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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00191-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00191-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.1 del ordinal tercero de la sentencia de 17 de enero de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] TERCERO: ORDENAR como medidas de protección al derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, las siguientes: 3.1 ORDENAR al Municipio de Manizales que, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realice los estudios técnicos pertinentes en el sector de la carrera 9E entre calles 45F y 45C en el barrio Altos de Capri de Manizales, para identificar las necesidades de la vía, incluidos los andenes, y determine las obras a realizar en cumplimiento de sus deberes de mantenimiento de vías urbanas y andenes, lo que incluye entre otros, las reposiciones de las losas fracturadas y la reparación de los andenes, de tal forma que se garantice su uso seguro. Concluido el plazo anterior, iniciará las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la realización de las obras, para tal efecto, se le otorgará el término de un (1) año, el cual incluye la ejecución de las obras. […]”. 36 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de Decisión. C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 6 de agosto de 2019. Radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP) REV-SU. 18 Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01 Demandante: Germán Molina Gómez SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 17 de enero de 2025, por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2022-00191-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: GERMÁN MOLINA GÓMEZ
Demandados: MUNICIPIO DE MANIZALES, AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P. Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
Tema: protección de derechos colectivos al goce del espacio público
y utilización y defensa de los bienes de uso público por omisión en
el mantenimiento de vías urbanas y andenes

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de
Manizales contra la sentencia de 17 de enero de 2025, proferida por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.El señor Germán Molina Gómez, en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el Municipio de
Manizales, Aguas de Manizales S.A. E.S.P y la Corporación Autónoma Regional de
Caldas (CORPOCALDAS), con el propósito de obtener la salvaguarda de los
derechos establecidos en los literales d) y l) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 19982.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPRAR (sic) los derechos e intereses colectivos al goce
efectivo del espacio público y la prevención de desastres previsibles
técnicamente; los cuales se encuentran actualmente vulnerados por las
omisiones de las entidades accionadas.

SEGUNDO: Adoptar todas las medidas técnicas, presupuestales y
administrativas necesarias para dar respuesta a la problemática y hacer cesar
la vulneración a los derechos e intereses colectivos.

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
[…]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

TERCERO: ORDENAR a quien corresponda realizar estudios técnicos
detallados que permitan determinar las condiciones del terreno donde se
encuentran los andenes y vías vehiculares objeto de la problemática, así como
estudios al talud que colinda con las citadas vías.

TERCERO: (sic) Con base en lo dictaminado por los mentados estudios,
ORDENAR a quien corresponda Realizar las obras de mitigación del riego (sic)
y estabilización del citado talud, teniendo en cuenta que el mismo funge como
recarga hidráulica, así como las demás que resulten necesarias para prevenir
desastres teniendo en cuenta las características del terreno (el asentamiento
el mismo y la conducción de agua bajo este)

CUARTO: (sic) ORDENAR a quien corresponda Realizar una revisión de los
sistemas de conducción de aguas (acueducto, alcantarillado y canalización)
que se encuentran en el sector objeto de la problemática y, de ser el caso,
ORDENAR a quien corresponda realizar una reparación de los mismos con el
fin de que estos cuenten con un correcto funcionamiento en aras de la
prevención de desastres.

QUINTO: (sic) ORDENAR a quien corresponda Realizar, posterior a lo
indicado, la REPARACIÓN adecuada de la malla vial y el andén peatonal de la
zona en cuestión, esto con el fin de que la misma pueda contar con los
presupuestos técnicos requeridos para su correcto funcionamiento y
durabilidad; así como las obras de conducción de aguas que resulten
necesarias para mantener la obra. […]”3 (negrilla del texto).

3. El demandante señaló que el barrio Altos de Capri de la ciudad de Manizales
tiene aproximadamente 29 años de fundación y para la construcción de las
viviendas, se realizó la canalización de la quebrada Aguas Frías que transcurre bajo
los inmuebles, calles y taludes del sector.

4. Indicó que la vía ubicada en la carrera 9E entre calles 45F y 45C del citado barrio
tiene fracturas, agrietamientos y hundimiento de las losas de concreto, debido a que
los terrenos que colindan con el andén y la zona vehicular han presentado
desprendimientos e inestabilidad.

5. Afirmó que solicitó a la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Manizales,
a la empresa EFIGAS S.A. E.S.P., a la Secretaría de Obras Públicas y a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas una valoración de la zona, con la
finalidad de determinar el riesgo existente y la identificación de las acciones a
desarrollar y que a pesar de evidenciarse la situación, no han realizado un
pronunciamiento concreto respecto de la inestabilidad del talud que colinda con las
vías y tampoco en relación con las condiciones actuales del terreno.

6. Manifestó que para agotar el requisito de procedibilidad remitió peticiones a las
entidades demandadas y, en esa medida: i) el municipio, a través de la Unidad de
Gestión del Riesgo, indicó que no se evidenciaba un riesgo inminente, pero
recomendó el monitoreo constante de la ladera debido a que el sector está
identificado como una zona de protección hidráulica incluida en el POT; y ii) la

3
Cfr. índice 2 del expediente digital Consejo de Estado, documento denominado: “8ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2”.

3

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

empresa EFIGAS S.A. E.S.P. determinó que las fallas no tienen que ver con sus
redes, sino que, al parecer, se relacionan con las de acueducto y alcantarillado.

7. Por último, refirió que las redes de conducción de agua continúan sin tener una
revisión adecuada que permita establecer los posibles daños que se advirtieron, a
su vez; el talud no contaba con obras de estabilidad ni se ha realizado un estudio
sobre el porqué de los posibles asentamientos de terreno; lo cual continúa
perjudicando la malla vial sin que exista una fecha exacta para su reparación.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

8.El magistrado sustanciador de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas mediante auto de 29 de septiembre de 20224 admitió la
demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los accionados,
notificó al agente del Ministerio Público y comunicó la acción de la referencia a los
miembros de la comunidad.

9.Mediante auto de 11 de abril de 20235, se declaró fallida la audiencia especial de
pacto de cumplimiento.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS)

10. La Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) mediante
escrito de 12 de octubre de 20226, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, por cuanto no ha incurrido en violación alguna de los derechos
colectivos alegados y ha cumplido con sus obligaciones legales.

11. Señaló que evidenció la existencia de fisuras y grietas sobre la losa de pavimento
y andén, las cuales no son recientes y se deben a la pérdida de apoyo de las losas
por la filtración de agua o a posibles daños en la red de alcantarillado.

12. No obstante lo anterior, sostuvo que las fisuras y grietas no corresponden a una
situación generalizada de pérdida de inestabilidad de la zona, recomendando el
sellamiento de las grietas en la vía para impedir la infiltración de agua, además de
la revisión de las redes de acueducto y alcantarillado.

13. Presentó como excepciones las que denominó: “[…] Ausencia de transgresión de
los derechos colectivos […]”; “[…] Cumplimiento integral y diligente de las funciones
asignadas por la ley a la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS, en atención a su órbita de competencia […]”; y “[…] Falta de

4
Cfr. índice 16 del expediente digital del tribunal, documento denominado
“60ED_C01PRIMERA_009AUTOADMITEACCIONP(.pdf) NroActua 16”.
5
Cfr. índice 16 del expediente digital del tribunal, documento denominado
“84ED_C01PRIMERA_033ACTAAUDIENCIAPACT(.pdf) NroActua 16”.
6
Cfr. índice 16 del expediente digital del tribunal, documento denominado:
“64ED_C01PRIMERA_013ESCRITOCONTESTACI(.pdf) NroActua 16”.

4

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

legitimación en la causa de CORPOCALDAS respecto de las gestiones necesarias
para la protección de derechos e intereses colectivos cuyo amparo se solicita […]”.

I.3.2. Municipio de Manizales

14. El municipio de Manizales por escrito de 14 de octubre de 20227, indicó que: i)
realizó una visita técnica para inspeccionar los factores de amenaza o riesgo en el
área y concluyó que existe una calzada con fisuras que no se debe a movimientos
en masa sino al tráfico vehicular y el desgaste normal por el uso; ii) la Secretaría de
Obras Públicas tiene esta vía dentro del inventario de necesidades viales; no
obstante esta condición, no se impedía el tránsito normal de vehículos, en la medida
que el daño en la calzada no era de gran magnitud; y iii) las fisuras de algunas
viviendas correspondían al proceso de consolidación del terreno, sistema
constructivo o calidad de la obra, por lo cual se consideraban normales.

15. Propuso como excepciones las que denominó “[…] Ausencia de prueba que
acredite un proceso de inestabilidad […]” y “[…] priorización del gasto público […]”.

I.3.3. Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

16. Aguas de Manizales S.A. E.S.P. a través de escrito de 19 de octubre de 20228,
se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó la exoneración de su
responsabilidad. Manifestó que luego de realizar múltiples visitas e inspecciones a
las redes locales de acueducto pudo establecer que estas se encuentran en buen
estado de funcionamiento y, en esa medida, de su parte no existe vulneración de
los derechos colectivos alegados.

17. Justificó
que dentro de su objeto social no está la responsabilidad de las
necesidades viales de la ciudad, toda vez que esa competencia la tiene la alcaldía
de Manizales en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y que tampoco
es su responsabilidad el manejo de aguas lluvias y/o de escorrentía, porque dentro
de su estructura tarifaria no se incluyó tal concepto.

18. Aclaró que en materia de gestión del riesgo les corresponde a los municipios
implementar, ejecutar y desarrollar las políticas, actividades y gestiones para el
control del riesgo. Asimismo, que no es la entidad responsable del manejo de
laderas para la prevención y atención de emergencias y desastres, en la medida
que esta competencia es de las autoridades ambientales en coordinación con los
entes territoriales.

19. Propuso como excepciones las que denominó “[…] Inexistencia de derechos
colectivos vulnerados por parte de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. […]”, “[…] falta

7
Cfr. índice 16 del expediente digital del tribunal, documento denominado:
65ED_C01PRIMERA_014ESCRITOCONTESTACI(.pdf) NroActua 16”.
8
Cfr. índice 16 del expediente digital del tribunal, documento denominado:
“67ED_C01PRIMERA_016ESCRITOCONTESTACI(.pdf) NroActua 16”.

5

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] inexistencia del nexo causal […]”
y […] excepción genérica de declaratoria oficiosa […]”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

20. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas mediante
sentencia de 17 de enero de 20259, declaró la vulneración del derecho colectivo al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, al
determinar que la vía vehicular y los andenes se encontraban en mal estado, lo cual
no permitía un uso adecuado por la comunidad que habita y transita en el sector.

21. Indicóque las grietas que presenta la infraestructura favorecían que la
problemática pudiera agravarse de forma progresiva por la filtración de aguas, lo
que a futuro traería afectación de otros derechos.

22. Encontró acreditado que en la carrera 9E entre calles 45F y 45C del barrio Altos
de Capri, la vía de acceso presentaba una serie de agrietamientos y fracturas,
situación que se había extendido a los andenes del sector que también se
encontraban en estado de deterioro por fisuras o levantamiento de algunas de las
losas.

23. Refirió que no existía ningún proceso de inestabilidad generalizado en el sector
y que tampoco existían elementos de juicio que permitieran establecer que existen
signos de alerta que indicaran procesos activos de inestabilidad o remoción en masa
en el sitio objeto de la problemática.

24. Señalóque factores como el incremento del tráfico vehicular, asociado al
aumento de la población en esa zona y la existencia de grietas o fisuras en el
pavimento, permitían que el agua se infiltrara en la vía y produjera la pérdida del
suelo de apoyo de las losas, que por la exigencia a la cual están sometidas,
terminaban por ceder y agrietarse o hundirse.

25. Consideró que “[…] el estado de la vía y los andenes no solo son la consecuencia
de la infiltración de aguas, sino que la favorecen, permitiendo que el deterioro
progresivamente sea mayor, y de contera, afectando un bien de uso público como
las zonas destinadas al tránsito vehicular y peatonal […]”.

26. Sostuvo que tampoco se probó que la afectación de la capa vehicular y peatonal
esté siendo afectada a partir del mal estado de las redes de acueducto y
alcantarillado ubicadas en el sector, por el contrario, existía prueba de que dicha
infraestructura se encontraba en buen estado de funcionamiento y conservación.

27. Alegó que, respecto al mantenimiento de las vías urbanas, este corresponde al
municipio, el cual de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política, tiene el

9
Cfr. índice 02 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “ 2ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

deber de construir las obras que demande el progreso local y el ordenamiento del
territorio.

28. Argumentó que la competencia para la conservación, mantenimiento y
pavimentación de las vías se encuentra determinada en la Ley 105 de 1993 y está
en cabeza de los municipios lo concerniente a las vías urbanas, suburbanas y
terciarias.

29. Determinó que existe una obligación constitucional y legal para los municipios
como entidades fundamentales de la división político – administrativa del Estado,
de construir las obras que demande el progreso local, ordenando a su vez el
desarrollo de su territorio, como también de brindar la protección de las zonas de
uso público destinadas a la movilidad, como es el caso de la infraestructura vial y,
por lo tanto, le asiste la obligación de su mantenimiento.

30. Concluyó que dentro de las funciones atribuidas a las corporaciones autónomas
regionales no se encuentra la construcción ni mantenimiento de vías y andenes, por
lo que la vulneración del derecho colectivo no era atribuible a Corpocaldas, como
tampoco a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., porque como prestadora de servicios
públicos, su objeto social se circunscribe al suministro de agua para el consumo
humano y la recolección y disposición final de residuos líquidos mediante su sistema
de tuberías.

31. Como medidas de reparación, ordenó al municipio de Manizales que, dentro del
año siguiente a la notificación del fallo, se adelantaran las obras necesarias para la
reposición de las losas fracturadas de la vía ubicada en la carrera 9E entre calles
45F y 45C, ingreso al barrio Altos de Capri, así como el arreglo de los andenes de
la vía que se encuentren agrietadas o en defectuoso estado, de tal forma que
queden plenamente aptos para su uso peatonal seguro.

32. Por lo anterior, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva frente a Corpocaldas y Aguas de Manizales S.A. E.S.P.,
por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad del Municipio de Manizales, en
la vulneración del derecho colectivo contenido en el literal d) del artículo 4 de
la Ley 472 de 1998 sobre “el goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público”, con ocasión de la omisión de sus deberes de
mantenimiento de vías urbanas y andenes, en el sector de la carrera 9E entre
calles 45F y 45C barrio Altos de Capri de Manizales, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR como medidas de protección al derecho colectivo al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público,
las siguientes:

3.1 ORDENAR al Municipio de Manizales que, dentro de un año siguiente
a la notificación de este fallo, adelante las obras necesarias para la reposición
de las losas fracturadas de la vía ubicada en la Carrera 9E entre calles 45F y

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

45C, ingreso al barrio Altos de Capri, así como el arreglo de los andenes de
dicha vía que se encuentran agrietados o en defectuoso estado, de tal forma
que queden plenamente aptos para su uso peatonal seguro.

3.2 En atención al principio de autoconservación establecido en el artículo 3
numeral 4 de la Ley 1523 de 2012, REQUERIR al accionante Germán Molina
Gómez para que, en caso de advertir nuevas fracturas, grietas, señales de
inestabilidad u otro fenómeno en las vías, andenes o viviendas del sector, dé
inmediato aviso al municipio de Manizales, para que adelante las visitas y
acciones de su competencia.

Se precisa que el término otorgado para el cumplimiento de las medidas de
reparación se contará a partir de la notificación de esta sentencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las
consideraciones expuestas.

QUINTO: No condenar en costas ni agencias en derecho, por las razones
expuestas

SEXTO: CONFORMAR un Comité ad honorem de verificación de cumplimiento
del presente fallo popular integrado por:

6.1 La Magistrada ponente de este caso, quien lo presidirá
6.2 El accionante Germán Molina Gómez
6.3 Un delegado del Municipio de Manizales
6.4 Un delegado de Corpocaldas
6.5 Un delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas
6.6 La Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos

Dicho Comité queda constituido a partir de la notificación de esta providencia,
en consecuencia, desde ya se requiere a la entidad obligada para que rinda
informes trimestrales a este Tribunal, sobre el cumplimiento de cada una de
las órdenes y uno final al culminar sus labores, los que deberá allegar a través
de la ventanilla virtual del despacho
https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ opción memoriales y/o
escritos.

SÉPTIMO: ADVERTIR a las partes que el Tribunal en los términos del inciso
4° del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, mantiene la competencia permanente
para verificar el cumplimiento del fallo y tomar las medidas necesarias para su
debida y oportuna ejecución, por consiguiente, las órdenes judiciales que aquí
se imponen deberán cumplirse perentoriamente so pena de desacato en los
términos establecidos por el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, a través de la Secretaría, enviar copia de la demanda y la presente
sentencia a la Defensoría del Pueblo. Igualmente, se autoriza la expedición de
copias con destino a las partes que han venido actuando.

NOVENO: En firme la sentencia, y verificado su cumplimiento, archivar el
expediente, previa anotación en la base de datos del despacho 04 de este
Tribunal y en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI […]” (negrilla
del texto).

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Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

33. El apoderado judicial del municipio de Manizales mediante escrito de 24 de enero
de 202510, indicó que “[…] Debajo del pavimento se han encontrado redes de la
empresa Aguas de Manizales, reparaciones que son de competencia de esa
empresa, ocurre con frecuencia que rompen el pavimento para arreglar redes y no
lo restituyen, no lo reparan, es una problemática constante con la empresa de
servicios públicos […]”.

34. En esa medida, argumentó que no estaba de acuerdo “[…] con la exoneración a
la Empresa Aguas de Manizales, la administración central continuará interviniendo
el área en el proceso de mantenimiento de vías, pero se requiere que se
comprometa a la empresa Aguas de Manizales para que en caso de encontrar un
daño o necesidad en las redes, sea ésta la que proceda a su arreglo y
posteriormente repare el pavimento donde se haga la intervención […]”.

35. Por último, solicitó la ampliación del plazo para poder cumplir a cabalidad con la
intervención requerida de acuerdo con las priorizaciones de la vía objeto de la
demanda para intervenir con el mantenimiento de vías y andenes faltantes, en la
medida que la planeación del mantenimiento de vías acorde al inventario de
necesidades se hace en forma anual a través de una licitación pública para la
vigencia respectiva.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

36. Mediante auto de 5 de marzo de 202511, el Tribunal Administrativo de Caldas
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por el
municipio de Manizales.

37. Esta autoridad judicial, a través de auto de 16 de mayo de 202512, admitió el
recurso de apelación, advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público que se encontraba
habilitado para emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al despacho
para emitir sentencia.

38. Los sujetos procesales guardaron silencio y el agente el Ministerio Público no
emitió concepto.

10
Cfr. índice 26 del expediente digital del tribunal, documento denominado:
“58Autoconcedere_CONCEDEAP_P202200191ConcedeApe(.pdf) NroActua 26”.
11
Ibidem, índice 26, documento denominado “58Autoconcedere_CONCEDEAP_P202200191ConcedeApe(.pdf) NroActua
26”.
12
Cfr. Índice 04 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“9Autoqueadmite_AP20220019101Admiter(.pdf) NroActua 4”.

9

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

39. De conformidad con lo establecido en los artículos 37 de la Ley 472, 150 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201113 y 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201914,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda
instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de
las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

40. El señor Germán Molina Gómez atribuyó al municipio de Manizales, Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. y Corpocaldas, la transgresión de los derechos colectivos
previstos en los literales d) y l) del artículo 4° de la Ley 472, por cuenta de la
inestabilidad del talud y las grietas que presenta la vía ubicada la carrera 9E, entre
calles 45F y 45C en el barrio Altos de Capri de Manizales.

41. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad judicial que amparó el
derecho colectivo “[…] al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público […]”, con ocasión de la omisión del municipio de Manizales
en sus deberes de mantenimiento de vías urbanas y andenes.

42. El tribunal encontró que no se probó que la situación de la vía se deba a un
proceso de inestabilidad generalizado en el sector, lo que permitió descartar signos
de alerta por la existencia de procesos activos de inestabilidad o remoción en masa.
Así como tampoco se probó la afectación de la capa vehicular y peatonal por el mal
estado de las redes de acueducto y alcantarillado ubicadas en el sector.

43. El municipio de Manizales inconforme con la anterior decisión interpuso recurso
de apelación, argumentando que, si bien la calzada y el andén presentaban fisuras,
estas no se produjeron por movimientos en masa sino por fracturas ocasionadas
por el uso.

44. Resaltó que Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tiene el deber de realizar las
reparaciones que son de su competencia cuando realizan el mantenimiento de las
redes de acueducto y alcantarillado. Finalmente, sostuvo que el plazo otorgado es
corto, teniendo en cuenta el proceso de planeación y contratación que implica el
mantenimiento de vías.

45. Para resolver lo anterior, la Sala estudiará el problema jurídico atendiendo a los
precisos cuestionamientos determinados en el recurso de apelación.

13
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
14
“Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

10

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

46. En el caso concreto no se controvierte la situación de vulneración, por cuanto se
encontró probado, por un lado, que la vía de acceso presenta agrietamientos,
fracturas, levantamiento de losas y mal estado de los andenes por omisión en su
mantenimiento; y por el otro, no se probó que existan signos de alerta que señalen
la existencia de procesos activos de inestabilidad o remoción en masa en el sitio de
la problemática.

V.3. Análisis del caso concreto

47. A la Sala le corresponde determinar: i) la función de control y vigilancia de los
municipios en la prestación de los servicios públicos y ii) la procedencia en la
ampliación del término de 1 año para el cumplimiento de las medidas de protección.

V.3.1. La función de control y vigilancia de los municipios en la prestación de
los servicios públicos

48. En el caso sub examine, el tribunal determinó, de las pruebas obrantes en el
proceso, que la afectación de la capa vehicular y peatonal no estaba afectada por
el estado de las redes de acueducto y alcantarillado ubicadas en el sector y, en esa
medida, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, entre otras, respecto de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

49. El recurrente no está de acuerdo con la exoneración de la empresa Aguas de
Manizales S.A. E.S.P., por cuanto considera que, en la intervención del área para
el mantenimiento de las vías, requiere que la mencionada empresa en caso de
encontrar un daño en las redes se comprometa a su arreglo y posterior reparación
del pavimento.

50. La Sala resalta que los municipios son garantes de la prestación eficiente de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en virtud de lo
reglado por los artículos 311 (numerales 1, 7 y 9)15 , 35616, 36517 y 36718 de la
Constitución Política.

51. El artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 19 también determinó que las
entidades municipales, a través de la acción urbanística, debían efectuar el

15
El artículo 311 de la Constitución indica que “[…] [a]l Municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”.
16
El artículo 356 de la Constitución establece que “[…] la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación
y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos
para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos
y Municipios. […]”. Además, “[…] [t]eniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la
ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean
señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios. […]”.
17
El artículo 365 de la Constitución Política refiere que “[…] [l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado [motivo por el cual le corresponde] […] asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
[…]”. La disposición subsiguiente menciona que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
son finalidades sociales del Estado y que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
18
El artículo 367 superior advierte que “[…] [l]os servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen […]”.
19
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”

11

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

ordenamiento de su territorio, incluyendo entre estas acciones, la ejecución de obras
de infraestructura para los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos
públicos.

52. Cabe agregar que, aun en el evento en que la prestación de esos servicios esté
a cargo de una empresa de servicios públicos, no por ello el municipio puede evadir
su rol de garante del servicio debido a que el ente territorial ejerce un control de
tutela sobre la empresa prestadora20.

53. Para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, tal como lo
determina el artículo 28 de la Ley 142 de 11 de julio de 199421, las empresas tienen
la facultad de construir, operar y modificar sus redes e instalaciones. Incluso tienen
la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales.

54. El artículo 2.3.1.3.2.4.19. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015 determina
que la entidad prestadora de servicios públicos debe contar con un archivo referente
a la fecha de construcción de las redes, especificaciones técnicas y demás
información necesaria para el mantenimiento y reposición de esta.

55. Esta Sección22 ha considerado que las entidades públicas y los particulares en
ejercicio de las funciones administrativas deben actuar forma coordinada entre sí.
Es decir, por la instalación, mantenimiento y reparación de las redes públicas del
sistema de acueducto y alcantarillado, no se pueden afectar otras infraestructuras
que garanticen la movilidad de la comunidad, como son las vías.

56. En consecuencia, con la finalidad de garantizar la adecuada y eficiente prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, los municipios deben ejercer
su función de control y vigilancia en los términos del artículo 365 de la Constitución
Política, lo que implica que deben velar porque las empresas prestadoras de tales
servicios no deterioren las vías públicas mediante la instalación, construcción,
mantenimiento, operación o modificación de las redes públicas.

57. En el caso concreto, el día 6 de octubre de 2022, la empresa Aguas de Manizales
S.A. E.S.P. realizó visita técnica con orden de trabajo 2022-OT-1876923 en la carrera
9E entre calles 45C y 45F del barrio Altos de Capri.

58. En el informe técnico se indicó por un lado que, “[…] se observaron fracturas y
agrietamiento en algunas losas de pavimento que conforman la vía, así mismo, se
observó agrietamiento en una franja de gas natural […]”; y por el otro, verificó el
estado actual en el que se encuentran las redes locales de acueducto y
alcantarillado que son administradas por la mencionada empresa, respecto de lo
cual mencionó:

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2006, Rad. 41001-
2331-000-2003-01062-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
21
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de marzo de 2010. Radicación
núm. 25000-23-27-000-2004-01322-01(AP). C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
23
Cfr. Índice 16 Expediente digital del tribunal, documento denominado:
“66ED_C01PRIMERA_015PODERMPIOMANIZALE(.pdf) NroActua 16”.

12

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

“[…] De acuerdo con las pretensiones del accionante, la empresa Aguas de
Manizales S.A. E. S.P. procedió a verificar el estado actual en que se
encuentran las redes locales de acueducto y alcantarillado de la carrera 9E
entre calles 45G y 45F que son administradas por la empresa Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. Es importante aclarar que la empresa Aguas de
Manizales S.A. E. S. P. no es la entidad encargada de dar manejo o canalizar
quebradas o aguas de escorrentía, solo opera los sumideros existentes y una
vez el agua se encuentra al interior de las tuberías se encarga del transporte y
disposición final de esta.

El día 6 de octubre del año en curso mediante la Orden de Trabajo OT 2022
59701 se realizó revisión a las redes de alcantarillado con la unidad de
diagnóstico en la carrera 9E entre calles 45G y 45F del barrio Altos de Capri,
encontrando que las redes de alcantarillado están en buen estado y correcto
funcionamiento [...]”.

59. Informó también que en las horas de la noche con orden de trabajo 2022-OT-
18772 se realizó la revisión a las redes locales mediante geofonía, como se
evidencia de las fotografías adjuntadas al informe y se concluyó que las redes están
en buen estado y funcionamiento sin observarse fugas ni filtraciones.

60. Además, se encuentra probado que el objeto social de la empresa Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. se circunscribe al suministro de agua para el consumo
humano y la recolección y disposición final de residuos líquidos mediante su sistema
de tuberías, tal como lo señaló en el oficio de 17 de junio de 202224, por medio del
cual se dio respuesta a la petición realizada por el actor popular:

“[…] Es de aclarar que la empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P (sic), es la
entidad encargada de tratar, conducir y suministrar agua para el consumo
humano, así como la recolección y transporte de aguas servidas a la red de
alcantarillado publica, no es la entidad encargada del mantenimiento de la malla
vial, por lo tanto se hace traslado de la solicitud a la Secretarla de Obras Públicas
[...]”.

24 Cfr. Índice 16 Expediente digital del tribunal, documento denominado:
“68ED_C01PRIMERA_017PODERAGUASMANIZAL(.pdf) NroActua 16”.

13

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

61. En las anteriores condiciones, en el sub examine, no se probó la responsabilidad
de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. en relación con el daño que presenta
el sector objeto de esta acción popular, por lo tanto, no es procedente su atribución
de órdenes y condenas para garantizar la protección del derecho colectivo al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, toda vez
que la situación de la vía y los andenes en el sector de la carrera 9E entre calles
45F y 45C en el barrio Altos de Capri de Manizales no se debe a un daño en las
redes de acueducto y alcantarillado que requieran de la intervención de la empresa.

62. Ahora, respecto del argumento según el cual en la intervención del área para el
mantenimiento de las vías, requiere que la mencionada empresa en caso de
encontrar un daño en las redes se comprometa a su arreglo y posterior reparación
del pavimento, la Sala considera que, el municipio en el marco de sus competencias
y en uso de sus facultades de vigilancia y control, además del principio de
coordinación25, puede exigir el cumplimiento de las obligaciones en cabeza de las
entidades para conducir al logro de los fines del Estado, para el caso concreto el
ordenamiento territorial es una función pública que posibilita a los habitantes el
acceso a vías públicas, infraestructura de transporte y demás espacios públicos y
el acceso efectivo a los servicios públicos domiciliarios.

63. En concordancia con el artículo 26 de la Ley 142, en cada municipio quienes
prestan servicios públicos están sujetos a las normas generales sobre la planeación
urbana, la circulación, el tránsito y el uso del espacio público, las autoridades
pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.

64. Esta Sección en sentencia de 26 de septiembre de 202426 determinó que, a partir
del principio de planeación, es pertinente la armonización y coordinación de las
acciones del ente territorial y la empresa de servicios públicos para garantizar la
prestación del servicio y la infraestructura vial; al respecto se indicó que:

“[…] 38.17. De acuerdo con el anterior contexto normativo; se debe aclarar que
no tener la certificación respecto de la idoneidad de la tubería del sector, no
constituye un argumento definitivo sobre la imposibilidad en el cumplimiento de
las funciones del municipio y el inicio de los respectivos estudios técnicos,
presupuestales y financieros para materializar el cumplimiento de sus
funciones. Por el contrario, a partir del principio de planeación y su aplicación
en el caso concreto es pertinente la armonización y coordinación de las
acciones del municipio y la empresa de servicios públicos para garantizar la
prestación del servicio y la infraestructura vial […]”.

65. Así las cosas, no prospera este argumento del recurso.

25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de marzo de 2025. Radicación
núm. 760012333000202300440-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm. 730012333000201600607-
02. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

14

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

V.3.2. Ampliación del plazo para el cumplimiento de las órdenes de amparo

66. El municipio de Manizales sostuvo que el plazo de un (1) año para adelantar las
obras necesarias del mantenimiento de vías es corto, teniendo en cuenta que este
se realiza a partir de un inventario de necesidades que se hace de forma anual por
medio de una licitación para la vigencia respectiva.

67. A efectos de resolver el planteamiento, es necesario tener en cuenta que el
Estado cuenta con la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico y el
progreso social del país, a través de la ejecución ordenada de obras públicas que
garanticen la ampliación, el mantenimiento y la reconstrucción de la infraestructura
vial. El literal c) del artículo 2° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 27 señaló
que “[…] el transporte es un elemento básico para la unidad Nacional y el desarrollo
de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios
internacionales del País […]”.

68. El artículo 5° de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201328 agregó que: “[…] las
acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación
de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés
general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento
económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio
Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de
la soberanía y seguridad del Estados […]”.

69. Como puede observarse, la materialización de este objetivo se encuentra
fuertemente relacionada con el respeto del principio de planeación, en la medida en
que el interés general, la eficiencia y la previsión de las situaciones riesgosas guían
todas las intervenciones administrativas desarrolladas por las autoridades que
integran el sistema de transporte.

70. Al respecto, el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 señaló que “[…] corresponde
al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de
las actividades a él vinculadas […]”. Mientras que el numeral 3° del artículo 3° ibidem
planteó que “[…] los diferentes organismos del Sistema Nacional de Transporte
velarán porque su operación se funde en criterios de coordinación, planeación,
descentralización y participación […]”.

71. El título III de la Ley 105 (artículos 41 a 46), en línea con lo anterior, adoptó una
serie de herramientas de planeación financiera que orientan de forma ordenada los
presupuestos de los programas y proyectos de inversión pública nacional y territorial

27 “[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones [...]”.
28
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.

15

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

sobre malla vial29, estos son: el plan sectorial de transporte, los planes territoriales
de transporte e infraestructura de los departamentos y los planes modales.

72. El artículo 19 de la Ley 105 determina que corresponde a las entidades
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los
componentes de su propiedad. Igualmente, el artículo 20 de la mencionada ley
indica que, en la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, deben
determinar las prioridades para su conservación y construcción.

73. Por su parte, el artículo 44 indica que los planes de transporte e infraestructura
de los distritos y municipios harán parte de sus planes de desarrollo.

74. En consecuencia, en relación con el mantenimiento de la infraestructura vial, este
debe cumplir unas etapas contractuales con unos términos específicos. Esta Sala
resalta que el principio de eficacia de la acción popular implica que la falta de tiempo
o de disponibilidad presupuestal no es un impedimento para cumplir lo ordenado en
la sentencia. En consecuencia, la administración de justicia se manifiesta en el
hecho de que las decisiones que se tomen tengan eficiencia en el mundo jurídico y
que la providencia que pone fin a un proceso se cumpla.

75. El principio de planeación permite la elaboración de estrategias coordinadas que
incentiven el adecuado desarrollo de la infraestructura del transporte de
conformidad con la prospectiva contenida en el plan de expansión vial, en el plan
sectorial de transporte, en los planes territoriales de transporte e infraestructura de
los departamentos y en los planes modales.

76. En consonancia con lo resuelto en sentencia de 23 de noviembre de 2023 30, se
reitera que el juez es responsable de impartir medidas racionales que permitan la
transformación y corrección paulatina de la problemática vial, en el escenario en
que existan razones justificadas y acreditadas de amenaza o daño a los derechos
colectivos. En esa medida, el juez popular, en principio, no debe incursionar en
ámbitos en los cuales la administración ejerce su discrecionalidad planificadora.

77. De acuerdo con el precedente jurisprudencial, el juez popular debe aplicar el
método ponderativo al momento de decidir si ordena o no la realización de una obra
pública que implique el desembolso de dinero del presupuesto público.

78. En consecuencia, al juez popular le corresponde dilucidar si las actividades
administrativas cuestionadas son proporcionales y si la decisión respeta los límites
impuestos en materia de planeación y protege el interés general. Quiere decir que,

29
El artículo 2 de la Ley 1682 define la infraestructura de transporte como un sistema de movilidad integrado por un conjunto
de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control
del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y
la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la
vida de los ciudadanos. Dicha infraestructura se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura […], de acceso
a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de
mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos (artículo 3).
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm. 17001-23-33-000-2019-
00188-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

16

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

tal como lo ha determinado esta Corporación31, el desarrollo de un proyecto de
infraestructura vial debe estar precedido de una etapa de planeación en donde se
priorizan los proyectos y programas que va a desarrollar la entidad. También resulta
necesario que se tenga en cuenta el conjunto de planes en los niveles nacional,
regional y territorial, que permitan conocer los programas y proyectos que se estén
desarrollando o se vayan a implementar en el corto, mediano y largo plazo.

79. En el caso concreto, el municipio indicó que la Secretaría de Obras Públicas tiene
identificado el sector objeto de la acción popular, dentro de su inventario de
necesidades viales.

80. En efecto, por medio de oficio SOPM-074-UGT-VU-202232 suscrito por el
secretario de Obras Públicas del municipio de Manizales, se informó que el
mantenimiento del pavimento y andenes sobre la carrera 9E entre calles 45F y 45C
del barrio Altos de Capri fue incluido en su inventario de necesidades viales para las
próximas vigencias fiscales.

81. Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio tiene identificada la situación de la
vía, sin embargo, indicó que para realizar el mantenimiento debe contar con los
estudios técnicos emitidos respecto a la estabilidad de las redes de servicios
públicos de la zona y la estabilidad de la ladera, realizados por las entidades
competentes.

82. En ese entendido, es competencia del municipio de Manizales iniciar los estudios
técnicos para determinar el estado de la vía y los andenes, para posteriormente
determinar las obras que deberá realizar para garantizar el mantenimiento de las
losas de concreto y los elementos de la vía tales como los andenes.

83. Para la procedencia en la modificación de los plazos previstos para el
cumplimiento de las órdenes de amparo, la Sala destaca como antecedente
jurisprudencial la sentencia de 30 de mayo de 202433 en la que se determinó que
los plazos no respondían a los tiempos razonables establecidos por esta Sección
en el antecedente de 1.º de febrero de 202434, en el cual se consideró que ante esta
tipología de escenarios que implican una inversión significativa de recursos para la
realización de obras, se debe tener en cuenta la gestión de recursos incluso ante
otros entes territoriales35.

84. Por lo anterior, se modificará el numeral 3.1 del ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, se ordenará al
municipio de Manizales para que, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. (E) Oswaldo Giraldo López. Radicación
núm. 52001233300020130035702.
32
Cfr. Índice expediente digital del tribunal, documento denominado: “53ed_c01primera_002accionespopulares, págs. 14-16”.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm. 81-001-2339-000-2022-
00098-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 52001-23-33-000-2019-00337-01. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
35
En relación con la proporcionalidad de las medidas y los plazos, esta Sala destaca igualmente las sentencias de 4 de abril
de 2019, Rad. 17001-23-33-000-2013-00423-02 y 4 de julio de 2024, Rad. 68001-23-33-000-2015-00540-01 C.P. Oswaldo
Giraldo López.

17

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

ejecutoria de la sentencia, realice los estudios técnicos pertinentes en el sector de
la carrera 9E entre calles 45F y 45C del barrio Altos de Capri de Manizales para
identificar las necesidades de la vía, incluidos los andenes, y determine las obras a
realizar en cumplimiento de sus deberes de mantenimiento de vías urbanas y
andenes, lo que incluye entre otros, las reposiciones de las losas fracturadas y la
reparación de los andenes, de tal forma que se garantice su uso seguro.

85. Concluido el plazo anterior, iniciará las gestiones administrativas, presupuestales
y financieras para la realización de las obras, para tal efecto, se le otorgará el
término de un (1) año, el cual incluye la ejecución de las obras.

86. Se reitera que, en todo caso puede acudirse al comité de verificación de
cumplimiento de la sentencia, en el evento que durante la ejecución se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, el tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

87. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 la Ley 1564
de 12 de julio de 201236 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 201937, a través del cual se
unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.1 del ordinal tercero de la sentencia de 17 de
enero de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará así:

“[…] TERCERO: ORDENAR como medidas de protección al derecho colectivo al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, las
siguientes:

3.1 ORDENAR al Municipio de Manizales que, en el término de cuatro (4) meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realice los estudios técnicos pertinentes
en el sector de la carrera 9E entre calles 45F y 45C en el barrio Altos de Capri de
Manizales, para identificar las necesidades de la vía, incluidos los andenes, y
determine las obras a realizar en cumplimiento de sus deberes de mantenimiento
de vías urbanas y andenes, lo que incluye entre otros, las reposiciones de las losas
fracturadas y la reparación de los andenes, de tal forma que se garantice su uso
seguro.

Concluido el plazo anterior, iniciará las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras para la realización de las obras, para tal efecto, se le otorgará el término
de un (1) año, el cual incluye la ejecución de las obras.
[…]”.

36
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de Decisión. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia de 6 de agosto de 2019. Radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP) REV-SU.

18

Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00191-01
Demandante: Germán Molina Gómez

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 17 de enero de
2025, por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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