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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2013-00423-02

Acción popular

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2013-00423-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: MODIFICAR los numerales sexto y séptimo de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: “SEXTO: ORDENAR al Municipio de Manizales adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de las pistas de motocross y múltiple del Bosque Popular el Prado, y disminuir la contaminación auditiva generada hasta lograr los niveles ambientales sin pista en funcionamiento, en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida. Las medidas administrativas para los estudios pertinentes deberán iniciarse a los quince (15) días de ejecutoriada la sentencia, las obras de mitigación deberán empezarse a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y las obras deberán finalizarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Se otorga el plazo de dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para la disminución del impacto de las pistas de motocross y múltiple a los niveles ambientales existentes en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida, lo cual se deberá comprobar mensualmente. Si al cabo de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia no se ha disminuido el impacto de las pistas de motocross y múltiple a los niveles ambientales existentes en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida, deberán suspender las actividades en las pistas de motocross y múltiple que generen el impacto superior sobre los niveles de ruido ambiental, hasta tanto se logre alcanzar los niveles de ruido permitidos. SÉPTIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma de Caldas CORPOCALDAS, vigilar las gestiones realizadas por el Municipio de Manizales, en aras de dar cumplimiento a los estándares legales permitidos por ley en cumplimiento al principio de subsidiaridad consagrado en el artículo 5 de la ley 489 de 1998 y 288 de la Constitución Política, para lo cual hará mediciones bimensuales en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida durante el término de construcción de las obras de mitigación y hasta los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2013-00423-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

4 de abril de 2019

ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO - Por contaminación auditiva / PISTA DE MOTOCROSS ALEDAÑA A SECTOR RESIDENCIAL – Supera el nivel de ruido máximo permitido / FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Las órdenes del fallo guardan relación con la causa petendi / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – No es exigible ante el incumplimiento de preceptos normativos / TEST DE RAZONABILIDAD – No es una metodología de aplicación obligatoria / MODULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ÓRDENES ADOPTADAS EN LA DECISIÓN – Modificación de los plazos señalados en el fallo de primera instancia

Problema jurídico: [C]orresponde a la Sala determinar si es cierto que el Tribunal, al emitir la orden de amparo del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, no valoró debidamente las pruebas que obraban en el plenario, tales como el cumplimiento de la emisión de niveles de ruido y demás factores que afectaban la contaminación auditiva. En caso negativo, se deberá establecer si la sentencia vulneró el principio de congruencia entre las pretensiones y las órdenes impartidas, si se dictaron medidas que no correspondían al petitum de la demanda. De igual forma, se deberá resolver si se vulneró el principio de confianza legítima de los deportistas y se dejó de aplicar el test de razonabilidad, al estar ubicada la pista de motocross en el parque natural con anterioridad a la existencia de los conjuntos residenciales.

Tesis: Así, comoquiera que en este caso el ruido trasciende al sector residencial, los límites aplicables son los previstos para éste y, en consecuencia, el uso de la pista de motocross y pista múltiple vulnera el goce a un ambiente sano. Vale la pena señalar que, aunque existen otros factores que pueden incidir en la generación de ruido, como es el tráfico vehicular, lo cierto es que el estudio aportado al proceso es completo y señala claramente que, para el caso del Conjunto Campestre Castellón de la Florida, el mayor aporte lo realiza las mencionadas pistas, mientras que no ocurre lo mismo para el Condominio Bosques del Trébol y el Conjunto Campestre Florida del Campo donde los niveles máximos permisibles para el sector residencial se cumplen. (…) De lo anterior se colige que, en efecto, la valoración probatoria realizada por el Tribunal se encontraba ajustada a derecho en tanto que se demostró la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano por el aporte de ruido que realizan las pistas ubicadas en el Bosque Popular el Prado. (…) [De otra parte,] resulta evidente que, en materia de acciones populares, el principio de congruencia se flexibiliza, sin que ello signifique que desaparezca por completo. Eso significa que el juez de conocimiento tiene ciertas libertades al momento de fallar, pero debe, en todo caso, velar por el debido proceso, lo que se traduce en que pueda adoptar medidas distintas de las solicitadas en la demanda, pero siempre y cuando tengan relación con la causa petendi. (…) Así las cosas, si bien es cierto que en la demanda se esbozaron algunas pretensiones distintas en relación con las órdenes que finalmente fueron impartidas, es claro que éstas guardan estrecha relación con la causa petendi, habida consideración de que propenden por la protección del derecho colectivo invocado como vulnerado y que se derivan del acervo probatorio obrante en el expediente. (…) [Frente al posible desconocimiento del principio de confianza legítima,] mal podría invocarse la [dicha] vulneración (…) y alegar la existencia de un mejor derecho partiendo de la trasgresión de normas de orden público y de derechos colectivos como el de ambiente sano que, (…) se vulneró debido a los altos niveles de ruido que produce la práctica de motocross, [y se afecta] a una colectividad que habita unas viviendas construidas en desarrollo de las normas y autorizaciones municipales. [Frente a la posibilidad de aplicar el test de razonabilidad,] se evidencia que en el presente caso no se darían los presupuestos para [su aplicación] en la forma en la que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta, además, que no se trata de una metodología de obligatoria aplicación en todos los casos. (…) Por último, (…) en el caso concreto no es posible desconocer que la entidad territorial requiere de un tiempo mayor a tres (3) meses para proceder con los contratos correspondientes, de conformidad con la normativa que rige la contratación pública, a saber, la Ley 80 de 1993, que consagra las etapas y procedimientos para la selección y adjudicación. Es por ello que se modificará la orden en el sentido de indicar que las obras sean comenzadas a más tardar dentro de los seis (6) meses a la ejecutoria de esta providencia. (…) En consecuencia, se amplía el periodo para que se logre la mitigación del ruido a dos (2) años, y se ordenará una medición mensual durante este mismo término.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00423-02(AP)

Actor: CONJUNTO CAMPESTRE CASTELLÓN DE LA FLORIDA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS

SÍNTESIS DEL CASO

El Conjunto Campestre Castellón de la Florida, el Condominio Cerrado Bosques del Trébol y el Conjunto Cerrado Florida del Campo, a través de apoderado, interpusieron acción popular con el fin de que se proteja el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, que consideran está siendo vulnerado por el Municipio de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (en adelante CORPOCALDAS) al permitir el establecimiento de una pista de motocross y una pista múltiple en las inmediaciones del Bosque Popular El Prado, que generan altos niveles de contaminación auditiva que trasciende hasta las viviendas de los demandantes.

En escrito separado, la apoderada de los accionantes solicitó el decreto de una medida cautelar consistente en la suspensión de la construcción de la pista de motocross, hasta tanto se defina si requiere o no Licencia Ambiental.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

La acción popular fue admitida por medio de auto del 28 de agosto de 2013, en el que se ordenó notificar al Municipio de Manizales, a CORPOCALDAS, al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y a la Liga Caldense de Motociclismo (en adelante LCM), así como al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En ese mismo auto se decidió negar la medida cautelar solicitada, toda vez que no se presentó prueba alguna de la existencia de un perjuicio irremediable ni la vulneración actual o inminente de una disposición del derecho colectivo, así como tampoco se demostró que se estuviera inaplicando una disposición del orden nacional o municipal que prohíba la construcción de una pista de motocross en ese parque o el ejercicio de esa actividad deportiva.

Por su parte, las accionadas contestaron la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

El señor Javier Elías Arias Idárraga solicitó ser reconocido dentro del proceso como coadyuvante mediante escritos obrantes a folios 55 y 99. En ellos solicitó se accediera a las pretensiones del actor y se le concediera amparo de pobreza.

El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales puso de presente la existencia del Contrato Interadministrativo 1205140360 del 14 de mayo de 2012, suscrito entre dicha entidad y el Municipio de Manizales con el fin de aunar esfuerzos económicos, administrativos y técnicos para la administración, mantenimiento, operación y aprovechamiento económico del Parque Bicentenario Bosque Popular El Prado. Destacó que en dicho contrato se señaló expresamente dentro de las obligaciones del municipio hacer entrega del inventario del parque al instituto, con excepción de los escenarios deportivos, los cuales permanecerán en cabeza de la Administración del Municipio, quien se encargará de ellos a través de la Secretaría del Deporte.

Con base en lo anterior, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el instituto no tiene dentro de sus funciones lo relativo a los centros y escenarios deportivos, sino que estos son de competencia del Municipio.

CORPOCALDAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en lo que a dicha entidad respecta, afirmando que se han puesto de presente dos conflictos en la acción popular: uno alusivo al ordenamiento territorial y otro al control sobre la emisión de ruido ocasionada por la práctica del deporte de motocross en el Parque Bicentenario Bosque Popular El Prado, lo cual es del resorte del Municipio de Manizales.

Frente al caso concreto y en lo atinente al primer aspecto, resaltó que, de una parte, los conjuntos residenciales demandantes se encuentran ubicados en el perímetro urbano de la ciudad, siendo compatible con el uso del suelo; pero, de otra, en lo que respecta a la pista de motocross, la misma está autorizada y responde al uso del suelo de servicios recreativos y deportivos que es evidentemente compatible con la actividad desarrollada. Vistas así las cosas, la controversia que existe se presenta frente a un asunto de las facultades del municipio como es el ordenamiento del territorio.

En lo que respecta al control de ruido, trajo a colación lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995, que a su juicio demuestra que la competencia también está en cabeza de dichos entes territoriales, como máxima autoridad policiva. Así pues, el papel que juegan las Corporaciones Autónomas Regionales en estos casos es el de elaborar el mapa de ruido de la ciudad, el cual fue realizado a través de Contrato 198 de 2013 y culminó en abril de 2014. Afirmó que los Municipios tienen el deber de velar por que se cumplan los niveles de ruido establecidos en las normas expedidas para el efecto.

Por lo anterior, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de transgresión de derechos colectivos por parte de CORPOCALDAS, cumplimiento integral y diligente de las funciones a ella asignadas y competencia del Municipio de Manizales en el control de ruido y ordenamiento Territorial.

Aseveró también que el establecimiento de una pista de motocross no requiere obtener licencia ambiental para su funcionamiento, como erróneamente lo señalan los actores en su escrito de acción popular.

El Municipio de Manizales contestó la demanda alegando que las actividades recreativas del Bosque Popular datan del año 1981, esto es, anteriores a la construcción y establecimiento del Conjunto Cerrado Bosques del Trébol. Aseguró que las actividades recreativas cumplen con las normas relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial y usos del suelo, así como que el ruido por ellos producido se encuentra dentro de los límites permisibles.

Afirmó que los demandantes se encuentran ubicados en un sector bastante retirado de las pistas motivo del conflicto, a más de entre 200 y 250 metros, y que una decisión favorable a sus pretensiones iría en contra del derecho a la práctica deportiva de las personas, implicando, además, una afectación grave al equilibrio económico del contratista que se encuentra construyendo la cancha múltiple.

Argumentó que en el presente caso no se cumplió con la carga de la prueba, pues no le basta al actor con indicar los hechos y la violación que estima se ha producido, sino que es su deber demostrar que en efecto ocurrió y que hay nexo de causalidad entre uno y otro.

Presentó excepción de escogencia de una vía procesal inadecuada, pues si la parte actora consideraba que no se estaba cumpliendo un mandato legal, debió haber presentado una acción de cumplimiento y no una acción popular.

La LMC dio contestación en la cual manifestó que existen dos pistas que son: una pista de motocross y una pista múltiple. Argumentó que la pista de motocross está en funcionamiento desde el año 1998 y que para ello, el Código Deportivo Nacional consagra unas obligaciones muy puntuales respecto de la protección al medio ambiente, incluyendo el tema del ruido.

Afirmó que la pista objeto de esta acción popular ha sido catalogada como la más técnica del país y en ella se realizan diversos torneos y válidas, en las que se vela siempre por el debido cumplimiento de las normas en materia ambiental.

Puso de presente que en convenio con residentes cercanos al sector, se ha establecido un horario para el entrenamiento, el cual va desde las 9:00 a las 17:30. Alegó que el video presentado por los demandantes fue tomado cuando se estaba realizando una válida nacional, donde se percibe un alto nivel de ruido, pero aseguró que solo se realizan máximo dos eventos de este tipo al año.

En lo que respecta a la pista múltiple, señaló que actualmente se encuentra en construcción y que es un proyecto que se espera desde hace varios años, que servirá de escenario deportivo para la práctica de diferentes disciplinas.

Mediante auto del 27 de noviembre de 2013, se resolvió la petición de ser reconocido como coadyuvante por parte de Javier Elías Arias Idárraga, en el sentido de aceptarla, y se negó el amparo de pobreza también solicitado.

Posteriormente, a través de auto del 5 de diciembre de 2013, los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas formularon impedimento para conocer del asunto, habida cuenta de que presentaron denuncia penal en contra de Javier Elías Arias Idárraga, impedimento que fue declarado fundado mediante auto del 28 de abril de 2014 proferido por el Consejo de Estado. Como consecuencia de ello, en auto proferido el 6 de agosto de 2014, el Magistrado John Jairo Alzate López asumió el conocimiento del proceso en virtud del Oficio PSA12-1992 del 10 de octubre de 2012 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por el cual se dispuso que los magistrados de descongestión debían conocer las acciones donde los pares se encontraban impedidos.

El día 9 de septiembre de 2014 se llevó a cabo audiencia de pacto de cumplimiento, en la que se propuso por parte del Municipio de Manizales modificar los horarios de utilización de la pista del Bosque y la siembra de unos árboles que sirvan como barrera para el sonido y el polvo. No obstante, la parte demandante consideró que lo propuesto no era suficiente y que las entidades demandadas han mantenido una actitud de ausencia de responsabilidad frente a las pretensiones de esta acción popular. Al no existir ánimo conciliatorio, la audiencia fue declarada fallida.

Mediante escritos del 18 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, el coadyuvante presentó solicitud de nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, toda vez que el Magistrado que conoció de la popular no era conjuez como lo había ordenado el Consejo de Estado.

En auto del 18 de marzo de 2015, la Magistrada Miryam Esneda Salazar Ramírez resolvió negar la solicitud pues, de una parte, afirmó que los señalamientos no constituyen causal de nulidad, y de otra, que la competencia está dada en virtud del Oficio PSA12-1992 del 10 de octubre de 2012 del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, en el que se comunicó al Presidente del Tribunal Administrativo de Caldas que los Magistrados de Descongestión frente a los que no existe impedimento pueden conocer las acciones populares de los pares impedidos.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2015, el coadyuvante volvió a solicitar nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, pues al ser tercero interviniente y no parte, no se debió haber declarado fundado el impedimento, solicitud reiterada mediante memorial del 15 de julio de 2015.

El 8 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que se encontraba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 8 del artículo 141 del Código General del Proceso, en razón de la denuncia penal instaurada en contra de Javier Elías Arias Idárraga. En consecuencia, el 18 de mayo de 2016 se realizó el sorteo de conjueces para varios procesos dentro de los cuales se encontraba el de la referencia. Mediante auto del 22 de agosto de 2016 se declaró infundado el impedimento, con base en que el mismo se configura cuando existe una denuncia penal contra una de las partes y, en este caso, el señor Javier Elías Arias Idárraga actúa en calidad de coadyuvante, y se ordenó devolver el expediente a la magistrada ponente.

Dentro del término para alegar de conclusión, las partes presentaron escritos aludiendo lo siguiente:

La parte demandante insistió en la necesidad de que se declarara la prosperidad de sus pretensiones, en especial, teniendo en cuenta que la actitud de la administración municipal ha sido la de ignorar las inconformidades de la comunidad y asegurar que la pista se va a hacer en cualquier evento.

Destacó que la prueba testimonial practicada ayudó a demostrar, de primera mano, el estado de indefensión en el que se encuentran los habitantes del sector, a algunos de los cuales les ha tocado desplazarse a otros sectores de la ciudad, y han sufrido afectaciones en su salud. Argumentó que las viviendas fueron construidas en usos del suelo que lo permitían y con base en lo consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Resaltó que, conforme con la normativa sobre de ruido, en aquellos eventos en que el ruido de un sector sobrepase a otro, se exigirán los estándares del más restrictivo, que en este caso es de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles durante la noche.

Hizo un recuento detallado de los efectos que tiene el ruido en la salud de las personas, en especial los que se refieren al rendimiento, trastorno del sueño, estrés, alteración de órganos, cardiovasculares y psicológicos. Afirmó que la Administración Municipal no ha realizado actuaciones tenientes a garantizar la protección de los derechos de los habitantes.

CORPOCALDAS presentó alegatos de conclusión, reiterando su falta de legitimación en la causa por pasiva y que ha cumplido con sus obligaciones legales, como fue construir el mapa de ruido, es decir, la representación de los datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se señala la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona determinada y el número de viviendas, hospitales y demás establecimientos que puedan estar expuestos.

Dio cuenta de los resultados que la prueba de oficio había arrojado sobre las viviendas, indicando en varias ocasiones que se encontraban por encima de los 65 decibeles permitidos.

El Municipio de Manizales señaló que la pista múltiple ya se construyó con base en el contrato 1305200481 del 17 de mayo de 2013, que aportó con los alegatos.

Se opuso a la valoración de la prueba de medición de ruido realizada por CORPORCALDAS, en la medida en que para su realización no se citó ni estuvo presente el Municipio. Aunado a ello, indicó que no podía ser considerada imparcial, por cuanto fue hecha por una entidad que hace parte de este proceso. En todo caso, presentó argumentos refutando cada una de las mediciones presentadas en el estudio realizado, indicando que no está clara la clasificación de la zona de cara al Plan de Ordenamiento Territorial y que el sector donde se encuentra ubicado el Bosque Popular tiene como límites máximos permisibles 80 decibeles durante el día y 70 decibeles durante la noche.

Insistió en que la pista es de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad y manifestó que no hay otro lugar donde se puedan ubicar esos lugares de recreación y deporte, por lo que su cierre tendría un efecto negativo en la dinámica de la ciudad.

En cuanto a los padecimientos a la salud resaltó que no era posible derivar de ellos el nexo de causalidad entre el ruido generado por la pista de motocross y dichas afecciones y reiteró que no se logró demostrar la violación de los derechos colectivos.

La Procuraduría 28 Judicial II Administrativa de Manizales, Caldas, presentó concepto en el que solicitó acoger parcialmente las pretensiones de la parte demandante. A su juicio, los problemas jurídicos a resolver son:

“a) ¿Constituye un deber del municipio de Manizales, efectuar inspección, control y vigilancia en el Bosque Popular el Prado con el fin de evitar la contaminación auditiva, hechos perturbadores de la tranquilidad ciudadana?
b) ¿Es procedente ordenar la reubicación de la pista de motocross?
c) ¿Requiere el proyecto de construir una pista de motocross licencia ambiental?”

En cuanto al primer problema jurídico señaló que el Bosque Popular el Prado es considerado espacio público y como tal es deber del Municipio de Manizales velar por su protección y adecuada destinación al uso común, en concordancia con las demás normas de ordenamiento territorial.

Siguió con el análisis del tercer problema jurídico planteado, para lo cual concluyó que el proyecto de construcción de una pista de motocross no requiere obtener licencia ambiental para su funcionamiento.

Por último, concluyó que de las pruebas obrantes en el expediente se podía afirmar que existió vulneración y que era necesario reubicar la pista de motocross.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el día 16 de noviembre de 2016, en cuya parte resolutiva decidió:

“PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, propuesta por el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, AUSENCIA DE TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y DILIEGENTE DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY A CORPOCALDAS, EN ATENCIÓN A SU ÓRBITA DE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN EL CONTROL DEL RUIDO Y EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL propuesta por CORPOCALDAS.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta de INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS propuesta por el MUNICIPIO DE MANIZALES.

CUARTO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las demás disposiciones reglamentarias.

QUINTO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la ACCIÓN POPULAR instauró la Doctora PATRICIA LÓPEZ VILLEGAS en representación popular del CONJUNTO CAMPESTRE CASTELLÓN DE LA FLORIDA, el CONDOMINIO CERRADO BOSQUES DEL TRÉBOL y el CONJUNTO CERRADO FLORIDA DEL CAMPO.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Manizales adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de las pistas de motocross y múltiple del Bosque Popular el Prado, y disminuir la contaminación auditiva generada hasta lograr los niveles ambientales sin pista en funcionamiento, en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida. Las medidas administrativas para los estudios pertinentes deberán iniciarse a los quince (15) días de ejecutoriada la sentencia, las obras de mitigación deberán empezarse a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y las obras deberán finalizarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia.

Si al cabo del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia y luego de seis mediciones mensuales de ruido, no se ha disminuido el impacto de las pistas de motocross y múltiple a los niveles ambientales existentes en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida, deberán cesar las actividades en las pistas de motocross y múltiple que generen el impacto superior sobre los niveles de ruido ambiental.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma de Caldas CORPOCALDAS, vigilar las gestiones realizadas por el Municipio de Manizales, en aras de dar cumplimiento a los estándares legales permitidos por ley en cumplimiento al principio de subsidiaridad consagrado en el artículo 5 de la ley 489 de 1998 y 288 de la Constitución Política, para lo cual hará mediciones mensuales en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida.

OCTAVO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia integrado por la parte demandante, el Alcalde del Municipio de Manizales o su representante, y el Director de CORPOCALDAS o su representante, como Presidente del Comité, quienes sesionarán mínimo cada tres meses y presentarán informe escrito de sus reuniones a la Ponencia.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones.
(…)” (Negritas del texto original).

Sostuvo que, en lo atinente a la excepción de indebida escogencia de vía procesal, no le asiste razón al Municipio de Manizales, por cuanto, de las pretensiones esbozadas en la demanda, se advierte que lo que se pretende es la protección de derechos e intereses colectivos, y no el cumplimiento de una obligación por parte del Estado, por lo que sí es esta la vía procesal pertinente.

Delimitó el problema jurídico como sigue a continuación:

“¿Son responsables las demandadas de la violación a los derechos colectivos invocados en esta acción por la contaminación auditiva y ambiental que genera la práctica deportiva de motocross en la pista ubicada en el Bosque Popular el Prado, que perjudica a los habitantes de los conjuntos residenciales suburbanos aledaños al sector?

¿Debe el Municipio de Manizales efectuar las acciones administrativas tendientes a evitar la contaminación auditiva, generada en la pista de motocross del Bosque Popular el Prado?”

Del acervo probatorio concluyó que se logró demostrar la afectación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, toda vez que el ruido que se presenta en los conjuntos residenciales demandantes es superior a los límites máximos permisibles previstos en la Resolución No. 627 de 2006. Del estudio realizado se pudo concluir que la pista de motocross realiza un aporte importante a esa generación de ruido, pero que también hay otros factores externos como es el tráfico vehicular de la vía Panamericana.

No obstante, la vulneración antes aludida en razón de la pista de motocross se presenta frente a los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida únicamente, no así en lo que respecta al Conjunto Bosques del Trébol, pues del estudio realizado se observó que existen otros factores de ruido que, por el contrario, se ven reducidos con el funcionamiento de la pista.

En lo concerniente a la solicitud de requerir licencia ambiental, puso de presente que, de acuerdo con la normativa que rige la materia, ésta no es requerida para la construcción y funcionamiento de pistas de motocross y pistas múltiples, por lo que no era dable acceder a ella.

Por lo anterior, la excepción de inexistencia de pruebas de los hechos que constituyen la vulneración propuesta por el Municipio de Manizales fue denegada por el Tribunal.

Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por CORPOCALDAS, consideró que no era posible acceder a ella en la medida en que, en virtud del principio de subsidiariedad, esta Corporación deberá suplir la función de vigilancia del ruido producido que, en principio, se encuentra en cabeza del ente territorial, al ser ésta parte en el presente proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

El Municipio de Manizales presentó recurso de apelación al considerar que con la decisión impartida se había transgredido el principio de congruencia de la sentencia, toda vez que las órdenes dadas no se acompasan con las pretensiones esbozadas por la parte actora.

De otra parte, alegó que la condena quebranta el principio de la confianza legítima de los deportistas que hacen uso de las pistas, habida consideración que el Bosque Popular el Prado, con sus actividades deportivas, se constituyó primero que los conjuntos residenciales, razón por la cual no es posible ahora afirmar que éstos tienen un “mejor derecho”.

Manifestó, también, que era necesario revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto no se dio aplicación al test de razonabilidad y proporcionalidad frente a los derechos de los deportistas al momento de dictar el fallo, test que se encuentra explicado en sentencias tales como la C-022 de 1996. Afirmó que, debido a la topografía de la ciudad, el Bosque Popular el Prado es el único lugar donde se puede establecer una pista de motocross, razón por la cual el cumplimiento del fallo resulta ser desproporcionado con las personas que practican este deporte.

Argumentó que tampoco había congruencia entre la valoración de las pruebas y lo decidido en el trámite de la presente acción, habida cuenta de que la pista se encuentra ubicada en un sector que permite mayor número de decibeles, los cuales están siendo cumplidos. Aseveró que también resultó probado que existen otros factores que inciden en la generación de ruido ambiental, como son los vehículos en la vía Panamericana.

Indicó que el cumplimiento de la sentencia deriva necesariamente en un incremento en los índices de accidentalidad en el Municipio, pues, de no alcanzar los límites permisibles y, en consecuencia, clausurar la pista, la práctica de este deporte se volcará a otros sectores como parques y vías públicas.

Destacó que los plazos otorgados para el cumplimiento de la sentencia son escasos frente a los procesos de contratación que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta que el Municipio se rige por el Estatuto de Contratación Pública de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Por último, resaltó que el cumplimiento de la sentencia también tendría una gran incidencia en los efectos fiscales relacionados con la pérdida de la inversión de recursos públicos invertidos en la pista de motocross.

El coadyuvante Javier Elías Arias Idárraga presentó recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia, en tanto que, a su juicio, no se logró probar la vulneración de los derechos colectivos, ni tampoco se tuvo en cuenta que la pista de motocross era anterior a los conjuntos residenciales. Afirmó que cerrar dicha pista sería perjudicial para el Departamento, en la medida en que ese deporte ha dado muy buenos resultados y no tendrían espacio para practicarlo. Inquirió las razones por las cuales no se ordenó insonorizar las viviendas en vez del cierre de la pista y solicitó que antes de cerrarla, se ordenara buscan un terreno alterno para ubicarla.

La LMC apeló la sentencia de primera instancia, argumentando la importancia que tiene la pista de velocidad, que desde el año 2013 ha servido para la práctica de motociclismo. Asimismo, resaltó que la pista de motocross funciona desde el año 1998 y sirve de espacio de entrenamiento para los practicantes de esta modalidad. Resaltó que ha sido catalogada como la mejor del país y en ella se realizan diversos torneos y válidas.

CORPOCALDAS presentó apelación adhesiva al recurso presentado por el Municipio de Manizales y su inconformidad radica en la obligación que le fue impuesta consistente en realizar mediciones del ruido ocasionado por las canchas de motocross del Bosque Popular el Prado, cuando quedó claro que no vulneró ningún derecho colectivo y que ha cumplido con las obligaciones legales que son de su competencia. Reiteró que el control de la contaminación ambiental por ruido recae en cabeza del Municipio, por lo que es esta entidad la que debe ser la encargada de realizar las mediciones y no la Corporación.

De manera subsidiaria solicitó se aclarara la orden que le fue impartida en lo que respecta a la periodicidad de las mediciones, si deben ser 6 mensuales y en este caso por cuántos meses, o una mensual durante 6 meses.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de 1998, el artículo 150 del CPACA, y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

Actuación en segunda instancia

Mediante auto del 11 de septiembre de 2017 el Despacho del Consejero sustanciador admitió el recurso de apelación. Posteriormente, en auto del 27 de abril de 2018, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

CORPOCALDAS y el Municipio de Manizales insistieron en los argumentos expuestos en los respectivos recursos de apelación.

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa presentó concepto de fondo en el asunto, solicitando confirmar la vulneración de derechos colectivos, pero modificando la orden de “cesar” por completo las actividades de la pista, al considerar que no es proporcional, al igual que ampliar los plazos otorgados de forma que se pueda asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia.

Destacó que de las pruebas obrantes en el expediente se advierte claramente que la decisión frente a la vulneración de los derechos colectivos estuvo acertada, incluso cuando se indicó que respecto del Conjunto Bosques del Trébol no se probó dicha afectación, mientras que los demás sí.

En cuanto a la proporcionalidad de las órdenes impartidas, consideró que el “cese” del ejercicio de las actividades de la pista de motocross no resulta proporcional, en virtud de los derechos como el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Por ello estima que debe modificarse la orden y que, en vez de cesar las actividades por completo, se suspendan hasta tanto se adopten las medidas necesarias para mitigar el impacto.

Afirmó que el principio de congruencia en materia de acciones populares se ve mitigado en virtud de las amplias facultades de que goza el juez constitucional, quien debe velar por que prevalezca el derecho sustancial sobre el formal, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos e intereses colectivos.

Por último, frente a los plazos otorgados, si bien estima que son pertinentes para lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas, es del sentir que de acuerdo a las actuaciones que deben surtirse en materia de contratación pública, es necesario ampliarlos.

Hechos

En la ciudad de Manizales se ubica el Bosque Popular el Prado, el cual es considerado el centro recreacional más importante del municipio, con escenarios deportivos y espacios para esparcimiento.

Desde el año 1998 funciona una pista de motocross para la práctica de este deporte, de conformidad con el uso del suelo recreacional y deportivo para ese sector.

Con el transcurso de los años se han construido conjuntos de viviendas en las inmediaciones del parque, en zonas de uso residencial, en razón del paisaje natural biodiverso.

En el año 2013 se terminó de construir una pista múltiple ubicada en el Bosque Popular el Prado.

Los entrenamientos en la pista de motocross, pista múltiple y los eventos especiales de este tipo han generado altos niveles de ruido en el sector, que trasciende a las viviendas aledañas al Bosque Popular el Prado.

Análisis de la Sala

De acuerdo con lo expuesto corresponde a la Sala determinar si es cierto que el Tribunal, al emitir la orden de amparo del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, no valoró debidamente las pruebas que obraban en el plenario, tales como el cumplimiento de la emisión de niveles de ruido y demás factores que afectaban la contaminación auditiva.

En caso negativo, se deberá establecer si la sentencia vulneró el principio de congruencia entre las pretensiones y las órdenes impartidas, si se dictaron medidas que no correspondían al petitum de la demanda.

De igual forma, se deberá resolver si se vulneró el principio de confianza legítima de los deportistas y se dejó de aplicar el test de razonabilidad, al estar ubicada la pista de motocross en el parque natural con anterioridad a la existencia de los conjuntos residenciales.

De otra parte, se deberá establecer si las medidas y plazos adoptados por el a quo son proporcionales, en razón a las circunstancias particulares de la existencia de la pista de motocross frente a la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

Finalmente, se deberá definir la solicitud de CORPOCALDAS de ser relevada de la orden impartida a ella y sobre la competencia

Para ello, se procederá a analizar la valoración probatoria que llevó a declarar la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano (5.4.1), para luego estudiar la figura del principio de congruencia en acciones populares y los fallos ultra y extra petita (5.4.2). En tercer lugar, se analizará lo correspondiente al principio de confianza legítima (5.4.3) y la aplicabilidad del test de razonabilidad (5.4.4). Seguidamente, se realizará una evaluación sobre la proporcionalidad de las medidas y plazos ordenados en la sentencia de primera instancia (5.4.5) y finalizar con el análisis de las competencias que tiene CORPOCALDAS frente a las órdenes que le fueron impartidas (5.4.6).

5.4.1. De la valoración probatoria que llevó a la declaratoria de vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano

En la demanda se invocó como vulnerado el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, cuya afectación derivan los demandantes del funcionamiento de una pista de motocross y una pista múltiple ubicadas al interior del Bosque Popular el Prado que es aledaño a los conjuntos residenciales que hacen parte del extremo activo de este proceso.

En orden a resolver lo anterior, se observan en el expediente los siguientes elementos probatorios, entre los que se destacan:

Oficio 500-15096 del 15 de diciembre de 2014, expedido por el Subdirector de Recursos Naturales de CORPOCALDAS, en el que se señala que los Conjuntos Campestre Castellón de la Florida, Florida del Campo y Condominio Cerrado Bosques del Trébol se encuentran ubicados en un uso del suelo residencial, que corresponde al sector B de que trata la Resolución No. 627 de 2006. De otra parte, el oficio señala que el Parque Bosque Popular el Prado se ubica en un sector con uso del suelo recreativo y deportivo, identificado como sector B o sector C de acuerdo con la mencionada resolución.

Mapa de ruido identificado con el Informe Técnico No. 500-9234 del 2 de diciembre de 2014, en el que se puede identificar que, para el caso del Condominio Cerrado Bosques del Trébol, el ruido ambiental es de 67,3 decibeles sin pista de motocross y pista múltiple, y de 63,2 decibeles cuando la pista está en funcionamiento; es decir, que se reduce el nivel de ruido. Por su parte, los Conjuntos Campestre Castellón de la Florida y Florida del Campo sí presentan aumentos en los decibeles, que corresponden a 73,7 y 61,0 decibeles respectivamente.

De conformidad con lo anterior, coincide la Sala con el Tribunal en cuanto que es claro que en el transcurso del proceso se logró demostrar la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, derivado del ruido que genera la práctica de motocross en la pista ubicada en el Bosque Popular el Prado y el uso de la pista múltiple. Las mediciones de ruido que fueron aportadas al proceso dan cuenta de que los niveles de ruido generados están por encima de los límites fijados en la Resolución No. 627 de 2006 que para el efecto señala:

Ahora, si bien es cierto que para el sector donde se encuentra ubicada la pista se cumplen con los límites máximos permisibles, también lo es que la norma es clara en señalar que cuando el ruido trasciende otros sectores, como en este caso ocurre hacia el sector residencial, se deberá tomar el valor más restrictivo y sobre ese hacer el análisis de cumplimiento de la norma, a saber 65 decibeles en horario diurno y 55 en nocturno.

Así, comoquiera que en este caso el ruido trasciende al sector residencial, los límites aplicables son los previstos para éste y, en consecuencia, el uso de la pista de motocross y pista múltiple vulnera el goce a un ambiente sano. Vale la pena señalar que, aunque existen otros factores que pueden incidir en la generación de ruido, como es el tráfico vehicular, lo cierto es que el estudio aportado al proceso es completo y señala claramente que, para el caso del Conjunto Campestre Castellón de la Florida, el mayor aporte lo realiza las mencionadas pistas, mientras que no ocurre lo mismo para el Condominio Bosques del Trébol y el Conjunto Campestre Florida del Campo donde los niveles máximos permisibles para el sector residencial se cumplen. Es importante indicar que las mediciones se hicieron con y sin pista en funcionamiento, de forma que fue posible determinar el aporte de éstas al ruido del sector.

El mencionado Concepto Técnico consagró lo siguiente:

Resumen resultados mediciones ruido ambiental,
condominios Villamaría y Manizales pista de motocross

Sitio
Ruido Ambiental Con pista en funcionamiento en Leq en dB(A)
Ruido Ambiental sin pista en funcionamiento Leq en dB(A)
*Norma Resol.0627 de abril/06 dB(A)
Casa 30, Florida del Campo
61,0

58,6

55 dB(A) Residencial suburbana
Casa 16, Castellón de la Florida
73,7
61,3

Casa 1, Bosques del Trébol
63,2
67,3
65 dB(A) sector residencial
*Tabla 2 Resolución 627/2006, Niveles de ruido ambiental.
Nota: La clasificación del sector debe ser la establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio, para la comparación de la norma en este caso esta clasificación la infirió el profesional.

De lo anterior se colige que, en efecto, la valoración probatoria realizada por el Tribunal se encontraba ajustada a derecho en tanto que se demostró la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano por el aporte de ruido que realizan las pistas ubicadas en el Bosque Popular el Prado.

Ahora, es necesario hacer una aclaración respecto del sector con base en el cual se hizo la comparación en el mencionado informe, toda vez que, tal como lo señala la nota de la tabla, esta clasificación fue inferida por el profesional. Sin embargo, en el expediente obra constancia que los tres conjuntos residenciales se encuentran clasificados en el sector B, razón por la cual la comparación debió hacerse sobre la base de 65 decibeles en horario diurno en los tres casos, como se especificó en párrafos anteriores.

5.4.2. Del principio de congruencia en las acciones populares. Fallos extra y ultra petita

El principio de congruencia en materia de acciones populares comporta un tratamiento especial, en el cual éste se morigera de forma que el juez que conoce de la acción no se encuentra atado de forma irrestricta a las pretensiones de la demanda, sino que tiene facultades de fallar extra y ultra petita, de acuerdo con lo que se encuentre probado en el proceso.

Así ha sido el sentir de esta Corporación que ha señalado:

“El principio de congruencia de la sentencia, previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, debe existir coherencia entre la petición formulada por el actor y la decisión adoptada por el juez, tiene un alcance menos restringido en relación con la Acción Popular, entre otras cosas, porque en tanto acción de naturaleza constitucional, desborda el límite del interés particular, para perseguir la protección integral de un derecho de rango superior y de interés general para la colectividad. Una vez se presenta la acción popular, se enerva cualquier interés particular que pudiera tener el actor en favor del colectivo, al punto que una vez aceptada la demanda no puede ser desistida por el demandante. En el mismo sentido, el juez popular adquiere la facultad de fallar a partir de los hechos planteados en la demanda, pero conforme a lo probado dentro del proceso, sin que su decisión final se limite a la apreciación particular que el actor popular vierte en sus pretensiones, justamente para garantizar la protección del derecho. Así, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, abre la posibilidad al juez constitucional, de ampliar o superar la causa petendi, mediante fallos extra y ultra petita, siempre que, con ello se garantice la protección real del derecho vulnerado. Como se nota, el juez popular está revestido de amplias facultades, para definir la protección del derecho, prevenir la amenaza o vulneración y, procurar la restauración del daño en caso de que éste se produzca, tal como lo ha advertido esta Sala en diferentes pronunciamientos. Lo anterior, sin exceder las fronteras mismas surgidas de los hechos de la demanda, en tanto es a partir del debate de éstos que se garantiza el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Esto quiere decir que, si bien el juez constitucional puede apartarse en cierto modo del petitum no está autorizado para salirse del radio de acción definido por los hechos y pruebas que soportan sus pretensiones.” (Subrayado fuera de texto)

En sentencia más reciente, se indicó:

“Finalmente, acogiendo la ponderación realizada por el Consejo de Estado entre la flexibilización del principio de congruencia y el debido proceso, la Corte concluyó que “el sistema dispositivo especial por el que se rigen las acciones populares, implica que el juez puede tener en cuenta hechos distintos a los que aparecen en la demanda, siempre que se trate de la misma acción u omisión que el actor planteó como transgresora de los derechos o intereses colectivos, puesto que la sentencia debe ser coherente con la conducta vulneradora imputada en el escrito de la demanda.

Como se observa, en el marco de las acciones populares el principio de congruencia se flexibiliza frente al interés colectivo, que se expresa a través de los derechos por cuya protección propende esta acción, permitiéndole al juez: i) proteger derechos que no han sido invocados en la demanda, siempre y cuando estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso, ii) estudiar hechos que no se expusieron en la demanda, bien sea porque no se alegaron específicamente, pero aparecen probados en el proceso, o porque ocurrieron con posterioridad a la presentación del libelo, en uno y otro caso, siempre que tengan relación con la causa petendi, iii) adoptar medidas diferentes a las deprecadas en la demanda, para proteger los derechos colectivos que encuentre amenazados o vulnerados.

De todo lo anterior surge que, a pesar de que el juez de la acción popular cuenta con amplias facultades para proteger los derechos colectivos, tiene también el deber de velar por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes; por ello, sus facultades no son ilimitadas, pues, si bien le está dado amparar derechos colectivos no invocados por la parte actora, estudiar hechos no relacionados en la demanda e, incluso, adoptar medidas de protección diferentes a las deprecadas en el libelo, sólo puede hacerlo si tienen relación con la causa petendi de la demanda, que no puede ser una diferente a la relacionada con la amenaza o transgresión de derechos colectivos, en tanto que otro tipo de imputaciones escapan a la finalidad de la acción popular e impiden que el juicio se surta a través de esta acción”

Así las cosas, resulta evidente que en materia de acciones populares, el principio de congruencia se flexibiliza, sin que ello signifique que desaparezca por completo. Eso significa que el juez de conocimiento tiene ciertas libertades al momento de fallar, pero debe, en todo caso, velar por el debido proceso, lo que se traduce en que pueda adoptar medidas distintas de las solicitadas en la demanda, pero siempre y cuando tengan relación con la causa petendi.

En el caso concreto, se observa que la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

Requerir a la Administración Municipal desistir de la construcción de canchas de motocross en el Bosque Popular el Prado.
Solicitar a la Administración Municipal que los entrenamientos de motocross no se hagan en la pista del Bosque Popular el Prado.
Que el Municipio garantice la tranquilidad de los residentes colindantes al Bosque Popular el Prado.
Que el Municipio mitigue el ruido que producen las actividades de motocross.
Exigirle licencia ambiental o el cumplimiento de los límites permitidos en relación con la emisión de ruido.

Por su parte, la sentencia ordenó:

Adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de las pistas de motocross y múltiple del Bosque Popular el Prado y disminuir la contaminación auditiva generada por ellas.
En caso que no se verifique el cumplimiento de esta orden habiendo transcurrido un año desde la ejecutoria de la providencia, cesar por completo las actividades allí desarrolladas.
Que CORPOCALDAS vigile las gestiones adelantadas por el Municipio y realice las mediciones correspondientes para controlar el cumplimiento de la sentencia.

Así las cosas, si bien es cierto que en la demanda se esbozaron algunas pretensiones distintas en relación con las órdenes que finalmente fueron impartidas, es claro que éstas guardan estrecha relación con la causa petendi, habida consideración de que propenden por la protección del derecho colectivo invocado como vulnerado y que se derivan del acervo probatorio obrante en el expediente. En ese orden de ideas, es posible concluir que esos mandatos se encuentran dentro de las facultades que reviste el juez constitucional y, en ese sentido, la decisión adoptada se encuentra ajustada al principio de congruencia en materia de este tipo de acciones.

5.4.3. Del principio de confianza legítima

En lo que respecta al principio de confianza legítima, es importante mencionar que éste es un desarrollo del principio de la buena fe y ha sido definido jurisprudencialmente de la siguiente manera:

“Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación”.

En el caso que nos ocupa, el Municipio plantea que se está vulnerando este principio frente al derecho de los deportistas, habida consideración de que la actividad se viene desarrollando desde hace varios años, incluso antes de la existencia de las viviendas, y por ello aducen tener mejor derecho.

Pues bien, de acuerdo al alcance de dicho principio, uno de sus presupuestos principales consiste en que la situación de la cual se pretende derivar la una orden de protección sea legal, circunstancia que en este caso pierde su valor en el momento en que se sobrepasan los niveles permisibles de ruido. En todo caso, cabe reiterar que en momento alguno se está tildando de ilegal la actividad de motocross pues, en efecto, se encuentran en uso de suelo compatible, lo que se reprocha es el incumplimiento de los niveles máximos de ruido permisibles para el sector residencial que se ve afectado por la práctica del deporte.

Al respecto resulta pertinente señalar que mal podría invocarse la vulneración del principio de confianza legítima y alegar la existencia de un mejor derecho partiendo de la trasgresión de normas de orden público y de derechos colectivos como el de ambiente sano que, como ya quedó debidamente explicado anteriormente, se vulneró debido a los altos niveles de ruido que produce la práctica de motocross, afectando a una colectividad que habita unas viviendas construidas en desarrollo de las normas y autorizaciones municipales.

5.4.4. Del test de razonabilidad

El Municipio de Manizales echó de menos el test de razonabilidad en la decisión que cuestiona, pues adujo que sin su aplicación tal sentencia no resulta adecuada dada la colisión de derechos entre los residentes de los conjuntos demandantes y los deportistas que practican motocross.

La Corte Constitucional ha definido unos pasos para aplicar el test de razonabilidad; veamos:

“El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve”.

Sobre la procedencia del mencionado test, el mismo Tribunal guardián de la Constitución lo ha ligado a los casos en los que se ve comprometido el derecho a la igualdad, como se expone a continuación:

“7. El test integrado de igualdad y la violación del derecho a la igualdad en este caso concreto

En el presente caso y conforme a lo que establece el enunciado, se está frente a una diferencia de trato, que en principio y bajo el criterio sexo, señala que los hombres pueden desempeñarse en cualquier clase de trabajo, mientras que las mujeres no pueden hacerlo en minas subterráneas, en actividades peligrosas, insalubres o que impliquen grandes esfuerzos.

Sin embargo, ¿Cómo sabe un usuario o un operador judicial si una medida determinada (por ejemplo esta que le permite a los hombres desempeñarse en cualquier trabajo y a las mujeres no) viola los derechos fundamentales? y en relación con el derecho a la igualdad: ¿Cómo sabe un usuario o un operador en una situación corriente, que está frente a una diferencia de trato no justificada, violatoria del derecho a la igualdad?

7.1. Para el efecto fue construida una metodología, que con base en criterios, permitiera identificar los casos en los que las diferencias de trato introducidas por el legislador fuesen justificadas, o que por el contrario, resultaran violatorias de la igualdad. A dicha metodología le fue asignada la existencia de un principio, el de proporcionalidad y una aplicación, el test de razonabilidad.

El principio de proporcionalidad ha sido genéricamente definido como una estructura argumental que le permite a los tribunales y a los usuarios fundamentar sus interpretaciones acerca del contenido de los derechos fundamentales, en aquellos casos en los que se plantea una colisión entre principios constitucionales, que suministran razones en favor y en contra de una intervención legislativa. En sentido concurrente, la aplicación del test de razonabilidad sería una metodología de pasos y criterios que efectiviza el principio de proporcionalidad en los casos concretos.

La Corte Constitucional ha afirmado que el test de razonabilidad es una opción entre otras posibles, pues “Por supuesto, puede haber otros métodos para alcanzar dicha finalidad, por lo que la Corte solo opta por aplicar el test de razonabilidad en la medida que se muestra en este caso como un método idóneo, más no exclusivo –se recalca- para tal fin.” (Negritas de la Sala)

Así las cosas, se evidencia que en el presente caso no se darían los presupuestos para aplicar el test de razonabilidad en la forma en la que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta, además, que no se trata de una metodología de obligatoria aplicación en todos los casos. De todas maneras, y como se pasará a analizar en el acápite siguiente, esta Sala encuentra que las medidas adoptadas sí son razonables y proporcionales a lo probado en el proceso y la protección efectiva del derecho colectivo, aunque se procederá a hacer una modificación en lo que respecta a los plazos otorgados.

5.4.5. De la proporcionalidad de las medidas y plazos

Por último, resulta necesario analizar si las medidas y los plazos establecidos en la parte resolutiva de la sentencia impugnada son proporcionales con la vulneración al derecho colectivo y la situación que rodea el sector.

De acuerdo con lo probado en el proceso, la pista de motocross y pista múltiple se encuentran generando niveles de ruido por encima de los límites máximos permisibles, lo que afecta el goce de un ambiente sano de las personas que residen en las viviendas ubicadas en las inmediaciones del Bosque Popular el Prado. De otra parte, se observa también que las mencionadas pistas son el espacio deportivo con que cuenta la ciudad de Manizales para el desarrollo lúdico de varias actividades y, de acuerdo con lo señalado por el Municipio y la LCM, no existe otro lugar donde sea posible construir una semejante. Para efectos de adelantar las gestiones pertinentes, el a quo otorgó un término de quince (15) días para comenzar las gestiones y tres (3) meses para iniciar las obras de mitigación de ruido, sin que estas puedan superar el año.

En ese orden de ideas, de acuerdo al recuento probatorio antes indicado, es claro que la orden de amparar el derecho al goce de un ambiente sano es del todo procedente, por cuanto los niveles de ruido permisibles fueron sobrepasados por la actividad de las pistas de motocross y múltiple; sin embargo, esta Sala considera pertinente modificar algunas de las órdenes impartidas. Lo anterior por cuanto no es posible que el Municipio logre adjudicar en menos de tres (3) meses los contratos para iniciar las obras en ese plazo. Si bien es cierto que, tal como se ha señalado por esta Corporación, la falta de recursos públicos no es impedimento para proteger los derechos e intereses colectivos garantizados por la Constitución, ya que su efectividad requiere de una atención preferente por parte de las autoridades administrativas, también lo es que en el caso concreto no es posible desconocer que la entidad territorial requiere de un tiempo mayor a tres (3) meses para proceder con los contratos correspondientes, de conformidad con la normativa que rige la contratación pública, a saber, la Ley 80 de 1993, que consagra las etapas y procedimientos para la selección y adjudicación. Es por ello que se modificará la orden en el sentido de indicar que las obras sean comenzadas a más tardar dentro de los seis (6) meses a la ejecutoria de esta providencia.

De igual forma, después de analizadas las pruebas obrantes en el expediente y las circunstancias particulares del caso, resulta necesario modificar la orden de hacer cesar por completo las actividades de motocross si al cabo de un año no se ha logrado mitigar y disminuir la contaminación ambiental, toda vez que existen factores adicionales que es importante tener en cuenta.

En efecto, si bien se encontró demostrada la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano como consecuencia de los altos niveles de ruido generados por la pista de motocross y múltiple, por encima de los límites permisibles, lo cierto es que esto se encontró respecto de uno de los tres conjuntos demandantes, lo que permite concluir que la afectación es posible contrarrestarla con las órdenes impartidas. De otra parte, se trata de un deporte que representa un gran orgullo para la ciudad, razón por la cual es pertinente que se continúe practicando, en especial por cuanto, de acuerdo a lo allegado al expediente, ese es el único lugar de la ciudad donde puede ubicarse una cancha de esas características.

En consecuencia, se amplía el periodo para que se logre la mitigación del ruido a dos (2) años, y se ordenará una medición mensual durante este mismo término, con el fin de comprobar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido. Adicionalmente, se elimina la orden de que, de no lograr la mitigación del ruido en un año, se deberán cesar las actividades de la pista de motocross. Por el contrario, se ordenará que, al cabo del término para lograr la mitigación del ruido, en caso de persistir el incumplimiento, se suspendan las actividades de la mencionada pista hasta tanto se alcancen los niveles de ruido permitidos y cese la vulneración del derecho al goce de un ambiente sano.

5.4.6. Competencia de COROPOCALDAS

Teniendo en cuenta que se logró demostrar la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, es necesario resolver la solicitud elevada por CORPOCALDAS en el sentido de ser relevada de la orden que le fue impartida, referida a la realización de unas mediciones de ruido de forma periódica, con el fin de poder verificar el cumplimiento de las medidas impartidas. El a quo fundamenta su decisión en que, si bien no hay lugar a declarar a la Corporación responsable por la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, se hace necesario que, en virtud del principio de subsidiariedad, sea la autoridad que realice dichos controles, toda vez que el Municipio es la entidad contra quien se dirigen las órdenes.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado:

“No en vano el artículo 1º. de la Constitución Política dispuso que el Estado Colombiano "... es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista...". Y el inciso final del artículo 113 C.P. preceptúa que «los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines». A ello se agrega el mandato del inciso segundo del artículo 288 C.P. a cuyo tenor «Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley»”.

Así las cosas, le asiste razón al Tribunal para haber mantenido vinculado a CORPOCALDAS al proceso, con el fin de que esta entidad colabore armónicamente con el Municipio para lograr el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas, dado que el llamado a hacer el control es el Municipio, pero como ese ente es demandado y destinatario de las órdenes de amparo, en aplicación del citado principio de subsidiariedad en material ambiental, la Corporación entra a suplirlo para que no sea el mismo ente territorial el que determine si ha cumplido o no con la providencia.

Ahora, para mayor claridad se señala que las mediciones deberán ser bimensuales por el término que dure la realización de las obras de mitigación, que en todo caso no puede superar el año, y hasta dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, término que se ordenará en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A

PRIMERO: MODIFICAR los numerales sexto y séptimo de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

“SEXTO: ORDENAR al Municipio de Manizales adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de las pistas de motocross y múltiple del Bosque Popular el Prado, y disminuir la contaminación auditiva generada hasta lograr los niveles ambientales sin pista en funcionamiento, en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida. Las medidas administrativas para los estudios pertinentes deberán iniciarse a los quince (15) días de ejecutoriada la sentencia, las obras de mitigación deberán empezarse a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y las obras deberán finalizarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia.

Se otorga el plazo de dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para la disminución del impacto de las pistas de motocross y múltiple a los niveles ambientales existentes en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida, lo cual se deberá comprobar mensualmente.

Si al cabo de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia no se ha disminuido el impacto de las pistas de motocross y múltiple a los niveles ambientales existentes en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida, deberán suspender las actividades en las pistas de motocross y múltiple que generen el impacto superior sobre los niveles de ruido ambiental, hasta tanto se logre alcanzar los niveles de ruido permitidos.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma de Caldas CORPOCALDAS, vigilar las gestiones realizadas por el Municipio de Manizales, en aras de dar cumplimiento a los estándares legales permitidos por ley en cumplimiento al principio de subsidiaridad consagrado en el artículo 5 de la ley 489 de 1998 y 288 de la Constitución Política, para lo cual hará mediciones bimensuales en los Conjuntos Florida del Campo y Castellón de la Florida durante el término de construcción de las obras de mitigación y hasta los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada

TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 4 de abril de 2019.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folios 47 a 53.
Folios 103 y 104.
Folios 109 a 151.
Folios 224 a 238.
Folios 299 a 303.
Folio 328.
Folio 332.
Folio 356.
Folio 363.
Folios 374 a 382.
Folio 408 y 414.
Folio 422.
Folio 423.
Folio 432.
Folios 484 y 485.
Folio 499.
Folios 500 a 502.
Folios 434 a 443.
Folios 444 a 451.
Folios 452 a 456.
Folios 466 a 477.
Folios 524 y 525.
Folios 530 a 534.
Folios 552 a 555.
Folios 556 a 558.
Folio 686.
Folio 692.
Folios 698 y 699, y 701 a 716.
Folios 735 a 743.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de mayo de 2007, M.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. Núm. 25000-23-25-000-2003-01252-02(AP).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de julio de 2018. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. Núm. 20001-23-31-000-2010-00478-01(AP).
Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional. Sentencia C-673 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional. Sentencia C-586 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2015, M.P.: Guillermo Vargas Ayala Rad. Núm. 18001-23-31-000-2011-00256-01(AP).
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 8 de noviembre de 2001. M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Rad. Núm. 11001-03-24-000-2000-6345-01(6345).

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