Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2019-00337-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2019-00337-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 52001-23-33-000-2019-00337-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 52001-23-33-000-2019-00337-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO.
Actor: NELSON GEOVANY LASSO ARIAS
TESIS: EL MUNICIPIO DE IPIALES, EN COORDINACIÓN CON EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COMO ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO EN SU TERRITORIO, SON LOS RESPONSABLES DE GARANTIZAR
LOS DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS: GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO,
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, Y
ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN1,
de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES2 y
de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL
S.A.3, contra la sentencia de 25 de abril de 2022, aclarada en
providencia de 12 de agosto de ese año, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño4, que dispuso la protección de los derechos
colectivos invocados.
1
En adelante DNP
2
En adelante DIAN
3
En adelante ECOPETROL
4
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 52001-23-33-000-2019-00337-01
Actor: NELSON GEOVANY LASSO ARIAS
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
I.1.- El señor NELSON GEOVANY LASSO ARIAS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de
agosto de 19985, presentó demanda ante el Tribunal, contra el
MUNICIPIO DE IPIALES6, el DEPARTAMENTO DE NARIÑO7 y
ECOPETROL, por estimar vulnerados los derechos colectivos al goce
del espacio público y la utilización y defensa de bienes de uso público
y al acceso a la infraestructura pública.
I.2. Hechos
Señaló que en el mes de mayo de 2017, a la altura de la vereda El
Empalme del Corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos del
MUNICIPIO, el puente peatonal que atravesaba el río Rumiyaco
colapsó con ocasión de la crecida del afluente, razón por la que la
comunidad, con la colaboración de “algunas empresas contratistas
de ECOPETROL”, instalaron una tarabita rudimentaria que no tenía
5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante el Municipio.
7
En adelante el Departamento.
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las condiciones necesarias de seguridad y que, a la fecha de
presentación de la demanda, dicha estructura estaba muy
deteriorada.
Indicó que en la tarabita caben 3 personas, las mismas que deben
impulsarla, lo que ha dado lugar a que se lesionen por la manipulación
de los cables y, en ocasiones, han estado en grave y latente riesgo de
caer al río.
Sostuvo que la ausencia del puente imposibilita o dificulta la entrada o
salida de sus productos agrícolas y, por ende, se afecta su economía.
Precisó que ECOPETROL se comprometió a la construcción del
puente en virtud de la figura de obras por impuestos, sin que ello
hubiese ocurrido.
Agregó que, a la fecha de presentación de la demanda, no se había
construido ni la tarabita con condiciones de seguridad adecuadas, ni
el puente peatonal, el cual resulta necesario para garantizar la vida,
integridad y la libre circulación de las personas que deben cruzar el
río Rumiyaco, que son: i) 42 familias de la vereda Argentina; ii) 8
familias de la vereda Paraíso de Sapoyaco; iii) 50 residentes del
caserío de la vereda El Empalme; iv) indígenas del resguardo Cofan
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UKUMARIKANKE; v) 30 indígenas de la comunidad Nasa; vi) 15
indígenas Awa Izu; y vii) 10 indígenas Pastos; en cuyas poblaciones
hay niños y adultos mayores que son sujeto de especial protección
constitucional.
A su juicio, las entidades accionadas han sido omisivas en el
cumplimiento de sus compromisos, habida cuenta que en reiteradas
oportunidades aseguraron que construirían el puente, sin que se
observen actuaciones concretas para dicho fin, pese a los constantes
requerimientos por parte de la comunidad.
I.3 Pretensiones
El actor solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Como medida cautelar, en los términos del artículo
25 de la Ley 472 de 1998 ordenar la instalación de una tarabita sobre
el río Rumiyaco, que cumpla con las condiciones mínimas de
seguridad.
SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Ipiales, al Departamento de
Nariño y ECOPETROL o a quien corresponda, presentar el proyecto
de construcción del Puente sobre el río Rumiyaco, Inspección
Jardines de Sucumbíos, en el menor tiempo posible, para que sea
debidamente estudiado y aprobado por los entes encargados, sin que
tenga que esperarse hasta el mes de noviembre tal como los entes
accionados lo tienen planeado
TERCERO. SE ORDENE al municipio de Ipiales, al departamento de
Nariño y ECOPETROL o la entidad que corresponda; que inicien las
gestiones de todo orden, incluidas, las técnicas y presupuestales, que
realizarán sin dilación alguna, y la construcción del puente sobre el
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río Rumiyaco, ubicado en la vereda El Empale, Inspección Jardines
de Sucumbios, municipio de Ipiales – Nariño.
Pretensión Subsidiaria
CUARTO: de ser posible, se estudie la posibilidad de que la
construcción del nuevo puente quede habilitada para el tránsito de
vehículo automotor (carro y motos) […]”.
I.4.- Saneamiento del proceso
La demanda inicialmente fue admitida por el Tribunal, en auto de 9 de
julio de 2019, contra el DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO y
ECOPETROL. Transcurridas las etapas procesales correspondientes,
el a quo profirió sentencia el 17 de enero de 2020, en la que, además
del MUNICIPIO, declaró responsable a ECOPETROL de la
vulneración de los derechos colectivos invocados, toda vez que éste
asumió la construcción del puente en virtud de la figura denominada
“obras por impuestos”, prevista en la Ley 1819 de 29 de diciembre de
20168, con ocasión de la cual se obligó a desarrollar el proyecto
“Mejoramiento del tránsito peatonal mediante la construcción del
puente sobre el río Rumiyaco, vereda El Empalme, corregimiento
Cofania Jardines de Sucumbíos, Municipio de Ipiales, Departamento de
Nariño”.
8
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
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La sentencia fue recurrida por ECOPETROL, para lo cual argumentó
que cumplió el cronograma establecido para la ejecución del proyecto
en mención, motivo por el que no estaba llamado a responder por
los derechos colectivos invocados por los actores.
La alzada fue admitida por el Despacho sustanciador en proveído de 9
de marzo de 2020 y mediante auto de 25 de julio de ese año se corrió
traslado para alegar de conclusión.
Estando el proceso al Despacho para fallo y en aras de establecer el
estado actual del proyecto, el Despacho sustanciador mediante auto
de 16 de diciembre de 2020, requirió a la AGENCIA PARA LA
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART, como entidad encargada
de aprobar los proyectos de obras por impuestos9, para que allegara
todos los actos administrativos expedidos con ocasión de la
aprobación y ejecución del referido proyecto e indicara el estado en
que se encontraba.
Recibida la información solicitada y tras efectuar el correspondiente
estudio normativo de la figura de “obras por impuestos”, la Sala
Unitaria pudo constatar que ha debido vincularse a la ART, al DNP, a
9
De conformidad con lo ordenado por el artículo 238 de la Ley 1819.
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la DIAN y al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS10, por cuanto
su participación era determinante en el proceso de aprobación y
ejecución del proyecto con el cual se pretendía dar solución a la
problemática objeto de la acción popular. En consecuencia, mediante
auto de 12 de mayo de 2021, se les puso en conocimiento la causal de
nulidad prevista en el artículo 133, numeral 8, del Código General del
Proceso -CGP11, la cual fue alegada por la ART y el DNP, razón por la
que en proveído de 10 de junio de ese año se declaró la nulidad de todo
lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y se ordenó la
remisión del proceso al Tribunal para que tramitara la acción popular con
la vinculación entidades en mención.
En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal en auto de 6 de septiembre
de 2021 admitió la demanda contra el DEPARTAMENTO, el
MUNICIPIO, ECOPETROL, la ART, el DNP, la DIAN y el INVIAS.
I.5.- Defensa
10
En adelante INVIAS.
11
Código General del Proceso, Artículo 133. “CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado […]”.
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I.5.1.- La ART propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, para lo cual argumentó que la acción popular fue
instaurada con la finalidad de que las entidades demandadas
presentaran el proyecto para la construcción del puente peatonal
sobre el río Rumiyaco y su correspondiente ejecución en el menor
tiempo posible, respecto de lo cual no tiene competencia alguna,
pues, de acuerdo con el artículo 3º del Decreto 2366 de 7 de
diciembre de 201512, no le corresponde directamente la realización
de obras de infraestructura, lo que sí es del resorte del MUNICIPIO
como lo ordena el artículo 311 de la Constitución Política.
Explicó que el mecanismo de obras por impuesto en su opción Fiducia
fue diseñado13 como una forma de pago parcial del impuesto sobre la
renta, en el que las personas jurídicas contribuyentes de dicho
tributo, que en el año o período gravable obtuvieran ingresos brutos
iguales o superiores a 33.610 UVT, podían efectuar el pago hasta del
50% de lo adeudado mediante la destinación de dicho valor en la
inversión directa de proyectos viabilizados y prioritarios de
trascendencia social.
12
“Por el cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio, ART, se determina su objeto y estructura”.
13
Creado por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y reglamentado por los Decretos 1915 de 2017 y
2469 de 2018.
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Se refirió a las etapas del proceso en comento y detalló sus funciones
para destacar que no intervenía en la etapa de ejecución del proyecto
y que sus funciones se agotaban con la expedición del acto
administrativo que aprobaba la vinculación del impuesto a un proyecto
de inversión que, en el caso concreto, era la Resolución núm. 00273
del 13 de mayo de 2019.
Señaló que en la presente acción se discutían aspectos propios de la
ejecución del proyecto, en lo que no tenía injerencia alguna, razón por
la que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, máxime si no
existía prueba alguna que demostrara su falla en el servicio por acción u
omisión que justificara su intervención en el proceso.
1.5.2.- El INVIAS se refirió a cada uno de los hechos de la demanda
y como argumentos de defensa destacó sus funciones, las cuales
están previstas en el Decreto Ley 2171 de 30 de diciembre de 199214.
Manifestó que mediante Resolución núm. 000273 de 13 de mayo de
2019, el Subdirector de Calificación y Financiamiento de la Dirección
de Ejecución y Evaluación de Proyectos de la ART aprobó la
vinculación del pago del impuesto sobre la renta y complementarios
14
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte
y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.
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de ECOPETROL al proyecto de inversión en la ZOMAC objeto de la
presente acción por un costo total de $4.322.190.239.
Adujo que el 2 de septiembre de 2019 la fiduciaria La Previsora S.A,
como vocera y Administradora del patrimonio Autónomo ECOPETROL
ZOMAC, y CB INGENIEROS S.A.S, suscribieron el Contrato de
Prestación de Servicios de Interventoría núm. 3-1-77258-012-2019,
con el objeto de realizar la interventoría para la construcción del
puente peatonal sobre el río Rumiyaco, el cual, en su cláusula novena
señaló que la supervisión del contrato y del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo estarían a cargo de la “entidad
nacional competente”, esto es, el Ministerio de Transporte o quien este
destinara.
Indicó que el Ministerio de Transporte mediante Resolución núm.
0000265 del 11 de febrero de 202015, le designó como supervisora del
contrato de Interventoría del proyecto a desarrollar y, en
consecuencia, en Resolución núm. 000516 de 21 de febrero de 2020,
su Director Operativo habilitó un funcionario como supervisor del
Contrato de interventoría en comento, quien, respecto del asunto sub
examine, manifestó que: i) ya han habido dos puentes que han
15
Por la cual se modifican los artículos 4 numeral 1, literal a y 11 de la Resolución 640 de 2018 del
Ministerio de Transporte”
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colapsado y que el último obedeció al poder erosivo del río en el
margen derecho donde se ubicaban las torres de los puentes fallados;
ii) como solución a dicha problemática, la Alcaldía de Ipiales contrató16
con JHON ASDRÚBAL SALAZAR RUIZ la consultoría para elaborar los
estudios, diseños y conformación del paquete técnico del puente
peatonal colgante; iii) con el insumo de la consultoría, el MUNICIPIO
tramitó ante la ART y el DNP, a través del mecanismo de Obras por
Impuestos, el proyecto de construcción del puente peatonal sobre el
río Rumiyaco, donde se designó a ECOPETROL como ejecutor del
mismo y, por ende, el responsable de contratar la obra y la
interventoría en calidad de Contribuyente en atención a lo ordenado
en la Ley 1819 y sus Decretos reglamentarios; iv) ECOPETROL, para
la ejecución de los recursos, constituyó un Patrimonio Autónomo de
Administración y Pagos, con el monto total del valor del impuesto de
renta y complementarios del período gravable 2017 y 2018 a su cargo,
lo cual fue autorizado por la ART en la Resolución núm. 273 del 13 de
mayo de 2019; v) el Patrimonio Autónomo ECOPETROL ZOMAC fue
constituido mediante contrato de Gerencia núm. 3013856 de 3 de
mayo de 2018, en el que se pactó que la FIDUPREVISORA sería la
encargada de ejecutar los recursos con la supervisión de la GERENCIA
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE ECOPETROL; vi) dicha entidad,
16
Contrato núm. 595 de 2018.
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mediante licitación privada, seleccionó los contratistas de Obra e
Interventoría y, en consecuencia, suscribió los siguientes contratos: a)
Contrato de Obra núm. 3-1-77258-021-2019 de 3 de diciembre de
2019 con la firma CONSORCIO IPIAI para la construcción del puente
por un valor de $ 3.087.958.612 que iniciaría el 16 de marzo de 2020
y culminaría el 28 de mayo de 2021, y b) el Contrato de Interventoría
núm. 3-1-77258-012-2019 de 2 de septiembre de 2019 con la firma
CB INGENIEROS SAS; vii) le corresponde la supervisión de los
contratos en comento; viii) el Contratista de Obra manifestó que los
estudios y diseños presentados por la Alcaldía de Ipiales tenían serias
deficiencias y que la construcción del puente peatonal en ese sitio no
era técnicamente viable, por lo que la estructura debía reubicarse unos
350 metros aguas abajo aproximadamente; ix) en consecuencia,
ECOPETROL designó un presupuesto dentro del contrato de obra de
$150.000.000 para la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN
Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES”; x) la propuesta de reubicación
del Contratista de Obra, avalada por la Interventoría, fue consultada
por ECOPETROL al DNP, a la ART y al Ministerio de Transporte,
quienes respondieron negativamente; xi) con ocasión de la pandemia
causa por el COVID19, los contratos de obra e interventoría fueron
suspendidos por los meses de abril y mayo de 2020; xii) y que:
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“[…] Luego de largas discusiones técnicas y de situaciones
particulares de los contratos de obra e interventoría, el constructor
manifestó que construir la obra en ese punto tendría un costo que
triplicaba (según él) el valor del contrato suscrito, por tanto, la mejor
solución sería la reubicación del sitio de construcción del puente.
En virtud de lo anterior, se realizó una visita técnica de los actores
del proyecto al sitio de obra el 20 de octubre de 2020, para verificar
el nuevo sitio propuesto por el Contratista de Obra, a la visita asistió
el Consultor de la Alcaldía de Ipiales, quien manifiesta que el
proyecto si es viable en el sitio propuesto inicialmente. Una de las
conclusiones de la visita fue que el nuevo sitio propuesto también
tiene sus inconvenientes empezando porque no existe gestión predial
y al parecer es necesario realizar una consulta previa que implica un
tiempo largo de trámite, además, no se cuenta con ningún estudio
preliminar de suelos por lo que también es incierto el costo final de
obra en ese punto.
Así las cosas, el contratista de obra decidió realizar nuevos estudios
y diseños en el sitio propuesto presentando un diseño que, igual que
el anterior triplica el valor del contrato, la interventoría no aprobó los
estudios y diseños recomendando a la entidad contratante un trámite
de incumplimiento por parte del contratista de obra […]”.
Adujo que, en el año 2019, el MUNICIPIO reparó la tarabita junto con
ECOPETROL, para lo cual adelantaron el proceso contractual SMC 073
de 2019, cuyo medio de transporte se sustenta en un motor que
funciona con Diesel y, para la fecha de contestación de la demanda, se
encontraba operativa.
Argumentó que lo anterior, ponía de manifiesto que no se le podía
atribuir vulneración alguna de los derechos colectivos, pues,
actualmente, la obra o solución establecida para el tránsito peatonal,
correspondía al MUNICIPIO, razón por la que propuso la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
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1.5.3.- El DEPARTAMENTO propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, para lo cual argumentó que no
amenazó o vulneró los derechos colectivos invocados, y que no le
correspondía la intervención de vías terciarias, como lo era el sector
sub examine, habida cuenta que estaba a cargo del MUNICIPIO
según los artículos 311 de la Constitución, 17 de la Ley 105 de 30 de
diciembre de 199317 y la Ley 1551 de 6 de julio de 201218.
1.5.4.- ECOPETROL se pronunció respecto de cada uno de los
hechos de la demanda y de las actuaciones surtidas en el marco del
proceso de estructuración y ejecución del proyecto de construcción
del puente peatonal sobre el río Rumiyaco, en virtud de la figura de
obras por impuestos, los cuales coinciden en gran manera con lo
expuesto por el INVIAS en su contestación de la demanda.
Se refirió a las dificultades técnicas y presupuestales del proyecto de
construcción del puente, en el sentido de indicar que aun cuando los
estudios iniciales radicados para la aprobación del proyecto ante la
ART hubiesen cumplido los requisitos mínimos exigidos para su
viabilidad, al efectuar la validación detallada, advirtió que aquellos
17
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”.
18
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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presentaban serías imprecisiones que lo llevaron a concluir que la
ingeniería estaba incompleta, que el estudio fue limitado y que no se
trataba de un diseño de cimentación para un puente conforme a la
normativa.
Resaltó, como falencias, entre otras, las siguientes: i) no se
identificaron las condiciones particulares del entorno del proyecto, en
especial, de la zona donde serían ubicados los apoyos del puente, así
como el ambiente geológico de la zona, ni la localización en
coordenadas de los sondeos, amén de que los parámetros indicados
no correspondían con las condiciones reales del lugar; ii) omitió
evaluar la estabilidad regional de los taludes cercanos que podrían
afectar el desempeño de la infraestructura; y iii) no se incluyó un
análisis de cimentaciones profundas, lo que implicó un
desconocimiento de las condiciones reales del proyecto.
Dio cuenta de que en la revisión de campo en la fase de ejecución
del proyecto, efectuada el 22 de octubre de 2020, advirtió que la
margen izquierda del río estaba afectada por una acción erosiva dada
la migración del afluente hacía dicho lateral y que la estabilidad
dependía de las obras de protección que se diseñaran para su
control, lo cual no fue advertido en la consultoría presentada
inicialmente por el MUNICIPIO.
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Aseguró que las deficiencias encontradas en los estudios técnicos con
los que se viabilizó el proyecto fueron confirmadas por parte del
MUNICIPIO, como constaba en el Oficio núm. 1070-13-1-194 de 23
de junio de 2021, emitido por la Secretaría de Infraestructura y Vías
del ente territorial.
Estimó que, con fundamento en lo anterior, había una imposibilidad
material, legal y fáctica para la ejecución del proyecto planteado por
el MUNICIPIO, lo que, por demás, le resultaba ajeno; de manera
que, cualquier ajuste a las normas técnicas requeridas tendría una
incidencia ostensible en el presupuesto planteado, lo que hacía
imposible la ejecución del mismo en los términos inicialmente
previstos.
Puso de manifiesto que, en efecto, debido a las deficiencias del
proyecto del MUNICIPIO, su contratista hizo un diseño totalmente
nuevo, lo que aumentó considerablemente el valor de la obra en más
de un 300%, pues, tras efectuar una optimización y valoración de los
precios, la propuesta fue presentada por $8.579.830.406, lo que
hacía inviable el proyecto desde el punto de vista económico y
financiero para ser ejecutado a través del mecanismo de obras por
impuestos.
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Adujo que, mediante comunicado de 1o. de julio de 2021, informó
sobre lo precedente al INVIAS y, por ende, solicitó la terminación
del proyecto por la imposibilidad de su ejecución.
A su juicio, acreditó su diligencia y gestión para el cumplimiento del
proyecto aprobado por el mecanismo de obras por impuestos, pero
por asuntos que le fueron ajenos no era posible construir el puente
en virtud de dicha figura, lo que indicaba que el MUNICIPIO, en
concurso con el DEPARTAMENTO, era quien debía asumir la obra
por ser de su competencia.
Informó que, en atención a que cualquier proyecto de construcción
de un nuevo puente debía contar con reforzamientos estructurales
en su base debido a la dinámica del río, durante el año 2021 adelantó
obras sobre el río Rumiyaco para asegurar las áreas de su operación
que fueron impactadas por la condición del afluente, las cuales
podrían, aguas abajo, mitigar los efectos del río e incidir
favorablemente en cualquier proyecto futuro del MUNICIPIO que
propendiera por la construcción del puente, pues podría generar un
menor riesgo de nuevas afectaciones estructurales, lo que redundaría
en la inversión de los recursos públicos destinados para ello.
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Describió las obras en comento así: i) recuperar y disminuir los
efectos de socavación sobre el margen izquierdo del río donde se
ubica la batería Sucumbíos, la tarabita operada por la comunidad, y
los pozos Sucumbíos 1 y 5; ii) dragado y restablecimiento del canal
inicial del río; iii) construcción de dos espigones; y iv) se está
revisando la posibilidad de construir otros dos espigones adicionales
y un muro de contención. Con ello, pretende evitar la socavación en
el margen donde tienen sus activos y, a su vez, se facilitaría un área
para la base del puente peatonal sobre la margen izquierda y, así, se
disminuirían los costos de la construcción, todo lo cual fue explicado
al alcalde y su comitiva e, incluso, a la comunidad.
Argumentó que no es su obligación efectuar obras de infraestructura
y que intentó ejecutar el proyecto de construcción del puente
peatonal porque era una alternativa que la ley permitía para el pago
de impuestos, sin que ello significara el traslado de la obligación del
desarrollo de obras, lo cual es del resorte del MUNICIPIO por
expresa disposición legal y constitucional; razón por la que solicitó
que se le exonere de responsabilidad por no ser la causante de la
vulneración de los derechos colectivos, amén de que tampoco omitió
el cumplimiento de alguna obligación a su cargo.
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Propuso las excepciones que denominó “legitimidad de la actividad
petrolera y principio de legalidad”, “falta de legitimación en la causa
para que ECOPETROL S.A. sea demandada”, “Inexistencia del nexo
causal entre la actividad de ECOPETROL S.A. y la supuesta
vulneración reclamada”, “Ausencia de los elementos estructurales
para que se configure la responsabilidad de ECOPETROL S.A.”,
“Ausencia de la responsabilidad invocada”, “Inexistencia de la
obligación”, “Incompatibilidad de la figura de obras por impuestos
con otro tipo de asignación a cargo de la entidad a cargo del proyecto
y actual imposibilidad de ejecución”, “Ineptitud de la demanda”,
“Cobro de lo no debido” y “Genérica”.
1.5.5.- La DIAN arguyó que si bien su vinculación al presente caso
se debió a la orden impartida por la Sección Primera del Consejo de
Estado por medio de auto de 10 de junio de 2021, con lo cual se
configuró la legitimación en la causa de hecho o procesal, lo cierto
era que no estaba configurada la legitimación en la causa material,
en atención a que no tuvo participación en la situación que originó la
acción popular y tampoco tenía interés en las resultas del proceso.
Arguyó que conforme lo establecido en el artículo 9º de la Ley 472,
no ha tenido incidencia, ni por acción ni por omisión, en los derechos
e intereses colectivos que el accionante estimó amenazados y
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vulnerados, ya que el objeto de la litis era ajeno a sus competencias
como encargada de administrar los impuestos nacionales, tanto así
que ni siquiera fue mencionada en la demanda.
Manifestó que de acuerdo con la definición de la figura de obras por
impuestos, era posible la extinción de las obligaciones tributarias del
impuesto sobre la renta a través de la inversión directa en la
ejecución de proyectos de trascendencia social en las zonas más
afectadas por el conflicto armado – ZOMAC, de lo cual no se
desprendía su vinculación, habida cuenta que sus funciones se
limitan a la administración de impuestos, conforme lo dispuesto en
el Decreto 1742 de 22 de diciembre 202019.
Aseguró que no estaba probada la incidencia en el proceso de la
figura de obras por impuestos, toda vez que ECOPETROL ha
afirmado no ser el responsable de la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos aquí invocados y porque se trataba de una
inversión voluntaria para aplicar la mencionada figura, la cual debía
seguir el trámite legal que le correspondía, independientemente de
las resultas del proceso de la referencia, lo cual no podía confundirse
19
Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
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con la responsabilidad del MUNICIPIO de salvaguardar su propia
infraestructura de transporte y comunicación.
Solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa material por pasiva, y de forma subsidiaria, negar las
pretensiones de la demanda en lo que le respecta.
1.5.6.- El MUNICIPIO aseguró que cumplió con los compromisos
que había adquirido con la comunidad de la vereda El Empalme,
corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, ya que reparó la
tarabita que existía; frente a la nueva, indicó que ya estaba la
canastilla, la torre metálica, las gradas, los cables, un cuarto del
motor, la caseta de protección del motor y el operador, y que su
instalación se realizó en el año 2019.
Frente a la construcción del puente, argumentó que la actividad
contractual para el efecto no dependía de él, pues estaba a la espera
de que ECOPETROL finalizara los trámites para el traslado de
recursos a la fiduciaria y así iniciar la contratación para la ejecución
de la obra, información que debía ser suministrada por esa entidad.
Sostuvo que durante el trámite de la acción popular pudo constatar
que: i) ECOPETROL tenía adelantada toda la gestión presupuestal
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para la construcción del puente, el cual ya contaba con aprobación
por parte de la Subdirección de Calificación y Financiamiento de la
Dirección de Ejecución de Proyectos de la ART, a través de la figura
de obras por impuestos; y que ii) se suscribió del contrato núm. 3-
1-77258-021-2019 de 3 de diciembre de 2019, cuyo objeto era la
construcción del puente peatonal asignado a ECOPETROL, cuyo
valor era de $3.087.958.612 y su plazo de ejecución de 11 meses.
Informó que el mencionado contrato no fue ejecutado debido a las
inconsistencias técnicas del terreno, las cuales no se tuvieron en
cuenta al momento de la elaboración de los estudios de precios y de
la misma contratación, pues las condiciones irregulares del predio
donde se construiría el puente ocasionaron una modificación del
presupuesto inicial, conforme lo informado por el contratista de
ECOPETROL, cuyo incremento no podía asumirlo por ser de tercera
categoría.
Indicó que, en aras de ejecutar la obra en comento, se realizaron
reuniones con la comunidad, el DEPARTAMENTO y ECOPETROL
para encontrar nuevas formas de financiación del proyecto que
estaba en estructuración por parte de la Secretaría de
Infraestructura.
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Adujo que suscribió los contratos núms. SMC 698 y SMC 073 de
2019, para la adecuación y mantenimiento de la tarabita, cuyas obras
fueron culminadas.
Señaló que, una vez instalada la tarabita, la comunidad encontró dos
problemas: i) el motor necesitaba combustible para su
funcionamiento y su transporte en la zona era complicado; y ii) se
requería de un operario, cuyos honorarios fueron pactados con la
comunidad por la suma de un millón de pesos. Como consecuencia
de lo anterior, la comunidad decidió desmontar la tarabita que había
instalado, por lo que se perdieron los esfuerzos presupuestales y
administrativos realizados.
A su juicio, con lo anterior dio cumplimiento a los compromisos que
adquirió con la comunidad y con la medida cautelar decretada, pues
adelantó las actividades contractuales necesarias para superar de
manera eficiente la ubicación, mantenimiento y adecuación de la
tarabita, sin perder de vista que se trataba de una medida provisional
hasta que se adelantaran las obras de construcción del puente.
Puso de presente que la comunidad debía comprender que la
ejecución de obras con una inversión presupuestal tan alta implicaba
respetar términos legales y, además, como no contaba con recursos
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para el efecto, dependían de la voluntad de otras entidades como
ECOPETROL.
Propuso como excepciones el “cumplimiento de los compromisos que
fueron adquiridos en relación con los habitantes de la vereda de El
Empalme – Corregimiento Cofania Jardines de Sucumbios” y la
“innominada”.
1.5.7.- El DNP propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, “principio de legalidad”, “inexistencia de nexo de
causalidad” e “improcedencia de la acción popular respecto del
Departamento Nacional de Planeación”, las cuales sustentó, en
esencia, con el argumento de que no le compete satisfacer las
pretensiones de demanda de acuerdo con sus funciones previstas en
el Decreto 2189 de 23 de diciembre de 201720, en las que no se
encuentra ninguna relacionada con la ejecución de obras públicas ni
de infraestructura de transporte, por lo que no se le podía imputar
ninguna omisión o responsabilidad en la vulneración de los derechos
colectivos reclamados y, por tanto, no se daban los presupuestos
20
Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación
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para la procedencia de la acción popular en su contra, razón por la
que no ha debido ser vinculado al presente trámite.
Puso de presente las actuaciones que ha adelantado en relación con
el proyecto de inversión “obras por impuestos”, a saber: i) El
proyecto fue registrado en el banco de proyectos de obras por
impuestos por valor $2.976.884.626, el 28 de febrero de 2019, en el
cual debía emitir visto bueno sobre el cumplimiento de la
metodología definida para el pago y proceder al registro; ii) El 29 de
abril de 2019, ECOPETROL ajustó los costos del proyecto por un
valor de $4.322.190.239 y se surtió el respectivo ciclo de aprobación,
conforme lo dispuesto en el Decreto 1915 de 22 de noviembre de
201721; y iii) El 30 de diciembre de 2019, el ajuste señalado en el
punto anterior, fue registrado en el Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Públicas.
I.6. Medida cautelar
El Tribunal, en auto 4 de octubre de 2021, decretó medidas
cautelares tendientes a garantizar el funcionamiento de la tarabita,
a cargo del MUNICIPIO, las cuales fueron confirmadas por la
21
Por el cual se adiciona el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.
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Sección Primera del Consejo de Estado en providencia de 3 de febrero
de 2022, en la que, además, se aceptó el impedimento manifestado
por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ22 para
intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, se le
separó del conocimiento del mismo.
I.7. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento, llevada a cabo el 4 de
noviembre de 2021, se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
II.1.- El Tribunal, mediante sentencia de 25 de abril de 2022, declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del DEPARTAMENTO y amparó los derechos colectivos al goce del
espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público
y el acceso a la infraestructura pública de la comunidad del
corregimiento Cofradía Jardines de Sucumbios del MUNICIPIO, en
los siguientes términos:
22
El señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ manifiesta que se declara impedido por cuanto su
cónyuge, JEANNETTE FORIGUA ROJAS, es asesora externa de la junta directiva de ECOPETROL S.A.,
entidad demandada en la acción popular de la referencia, por lo que considera que se encuentra incurso
en la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA.
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“[…] PRIMERO.- Declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
Departamento de Nariño.
SEGUNDO.- Amparar los intereses colectivos relacionados con el
goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de
uso público y el acceso a la infraestructura pública de la comunidad
residente en el Corregimiento Cofradía Jardines de Sucumbíos de
Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, vulnerados por el
Municipio de Ipiales, con ocasión de la demora en la construcción
del puente peatonal sobre el río Rumiyaco.
TERCERO.- Ordenar al Municipio de Ipiales el cumplimiento de las
siguientes medidas para la protección del derecho amparado:
• Si no lo ha hecho, dentro de los 15 días siguientes a la notificación
de la presente providencia, realice las reparaciones de la tarabita
eléctrica que previamente se instaló en el año 2019 en el río
Rumiyaco, del corregimiento Jardines de Sucumbíos, o la
instalación de una nueva tarabita en el evento de que la reparación
no sea posible; también deberá garantizar el suministro de
combustible y cualquier insumo que se requiera para el
funcionamiento de dicho artefacto, así como el operador de dicho
mecanismo, sin que la carga de los honorarios sea atribuible a la
comunidad de Jardines de Sucumbíos y deberá asegurarse del
mantenimiento continuo de la tarabita y adoptar medidas para
evitar que terceros ocasionen daños al mecanismo. Esta medida
estará vigente hasta que finalice la construcción del puente
peatonal.
• Adelantar, con sus propios recursos y dentro de los tres (3) meses
siguientes a la notificación de la presente sentencia, todos los
estudios técnicos y diseños necesarios, para la construcción del
puente peatonal sobre el rio Rumiyaco en el sector, Corregimiento
Cofradía Jardines de Sucumbíos del Municipio de Ipiales, que
superen las falencias evidenciadas en el informe de hallazgos
presentado por Ecopetrol, que se encuentra en el archivo Zip No.
53 del expediente electrónico, bajo el nombre de “informe hallazgos
E&D integral V0”.
Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien el Secretario de
Infraestructura del Municipio de Ipiales manifestó que el Municipio
ya cuenta con dichos estudios y diseños, la Sala encuentra que los
mismos no fueron aportados.
En este orden de ideas, si los referidos documentos ya existen
deberá entonces entregarlos a ECOPETROL, para que esta entidad
dé cumplimiento a las medidas que se le impondrán a continuación.
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Una vez aprobado el proyecto y contratada la ejecución de la obra,
el Municipio vigilará su cumplimiento.
Exhortar al Municipio de Ipiales para que, en adelante, atienda de
manera diligente los requerimientos que realice la comunidad del
corregimiento Cofradía Jardines de Sucumbíos, para morigerar las
consecuencias del colapso del puente sobre el rio Rumiyaco.
CUARTO.- Ordenar a ECOPETROL S.A. que, una vez obtenidos los
estudios adelantados por el municipio de Ipiales, inicie dentro de
los diez días siguientes, el procedimiento administrativo tendiente
a la inclusión del nuevo proyecto de “MEJORAMIENTO DEL
TRÁNSITO PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
SOBRE EL RÍO RUMIYACO, VEREDA EL EMPALME, CORREGIMIENTO
COFRADÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES”, en
el programa Obras por impuestos, previo el cumplimiento de todos
los requisitos que garantice la efectiva aprobación del proyecto.
Una vez aprobado el proyecto, dentro de los veinte días siguiente,
ECOPETROL iniciará con los trámites contractuales para la
ejecución de la obra.
QUINTO.- Ordenar a la Agencia para la Renovación del Territorio -
ART-, el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y el Instituto Nacional
de Vías -INVIAS, que, conforme a sus atribuciones legales y
constitucionales y desde sus propias competencias, una vez
presentada la solicitud de aprobación del proyecto dentro del
programa “obras por impuestos” por parte de ECOPETROL
aprueben, en lo que les concierne, previo el cumplimiento de las
exigencias de ley, la inclusión del nuevo proyecto para la
construcción del puente peatonal.
SEXTO.- Conformar un comité de vigilancia para que verifique el
cumplimiento de la presente providencia, el cual estará integrado
por la Magistrada Ponente, el Municipio de Ipiales, ECOPETROL, la
Agencia para la Renovación del Territorio -ART-, el Departamento
Nacional de Planeación -DNP-, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN- el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, el señor
Nelson Geovany Lasso Arias como partes actora y la Defensoría del
Pueblo, como representante del Ministerio Público. Se aclara que la
intervención de las partes en el presente comité, deberá
desarrollarse a través de funcionarios o delgados con poder de
decisión.
SÉPTIMO.- Condenar en costas procesales de esta instancia al
Municipio de Ipiales, de conformidad con lo señalado en el art. 365
del CGP, las cuales se liquidarán conforme al art. 366 de la misma
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normatividad, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
OCTAVO.- Remítase por Secretaría a la Defensoría del Pueblo, copia
del presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo previsto en el
artículo 80 de la ley 472 de 1998 […]”.
De la valoración probatoria encontró que:
i.- el puente peatonal objeto de la acción sufrió un deterioro
estructural debido a la corriente del río Rumiyaco, lo que ocasionó su
colapso en mayo de 2017;
ii.- la comunidad, el MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO y
ECOPETROL adelantaron reuniones con el fin de mitigar los efectos
de la pérdida de comunicación, entre las que destacó la reunión del
6 de junio de 2017, en la que se aprobó de declaratoria de calamidad
pública en la zona afectada y se planteó la posibilidad de construcción
de una tarabita, y la reunión del 13 de octubre de 2017, en la que se
hizo seguimiento a los acuerdos llegados frente a la construcción de
un nuevo puente peatonal por valor de $1.171.299.635, dinero que
sería aportado por la Dirección de Gestión del Riesgo del
MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO y ECOPETROL, proyecto que no
se llevó a cabo por causa de la ley de garantías.
iii.- La comunidad solicitó a ECOPETROL materiales para la
construcción de una tarabita en la zona donde el puente colapsó, la
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cual fue instalada en el año 2017 y así se habilitó el tránsito sobre el
río Rumiyaco.
iv.- ECOPETROL solicitó a la ART la vinculación del proyecto
“mejoramiento del tránsito peatonal mediante la construcción del
puente sobre el río Rumiyaco, vereda El Empalme, corregimiento
Cofanía Jardines de Sucumbíos, Municipio de Ipiales”, para ser
financiado a través de la figura de obras por impuestos, por la suma
de $4.322.190.239, petición que fue aprobada por medio de la
Resolución núm. 000273 de 2019.
v.- En atención a lo anterior, ECOPETROL trasladó los recursos a
una fiduciaria y para su ejecución inició un proceso licitatorio y la
consecuente asignación del contrato al Consorcio IPIAI, en virtud del
cual se suscribió el contrato de obra núm. 3-1-77258-021-2019, que
tenía como finalidad la construcción del puente, y el contrato de
interventoría núm. 3-1-77258-012-2019 con la firma CB Ingenieros
SAS.
vi.- Una vez se inició la ejecución del contrato de obra, el contratista
advirtió que los estudios y diseños presentados por el MUNICIPIO
tenían serias deficientes y que la construcción del puente en el lugar
proyectado no era viable, por lo que se elaboró un nuevo diseño que
implicaba un aumento en el presupuesto de más del 300%, razón
por la que la interventoría estimó que no era factible su aprobación
ya que ECOPETROL no contaba con la totalidad de recursos para
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asumir el nuevo valor que ascendió a la suma de $8.579.830.406;
en consecuencia, la entidad solicitó la terminación de la ejecución del
proyecto al Ministerio de Transporte.
vii.- En respuesta, el Ministerio de Transporte, por medio de Oficio
de 22 de octubre de 2021, requirió a ECOPETROL para que aportara
documentación que sustentara su petición; de manera que, para el
momento en que se dictó la sentencia, el proceso de terminación de
la obra por impuestos, no había culminado.
viii.- Como medida transitoria se construyó una tarabita en el lugar
donde estaba el puente Rumiyaco, la cual pese a haber sido
concebida como temporal, ha sido utilizada como medio de
transporte por la comunidad por más de dos años, circunstancia que
desvirtuó su transitoriedad y afectó los derechos al goce del espacio
público y de infraestructura vial;
ix.- La tarabita construida por el ente territorial fue desmontada por
la comunidad, aunado a que el MUNICIPIO no acató lo ordenado en
la medida cautelar en la que se dispuso que éste debía operar la
tarabita, habida cuenta que fue un integrante de la comunidad quien
lo hizo, y no ejecutó acciones para el suministro de combustible y su
mantenimiento; además, su implementación y mejoras fue producto
de acuerdos de la comunidad y ECOPETROL.
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Indicó que el medio de transporte rudimentario utilizando no solo
transgredía lo establecido en la Ley 1682 de 22 de noviembre de
201323 en materia de infraestructura vial, sino que, además, ponía en
riesgo la vida e integridad personal de los habitantes del sector y
desconocía las necesidades de adultos mayores y menores de edad.
Consideró que las acciones adelantadas por el MUNICIPIO y
ECOPETROL para conjurar la vulneración a los derechos colectivos
de los habitantes de la zona y garantizar el acceso a la infraestructura
vial no eran suficientes, habida cuenta que no existía una solución
definitiva que propendiera por la construcción del puente peatonal
requerido; tanto así que, aun cuando existía un proyecto para la
ejecución de la obra, a través de la figura de obras por impuestos,
éste no se pudo desarrollar dadas las falencias de los estudios
técnicos presentados por el ente territorial.
Frente a la responsabilidad del DEPARTAMENTO estimó que, de
acuerdo con sus competencias funcionales, el desarrollo de proyectos
de movilidad de carácter terciario en la zona rural del MUNICIPIO
no eran su responsabilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 3º
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Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias.
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de la Ley 136 de 2º de junio de 199424, modificado por el artículo 6º
de la Ley 1551 de 6º de julio de 201225.
Señaló, en cuanto al MUNICIPIO y ECOPETROL, que conforme lo
dispuesto en la Ley 136 modificada por la Ley 1551, la infraestructura
de las vías rurales y urbanas municipales le correspondía al ente
territorial; no obstante, dada la magnitud de la obra de
infraestructura que aquí se requería, ECOPETROL decidió financiar
el proyecto por medio de la figura de obras por impuestos, cuya obra
no se pudo llevar a cabo por las inconsistencias en los estudios
técnicos presentados, motivo por el que el ente territorial, como
directo encargado de la planificación y construcción de las obras
requeridas, era el responsable de satisfacer la necesidad de la
comunidad y, por lo tanto, el llamado a garantizar la obra.
Precisó que, pese a lo anterior, el MUNICIPIO no podía asumir el
costo de la misma con su propio presupuesto, por lo que, aun cuando
las demás entidades accionadas, entre esas ECOPETROL, no eran
las responsables directas de la construcción del puente, sí tenían el
24
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
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Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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deber, desde sus competencias, de participar en la consecución de
recursos.
Afirmó que ECOPETROL, una vez obtenidos los estudios técnicos
que se requerían, podía volver a solicitar a las autoridades
competentes la inclusión del proyecto para la construcción del puente
en el programa de obras por impuestos, habida cuenta que no
demostró imposibilidad legal o presupuestal.
A su juicio, lo anterior pone de manifiesto que la excepción de falta
de legitimación en la causa propuesta por las demás entidades
accionadas no prosperaba, ya que debían participar en el trámite de
aprobación de los proyectos bajo el programa de obras por
impuestos.
Arguyó que la vinculación de ECOPETROL en el proyecto de
construcción del puente obedece a su responsabilidad social,
conforme lo dispuesto en el Decreto 1760 de 26 de junio de 200326.
26
“Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura
orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de
Colombia S. A.”
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Concluyó que había lugar a condenar en costas al MUNICIPIO,
conforme el artículo 365 del CGP que establece un criterio
meramente objetivo para su procedencia, por lo cual, no había lugar
a analizar la temeridad o mala fe de las partes.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III. 1. El DNP se refirió al Decreto 1893 de 30 de diciembre de
202127, en el que entre otras, se estableció que la Dirección de
Proyectos e Información para la inversión pública tenía dentro de sus
funciones la administración de la plataforma que soporta la
conformación del banco de proyectos de inversión de obras por
impuestos; y que el Decreto 1625 de 1o. de octubre de 201628
reglamentó lo relacionado con el mencionado mecanismo, en
especial, lo atinente a la conformación del banco y el ciclo de los
proyectos de inversión, lo que pone de manifiesto que la orden quinta
de la sentencia apelada debe cumplirse en el marco de lo dispuesto
en el decreto idem, en especial, en lo que se refiere al banco de
proyectos.
27
Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación
28
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria."
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Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
en el presente asunto no concurren los presupuestos sustanciales
para la procedencia de la acción popular, pues no se evidenció la
relación de causalidad entre la acción u omisión que había
desplegado y la afectación de los derechos e intereses colectivos
reclamados, por lo que solicitó que se declare la improcedencia del
medio de control en lo que le respecta y, en consecuencia, sea
desvinculado, dada su falta de responsabilidad en los hechos
debatidos.
Además de lo anterior, solicitó que, de manera subsidiaria, se aclare
o adicione el numeral quinto de la providencia apelada, en el sentido
de especificar que el estudio y aprobación del proyecto se haría en el
marco del Decreto 1625 de 2016 o de la norma que lo reemplace.
III. 2. La DIAN afirmó que de acuerdo con el artículo 288 de la Ley
1819, el contribuyente que decidía pagar el impuesto sobre la renta
a través de la figura de obras por impuestos, debía seleccionar el
proyecto al cual vincularía el impuesto dentro de los tres primeros
meses del año siguiente al respectivo período gravable, para lo cual
se debía contar con la aprobación de la junta directiva y manifestarlo
por escrito a su Director General, el del DNP y el de la ART, junto con
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la propuesta de actualización y ajuste del proyecto, posteriormente,
la ART aprueba el proyecto seleccionado, previo visto bueno del DNP.
Señaló que, conforme con lo expuesto, su competencia se restringía
al control posterior del pago del impuesto, por lo que no tenía la
facultad legal de cumplir con lo ordenado por el Tribunal, pues sus
funciones solamente se circunscriben a la administración de los
impuestos nacionales, de conformidad con el Decreto 1742 de 2020.
Manifestó que, además de lo anterior, no estaba probada la
incidencia de la figura de obras por impuestos en el proceso si se
tiene en cuenta que ECOPETROL afirmó que si bien adelantaba un
proyecto para la construcción del puente sobre el río Rumiyaco, dicha
inversión era voluntaria y requería que se le diera el respectivo
trámite legal que se llevaba a cabo de forma independiente al
presente asunto, sin que ello se pudiera confundir con la
responsabilidad que le acarreaba al MUNICIPIO de salvaguardar su
infraestructura de transporte y comunicación.
Concluyó que lo expuesto daba cuenta de que no estaba legitimado
en la causa material por pasiva, por lo que solicitó revocar la
sentencia apelada en lo que le respecta.
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III.3. ECOPETROL solicitó ser exonerada de responsabilidad por la
vulneración de los derechos colectivos y que se ordene que la
construcción del puente peatonal y demás obras de infraestructura
reclamadas por la comunidad esté a cargo del MUNICIPIO.
Argumentó que en caso de que decidiera apoyar al ente territorial en
la ejecución de las obras reclamadas, su participación sería voluntaria
pues no está legalmente obligada a hacerlo; y que el hecho de que
hubiese intervenido en otrora no la convertía en responsable de las
mismas y, por ende, no debía ser sujeto de tal imposición por el a
quo.
Puso de presente que existían pruebas que acreditaban la inviabilidad
jurídica y técnica de la ejecución de la obra, razón por la que presentó
ante la autoridad competente la solicitud de desistimiento.
Expuso que no existían condiciones jurídicas y materiales que
permitieran dar cumplimiento a la sentencia, las cuales fueron
puestas de presente al a quo en la solicitud de aclaración del fallo, a
saber:
i.- La figura de obras por impuestos es de naturaleza tributaria y no
de inversión social, y que la Ley 1819, modificada por el Decreto Ley
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883 de 2017, establece que las inversiones de infraestructura física
que se pretendan realizar no pueden corresponder a la actividad
generadora de renta ni a lo que de ordinario debía ejecutarse por
virtud de, entre otras, decisión judicial, prohibición que fue
reiterada en el artículo 1.6.5.2.2 del Decreto 1915 de 2017 y en el
Estatuto Tributario y respecto de lo cual la Corte Constitucional, en
sentencia C – 516 de 2017, declaró su exequibilidad, cuyos aspectos
fueron desconocidos por el a quo.
Aseguró que, por lo anterior, dada la existencia de la sentencia de
primera instancia, el proyecto requerido no podía presentarse
nuevamente a través del mecanismo de obras por impuestos.
ii.- La orden referente a que, una vez el MUNICIPIO adelantara los
respectivos estudios, debía iniciar el procedimiento administrativo
para la inclusión del nuevo proyecto de mejoramiento del tránsito
peatonal mediante la construcción del puente en el programa de
obras por impuestos, contenida en el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia, no se ajusta a la ley, por lo que le solicitó
al Tribunal aclarar los siguientes aspectos: 1. ¿Quién será el
formulador del proyecto?; 2. ¿Quién da la viabilidad y verifica el
cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales del proyecto
formulado y estructurado por el municipio de Ipiales y qué debe ser
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entregado a ECOPETROL para ser ejecutado por el mecanismo de
obras por impuestos?; y 3. El término de selección de proyectos y
presentación de solicitudes de vinculación.
Adujo que lo precedente obedece a que como contribuyente no le
corresponde formular, estructurar, presentar, viabilizar, verificar y
registrar en el banco de proyectos de inversión el nuevo proyecto; y,
porque si bien éste inicialmente fue concebido a través del
mecanismo de obras por impuestos, el mismo fue desistido por
imposibilidad técnica, administrativa y económica, la cual fue
aceptada por el Ministerio de Transporte el 2 de julio de 2022, por lo
que el proyecto quedó por fuera de ese mecanismo legal, lo que no
fue tenido en cuenta por el Tribunal pese a que en el expediente se
demostró el desistimiento del proyecto por la imposibilidad de su
ejecución.
Advirtió que el Tribunal, mediante auto de 12 de agosto de 2022,
denegó la solicitud de aclaración de la sentencia, para lo cual
solamente se refirió a los elementos del procedimiento previstos en
la ley sin aterrizarlos al caso concreto y sin tener en cuenta las
condiciones que exige la norma que hacen imposible su aplicación
por no ser congruentes con el alcance legal de la figura y porque no
son su responsabilidad, por lo que, a su juicio, la providencia fue
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meramente formal y en nada modificó ni estableció con claridad
frente a la forma de cómo debía ser cumplida la sentencia.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 28 de octubre de 2022, el Despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados del DNP, de la DIAN y de ECOPETROL contra la
sentencia de primera instancia y le advirtió al señor Procurador
Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado
que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que ingresara el
proceso al despacho para sentencia.
Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria
de la providencia las partes no solicitan la práctica de pruebas en los
términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del traslado para
alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente ingresará al
Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo
247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el numeral 4 de
la norma idem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en
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relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la ejecutoria
del auto.
IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron
la práctica de pruebas, razón por la que se prescindió del traslado
para alegar de conclusión, las cuales guardaron silencio, así como el
Ministerio Público.
IV.3.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
intervino en el proceso de la referencia y solicitó excluir del
cumplimiento del fallo de primera instancia a ECOPETROL, en
atención a que, de acuerdo con sus competencias, no era la llamada
a participar en la construcción del puente sobre el río Rumiyaco, pues
no vulneró ni amenazó los intereses colectivos de los accionantes,
amén de que no le corresponde la infraestructura pública de los
municipios y corregimientos ni la construcción de puentes.
Expuso que, de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución, a los
municipios les correspondía construir las obras que se requirieran
para el desarrollo local, y conforme lo dispuesto en el artículo 3º de
la Ley 136, modificado por el artículo 6º de la Ley 1551, también son
los responsables de promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal.
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Señaló que, conforme a lo expuesto, el corregimiento Cofania
Jardines de Sucumbíos por donde transita el río Rumiyaco, se
encuentra ubicado en el MUNICIPIO, motivo por el que era el ente
territorial el que tenía el deber constitucional y legal de realizar las
obras en el corregimiento para lograr el progreso local, conforme lo
sostuvo la Corte Constitucional en sentencia T – 336 de 2020.
Se refirió a la figura de obras por impuestos e indicó que se acudía a
la misma de forma libre y voluntaria por parte de la persona jurídica
que cumpliera con los requisitos; y que ni la Ley 1819 ni el Decreto
1915 de 2017 la previeron como imperativa o que las autoridades
administrativas o judiciales podían imponer a una empresa que
destinara sus recursos para el pago de impuestos a través de dicha
figura y menos para un proyecto específico.
Manifestó que ECOPETROL, libre y voluntariamente, decidió utilizar
las obras por impuestos para apoyar la construcción del puente
peatonal sobre el río Rumiyaco, tal y como lo manifestó a la ART, al
DNP y a la DIAN el 1º de marzo de 2019; no obstante, la obra no
se pudo ejecutar debido a que el estudio y diseño que fue elaborado
por el MUNICIPIO presentó deficiencias y omisiones técnicas, lo que
derivó en que el costo de la obra aumentara y superara el
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presupuesto estimado, motivo por el que el Ministerio de Transporte
expidió la Resolución núm. 20223040037815 de 30 de junio de 2022
en la que declaró el incumplimiento definitivo del proyecto.
Sostuvo que no es posible que el Juez popular imponga deberes a
ECOPETROL y a cualquier otra empresa o entidad con fundamento
en la incapacidad financiera del ente territorial o a partir de una
concepción errada del deber social de las empresas, lo que, a su
juicio, constituye un “desafortunado” precedente para las empresas
que pretendan hacer uso del mentado mecanismo, pues se
abstendrían de hacerlo debido a que estarían obligadas de forma
absoluta a ejecutar las obras, pese a que el municipio interesado
incumpliera con sus deberes o que ocurriera un evento que impidiera
su ejecución, y porque implicaría que el deber de responsabilidad
social de las empresas fuera absoluto y que las autoridades judiciales
o administrativas podían imponer a las empresas realizar obras que
no se encuentran obligadas a ejecutar.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
Con fundamento en los recursos de apelación interpuestos y en
atención a que la vulneración de los derechos colectivos al goce del
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público
y al acceso a la infraestructura pública declarada por el Tribunal por
el riesgo que representa la ausencia del mencionado puente sobre el
río Rumiyaco no fue cuestionada por los recurrentes, la Sala
considera que el problema jurídico central a resolver es determinar
qué entidad es la responsable de dicha vulneración y, por ende, la
encargada de efectuar la obra requerida para garantizar el amparo
de los mismos.
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Caso concreto
Para efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala
destaca las siguientes pruebas obrantes en el expediente:
-. Acta de 18 de junio de 2016, de la reunión llevada a cabo en la
Gobernación de Nariño y en la que participaron diferentes actores
sociales y autoridades políticas como el Gobernador y el Alcalde de
Ipiales, entre otros, para concertar la inversión en el período de
gobierno, de la que se resalta lo siguiente:
“[…] A continuación se da respuesta a cada uno de los compromisos
por parte de los responsables:
Compromiso Responsable Avance Acciones para el
cumplimiento
[…] 14.- ECOPETROL ECOPETROL: Ecopetrol no
Terminación de cuando se hizo la tiene recursos,
la reparación del reconstrucción no obstante
puente sobre el del puente el entregará el
Río Rumiyaco presupuesto fue proyecto al
bajo, a medida alcalde y le
que se hicieron solicita que
los estudios, el realice la gestión
valor se fue a través de la
incrementado, Dirección
los estudios eran Nacional de
no solo para la Riesgos.
construcción del
puente sino de la
mitigación del
riesgo, la
reunión
programada no
se llevó a cabo la
reunión porque
el contrato se
liquidó, no se
pudo contactar
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al contratista ni
a la AFP.
[…]”.
-. Acta de 10 de septiembre de 2016 de la Asamblea General,
realizada en las instalaciones de la caseta comunal de Jardines de
Sucumbíos, que tenía por finalidad la distribución de los recursos
destinados por el DEPARTAMENTO y el MUNICIPIO para los
diferentes proyectos del corregimiento en la vigencia 2016 - 2017,
en la que se dejó consignado que dentro de las obras que estaban
pendientes por aprobar y ejecutar estaba el puente del río Rumiyaco
por valor de $600.000.000.
-. Actas de seguimiento de los compromisos del DEPARTAMENTO,
de ECOPETROL, del MUNICIPIO y de la comunidad de Jardines de
Sucumbíos, de fechas 1º, 15 y 20 de abril de 2017, en las que se
mencionó: i) la necesidad de terminar la reparación del puente sobre
el río Rumiyaco; ii) la destinación de $600.000.000 para la obra; y
iii) la existencia del CDP, cuyos recursos provendrían de Gestión del
Riesgo.
-. Informe de hechos ocurridos el 28 de mayo de 2017 en la vereda
El Empalme – Argentina con el puente Rumiyaco, suscrito por el
Inspector de Policía Rural de Cofania Jardines de Sucumbíos del que
se destaca que:
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“[…] siendo las 10:45 am del día domingo 20 del mes de mayo del
2017 recibo varias llamadas de los habitantes de este sector dando
a conocer que el puente del RIO RUMIYACO se colapsó. Me dirijo al
lugar de los hechos donde se verifica lo siguiente:
-. Una de las plaquetas del lado izquierdo donde está el soporte del
cable, ya no existe, lo arrancó y lo sacó del sitio, de igual manera
quebró cuatro tubos de 4”. Por esta razón el puente se deladiado
(sic) del mismo lado.
-. La plaqueta del lado derecho es la que en estos momentos está
sosteniendo toda la presión del puente, donde existía el riesgo de
que por la fuerza también se arrancó esta plaqueta.
-. La base del puente donde este se sostenía, la torre se asentó, se
hundió a la base del río, donde existe de igual manera el riesgo de
que se presente otra represa como la del pasado domingo el puente
desaparezca por completo.
-. Por lo tanto está en riesgo la vida de las personas que transitan
por el puente en este estado, la comunidad manifiesta que es
necesario instalar de manera URGENTE y provisionalmente una
tarabita que garantice la seguridad de las personas.
-. De la misma manera se da a conocer que por parte de las
comunidades se ha informado del riesgo del mismo, por esta razón
el señor JOSÉ CONSTANTINO RODRÍGUEZ presidente la vereda el
Empalme da a conocer que el día viernes 26 del mes de mayo del
año en curso se firmó el CONVENIO SOLIDARIO No. 100 del 2017;
suscrito entre el Municipio de Ipiales y la Junta de Acción Comunal
de la vereda el Empalme. Objetivo del CONVENIO: EJECUCIÓN DE
OBRA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN, ANTE EL RIESGO DEL
DESBORDAMIENTO DEL RIO RUMIYACO Y POSIBLE COLAPSO DEL
PUENTE PEATONAL DEL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE
SUCUMBIOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES. La fecha de
perfeccionamiento veintidós (22) de mayo de año 2017.
-. Teniendo en cuenta del CONVENIO que hay es para la mitigación
y prevención de este puente; y mirando que el puente ya colapsó,
la comunidad solicita que se realice un convenio que es necesario
para la reconstrucción del mismo ya que es más viable y más rápido
que se ejecuten las obras […]”.
-. Acta núm. 003 de 6 de junio de 2017, de la reunión llevada a cabo
en la Alcaldía del MUNICIPIO con los integrantes del Consejo
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Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, para
informar la emergencia que se presentó el 28 de mayo de ese año
con el río Rumiyaco, en la que se discutió lo siguiente:
“[…] 3. INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN SOBRE LA
AFECTACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO RUMIYACO:
El Puente peatonal está situado entre la Vereda de El Empalme con
las Veredas de La Argentina, Paraíso de Sapoyaco y el Resguardo
Ukumaricanke, en el Corregimiento de Cofania Jardines de
Sucumbíos del Municipio de Ipiales; se benefician 170 familias
aproximadamente, en donde se constató lo siguiente:
DIAGNÓSTICO:
1. El pasado domingo 28 de Mayo del presente año, una de
las torres de apoyo del puente se asentó en la base del río producto
de la avalancha del mismo, y se encuentra a 7 metros
aproximadamente por debajo del nivel donde se encontraba
instalado.
2. Por la presión uno de los anclajes del lado izquierdo de la
torre deslizada se desprendió de su base, el otro anclaje aún existe.
El puente está sostenido con un solo anclaje.
3. Se evidencia en varias partes la presencia de totora lo que
significa que el nivel freático de la montaña está saturado y al
filtrarse por la misma ocasiona la erosión y los deslizamientos.
4. Al desprenderse el anclaje el puente sufre una seria
inclinación hacia el lado izquierdo de unos 35º aproximadamente,
lo que el riesgo de caída es inminente para los que lo cruzan.
5. Si llegare a presentarse una avalancha similar el riesgo es
más alto debido a que se estaría hablando de la pérdida total del
puente.
RECOMENDACIONES:
a. En reunión ampliada del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Ipiales (CMGRD-IPIALES), se hace
necesario declarar la CALAMIDAD PÚBLICA, según los artículos 57,
58 y 59 de la Ley 1523 del 2012; debido a que la seguridad, el
bienestar y la vida de los habitantes se encuentran
altamente comprometidos.
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b. Es evidente y necesaria la prohibición inmediata oficial del
paso y/o uso de este puente para todos los usuarios.
c. Ante lo anterior es urgente e imperativa la construcción y/o
alquiler de un sistema de cruce del río (tarabita con canastilla
cerrada), que garantice seguridad y funcionalidad a todos los
habitantes de la zona, a fin de evitar toda tragedia ciudadana y
social.
d. Con la Inspectora de Policía y las Juntas de Acción Comunal,
se turnen para realizar unas Alertas Tempranas para salvaguardar
la vida de los que transitan por el puente hasta buscar una solución
parcial y/o definitiva.
e. Elaborar dos pendones o vallas grandes para ser colocados
en los dos lados del puente advirtiendo la amenaza que existe, ante
el colapso total del puente.
f. Con la Secretaría de Educación Municipal se estudie la
posibilidad que los docentes dicten las clases en las escuelas de las
veredas y los alumnos no tengan que cruzar el puente.
g. Se debe canalizar los arroyos que vienen de la parte alta
de la montaña y se determine el tipo de suelo, la porosidad,
permeabilidad y estabilidad de la misma.
h. Que las obras de mitigación que se determinen sean
inmediatas para salvar los materiales que conservan vida útil.
4. Proposiciones y varios.
1. Queda Aprobada por unanimidad la declaratoria de
CALAMIDAD PUBLICA, según los artículos 57, 58 y 59 de la Ley
1523 del 2012; debido a que la seguridad, el bienestar y la vida de
los habitantes se encuentran altamente comprometidos.
[…] 6. Se remitirá la presente Acta al Consejo Departamental, la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y ECOPETROL;
para que nos apalanquen la cofinanciación de esta obra que es de
gran magnitud — es aprobada por unanimidad […]”.
-. Documento de seguimiento de los acuerdos celebrados entre el
MUNICIPIO y Jardines de Sucumbíos, de 13 de octubre de 2017,
en el que se consignó lo siguiente:
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“[…] 2. REVISIÓN DE ACUERDOS PUENTE RUMIYACO JARDINES DE
SUCUMBÍOS
Se analizan dos componentes del proyecto: a) financiero y
presupuestal; y b) técnico infraestructura.
a) Sobre el componente financiero y presupuestal. El Dr. Mauricio
Mora de ECOPETROL tras realizar la consulta respectiva confirma a
los asistentes que el valor total del proyecto registrado por parte
de esta entidad es de 1.171.299.635. Se acuerda por consenso
que el valor total indicado será la referencia principal para el
balance final de los recursos que aportará cada entidad.
En consenso, los asistentes precisan y reiteran que el costo de la
interventoría está incluido en el valor total del proyecto, así
también que la interventoría deberá ser contratada con una firma
externa. En igual sentido se indica que la firma ejecutora es la
unión temporal Sucumbíos 2017 representada actualmente por el
señor William Carvajal.
Con estas precisiones se procede a analizar el balance definitivo de
aportes para la financiación del proyecto el cual se indica en el
siguiente cuadro resumen:
ENTIDAD APORTE OBSERVACIÓN
Dirección Gestión 300.000 Se anexa CDP No. 20177090061
Riesgo CMDGRD por valor de 200.000.000 y Dr.
y DAGRD Fernando Jacome del CMDGRD
expresa su compromiso para el día
martes 17 de octubre entregar el
segundo CD por valor de los 100
millones restantes
Municipio de 170.000.000 Se anexa CDP No.20170100475 por
Ipiales valor de 20 millones de pesos y CDP
201770100618 por valor de 150
millones de pesos. Los soportes son
adjuntados por el Dr. Jorge
Montenegro Secretario de Gobierno
Alcaldía de Ipiales.
ECOPETROL 351.389.890 Valor confirmado por el Dr. Mauricio
Mora delegado de ECOPETROL.
Gobernación de 349.909.745 El Dr. Carlos Andrés Director
Nariño Departamental DAGDRD indica que
el día martes 17 de octubre se
liberarán estos recursos en
conjunto con los DGR para un total
de aportes de gobernación de
649.909.745 con los cuales se
garantiza la realización de la obra.
VALOR TOTAL 1.171.299.635 Corresponde al valor total del
proyecto, incluye interventoría la
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cual será contratada con una firma
externa.
[…]”.
-. Resolución núm. 000273 del 13 de mayo de 2019 “Por la cual se
aprueba la vinculación del pago del impuesto sobre la renta y
complementarios a un proyecto de inversión en las Zonas más
Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC”, expedida por la ART,
en la que se señaló lo siguiente:
“[…] RESUELVE
Artículo 1. Aprobar la vinculación del impuesto sobre la renta y
complementario del periodo gravable 2018 de la empresa ECOPETROL
SA al proyecto de inversión de las ZOMAC, denominado
"MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RUMIYACO, VEREDA EL
EMPALME, CORREGIMIENTO COFAN/A JARDINES DE SUCUMBIOS,
MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. IPIALES" a
desarrollarse en el (los) municipio(s) de Ipiales, del Departamento de
Nariño, por un costo total de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE. ($4.322.190.239) […]”.
-. Oficio de 4 de julio de 2019, mediante el cual la FIDUPREVISORA
le informó a la Dirección Ejecución de Proyectos de ECOPETROL que
el 3 de mayo de 2018, se constituyó el patrimonio autónomo
“Ecopetrol ZOMAC – Obras por impuestos” y que para el proyecto
“Mejoramiento del tránsito peatonal, mediante la construcción de
puente sobre el Rumiyaco, vereda el empalme, corregimiento
Cofania Jardines de Sucumbíos, Municipio de Ipiales, Departamento
de Nariño”, el 31 de mayo de ese mismo año, se habían recibido los
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recursos para su ejecución y que estos ascendían a la suma de
$4.322.190.239.
-. Oficio de 16 de julio de 2019, por medio del cual el MUNICIPIO
presentó la trazabilidad del proyecto en comento, así:
“[…] Información básica del proyecto
[…] El proyecto surge de la necesidad latente en corregimiento Cofonia
Jardines de Sucumbíos así:
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[…]”.
-. Documento contentivo del análisis efectuado a la ingeniería con la
que se viabilizó el proyecto de construcción del puente sobre el río
Rumiyaco y de la ingeniería aportada por el contratista, Consorcio
IPIAI, en virtud de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o
modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y
diseños existentes del proyecto asignado a ECOPETROL dentro del
marco del mecanismo de obras por impuestos”, de fecha 9 de octubre
de 2020, en el que se concluyó lo siguiente:
“[…] 6. CONCLUSIONES
• Revisada la información del volumen geotécnico entregada
por la consultoría del municipio de Ipiales, se observan
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discrepancias en las profundidades de los ensayos, no es
posible verificar la localización de los sondeos ya que no se
incluyen sus coordenadas, se relacionan unas condiciones
geológicas distintas a las propias de la zona, se puede
afirmar que el alcance formulado para este estudio fue
limitado y que no se trata de un diseño de cimentación para
un puente conforme a la normativa. El documento realiza
unos análisis de carácter superficial, sin memorias de
cálculo y no refleja la realidad de lo encontrado en campo.
Adicionalmente se observa que no existió compatibilidad
entre lo presentado en el informe de suelos y el diseño
estructural.
• Evaluada la información del volumen geotécnico entregada por el
Contratista de obra IPIAI, se observa un documento bien
estructurado
• Se considera necesario que el diseño de la cimentación sea
de carácter profundo y de manera complementaria se hacen
necesarias obras de protección del margen izquierdo del río,
así como obras de drenaje del proceso de remoción en masa
adyacente al sector del apoyo izquierdo.
• Se hace evidente que todos los procesos de inestabilidad de la
margen izquierda son consecuencia de la acción erosiva del río. De
controlarse mediante obras de protección, se esperarían cambios
importantes en las variables contempladas en el diseño con miras
a su optimización.
• El componente geotécnico fue aprobado por la Interventoría
mediante oficio ECO-118-21 del 12 de abril de 2021.
• De acuerdo a lo planteado por el código colombiano de diseño de
puentes, CCP14. Los puentes se deben diseñar de acuerdo a los
estados límites especificados, los cuales pueden ser Estado límite
de servicio, estado límite de fatiga y fractura, estado límite de
resistencia y estado limite extremo. Del cual no se tiene mención
ni relación en los resultados expuestos en la memoria de cálculo.
• No hay ningún parámetro que indique que la estructura
mostrada en los planos de diseño esté acorde a lo solicitado
por la normatividad vigente, y por ello lo planteado en el
presupuesto no parece ser acorde a la realidad de un puente
de tipo colgante de 140 metros de longitud.
• Luego de revisar la ingeniería entregada por el Consorcio IPIAI,
se observa que los volúmenes de memorias de cálculo reflejan
orden, coherencia y aplicabilidad de normatividad vigente.
Contienen la descripción de las estructuras, unos materiales de
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construcción adecuados al tipo de estructura, una descripción
correcta de las cargas que se aplican a la super estructura y
subestructura, la realización de un espectro de diseño y
aplicabilidad de este al modelo, unos resultados de acuerdo con
unas combinaciones de carga de acuerdo con el código colombiano
de diseño de puentes CCP14, unas magnitudes coherentes con
respecto a las reacciones obtenidas en la modelación.
• El dimensionamiento de la estructura muestra que cada uno de
los elementos cumple con la normativa y es construible; sin
embargo, no se observa la optimización de los elementos, lo
que genera de manera directa un sobrecosto del proyecto y
de esta misma manera la inviabilidad financiera del mismo.
• El factor de seguridad del diseño de cables es de 3, un factor de
seguridad que es fácilmente optimizable.
• Los parámetros de diseño de las vigas reflejan la necesidad de
optimizar las secciones de estas; de esta manera, al optimizar las
secciones, las conexiones cambiarán y generarán un impacto en el
presupuesto final del proyecto.
• Lo planteado en las memorias de cálculo es coherente con lo
expuesto en las demás especialidades y refleja de manera correcta
lo que está contenido en los planos de estructura. Sin embargo, se
evidencia que la estructura está sobredimensionada, y es necesario
obtener el costo real de una estructura optimizada y que cumpla
con la normatividad vigente.
• Se recomienda evaluar la construcción de obras de protección
para el puente, ya que esto puede disminuir costos y mitigar
riesgos de colapso del puente. Como referencia Ecopetrol estimó el
costo de 4 espigones para la protección de las baterías en los pozos
1 y 2 de Sucumbíos, los cuales tienen un valor de
$1.700.000.000COP cada espigón. Es importante aclarar que
dichas obras propuestas por Ecopetrol son robustas dado que su
objeto es la protección de la batería del pozo.
• Se recomienda realizar una revisión integral de los análisis
de los precios unitarios presentados por el contratista, ya
que estos presentan varias inconsistencias que influyen en
los costos unitarios y el costo total presentado por el
contratista.
• Se le solicita al interventor revisar la actividad alimentación +
hospedaje + alojamiento incluida en los análisis de precios
unitarios, ya que esta debe estar incluida en la administración del
proyecto, y representa un valor importante en el proyecto.
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• Se presentan nuevos precios unitarios para actividades ya
contratadas, por lo que se requiere realizar el ajuste y tener en
cuenta los precios ya contratados […]” (Destacado de la Sala).
-. Oficio de 1o. de julio de 2021, en el que ECOPETROL solicitó al
Ministerio de Transporte la terminación del proyecto BPIN
20181719000326 por imposibilidad en su ejecución dado el
incremento del presupuesto inicial que era de $4.322.190.239 en
$8.597.830.406, lo que dio lugar a que la interventoría estimara que
no era posible aprobar el presupuesto por las inconsistencias.
-. Certificación de fecha 13 de septiembre de 2021, expedida por el
INVIAS, en la que indicó que el sector ubicado sobre el río Rumiyaco
entre las veredas El Empalme y La Argentina sector Cofanía Jardines
de Sucumbios del MUNICIPIO, era una vía terciaria a cargo del ente
territorial.
-. Oficio de 4 de febrero de 2022, a través del cual el Ministerio de
Transporte informó que ECOPETROL solicitó declarar el
incumplimiento definitivo del proyecto, el cual fue contestado el 3 de
diciembre de 2021 en el sentido de solicitarle a la entidad allegar una
documentación faltante, luego de lo cual procedería a declarar el
incumplimiento definitivo mediante resolución motivada.
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De acuerdo con el referido material probatorio, la Sala advierte que
desde el año 2016 era de pleno conocimiento por parte del
MUNICIPIO que el puente presentaba graves afectaciones que
hacían necesaria su intervención, como se evidencia de las diferentes
reuniones celebradas entre la comunidad de Jardines de Sucumbíos,
las autoridades territoriales y ECOPETROL, en las que se discutió la
necesidad de que el puente fuese intervenido inmediatamente y se
mitigara el riesgo que se estaba causando.
No obstante, pese a que se llegó a múltiples acuerdos y
compromisos, en mayo de 2017 el puente colapsó a causa de una
avalancha que se presentó, poniendo en riesgo la vida de las
personas que transitaban por allí, pues el puente seguía siendo
utilizado, motivo por el que se hizo necesaria la instalación
provisional de una “tarabita” que garantizara la movilidad “segura”
de los habitantes.
En consecuencia, ante la difícil situación que se presentaba por el
colapso del puente, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
declaró la calamidad pública, en atención a que la seguridad, el
bienestar y la vida de los habitantes del sector estaba en riesgo.
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Lo anterior, conllevó a: i) la prohibición del paso y/o uso del puente
para todos los usuarios; ii) la construcción de una tarabita; iii) alertas
tempranas para salvaguardar la vida de quienes transitaban por el
lugar, hasta tanto se encontrara una solución definitiva; iv) elaborar
pendones que advirtieran de la amenaza, v) estudiar la posibilidad
de que los docentes se trasladaran a la vereda para no poner en
riesgo a menores; vi) poner de presente la necesidad de canalizar los
arroyos provenientes de la parte alta de la montaña, de determinar
el tipo de suelo, la porosidad, permeabilidad y estabilidad; y vii)
concretar las gestiones para la construcción del puente, en virtud de
lo cual se estableció en el documento de seguimiento de 13 de
octubre de 2017 que harían parte de la financiación del proyecto las
direcciones municipal y departamental de gestión del riesgo, el
MUNICIPIO, ECOPETROL y el DEPARTAMENTO.
Pese a lo anterior, para el año 2018 no se contaba con los recursos
ni con el proyecto para la construcción del puente, conforme a los
compromisos adquiridos por parte de las autoridades, razón por la
que el MUNICIPIO advirtió la necesidad de realizar una consultoría
con el fin de tener el insumo técnico necesario para desarrollar la
obra sobre el río Rumiyaco y, posteriormente, obtener la fuente de
financiación, como en efecto ocurrió, pues el 25 de mayo de 2018
suscribió el contrato núm. 595, que tenía por objeto la “Consultoría
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para la elaboración de estudios, diseños y conformación del paquete
técnico del puente peatonal colgante sobre el río Rumiyaco – Vereda
el Empalme, Jardines de Sucumbios”.
Posteriormente, el 30 de agosto de 2018, el MUNICIPIO llevó a
cabo la concertación y socialización del proyecto con los
representantes del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos
para que fuera desarrollado a través de la figura “obras por
impuestos” y, en consecuencia, en septiembre de ese mismo año,
fue presentado el proyecto ante la ART, que luego de surtidas las
respectivas etapas, lo incluyó en su banco de programas y, en
consecuencia, el 27 de febrero de 2019 ECOPETROL presentó carta
de intención para financiar el proyecto, por lo que la ART mediante
Resolución núm. 000273 de 13 de mayo de ese año, aprobó la
vinculación del impuesto sobre la renta y complementario para el
período gravable 2018 de dicha empresa al proyecto en comento, por
valor de $4.322.190.239.
Sobre el estado del proyecto, la Sala encuentra probado que luego
de la vinculación de ECOPETROL al mismo, el 31 de mayo de 2019
ésta constituyó el patrimonio autónomo “Ecopetrol ZOMAC – Obras
por impuestos” con la suma de $4.322.190.239, para la ejecución
del proyecto, como lo certificó la FIDUPREVISORA y, por ende,
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aquella dio apertura a las licitaciones privadas núm. 4 y 13 para la
interventoría y la obra, con ocasión de las cuales se firmaron los
contratos núms.: i) i3-1-77258-012-2019, suscrito el 2 de
septiembre de 2019 entre CB INGENIEROS S.A.S y la
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo, para la interventoría técnica, administrativa, financiera,
ambiental, jurídica, social y predial, por valor de $306.000.170; y ii)
3-1-77258-021-2019, suscrito el 3 de diciembre de 2019 entre el
CONSORCIO IPIAI y la FIDUPREVISORA S.A, como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo, para la construcción del
puente, por valor de $3.087958.612.
No obstante, ECOPETROL luego del análisis efectuado a la ingeniería
con la que se viabilizó el proyecto de construcción del puente sobre
el río Rumiyaco y a la ingeniería aportada por el contratista,
Consorcio IPIAI, concluyó que existían discrepancias en los estudios
realizados por parte del MUNICIPIO para la construcción del
puente, motivo por el que el valor inicial previsto en $4.322.190.239,
finalmente quedó en $8.597.830.406, lo que dio lugar a que el 1o.
de julio de 2021 solicitara al Ministerio de Transporte la terminación
del proyecto por imposibilidad en su ejecución, la cual, previo
requerimiento de información, fue resuelta mediante la Resolución
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núm. 20223040037815 de 30 de junio de junio de 202229, en la que
resolvió declarar el incumplimiento definitivo de la ejecución el
proyecto con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] Que, de conformidad con las normas mencionadas, el proyecto
registrado en el banco de proyectos de inversión zona ZOMAC,
denominado “EL MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO PEATONAL,
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RUMIYACO,
VEREDA EL EMPALME, CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE
SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO” fue el seleccionado de manera voluntaria a través
del mecanismo de obras por impuestos por el contribuyente
ECOPETROL S.A y en esa medida la vinculación de su impuesto
sobre la renta y complementarios del periodo gravable 2018
realizada por la Resolución No. 273 del 13 de mayo de 2019 emitida
por la ART, genera una obligación no solo de carácter tributario del
periodo gravable antes mencionado, sino también la obligación del
contribuyente de cumplir los requerimientos necesarios para
ejecutar el proyecto.
Que contrario a lo que expone el apoderado de ECOPETROL S.A.,
esta autoridad administrativa insiste en que dicha empresa no
actuó con la debida diligencia al momento de analizar los
requerimientos del proyecto seleccionado. Esto se sustenta en la
ficha de propuesta de ajuste y sus respectivos soportes presentado
por ECOPETROL S.A el 4 de marzo de 2019, que contiene la revisión
técnica que esa empresa realizó, precisamente, para solicitar el
ajuste al proyecto de inversión zona ZOMAC, denominado “EL
MEJORAMIENTO DE TRÁNSITO PEATONAL, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RUMIYACO, VEREDA EL
EMPALME, CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS,
MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. En el caso
particular, en la revisión técnica del proyecto, Ecopetrol, presentó
documento de modificación de ajuste del proyecto frente al
presupuesto por un valor de $4.322.190.239, consistente en
ajustar los valores de la interventoría, gerencia, fiducia, de acuerdo
29
Información extraída de la Resolución núm. 20223040077695 de 23 de diciembre de 2022, “Por la
cual se decide la solicitud de revocatoria directa interpuesta por ECOPETROL S.A., contra la Resolución
No. 20223040037815 del 30 de junio de 2022 por la cual se declara el incumplimiento definitivo a
ECOPETROL S.A., y contra la Resolución No. 20223040067435 del 10 de noviembre de 2022, por la
cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 20223040037815 del 30 de junio de 2022,
en el marco del proyecto vinculado mediante el mecanismo de obras por impuestos identificado con
BPIN 20181719000326 – “Mejoramiento del tránsito peatonal mediante la construcción de puente sobre
el río Rumiyaco, vereda el empalme, corregimiento Cofanía, Jardines de Sucumbíos, Municipio de
Ipiales, Departamento de Nariño”; la cual será tenida en cuenta conforme lo dispuesto en el incido
quinto del artículo 177 del CGP.
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al análisis de actividades y tiempos de ejecución, imprevistos,
obras complementarias y riesgos asociados al proyecto, por cuanto
el proyecto BPIN 20181719000326, Factibilidad – Fase III, para la
construcción del puente sobre el río Rumiyaco fue viabilizado,
inicialmente por las autoridades competentes, por valor de
$2.976.884625,90. En el estudio que para sustentar el ajuste
realizó ECOPETROL S.A no se evidencia ninguna de las situaciones
de imposibilidad de cumplimiento que se ha venido planteando. Por
el contrario, menciona expresamente, en la ficha de propuesta de
ajuste, que el proyecto fue “(…) revisado y analizado con el equipo
de trabajo de la Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos, los
resultados de los análisis se encuentran en los anexos 1, 2 y 3.
(…)”.
[…] Que insistiendo en la posición que hemos venido planteado en
los diferentes actos administrativos emitidos por esta Dirección, se
advierte que en ninguna parte del documento denominado “Ficha
de Propuesta de Ajuste” se mencionó que existían “deficiencias”
que imposibilitaban la ejecución del proyecto. Al contrario,
ECOPETROL S.A menciona que, si bien se deben ajustar algunos
aspectos, aquellos deberán ser evaluados antes de la etapa de
construcción, proyectando un estimado de costos, ajustando el
cronograma e incluso asignando en la matriz de riesgos que “las
posibles inconsistencias de ingeniería” tienen un riesgo medio que
puede mitigar, al igual que los “incrementos del costo de los
proyectos”, considerando que, aun cuando el impacto es “muy alto”
y su probabilidad de ocurrencia es alta, la manejabilidad del riesgo
es media y es posible mitigarla.
[…] Que, con relación a los argumentos desarrollados por
ECOPETROL S.A., denominados 2.- Principio Nadie está obligado a
lo imposible (…), 2.1.- Imposibilidad de Ejecutar la Obra aprobada
por el Mecanismos de obras por impuestos (…), 2.1.1. Obligación
adquirida (…), 2.1.2. Imposibilidad de ejecutar el proyecto (…),
2.1.3 Nadie está obligado a lo imposible (…), es pertinente precisar
que aunado a lo planteado frente al objetivo del mecanismo de
obras por impuestos, como se mencionó previamente,
particularmente, es extinguir las obligaciones tributarias del
impuesto sobre la renta y complementario, a través de la inversión
directa por parte del contribuyente en la ejecución de proyectos de
trascendencia social en las Zonas más Afectadas por el Conflicto
Armado -ZOMAC-, no es procedente alegar, por parte de
ECOPETROL S.A., el principio general del derecho denominado
“nadie está obligado a lo imposible”, pues es claro para todos los
contribuyentes que se vinculan al mecanismo de obras por
impuestos que el objetivo es la construcción de la obra de
infraestructura. En el caso que nos ocupa y al no estar construida
es inevitable no generar el incumplimiento total, por lo que se debe
proceder conforme lo establece el artículo 1.6.5.4.7. del Decreto
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1915 de 2017 y al artículo 1.6.5.4.6. del Decreto 1915 de 2017,
declarar el incumplimiento en relación con la causal 4, que reza:
“(…)4. Las demás que constituyan el incumplimiento de la
obligación de ejecución y construcción de la obra.”, la cual fue la
descrita en el artículo 1 de la Resolución N° 20223040037815 del
30 de junio de 2022 y notificada el 1 de julio de 2022 (15:22 GMT
-05:00), vía correo electrónico autorizado por ECOPETROL S.A,
mediante identificador E79508525-R.
[…] Que en particular, el artículo 1.6.5.4.5. del Decreto 1915 de
2017, establece que “(…) la entidad nacional competente deberá
informar y certificar el número de días de incumplimiento y el valor
correspondiente al porcentaje de avance de la obra al momento del
incumplimiento. (…)”-. En ese sentido, conforme al radicado No.
20223031095242 del 6 de junio de 2022, suscrito por el INVIAS, a
través de la Directora Territorial de Nariño, se certificó que el
número de días de incumplimiento por parte del contribuyente
ECOPETROL S.A., es de 11 meses, que corresponden a 330 días,
conforme al cronograma del proyecto debidamente aprobado por
la entidad nacional competente según lo dispuesto en el artículo
1.6.5.3.4.5 del Decreto 1625 de 2016. Este soporte le permitió a
esta Dirección indicar que los meses y/o días mencionados
corresponden al avance de obra física del proyecto vinculado al
mecanismo de obras por impuestos denominado “MEJORAMIENTO
DE TRÁNSITO PEATONAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE SOBRE EL RUMIYACO, VEREDA EL EMPALME,
CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO
DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, que es del (0%) cero
por ciento, lo que constituye el incumplimiento total de la
obligación de ejecución y construcción de la obra.Que contrario de
lo que manifiesta el apoderado de ECOPETROL S.A., el sustento
para la motivación de los actos administrativos que reprocha, es la
certificación e informe final aportado por la firma interventora CB
Ingenieros S.A.S., con número consecutivo de la interventoría
ECO-155-21 del 29 de noviembre de 2021, en el radicado No.
20213032354652 del 6 de diciembre de 2021 del Ministerio de
Transporte, e informe final de la firma interventora CB Ingenieros
S.A.S del 28 de mayo de 2021, certificaciones que sustentaron la
causal de incumplimiento ya enunciada, es decir, que esta Entidad
no desconoce ni omitió, de alguna manera, lo descrito por esta
firma interventora, más aún cuando el artículo 1.6.5.4.10 del
Decreto 1915 de 2017, determina que:
“(…) Si se llegare a presentar alguna circunstancia que implique el
incumplimiento definitivo de la obligación de entrega de la obra
totalmente construida y en disposición para su uso y/o
funcionamiento en la modalidad de pago 1, el contribuyente deberá
cancelar el monto del impuesto pendiente de ejecutar. mediante
las modalidades ordinarias de pago previstas en el Estatuto
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Tributario, junto con los intereses de mora tributarios causados
desde el momento en que se produzca el incumplimiento y sin
perjuicio de la facultad de cobro coactivo que la ley asigna a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la imposición de la sanción por
incumplimiento de la forma de pago, equivalente al cien por ciento
(100%) del valor ejecutado, conforme con el procedimiento
previsto en el Estatuto Tributario.”
Que lo anterior confirma, por parte de este Ministerio de
Transporte, que la tasación del impuesto solo se extingue hasta
tanto el desarrollo del proyecto quede certificado ante la DIAN
como cumplido, y para el caso que nos ocupa, el proyecto reporta
un (0%) cero por ciento de ejecución e incumplimiento definitivo
del cronograma para el desarrollo del proyecto.
Que de esta manera, reiteramos que no nos encontramos frente a
un típico caso de incumplimiento contractual, sino por el contrario,
estamos en el marco de la ejecución de un proyecto vinculado
mediante el mecanismo de obras por impuestos, es decir, es el
resultado de la consecución de un proyecto, a fin de garantizar el
pago del impuesto de renta, obligación tributaria adquirida por las
personas naturales o jurídicas que deben reportar a la DIAN, en lo
concerniente al pago de sus impuestos, obligación que puede ser
subrogada mediante la vinculación a un proyecto de obras por
impuestos.
Que, por tanto, esta autoridad administrativa motivó como
corresponde y basado en el informe de la interventoría,
corroborado por el INVIAS en calidad de supervisor del contrato de
interventoría, la procedencia del incumplimiento por parte de
ECOPETROL S.A., tasación que se está obligado a realizar para
sustentar el incumplimiento y por ello se comunica a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN-, conforme al artículo 1.6.5.4.5. del Decreto
1915 de 2017 el contenido de la Resolución 20223040037815 del
30 de junio de 2022, en cumplimiento al Artículo 1.6.5.4.7.
Declaratoria de incumplimiento definitivo del Decreto 1625 de
2016, para que adelante los tramites de su competencia y proceda
a aplicar las sanciones previstas en la ley. Que, con base en la
norma, el informe de la interventoría y la obligatoriedad de tasar
los días de incumplimiento, se puede determinar que no se
encuentra sustentada la causal de agravio injustificado por parte
de ECOPETROL S.A., para cuando se está frente a un proyecto que
reporta un (0%) cero por ciento de ejecución e incumplimiento
definitivo del cronograma para el desarrollo del proyecto. Que
sobre el particular debe tenerse en cuenta que el mecanismo de
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obras por impuestos está completamente reglado y permite al
contribuyente vincularse para hacer efectivo un pago de impuesto
y el no hacerlo deriva en el incumplimiento, que, para el caso, como
ya es sabido, se acudió y motivó el acto administrativo de
incumplimiento, en la causal N°4 […]” (Resaltado de la Sala).
Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala advierte que el colapso
del puente peatonal se presentó por una evidente situación de riesgo
generada por la falta de mantenimiento de la estructura y por las
crecientes del río Rumiyaco, lo cual no fue debida y oportunamente
atendido por el ente territorial, que si bien efectuó una serie de
reuniones y adquirió compromisos con la comunidad antes de que
ocurriera la creciente del río que dañó la estructura, lo cierto es que
no adelantó ninguna acción efectiva de mitigación y, en la actualidad,
persiste el riesgo y la necesidad de la comunidad de contar con la
infraestructura peatonal idónea para su movilidad, circunstancia que
no solo afecta los derechos colectivos al goce del espacio público, la
utilización y defensa de bienes de uso público y al acceso a la
infraestructura pública amparados por el Tribunal, sino también el
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, razón por la que es del caso modificar el
numeral segundo del fallo apelado para efecto de incluir dicho
derecho como conculcado.
Del responsable de la vulneración de los derechos colectivos
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Sobre el particular, la Sala advierte que, por expresa disposición
constitucional y legal, el MUNICIPIO es el garante de los derechos
colectivos vulnerados y, en virtud de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad, también lo es el DEPARTAMENTO.
En efecto30, la Constitución Política se refiere a los bienes de uso
público, así:
“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.
“[…] ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular […]” (resaltado de la Sala).
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de
199831, sobre el espacio público señala en su artículo 1º que “es deber
del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre
el interés particular. En el cumplimiento de la función pública
del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a
30
Ver sentencia de 23 de junio de 2023 (Expediente núm. 88001233300020190004301, Consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
31
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
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la planeación, construcción, mantenimiento y protección del
espacio público sobre los demás usos del suelo”32.
Asimismo, el artículo 311 de la Constitución Política prevé que al
municipio, como como entidad fundamental de la división político -
administrativa del Estado, le corresponde entre otras construir las
obras que demande el progreso local y ordenar el desarrollo de su
territorio33.
En desarrollo de la norma idem, la Ley 388 de 18 de julio de 199734
previó como fines del ordenamiento territorial a cargo del municipio,
los de posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas e
infraestructuras de transporte y mejorar la seguridad de los
asentamientos humanos ante los riesgos naturales35. Igualmente, en
su artículo 8º, dispuso que el ordenamiento territorial se ejerce a
través de la acción urbanística de las entidades municipales, dentro
de las que enlistó las obligaciones de “dirigir y realizar la ejecución
de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
32
Resaltado de la Sala.
33
Asimismo, el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política ordena que el alcalde debe dirigir
la acción administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de
los servicios a su cargo.
34
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
35
Ley 388, Artículo 3º.
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entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad
con las leyes”36 y “localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de
conservación y recuperación paisajística” 37.
Aunado a lo expuesto, la Sala pone de manifiesto que en sentencia
de 21 de enero de 202138 se refirió al derecho colectivo a la
infraestructura pública vial o de transporte terrestre en condiciones
de seguridad, así:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de
25 de abril de 201939, se pronunció sobre la medida cautelar
decretada por el Tribunal Administrativo de Casanare consistente
en la ejecución de trabajos de rehabilitación temporal de los tramos
más críticos de la carretera Paz de Ariporo – La Hermosa.
En esa oportunidad, la Sala precisó que una infraestructura vial en
condiciones adecuadas redunda directamente en la garantía de los
derechos colectivos a la libre circulación y tránsito por el territorio
nacional40, al uso y goce de los bienes de uso público, a la seguridad
alimentaria41, al desarrollo económico y el progreso social42, de
acceso al servicio de transporte público43, entre otros. Dicha
relación encuentra fundamento en el deber constitucional del
Estado de “velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común”44 […]”.
36
Ley 388, artículo 8º, numeral 8.
37
Ley 388, artículo 8º, numeral 10.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de enero
de 2021. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón. Número de radicación: 85001-23-33-000-2018-00145-01.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 25 de abril de 2019. Rad. N.º 85001-23-33-000-2018-
00117-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
40
Constitución Política de Colombia. “ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y
a permanecer y residenciarse en Colombia”.
41
Ibid., Artículo 65.
42
Ibid., Artículos 300, numerales 2 y 3; 305, numeral 4; 311; 318, numeral 1.º.; y 361, parágrafos
1.º y 8.º transitorios. Disposiciones desarrolladas en la Ley 1682 de 2013.
43
Ley 105 de 1993, artículo 3.º, numeral 1.º.
44
Constitución Política de Colombia, artículo 82.
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Por su parte, el artículo 298 de la Constitución Política le asignó a los
departamentos la obligación de ejercer “funciones administrativas,
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes”45.
Finalmente, se advierte que en materia de gestión del riesgo, la Ley
1523 de 24 de abril de 201246 definió, en su artículo 1º, la gestión
del riesgo de desastres como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas
y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible […]”.
Asimismo, dispuso que era una política de desarrollo indispensable
para garantizar, entre otros, la seguridad territorial y los derechos e
intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades en riesgo,
45
El artículo 305 de la Constitución también estableció como función de los gobernadores la de “2.
Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes”.
46
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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razón por la que debe estar intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación
de la población47.
La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11
del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el
caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio
climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad
o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios
observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que
también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,
que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las
situaciones de desastre, así como para la posterior
recuperación entendida como rehabilitación y
reconstrucción.
47 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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Como responsables de la gestión del riesgo en los ámbitos
territoriales, la Sala encuentra que la Ley otorgó funciones
específicas a los gobernadores y alcaldes, a saber:
A los Departamentos, en cabeza de su Gobernador, le ordenó: i)
implementar procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así
como acciones tendientes al manejo de desastres en su territorio,
garantizando la puesta en marcha y mantenimiento de los procesos
que propendan por la gestión del riesgo en su territorio; e ii) integrar
en la planificación del desarrollo departamental, gestiones
estratégicas y prioritarias en cuanto a la gestión del riesgo se refiere,
por medio del plan de desarrollo departamental y demás
instrumentos a su disposición, para de esa manera darle cuerpo y
aplicación a las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva frente a los Municipios del respectivo
Departamento.
Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,
el Departamento en asocio con los Municipios de su territorio,
deben aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación que
se esté causando a un valor, interés o bien jurídico protegido como
es la mitigación del riesgo de desastres.
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Por su parte, a los alcaldes les corresponde, entre otras: i) como
conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción […]”48; ii) “[…]
Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas
y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública [...]”49; iii) incorporar en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo
seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y, por
consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines,
en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y
de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales como los
mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas
a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales
o antropogénicas no intencionales […]”50.
48 Ley 1523. Artículo 14.
49 Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
50 Ley 1523, artículo 40
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Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es, gobernadores
y alcaldes, deberán:
-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte
del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar
su seguimiento y evaluación [...]”51.
• “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión
del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en
armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de
respuestas nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones,
serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o
alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días,
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley […]”52.
La Sala también destaca que las funciones encomendadas a cada uno
de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están
51
Ley 1523. Artículo 32
52
Ley 1523. Artículo 37
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regidas por los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley
1523; tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la
Constitución Política como rectores en el ejercicio de las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y fueron
desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199453.
Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,
en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 199428, que definen al Municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
53
municipios”.
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general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
De conformidad con lo expuesto, resulta claro para la Sala que, en el
presente asunto, el principal responsable de la vulneración de los
derechos colectivos invocados es el MUNICIPIO, a quien le
compete, no solo propugnar por la construcción del puente, sino
también adelantar las acciones que sean necesarias para la gestión
del riesgo en la zona, pues como se advirtió en precedencia, el
colapso del puente ocurrió por una creciente del río.
A juicio de la Sala, no basta con el hecho de que inicialmente el
MUNICIPIO hubiese elaborado los estudios para el proyecto de
construcción del puente, sino que era necesario que, en virtud del
deber de gestionar el riesgo y de propender por el desarrollo local,
garantizara la satisfacción de la necesidad de la comunidad, a través
de una intervención constante, efectiva y eficiente de parte en la
problemática, la cual no se ha dado en los términos técnicos y
ambientales que las características del lugar exige.
De igual manera y de conformidad con la normativa expuesta, el
DEPARTAMENTO también resulta responsable en el asunto sub
examine, en virtud de los principios coordinación, concurrencia y
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subsidiariedad positiva que le asiste en materia de gestión del riesgo
frente a los municipios de su territorio, pues las acciones
emprendidas para solucionar la problemática, tales como la
participación en las diversas reuniones con la comunidad en las que
se ha comprometido en la consecución de recursos, no son
suficientes para la garantía de los derechos conculcados, cuya
transgresión persiste, razón por la que la Sala revocará el numeral
primero de la sentencia apelada, en el que se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Ahora bien, el hecho de que ECOPETROL se hubiese comprometido
a la construcción del puente en virtud de la figura de obras por
impuestos, no exonera de responsabilidad a los entes territoriales en
la garantía de los derechos colectivos de sus administrados, dado
que, de acuerdo con la Ley 1819, los incentivos creados para el pago
del impuesto sobre la renta tienen como finalidad fomentar,
temporalmente, el desarrollo socio económico, el empleo y las
formas organizadas de los campesinos, comunidades indígenas,
afrodescendientes, raizales, palenqueras y productores rurales en las
ZOMAC54 y, además, su escogencia depende exclusivamente de la
54 Artículo 235 de la Ley 1819.
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voluntariedad del contribuyente, razón por la que la efectividad de
los derechos no puede ni debe depender del arbitrio del particular.
Específicamente, frente a la figura de “obras por impuestos”, el
Decreto 1915 de 2017 la concibió como un modo de extinguir la
obligación tributaria derivada del impuesto sobre la renta y
complementarios55, a la cual pueden acceder las personas jurídicas
contribuyentes de dicho impuesto que en el año gravable
obtuvieran ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, lo
que, a juicio de la Sala, no indica que aquellas desplacen a las
autoridades estatales que, por expresa disposición constitucional y
legal, tengan a su cargo la garantía de los derechos que resulten
afectados por la ausencia de la obra con la cual el particular pretende
extinguir la obligación tributaria.
En consecuencia, ECOPETROL no es el llamado a asumir la
responsabilidad de la construcción del puente sobre el río Rumiyaco,
máxime si, en la actualidad, dicha obra ya no está vinculada al
programa de obras por impuestos en virtud de la declaratoria de
incumplimiento definitivo efectuada por el Ministerio de Transporte
mediante Resolución núm. 20223040037815 de 30 de junio de 2022,
55 Artículo 1.6.5.1.1. del Decreto 1915 de22 de noviembre de 2017.
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razón por la que no hay normativa alguna que faculte al juez
imponerle a dicha empresa cargas que legalmente le corresponden
a las entidades territoriales.
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala no concuerda con el
Tribunal cuando indicó que ECOPETROL debía efectuar la
construcción de la obra en virtud del principio de responsabilidad
social, máxime si el MUNICIPIO no podía asumir el costo de la
misma con su propio presupuesto, por las siguientes razones:
i.- Porque la jurisprudencia de esta Sección ha sido enfática y
reiterativa en señalar que la falta de recursos financieros no es
excusa para el cumplimiento de órdenes judiciales 56, las cuales, por
demás, propenden por la materialización de los fines constitucionales
a los cuales deben servir las entidades estatales, amén de que el
ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos de colaboración que
permiten la participación de entidades del orden departamental y
nacional para la adecuada garantía de los derechos conculcados y;
56
Ver providencias de 4 de febrero de 2010 (CP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de
radicación: 760012331000200400212-01) y de 31 de agosto de 2023 (CP. Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación:170012333000202200272-01), entre otras. De igual forma, la Sala
también ha sostenido que en tales eventos lo procedente es ordenar la entidad responsable que
adelante las gestiones técnicas, administrativas y presupuestales que sean necesarias para llevar a
cabo los proyectos que permitan materializar el derecho vulnerado. Dicha postura ha sido reiterada en
las siguientes sentencias: de 28 de febrero de 2019 (Expediente núm. 15001313300420130000101.
Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez (E); de 11 de julio de 2019 (Expediente núm. 66001-
23-33-000-2016-00526-01. Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés); y de 18 de octubre
de 2019 (Expediente núm. 15001-23-33-000-2017-00990- 01. Consejero Ponente Oswaldo Giraldo
López), entre otras.
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ii.- Porque el principio de responsabilidad social tiene su génesis en
la voluntariedad empresarial57, por lo que mal haría el juez, en el
presente caso, imponer una carga de esta naturaleza a ECOPETROL
sin que exista ninguna obligación legal o contractual expresa que así
lo disponga, ni compromisos adquiridos actualmente. En efecto, el
parágrafo del artículo 34 del Decreto 1760 de 2003 prevé que dicha
empresa “como parte de su responsabilidad social, podrá adelantar
programas sociales para la comunidad” lo que indica que tal facultad
es netamente voluntaria y, aunado a ello, el proceso adelantado en
el marco del mecanismo de obras por impuestos ya culminó con la
declaratoria de incumplimiento efectuada por el Ministerio de
57
Respecto del principio de responsabilidad social empresarial, la Corte Constitucional en sentencia T-
781 de 2014 adujo que:
“[…] Con base en lo anterior, la Corte arriba a cuatro conclusiones de la mayor relevancia en dicha
providencia, a saber:
“i. La responsabilidad social empresarial, no obstante fruto de iniciativas voluntarias por
parte de las empresas, contiene elementos que resultan definitorios en el comportamiento que deben
tener los actores en el Estado social de derecho.
ii. La responsabilidad social empresarial implica prácticas que tienen íntima conexión con el principio de
solidaridad –axial al Estado social- y, en esa medida, son concreción de deberes constitucionales propios
de los actores con posibilidad de influir en el desarrollo en concreto de derechos fundamentales.
iii. El hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un programa de responsabilidad social
empresarial no obsta para que la misma involucre la concreción de derechos fundamentales y, en esa
medida, deba respectar los límites de índole constitucional existentes respecto de estos aspectos en un
Estado social de derecho.
iv. La responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las empresas, pero el
compromiso social no debe entenderse agotado en este tipo de programas, que pueden –y deben- ser
complementados con la participación de otros actores –stakeholders, en terminología de las Naciones
Unidas – como la sociedad civilmente organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones con interés
social, ONGs y organizaciones comunitarias, entre otros.”[…]
En consecuencia, se observa que la responsabilidad social empresarial (RSE) tiene una base sólida,
suficiente y autónoma en el artículo 333 constitucional, norma que, por demás, ha sido desarrollada
por la Corte Constitucional con el objetivo de precisar que la libertad de empresa tiene también una
dimensión de función social, lo cual implica una serie de restricciones y responsabilidades que
contribuyen a que sea no solo deseable sino necesaria la adopción e implementación de medidas de
responsabilidad social empresarial, así como el cumplimiento de los compromisos que
voluntariamente se han adquirido en el marco de tales iniciativas […]” (Resaltado de la Sala).
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Transporte; y comoquiera que la vinculación a dicha figura depende
de la voluntad del contribuyente, no hay lugar a imponerle esta
obligación.
Lo expuesto conduce a modificar los numerales tercero y sexto de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para efecto de
excluir a ECOPETROL del cumplimiento de las órdenes de amparo y
de la conformación del Comité de Verificación, y revocar el numeral
cuarto, en el que se le ordenó a dicha empresa que presentara el
proyecto nuevamente en el programa de obras por impuestos.
En consecuencia, las órdenes de amparo contenidas en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la sentencia quedarán en los
siguientes términos:
“[…] TERCERO: Ordenar al MUNICIPIO DE IPIALES el
cumplimiento de las siguientes medidas para la protección del
derecho amparado:
-. Si no lo ha hecho, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la presente providencia, realice las reparaciones de
la tarabita eléctrica que previamente se instaló en el año 2019 en
el río Rumiyaco, del corregimiento Jardines de Sucumbíos, o la
instalación de una nueva tarabita en el evento de que la reparación
no sea posible; también deberá garantizar el suministro de
combustible y cualquier insumo que se requiera para el
funcionamiento de dicho artefacto, así como el operador de dicho
mecanismo, sin que la carga de los honorarios sea atribuible a la
comunidad de Jardines de Sucumbíos y deberá asegurarse del
mantenimiento continuo de la tarabita y adoptar medidas para
evitar que terceros ocasionen daños al mecanismo. Esta medida
estará vigente hasta que finalice la construcción del puente
peatonal.
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-. ORDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES que, en coordinación
con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, y en el término de tres (3)
meses siguientes a la notificación de la presente sentencia,
adelanten los estudios técnicos y diseños necesarios para que se
mitigue el riesgo del río Rumuyaco y se adelante la construcción
del puente peatonal sobre en el mismo en el sector de la vereda El
Empalme Corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, para lo
cual, deberá tener en cuenta los hallazgos advertidos por
ECOPETROL en el documento de fecha 9 de octubre de 2020, en
el que se efectuó el análisis de la ingeniería con la que se viabilizó
el proyecto de construcción del puente sobre el río Rumiyaco y de
la ingeniería aportada por el contratista de la entidad.
En caso de que ya se hayan adelantado los mencionados estudios,
el MUNICIPIO DE IPIALES, en coordinación con el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, deberán adelantar todas las
acciones necesarias para que se lleve a cabo el proceso de
contratación que permitirá la construcción del puente peatonal
sobre el río Rumiyaco, para lo cual, tendrán un plazo máximo de
seis (6) meses contados a partir de la ejecución de la presente
providencia. La obra deberá ejecutarse en el término de un año,
contado a partir de la suscripción del contrato que tenga dicho fin.
En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el
Tribunal, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998. Lo anterior, incluye todas las órdenes de esta
sentencia.
EXHORTAR al MUNICIPIO DE IPIALES para que, en adelante,
atienda de manera diligente los requerimientos que realice la
comunidad de la vereda El Empalme corregimiento Cofania Jardines
de Sucumbíos, para morigerar las consecuencias del colapso del
puente sobre el rio Rumiyaco.
[…] SEXTO: CONFORMAR un comité de vigilancia para que
verifique el cumplimiento de la presente providencia, el cual estará
integrado por el Magistrado Ponente, quien lo presidirá, un
funcionario o delegado del MUNICIPIO DE IPIALES, el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, el actor y la Defensoría del Pueblo
como representante del Ministerio Público.
Finalmente, en atención a que ECOPETROL no es la garante de los
derechos colectivos de la comunidad y comoquiera que el proyecto
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ya no hace parte del mecanismo de obras por impuestos, cuya
iniciativa, como se vio, es potestativa del contribuyente, resulta
forzoso concluir que la ART, el DNP, la DIAN y el INVIAS no pueden
ser responsables de la vulneración de los derechos colectivos y, por
tanto, no les asiste obligación alguna respecto del cumplimiento de
las órdenes de amparo, razón por la que se revocará el numeral
quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el que el
Tribunal les ordenó que, en el marco de sus competencias, incluyeran
el nuevo proyecto para la construcción del puente en el programa de
obras por impuestos.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
F A L L O:
PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, cuarto y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia de 25 de abril de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero y sexto de
la parte resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:
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“[…] SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al goce del
espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso
público, el acceso a la infraestructura pública y el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de la
comunidad residente en la vereda El Empalme Corregimiento
Cofania Jardines de Sucumbíos, vulnerados por el MUNICIPIO DE
IPIALES y el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con ocasión de la
falta de gestión del riesgo del río Rumiyaco y la demora en la
construcción del puente peatonal sobre el mismo.
TERCERO: Ordenar al MUNICIPIO DE IPIALES el cumplimiento
de las siguientes medidas para la protección del derecho
amparado:
-. Si no lo ha hecho, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la presente providencia, realice las reparaciones de
la tarabita eléctrica que previamente se instaló en el año 2019 en
el río Rumiyaco, del corregimiento Jardines de Sucumbíos, o la
instalación de una nueva tarabita en el evento de que la reparación
no sea posible; también deberá garantizar el suministro de
combustible y cualquier insumo que se requiera para el
funcionamiento de dicho artefacto, así como el operador de dicho
mecanismo, sin que la carga de los honorarios sea atribuible a la
comunidad de Jardines de Sucumbíos y deberá asegurarse del
mantenimiento continuo de la tarabita y adoptar medidas para
evitar que terceros ocasionen daños al mecanismo. Esta medida
estará vigente hasta que finalice la construcción del puente
peatonal.
-. ORDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES que, en coordinación
con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, y en el término de tres (3)
meses siguientes a la notificación de la presente sentencia,
adelanten los estudios técnicos y diseños necesarios para que se
mitigue el riesgo del río Rumuyaco y se adelante la construcción
del puente peatonal sobre en el mismo en el sector de la vereda El
Empalme Corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, para lo
cual, deberá tener en cuenta los hallazgos advertidos por
ECOPETROL en el documento de fecha 9 de octubre de 2020, en
el que se efectuó el análisis de la ingeniería con la que se viabilizó
el proyecto de construcción del puente sobre el río Rumiyaco y de
la ingeniería aportada por el contratista de la entidad.
En caso de que ya se hayan adelantado los mencionados estudios,
el MUNICIPIO DE IPIALES, en coordinación con el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, deberán adelantar todas las
acciones necesarias para que se lleve a cabo el proceso de
contratación que permitirá la construcción del puente peatonal
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sobre el río Rumiyaco, para lo cual, tendrán un plazo máximo de
seis (6) meses contados a partir de la ejecución de la presente
providencia. La obra deberá ejecutarse en el término de un año,
contado a partir de la suscripción del contrato que tenga dicho fin.
En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el
Tribunal, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998. Lo anterior, incluye todas las órdenes de esta
sentencia.
EXHORTAR al MUNICIPIO DE IPIALES para que, en adelante,
atienda de manera diligente los requerimientos que realice la
comunidad de la vereda El Empalme corregimiento Cofania Jardines
de Sucumbíos, para morigerar las consecuencias del colapso del
puente sobre el rio Rumiyaco.
[…]
SEXTO: CONFORMAR un comité de vigilancia para que verifique
el cumplimiento de la presente providencia, el cual estará integrado
por el Magistrado Ponente, quien lo presidirá, un funcionario o
delegado del MUNICIPIO DE IPIALES, el DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, el actor y la Defensoría del Pueblo como representante
del Ministerio Público […]”.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en sesión de 1o. febrero de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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