.
Por ejemplo, en sentencia del 4 de febrero de 2010, la Sección Primera determinó que la circunstancia de que la ejecución de obras públicas esté supeditada al Plan de Desarrollo Municipal y a la disponibilidad de recursos en el presupuesto, no puede convertirse en excusa para que las autoridades locales omitan adelantar los pasos previos indispensables para que las obras puedan preverse en el Plan de Desarrollo y contar con la respectiva apropiación presupuestal, como ocurre en este caso con la formulación técnica de los proyectos, su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y con el adelantamiento ante las instancias departamental y nacional de las gestiones encaminadas a la obtención de recursos de cofinanciación para asegurar su ejecución.
En esa misma decisión, la Sección Primera determinó que la necesidad de contar con la disponibilidad presupuestal para adelantar obras relacionadas con saneamiento ambiental y la instalación de redes destinadas a la prestación de servicios públicos no significa que las autoridades municipales puedan dilatar indefinidamente las soluciones relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y agua potable, ni que puedan permanecer indiferentes a su solución.
En síntesis, advirtió la Corporación que [l]a falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular, con lo cual concluye que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección se instauró.
Ciertamente, en los eventos en que se ordena arbitrar esos recursos, es la falta de los mismos la que origina la vulneración, y evidencia la necesidad de que se hagan los esfuerzos administrativos y financieros necesarios a fin de costear la obra que se manda realizar.
[…]” (Resaltado de la Sala)
Siendo ello así, comoquiera que la falta de disponibilidad presupuestal no excusa el cumplimiento a las órdenes judiciales ni la garantía real y efectiva de los derechos colectivos conculcados, la Sala no acogerá dicho argumento para eximir de responsabilidad al INVÍAS.
Por lo expuesto, la Sala modificará los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, ordenando al INVÍAS para que dentro del término de un año, contado a partir de la notificación de esta providencia, efectué las medidas administrativas necesarias tendientes a que se realice el mantenimiento de la vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores y que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, continúe garantizando la protección de los derechos colectivos amparados.
Asimismo, revocará el numeral sexto por cuanto dicha orden ya se encuentra contenida en el numeral quinto y confirmará en lo demás el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A :
PRIMERO: MODIFICAR los numerales CUARTO y QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, los cuales quedarán en los siguientes términos:
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Miraflores para que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, presente ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Comité de Verificación un cronograma de actividades en el que conste cada una de las etapas del proceso para la instalación y puesta en funcionamiento de un lugar destinado para la disposición y tratamiento de residuos sólidos tales como escombros y estériles. Cada una de las fases deberá indicar una fecha de inicio y terminación, con el fin de que el Tribunal y el Comité de Verificación puedan efectuar el correspondiente control y seguimiento, de tal manera que si se incumple una de ellas se deberá proceder a iniciar el incidente de desacato. En todo caso, el proceso de instalación y puesta en funcionamiento del botadero en mención no debe superar el término de seis meses.
ORDENAR al Municipio de Miraflores y al INVÍAS para que, de manera coordinada y conjuntamente, en el término de 30 días, presenten ante el Tribunal y el Comité de Verificación un cronograma de actividades en el que conste cada una de las etapas necesarias para solucionar definitivamente los problemas de manejo de las aguas de escorrentía en vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores. Cada una de las fases deberá indicar una fecha de inicio y terminación, con el fin de que el Tribunal y el Comité de Verificación puedan efectuar el correspondiente control y seguimiento, de tal manera que si se incumple una de ellas se deberá proceder a iniciar el incidente de desacato. En todo caso, la ejecución de la solución planteada no debe superar el término de siete meses.
QUINTO: ORDENAR al INVIAS para que dentro del término de un año, contado a partir de la notificación de esta providencia, efectué las medidas administrativas necesarias tendientes a que se realice el mantenimiento de la vía de la vereda Chapasia, sector Peña Negra del Municipio de Miraflores y que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, continúe garantizando la protección de los derechos colectivos amparados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEXTO de la parte resolutiva del fallo apelado.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
CUARTO: TENER a la doctora MÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ CANO, como apoderada de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 1253 a 1255 del expediente.
QUINTO: TENER al doctor LUIS FERNANDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, como apoderado de la Empresa TGI, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 1262 a 1289 del expediente.
SEXTO: TENER al doctor CARLOS BENJAMÍN BUITRAGO, como apoderado de la ANLA, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 1306 a 1312 del expediente.
SÉPTIMO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 28 de febrero de 2019.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Presidente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Conjuez
En adelante el Tribunal.
La sociedad realmente se llama Empresa Transportadora de Gas del Interior – TGI SA ESP
«POR MEDIO DE LA CUAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ- ACOGE UN CONCEPTO TÉCNICO Y HACE UN REQUERIMIENTO».
«Por Medio de la cual CORPOBOYACÁ Decide Un Recurso».
«Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se reglamenta la Ley HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2752" \l "0" 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos»
Vinculado como tercero interesado por auto de 3 de julio de 2014.
Integrante del consorcio.
En adelante el Ministerio.
Integrado por las empresas SICIM COLOMBIA y SOCAR INGENIERA LTDA.
Geotecnia: parte de la geología aplicada que estudia la composición y propiedades de la zona más superficial de la corteza terrestre, para el asiento de todo tipo de construcciones y obras públicas.
«Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, número único de radicación 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de junio de 2011, número único de radicación 25000-23-27-000-2005-00654-01 (AP), C.P. María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2011, número único de radicación: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
«Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».
«Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, número único de radicación: 25000-23-15-000-2010-02404-01(AP), C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo.
«T-453/98 M.P Alejandro Martínez Caballero y T-851/10 M.P Humberto Antonio Sierra Porto».
« Aparte citado en la sentencia T-707/12, Referencia: expediente T-3.056.570. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá, DC., once (11) de septiembre de dos mil doce (2012). »
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros
Cfr. sentencia de 3 de agosto de 2006, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número: 68001-23-15-000-2002-01106-01(AP); Daniel Villamizar Basto contra Municipio de Floridablanca (Santander) y otro.
Ibídem. Integrado por las empresas SICIM COLOMBIA y SOCAR INGENIERA LTDA.
«Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se dictan otras disposiciones»
https://www.invias.gov.co/index.php/component/content/article/2-uncategorised/59-mapas-de-la-red-terciaria-y-ferrea#
“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”. Eide Asbjørn considera que [e]stas obligaciones aplican a todas las categorías de derechos humanos, pero hay una diferencia de énfasis. Para algunos derechos civiles, la preocupación principal es con la obligación de respeto, mientras que con algunos derechos económicos y sociales, los elementos de protección y provisión se vuelven más importantes. No obstante, este equipo triple de obligaciones de los estados –de respetar, proteger y realizar- aplica a todo el sistema de derechos humanos y debe ser tenido en cuenta en nuestro entendimiento del buen gobierno desde una perspectiva de derechos humanos. (ASBJØRN, Eide. Making Human Rights Universal: Achievements and Prospects. http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR4110/h04/undervisningsmateriale/Lecture1_Eide_Paper.pdf.)
Un ejemplo de incumplimiento de esta obligación sería no permitir el acceso a un traductor. También denominadas obligaciones de asegurar o garantizar. Por ejemplo, ante los casos de violencia contra las mujeres, el Estado debe adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Dentro de estas medidas se encuentra el acceso a mecanismos adecuados para la protección de los derechos de las mujeres víctimas. En este sentido, en la sentencia T-1078 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer que fue víctima de trata de personas en la modalidad de servidumbre por deudas, y señaló: (…) la Sala desea recordar a las autoridades con responsabilidades en la materia, que si bien el proceso penal es un mecanismo importante para garantizar los derechos de las víctimas de esclavitud, servidumbre, trata de personas y trabajo forzoso, no es el único ni el más idóneo, entre otras razones, porque supedita la protección de las víctimas a la comprobación de la ocurrencia de un delito. Por tanto, las autoridades deben diseñar otros mecanismo [sic] que aseguren la realización de los derechos de las víctimas y que atiendan a la complejidad de los fenómenos. (Negrillas fuera del texto)
Esto implica el derecho a que exista un recurso rápido y efectivo para violaciones de derechos humanos, como es la acción de tutela. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, este instrumento, que consagra derechos humanos y que ha ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, forma parte del bloque de constitucionalidad. En la sentencia C-252 de 2001, la Corte Constitucional señaló que los derechos fundamentales no son sólo los que se encuentran en la Constitución, sino también los consagrados en instrumentos internacionales que vinculan al Estado colombiano, que conforman el bloque de constitucionalidad y que por tanto, son parte inescindible de la Constitución en sentido material. Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969. Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 65; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 166, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra nota 5, párr. 142. Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia, supra nota 76, párr. 73; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, supra nota 76, párr. 66, y Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, supra nota 19, párr. 75.
Al respecto se puede consultar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006. El tema de la eficacia ha sido analizado por esta Corporación al referirse a la procedencia de la tutela para obtener el cumplimiento de las providencias proferidas en el transcurso de procesos ordinarios. Sobre este tema, la sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, determinó lo siguiente: “-La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento: valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto”. Sentencia T-431 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver: CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá, octubre 25 de octubre de 2001. Radicación número: 70001-23-31-000-2000-0512-01(AP)
En el caso en comento, los demandantes, mediante acción popular dirigida contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pretendían la protección de sus derechos colectivos a la salubridad pública y al goce de un ambiente sano con el fin de que se realizaran las obras públicas correctivas necesarias para que la quebrada San José y sus afluentes dejaran de ser un medio productor de riesgos y daños ambientales y sanitarios. Luego de establecer la omisión de la autoridad municipal y de la Corporación Autónoma en realizar las gestiones financieras y presupuestales necesarias para la limpieza y preservación de la quebrada, la Sección Primera del Consejo de Estado, revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública; y ordenó adoptar medidas de limpieza y mantenimiento de la quebrada, medidas de educación sanitaria para prevenir la contaminación de la misma, y medidas financieras y presupuestales para la extensión progresiva de la red de alcantarillado de barrios aledaños a la quebrada San José
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación número: 76001-23-31-000-2004-00212-01(AP)
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