RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2010-02940-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2010-02940-01

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2010-02940-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR de forma parcial el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con el derecho e Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 147 Número único de radicación: 250002315000201002940-01 interés colectivo a la moralidad administrativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REVOCAR de forma parcial, el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con las órdenes contenidas en los numerales 8.7, 8.10, 8.11.1. y 8.11.4., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con la orden contenida en el numeral 8.9. de la parte considerativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al Departamento de Cundinamarca, a los municipios de Fúquene y Villa de San Diego de Ubaté para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, cumplan con los objetivos, así como con las medidas de protección y conservación de los recursos naturales dentro de los términos previstos en el Plan […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-15-000-2010-02940-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

19 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción popular
Número único de radicación: 250002315000201002940-01
Demandantes: Jorge Humberto González Villanueva y Miguel Ángel Chaves García
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; Departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Educación - Instituciones de Educación
Departamental Santa María, Bolívar, Brucelas, Instituto San Luis y Escuela Centro
del Llano – Palo Gordo; Municipios Villa San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y
Fúquene; e Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Tema: Recuperación, conservación y preservación de algunas áreas de la Cuenca
del Río Ubaté - Suárez en los municipios Villa San Diego de Ubaté, Fúquene y
Carmen de Carupa.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide, en segunda instancia, los recursos de apelación interpuestos por la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca –CAR-, el Departamento de Cundinamarca, así como
por los municipios de Fúquene y Villa San Diego de Ubaté contra la sentencia
proferida el 13 de marzo de 2013 por la Subsección “B” de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Jorge Humberto González Villanueva y Miguel Ángel Chaves
García presentaron demanda, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19981,
con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y
las disposiciones reglamentarias; ii) a la moralidad administrativa; iii) a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; iv) a la defensa del patrimonio
público; v) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y vi)
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se ordene alinderar y amojonar en el término de seis (6) meses, contados a
partir de la ejecutoria del correspondiente fallo, la zona de ronda del Río Ubaté desde
su nacimiento hasta la desembocadura a la laguna Fúquene y se ordene inscribir la
determinación en los predios que resulten afectados ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, dando particular importancia al valor recreativo a las rondas
de ríos y se determine el ancho de la misma, de conformidad a lo establecido en la
Ley (Ley 99 de 1993; Decreto 2811 de 1974 y demás normas aplicables); así mismo
se determine la zona de amortiguación contigua al mismo –zona de manejo y
preservación ambiental-, que abarcará toda la zona de influencia del Río Ubaté
desde su nacimiento hasta la desembocadura a la laguna de Fúquene y se ordene
instalar vallas, avisos, señales, leyendas, que de manera clara informen sobre su
localización, límites e importancia a la comunidad de la zona de influencia.

2. Se ordene la recuperación del espacio público – zona de ronda del Río Ubaté,
como bien inalienable e imprescriptible del Estado, indebidamente ocupado por las
construcciones de los Establecimientos Educativos del Departamento de

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Cundinamarca que se lleguen a establecer y/o por la ocupación indebida de los
particulares que en el curso de la acción se identifiquen y claramente se determinen.

3. Que dentro del término que el Despacho señale se ordene la reforestación de la
ronda del Río Ubaté y se determine un plan de manejo y control ambiental para la
ronda del río Ubaté, que contenga el proceso de concertación y definición de
compromisos con las comunidades y los diferentes actores institucionales, para la
sostenibilidad, conservación, protección y preservación de la ronda, para lo cual
deberá operar entre otros mecanismos los de monitoreo, seguimiento y control al
cumplimiento de los objetivos.

4. Que dentro del término que el Despacho señale se ordene la limpieza del cauce
del río Ubaté y se ordene el retiro de escombros, basuras, y elementos
contaminantes arrojados al mismo.

5. Que se prohíba adelantar cualquier tipo de construcción u obras en las zonas de
ronda y en la zona de manejo y preservación ambiental, especialmente cualquier tipo
de asentamiento urbano que se pretenda establecer por parte del Municipio Villa San
Diego de Ubaté, especialmente en las áreas de zona de ronda y de manejo y
preservación ambiental, para que no puedan ser incorporadas como nuevas áreas
urbanas.

6. Que en caso de que se determine la existencia de construcciones, edificaciones,
asentamientos de población, parcelaciones y/o viviendas localizados en zona de
ronda del Río Ubaté, se ordene el reasentamiento y/o reubicación dentro del plazo
razonable que señale el Despacho, advirtiendo que dicho espacio ocupado es
espacio público y que deberá ser restituido.

7. Que declare la protección del Río Ubaté como patrimonio público medioambiental
de vital importancia para la región y como principal afluente de la laguna de Fúquene
y tomen las medidas necesarias, -plan de manejo- a fin de evitar siga aumentando
la contaminación, con ocasión a los vertimientos de las aguas residuales domésticas
que son arrojadas a su cauce por los Municipios de Carmen de Curúpa; Municipio
de Ubaté y Municipio de Fúquene, sin que cumplan los parámetros de los límites de
vertimientos permitidos y establecidos en la Ley y se conserve dicha fuente hídrica
para las futuras generaciones.

8. Como consecuencia de la anterior declaración, se le ordene a los accionados,
presenten dentro del plazo razonable que señale el Despacho “el plan de
saneamiento y manejo de vertimientos de aguas residuales”, tendiente a que se
cumpla con los parámetros de vertimientos de aguas residuales de conformidad al
Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004, Resolución 2145 de 2005 y
demás normas aplicables, para que los límites de contaminación se adecuen a los
parámetros establecidos en la Ley y se pueda garantizar un desarrollo sostenible.

9. Que se condene a los Municipios accionados a pagar la tasa retributiva por
vertimientos a la Entidad prestadora del Servicio público de Alcantarillado, de
conformidad a lo establecido en la Ley 99 de 1993; Decreto 901 de 1997; el Decreto
3100 de 2003 modificado por el 3440 de 2004 que reglamentó el cobro de las tasas
retributivas por vertimientos puntuales y demás normas que regulen la materia, para
lo cual la CAR deberá presentar la liquidación correspondiente de los últimos cinco
(5) años.

10. Que se ordene Integrar el Comité de Verificación y Cumplimiento de la sentencia
por las personas y entidades que el Despacho considere pertinente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

11. Que se condene a los accionados de manera solidaria a pagar a favor de los
actores el incentivo en la cuantía de 150 salarios mínimos legales vigentes en la
sentencia correspondiente.

Las demás determinaciones u ordenes que el Despacho considere pertinentes,
necesarios y consecuentes decidir en la sentencia […]”2 .

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

3.1. Manifestó que en la ronda del Río Ubaté se han realizado construcciones de
establecimientos comerciales, sin que las autoridades cumplan las funciones de
protección del espacio público y del medio ambiente.

3.2. Afirmó que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté, sin contar con estudios
de factibilidad, conveniencia y riesgo, adquirió dos (2) predios, denominados La
Holanda y La Fortuna, los cuales se ubican en la Vereda Volcán.

3.3. Explicó que los predios adquiridos tienen un área de “[…] 3 hectáreas 2000
m2 y 5 hectáreas 1235 m2 […]” que forman parte de la zona de ronda del Río Ubaté
y de la zona de preservación y manejo ambiental; asimismo, están afectados por la
Quebrada El Infierno o Novilleros. Según la parte actora, en este lugar se pretende
desarrollar un programa de interés social para setecientas (700) familias.

3.4. Sostuvo que el desarrollo urbano en las anteriores condiciones es
inconveniente toda vez que los predios seleccionados para adelantar un proyecto de
vivienda de interés social no reúnen las condiciones mínimas de viabilidad,
seguridad y conveniencia, además, no cuentan con la capacidad mínima para
suministrar servicios públicos de acueducto y alcantarillado, toda vez que la
instalación matriz de este último afectaría el lecho del Río Ubaté.

3.5. Indicó que es posible que se presente un desastre natural en la zona teniendo
en cuenta las condiciones descritas anteriormente.

2 Folios 3 a 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Reforma de la demanda

4. El Tribunal, mediante el auto proferido el 6 de mayo de 2011, en la audiencia
especial de pacto de cumplimiento, profirió la siguiente decisión:

“[…] la H. Magistrada Conductora del proceso ilustra a las partes presentes sobre la
finalidad de la presente audiencia aclarando que vistos los hechos de la demanda
pareciera que están dirigidos a la protección y recuperación de las zonas de ronda
del río Ubaté, pero también se lee en la demanda los problemas de reforestación y
contaminación de los afluentes, por ello es necesario que el actor popular aclare las
pretensiones de la demanda indicando cuáles además del tema de construcciones,
zonas de ronda, y deforestación, adicionaría de acuerdo con la relevancia del
mismo y a cuáles partes vincularía, así como cuáles hechos ampliaría […]”3
(Resaltado fuera del texto).

5. La parte actora, en cumplimiento de lo anterior, mediante escrito presentado el 13
de mayo de 20114 en la Secretaría del Tribunal, solicitó que se vincularan como parte
demandada a los municipios de Tausa, Sutatausa, Cucunubá y Lenguazaque, con
fundamento en que vierten las aguas residuales de forma inadecuada y que las
administraciones municipales no han realizado ninguna actuación dirigida a la
delimitación, así como a la protección de la ronda de los ríos que conforman la
cuenca del Río Ubaté.

6. Además, adicionó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“[…]

1. Se ordene alinderar y amojonar en el término de seis (6) meses, contados a
partir de la ejecutoria del correspondiente fallo, la zona de ronda de la totalidad de
los ríos que pertenecen a la cuenca y sub cuenca del Río Ubaté; así mismo se
proteja y ordene delimitar la ronda hidráulica y técnica, se determine la zona
de amortiguación contigua al mismo – zona de manejo y preservación
ambiental-, que abarcará toda la zona de influencia de los ríos de la cuenca del
Río Ubaté.

2. Se ordene la recuperación del espacio público – zona de ronda de la
totalidad de los afluentes de la cuenca del Río Ubaté, como bien inalienable e
imprescriptible del Estado, que se encuentre (sic) indebidamente ocupado por
ocupación de los predios rivereños, las construcciones que se encuentren en ella
y/o que parcialmente se lleguen a establecer en el curso de la acción se identifiquen
y claramente se determinen.

3. Que dentro del término que el Despacho señale se ordene la reforestación
de la totalidad de la zona de ronda de la totalidad (sic) de los afluentes del Río Ubaté;
se determine un plan de manejo y control ambiental para dicha zona de espacio
público, donde se ordene iniciar procesos de concertación y definición de
compromisos con las comunidades y los diferentes actores, para la sostenibilidad,
conservación y preservación de la cuenca, para lo cual deberá operar entre otros
3 Folio 224
4 Folios 247 a 254

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

mecanismos los de monitoreo, seguimiento y control al cumplimiento de los
objetivos.

4. Que dentro del término que el Despacho señale se ordene la limpieza de la
totalidad de los afluentes del Río Ubaté y se ordene el retiro de escombros, basuras,
y elementos contaminantes arrojados al mismo.

5. Que se prohíba adelantar cualquier tipo de construcción u obras en las zonas
de roda de los ríos que conforman la cuenca y zona de manejo y preservación
ambiental.

6. Que en caso de que se determine la existencia de construcciones,
edificaciones, asentamientos de población, parcelaciones y/o viviendas localizados
(sic) en zona de ronda del Río Ubaté, se ordene a los accionados adelanten las
actuaciones administrativas a fin de recuperar el espacio público sin ningún tipo de
indemnización por ser espacio público ilegalmente invadido.

7. Que declare la protección de la cuenca del Río Ubaté como patrimonio
público medioambiental de vital importancia para la región y como principal
afluente de la laguna de Fúquene y tomen las medidas necesarias, -plan de
manejo- a fin de evitar siga aumentando la contaminación, con ocasión a los
vertimientos de las aguas residuales domésticas que son arrojadas a su cauce
por los diferentes municipios de su jurisdicción, sin que cumplan los
parámetros de los límites de vertimientos permitidos y establecidos en la Ley
y se conserve dichos afluentes para las futuras generaciones.

8. Como consecuencia de la anterior declaración, se le ordene a los
accionados, presenten dentro del plazo razonable que señale el Despacho “el
plan de saneamiento y manejo de vertimientos de aguas residuales”, tendiente
a que se cumpla con los parámetros de vertimientos de aguas residuales de
conformidad al Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004, Resolución
2145 de 2005 y demás normas aplicables, para que los límites de
contaminación se adecuen a los parámetros establecidos en la Ley y se pueda
garantizar un desarrollo sostenible.

9. Que se condene a los Municipios accionados a pagar la tasa retributiva por
vertimientos a la Entidad prestadora del Servicio público de Alcantarillado, de
conformidad a lo establecido en la Ley 99 de 1993; Decreto 901 de 1997; el Decreto
3100 de 2003 modificado por el 3440 de 2004 que reglamentó el cobro de las tasas
retributivas por vertimientos puntuales y demás normas que regulen la materia, para
lo cual la CAR deberá presentar la liquidación correspondiente de los últimos cinco
(5) años.

10. Que se ordene integrar el Comité de Verificación y Cumplimiento de la sentencia
por las personas y entidades que el Despacho considere pertinente.

Que en caso de posición se condene en costas a la totalidad de los accionados.

Las demás determinaciones u órdenes que el Despacho considere pertinentes,
necesarios y consecuentes decidir en la sentencia […]”5.

5 Folios 249 a 250

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Contestaciones de la demanda

La Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

7. La Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial6 contestó
la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así8:

No es responsable de la vulneración de los derechos e intereses colectivos

7.1. Sostuvo que en el presente caso se configura una falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que los responsables de la presunta violación de los
derechos e intereses colectivos son los municipios cercanos a la zona de influencia
del Río Ubaté, el Departamento de Cundinamarca y la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca.

Actuación administrativa conforme a la ley

7.2. Indicó que la entidad ha procedido de acuerdo con sus funciones y
competencias previstas en la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 9; además, ha
promovido políticas inherentes al saneamiento básico, por medio de los planes
departamentales de agua, con el objeto de garantizar que los recursos se inviertan
adecuadamente, en concordancia con los planes maestros de acueductos y
alcantarillados.

Falta de pruebas sobre la vulneración de los derechos e intereses colectivos

7.3. Se refirió a la finalidad de la acción popular y afirmó que la parte actora omitió
acreditar la vulneración de los derechos e intereses colectivos toda vez que se limitó
a señalar presuntas irregularidades de forma abstracta.

6 El artículo 11 de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011, “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se

otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la
Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”,
ordenó la escisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones
asignados por las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al
Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
7 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el
8 Folios 31 a 39
9 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

7.4. Además, en el caso sub examine, no se configuran los presupuestos
sustanciales para que proceda la acción popular, que consisten en: i) una acción u
omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos; y iii) la relación de causalidad
entre los dos presupuestos anteriores.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

8. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi10 contestó la demanda11 y se opuso
a las pretensiones formuladas, así:

No es responsable de la vulneración de los derechos e intereses colectivos

8.1 Luego de señalar la naturaleza de la entidad, sus objetivos y funciones,
concluyó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no participa en actividades
relacionadas con el Río Ubaté. Con fundamento en lo anterior, propuso como
excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

9. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 12 contestó la
demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

Cumplimiento de las funciones de forma adecuada

9.1 Afirmó que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de
Santander “[…] declararon en Ordenación la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Ubaté
y Suárez, a través de la Resolución Nº 864 del 8 de septiembre de 2005, de la CAS
[…]” 14 y que la Corporación Autónoma Regional de Santander tiene a cargo la
secretaría técnica general de ese proceso.

9.2 Sostuvo que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante
la Resolución núm. 3493 de 29 de diciembre de 2006, aprobó el Plan de Ordenación

10 Cfr. Folios 43 a 51
11 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el 28 de abril

de 2011
12 Cfr. Folios 83 a 108
13 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el 1.° de abril

de 2011.
14 Cfr. Folio 86

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

y Manejo de la Cuenca de Ubaté y Suárez, en el que se establecieron como
programas estratégicos: i) el mejoramiento de la capacidad hídrica, de la regulación
hídrica, del sistema vial y de agua potable; ii) el saneamiento básico; iii) la
recuperación y protección de áreas degradadas; y iv) el fortalecimiento institucional.

9.3 Indicó que sometió a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social –CONPES-, un conjunto de medidas orientadas a recuperar y
conservar el ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio, con el objeto de
asegurar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, optimizar la función
de regulación hídrica del sistema lagunar y mitigar los riesgos de inundación o
sequía.

9.4 En criterio de la entidad, la zona de ronda del Río Ubaté no requiere, en
términos técnicos y científicos, que se instalen cercas o mojones físicos.

9.5 Informó que, a través de la Oficina Asesora de Distrito de Riego, ha llevado a
cabo la limpieza del espejo de agua del Río Ubaté y ha construido jarillones en
sectores críticos.

9.6 Afirmó que el problema de vertimiento de las aguas residuales en el Río Ubaté
es atendido mediante el Programa Estratégico núm. 5, sobre saneamiento básico y
la línea estratégica de Agua Potable y Saneamiento Básico del CONPES núm. 3451
de 2006.

9.7 Indicó que los planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los
municipios de Cucunubá y Ubaté, a la fecha de contestación de la demanda, se
encontraban en evaluación en la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

9.8 Sostuvo que la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad son
desarrollados en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y en el
CONPES núm. 3551 de 2006 y que, en virtud del contrato núm. 512 de 2007, se
realizó el levantamiento topográfico de alta precisión del Río Ubaté.

9.9 Asimismo, manifestó que la entidad ha realizado estudios, en el área de su
jurisdicción, para identificar las especies amenazadas teniendo en cuenta los grupos
biológicos de vertebrados –mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

9.10 Reiteró que, en virtud del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica, en Ubaté se definieron zonas de conservación y recuperación, respecto
de las cuales se ha celebrado contratos y convenios interadministrativos con varios
municipios, así como se han llevado a cabo acciones para la protección y aumento
de la cobertura boscosa.

9.11 Precisó que ninguno de los municipios ubicados en la cuenca del Río Ubaté
vierte, de forma directa, aguas residuales a esa fuente hídrica y que la autoridad
ambiental tiene los estudios de la Planta de Tratamiento de la Aguas Residuales del
Municipio Villa de San Diego de Ubaté.

9.12 A continuación, enumeró los contratos celebrados por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca con el objeto de llevar a cabo la limpieza del
cuerpo de agua de Ubaté.

Responsabilidad de otras entidades

9.13 Respecto de la pretensión consistente en que se le otorgue mayor valor
recreativo a la zona de ronda del río, afirmó que les corresponde a los municipios,
con fundamento en la ley, determinar los usos de las áreas periféricas de los ríos.

9.14 Asimismo, adujo que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
no tiene competencia para instalar vallas, avisos, señales o leyendas que informen
sobre la ronda de los ríos ni para adelantar acciones dirigidas a recuperar el espacio
público.

9.15 Con fundamento en lo expuesto, propuso como excepciones la “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de la vulneración a los derechos
e intereses colectivos endilgados a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca” y “Ausencia de omisión por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca”.

Departamento de Cundinamarca

10. El Departamento de Cundinamarca contestó la demanda15 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

15 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el 1.° de abril

de 2011

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Responsabilidad de otras entidades

10.1 A su juicio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural –INCODER-, en coordinación con la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, son las entidades competentes para atender la
problemática expuesta en la demanda.

10.2 En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa,
por cuanto al Departamento de Cundinamarca no le corresponde alinderar ni
amojonar la zona de ronda del Río Ubaté; además, en su criterio, tampoco tiene
competencia para el manejo, preservación ambiental y recuperación del espacio
público.

11. El Municipio de Fúquene 16 contestó la demanda 17 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

Falta de vulneración de los derechos e intereses colectivos

11.1 Afirmó que la entidad territorial no vierte las aguas residuales en el Río Ubaté,
sino en la Quebrada Bautista y que, para la fecha de contestación de la demanda, el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Aguas Residuales se encuentra
en proceso de aprobación en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

11.2 Con fundamento en lo expuesto, propuso como excepción la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Municipio Villa de San Diego de Ubaté

12. El Municipio Villa San Diego de Ubaté18contestó la demanda19 y se opuso a
las pretensiones formuladas, así:

Inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos

16 Folios 153 a 157
17 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el
18 Folios 162 a 171
19 Por medio de apoderado judicial, a quien se le reconoció personería, mediante el auto proferido el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

12.1 Manifestó, por un lado, que el ente territorial ha cumplido, de forma adecuada,
sus funciones; y, por la otra, que no tiene a cargo alinderar o cercar la ronda de los
ríos.

12.2 Sostuvo que el ente territorial ha realizado un control para otorgar las licencias
de urbanismo y de construcción, pero que no se puede desconocer que existen
construcciones desde hace más de treinta (30) años, anteriores a la Ley 99.

Cosa juzgada

12.3 Sostuvo que se configuró el fenómeno jurídico de cosa juzgada respecto de
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, comoquiera que
por estos mismos hechos se presentó en el Juzgado Administrativo de Zipaquirá una
acción popular contra el Municipio Villa San Diego de Ubaté; sostuvo que en ese
proceso se profirió sentencia el 8 de noviembre de 2010, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

Falta de cumplimiento de requisitos

12.4 Sostuvo que la demanda no cumple con los requisitos previstos en el artículo
18 de la Ley 472. Adujo que la parte actora hace apreciaciones personales y
calumnia a las entidades demandadas.

12.5 Con fundamento en lo expuesto propuso las excepciones de: i) inexistencia
de la vulneración de los derechos e intereses colectivos; ii) cosa juzgada; y iii) inepta
demanda.

Actuaciones en primera instancia

13. El Tribunal, mediante el auto proferido el 21 de octubre de 201020, admitió la
demanda, ordenó notificar a la parte demandada de conformidad con la Ley 472 y
comunicar a la comunidad esa decisión, a través de un medio masivo de
comunicación, al agente del Ministerio Público, así como al Defensor del Pueblo.

14. El Tribunal, mediante el auto proferido el 28 de abril de 201121, “[…] reconoció
[…]” al señor Alfonso Contreras Jaramillo como coadyuvante de la parte actora.

20 Folios 124 a 130
21 Cfr. Folios 208 a 213

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

15. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 6 de mayo22
y 10 de agosto de 201123, la cual se declaró fallida por falta de un acuerdo.

16. Una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto proferido el 28 de julio
de 201224, se corrió traslado común a las partes por el término de cinco (5) días para
que presentaran sus alegatos de conclusión de conformidad con la Ley 472.

Sentencia proferida, en primera instancia

17. La Subsección “B” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la sentencia proferida el 13 de marzo de 201325, resolvió
lo siguiente:

“[…]

PRIMERO: DESESTÍMANSE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS
POR LOS DEMANDADOS, de conformidad con la parte
considerativa de la presente sentencia

SEGUNDO: AMPÁRANSE los derechos colectivos a LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA, al GOCE DE UN AMBIENTE SANO, la
EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, A LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE y
la REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS. De
otra parte, NIÉGASE (sic) el amparo del derecho colectivo a la
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE al Municipio de Ubaté inaplicar el
Decreto 61 de 2010, hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo decida de forma definitiva sobre la legalidad de dicho
acto. Para tal efecto CONCÉDASE al actor popular y al coadyuvante
un término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del
presente fallo para que presenten demanda de nulidad contra el
Decreto 061 de 2010. Por lo anterior, la vigencia de la orden impartida
en el presente numeral estará condicionada a la presentación de la
demanda en ejercicio de la acción de nulidad simple, a menos que el
Concejo Municipal de Ubaté decida modificar el PBOT de dicho
municipio e incluir en el área urbana los predios de “La Holanda” y “La
Fortuna”.

CUARTO: En consecuencia, CONMÍNASE al constructor a no construir ni
parcelar la zona de ronda técnica del Río Ubaté, so pena de soportar
las sanciones previstas en el artículo 2 de la Ley 810 de 2003.

22 Folios 223 a 228
23 Folios 297 a 305
24 Folio 383 a 384
25 Cfr. Folios 567 a 642

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

QUINTO: ORDÉNASE a la CAR, al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
y a los Municipios de UBATÉ, CARMEN DE CARUPA y FÚQUENE,
dar cumplimiento a las órdenes impartidas en los numerales 8.7, 8.9
y 8.10 en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente sentencia. De otra parte, darán cumplimiento
a las órdenes dadas en los numerales 8.11.1, 8.11.4 y 8.11.5 en los
términos allí señalados.

SEXTO: DECRÉTESE como MEDIDA CAUTELAR las órdenes impartidas en
los numerales 8.11.2, 8.11.3 y 8.11.6 de la presente sentencia.

SÉPTIMO: CONFÓRMESE el COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL FALLO para la
verificación del cumplimiento de esta sentencia con las personas y
entidades que se indican a continuación: ACCIONANTES,
COADYUVANTE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CAR, MUNICIPIO DE UBATÉ,
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE FÚNEQUE y con la
PROCURADURÍA 25 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA […]”26.

Consideraciones del Tribunal

18. El Tribunal desestimó las excepciones denominadas: i) falta de legitimidad en
la causa por pasiva propuesta por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca; ii) actuación administrativa conforme a la ley, invocada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; e iii) inexistencia de vulneración de
los derechos e intereses colectivos endilgados al Municipio Villa de San Diego de
Ubaté, por considerar que se refieren a argumentos de defensa.

19. También desestimó la excepción de cosa juzgada formulada por el Municipio
Villa de San Diego de Ubaté, comoquiera que la acción popular radicada bajo el núm.
200700339 no guarda relación ni identidad con el presente proceso. Asimismo, por
ausencia de fundamento legal, no prosperó la excepción de falta legitimación en la
causa por pasiva propuesta por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

20. Tampoco prosperó la excepción de inepta demanda porque, según el
Tribunal, la demanda cumple con los requisitos establecidos en la ley.

21. El Tribunal estudió la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en los siguientes términos:

26 Folio 641 a 642

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial por
parte del Alcalde

21.1 Sostuvo que el juez de la acción popular está facultado para hacer el análisis
de legalidad de actos administrativos, pero no puede declarar su nulidad.

21.2 A continuación, se refirió al trámite legal para reformar el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de los municipios.

21.3 Respecto al caso sub examine, indicó que el Concejo Municipal de Villa de
San Diego de Ubaté discutió y no aprobó, en dos (2) ocasiones, el proyecto de
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el Alcalde porque el
mismo, en criterio de esa Corporación edilicia, no era viable. En consecuencia, en
su criterio, el Alcalde no podía proceder en contra de la decisión de esa Corporación
y aprobar la reforma mediante un decreto, en tanto ello es contrario a la Constitución
Política, a la ley y, en especial, a las normas que asignan al Concejo Municipal la
responsabilidad de administración del suelo del Municipio.

21.4 Consideró que una situación diferente se presenta cuando el Concejo
Municipal no estudia el proyecto presentado por el Alcalde dentro del término
previsto en la Ley 388 de 18 de junio de 1997 27, toda vez que el Alcalde, respecto
de esta omisión, está facultado para adoptar la modificación mediante decreto; sin
embargo, ello no ocurrió en el caso sub examine.

21.5 Teniendo en cuenta lo expuesto, el Tribunal concluyó que es necesario
suspender los efectos del Decreto 061 de 3 de septiembre de 2010, hasta que se
defina, de forma definitiva, sobre su legalidad.

21.6 Además, indicó que, de acuerdo con la inspección judicial al Municipio Villa
de San Diego de Ubaté, la población asentada sobre la zona de alto riesgo
corresponde al Barrio El Cerrito, lugar diferente a aquel en donde se proyecta la
construcción del proyecto de vivienda de interés social en los inmuebles La Holanda
y La Fortuna.

Zona de ronda del Río Ubaté

27 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

21.7 El Tribunal sostuvo que, en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté, la zona
de ronda del Río Ubaté fue definida en el Acuerdo 17 de 2003, “[…] Por medio del
cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial y se ajusta como plan básico de
ordenamiento territorial del Municipio Villa San Diego de Ubaté […]”, así:

“[…] En la parte alta hasta el puente de la vía a Carupa próximo a la Zona Urbana y
en la parte baja, a partir del perímetro urbano en el sector norte hasta el límite
municipal; una ronda de manejo y preservación de 60 metros a lado y lado del río a
partir del límite de las aguas; esta ronda será sometida a un proceso de
revegetalización con especies nativas.

En la parte media del Río Ubaté, a partir del Puente de la Vía a Carupa próximo
a la Zona Urbana hasta el puente del sector volcán; una ronda técnica de 60
mts a lado y lado del río, a partir del límite de aguas que tendrá tratamiento de
revegetalización y libre de cualquier construcción y una zona de manejo y
preservación o ronda hidráulica, a partir del cual se debe construir un camino
peatonal y ciclo vía con un ancho mínimo de cuatro (4) metros. Esta última
debe ser reglamentada como área libre de edificaciones, con tratamiento
paisajístico y arborización con especies nativas […]”28 (Resaltado de texto).

21.8 Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en las pruebas, el Tribunal
concluyó que la construcción del proyecto de vivienda de interés social San Miguel
no afecta la ronda del Río Ubaté; agregó que, aunque un área de cinco (5) metros si
está dentro de esa zona, no se tiene proyectado la urbanización ni parcelación en el
espacio público.

Moralidad administrativa

21.9 El Tribunal adujo que, en el caso sub examine, el Alcalde del Municipio Villa
de San Diego de Ubaté violó el derecho a la moralidad administrativa por extralimitar
sus funciones al modificar el Plan de Ordenamiento Territorial.

Delimitación de la Zona de Ronda del Río Ubaté

21.10 El Tribunal sostuvo que las pretensiones relativas a la alinderación y
amojonamiento de la zona de ronda no pueden prosperar, comoquiera que la zona
de ronda debe ser determinada con base en estudios de ingeniería que midan las
menores y mayores cotas de los últimos (15) años; en efecto, aseveró que la
autoridad ambiental señala en un mapa la zona de ronda y esta información debe
ser consultada por la autoridad competente al otorgar licencias.

28 Folio 124

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

21.11 En el mismo sentido, aseguró que la zona de ronda es un bien de uso público,
inalienable e imprescriptible y, por lo tanto, no es procedente la pretensión de
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Valor recreativo de la zona de ronda

21.12 El Tribunal consideró que en el Acuerdo núm. 17 de 2003, se previó que la
zona de ronda debe estar destinada a la restauración vegetal y a la recreación
pasiva. Sobre el particular, consideró necesario requerir a los municipios
demandados para que acrediten si la zona de ronda del Río Ubaté tiene los usos
permitidos en la ley.

Determinación de la zona de ronda y amortiguación del Río Ubaté

21.13 Consideró que no es necesario proferir una decisión en relación con la
determinación de la zona de ronda y amortiguación del Río Ubaté, por cuanto ello
está regulado mediante los acuerdos 007 y 012 de 2000 y 017 de 2003, en los
municipios de Carmen de Carupa, Fúquene y Villa de San Diego de Ubaté.

Recuperación del espacio público

21.14 El Tribunal consideró que, si bien, en la inspección judicial llevada a cabo el
17 de mayo de 2011 se verificó la existencia de predios contiguos a la zona de ronda
del Río Ubaté, no se probó si estos están ubicados en el espacio público. En
consecuencia, les concedió a los municipios de Carmen de Carupa, Fúquene y Villa
de San Diego de Ubaté un término de seis (6) meses, contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, para que determinen si hay predios construidos en la zona
de ronda del Río Ubaté y, en caso positivo, proceder a la recuperación del espacio
público.

Reforestación de la ronda del Río Ubaté y limpieza de su cause – Plan de
Saneamiento y Vertimiento de Aguas Residuales, Estudios de Plantas de
Tratamiento, Estudios y Protección de Fauna Acuática, Estudios de Riesgo y
Barimetría y Medidas de Conservación y Reforestación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

21.15 El Tribunal29 le concedió a los municipios demandados y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca un término de tres (3) meses, contado a partir
de la ejecutoria de la sentencia, para que: i) presenten un informe sobre las acciones
llevadas a cabo en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Cuencas y de
la Resolución núm. 3493 de 2006, respecto de la reforestación de la ronda del Río
Ubaté; ii) acrediten el estado de contaminación del Río Ubaté y el control de esta
situación; y iii) presenten un informe sobre el avance de los procesos de
reforestación y conservación de la ronda del Río Ubaté.

21.16 Asimismo, consideró necesario que los municipios rindan un informe sobre los
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca: i) informe cuáles estudios de riesgo ha realizado en
virtud del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas y del CONPES 3451 de 2006;
ii) presente conclusiones respecto de los estudios de batimetría, modelación
hidráulica e hidrológica, con base en los cuales se definió la ronda hídrica del Río
Ubaté; iii) presente un diagnóstico del vertimiento de aguas residuales en la cuenca
del Río Ubaté; y iv) precise cuáles municipios deben construir plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Riesgo de inundación

21.17 El Tribunal sostuvo que en la inspección judicial observó que existía un riesgo
de inundación al costado izquierdo del municipio que colinda con el Río Ubaté: en
consecuencia, ordenó al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que, con apoyo de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de ser técnicamente viable,
“[…] proceda a realzar […]” un jarillón del costado noroccidental del casco urbano
del Municipio Villa San Diego de Ubaté “[…] igualándolo a la cota del jarillón que se
ubica paralelamente a éste en el costado de los predios “La Holanda” y “La Fortuna”,
atendiendo a la pendiente mínima de 0.001% […]”30.

21.18 Asimismo, en la sentencia apelada, el Tribunal a quo decretó las siguientes
medidas cautelares:

29 En este acápite el Tribunal no realizó un análisis probatorio, sino que se refirió directamente a las órdenes que

iba a proferir
30 Folio 637

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

i) Que los municipios Villa de San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y Fúquene
presenten un plan detallado de contratación y ejecución para construir las plantas de
tratamiento de aguas residuales que, según el Plan Maestro de Alcantarillado, se
requieran para evitar vertimientos al río con agua contaminada.

ii) Que el Municipio Villa San Diego de Ubaté, dentro de los tres (3) meses siguientes
a la notificación de la sentencia, rinda un informe sobre las actuaciones realizadas
para mejorar el sistema de separación de aguas lluvias de las servidas; la
construcción del colector norte y los permisos obtenidos para ocupar el cauce del
Río Ubaté. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según el acta de concertación,
revisión y ajuste excepcional por norma urbanística y declaratoria de desastre del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el ente territorial, el sistema de
recolección, conducción, tratamiento y disposición final de residuos líquidos tiene
una cobertura del setenta por ciento (70%) de las viviendas.

iii) Que el Municipio Villa San Diego de Ubaté, con el apoyo técnico y financiero del
Departamento de Cundinamarca, en el término de seis (6) meses contados a partir
de la notificación de la sentencia, realice los ajustes necesarios de los diseños del
Plan Maestro de Alcantarillado y Acueducto, con el objeto de garantizar la prestación
del servicio público de acueducto en el Municipio Villa San Diego de Ubaté, así como
el debido manejo de aguas lluvias y residuales.

iv) Que el Municipio Villa San Diego de Ubaté construya las redes que faltan para
garantizar los servicios supra, en el término de dos (2) años contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia.

v) Que el Municipio Villa San Diego de Ubaté, en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación de la sentencia, adopte las medidas necesarias
para que los lixiviados generados por la disposición de residuos sólidos, sean
tratados antes de llegar al Río Ubaté.

21.19 En el mismo sentido, el Tribunal le ordenó al Municipio Villa San Diego de
Ubaté que, en de un mes, allegue constancia de las acciones llevadas a cabo en
desarrollo del CONPES 34561, para optimizar el funcionamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales e informe el porcentaje de las aguas residuales
que pueden ser tratadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

21.20 Además, le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca lo
siguiente:

“[…] Por su parte, la CAR, de conformidad con las recomendaciones dadas en el
CONPES 3451, deberá fomentar la incorporación del Programa Nacional de
Producción más Limpia en los sectores lácteo y ganadero, ello, con el fin de que en
los municipios ubicados en la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez evalúe la alternativa
de concentrar las industrias lácteas en sectores que permitan la construcción de
sistemas de pretratamiento colectivos, con el fin de garantizar la homogenización del
agua residual antes de ser vertida al sistema de alcantarillado municipal. De no ser
así, toda industria deberá realizar los vertimientos de aguas residuales en las
condiciones que la CAR haya determinado o determine, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones de la ley por parte de la CAR […]”31.

Vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio público

21.22. consideró que no está probado la vulneración o amenaza del derecho e
interés colectivo a la defensa del patrimonio público.

Recursos de apelación

Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

22. La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible32 interpuso,
dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos:

Ausencia de valoración adecuada de las pruebas – la entidad no ha causado
perjuicios

22.1. Manifestó que el Tribunal no valoró de forma adecuada las pruebas que
obran en el expediente y que la entidad no ha causado ningún perjuicio.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

22.2. En su criterio, a las corporaciones autónomas regionales les corresponde
administrar, en el área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, así como propender por su desarrollo sostenible. Además, son las

31 Folio 638
32 Folios 645 a 649

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

encargadas de ejecutar las políticas fijadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, organismo rector de la gestión del medio ambiente.

22.3. Sostuvo que, de conformidad con el principio de legalidad, la entidad
únicamente puede actuar según sus competencias y que, en este caso, no tiene
facultades para ejecutar las órdenes contenidas en la sentencia. Por ello, considera
que debe declararse probada la excepción de falta de legitimación en la causa.

22.4. A continuación, se refirió al principio de autonomía que rige a las
corporaciones autónomas regionales, según el cual, estas tienen capacidad para
ejecutar sus funciones de manera independiente frente a otras autoridades del orden
nacional.

22.5. En este contexto, solicitó que se excluya a la entidad del Comité de
Verificación de la sentencia.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

23. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-33 interpuso,
dentro del término legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos:

Cumplimiento de funciones constitucionales, legales y reglamentarias

23.1 Sostuvo que la entidad ha cumplido con el artículo 80 de la Constitución
Política; las leyes 99 y 165 de 9 noviembre de 199434; los decretos 1729 de 6 de
agosto de 200235, 2811 de 18 de diciembre de 1974, 1323 de 19 de abril de 2007 36
y 1324 de 19 de abril de 200737; y las resoluciones núm. 104 de 2003 y 643 de 2004
–no precisó qué autoridad las expidió-.

23.2 Afirmó que la entidad no debió ser condenada, por cuanto no se demostró
que haya vulnerado o amenazado los derechos colectivos invocados en la demanda.

Órdenes proferidas en la sentencia

33 Folios 650 a 672
34 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de

junio de 1992”
35 “Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas

hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5o. de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones”
36 "Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-"
37 “Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras disposiciones”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

23.3 Respecto de las órdenes que debe cumplir, se pronunció en los siguientes
términos:

Posición de la Corporación Autónoma Regional
Orden judicial de Cundinamarca –CAR-

En un término de seis (6) meses, la Corporación Es una actividad del resorte misional de la entidad, no
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- y los representa una violación o vulneración de los
municipios demandados deberán presentar un derechos o intereses colectivos.
informe detallado frente a las acciones desplegadas
en desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca y de la Resolución núm. 3493 de 2006.

En un término de seis (6) meses, la Corporación Esta actividad se desarrolla de manera permanente,
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- deberá por cuanto forma parte de la misión institucional.
acreditar el estado actual de contaminación del Río
Ubaté y las acciones que se han llevado a cabo bajo
el CONPES 3451 de 2006.

Los municipios deben dar cuenta sobre los planes de No refleja una violación u omisión; por el contrario, se
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentados encuentra dentro del conjunto de actividades que
ante la Corporación Autónoma Regional de debe realizar la entidad.
Cundinamarca –CAR- y esta última entidad debe
certificar el estado actual de los referidos planes.

La Corporación Autónoma Regional de No refleja una violación u omisión. La orden judicial,
Cundinamarca –CAR-, debe presentar un informe forma parte de la misión de la entidad.
respecto de los estudios de riesgos realizados en el
marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del Río Ubaté y del CONPES 3451 de 2006 y
presentar sus conclusiones respecto de estudios de
batimetría y modelación hidráulica e hidrológica.

Los municipios y la Corporación Autónoma Regional La orden judicial, forma parte de la misión de la
de Cundinamarca –CAR- deben presentar un informe entidad.
sobre el avance en los procesos de reforestación y
conservación de la zona de ronda del Río Ubaté, así
como de las acciones llevadas a cabo para mitigar el
impacto ambiental en dicha zona.

La Corporación Autónoma Regional de Es una actividad del resorte misional de la entidad, no
Cundinamarca –CAR- debe presentar un diagnóstico representa una violación o vulneración de los
sobre el vertimiento de aguas residuales en la cuenca derechos o intereses colectivos.
del Río Ubaté y señalar los municipios que deben
construir plantas de tratamientos de aguas
residuales.

El Municipio Villa San Diego de Ubaté, con el apoyo Es una actividad de índole preventiva que no denota
de la Corporación Autónoma Regional de falla, omisión o vulneración de los derechos o
Cundinamarca –CAR-, de ser técnicamente viable, intereses colectivos.
debe proceder a “realzar el jarillón” del costado
noroccidental del casco urbano de Ubaté

La Corporación Autónoma Regional de Frente al tema de vertimientos la Corporación
Cundinamarca –CAR-, debe fomentar la Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, ha
incorporación del Programa Nacional de Producción desarrollado su labor dentro del marco de sus
más limpia en los sectores lácteo y ganadero. competencias. Por ello, la orden judicial no denota
una violación a los derechos o intereses colectivos.

Fundamento de la sentencia proferida, en primera instancia

23.4 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca indicó que en la
sentencia se omitió precisar de qué manera o en qué forma esa entidad vulneró los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

derechos o intereses colectivos invocados en la demanda. En consecuencia, en su
criterio, no es congruente que se le imponga a la entidad una serie de órdenes para
la protección de derechos colectivos.

23.5 Solicitó que se revoque, de forma parcial, la sentencia apelada, respecto
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y se declaren probadas las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

Municipio de Fúquene

24. El Municipio de Fúquene38 interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con base
en los siguientes argumentos:

Ausencia de prueba sobre la vulneración de los derechos e intereses colectivos

24.1 Señaló que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas en contra del
Municipio Villa de San Diego de Ubaté y que no se llevó a cabo una inspección
judicial en la ronda del río que se encuentra en el Municipio de Fúquene. Por ello, en
su criterio, no se demostró que ese ente territorial vulneró algún derecho o interés
colectivo.

Falta de racionalidad presupuestal y administrativa

24.2 Afirmó que la sentencia desborda la racionalidad presupuestal y
administrativa del Municipio de Fúquene, por las siguientes razones:

“[…] - En la página 68 del fallo recurrido, numeral 8.9. Recuperación del espacio
público, se da un término de seis meses para que se identifique todos los predios que
ilegalmente se hayan asentado dentro de la ronda del Rio (sic) Ubaté, así como se
ordena la inmediata recuperación. En este aspecto es necesario tener en cuenta que
para eventualmente cumplir dicha orden se requiere de recursos para contratar
personas que adelanten dicho censo y adicional a ello adelantar los procesos
administrativos sancionatorios, lo que implica la asignación de funcionarios o
nombramiento de los mismos, aumentando gastos de funcionamiento que no están
previstos en la actual vigencia fiscal y adicional a ello teniendo en cuenta que el
Municipio de Ubaté es de sexta categoría y que sus recursos son anules. (sic) No
superan los 4.000.000,oo, en consecuencia no cuenta con los recursos necesarios
para adelantar dicho trámite en seis meses.

• En la página 69 del fallo recurrido, numeral 8.9, se ordena la construcción de
las Plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas que actualmente se
encuentran en trámite y que los municipios no cuentan con recursos económicos

38 Folios 674 a 678

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

necesarios para tal fin, siendo imposible la construcción de las mismas sin la ayuda y
apoyo del gobierno departamental y nacional […]”39.

Improcedencia de las medidas cautelares

24.3. Adujo que las medidas cautelares no son procedentes, por cuanto no
cumplen con los requisitos legales para su decreto.

Municipio Villa de San Diego de Ubaté

25. El Municipio Villa de San Diego de Ubaté 40 interpuso, dentro del término
legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo
sustentó con base en los siguientes argumentos:

El Tribunal no tuvo en cuenta aspectos fundamentales planteados en la contestación
y se valoró inadecuadamente algunas pruebas

25.1 A su juicio, el Tribunal no tuvo en cuenta aspectos fundamentales
planteados en la demanda ni todo el acervo probatorio; además, le otorgó
credibilidad a una prueba que no cumple con los requisitos legales en los términos
del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las actas del
Concejo Municipal de Ubaté, elaboradas en el marco del debate del proyecto de
Acuerdo que incorporó al área urbana los predios La Holanda y La Fortuna, no tienen
firmas y fueron impresas del computador del Concejo “[…] según lo afirma el
presidente de la corporación que sin más, ni menos las autentica, sin haberlas
cotejado con las actas originales […]”.

25.2 Indicó que no se corrió traslado de esta prueba a las partes para que
ejercieran su derecho de contradicción y no se registra en el sistema de consulta de
procesos la llegada o radicado de estos documentos “[…] lo que hace más palpable
la violación al debido proceso, en razón a que esta prueba fue tenida en cuenta para
fallar y emitir ordenes (sic) en el resuelve del fallo, numerales tercero y cuarto […]”41.

Incongruencia de la sentencia

39 Folios 675 a 676
40 Folios 679 a 694
41 Folio 680

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

25.3 Destacó que el Tribunal, en la sentencia proferida, en primera instancia,
incurrió en una incongruencia, en tanto en la demanda no se solicitó la inaplicación
o nulidad de algún acto administrativo; sin embargo, ordenó inaplicar el Decreto 61
de 2010, lo cual debe discutirse en un proceso ordinario de nulidad.

25.4 Sostuvo que ese acto administrativo ha sido demandado en dos (2)
oportunidades, en las cuales se ha archivado el proceso. En su criterio, el
desconocimiento del principio de congruencia afecta el derecho al debido proceso.

25.5 Precisó que si bien, en virtud del artículo 34 de la Ley 472, el juez de la
acción popular está facultado para fallar extra y ultra petita, no puede apartarse de
los fundamentos fácticos de la demanda.

Cumplimiento del procedimiento para la modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial y ausencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos

25.6 Afirmó que el Alcalde Municipal de Villa de San Diego de Ubaté cumplió
con el procedimiento para la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial; en
efecto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca expidió un acto
administrativo de concertación del componente ambiental, el cual fue tenido en
cuenta como prueba por el Juez de primera instancia.

25.7 Además, manifestó que no vulneró los derechos colectivos invocados en la
demanda.

25.8 Sostuvo que el Tribunal no valoró las pruebas aportadas en la inspección
judicial por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y por el Municipio
Villa de San Diego de Ubaté, según las cuales, por una parte, no hay evidencia de
inundaciones en cualquiera de los dos costados del Río Ubaté, en el área o sector
los Chircales y Vereda Volcán Bajo y, por la otra, los predios La Holanda y La Fortuna
no invaden la ronda del Río Ubaté.

Falta de racionalidad presupuestal y administrativa

25.9 Señaló que la sentencia desborda la racionalidad presupuestal y
administrativa del Municipio de Fúquene, por las siguientes razones:

“[…] - En la página 68 del fallo recurrido, numeral 8.9. Recuperación del espacio
público, se da un término de seis meses para que se identifique todos los predios que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

ilegalmente se hayan asentado dentro de la ronda del Rio (sic) Ubaté, así como se
ordena la inmediata recuperación. En este aspecto es necesario tener en cuenta que
para eventualmente cumplir dicha orden se requiere de recursos para contratar
personas que adelanten dicho censo y adicional a ello adelantar los procesos
administrativos sancionatorios, lo que implica la asignación de funcionarios o
nombramiento de los mismos, aumentando gastos de funcionamiento que no están
previstos en la actual vigencia fiscal y adicional a ello teniendo en cuenta que el
Municipio Villa San Diego de Ubaté es de sexta categoría y que sus recursos son
anules. (sic) No superan los 15.000.000.000,oo, en consecuencia no cuenta con los
recursos necesarios para adelantar dicho trámite en seis meses.

• En la página 69 del fallo recurrido, numeral 8.9, se ordena la construcción de las
Plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas que actualmente se encuentran
en trámite y que los municipios no cuentan con recursos económicos necesarios para
tal fin, siendo imposible la construcción de las mismas sin la ayuda y apoyo del
gobierno departamental y nacional.

• En la página 70 del fallo recurrido, numeral 8.11, se ordena realzar el jarillón del
costado noroccidentental del casco urbano en seis meses, obra que puede estar
cercana a los $2.000.000.000,oo y que fuera de no tener los recursos económicos, de
acuerdo a los informes, estudios y soportes técnicos obrantes en el expediente no es
necesaria de acuerdo a los documentos aportados por la CAR y el Municipio de Ubaté.

• En la página 71 del fallo recurrido, numeral 8.11.2 se ordena la separación de
aguas lluvias de las aguas servidas en el sistema de alcantarillado del Municipio de
Ubaté, obras estas con las cuales el Municipio no cuenta con los recursos y que están
los proyectos en marcha a través del Plan Departamental de Aguas.

• En la página 71 del fallo recurrido, numeral 8.11.3. se ordena realizar los ajustes
a los diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Ubaté,
obras estas con las cuales el Municipio no cuenta con los recursos y que están los
proyectos en marcha a través del Plan Departamental de Aguas y empresas públicas
de Cundinamarca […]”42.

Falta de pruebas de vulneración del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa

25.10 En su criterio, el juez de primera instancia concluyó que se vulneró el
derecho colectivo a la moralidad administrativa con fundamento en pruebas
irregularmente allegadas al proceso y sin tener en cuenta que no se cumplieron con
los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para el efecto.

25.11 Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda en relación con
la excepción de inepta demanda y agregó que esta a cargo del actor popular probar
la vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados en la demanda.

Improcedencia de las medidas cautelares

42 Folios 682 a 683

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

25.12 Adujo que las medidas cautelares no son procedentes, por cuanto no
cumplen los requisitos legales para su decreto ante ausencia de vulneración actual
o inminente de un derecho colectivo, “[…] toda vez que en la diligencia de inspección
judicial solo se evidenció la invasión de la ronda del rio (sic) en algunos sectores del
recorrió (sic) efectuado, así las basuras expuestas en la hacienda novilleros, las
cuales fueron removidas en el primer semestre del año 2012 y restaurado el lugar
[…]”43.

Vía de hecho

25.13 Afirmó, de forma general, que se incurre en una vía de hecho por deficiente
valoración probatoria cuando i) la providencia tiene graves problemas por
insuficiente sustentación o justificación de la decisión; ii) existe un error de la
autoridad judicial; y iii) cuando la decisión se adoptó con fundamento en una
interpretación normativa que resulta incompatible con la Constitución Política, o
cuando la autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar
de ser manifiesta la incompatibilidad con aquella y haber sido solicitada de forma
expresa.

Departamento de Cundinamarca

26. El Departamento de Cundinamarca 44 interpuso, dentro del término legal,
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó
con base en los siguientes argumentos:

Falta de competencia para cumplir con las órdenes proferidas en la sentencia

26.1 Sostuvo que la sentencia apelada le impone al Departamento de
Cundinamarca el cumplimiento de órdenes que no se encuentran dentro de sus
funciones, en tanto la Constitución Política prevé que su competencia consiste en
apoyar, coordinar y complementar la acción municipal, así como hacer
intermediación entre la Nación y los municipios, pero no establece responsabilidades
a su cargo para reglamentar los usos del suelo en material ambiental o en la
prestación de servicios públicos.

43 Folio 693
44 Folio 673

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

26.2 En el mismo sentido, afirmó que, de conformidad con la Ley 9 de 11 de
enero de 198945, a los departamentos no les corresponde la protección del espacio
público.

26.3 Manifestó que el Departamento de Cundinamarca no responde por las
acciones u omisiones descritas en la demanda. En su criterio, los municipios
demandados deben cumplir las órdenes impuestas en la sentencia.

26.4 Además, precisó que cuando por razones de orden técnico o financiero
debidamente justificadas, los municipios no pueden prestar los servicios públicos,
las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deben contribuir
transitoriamente a la gestión de estos, a solicitud del respectivo municipio. Sin
embargo, las gestiones realizadas en desarrollo de este principio deben ejercerse
sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la
autonomía local.

Actuaciones en segunda instancia

27. El Despacho sustanciador, mediante el auto proferido el 19 de mayo de
201446, admitió los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, el Departamento de Cundinamarca, el Municipio de Fúquene y el
Municipio Villa de San Diego de Ubaté contra la sentencia proferida, en primera
instancia, el 13 de marzo de 2013, por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

28. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho,
mediante el auto proferido el 24 de junio de 201447, ordenó correr traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público, para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto.

29. La Sala, mediante el auto proferido el 15 de julio de 2019 48, decretó varias
pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, las cuales fueron aportadas
por la parte demandada.

45 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y

se dictan otras disposiciones”
46 Auto visible a folio 719
47 Auto visible a folio 733
48 Cfr. Folios 845 a 854

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

30. Asimismo, la Secretaría General corrió traslado de las pruebas decretadas y
practicadas, en segunda instancia.

Alegatos de conclusión

31. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi 49 reiteró los argumentos de la
contestación de la demanda. Sostuvo que no es competente para llevar a cabo las
acciones y obras solicitadas en la demanda y, por lo tanto, en su criterio, la entidad
no está legitimada en la causa por pasiva.

32. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 50 , la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 51 , el Departamento de
Cundinamarca52, así como los municipios de Fúquene53 y Villa de San Diego de
Ubaté54 reiteraron los argumentos del recurso de apelación.

Concepto del Ministerio Público

33. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
jurisprudencial de la acción popular; iv) el marco normativo internacional en materia
de Derecho Ambiental; v) el marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial
en materia de derecho ambiental; vi) el marco normativo del Sistema Nacional
Ambiental -SINA-; vii) marco normativo sobre las competencias de la Nación, de los
Departamento, de los municipios y de las autoridades ambientales en materia de
saneamiento básico; viii) marco normativo sobre los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA; ix) el
marco normativo y jurisprudencial del derecho a la moralidad administrativa; x) el
marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las

49 Folios 735 a 740
50 Folios 742 a 747
51 Folios 776 a 778
52 Folios 779 a 787
53 Folio 754
54 Folios 759 a 775

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; xi)
el marco normativo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles; xii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre el principio non reformatio in pejus; y xiii) el análisis
del caso concreto.

Competencia de la Sala

35. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de
las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 201955, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el artículo 129 del Decreto 01 de 198456, sobre competencia del
Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra
las sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en
el trámite de las acciones populares.

36. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

37. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandada en los recursos de apelación, interpuestos contra la sentencia proferida
el 13 de marzo de 2013, mediante la cual el Tribunal accedió a las pretensiones de
la demanda, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 32057 y 32858
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201259, norma aplicable al presente caso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los
puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

55 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
56 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
57 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
58 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
59 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Problemas jurídicos

38. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación: i)
si es procedente decretar medidas cautelares en la sentencia; ii) si la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca vulneró o amenazó los derechos o intereses
colectivos invocados en la demanda; y, en caso negativo, si es posible que el juez
popular le imponga obligaciones; iii) si los municipios Villa de San Diego de Ubaté y
Fúquene vulneraron o amenazaron los derechos colectivos objeto de protección en
la sentencia proferida, en primera instancia y si no son necesarias las órdenes de
protección; iv) si el Tribunal incurrió en incongruencia, comoquiera ordenó “[…]
inaplicar […]” el Decreto 61 de 2010, cuando ello no fue solicitado en la demanda; v)
si la falta de recursos para el cumplimiento de órdenes judiciales impone revocar la
sentencia proferida, en primera instancia, respecto del Municipio Villa San Diego de
Ubaté y Fúquene; vi) si el Departamento de Cundinamarca violó o amenazó los
derechos e intereses colectivos invocados en la demanda y si las ordenes impuestas
en la sentencia proferida, en primera instancia, son competencia del ente territorial;
y vii) si la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe formar parte
del Comité de Verificación de la acción popular.

39. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a acceder a las
pretensiones de la acción popular de la referencia; por lo tanto, si se debe revocar o
confirmar la sentencia proferida, en primera instancia.

40. La Sala precisa que la formulación de los problemas jurídicos tendrá efectos
exclusivos respecto de las partes apelantes; es decir, estos, en principio, no se
extenderán al Municipio de Carmen de Carupa comoquiera que no interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia. No obstante, en
caso de ser necesario, se reformularán las órdenes impartidas con el objeto de
hacerlas más precisas y garantizar, de esta forma, la protección de los derechos e
intereses colectivos.

Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular

41. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

42. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

43. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

44. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

45. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 60.

46. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental

47. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.

48. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 37/7
de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del medio humano y a
la conservación de los recursos naturales […]”.

49. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es instituir
una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas;
y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses
de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial y,
en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que tiene
fundamento en los principios de los derechos humanos universales y tiene por objeto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas (económica, social y
ambiental).

50. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] Las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado Colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.

Tratados internacionales

51. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como:

51.1 La Convención de Viena para la protección de la capa de ozono61 que,
en su artículo 2º, dentro de las obligaciones generales, establece que “[…] Las
Partes tomaran las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del
presente Convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que
puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la
capa de ozono […]”.

51.2 La Convención sobre diversidad biológica 62 que en su artículo 2°
dispone como fin “[…] la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las

61 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con

decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
62 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre

de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos
y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada […]”.

51.3 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático 63 que en su artículo 2º establece como el objetivo último “[…] de la
presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la
Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible […].

51.4 El convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación64.

52. Estos tratados internacionales han sido complementados por una serie de
protocolos, enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el
Protocolo de Montreal65 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de
ozono; el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de
dos mil (2000)66; el Protocolo de Kioto67 de 1997 relacionado con la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero que causan calentamiento global, y el
Acuerdo de París de 201568, instrumentos que tienen vocación de universalidad.

63 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas

exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de 1995
y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
64 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de enero

de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-377 de
1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
65 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte

Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
66 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de

21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
67 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados exequibles

por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para Colombia.
68 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017 y

declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental

53. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

54. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (iii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

55. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197369 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
1974 70 , cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y

69 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
70 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

56. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.

57. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional71 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por
el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le
conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre
como sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental –SINA-

58. La Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 72.

59. De acuerdo con el artículo 4.º ejusdem, el Sistema Nacional Ambiental está
integrado por los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución
Nacional, en la Ley 99 y en la normativa ambiental que la desarrolle; por la normativa
relacionada con el medio ambiente; por las entidades del Estado responsables de la
política y de la acción ambiental; por las organizaciones comunitarias y no

71 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
72 Artículo 4.º de la Ley 99

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental; las fuentes y recursos
económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente; y por las
entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de
información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

60. Los componentes institucionales del Sistema Nacional Ambiental –SINA-, en
orden jerárquico, son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distritos y los
municipios. En efecto, en la Ley 99, se establecieron funciones y competencias a
cargo de cada una de estas entidades, en relación con la protección del medio
ambiente.

61. En este contexto, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le
corresponde coordinar el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, para asegurar la
adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a
garantizar el cumplimiento de los deberes, así como de los derechos del Estado y
de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de
la Nación73. En efecto, el numeral 4.º del artículo 5.º de la Ley 99, previó como
función de esa entidad “[…] Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la
ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA […]”.

62. Además, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde,
entre otras cosas

i) Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; establecer reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso
territorial para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recurso naturales
renovables y del medio ambiente; regular las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, el uso manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, con el objeto de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes;

ii) Preparar los planes y programas en materia ambiental o respecto a los recursos
naturales renovables; establecer criterios ambientales que deben ser incorporados

73 Artículo 2.º Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

en la formulación de las políticas sectoriales; determinar las normas ambientales
mínimas y las regulaciones de carácter general sobre el medio ambiente a las que
deben sujetarse los centros urbanos, asentamientos humanos, entre otros; expedir
y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su
apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo
concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial;

iii) Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o esta en asocio con
otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente o
en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o
protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; dirimir las
discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que
susciten con motivo del ejercicio de funciones y establecer criterios o adoptar
decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las
normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables o del medio ambiente; y hacer evaluación,
seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan, incidir
en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las
acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus
efectos74.

63. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
es el ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables75.

64. Ahora bien, las corporaciones autónomas regionales tienen como objeto la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 76 . De conformidad con los
numerales 4.º, 7.º y 24 del artículo 31 de la Ley 99, en el Sistema Nacional Ambiental
–SINA-, estas entidades ejercen, las siguientes funciones:

74 Artículo 5.º Ibidem
75 Decreto 3570 de 27 de septiembre de 2011, “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”
76 Artículo 30 Ley 99

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

i) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integradas del Sistema Nacional Ambiental –SINA- en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas
y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

ii) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental –SINA-,
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables.

iii) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman
parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de
los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma
que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

65. Ahora bien, a los departamentos les corresponde promover y ejecutar
programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables; expedir, con sujeción a las normas
superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio
ambiente; dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las
corporaciones autónomas regionales, a los municipios y a las demás
entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución
de programas y proyectos en las tareas necesarias para la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables; ejercer, en coordinación
con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento
de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

el derecho a un ambiente sano; promover, cofinanciar o ejecutar, en
coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras y con las corporaciones autónomas
regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras,
defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua,
para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas; entre
otras77.

66. Por último, a los municipios y distritos, en materia ambiental, tienen a cargo
las funciones de promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales
y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Asimismo:

i). Elaborar los planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a
los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales; dictar
con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del
municipio; adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de
los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobadas a nivel
regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente
ley;

ii) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental; colaborar
con las corporaciones autónomas regionales, en la elaboración de los planes
regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; ejercer, a
través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía
Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones
de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con
el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

77 Artículo 64 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

iii) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre usos del suelo; ejecutar obras o proyectos de descontaminación
de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de
control a las emisiones contaminantes del aire; y promover, cofinanciar o ejecutar,
en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo
y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.

67. En relación con las competencias de la Nación, los Departamentos, los
municipios y las autoridades ambientales en materia de saneamiento y los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento o planes departamentales de agua - PDA, esta Sala reiterará las
consideraciones expuestas por la Sección Primera en sentencia de 14 de diciembre
de 202278.

Marco normativo sobre las competencias de la Nación, los departamentos, los
municipios y las autoridades ambientales en materia de saneamiento básico

68. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

69. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que tienen
todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de proteger
la diversidad e integridad del ambiente79, el cual se concreta, fundamentalmente, en
los deberes de planificación integral de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, y de prevención y control de los factores de deterioro

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia de 14 de diciembre de

2022. Proceso identificado con el NUR 760012333000201701795-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato
Valdés.
79 Artículo 79.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

ambiental80 tales como la contaminación de las aguas o la acumulación o disposición
inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios81.

70. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, la citada norma creó el Sistema General de Participaciones de
los Departamentos, Distritos y Municipios como un mecanismo tendiente a promover
su adecuada articulación, con base en los “principios de solidaridad,
complementariedad y subsidiariedad”.

71. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; esto es, el artículo 4 de la Ley 1551 de 6
de julio de 201282, norma que señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la
ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben
ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para
alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades
y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las

80 Artículos 80 y 95, numeral 8.

En torno al principio de planificación ambiental, Cfr: Decreto Ley 2811 de 1974, artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g);
188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
81 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
82 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Ley
136 de 2 de junio de 1994]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración
territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor
desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

72. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

73. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la articulación
de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias, dado que
todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación del entorno
natural.

74. Así las cosas, al municipio “[…] le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley y construir las obras que demande el progreso local […]”, eso
sí: “[…] cuando las características técnicas y económicas del servicio y las
conveniencias generales lo permitan y aconsejen […]”, conforme a lo dispuesto en
los artículos 311 y 367 superiores. Por ello, el artículo 3.°, numerales 10 y 19, de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Ley 136; el artículo 5.°83 de la Ley 142; y el artículo 884 de la Ley 38885, precisan
que la prestación de los servicios públicos relacionados con el saneamiento
ambiental es una función que se encuentra a su cargo de forma principal.

75. En relación con los departamentos, el artículo 298 de la Constitución Política
también dispuso que: “[…] [l]os departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio […]”. Además, “[…] ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”. Adicionalmente, les asisten
funciones de apoyo y coordinación en materia de servicios públicos, en los términos
del artículo 367 de la Constitución.

76. Con base en tales atribuciones, los artículos 7.° de la Ley 142 y 7486 de la Ley
715, establecen, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero,

83 “Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la
ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo Municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.
[…]”.
84 “Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la
acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en
los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras: […].
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos
y lugares análogos. […].
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios
y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de
conformidad con las leyes. […]”.
85 Modificado por el artículo 6 de la Ley 155185 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989,
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las funciones de los Municipios.
86 “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del
desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación
de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y
coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la
Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a
cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la
comunidad. […].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

técnico y administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que permita la
materialización del principio de coordinación.

77. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales 2.°,
4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas autoridades
están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer y ejecutar
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales en la
elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

78. Adicionalmente, la Ley 142 señala como competencias de la Nación en
materia de servicios públicos, entre otras, la consistente en: “[…] [a]poyar financiera,
técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los
municipios que hayan asumido la prestación directa […]”87, la relacionada con: “[…]
[v]elar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la
protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los
recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción,
transporte y disposición final de tales servicios […]”88; y la atinente a: “[…] [p]restar
directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad
suficiente, los servicios de que trata la presente Ley […]”89.

74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de
control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”. [Subraya
la Sala].
87 Artículo 8.4.
88 Artículo 8.5.
89 Artículo 8.6.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

79. Precisamente tales competencias fueron encomendadas al Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio en los artículos 6790 y 16691 de la Ley 142, y en los
artículos 2° y 9° del Decreto 3571 de 27 de septiembre de 201192.

80. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público de alcantarillado cuando actúa como prestador directo,
los principios de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de
funciones y asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación
multilateral, son factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho
servicio.

Marco normativo sobre los planes departamentales para el manejo empresarial
de los servicios de agua y saneamiento y planes departamentales de agua
PAP-PDA

81. Visto el Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012 “Por el cual se reglamenta
el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 […]”, definió el “Programa Agua y Saneamiento
para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA” en los siguientes términos:

“[…] Artículo 3°. Definición. Son un conjunto de estrategias de planeación y
coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la
armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas
eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características
locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas
prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de
regionalización […]” (Destacado fuera del texto).

82. El artículo 2 del Decreto 2246 señala que sus disposiciones son aplicables
“[…] a todos los participantes en la coordinación interinstitucional del […] PAP-

90 “67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y colaborar en las negociaciones

del caso; y procurar que las empresas del sector puedan competir en forma adecuada por esos recursos.
67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los
criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del
presupuesto de la Nación. […]”.
91 “162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales y locales, para el adecuado

cumplimiento de sus funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de los servicios de agua potable
y saneamiento.
162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en
coordinación con las entidades nacionales y seccionales.
162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los
criterios con los cuales deberían asignarse y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto
de la Nación.
92 “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y

se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

PDA; a los consejos directivos, gestores, instrumentos de manejo de los recursos,
departamentos y municipios, que en virtud de las Leyes 1176 de 2010 y 1151 de
2007, están sujetos al manejo de los recursos del Sistema General de
participaciones a través de Planes Departamentales de Agua […]”.

83. La misma regulación define las autoridades que, en virtud del principio de
articulación de la actividad administrativa, deben concurrir a planificar, diseñar
programar, y materializar las estrategias que se requieran en materia de los servicios
públicos de acueducto y saneamiento ambiental, así:

“[…] Artículo 4°. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la
coordinación interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:

1. El Departamento.

2. Los Municipios y/o Distritos.

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o distritos
ubicados en el territorio del respectivo departamento.

Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo […]” (Destacado fuera del texto).

84. Otra manifestación de la cooperación administrativa que se requiere en el
sector se evidencia en las denominadas “estructuras operativas”, conformadas por
un comité directivo y un ente gestor.

85. El Comité Directivo es definido como “[…] la máxima instancia de decisión y
coordinación interinstitucional del PAP-PDA […]” y está integrado por el
departamento, que fungirá como presidente a través de su gobernador, por los
municipios y distritos participantes representados por dos de sus alcaldes, por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por la autoridad ambiental competente,
por el Departamento Nacional de Planeación y por el ente gestor93.

86. Esta estructura se encarga principalmente “[…] de aprobar el ejercicio de
planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un
análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el

93 Artículo 10.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

nivel departamental […]”94. Asimismo, el parágrafo del artículo 5 del Decreto 2246
contempla la posibilidad de que el comité directivo contrate consultorías
especializadas cuando el ente gestor acredite «debilidades puntuales para el
desarrollo de [sus] funciones». Para ello, el comité deberá considerar «las
condiciones técnicas e institucionales del departamento».

87. Entre otras funciones, el comité directivo también se encarga de aprobar el
plan de aseguramiento de la prestación para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo para cada municipio participante, de articularse con
el trabajo de la autoridad ambiental competente, de revisar y aprobar los
instrumentos de inversión y de revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-
PDA95.

88. El Decreto 2246 integra en el plan general estratégico y de inversiones: el
componente de infraestructura, el componente de aseguramiento de la prestación
de los servicios del PAP-PDA y el componente ambiental. Dichos elementos aluden
a la realización: de un diagnóstico técnico base del estado de la prestación de los
servicios del programa, de una línea base y metas con los indicadores
correspondientes para cada municipio participante, y de la definición de las fuentes,
usos y recursos a comprometer por actor y componente96.

89. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PAP-PDA, es
el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el cual se refiere
expresamente a que, antes de poner en marcha cualquier estrategia, es necesario
agotar unas fases de diagnóstico, prefactibilidad y diseño, cuya definición es la
siguiente:

“[…] 4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales
con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones
y viabilidad de la prestación del servicio. En el documento se definirán tres fases a
saber:

4.1. Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de diagnósticos
de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional, técnico,
capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los prestadores,
viabilidad empresarial, que precise por cada municipio la línea de base de los
indicadores de la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo, así

94 Artículo 5, numeral 1.
95 Artículo 13, numerales 2 al 5.
96 Artículo 17, numeral 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

como los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios, con
arreglo a los indicadores y a la metodología de identificación y valoración de riesgos
definidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en colaboración con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4.2. Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario de
acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación
empresarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de contratos de
operación, en el que se precise para cada municipio como mínimo: Las metas de
cada uno de los indicadores que hagan viable la prestación de cada uno de los
servicio, así como las acciones propuestas para alcanzarlas, y para mitigar los
riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios. Para cada una de
las acciones se deberán definir resultados medibles y verificables, recursos
requeridos, responsables y cronogramas de ejecución […]”97.

90. Adicionalmente, un instrumento de planificación indispensable en el marco
del PAP-PDA es el plan ambiental, el cual “[…] tiene por objeto considerar en la
planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a
dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad […] considerando la oferta y
demanda de recursos naturales renovables disponibles […]”98 (Destacado fuera
de texto).

91. El ente gestor puede ser “[…] una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental […]
[cuyos] estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos
del departamento que lo soliciten; o el departamento […]”. Este ente, “[…] [e]s el
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA
y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el
departamento […]”99.

92. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de articulación
interadministrativa están asociadas: a coordinar las acciones de los participantes del
programa; a ser el interlocutor entre los participantes del programa; a concertar con
el departamento y los municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a los municipios,
a las autoridades ambientales competentes y demás participantes con la ayuda del

97 Artículo 17, numeral 4.
98 Artículo 17, numeral 5.
99 Artículo 5, numeral 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

departamento, y a gestionar junto con los demás participantes del programa
alternativas de financiación de proyectos100.

93. Por último, la Nación está llamada a apoyar el sector de Agua y Saneamiento
Básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General de la Nación
en el marco de los PAP-PDA y con aportes en especie como la asistencia técnica101.

94. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PAP-PDA102.

95. Así las cosas, la Sala considera que los PAP-PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios
mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho a la moralidad administrativa

96. La moralidad administrativa fue establecida como un derecho colectivo en
los artículos 88 Constitución de la Política103 y 4.º de la Ley 472104. Asimismo, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, constituye un principio
orientador de la función administrativa.

97. La jurisprudencia de esta Corporación se ha encargado de desarrollar sus
características y alcance. La Sección Primera, en sentencia proferida el 21 de julio
de 2018, sobre el derecho colectivo a la moralidad administrativa, recordó lo
siguiente:

“[…] En Sentencia de Unificación de 13 de febrero de 2018, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado William Hernández

100 Artículo 14, numerales 2, 3, 4, 6, 13 y 14.
101 Artículo 20.
102 Artículo 14, numeral 14.
103 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,

relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)”. (Resaltado
fuera de texto original)
104 Literal b)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Gómez, tuvo la oportunidad de explicar los alcances del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, así:

[…] Respecto de la moralidad administrativa, se ha señalado que si bien es un
concepto jurídico indeterminado, en todo caso, la actuación de la administración
debe estar direccionada a la satisfacción del interés general y realizarse dentro del
marco de los fines establecidos por la Constitución y la ley.

En ese sentido la Sección Tercera de esta Corporación señaló: «[…] en un Estado
pluralista como el que se identifica en la Constitución de 1991 (art. 1), la moralidad
tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin
embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad
administrativa (art. 209 ibidem), la determinación de lo que debe entenderse por
moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la
actuación sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con
la ley». […]”105.

98. El derecho colectivo a la moralidad administrativa exige que los servidores
públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, por una parte, actúen de
conformidad con los deberes establecidos en las normas o que se deriven de los
principios generales del derecho y, por la otra, que se ciñan al cumplimiento del
interés general en sus actuaciones.

99. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, precisó que los
elementos del concepto de la moralidad administrativa son los siguientes:

“[…] 2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este
elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de
legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho.

(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la
acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en
ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular
que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública.

[…]

2.2.2. Elemento subjetivo

No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin
hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si
incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de
la correcta función pública.

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u
omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe

105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López,

sentencia proferida el 21 de julio de 2018

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor
se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento
o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a
los fines y principios de la administración, traducidos en comportamientos
deshonestos, corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso,
conductas alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular […]”106.

100. El derecho colectivo a la moralidad administrativa se relaciona con el
ejercicio de la función pública según los mandatos del Estado Social de Derecho y,
en especial, con el manejo correcto de los bienes y dineros públicos.

101. En conclusión, la moralidad administrativa incluye, desde su concepción
como principio de la función pública107, un precepto interpretativo de obligatoria
referencia para el operador jurídico; y como derecho colectivo 108 , alcanza una
connotación subjetiva que se traduce en la posibilidad de su control judicial por parte
de la comunidad, a través de la acción popular.

102. Para que se configure su trasgresión, desde el punto de vista del interés
colectivo susceptible de protección, debe concurrir un elemento objetivo que alude
al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y uno subjetivo relacionado con la
demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta
función pública.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes

106 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero,

sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, núm. único de radicación 11001-33-31-035-2007-00033-01.
107 Constitución Política «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley».
108 Constitución Política «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos

e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio
de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por
el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

103. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”109.

104. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
2011 110 , determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad111; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio112; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible113.

105. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento
a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos114. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los
servicios públicos domiciliarios, entre otros115.

109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de

2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril

de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP)
111 Inciso segundo artículo 58 C.P.
112 Art. 95 numeral 1 C.P.
113 Art. 3º ley 388 de 1997.
114 Art. 5º ley 388 de 1997
115Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de

febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-
23-31-000-2004-00243-01(AP),

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

106. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

Marco normativo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles

107. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política116.

108. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.

109. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

110. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012117, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

116 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares […]”.
117 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

111. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación118, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

112. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio non reformatio
in pejus

113. Visto el artículo 31 de la Constitución Política, el superior no podrá agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

114. Visto el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, aplicable por
remisión del artículo 44 de la Ley 472, el silencio del inferior no impedirá que el

118 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación

número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus.

115. Visto el artículo 328 de la Ley 1564, aplicable por remisión del artículo 4 de la
Ley 472, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley. No obstante, cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido el recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.

116. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que la
competencia del juez, en segunda instancia, está delimitada por los argumentos y
razones de inconformidad expuestos en la impugnación por el apelante único; en
consecuencia, el juez en principio, tiene prohibido desmejorar su situación “[…] ya
que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa sería que nadie se atrevería
a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violarían principios
constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la
doble instancia, garantías propias del debido proceso […]”119.

117. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 6 de abril de 2018, precisó que, en el caso de apelante único,
el juez adquiere competencia para examinar los motivos de apelación y los que se
relacionan con este, aunque de manera expresa la parte interesa no aluda a los
mismos. Para explicar esta tesis, la Corporación indicó que ello ocurre cuando, por
ejemplo, la entidad que se declaró responsable interpone el recurso de apelación
para que la sentencia se revoque en su totalidad; en este caso, el juez está facultado
para modificar la condena comoquiera que es un asunto consustancial a la
responsabilidad120.

118. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la non
reformatio in pejus no es un derecho fundamental absoluto o ilimitado y que en cada
caso es necesario estudiar la forma como opera121. En este sentido, se ha admitido

119 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 25 de agosto de 2016, M.P. Dr. Alejandro Linares Carrillo
120 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de

unificación de 6 de abril de 2018, C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, número único de radicación 05001-23-31-
000-2001-03068-01(46005).
121 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

26 de agosto de 2010, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 25000-23-24-000-
2000-00327-02; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

que en los procesos en los que se encuentren involucrados, de forma especial,
derechos humanos o compromisos vinculantes asumidos por el Estado, a través de
la celebración y ratificación de tratados internacionales relacionados con la
protección de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, se
flexibiliza la non reformatio in pejus, teniendo en cuenta que el interés superior debe
prevalecer respecto a los intereses específicos de una parte procesal122.

119. En estos casos, el juez administrativo adquiere competencia para pronunciarse
sobre todo el contexto que involucra el caso, en el marco de los recursos de
apelación, para garantizar la vigencia de los derechos humanos y del orden justo, en
el marco del Estado Social de Derecho.

Análisis del caso concreto

120. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.

121. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas relevantes decretadas y
aportadas en primera y en segunda instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida, en primera instancia, el 13 de marzo de 2013, por la Subsección “B” de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Solución a los problemas jurídicos

122. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

19 de enero de 2017, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, número único de radicación 11001-03-15-000-
2015-02281-01
122 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

“C”, sentencia de 7 de septiembre de 2015, C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número único de
radicación 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671); y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2013, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, número
único de radicación 050012331000200100799 01 (2001-950 y 2001-3159 acumulados)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

123. En este estado del estudio, es necesario recordar que esta Sección, de
conformidad con el artículo 164 de la Ley 1564 123 y con el objeto de esclarecer
puntos oscuros, mediante el auto proferido el 15 de julio de 2019, ordenó a la parte
demandada que presentara informes sobre: i) los proyectos que han llevado a cabo,
en el área de su jurisdicción, para el mejoramiento del saneamiento básico, mediante
la construcción de unidades básicas sanitarias y plantas de potabilización de agua,
así como la implementación y ejecución de planes de gestión integral de residuos
sólidos; la construcción o mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales; la formulación de planes maestros de acueducto y alcantarillado y la
construcción de obras para su implementación; ii) las actividades que han llevado a
cabo para proteger los recursos naturales renovables, en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Ubaté; iii)
la invasión de la Ronda del Río Ubaté; y iv) las inundaciones que se han presentado
en el área de su jurisdicción en los últimos tres (3) años.

124. La parte demandada aportó los informes con los anexos correspondientes,
respecto de los cuales, la Secretaría General corrió el respectivo traslado.

125. Por lo tanto, la Sala, con fundamento en las pruebas decretadas, así como
practicadas, en primera y segunda instancia, determinará si se presenta la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda y ordenará adoptar las medidas de protección o de restablecimiento que
sean necesarias, según lo dispuesto en el acápite denominado “[…] marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del principio non reformatio in pejus […]”.

Vulneración del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano –
CONPES 3451 de 7 de diciembre de 2006

126. Por medio del CONPES núm. 3451 de 7 de diciembre de 2006 se establecieron
un conjunto de medidas destinadas a recuperar y conservar, entre otros, el
ecosistema lagunar de Fúquene, en atención a que no se cuentan con las
condiciones para mantener el equilibrio ambiental. En este contexto, se identificaron
como líneas de acción las siguientes: i) la atención de emergencias por eventos de
inundación y sequía; ii) el ordenamiento de la Cuenca de Ubaté y Suárez; iii) el

123 “[…] ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas

regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas
de pleno derecho […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

mejoramiento de la Capacidad Regulación Hídrica; iv) la operación y mantenimiento
del Distrito de Riego y Drenaje; v) el Agua Potable y Saneamiento Básico; vi) la
recuperación y protección de áreas dragadas; y vii) el fortalecimiento institucional,
participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica.

127. En concordancia con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el documento denominado “[…] Diagnóstico, Prospectiva y
Formulación de la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez […]”, sostuvo que
la mayoría de los municipios carecen de planta de tratamiento de aguas residuales,
lo que genera la contaminación de varias fuentes hídricas, como el Río Ubaté.
Respecto de los residuos líquidos industriales, aseveró que únicamente tres (3)
industrias lecheras cumplen con la norma de vertimiento para grasas y aceites 124 y
que la explotación minera afecta, de forma considerable, la calidad del agua125.

128. Asimismo, la autoridad ambiental indicó que otro tipo de amenaza es la
deforestación en la cuenca “[…] que es la causa importante del deterioro de la zona
de ladera, en donde se presentan formaciones vegetales que posiblemente se
encuentran en estado sucesional (sic) inicial con presencia de matorrales bajos y
altos. La formación vegetal de bosque nativo ha desaparecido en la mayor parte de
la región, lo cual produjo la deforestación de la capa vegetal, quedando los suelos
descubiertos generando una problemática más conocida como erosión y a su vez el
desprendimiento de capaz de sustrato […]”126.

129. Ahora bien, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca 127 , mediante el informe presentado en la Secretaría General del
Consejo de Estado el 6 de agosto de 2019128, se refirió a la historia del complejo
lagunar de Fúquene, partiendo de la política nacional de 1822 que se dirigía a la
desecación de los humedales del país, por considerarlos como terrenos
subutilizados y no sanos para la salud humana. Asimismo, sostuvo que la laguna de
Fúquene tenía un área inundable de cerca de 12.810,94 hectáreas, de las cuales
solo prevalecen las de espejo lagunar, es decir, 3.138 hectáreas, que se encuentran
ocupadas, en algunos sectores, por actividades agropecuarias y algunas viviendas.

124 Cfr. Pág. 210 del disco compacto visible a folio 112
125 Cfr. Pág. 219 del disco compacto visible a folio 112
126 Cfr. Pág. 143 del disco compacto visible a folio 112
127 Cfr. Folios 868 y siguientes
128 Índice 66 Sistema de Gestión Judicial, SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

130. Según el informe, con fundamento en las evaluaciones realizadas por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se ha establecido que la calidad
ambiental de la cuenca Ubaté-Suárez ha disminuido de manera considerable en las
últimas décadas, con irreversibles impactos en la biodiversidad, el agua y el suelo;
esto conlleva a la pérdida de funciones y servicios ecosistémicos que son
fundamentales para el mantenimiento del ecosistema y para el bienestar de la
población local.

131. En el informe indicado supra se expuso que las actividades económicas y
domésticas realizadas en esta cuenca han ocasionado sobre el ecosistema los
siguientes problemas: aumento de la sedimentación, contaminación y eutrofización,
disminución del caudal de quebradas y ríos, entre ellos el de Ubaté, y la consecuente
afectación al complejo lagunar -relacionada con la deforestación para actividades de
agricultura y ganadería-, incremento del uso del agua para actividades de riego,
apropiación de tierras que originalmente eran parte del área total del ecosistema -
área inundada permanente y área inundable temporalmente, introducción de
especies vegetales invasoras -principalmente juncos y buchones-, introducción de
peces como Carpa (Cyprinus carpio) y Pez dorado, con variedades roja y negra para
uso agrícola, siembras sin planificar de Trucha (Onchorynchus mykyiss) y Carpa
herbívora (Ctenopharyngodon idella), así como la pérdida de la capacidad de
regulación hídrica.

132. En síntesis, la cuenca de Ubaté y Suarez ha sufrido un grave y progresivo
deterioro de sus condiciones ambientales por las siguientes causas: pérdida de la
calidad hídrica por aguas residuales de diversos procesos antrópicos, pérdida de
suelo e incremento de procesos erosivos por actividades económicas de alto
impacto, ampliación de la frontera agrícola y afectación de ecosistemas estratégicos
para la regulación del agua, desecación de terrenos para labores agropecuarias,
pérdida de biodiversidad, pérdida de capacidad de regulación hídrica de la cuenca,
entre otras.

133. En estas condiciones, el medio ambiente se encuentra deteriorado por la
intervención antrópica. Sin embargo, con la formulación del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca –POMCA- se buscó promover e impulsar el manejo ambiental

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

en la Cuenca del Río Ubaté para detener el deterioro del ecosistema y favorecer el
desarrollo sostenible129.

134. Una vez identificada la problemática de la cuenca del Río Ubaté, en el “[…]
Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté
y Suárez […]”, la autoridad ambiental planteó la necesidad de intervenir en los
siguientes ejes temáticos:

i) Producción, con el objeto de mejorar la actividad productiva, por medio de
instrumentos amigables con el medio ambiente.

ii) Recuperación, por medio de producción de suelo orgánico y repoblamientos
forestales con especies nativas.

iii) Conservación para permitir el desarrollo de comunidades vegetales de
importancia para la protección de suelos y fauna, así como la producción de agua.
Esta categoría comprende las zonas de ronda de los cuerpos hídricos, de protección
de los nacederos y de la laguna.

iv) Preservación de áreas de especial significado ambiental por su capacidad
protectora y productora.

135. En este orden de ideas, para atender la problemática ambiental, en la
formulación del Plan de Ordenamiento y de la Cuenca, se propuso la formulación de
programas de mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica; mejoramiento del
sistema vial; mejoramiento en agua potable y saneamiento básico; operación y
mantenimiento del Distrito de Riego de Fúquene – Cucunubá; recuperación y
protección de áreas degradas, desarrollo agropecuario, industrial, minero y urbano;
y fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental,
ecoturismo e investigación científica.

136. Teniendo en cuenta la importancia de este instrumento, los directores de las
corporaciones autónomas regionales de Cundinamarca, Boyacá y Santander,
mediante la Resolución núm. 3493 de 29 de diciembre de 2006 130 , aprobaron
parcialmente el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Ubaté –
Suárez, respecto del Estudio de Diagnóstico, Prospectiva y Formulación.

129 Pág. 284 del disco compacto visible a folio 112
130 https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac693287fabd.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

137. Asimismo, en este acto administrativo, se dispuso que las autoridades
ambientales indicadas supra deben adoptar, de forma parcial, en la Cuenca
Hidrográfica del Río Ubaté - Suárez las medidas de protección y conservación de los
recursos naturales renovables previstos en el Plan de Ordenación aprobado.

138. La Sala considera que el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río
Ubaté, de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.5.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de
2015131, es el instrumento adecuado para la planeación del uso coordinado del suelo,
de las aguas, de la flora y fauna, así como la ejecución de obras, en el marco del
desarrollo sostenible; por lo tanto, permite superar la vulneración de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el medio ambiente, generada por la
contaminación de la Cuenca del Río Ubaté. No obstante, para ello, es necesario que
las entidades responsables lleven a cabo, de forma coordinada, los proyectos
previstos para el efecto, así como el Plan de Acción correspondiente.

139. En consecuencia, la Sala estudiará, a continuación, las actividades o acciones
que se han llevado a cabo para lograr los objetivos indicados supra; y, de esta forma,
determinar el estado de la vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo al
goce de un ambiente sano, y si la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
ha incurrido en una acción u omisión que pueda afectarlo.

Actividades y acciones para la recuperación del ecosistema

140. El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el
informe que rindió el 6 de agosto de 2019, sostuvo que la entidad, a partir del año
2010, tiene el inventario actualizado de humedales, en 18.706,4 Kilómetros
cuadrados de extensión de su jurisdicción y precisó que a la fecha se cuenta con un
inventario de 8.498 cuerpos de agua, que corresponden a 8.432,5 hectáreas de
humedales, dentro de los cuales se ha priorizado el complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacio por ser de interés nacional y regional, para ser conservado,
recuperado y usado sosteniblemente. Asimismo, explicó, por un lado, que “[…] casi
toda el área concerniente al Bajo Ubaté […] pertenecía al sistema limnológico de la
Laguna de Fúquene, ya sea como espejo de agua (azul) o como área periódica
anegable […]”.

131 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

141. Por el otro, que “[…] [e]ntre las líneas estratégias [del Plan de Gestión
Ambiental Regional – PGAR2012-2023] se contemplan acciones para la
recuperación de la cuenca de los Rïos Ubaté Suárez, cuya perspectiva de trabajo
parte de entender que se trata de articular la problemática y las soluciones que se
definan para el sistema lagunar desde el manejo integral de la cuenca […]”.

142. Y, por último, que con la ejecución de proyectos en relación con el complejo
lagunar se pretende “beneficiar a la población que se asienta en la cuenca de los
ríos Ubaté – Suárez (Laguna de Fúquene) y las demás poblaciones que se ubican
aguas debajo de este río, hasta su confluencia en el río Chicamocha […]”.

143. Destacó que, para la recuperación del “Complejo Lagunar de Fúquene,
Cucunubá y Palacio”, se ha desarrollado el proyecto denominado “[…] PROYECTO
DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR
FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO […]”; y se celebraron convenios, expidieron
actos administrativos, así como se llevaron a cabo otras acciones, las cuales se
describen en los siguientes numerales:

143.1 Celebración del convenio núm. 913 de 2012 con la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgo de Desastres, con el siguiente objeto: “[…] Adecuación hidráulica
de los canales perimetrales y central de la Laguna de Fúquene, zona de confluencia
nacimiento río Suárez […]”. Según el informe, el canal se abrió con el propósito de
evitar más desecación y la apropiación de áreas de la laguna para dedicarlas a la
ganadería. Su construcción se hizo excavando y depositando el sedimento extraído
en el borde para crear una barrera adicional entre la ronda y el agua.

143.2 La Corporación Autónoma Regional, mediante el Acuerdo núm. 036 de 29 de
diciembre de 2014 132 , estableció el Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y
Control de Inundaciones de Fúquene – Cucunubá, el cual subrogó el modelo de
distrito de riego y drenaje anterior133.

143.3 Celebración del contrato núm. 1151 de 2014, en virtud del cual se adelantaron
los estudios técnicos para delimitar la ronda hídrica de las lagunas de Fúquene,

132 “Por medio del cual se adopta el Sistema Hidráulico del manejo ambiental y de control de inundaciones de

Fúquene - Cubunubá”
133 El acto administrativo se pude consultar en la página web de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca: http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=50643

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Cucunubá y Palacio, en el marco del CONPES núm. 3451 de 2006. En el informe se
indicó que, a partir de los estudios, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca procedió a determinar la zona de ronda de protección de la Laguna
de Fúquene, buscando su articulación con los Planes de Ordenamiento Territorial
mediante la Resolución núm. 1156 del 24 de mayo de 2016, “Por medio de la cual
se determina la zona de protección de la Laguna de Fúquene”134.

143.4 La celebración del contrato núm. 1457 de 2015, que tiene el siguiente objeto:
“[…] Ejecución de obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la
Laguna de Fúquene […]”. Según el informe, este contrato permitió dar continuidad a
las labores de limpieza y remoción de material depositado y/o material vegetal en
algunos sectores de la Laguna, como medida encaminada a mitigar los efectos
ambientales, relacionados con el aumento de sedimentación, contaminación,
apropiación de tierras que originalmente eran parte de la Laguna y de su zona
estacionalmente inundable, proliferación de plantas acuáticas invasoras como
buchón, elodea, junco, biomasa, entre otras.

143.5 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante la
Resolución núm. 307 de 8 de febrero de 2017, determinó la zona de protección del
Complejo Lagunar Cucunubá y Palacios135.

143.6 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el Acuerdo
núm. 018 de 11 de julio de 2017 136 , declaró como Distrito Regional de Manejo
Integrado el Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio y su área de
influencia directa, localizada en los municipios de San Miguel de Sema y Ráquira, y
Carmen de Carupa, Lenguazaque, Simijaca, Guachetá, Cucunubá, Fúquene, Susa,
Sutatausa y Ubaté, con un área total de 19.194 hectáreas137. De acuerdo con el
informe, la expedición de este acto administrativo tuvo como objeto establecer
medidas para la conservación, manejo y restauración del ecosistema.

134 El acto administrativo se pude consultar en la página web de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca: https://www.car.gov.co/uploads/files/5ae22ef7bff91.pdf
135 El acto administrativo se pude consultar en la página web de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca: https://www.car.gov.co/uploads/files/5ae23b58daf02.pdf
136 “Por medio del cual se declara como Distrito Regional de Manejo Integrado el Complejo Lagunar Fúquene,

Cucunubá y Palacio”, ubicado en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
137 El acto administrativo se pude consultar en la página web de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca: https://www.car.gov.co/uploads/files/5ad7acb5e1360.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

143.7 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el Acuerdo
núm. 05 de abril de 2018 138 , adoptó el Plan de Manejo Ambiental del Distrito
Regional de Manejo Integrado del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.
En el informe se indicó que este acto administrativo y el citado en el numeral anterior ,
contienen las actividades de la recuperación hidráulica y ambiental de este complejo
de humedales, y constituye una medida de adaptación y mitigación al cambio
climático, y permite la disminución del riesgo ambiental por desabastecimiento de
agua en este complejo de humedales, al igual que la regulación hídrica respecto de
las crecientes que pueden generar inundaciones en la zona.

143.8 El Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
según el informe, ha sido cumplido mediante la operación del Banco de Maquinaria
propiedad de esa entidad y la operación de la infraestructura hidráulica asociada al
Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones Fúquene -
Cucunubá, realizando la limpieza y extracción de maleza acuática en componentes
longitudinales de la red hídrica principal, secundaria y los cuerpos lagunares, con el
fin de lograr el mejoramiento de capacidad hidráulica y la materialización de frontera
agrícola.

144. Ahora bien, el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el informe que rindió el 6 de agosto de 2019, hizo énfasis en el
proyecto denominado “[…] PROYECTO DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y
AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO
[…]”, explicando su alcance, en los siguientes términos:

144.1 Expuso que el proyecto para la atención del Complejo Lagunar se llevará en
el área aferente del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, influenciada
por los municipios de Fúquene, Cucunubá, Susa, Sutatausa, Ubaté y Guachetá,
ubicados en jurisdicción del departamento de Cundinamarca y en los municipios de
San Miguel de Sema y Ráquira, en jurisdicción del departamento de Boyacá.

144.2 Precisó que la ejecución del proyecto de recuperación hidráulica y ambiental
del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio beneficia a la población que se
asienta en la cuenca de los ríos Ubaté – Suárez (Laguna de Fúquene) y a las demás

138 Pormedio del cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado
“Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio”, ubicado en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca- CAR.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

poblaciones que se ubican aguas debajo de este río, mejorando las condiciones
naturales del mismo y fomentando el desarrollo económico, social y cultural de su
área de influencia conformada por 12 municipios del Departamento de
Cundinamarca, 7 del Departamento Boyacá y 21 municipios del Departamento de
Santander.

144.3 En este contexto, explicó que, de forma general, al proyecto de recuperación
hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio se
aplican los siguientes objetivos:

“[…] OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

• Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin
de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.

OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto
a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana.

OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

• Para el 2020, velar por la conservación, el restablecimiento, y el uso sostenible de los
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular
los bosques, los humedales, las montañas, y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

• Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible.

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción […]”.

144.4 Indicó que los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: i)
ejecutar los proyectos del Plan de Manejo Ambiental – PMA; ii) recuperar el volumen
de almacenamiento en el vaso de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio; iii)
consolidar zonas de manejo estratégico para la recuperación, preservación,
mantenimiento y sostenibilidad del equilibrio ambiental del complejo lagunar; iv)
monitorear, medir y hacer seguimiento continuo a los impactos, progresos y
beneficios ambientales generados por la recuperación ambiental del complejo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

lagunar; v) garantizar el funcionamiento hidráulico del complejo lagunar, de acuerdo
a las necesidades del ecosistema; y vi) fortalecer integralmente la presencia de la
autoridad ambiental en el territorio.

144.5 En el mismo sentido, adujo que con el proyecto se pretende dar continuidad
a las labores de limpieza y remoción de sedimentos y/o material vegetal en algunos
sectores de la Laguna, como medida encaminada a mitigar los efectos ambientales
relacionados con el aumento de sedimentación, la contaminación, la apropiación de
tierras que originalmente eran parte de la Laguna y de su zona estacionalmente
inundable, la proliferación de plantas acuáticas invasoras como buchón, elodea,
junco, entre otras.

144.6 Sobre el Plan de Acción del proyecto, en el informe se explicó lo siguiente:

“[…] PLAN DE ACCIÓN
Tabla 7. Plan de Acción
UNIDA META ANUAL
D DE
INDICADOR TOTAL
MEDID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
Área de espejo
Hectáre
de agua 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
as
recuperada
Volumen de Metros
sedimentos Cúbico 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 16000000
extraídos s
Volumen de
Metros
material vegetal
Cúbico 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 55555,6 500000
compostado
s
M3/año
Kilómetros Kilómet
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
adecuados ros
Áreas de
importancia Hectáre
111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 1000
ecológica as
adquiridas
Avance en la
implementación % de
33,33 33,33 33,33 100
de los avance
monitoreos
#
Compu
Compuertas
ertas 2 2
construidas
construi
das
# de
Fuente
Fuentes
s
hídricas 2 2
hídricas
amojonadas
amojon
adas

Como se puede evidenciar en la tabla anterior se formularon como metas del proyecto:

• Recuperar ambientalmente un área de 1200 Hectáreas del espejo de agua del
complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio que se encuentran cubiertas de
material vegetal en un periodo de 10 años.
• Aumentar el volumen de regulación en el complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y
Palacio como mínimo en 16’000,000 de m3 en un periodo de 10 años.
• Adquirir 1000 Ha para la consolidación de zonas de manejo ambiental sostenible
(ronda y predios estratégicos).
• Generar alternativas de apoyo al proceso de recuperación de suelos degradados
mediante la valoración de 500,000 m3 de material vegetal extraído.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

• Implementar 3 programas de monitoreo de componentes ambientales (geotecnia,
sedimentos e hidrobiología)
• Adecuar hidráulicamente 1 fuente hídrica del DMI.
• Adelantar el proceso de amojonamiento de la roda de 2 fuentes hídricas principales
del complejo (Rios Ubate y Suarez).
• Diseñar y construir un sistema efectivo de regulación de caudales sobre el río
Suárez.
• Disminuir las cargas contaminantes y de sedimentos que son aportadas
actualmente sobre los cuerpos hídricos […]”.

144.7 En el informe se afirmó que el plazo de ejecución inicial del proyecto de
recuperación hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y
Palacio es de diez (10) años, con el siguiente cronograma:

Tabla 8. Cronograma del proyecto

144.8 Sostuvo que para la ejecución del proyecto, se adelantó una gestión con el
objeto de obtener la aprobación de presupuesto en los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá, mediante el Sistema General de Regalías; el primero con
un aporte de dieciocho mil millones de pesos M/CTE ($ 18.000.000.000.oo) y, el
segundo, con un aporte de cinco mil trescientos cinco millones novecientos setenta
y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos M/CTE ($ 5.305.978.852.oo).

144.9 Destacó que, además, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
adelantó la respectiva gestión para apoyar financieramente la recuperación de la
Laguna de Fúquene, mediante un empréstito con la banca privada nacional, por valor
de noventa mil millones de pesos M/CTE($ 90.000.000.000.oo).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

144.9.1 En efecto, según los artículos 1.° y 3.° de la Resolución núm. 1690 de 5 de
junio de 2019139 , expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público140, se
autorizó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para celebrar un
empréstito interno y de pignoración de rentas con el Banco BBVA Colombia, hasta
por la suma de noventa mil millones de pesos ($90.000.000.000) moneda legal
colombiana para financiar el macroproyecto “[…] Recuperación hidráulica y
ambiental del complejo lagunar Fúquene - Cucunubá – Palacio […]”.

144.9.2 En el informe se señaló que, en el marco del proyecto de recuperación
hidráulica y ambiental del complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, la
destinación de estos recursos está definida para la adquisición de maquinaria
pesada y especializada, operación y mantenimiento de este banco de maquinaria, la
adquisición o arrendamiento de predios de importancia estratégica para el desarrollo
de actividades del proyecto, especialmente predios ubicados en zona de ronda y
suelos con características hidromórficas, monitoreo de componentes ambientales,
adecuación hidráulica del Río Suarez, construcción de las compuertas de Fúquene
y Garavito y el amojonamiento de, entre otros, el río Ubaté, de acuerdo con la
declaratoria de ronda establecida por la entidad que, como se verá, conforme con la
Resolución 654 de 7 de abril de 2015 expedida por la CAR, se estableció como
aquella “[…] franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los
últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y
lado del cauce[…]”.

144.9.3 En el informe se sigue y aclara que: i) parte de estos recursos serán
destinados de igual manera a otros proyectos, que aportarán a la recuperación
integral de este ecosistema y que están definidos en el Plan de Manejo Ambiental
del Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá
y Palacio; y ii) “[…] para asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto en el
periodo del 2019 al 2029, la Corporación por medio de la presente iniciativa, declara
como proyecto de importancia estratégica, entre otros, el proyecto “Por Fúquene,
Todos de Corazón”, acordando además que el proyecto quede integrado en los

139 “Por la cual se autoriza a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para celebrar un

empréstito interno y de pignoración de rentas con el Banco BBVA Colombia, hasta por la suma de noventa mil
millones de pesos ($90.000.000.000) moneda legal colombiana”
140 El acto administrativo fue publicado en la Edición 50.977 del Diario Oficial el 7 de junio de 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Planes de Gestión Ambiental Regional y Planes de Acción Cuatrienal de la entidad,
garantizando recursos durante este periodo […]”.

144.9.4 En síntesis, en el informe se indicó como logros alcanzados a junio de 2019,
respecto del proyecto estratégico “Fúquene, Todos de Corazón”, la consecución de
recursos económicos para el desarrollo de las actividades de su ejecución, teniendo
en cuenta, por una parte, la suscripción del empréstito por valor de $90.000.000.000
y, por la otra, los aportes de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá a los que
se hizo alusión supra.

144.9.5 Precisamente, el OCAD – Región Oriente, mediante el Acuerdo núm. 081
de 21 de septiembre de 2018141, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto denominado
“[…] Recuperación hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar de Fúquene […]”
por valor de $18.000.000.000; asimismo, designó a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca como ejecutora del proyecto. Además, mediante el
Acuerdo núm. 084 de 21 de diciembre de 2018142, viabilizó, priorizó y aprobó el
proyecto “[…] Recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar de Fúquene,
sector Quicagota del Municipio de Ráquira […]” por valor de $5.305.978.852.

144.9.6 El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca indicó
que para el seguimiento de los recursos aportados por la Departamento de Boyacá
se suscribió el Convenio Interadministrativo núm. 1810 del 6 de marzo de 2019
celebrado entre ese ente Territorial y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, con el objeto de “[…] Aunar esfuerzos entre el departamento de
Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR para ejercer
actividades de apoyo al proyecto recuperación hidráulica y ambiental del Complejo
Lagunar Fúquene, sector Quicagota del municipio de Ráquira […]”.

144.10 También, en el informe se destacó que se encuentran en ejecución las obras
para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la Laguna de Fúquene, en
los Municipios de Fúquene y Susa, en los siguientes términos143:

“[…] ANÁLISIS MULTITEMPORAL 2016 - 2019
2016 - 2017

141 “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o
cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR”.
142 “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o

cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías -SGR”
143 Cfr. Índice 15 SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

1.

Laguna de Fúquene 2017

En las fotografías se observa la ejecución de obras para la recuperación ambiental
y de capacidad hidráulica de la Laguna de Fúquene.

2018 - 2019 SECTOR COMFACUNDI
Obras de limpieza y recuperación del espejo de agua en el sector COMFACUNDI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Limpieza del espejo de agua, con el uso de En la fotografía se observan las estructuras piloto
excavadoras anfibias, cosechadoras de vegetación que se diseñaron para la disposición y secado de los
acuática y barcazas para el transporte del material sedimentos provenientes de las labores de dragado
vegetal cosechago adelantradas con dragas anfibia Water Master Clasic
V

ENERO 2019 – MARZO 2019
Ortofotomosaico enero de 2019 sector Ortofotomosaico marzo de 2019 sector
Malvinas, costado sur occidental de la Malvinas, costado sur occidental de la
Laguna de Fúquene. Laguna de Fúquene

Zona a intervenir durante el primer trimestre Zona con procesos de dragado y disposición
del año 2019 de sedimentos

Se observa que con las intervenciones realizadas, con la draga de corte y succión,
se recupera el espejo de agua.

NACIMIENTO RÍO SUAREZ
FEBRERO - MARZO DE 2019

Adicionalmente, durante los meses de febrero y marzo de 2019, desde el nacimiento
del Río Suarez, se realizó la limpieza de material vegetal en un tramo aproximado de
1 Km, mejorando las condiciones ambientales de la fuente hídrica y su navegabilidad.

Tramo intervenido en el nacimiento del Río Suarez – Recuperación de espejo
de agua

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Antes y después de la extracción de material vegetal en el Río Suarez,
costado noroccidental de la Laguna de Fúquene.
Indicadores formulados en la estrategia “Por Fúquene, Todos de Corazón” […]”

144.11 Según el informe al que se ha hecho alusión, para realizar el seguimiento de
las actividades de recuperación de la capacidad hidráulica y ambiental del complejo
lagunar, se han formulado indicadores que permiten cuantificar el avance y
materialización de las actividades de remoción de sedimentos del lecho lagunar y la
limpieza del espejo de agua. Los indicadores son el área de espejo de agua
recuperada, expresado en (Ha/año), y el volumen de sedimentos extraídos,
expresado en (m3/año).

144.11.1 Concluyó que durante el primer trimestre del año 2019 se habían
recuperado 5,45 hectáreas de espejo de agua y extraído 2.752,595 m3 de
sedimentos del complejo lagunar Fúquene; asimismo, a la fecha del informe, en la
laguna de Fúquene se habían recuperado 95,45 Hectáreas del espejo de agua y se
extraído 3.101.939,36 m3 de sedimentos.

144.12 Especificó que, además de lo expuesto, el avance de los procesos para la
recuperación hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y
Palacio es el siguiente:

“[…]
PROYECTO DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR
FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO

N ACTIVIDAD AVANCE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

1. Contrato de adquisición de maquinaria Proceso radicado en la Secretaría General de la
especializada Corporación con No. 20193126007 del 09/05/2019 y
ajustado según correcciones, cuyo objeto es
“Adquisición de maquinaria especializada, para la
ejecución de las actividades de recuperación
hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene
Cucunubá y Palacio”

Adquirir y/o arrendar predios con Firma del convenio interadministrativo núm. 1842 de
características hidromórficas y en 26 de junio de 2019, cuyo objeto es “Elaborar los
ronda para propósitos funcionales del avalúos comerciales de los predios rurales ubicados
proyecto en la zona de protección de la laguna de Fúquene,
reglamentada por la Resolución 1156 de 2016 y
aquellas mejoras previamente identificadas por la
CAR, que se encuentren y/o se requieran adquirir en
el marco del proyecto de Recuperación Hidráulica y
Ambiental del Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacio. Registros 1 y 2 de los mismos”.
Realizar un monitoreo Proceso radicado en la secretaría General de la
sedimentológico, geotécnico e Corporación con No. 20193129054 del 24/05/2019,
hidrometerológico cuyo objeto es “Evaluación del comportamiento de
sedimentos en la cuenca Ubaté – Suárez con
enfoque en el complejo lagunar Fúquene Cucunubá
y Palacio, mediante el monitoreo de sedimentos
(suspensión y totales), y desarrollo, implementación
y transferencia de conocimiento de: Un modelo de
producción de erosión y sedimento en las once (11)
subcuencas así como un modelo de transporte de
sedimentos, junto con la elaboración de un modelo
geológico-geotécnico del lecho lagunar y espejo de
agua, así como las inmediaciones de la laguna de
Fúquene para los diseños y obras de ingeniería
dentro del proyecto de la recuperación hidráulica y
ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá
y Palacio”.
Adecuación Hidrogeomorfológica Durante el primer trimestre del año 2019, se ha
mediante cosecha de vegetación recuperado 5.45Ha de espejo de agua y se han
acuática y retiro de extraído 2752.595 m3 de sedimentos del complejo
sedimentos. lagunar Fúquene

Delimitar físicamente el perímetro Proceso radicado en la secretaría General de la
de las zonas de ronda hídrica de los Corporación con No. 20193129055 del
ríos Ubaté y Suarez a través de 24/05/2019.
amojonamiento, con el propósito de
favorecer el control, la vigilancia y
la protección de cuerpos hídricos.

Ejecución de obras de adecuación Proceso radicado en la Secretaria General de la
Hidráulica del rio Suarez - Fase I. Corporación con No. 20193129056 del 24/05/2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Elaboración de estudios detallados y Proceso radicado en la Secretaria General de la
diseños de obras de ingeniería Corporación con No. 20193129057 del 24/05/2019.
necesarias para la construcción de las
dos (2) nuevas estructuras hidráulicas
compuertas, ubicadas en sectores
priorizados del cauce del rio Suarez,
Jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca
• CAR.
Adquisición de equipos de Se encuentra radicado en el SECOP como el
topografía de alta precisión para proceso de selección abreviada por subasta
adelantar labores de topografía en inversa presencial No. 09 de 2019, en donde se
la ejecución de las actividades de adelantan las correspondientes actuaciones de
recuperación hidráulica y ambiental respuesta a observaciones de los proponentes y
del complejo lagunar Fúquene está próximo a salir a subasta.
Cucunubá y Palacio y cuerpos
hídricos de la jurisdicción car
Realizar la valorización del material Se adelantó la elaboración de los estudios previos y
orgánico proveniente de la extracción demás documentos precontractuales
de material de las lagunas correspondientes al proceso relacionado, el cual se
encuentra en etapa de revisión y ajuste.
[…]”

145. Además de la protección de la Laguna de Fúquene o del Complejo Lagunar en
los términos expuestos supra, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, en el informe que rindió el 6 de agosto de 2019, explicó
que la entidad ha adelantado otras acciones o medidas de protección.

Respecto de la determinación de la zona de protección del Río Ubaté:

145.1 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante Resolución
654 de 7 de abril de 2015144, determinó la zona de protección del río Ubaté y, en
especial, en su artículo 1, la estableció como aquella “[…] franja comprendida entre
la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea
paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un
área total de dos millones ochenta mil quinientos (2,080.500) metros cuadrados,
aproximadamente […]” El acto administrativo estableció adicionalmente las
coordenadas específicas de la delimitación (Destacado fuera de texto).

145.2 Adicionalmente, el acto administrativo estableció el objeto de la zona de
ronda de protección y el régimen de usos de la ronda, las zonas de riesgo no
mitigable, los parámetros para los usos condicionados, entre otros aspectos, en el
siguiente sentido:

144 Al respecto, ver: https://www.car.gov.co/uploads/files/5ae239dee1251.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

“[…] ARTÍCULO 3: OBJETO. El objetivo fundamental de la zona de ronda de
protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la
conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y
subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales
presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y
concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la
presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la
sostenibilidad de los recursos naturales.

ARTÍCULO 4: RÉGIMEN DE USOS DE LA ZONA DE RONDA DE PROTECCIÓN.
El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente
acto es el siguiente:

Uso principal: conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada
para la protección de los mismos.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre
y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o
construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación,
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de
acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de
la vegetación.

PARÁGRAFO 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar
las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se
asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la
investigación científica y la instalación de las medidas de compensación
correspondientes.

PARÁGRAFO 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de
servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e
imposición de las medidas de compensación correspondientes.

PARÁGRAFO 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos
prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá
tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre
otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la
prevención de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y el
Acuerdo 28 de 2004, emanado de la CAR y, en general, en aquellos casos en los
cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización
impartida por parte de la CAR.

ARTÍCULO 5: PARÁMETROS PARA LOS USOS CONDICIONADOS. La
implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se
sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya
lugar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

b) Autorización previa por parte de l Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR.
c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su
integración paisajística al entorno natural.
d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descara de los mismos,
previo otorgamiento del permiso respectivo.
e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

ARTÍCULO 6: ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE. Bajo ninguna
circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas,
asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no
mitigable, aspecto que será objeto de control por las Administraciones Municipales
de Fúquene, Guachetá, Ubaté y Carmen de Carupa, pertenecientes a la cuenca con
la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento
jurídico vigente sobre la materia.

ARTÍCULO 7: AUMENTO DE COBERTURA BOSCOSA. Los propietarios y
poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección del río Ubaté,
deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la
recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de
seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena
de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR,
principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión
de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

ARTÍCULO 8. DETERMINANTE AMBIENTAL. De conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante
ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y
revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el
ámbito espacial del mismo.

ARTÍCULO 9: LIMITACIÓN. La presente resolución conlleva a una afectación del
derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de
protección del río Ubaté, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido
de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los
propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección del río Ubaté
no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados,
arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto
de otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO 10. SANCIONES. Sin perjuicio de los demás procedimientos y
sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la
presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas
preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas
concordantes sobre la materia.

ARTÍCULO 11. INSCRIPCIÓN. Solicitar a las oficinas de registro de instrumentos
públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en
la ronda de protección del río Ubaté […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

145.3 La Sala considera que el acto administrativo indicado supra, expedido por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, evidencia una medida eficaz y
específica, orientada a garantizar la protección del río Ubaté y su ronda, de cara a la
sostenibilidad de los recursos naturales. Asimismo, tiene por objeto, en los términos
de su artículo 3, la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico
superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas
naturales presentes en la zona.

145.4 Asimismo, el acto administrativo clarifica los usos del suelo permitidos en
forma principal y condicionada y establece los usos prohibidos, regulando además
los requisitos para efectos de autorizar los usos condicionados.

i) Respecto de la reglamentación de corrientes de agua del área de la
cuenca:

145.5 El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca afirmó
que la reglamentación de las corrientes hídricas tiene como objeto mitigar los efectos
que se presentan sobre las fuentes hídricas, debido al uso desmedido,
contaminación y conflictos sociales por la falta de acceso a estas; y precisó145 que
“[…] [s]e otorga la distribución de caudales, entre los usuarios de una misma cuenca
o microcuenca, de forma equitativa, eficiente y suficiente de acuerdo con la oferta, y
las necesidades básicas y productivas, mediante estudios que garanticen el acceso,
organización, y control del uso racional del recurso hídrico y su aprovechamiento,
conservando una sostenibilidad ambiental, equilibrio ecológico y preservación del
mismo. Así mismo trae consigo ventajas en donde se ve favorece el desarrollo social
y económico sin afectar el medio ambiente, ahorro del recurso para la permanencia
a largo plazo, mejora de la calidad mediante el control de vertimientos, preservación
de áreas protegidas y paramos, aumento de la cultura ambiental y sensibilización,
respecto al consumo y cuidado del agua, como recurso indispensable […]”.

145.6 En el informe se indicó que la entidad reglamentaron diversas corrientes del
área de la cuenca; sin embargo, no se incluyeron los actos relativos a la regulación
sobre el río Ubaté, sobre el cual versa el caso concreto.

145 Cfr. Índice 15 SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Nombre Municipio Resolución
Candillal Caldas 321 del 5 de marzo de 2013
Maria Ramos Chiquinquirá 4485 del 27 de diciembre de 2018
El Rosal Chiquinquirá 1805 del 29 de junio de 2018
El Manzano Caldas 825 del 31 de marzo de 2017
Peña Cascajal Saboyá 4264 del 27 de diciembre de 2017
PIemonte Carmen de Carupa 4505 del 28 de diciembre de 2018
Agua Dulce Fúquene- Ubaté 0826 del 31 de marzo de 2017
Soaquira Suesca 2267 del 25 de noviembre de 2013
La Playa Caldas- Simijaca 318 del 5 de marzo de 2013
Rio Hato parte alta Ubaté 319 del 5 de marzo de 2013
San Rafael Ubaté 322 del 5 de marzo de 2013
Chuscales Ubaté 524 del 12 de abril de 2013

ii) Respecto del mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

145.7 En el informe se expuso que en las rondas hídricas se dan los intercambios
de agua, sedimentos y nutrientes que sustentan la interacción de diferentes procesos
físicos, químicos y biológicos a lo largo de las cuencas hidrográficas; deben estar
dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos
naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos
hidrobiológicos, entre otros.

145.8 En este contexto, el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca relacionó en el informe los actos administrativos expedidos con este
objeto en los municipios circundantes de las Lagunas de Fúquene, Cucunubá y
Palacios. Al respecto, se resalta que en esta parte del informe no se incluyeron los
actos relativos a la regulación sobre el río Ubaté, sobre el cual versa el caso
concreto.146

iii) Plan de Acción Cuatrienal

145.9 En el informe 147 , el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca se refirió al Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca 2016 – 2019, en virtud del cual, ha adelantando acciones
para la consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP y
promovido procesos de declaratoria de diversas zonas con potencial natural de
bienes y servicios ecosistémicos. Allí se indicó que ese plan cuatrienal tuvo en
cuenta la recuperación de los complejos lagunares y se indicaron las siguientes
metas, así como actividades:

146 Cfr. Índice 15 SAMAI.
147 Ididem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

META ACTIVIDAD
META 16.1 Realizar el cien por 16.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la administración,
ciento (100%) del proceso de operación y mantenimiento de los embalses propiedad de la
administración, operación y CAR.
mantenimiento de la infraestructura 16.1.2 Porcentaje de intervención de zonas de los Sistemas
en los tres (3) embalses propiedad Hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de
de la CAR, en los dos (2) sistemas Inundaciones de Fúquene- Cucunubá y La Ramada con
hidráulicos de manejo ambiental y operación y/o mantenimiento.
control de inundaciones, y banco de 16.1.3 Porcentaje de operación y mantenimiento del Banco
maquinaria CAR. de maquinaria CAR.
META 16.2 Cumplir el cien por ciento
(100%) del objetivo anual
16.2.1 Porcentaje de avance del objetivo anual del desarrollo
establecido en proyectos priorizados
de los proyectos priorizados en infraestructura enfocada a
para el desarrollo de infraestructura
garantizar la disponibilidad y/o regulación hídrica.
enfocada a garantizar la
disponibilidad y/o regulación hídrica.
META 16.3 Cumplir el cien por ciento 16.3.1 Porcentaje de avance del objetivo anual del desarrollo
(100%) del objetivo anual de los proyectos priorizados en adecuación y mantenimiento
establecido en proyectos priorizados hidráulico.
en adecuación y mantenimiento
16.3.3 Adecuación hidráulica de la laguna de Fúquene.
hidráulico.

145.10 En el mismo sentido, expuso que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca cuenta con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-2023,
el cual se encuentra articulado con el Plan de Acción Cuatrienal de la CAR 2016 –
2019, que incluye las actividades que se desarrollarán en el complejo lagunar
Fúquene, Cucunubá y Palacio.

iv) Otras acciones

145.11 En el anexo del informe que presentó el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca se observa un escrito denominado “[…]
COMPLEMENTACIÓN AL INFORME (DCAS) […]”, según el cual, se han llevado a
cabo, entre otras, las siguientes acciones:

145.11.1 En el marco de la implementación del Plan de Manejo Ambiental del
Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y
Palacio, específicamente desde el objeto del proceso Gestión del Conocimiento, la
entidad ha venido promoviendo la inclusión de actores de los 11 municipios que
componen aquella área en una red de conocimiento socio ambiental, a través del
Sistema de Información de Gestión de Conocimiento.

145.11.2 Se adelanta la edición y publicación de un libro sobre el proyecto
"Fúquene todos de corazón", el cual recopila las acciones y proyectos desplegados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

durante el lapso 2016 – 2019 en el Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio,
conforme a la meta establecida en el Plan de Manejo Ambiental.

145.11.3 Se adelantó el Programa Niños Defensores del Agua y Jóvenes
Pregoneros, así como la estrategia Educativa Sistemas de Captación y Recolección
de Aguas Lluvias-SRALL.

145.11.4 Se llevaron a cabo PIS - Ecosistemas Estratégicos – Cultural; PIS –
Manejo Integral de Residuos Sólidos (Ciclo – Reciclo); PIS – Fortalecimiento de la
Cultura Ambiental en la Gestión del Riesgo; PIS – Estrategas Comunicativas para
Fortalecer la Cultura Ambiental, Red de Comunicadores Comunitarios Ambientales,
Manifestaciones del Arte para el Fortalecimiento de la cultura Ambiental, Aulas para
la Generación de la Conciencia Ambiental; PIS – Impulsar Planes de Desarrollo de
la Educación Ambiental, Acompañamiento a la Implementación del Comparendo
Ambiental, Proyectos Ambientales de Iniciativa Comunitaria, Ecoturismo; entre otros.

145.11.5 Se ha desarrollado el Proceso de Formación para Aumentar la
Capacidad de Adaptación frente al Cambio Climático y Prevención del Riesgo; el
Plan de Comunicación Educativa; el Proceso de Fortalecimiento de los Planes
Territoriales de Educación Ambiental vigencia 2016-2019; entre otros.

145.11.6 Se han llevado a cabo acciones y programas para la promoción e
incorporación de la producción más limpia y los negocios verdes.

145.11.7 Finalmente, la Corporación Autónoma indicó que ha tramitado 891
expedientes permisivos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de,
entre otros Municipios, el de Ubaté, y que en el marco de su función de vigilancia y
control ha tramitado entre 1 de enero de 2012 y 5 de agosto de 2019 un total de 997
trámites sancionatorios.

146. Es importante resaltar que, si bien, algunas de las acciones anteriormente
indicadas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca han estado
orientadas a la protección del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, no
se puede perder de vista, por un lado, que el Plan de Acción POMCA Ubaté y Suárez,
en el marco de la interdependencia ecosistémica, establece acciones específicas
para la protección del Rio Ubaté -en el marco de la cuenca de tercer orden, Ubaté y
Suárez; rio alto Ubaté; y Rio bajo Ubaté Fúquene- a través de diversas acciones en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

83

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

relación con estos ecosistemas, en atención a que precisamente el Rio Ubaté
desemboca en la laguna de Fúquene148, lo cual evidencia la interdependencia entre
estos cuerpos de agua.

147. En efecto, el Plan de Acción POMCA Ubaté y Suárez establece diversos
programas y proyectos para la “CUENCA DE TERCER ORDEN. UBATÉ Y SUÁREZ
TRANSVERSALES”, de la cual hace parte la laguna de Fúquene; “RÍO ALTO
UBATÉ” y “RÍO BAJO UBATÉ FÚQUENE”149, como se observa a continuación:

148 PLAN DE ACCIÓN POMCA UBATÉ Y SUÁREZ.xls (car.gov.co)
149 PLAN DE ACCIÓN POMCA UBATÉ Y SUÁREZ.xls (car.gov.co)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

148. Asimismo, la Sala encuentra que si bien se presentaron diversos informes y
consideraciones generales sobre la protección general de la Cuenca, que exceden
el ámbito de la presente acción, en cuanto se reitera, versa en forma específica sobre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

85

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

el rio Ubaté y su ronda, lo cierto es que se encontró probado que se adelantan
proyectos específicos orientados a la delimitación de las zonas de ronda del Río
Ubaté, a través del amojonamiento, con el propósito de favorecer el control, la
vigilancia y la protección de cuerpos hídricos -Proceso radicado en la secretaría
General de la Corporación con No. 20193129055 del 24/05/2019-. Asimismo, se
probó que la Corporación Autónoma, en el marco del Proceso radicado en la
Secretaria General de la Corporación con No. 20193129057 del 24/05/2019,
adelanta el trámite para la adquisición de equipos de topografía de alta precisión
para adelantar labores de topografía en la ejecución de las actividades de
recuperación hidráulica y ambiental, no solamente del complejo lagunar, sino de
todos los cuerpos hídricos de la jurisdicción Corporación Autónoma.

149. Asimismo y como elemento relevante, se encuentra probado que la
Corporación Autónoma Regional estableció la zona de protección del río Ubaté y, en
especial, definió su ronda, el régimen de usos del suelo, los parámetros de uso
condicionado, limitaciones, entre otros aspectos; actuación que evidencia una
verdadera medida de protección del río Ubaté y su ronda.

150. En ese orden, la Sala concluye que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca ha expedido actos administrativos, ha programado y ejecutado
proyectos o planes y celebrado algunos contratos, con el objeto de lograr la
recuperación, conservación y preservación de las áreas que conforman la Cuenca
Hidrográfica del Río Ubaté – Suárez, en el marco del CONPES núm. 3451 y de los
instrumentos de planificación o manejo de los recursos naturales, entre ellos el Plan
de Acción POMCA Ubaté y Suárez y la Resolución 654 de 7 de abril de 2015, como
sucede, con la delimitación de las rondas hídricas, los planes de ordenamiento de
recursos hídricos, la educación ambiental, entre otros.

151. No obstante, la Sala considera que dichos actos no son suficientes para
superar la amenaza probada sobre el cuerpo hídrico. Si bien es cierto, la delimitación
de la ronda y las medidas adoptadas constituyen un elemento relevante de cara a la
superación de la problemática, se considera que la recuperación, conservación y
preservación de esta cuenca requiere de la articulación institucional y el desarrollo
de actividades, planes, programas y proyectos de forma sucesiva y a largo plazo,
según lo previsto en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

86

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Ubaté, el cual, se fundamentó en el análisis técnico de los diferentes problemas y
alternativas de solución.

152. Por lo tanto, la Sala ordenará a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, al Departamento de Cundinamarca, a los municipios de Fúquene y
Villa de San Diego de Ubaté que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, cumplan con los objetivos, así como las medidas de
protección y conservación de los recursos naturales previstos en los actos
administrativos y planes de ordenamiento que establecen medidas específicas de
protección en relación con el río Ubaté y su ronda, en especial, el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la respectiva Cuenca y la Resolución 654 de 7 de abril
de 2015.

153. Asimismo, se confirmará el numeral 8.11.5 de la parte considerativa de la
sentencia proferida, en primera instancia, que impone a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca la obligación de fomentar la incorporación del Programa
Nacional de Producción más limpia en los sectores lácteo y ganadero, comoquiera
que ello forma parte de los proyectos formulados dentro del Plan de Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca.

154. En este estado del estudio, la Sala considera necesario precisar que la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca manifestó su inconformidad en
el recurso de apelación porque no ha vulnerado ni amenazado los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda.

155. Si bien, en el expediente no obran pruebas que permitan inferir que esta
entidad ha vulnerado o amenazado algún derecho e interés colectivo y que si bien
se acreditaron algunas actuaciones relevantes orientadas a proteger el río Ubaté y
su ronda, ello no impide que el juez imponga obligaciones a su cargo, con
fundamento en los principios de solidaridad y los que rigen la función administrativa
que exigen de las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.

156. Este criterio fue sostenido por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la sentencia proferida el 16 de mayo de 2019 150 , en un proceso promovido con

150 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radición 850012333000201400230-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

87

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

ocasión de la vulneración de los derechos e intereses colectivos por el inadecuado
manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el corregimiento El
Morro. En esa ocasión, se concluyó que si bien, la autoridad ambiental no fue omisiva
en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control, de acuerdo con la ley,
debía llevar a cabo ciertas acciones para proteger los derechos vulnerados.

157. En el caso sub examine, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, de conformidad con la Ley 99, tienen competencias dirigidas a la
protección del medio ambiente y forman parte del Sistema Nacional Ambiental,
según lo precisó la Sala en el título “[…] Marco normativo del Sistema Nacional
Ambiental –SINA- […]”. Además, en el CONPES núm. 3451 de 2006 se determinaron
competencias específicas a cargo de esa autoridad ambiental, con el objeto de llevar
a cabo las líneas de acción propuestas para recuperar y conservar, entre otros, la
cuenca del Río Ubaté, en los términos del Plan de Ordenamiento de la Cuenca y de
la Resolución 654 de 7 de abril de 2015, que estableció parámetros relevantes de
protección, vigilancia y control del ecosistema sub examine.

158. Por las razones expuestas, la Sala considera que no tienen vocación de
prosperidad los argumentos planteados en el recurso de apelación interpuesto por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Vulneración del derecho e interés colectivo al medio ambiente sano en el
Municipio Villa de San Diego de Ubaté

159. Teniendo en cuenta el recurso de apelación y las pruebas, el estudio de este
acápite se abordará en las siguientes partes: i) vertimientos de aguas residuales; y
ii) disposición final de los residuos sólidos en el Municipio Villa de San Diego de
Ubaté.

Vertimientos de aguas residuales

160. En relación con el manejo de aguas residuales en el Municipio Villa de San
Diego de Ubaté, en el informe de visita técnica de campo realizada en los predios La
Fortuna y La Holanda, el 20 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca destacó que “[…] Por uno de sus costados lo atraviesa
La quebrada el Volcán, esta se encuentra contaminada, actualmente se vierte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

88

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

directamente a la fuente aguas […] [residuales] del Centro Poblado el Volcán
sin tratamiento previo […]”151.

161. Asimismo, en el informe núm. 22, realizado por la Secretaría de Planeación
del Departamento de Cundinamarca, respecto de una visita a los bienes inmuebles
denominados La Holanda y La Fortuna en el Municipio de la Villa de San Diego de
Ubaté, se precisó lo siguiente:

“[…] la micro-cuenca del río Ubaté y la quebrada Novilleros o Infierno, presentan
problemas de contaminación hídrica, ya que, se observó en el cauce de sus aguas:

Basuras, escombros y materiales de desecho, entre otros.

En general, muestran deterioro ambiental y vulnerabilidades frente a las zonas
urbanas construidas.

Se observa con mucha preocupación el inadecuado uso y manejo que se le está
dando.

No se identificaron obras de recuperación ambiental en la zona […]”152

162. Según el informe técnico núm. 007 de 5 de enero de 2010, la referida
autoridad ambiental sostuvo que al recorrer el centro poblado Volcán, se encontró lo
siguiente:

“[…] En un recorrido hecho por el sector de interés se estableció:

• Problemática ambiental por los usos urbanos y del centro poblado Volcán,
especialmente por la actividad que se desarrolla en los predios a incluir dentro del
perímetro urbano.

• Según informó el asistente a la visita, en el centro poblado Volcán, únicamente se
presentan problemas ambientales asociados a las aguas residuales domésticas
ya que no se dispone de alcantarillado y no todas las viviendas cuentan con
pozos sépticos, obligando a algunos habitantes a efectuar descargas difusas al
suelo, generando malos olores, vectores e inestabilidad del suelo. Este centro
poblado cuenta con el servicio de acueducto de la vereda Volcán y del acueducto
del Municipio Villa San Diego de Ubaté y de recolección de residuos sólidos por
parte de la Oficina de Servicios Públicos de Ubaté […]”153 (Resaltado fuera de
texto).

163. En las observaciones del informe de la visita técnica de la Secretaría del
Departamento de Cundinamarca en los predios La Holanda y La Fortuna 154 ,
realizadas por el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Fundación

151 Folio 65. Anexo 1
152 Folio 75
153 Folios 102 a 103. Anexo 1
154Febrero de 2010

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

89

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Universitaria Agraria de Colombia, Ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, se
manifestó lo siguiente:

“[…] El río Ubaté, es el recurso hídrico de mayor importancia en la región del
Valle de Ubaté y el más amenazado en el momento. Nace con el nombre del (sic)
El Hato en el municipio de Carmen de Carupa donde comienzan sus problemas,
pues el alcantarillado urbano de dicho municipio deposita sus aguas a él con un
precario tratamiento, además aguas abajo hay algunas empresas lecheras que
también vierten sus aguas sin tratar. Aunque el mayor problema de éste, es tal vez
la presión que sufre por causa de la subdivisión predial, sobre todo en la zona
denominada San Luis, ya que el tamaño de predios en esta zona no supera en
promedio la hectárea, perdiendo así su vocación agrícola por una de tipo habitacional,
con los problemas que esto conlleva como el mal manejo de basuras, aguas
servidas sin tratar, deforestación, sedimentación, daños a la flora y fauna, entre
otros […]”155 (Resaltado fuera de texto original).

164. El Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, el 4 de febrero de 2011, sobre el
funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio Villa
de San Diego de Ubaté, informó lo siguiente:

“[…] Desde hace más de 5 años la planta de tratamiento no ha podido recibir y
tratar la cantidad de agua producida por los habitantes del Municipio de Ubaté,
que su capacidad máxima de tratamiento fue de 18.000 habitantes de carga
residual doméstica. Por lo tanto, en las actuales circunstancias existe una
población de 23.000 habitantes y una carga industrial adicional asociada a la
producción de lácteos, por ello siempre se ha pedido al municipio su ampliación,
actuación que se está contemplando en la actualidad con un préstamo del
gobierno Francés y el Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca.

Cabe aclarar que de la información obtenida dentro del proceso de concertación con
el municipio se puede concluir que el sistema de tratamiento actual no puede tratar el
caudal dispuesto por aproximadamente 5.500 habitantes adicionales existentes (para
los que fue proyectada la PTAR) y la industria láctea del municipio, por ende
independientemente de la reubicación de familias en el municipio se hace necesario
buscar una solución para el aumento de la capacidad de la Planta […]”156 (Resaltado
fuera de texto original).

165. La Jefe de la Oficina Provincial de Ubaté, el 28 de febrero de 2011, manifestó
lo siguiente:

“[…] Por otra parte, en el informe técnico 38 del 10 de febrero de 2011, emitido por el
área técnica de la Oficina Provincial Ubaté, producto de visita técnica efectuada a la
PTAR de Ubaté y al Río Suta, el día 10 de febrero de 2011, se conceptúa entre otros:

“…Así las cosas, se concluye que el sistema presenta tratamiento de aguas
residuales de mediana eficiencia sin que alcance los niveles mínimos exigidos
por el artículo 72 del decreto Nº 1594 de 1984, que corresponden a una remoción
mayor del 80% en carga…”

155 Folio 131. Anexo 1
156 Folio 239 vto. Anexo 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

90

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

“…De acuerdo con las observaciones realizadas en la visita técnica en la zona descrita
anteriormente, se apreció que existen dos puntos de vertimiento de aguas sin
tratamiento al Río Suta…” […]”157.

166. En el documento denominado “[…] EVALUACIÓN PBOT UBATÉ
CONCEPTO DE SANEAMIENTO BÁSICO […]”, en relación con el sistema de
alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales se precisó lo siguiente:

“[…] ALCANTARILLADO

El alcantarillado es de tipo combinado y tiene una cobertura en el área urbana del 70%.

De acuerdo con la información presentada en el PBOT el municipio se encuentra
desarrollando la obra del colector norte, con la que se espera ampliar la cobertura
de alcantarillado en el perímetro urbano.

En el documento presentado por el municipio se recomienda realizar el catastro de
redes, la separación de las aguas lluvias y las aguas residuales, la implementación de
un sistema de tratamiento de aguas residuales y la elaboración del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Solo con el resultado de estos estudios podrá
establecerse la disponibilidad del servicio.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Existe una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la vereda Palogordo,
sin embargo actualmente no opera y las aguas residuales se vierten directamente al
río Suta […]”158 (Destacado fuera de texto).

167. Ahora bien, sobre la atención de la problemática expuesta, según las pruebas,
se han llevado a cabo varias acciones que se describen a continuación:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y unidades sanitarias básicas

168. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca 159 , mediante el informe presentado en la Secretaría General del
Consejo de Estado el 6 de agosto de 2019160, sostuvo lo siguiente:

168.1 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Departamento de
Cundinamarca celebraron el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera
núm. 901 de 2012; en consecuencia, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca quedó vinculada “[…] al Programa Agua para la Prosperidad – Planes

157 Folio 249 vto.
158 Folio 121. Anexo 1
159 Cfr. Folios 868 a
160 Índice 66 Sistema de Gestión Judicial, SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

91

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Departamentales de Agua PAP- PDA, Plan en el que se firmó el acta de concertación
de las obras a realizarse en el marco del componente ambiental, dentro de la que se
estableció una línea para la realización de estudios, diseños, optimizaciones y
construcciones de PTAR con el objetivo de realizar inversiones para la recuperación
ambiental de la Laguna de Fúquene, que hace parte de la Cuenca Alta del Río
Suárez […]. Al estar vinculados al PAP - PDA de Cundinamarca la Corporación y los
municipios, se ratificó la procedente anuencia de concurrir administrativamente entre
las partes vinculadas para cofinanciar las obras necesarias para el tratamiento de
las aguas residuales municipales […]”161.

168.2 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las Empresas
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y los municipios de la cuenca del Alto Suárez
del Departamento de Cundinamarca, en el marco del Programa Agua para la
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua y en cumplimiento del numeral 8.°
de la Cláusula segunda del Convenio Marco núm. 901 de 2012, celebraron el
Convenio Marco núm. 1097 de 8 de noviembre de 2013 con el objeto de “[…] Aunar
esfuerzos financieros, administrativos técnicos entre la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP
y los municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, Susa,
Guachetá, Simijaca, Leguazaque, Cucunubá para adelantar acciones conjuntas en
el ordenamiento y manejo del recurso hídrico de la Cuenca del Río Ubaté – Suárez
[…]”162.

168.3 En desarrollo del Convenio Marco 1097 de 2013 163 , se previó que la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca gestionaría ante FINDETER
recursos para ejecutar las obras civiles requeridas en cada municipio, asumiendo
hasta el 90% del total de su valor; y las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.
E.S.P. se comprometieron a “[…] presentar ante el mecanismo de viabilización los
proyectos que se pretendan realizar con cargo al Convenio Marco y acompañar y
asistir técnicamente a los municipios para la adopción de la tecnología de tratamiento
final de su respectivo proyecto […]”164.

161 Ibidem
162 Ibidem
163 El convenio obra en el expediente digital, archivo 62_ED_20100294001APF(.zip) Nro Actua 111
164 Cfr. Folio 869 reverso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

168.4 Las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., con fundamento en el
contrato EPC-C-081-2010165, obtuvieron el documento de ajuste del diseño de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en concordancia con lo definido en el
Plan de Alcantarillado para el casco urbano del Municipio Villa San Diego de Ubaté.

168.5 En consecuencia, en el Comité Directivo del Programa Agua para la
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua núm. 57, llevado a cabo el 13 de
junio de 2014, se priorizó el proyecto “[…] Construcción de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual del Casco Urbano de Ubaté […]”; asimismo, en el Comité Directivo
del Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales de Agua núm.
61, llevado a cabo el 5 de marzo de 2015, se aprobó el Plan Anual Estratégico de
Inversiones PAEI 2015, dentro del cual, a su vez, se aprobó, entre otros, el proyecto
“[…] Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Casco Urbano
de Ubaté […]”.

168.6 Las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en calidad de gestor
del Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales de Agua y en el
marco de la Resolución MVCT 739 de 25 de junio de 2012 (sic) 166 , presentó el
proyecto ante la Ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con
el fin de obtener el concepto de viabilidad.

168.7 El Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en la
sesión núm. 53 de 23 de octubre de 2014, avaló el Concepto de Viabilidad
Condiciona y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el oficio MVCT
núm. 2014EE0094950 de 7 de noviembre de 2014, emitió la viabilidad del
proyecto; en sus anexos se indicó que previo a la contratación se debía obtener el
permiso de vertimientos.

168.8 Las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., con fundamento en lo
anterior, el 8 de abril de 2015, allegaron a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca el proyecto respectivo y la solicitud de cofinanciación.

165 El objeto del contrato consistió en lo siguiente: “[…] Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de

Planes Maestros de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros Nucleados del
Departamento de Cundinamarca de la Sub zona 2 […]” (Cfr. Folio 869 reverso).
166 Resolución 379 de 25 de junio de 2012, “Por la cual se derogan las Resoluciones 813 de 2008, 0533 de 2011

y 0956 de 2011 y se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se
reglamenta el Comité Técnico de Proyectos y se dictan otras disposiciones”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

93

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

168.9 La Dirección Operativa de Infraestructura de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, por medio del Informe Técnico DOI 090 de 15 de mayo
de 2015, expidió el concepto de la viabilidad técnica de la cofinanciación y
recomendó realizar la revisión, así como el ajuste de los diseños correspondientes.

168.10 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el 29 de mayo
de 2015, le solicitó al Departamento Nacional de Planeación concepto favorable para
llevar a cabo una operación de crédito público sin garantía de la Nación con el objeto
de adelantar las acciones que integran el macroproyecto del Plan de Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca de los Ríos Ubaté – Suárez y CONPES 3451 de 2006.

168.11 En efecto, mediante el oficio SC-20154380378081 de 23 de junio de
2015, se obtuvo concepto favorable de endeudamiento por $22.581.291.847 para la
implementación del proyecto “[…] Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua
Residual del Casco Urbano de Ubaté […]”, los cuales fueron girados a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca el 2 de octubre de 2015.

168.12 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca encontró
conveniente ejecutar el proyecto bajo el esquema de fases y esa entidad celebró,
por una parte, el Contrato de Obra núm. 1434 de 2016167 con el Consorcio PTAR
Ubaté y, por la otra, el Contrato de Interventoría núm. 1646 de 2016 168 con el
Consorcio Interptar Ubaté.

168.13 El contrato de obra se celebró para garantizar la ejecución del proyecto
en las siguientes fases: i) fase 1, consistente en la revisión y ajuste de los diseños;
ii) fase 2, consistente en la construcción física de las obras y la instalación de los
equipos; y iii) fase 3, consistente en el arranque y puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.

168.14 Los contratos de obra e interventoría iniciaron simultáneamente el 25
de enero de 2017 respecto de la Fase 1 para la actualización de criterios de diseño;
el diagnóstico de la infraestructura existente y del diseño en función de la
actualización; el análisis de alternativas de ajuste al diseño, la ingeniería de detalle

167 El contrato obra en el expediente digital, archivo 62_ED_20100294001APF(.zip) Nro Actua 111
168 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

94

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

para la alternativa de ajuste seleccionada; así como la definición del presupuesto y
la fase constructiva.

168.15 La interventoría presentó el concepto de aval de: los diseños finales en
los componentes hidráulico y de procesos, geotécnico, estructura, eléctrico y HSEQ;
los documentos y los productos resultantes de la Fase 1 con el componente
presupuestal; y el presupuesto resultante de la Fase 1, corregido y avalado.

168.16 Ejecutada la Fase 1 y aprobados los productos por la interventoría, el
Consorcio INTERPTAR Ubaté, el Consorcio PTAR Ubaté y el Director de
Infraestructura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
firmaron, el 15 de junio de 2018, el acta de aprobación y finalización de la Fase 1 de
la revisión y ajuste de diseños del Contrato de Obra núm. 1434 de 2016.

168.17 La Empresa de Servicios Públicos de Ubaté S.A. E.S.P., en calidad de
prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado en Ubaté, el 18 de julio
de 2018, solicitó el permiso de vertimientos y la ocupación del cauce, el cual fue
expedido mediante la Resolución CAR 00007 de 8 de enero de 2010 por el término
de diez (10) años.

168.18 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca remitió el
permiso de vertimientos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

168.19 La interventoría solicitó, el 6 de marzo de 2019, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca que adicionara y modificara el valor y el
presupuesto, así como el plazo de ejecución del contrato núm. 1434 de 2016. La
entidad accedió a estas solicitudes.

168.20 Las partes contractuales suscribieron, el 21 de junio y 12 de julio de
2019, la Adición núm. 1.° , el Modificatorio núm. 2.° y la Prórroga núm. 2.° del contrato
de obra núm. 1434 de 2016 y del contrato de interventoría núm. 1646 de 2016.

168.21 Se avanza actualmente -a la fecha de presentación del informe- en la
Fase II de la obra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

95

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

169. Además de lo expuesto en precedencia, el Municipio Villa de San Diego de
Ubaté rindió un informe, mediante el oficio ADS – 007 de 19 de febrero de 2020169,
según el cual ha realizado las siguientes actividades:

169.1 La construcción de cuarenta (40) unidades sanitarias básicas en el sector rural
del ente territorial, mediante el convenio interadministrativo núm. EEPC-CI-056-2015
y el contrato de obra núm. 031 de 2015170.

169.2 La celebración del convenio interadministrativo EPC-CI-075 de 2015171 para
aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de construcción y optimización del
acueducto de la cabecera Municipal de Ubaté, el cual se encuentra liquidado. El
contrato fue cumplido por las partes172.

169.3 La celebración del contrato de obra núm. 040 de 2015173, cuyo objeto consistió
en la construcción y optimización del acueducto de la cabecera municipal de Ubaté,
para ejecutar por el sistema de precios unitarios no reajustables todas las obras
necesarias para la construcción y la optimización del acueducto de la cabecera
municipal de Ubaté. En virtud del cual, se llevó a cabo el cambio de la tubería de
asbesto del sistema de acueducto por tubería PVC y la construcción del tanque de
potabilización. El contrato se encuentra liquidado y fue cumplido por las partes174.

170. Asimismo, Empresas Públicas de Cundinamarca, mediante el informe de 1.°
de agosto de 2019, sostuvo que se llevó a cabo un proyecto de “[…] Construcción
de los sistemas de alcantarillado de los centros poblados Palo Gordo Guatancul y
San Luis de Ubaté […]” por $8.043.294.746; sus ejecutores fueron “[…] EPC-
Municipio […]”. Asimismo, indicó que las inversiones realizadas para el saneamiento
de los vertimientos en el ente territorial corresponden a $17.793.356.434, distribuidos
así:

169 Cfr. Folio 1058
170 A folios 1062 a 1070 obra el acta de liquidación bilateral, con las siguientes observaciones:“[…] 1. EL
SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente: se recibe el proyecto al 100% de su ejecución según
información encontrada en la carpeta del convenio EPC-CI-056 de 2015 del Municipio de Ubaté y a los soportes
entregados por la interventoría los cuales también reposan en la carpeta del contrato de interventoría PDA-I-312
de 2015 de la firma interventora UNIÓN TEMPORAL EPC 024. 2. Las obligaciones del contrato de obra 031-
2015 se cumplieron a satisfacción […]”
171 El contrato obra a folios 1083 a 1088
172 A folios 1089 a 11085 obra el acta de liquidación bilateral, según la cual, “[…] LA SUPERVISORA deja

constancia de que revisada la información presentada por LA INTERVENTORÍA, las obras contratadas y las
obligaciones asumidas por las partes en desarrollo del Convenio Interadministrativo EPC-CI-075-2015, se
cumplieron a satisfacción, teniendo en cuenta que el contrato derivado se ejecutó igualmente […]”.
173 El contrato obra a folios 1101 a 1117
174 A folios 1118 a 1120

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

96

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

“[…]

Municipi PSMV PGIRS PTAR PMAA UNIDADES TOTAL
o SANITARIA INVERSIÓN
S
Ubaté $- $22.000.00 $4.863.799.17 $12.182.384.90 $725.172.35 $17.793.356.43
0 8 6 0 4

[…]”.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio Villa de San
Diego de Ubaté

171. La Sala encuentra que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
mediante la Resolución 1583 de 4 de septiembre de 2013175, resolvió aprobar el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el casco urbano, en el cual se
proyectó la carga contaminante, los objetivos de reducción de los puntos de
vertimiento, las metas de calidad asociadas a la reducción de carga contaminante y
el cronograma de inversión, entre otros aspectos.

172. En el artículo 2.° de ese acto administrativo se estableció que el Municipio
Villa de San Diego de Ubaté tiene las obligaciones de: i) cumplir los objetivos de
calidad establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en la
Resolución CAR 3462 de 2009, correspondiente a la clase IV; ii) establecer en el
Plan de Obras una solución a los vertimientos generados en el sector del Colegio
Bolívar y Chircales; y iii) allegar los diseños constructivos del proyecto Colector
Norte.

173. Sobre el particular, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. informó
que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se encuentra en seguimiento
y control.

Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio Villa de San Diego de Ubaté

174. Respecto de la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado, de acuerdo
con las pruebas, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y la Empresa de
Servicios Públicos del Municipio Villa San Diego de Ubaté S.A. E.S.P. celebraron el

175 Cfr. Folios 524 a 553, Índice 114, SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

97

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

convenio interadministrativo núm. EPC-CI-0-087 de 2017176 con el siguiente objeto:
“[…] AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE UBATÉ […]”.

175. En consecuencia, la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa San
Diego de Ubaté S.A. E.S.P. celebró el contrato de consultoría núm. 001-2018 el 29
de enero de 2018, cuyo objeto consistió en la “[…] consultoría para llevar a cabo la
actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial del Municipio de
Ubaté, según Convenio Interadministrativo N° 087 de 2017 […]”177.

176. No obstante, en el acta de liquidación del contrato de consultoría núm. 001-
2018 de 2018178 se indicó que los “[…] los interventores del contrato certifican que
El contratista NO cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto contractual
[…]”.

177. Lo cual permite inferir que el Municipio Villa San Digo de Ubaté no cuenta con
el Plan Maestro de Alcantarillado actualizado.

Conclusiones en relación con el manejo de vertimientos en el Municipio Villa
de San Diego de Ubaté

178. De conformidad con las pruebas citadas supra, en el Municipio Villa San Diego
de Ubaté existía una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que funcionaba
inadecuadamente y no tenía una cobertura del cien por ciento (100%) de las
viviendas; por lo tanto, las fuentes hídricas que atraviesan el ente territorial
resultaban afectadas por el vertimiento de aguas residuales domésticas e
industriales, sin tratamiento adecuado. Sin embargo, por medio de la articulación y
coordinación de varias entidades nacionales y territoriales, se promovió el proyecto
“[…] Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Casco Urbano
de Ubaté […]”, el cual se está ejecutando actualmente y permitirá ampliar la
capacidad de tratamiento de las aguas residuales, así como garantizar la protección
de las fuentes hídricas.

176 Cfr. Folios 1121 a 1234
177 Cfr. Folio 1136
178 Cfr. Folios 1135 a 1139

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

98

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

179. En el mismo sentido, se construyeron cuarenta (40) unidades sanitarias
básicas en el sector rural para atender las necesidades especiales en materia de
saneamiento básico de la población; asimismo, se llevó a cabo el proyecto de “[…]
Construcción de los sistemas de alcantarillado de los centros poblados Palo Gordo
Guatancul y San Luis de Ubaté […]”

180. Lo anterior, permite concluir que el ente territorial, en coordinación y con el
apoyo de varias entidades, ha realizado esfuerzos para garantizar que las aguas
residuales se viertan en condiciones que prevengan los altos impactos negativos del
medio ambiente.

181. A pesar de lo expuesto y teniendo en cuenta que el manejo de los vertimientos
en las condiciones previstas en la normativa exige esfuerzos continuos para
garantizar que estos no generen una grave afectación del medio ambiente y de los
recursos hídricos, la Sala le ordenará al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río de Ubaté, continúe con la
gestión de los proyectos para el mejoramiento del sistema de saneamiento básico
urbano y rural, la construcción de unidades básicas sanitarias que se requieran y el
desarrollo de proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en el ente territorial.

182. El cumplimiento de esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término
pactado en los contratos que, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se hayan
celebrado para la ejecución de los proyectos indicados supra.

183. Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el Municipio Villa de
San Diego de Ubaté deberá informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
los plazos previstos en los contratos que se han celebrado.

184. Lo anterior, en el término máximo de un mes, contado a partir del día
siguiente en que quede ejecutoriada esta sentencia.

185. Si el ente territorial, en el marco de sus competencias, debe llevar a cabo
un proceso de contratación para el cumplimiento de esta orden judicial, el plazo
será el que se establezca en los estudios técnicos. En este caso, las entidades

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

99

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

tendrán un plazo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente en que
quede ejecutoriada esta sentencia, para iniciar el proceso de contratación.

186. Ahora bien, la falta de actualización del Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, de acuerdo con las condiciones contractuales previstas en el
contrato de consultoría núm. 001-2018 de 2018, pone en riesgo la sustentabilidad
hídrica comoquiera que este es un instrumento que contiene los lineamientos
conceptuales, técnicos, jurídicos y de política necesarios para prestar
adecuadamente el servicio público de alcantarillado.

187. Por lo tanto, la Sala le ordenará al ente territorial que, si aún no lo ha hecho,
en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,
realice los trámites administrativos y presupuestales para la actualización del Plan
Maestro de Alcantarillado, incluyendo los criterios para la efectiva prestación de este
servicio público en la zona urbana y rural, de acuerdo con las necesidades de las
veredas que componen el territorio y con fundamento en el Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca del Río Ubaté.

188. En el caso de que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté haya celebrado
el contrato para la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, el cumplimiento
de esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término que se hubiere pactado
en este.

189. Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el ente territorial deberá
informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los plazos previstos en los
contratos que se han celebrado. Lo anterior, en el término máximo de un mes,
contado a partir del día siguiente en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Disposición final de los residuos sólidos en el Municipio Villa San Diego de
Ubaté

190. De acuerdo con el documento denominado “[…] Diagnóstico, prospectiva y
formulación de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Ubaté y Suárez […]”, aportado
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con la contestación de la
demanda, el Municipio Villa de San Diego de Ubaté cuenta con una planta de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

100

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

tratamiento de residuos sólidos en la finca Los Novilleros 179 ; sin embargo, en la
inspección judicial, llevada a cabo el 17 de mayo de 2011, se indicó lo siguiente:

“[…] Ubicados en el sitio donde se disponen las basuras del municipio se encuentra
un problema de salubridad delicado, en este momento existe un volumen
importante de basura sin ninguna medida de reciclaje, se observan como los
lixiviados llegan al vallado contiguo del cual toma agua el ganado; puede decirse
que no hay programa de disposición y recolección de basuras, sobre este tema se
llama la atención al señor alcalde y a las autoridades ambientales. El ing. SERGIO
indica que la CAR tiene abierto un proceso sancionatorio al municipio por estos hechos
y se ha puesto medida preventiva por disponer basuras en un sitio no autorizado. El
señor Alcalde informa que dispone los residuos sólidos a Mondoñedo, pero que los
fines de semana no puede hacerse traslado de basuras por las vías departamentales,
por eso, se dispuso este sitio para la recolección transitoria mientras el carro las recoge
el día lunes […]. El doctor CONTRERASA (sic) indica que como se puede observar
en las partes altas de las basuras ya existe pasto, lo que desvirtúa lo dicho en
cuanto a que es un paso transitorio. En este estado de la diligencia se hace presente
el señor JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.105.084 de Bogotá, quien como vocero de las 17 familias que viven en el
sector denuncia la terrible situación que se soporta pues los olores, la presencia de
roedores y mosquitos afectan a la población infantil adulta del sector, solicita la
intervención inmediata de la autoridad pues no es la forma en la debe manejarse la
basura […]”180.

191. El manejo inadecuado de los residuos sólidos, en las condiciones citadas
supra, constituye una amenaza por el impacto ambiental negativo al medio ambiente
con el potencial de afectar el Río Ubaté, lo cual fue objeto de la demanda en tanto el
actor popular manifestó, por un lado, “[…] la protección de la cuenca del Río Ubaté
como patrimonio público medioambiental de vital importancia para la región y como
principal afluente de la laguna de Fúquene y tomen las medidas necesarias, -plan
de manejo- a fin de evitar siga aumentando la contaminación, con ocasión a los
vertimientos de las aguas residuales domésticas que son arrojadas a su cauce por
los diferentes municipios de su jurisdicción, sin que cumplan los parámetros de los
límites de vertimientos permitidos y establecidos en la Ley y se conserve dichos
afluentes para las futuras generaciones […]”. Por lo anterior, se solicitó que, en un
plazo razonable y en el marco del “[…] plan de saneamiento y manejo de vertimientos
de aguas residuales”, […] se cumpla con los parámetros de vertimientos de aguas
residuales de conformidad al Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004,
Resolución 2145 de 2005 y demás normas aplicables, para que los límites de
contaminación se adecuen a los parámetros establecidos en la Ley y se pueda
garantizar un desarrollo sostenible […]”.

179 Folio 159. Cd. Fl. 112
180 Folio 266

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

101

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

192. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala le ordenará al Municipio Villa San
Diego de Ubaté, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria
de esta providencia, si aun no lo ha hecho, inicie las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para: i) determinar el impacto ambiental de la disposición
inadecuada de los residuos sólidos, en el predio objeto de la inspección judicial
practicada el 17 de mayo de 2011; y ii) adopte las medidas necesarias para la
restauración y recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales
afectados.

193. Ahora bien, en el caso sub examine, Empresas Públicas de Cundinamarca
S.A. E.S.P. informó 181 que apoyó al ente territorial en el marco del contrato de
consultoría que se celebró para revisar, ajustar y formular los planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos en los municipios del Departamento de Cundinamarca,
así:

“[…] Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, apoyó al municipio de Ubaté,
mediante el contrato de consultoría PDA-C-040-2016 cuyo objeto es realizar la
“REVISIÓN, AJUSTE Y FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS GRUPO 1 Y 2”; documento que fue entregado al municipio.

MUNICIPIO EJECUTOR INVERSIÓN PDA OBSERVACIONES
Ubaté EPC $ 22.000.000 EPC-PDA-C-040-2016
Terminado
TOTAL $22.000.000

[…]”.

194. En el Acta de Liquidación del contrato de consultoría PDA-C-040-20 se dejó
constancia que se entregó, entre otros, el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Municipio de Ubaté182; asimismo, se expresó que “[…] el Municipio de
Ubaté a la fecha [11 de agosto de 2017] no realizó la adopción del PGIRS, el cual
fue entregado el 11 de abril de 2017 y publicado 20 días hábiles en la página Web
del Municipio, se realizaron los ajustes y observaciones solicitados por el Municipio

181 Cfr. Folio 494 Índice 114 SAMAI
182 Cfr. Folio 136, Índice 114, SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

102

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

y se entregó nuevamente al señor Alcalde el 13/03/2016 (sic) para su adopción
correspondiente […]”.

195. Revisada la página web del Municipio Villa de San Diego de Ubaté 183 se
encuentra que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del ente territorial fue
aprobado; en efecto, en este se indicó lo siguiente:

196. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos permitirá el manejo de los
residuos sólidos basado en una política desarrollo sostenible.

197. Ahora bien, de acuerdo con el informe que rindió el Director de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca en el año 2020, esa entidad ha realizado dos
visitas anuales para el seguimiento y control en el avance del Plan de Gestión
Integral del Residuos Sólidos y elaboró la ficha de seguimiento, basada en los
programas, proyectos y actividades con el fin de determinar el cumplimiento en la
ejecución de los programas establecidos por la Resolución 754 de 25 de 25 de
noviembre de 2014184, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
con metas de aprovechamiento relacionadas con el corte de Césped y Poda de
Árboles, la inclusión a Recicladores, Gestión de Residuos de Construcción y

183 http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/desarrollo-sustentable/plan-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-
municipio
184 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control

y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

103

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Demolición, la Gestión de Residuos Especiales y la Gestión de Residuos en el Área
Rural.

198. Las visitas de seguimiento son las siguientes:

Fuente: Seguimiento PGIRS 2012-2015

Fuente: Seguimiento PGIRS 2016-2019

199. Teniendo en cuenta que, según esta prueba, se encuentran en ejecución los
planes y programas previstos en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del
ente territorial, la Sala exhortará: i) al Municipio Villa de San Diego de Ubaté para
que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
promueva la ejecución e implementación de los planes y programas previstos en el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos teniendo en cuenta los plazos y los
cronogramas previstos en este, así como en los documentos complementarios; y ii)
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para que, en el marco de
sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, continue con el
seguimiento y control del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y, en caso
de verificar la posible configuración de una conducta constitutiva de infracción
ambiental, deberá iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio, de
conformidad con la Ley 1333.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

104

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Vulneración del derecho e interés colectivo al medio ambiente en el Municipio
de Fúquene

200. El Municipio de Fúquene, por conducto de apoderado judicial, en el recurso
de apelación manifestó que “[…] en ningún momento se realizó inspección judicial a
la ronda del rio (sic) que se encuentra dentro de la jurisdicción del Municipio de
Fúquene, en consecuencia no se demostró vulneración alguna frente a este ente
municipal y no había lugar a la prosperidad de las pretensiones […]” 185
(Resaltado fuera de texto).

201. En efecto, la inspección judicial se llevó a cabo en el Municipio Villa de San
Diego de Ubaté. Sin embargo, en el documento denominado “[…] Diagnóstico y
formulación de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez […]”, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca precisó lo siguiente:

“[…] La gran mayoría de los municipios pertenecientes a esta cuenca carecen de
sistemas de tratamiento de aguas residuales como se muestra en la siguiente tabla.
Como consecuencia de lo anterior presentan descargas sobre ríos y quebradas
sin ningún tipo de control.

[…]

Tabla 74 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en cabeceras municipales
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AR
Nº Subcuenca Municipio C tratado
Si No Especificación IPS
2401-06 Río bajo Ubaté
Fúquene X

[…]”186.

202. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en octubre de 2011,
informó, en relación con el manejo de aguas residuales, lo siguiente:

“[…]
Municipio PTAR VERTIMIENTOS ORDENADO POR
No reporta el casco Descarga directa por
FÚQUENE urbano. La inspección de infiltración al suelo. Municipio
Capellanía reporta PTAR Centro poblado
con capacidad de 1,5 lps Capellanía descarga

185 Folio 675
186 Folio 158 del disco compacto visible a folio 112

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

105

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

directa a la Quebrada
Bautista

[…]”187

203. Ahora bien, esta Sala, mediante el auto proferido el 15 de julio de 2019188,
decretó varias pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, según las
cuales el Municipio de Fúquene, con el apoyo de Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P., ha celebrado contratos relacionados con el manejo de
vertimientos y el saneamiento ambiental, los cuales se explican a continuación:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Capellanía

204. De acuerdo con el informe que rindió el Alcalde del Municipio de Fúquene,
mediante el oficio D.A. 062-2019 de 6 de septiembre de 2019189, Empresas Públicas
de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el Consorcio SES ARQ celebraron el contrato EPC-
C-077 de 2010 para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto de
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del centro poblado
Capellanía.

204.1 El Gobernador del Departamento de Cundinamarca y el Gerente de las
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presentaron, el 22 de octubre de
2013, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto denominado “[…]
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL […]
PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE
[…]”. Este proyecto fue reajustado de acuerdo con los requerimientos del Ministerio.

204.2 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el oficio de 5 de enero
de 2016, indicó que el tipo de tecnología implementada en los diseños de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de Capellanía pone en riesgo su sostenibilidad,
operación y mantenimiento 190 . Por lo tanto, exigió que: i) en los contratos de
consultoría se debe incluir un estudio detallado de alternativas, soportados en
estudios de prediseño, costos de inversión, costos de operación y mantenimiento,
así como la incidencia en las tarifas; y ii) en la etapa de selección de alternativas

187 Folio 1 Anexo 5
188 Cfr. Folios 845 a 854
189 Cfr. Folios 924 a
190 No se precisó en el informe que rindió el Alcalde del Municipio de Fúquene qué se pone en riesgo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

106

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

deben participar el ente territorial, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

204.3 En consecuencia, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el
Consorcio Orión 76 celebraron el contrato de consultoría núm. PDA-C-322-2017 de
2017, con el objeto de revisar las alternativas y ajuste del diseño del sistema de
tratamiento de aguas residuales del centro poblado Capellanía.

204.4 El Contrato de Consultoría PDA-C-322-2017 de 2017 representa una
inversión de $180.000.000 y el acta de inicio se suscribió el 26 de julio de 2017,
según el informe que rindió el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca191 el 6 de agosto de 2019192.

204.5 Asimismo, en el informe citado supra, se indicó que “[…] de esta consultoría
se cuenta con avances en los estudios de topografía, hidrología, diagnóstico,
definición de los criterios de diseño, formulación de la metodología para la selección
de las alternativas de tratamiento y avances en la modelación ambiental del
vertimiento para obtener el referente de calidad del cuerpo receptor de la descarga
del sistema de tratamiento proyectado, referente que fue emitido por la Dirección de
Recursos Naturales (DRN) de la CAR mediante memorando N° 20183165780 del 12
de diciembre de 2018. En el mes de febrero de 2019 el contrato de consultoría fue
cedido para continuar con la ingeniería de detalle a partir del 11 de abril de 2019, por
lo que se han realizado diversas mesas de trabajo entre la interventoría de Empresas
Públicas de Cundinamarca, CAR y consultoría para establecer el tipo de tecnología
a desarrollar teniendo en cuenta el referente de calidad otorgado por la DRN de la
Corporación […]. [No obstante], sin que la EPC entregue a satisfacción los
productos de dicha consultoría no es viable para la CAR apropiar recursos
para la construcción y puesta en marcha de esa PTAR […]”193 (Destacado fuera
de texto).

204.6 En concordancia con lo indicado anteriormente, Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P., en el informe que rindió el 1.° de agosto de 2019, expuso
lo siguiente:

191 Cfr. Folios 868 y siguientes.
192 Índice 66 Sistema de Gestión Judicial, SAMAI
193 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

107

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

“[…] En lo referente a los estudios y diseños de las plantas de tratamiento de aguas
residuales de los municipios en mención, se señalan a continuación los proyectos
relacionados:

Municipio Proyecto Inversión Observaciones
PDA
Fúquene PTAR Capellanía $41.884.306 EPC-081-2010
Liquidado
Fúquene Revisión de las $179.993.450 PDA-C-322-2017
alternativas y En ejecución
ajuste del diseño
del sistema de
tratamiento de
aguas residuales
del centro
poblado de
Capellanía
[…]”.

204.7 En el referido informe se precisó que las inversiones realizadas para el
saneamiento de los vertimientos son las siguientes:
“[…]
Municipio PSMV PGIR PTAR PMAA UNIDADES TOTAL
SANITARIAS INVERSIÓN
Fúquen $58.542.056 $ $221.877.756 $2.460.348.276 $954.900.399 $3.695.668.487
e -

204.8 Por último, el Municipio de Fúquene informó que compró el predio para la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y que este cumple con los requisitos
exigidos.

204.9 En el Acuerdo núm. 03 de 31 de mayo de 2020, “[…] Por el cual se adopta el
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TRAYECTORIA SOCIAL: GARANTÍA DE
BUEN GOBIERNO […]” publicado en la página web del Municipio de Fúquene194, en
el numeral 2.1. del numeral 2.° del artículo décimo segundo, se indicó que el ente
territorial se encuentra en el Plan Departamental de aguas y cuenta con la
priorización del proyecto “[…] Construcción PTAR zona urbana de Capellanía […]”,
con un avance del 20%.

Construcción y optimización del alcantarillado de Capellanía

204.10 En el informe que rindió el Alcalde de Fúquene se manifestó que: i) el
Municipio de Fúquene y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

194 https://fuquenecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/fuquenecundinamarca/content/files/000229/1143

9_acuerdo--no-03-de-2020-plan-de-desarrollocompressed.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

108

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

celebraron el convenio interadministrativo EPC-C-010 de 2015 para aunar
esfuerzos para contratar la construcción y optimización del alcantarillado del
centro poblado Capellanía; ii) el Municipio de Fúquene y el Consorcio Proycom
celebraron el contrato de obra pública núm. 104 de 2015 para la construcción y
optimización del alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado
Capellanía.

204.11 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en el informe de
fecha 1.° de agosto de 2019, explicó que el proyecto “[…] Construcción y
optimización alcantarillado pluvial centro Capellanía [….]” fue ejecutado por “[…]
EPC – MUNICIPIO […]”, en virtud del contrato EPC-CI-010-2015, con una “[…]
inversión del PDA […]” de $1.822.529.596; y que su avance físico correspondía al
45%.

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del sector urbano de Fúquene

204.12 La Sala observa que se celebró el convenio interadministrativo núm.
059 de 24 de junio de 2015 para contratar la construcción del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Casco Urbano; y, con fundamento
en lo anterior, el Municipio de Fúquene celebró el contrato de obra pública núm.
105 de 2015 con el Consorcio IES Proyectar, con el objeto de “[…] realizar las obras
de: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE –
CUNDINAMARCA – CONVENIO EPC-CI-059 – 2015 […]”195.

204.13 En efecto, el objeto de este contrato incluyó: desarenador, redes de
acueducto, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. Sin embargo, en el informe
no se determinó si se llevó a cabo con éxito la obra pública correspondiente.

204.14 Además, el Alcalde Municipal informó que adelantó la construcción de
un filtro verde para “[…] el tratamiento de las aguas residuales en la cabecera
Municipal de Fúquene […]”.

195 Cfr. Folio 942

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

109

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

204.15 La elaboración del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
Municipio de Fúquene fue objeto del contrato interadministrativo núm. EPC-CI-033-
2012, suscrito entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el Municipio
de Fúquene; en virtud del cual, se celebró el contrato derivado núm. 002-2013 con
el siguiente objeto: “[…] Elaboración Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV del Municipio de Fúquene Cundinamarca […]”.

204.16 En el acta de liquidación del contrato, el supervisor dejó constancia que
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- del casco urbano y del
centro poblado Capellanía fue elaborado por el consultor; en consecuencia, el ente
territorial radicó ante la autoridad ambiental el documento final, sin embargo196:

204.16.1 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante los
informes técnicos núm. 760 de 3 de octubre de 2014 y 764 de 7 de octubre de 2014,
indicó que no es procedente técnicamente la aprobación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos -PSMV- del casco urbano del centro poblado Capellanía.

204.16.2 El Municipio de Fúquene radicó los ajustes del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos el 25 de mayo de 2015.

204.16.3 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante la
Resolución núm. 2582 de 19 de septiembre de 2017, resolvió negar la aprobación
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano y del Centro
Poblado Capellanía.

204.16.4 El Municipio interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm.
2582 de 2017; además, según las pruebas, “[…] El 20 de febrero de 2018 se sostuvo
reunión con el municipio y el contratista, se informa que, por gestión de Empresas
Públicas de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
agendó cita para el mismo día. Se asiste a la reunión con la CAR donde se informa
que se puede nuevamente radicar la solicitud de aprobación de PSMV pero que
sin embargo, el contratista y el municipio deben atender las recomendaciones
hechas por la corporación para su aprobación […]”.

196 Esta información se encuentra en el acápite denominado “Observaciones” del acta de liquidación del contrato

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

110

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

204.16.5 El Municipio y el consultor celebraron un contrato de transacción, en
virtud del cual se asumió el “[…] compromiso y obligación de realizar las
correcciones, actualizaciones y ajustes para la elaboración del Plan de saneamiento
y manejo de vertimientos -PSMV, casco urbano y centro poblado de Capellanía, del
Municipio de Fúquene, de acuerdo a las observaciones técnicas y condiciones
señaladas en la resolución No 2582 del 19 de septiembre de 2017, expedido por el
Director Jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y sus
documentos soportes de la misma, y el acto administrativo que resuelva la vía
gubernativa de la resolución en mención, y la guía técnica vigente de Formulación
del PSMV de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 20. EL
CONSULTOR una vez haya realizado las correcciones, actualizaciones y ajustes al
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV, casco urbano y centro
poblado de Capellanía […], deberá presentarlo ante EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., interventora del contrato interadministrativo No E.°M-
C1.003 de 2012, para su respectiva revisión y aprobación, y en caso de surgir alguna
observación, deberá EL CONSULTOR atender todos y cada uno de los
requerimientos de la Interventoría 3° Evacuado las actuaciones descritas en los
numerales 1 y 2, con su correspondiente aprobación de la Interventoría de Empresas
Públicas de Cundinamarca 5.A ESP., EL CONSULTOR, deberá radicar el Plan de
saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV, casco urbano y centro poblado de
Capellanía, del Municipio de Fúquene, con sus soportes técnicos respectivos ante la
Corporación Autónoma regional de Cundinamarca, para el trámite administrativo
correspondiente, siguiendo el cronograma de actividades del PSMV del P.Siv1V, que
hace parte de integrante de este contrato […]”.

204.16.6 El Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca197 aportó un anexo198 al informe presentado en la Secretaría General
del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2019, denominado “[…] INFORME
GENERAL DE EXPEDIENTES AMBIENTALES -SAE […]”, según el cual, en el 2019,
se abrieron los trámites denominados Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos; en el documento se encuentra la siguiente información:

204.16.6.1. Respecto del expediente administrativo núm. 74364:

197 Cfr. Folios 868 a
198 Expediente digital, archivo 62_ED_20100294001APF(.zip) Nro Actua 111

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

111

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

i) Tipo de trámite: permisivo
ii) Trámite: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
iii) Estado: En trámite
iv) Regional: Ubaté
v) Fecha de apertura: 20 de marzo de 2019
vi) Apertura obedece a: Apertura a petición de parte- Radicado SIDCAR
vii) Núm. radicado apertura: 20191101947
viii) Fecha radicado apertura: 18 de enero de 2019
ix) Sector económico: Otras actividades de servicios personales – V49609
x) Actividad económica: Otras actividades de servicios personales
xi) Solicitante: Administración Municipal de Fúquene
xii) Ubicación y predio principal: Fúquene – centro.

204.16.6.2. Respecto del expediente administrativo núm. 74365:

i) Tipo de trámite: permisivo
ii) Trámite: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
iii) Estado: En trámite
iv) Regional: Ubaté
v) Fecha de apertura: 20 de marzo de 2019
vi) Apertura obedece a: Apertura a petición de parte- Radicado SIDCAR
vii) Núm. radicado apertura: 20191101946
viii) Fecha radicado apertura: 18 de enero de 2019
ix) Sector económico: Otras actividades de servicios personales – V49609
x) Actividad económica: Otras actividades de servicios personales
xi) Solicitante: Administración Municipal de Fúquene
xii) Ubicación y predio principal: Fúquene – centro.

204.16.7 Finalmente, en el Acuerdo núm. 03 de 31 de mayo de 2020, “[…] Por
el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TRAYECTORIA
SOCIAL: GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO”, publicado en la página web del
Municipio de Fúquene 199, en el numeral 2.1. del numeral 2.° del artículo décimo
segundo, se indicó que el “[…] Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) se encuentra aprobado mediante Resolución N.º 3998 de fecha 29 de

199 https://fuquenecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/fuquenecundinamarca/content/files/000229/1143

9_acuerdo--no-03-de-2020-plan-de-desarrollocompressed.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

112

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

noviembre de 2019, para la zona urbana y la Resolución N.º 3999 del 29 de
noviembre de 2019 para el Centro poblado de Capellanía […]”.

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

204.17 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., mediante el oficio de
1.° de agosto de 2019, explicó que el contrato EPC-C-081 de 2010200 también incluyó
los proyectos denominados “[…] revisión y Actualización PMAA urbano […]” y “[…]
Revisión y actualización PMAA […]”, con una inversión del “PDA” $101.067.076 y
$185.703.072, respectivamente.

204.18 En el Acuerdo núm. 03 de 31 de mayo de 2020, “[…] Por el cual se
adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TRAYECTORIA SOCIAL:
GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO”, publicado en la página web del Municipio de
Fúquene 201 , en el numeral 2.1. del numeral 2.° del artículo décimo segundo, se
manifestó que el “[…] Plan maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA) se
encuentra en proceso de actualización bajo la Empresa pública de Cundinamarca,
sin embargo, la Inspección de Capellanía cuenta con dos (2) proyectos priorizados
en el Plan Departamental de Aguas […]”.

Construcción Unidades Sanitarias Rurales y plantas de potabilización de agua

204.19 El Alcalde del Municipio de Fúquene, mediante el informe de 6 de
septiembre de 2019, explicó que el ente territorial celebró el convenio
interadministrativo núm. EPC-CI-2020 de 2018 con el objeto de aunar esfuerzos
técnicos y administrativos para contratar la construcción de 32 unidades sanitarias
en la zona rural202.

204.20 Además, sostuvo que ha realizado en los últimos años -no precisó
cuáles- mantenimientos periódicos a las plantas de potabilización de agua, así como
a los pozos profundos de las veredas; actividades de mantenimiento preventivo,
correctivo o de optimización en varios acueductos rurales y en el urbano.

200 El contrato EPC-C-081 DE 2010, tiene por objeto: “[…] el AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, TERMINACIÓN O
FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA […]”.
201 https://fuquenecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/fuquenecundinamarca/content/files/000229/1143

9_acuerdo--no-03-de-2020-plan-de-desarrollocompressed.pdf
202 El convenio interadministrativo obra a folios 988 a 1083

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

113

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Conclusiones en relación con los vertimientos en el Municipio de Fúquene

205. Con fundamento en el anterior recuento probatorio, la Sala concluye que en
el Municipio de Fúquene, en coordinación con otras entidades, ha celebrado varios
contratos estatales para avanzar en la protección del medio ambiente en cuanto al
manejo de vertimientos, como sucede con la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Capellanía, la construcción y optimización del alcantarillado de
Capellanía, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Urbano, el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, así como la construcción de unidades sanitarias rurales. Sin embargo,
las pruebas no permiten inferir que todos los proyectos mencionados están
terminados y funcionando efectivamente o su impacto en el manejo de los
vertimientos y en el saneamiento básico.

206. En consecuencia, resulta necesario ordenar al Municipio de Fúquene que, en
el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias y del Plan
de Ordenamiento de la Cuenca del Río Ubaté, continúe con la gestión de los
proyectos para el mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el sector
urbano y rural, la construcción de unidades básicas sanitarias; la construcción de la
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; la formulación del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, así como la construcción de las obras para su
implementación; y la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.

207. El cumplimiento de esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término
pactado en los contratos que, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se hayan
celebrado para la ejecución de los proyectos indicados supra.

208. Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el Municipio de
Fúquene deberá informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los plazos
previstos en los contratos que se han celebrado. Lo anterior, en el término máximo
de un mes, contado a partir del día siguiente en que quede ejecutoriada esta
sentencia.

209. Si el ente territorial, en el marco de sus competencias, debe llevar a cabo
un proceso de contratación para el cumplimiento de esta orden judicial, el plazo será
el que se establezca en los estudios técnicos. En este caso, las entidades tendrán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

114

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

un plazo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente en que quede
ejecutoriada esta sentencia, para iniciar el proceso de contratación.

Vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un espacio
público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes

210. En la sentencia apelada se consideró que “[…] en la inspección judicial de 17
de mayo de 2011, se verificó la existencia de predios contiguos en la zona de ronda
del Río Ubaté sin que propiamente se haya establecido si están dentro de la
misma según la distancia métrica […]”203 (Resaltado fuera de texto).

211. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal les ordenó a los municipios de
Fúquene, Carme de Carupa y Villa San Diego Ubaté que, en un término de seis (6)
meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, “[…] identifiquen todos los
predios que ilegalmente se hayan asentado dentro de la zona de ronda del Río
Ubaté. De ser así, se les ordenará para que procedan a su inmediata recuperación
previa aplicación de las sanciones previstas en el artículo 2 de la Ley 810 de 2003,
y se les conminará a que prohíban nuevas construcciones ilegales dentro de dichas
áreas […]”204.

212. La Sala considera que no encuentra sustento en el expediente la conclusión
a la que llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca según la cual, de acuerdo
con las pruebas, no se podía establecer si se había invadido la ronda del Río Ubaté,
por las razones que se explican a continuación:

Respecto del Municipio Villa de San Diego de Ubaté

213. En los oficios núm. 098-11 de 25 de abril de 2011, suscritos por el Secretario
de Planeación y Desarrollo del Municipio Villa de San Diego de Ubaté, se solicitaba
a los señores Jaime Martínez y Ana Sofía Alba, así como a la Familia Valbuena
Garzón, lo siguiente:

“[…] Mediante el presente, me permito solicitarle (s) (sic) para que retire todo tipo de
obra (canchas de tejo, cercas, cerramientos en mampostería, rejas, bodegas entre

203 Numeral 8.9 de la parte considerativa de la sentencia, folio 634
204 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

115

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

otros) que estén afectando la movilidad para la realización de las obras de
reforzamiento del jarillón y que se hallen localizadas en la zona de reserva ambiental
mínima obligatoria de la ronda del Río Ubaté en la franja de los 30.00 mts a partir de
la parte más alta del jarillón del rio (sic). Para la obra se concede un plazo de tres (3)
días contados a partir de la notificación […]”205.

214. Asimismo, obra una constancia de recibido del oficio núm. 028 del 25 de abril
de 2011, con el asunto “ACCESO, RETIRO Y LIMPIEZA FRANJA 30.00 MTS ZONA
DE RESERVA AMBIENTAL DEL RÍO UBATÉ”. Este documento, fue firmado por
dieciséis (16) personas206.

215. De acuerdo con lo expuesto, en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté, en
el año 2011, varias personas invadían la ronda del río de Ubaté con canchas de tejo,
cerramientos en mampostería, rejas, bodegas, entre otros; por esta razón, el
Secretario de Planeación y Desarrollo de Ubaté requirió que se retiraran los
elementos que afectaban el espacio público.

216. Además, esta Sección, mediante el auto proferido el proferido el 15 de julio
de 2019, le ordenó, entre otros, al Alcalde Municipal de Villa de San Diego de Ubaté
que informara si la ronda del Río Ubaté se encuentra invadida. En cumplimiento de
esta orden judicial, el ente territorial, mediante el oficio de 19 de febrero de 2020,
indicó lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta la información suministrada por parte de la Inspección de
Policía, si existe una invasión de la ronda del Río, en el sector Puente Nariño hasta el
Puente Soaga con construcciones intermitentes, para lo cual la actual administración
ha convocado una mesa de trabajo interinstitucional entre CAR, Inspección de Policía,
Planeación y Área de Desarrollo Sustentable; con el fin de realizar el plan de acción
que permita adelantar las actuaciones pertinentes en aras de [la] recuperación de la
ronda del Río […]”207.

217. De acuerdo con lo anterior, la invasión del espacio público persistía a la fecha
de presentación del informe.

Respecto del Municipio de Fúquene

218. La Sala encuentra que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del
Municipio de Fúquene allegó un inventario de “[…] la totalidad de predios ubicados
en la zona de ronda […]” 208 (Resaltado fuera de texto) y en el documento

205 Folios 323 a 325. Anexo 5
206 Folio 326. Anexo 5
207 Cfr. Folio 1061
208 Folios 838 a 341

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

116

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

denominado “PROSPECTIVA” del Plan Ambiental de Ordenamiento Territorial de
Fúquene se precisó que “[…] las características climáticas y la invasión y mal
manejo de terrenos comúnmente anegadizos en los cuales actualmente se ejercen
labores agropecuarias generan el municipio una susceptibilidad a la ocurrencia
periódica de inundaciones que a lo largo de la historia ha afectado la economía de
la región y en consecuencia el bienestar de los pobladores, (Ver mapa de amenazas
naturales) […]”209 (Resaltado fuera de texto).

219. Lo anterior, le permite a la Sala concluir que, en el Municipio de Fúquene, para
la fecha de presentación de la demanda, existía una invasión de la zona de ronda
del Río Ubaté.

220. Además, el Alcalde del Municipio de Fúquene rindió un informe el 6 de
septiembre de 2019, sobre la invasión de la ronda del Río Ubaté en el área de su
jurisdicción, en los siguientes términos:

“[…] Dentro de la ronda del Río Ubaté que corresponde al Municipio de Fúquene, se
encuentra invadida por una vía Municipal, desde hace más de cincuenta años, la
cual comunica desde la vía Nacional, sector La Shell del Municipio de Fúquene al
municipio de Guacheta; igualmente se encuentran algunas viviendas con más de
(40) (sic) años de construcción. Es importante resaltar que el Municipio de
Fúquene se ha abstenido de permitir la construcción de nuevas edificaciones o la
entrega de licencias de construcción dentro de la roda del Río Ubaté.

Es importante aclarar que por la antigüedad de las construcciones de viviendas y su
ocupación parcial de la zona de ronda del río Ubaté, da lugar a procesos
sancionatorios por violación del régimen urbanístico, sin embargo, por tratarse de un
problema social complejo, que involucra un número aproximado de 20 a 25 familias,
con 200 a 225 habitantes, de escasos recursos económicos, desprovistos de otros
medios alternativos de vivienda, se asentaron en dicho territorio en vigencias de
administraciones pasadas, de vieja data y el Municipio de Fúquene, de sexta
categoría, con limitados recursos económicos no dispone en su presupuesto para
formular y ejecutar un programa de vivienda nueva que permita reubicarlos, y las
medidas que han venido adoptando es realizar control y vigilancia para evitar se
incremente las ocupaciones en la zona de ronda […]”210 (Destacado fuera de texto),

221. De acuerdo con la prueba citada supra, la ronda del Río Ubaté, en jurisdicción
del Municipio de Fúquene, es invadida por una vía y por algunas viviendas; sin
embargo, el ente territorial no ha llevado a cabo las labores de recuperación del
espacio público.

209 Disco compacto visible a folio 342
210 Cfr. Folios 926 reverso a 927

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

117

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Conclusiones sobre la vulneración de los derechos e intereses colectivos
estudiados en este acápite211 y las medidas de protección o restablecimiento

222. Teniendo en cuenta lo expuesto de forma precedente, en los Municipios Villa
de San Diego de Ubaté y Fúquene se vulneran los derechos e intereses colectivos
al goce de un espacio público y a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

223. Lo anterior como consecuencia de la invasión de la ronda del Río Ubaté con
establecimientos comerciales, elementos arquitectónicos, una vía y viviendas.

224. Ahora bien, la Sala precisa que la recuperación del espacio público debe
llevarse a cabo en coordinación y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca atendiendo a sus competencias especiales de protección del
medio ambiente sobre la recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas, de conformidad
con el numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 y teniendo en cuenta como elemento
relevante los parámetros establecidos en la Resolución 654 de 7 de abril de 2015
que determinó la zona de protección del río y, en especial, su zona de ronda y,
adicionalmente, estableció parámetros relevantes en relación con los usos del suelo
y sus condicionantes, las zonas de riesgo no mitigable, las limitantes, las
determinantes ambientales y, en especial, el tratamiento en relación con los
derechos adquiridos.

225. Además, de acuerdo con el informe que rindió el Director de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca el 6 de agosto de 2019, esa entidad ha
participado en el proceso de recuperación de predios en la Laguna de Fúquene; en
este contexto, la Dirección de Infraestructura Ambiental adelantó el análisis de la
información de los predios colindantes al complejo lagunar y encontró predios que
interceptan y/o están contenidos dentro del cauce de las lagunas Fúquene,
Cucunubá y Palacio; y se adelantaron los trámites administrativos para la
recuperación de predios en cauce.

211 Goce de un espacio público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

118

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

226. En ese informe se destacó que “[…] se ha adelantado gestión ante el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, con quien se suscribió el contrato
interadministrativo IGAC – CAR No. 1841 de 26 de junio de 2019, para realizar los
avalúos de los predios que se ubican en la zona de ronda del complejo lagunar,
además de la firma del convenio interadministrativo No. 1842 de 26 de junio de 2019,
suscrito igualmente entre el IGAC y la CAR, el cual busca aunar esfuerzos
institucionales para el fortalecimiento de la producción de información geodésica,
geomagnética, y gravimétrica en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional y de utilidad particular, con la disponibilidad de la Isla El Santuario, sus
instalaciones y equipos, como escenario ambiental en la recuperación del complejo
lagunar, además de la adquisición de dos escáner fotogramétricos digitales con los
cuales se estaría recuperando las aerofotografías tomadas por el Instituto desde
hace varios años, con los cuales se obtendría información multitemporal de los
cambios en el ecosistema […]”.

227. Por lo tanto, es necesario que los entes territoriales realicen las actividades
de recuperación de la ronda del Río Ubaté en coordinación con la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca con el objeto de tener en cuenta los avances
de dicha autoridad ambiental sobre este tema, toda vez que la Cuenca de la Laguna
de Fúquene tiene como principal afluente al Río Ubaté.

228. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia en el siguiente sentido:

228.1 Ordenará a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene que, en
coordinación y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, realicen un censo en el área de su jurisdicción, el cual debe
contener la siguiente información:

i) El número de establecimientos de comercio y estructuras que se encuentran
ubicadas en la ronda del Río Ubaté, así como el número de familias que viven en
esa zona.

ii) El número de establecimientos de comercio, estructuras y familias que se
encuentran ubicadas en la ronda del Río Ubaté y que cuentan con la autorización
de las autoridades competentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

119

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

iii) El número de establecimientos de comercio, estructuras y familias que se
encuentran ubicadas en la ronda del Río Ubaté y que no cuentan con la autorización
de las autoridades competentes.

228.2 Ordenará a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene que, en
coordinación y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de doce (12) meses, contado a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, adelanten y finalicen, en el área de su jurisdicción, los
procesos administrativos, así como las actuaciones a que haya lugar, para recuperar
la ronda del Río Ubaté respecto de los establecimientos de comercios y estructuras
permanentes u ocasionales que afecten esa zona y en los cuales no vivan familias,
para lo cual se tendrá en consideración lo dispuesto en la Resolución 654 de 7 de
abril de 2015 o en la norma que la modifique, adicione o complemente.

228.3 Ordenará a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene que, en
coordinación y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas, presupuestales
y financieras ante las autoridades competentes para obtener la reubicación definitiva
de las familias que habitan la zona de ronda del Río Ubaté, en área de su jurisdicción.

228.4 En el término de doce (12) meses, contado a partir del vencimiento del plazo
anterior, los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene, en área de su
jurisdicción, deberán reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso
a los servicios públicos, a las familias que viven en la zona de ronda del Río Ubaté,
siempre que no hayan sido beneficiadas con otra medida equivalente y sin perjuicio
de las medidas de urgencia que se deban adoptar frente a una nueva situación de
desastre.

228.5 Ordenará a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el
término quince (15) días, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,
adopten un mecanismo dirigido a evitar que personas o familias que no habitan la
zona de ronda del Río Ubaté, en el área de su jurisdicción, desde la fecha de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

120

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

presentación de la demanda y de la sentencia proferida, en primera instancia,
reciban los subsidios y beneficios. Para tal efecto, deberán fijar criterios
administrativos y probatorios que le permitan verificar que las familias beneficiarias
hubiesen habitado permanentemente en ese territorio durante el periodo objeto de
amparo aquí definido.

228.6 Ordenará a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté y Fúquene, así como
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, teniendo en cuenta el Plan
de Ordenamiento y Manejo de Cuenca del Río Ubaté y en el término de seis (6)
meses, elaboren un proyecto de restauración destinados a la recuperación ambiental
y a la atención de los impactos ambientales ocasionados por la invasión de la zona
de ronda. Este proyecto debe contener, de forma clara, las acciones que se
ejecutarán y el plazo de estas.

229. Asimismo, atendiendo a que la comunidad ha concurrido en la vulneración al
derecho e interés colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de
los bienes de uso público, se exhortará a la comunidad para que ejecute conductas
que eviten la invasión de la ronda del Río Ubaté y coadyuven a las autoridades de
los municipios de Fúquene, y Villa de San Diego de Ubaté en los trámites y gestiones
que se requieran para recuperar el espacio público.

230. Por último, en relación con la invasión de la vía, la Sala le ordenará al
Municipio de Fúquene que, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
del Río Ubaté y en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de
la presente providencia, elabore un estudio para determinar si la vía que se
encuentra en la zona de ronda del Río Ubaté afecta el ecosistema; en caso positivo,
se deberá establecer: i) los mecanismos preventivos, restaurativos, compensatorios,
de mitigación o a los que haya lugar; y ii) el plazo y la forma de ejecución de los
mecanismos, así como los responsables de estos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

121

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Vulneración del derecho e interés colectivo a la prevención de desastres
previsibles técnicamente en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté

231. Respecto del derecho e interés colectivo a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, en la inspección judicial llevada a cabo el 17 de mayo de
2011, el ingeniero Rómulo Camacho, funcionario de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, con fundamento en un concepto rendido por el
Departamento de Cundinamarca, recomendó elevar el jarillón ubicado en los predios
La Holanda y la Fortuna del Municipio Villa San Diego de Ubaté, con el objeto de
mitigar riesgos de inundaciones212. Asimismo, en esta diligencia judicial se agregó:

“[…] La señora CAPITAN DE BOMBERO, indica que el nivel del jarillón hacía el
costado del casco urbano del municipio es más bajo que el nivel que linda con el predio
a desarrollar urbanísticamente, es por esa razón que cuando el río sube su caudal
tiende a inundar el pueblo no éste predio, en el cual no se han presentado
inundaciones […]. El ing. ROMULO213 indica que el predio del proyecto de vivienda
muestra que efectivamente el realce del jarillón no permitirá que el predio se inunde,
pero si existe riesgo en la margen derecha del casco urbano y por eso el estudio
solicitado debe contemplar las acciones pertinentes para que el municipio las
adopte en su P.O.T […]. La H. Magistrada pregunta al Ingeniero sobre si se dice que
la forma de inundación está hacia el margen derecho aguas abajo, se supone entonces
que al no existir jarillón al otro costado no se inundaría el pueblo, pues al realzar el
jarillón en el que estamos, se estarían enviando las aguas al casco urbano pue no
existiría zona de inundación. El ing. ROMULO responde que independientemente
del proyecto urbanístico las obras que requiere el municipio son de mitigación
de riesgo de inundaciones por desbordamiento, la estructura sobre la que nos
encontramos ya existía, por eso las obras de adecuación hidráulica al fondo son
necesarias en el río ya que se considera que esta es la única forma de brindar
protección […]. El ingeniero DIEGO REYES214 aclara que la pendiente natural del
terreno, como se puede observar a simple vista, es hacía (sic) el municipio, por ello se
dice que desborda hacía (sic) el casco urbano “[…]” 215 (Resaltado fuera de texto
original).

232. En el “[…] ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS HIDROLÓGICOS
PARA EL RÍO UBATÉ Y LA QUEBRADA EL VOLCÁN […]”216, se indicó lo siguiente:

“[…] Las máximas velocidades alcanzadas en las secciones transversales por las
crecientes del río Ubaté en las secciones transversales alcanzan los 2m/s, lo que
quiere decir que se puede presentar socavación por velocidad de los taludes del
río.

En la Figura 8, en la Figura 9, en la Figura 10 y en la Figura 11 se aprecia que las
crecientes hasta de 25 años difícilmente no se desborda por las orillas del río

212 Folio 257
213 Rómulo Camacho Chico, Profesional Especializado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

–CAR- (fl. 256)
214 Diego Reyes Pabón, ingeniero contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
215 Folio 262 a 263
216 Radicado en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- por el Municipio de Ubaté el 25 de

mayo de 2010, según obra a folio 23 del anexo 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

122

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Ubaté, lo que quiere decir, que el cauce es hidráulicamente suficiente para estas
crecientes. Para crecientes mayores, se desborda hacia ambos costados
[…]”217(Resaltado fuera de texto original)

233. En el estudio supra, se concluyó lo siguiente:

“[…] los jarillones del río Ubaté escasamente pueden contener crecientes inferiores a
las de 25 años de periodo de retorno, crecientes superiores a este periodo de retorno
se desbordarán inundando los terrenos aledaños en la margen derecha del río Ubaté,
costado oriental en donde se encuentra el casco urbano. En consecuencia le
corresponde al Municipio Villa San Diego de Ubaté efectuar estudios hidrológicos y
proyectar estructuras hidráulicas que protejan el casco urbano, dentro de la revisión
del PBOT.

Como obras de mitigación que se propone y que deben ser estudiadas con
detenimiento es el realce de los jarillones del río Ubaté desde una longitud tal que
cierre la posibilidad de permitir una inundación proveniente de aguas arriba del sitio
del predio. Esto quiere decir que no es suficiente realzar los jarillones solamente a los
que les corresponde al predio, ya que una creciente puede ingresar por la parte
que no esté protegido e igualmente inundará al predio y al casco urbano […].

La altura de los jarillones del río Ubaté, sugieren que fueron diseñados para crecientes
hasta 25 años de periodo de retorno.

Se recomienda que para futuras modelaciones del río Ubaté, se hagan secciones
transversales por lo menos en un trayecto de 500 metros, para determinar con más
precisión el comportamiento hidráulico del río.

Se propone el realce de los jarillones del río Ubaté desde una longitud tal que cierre la
posibilidad de permitir una inundación proveniente de aguas arriba del sitio del predio,
es decir, no es suficiente solamente realzar los jarillones al tramo que le
corresponde al predio, porque una creciente puede ingresar por la parte que no
esté protegido e igualmente inundará al predio y al casco urbano […]”218.

234. En el informe técnico núm. 22, realizado por la Secretaría de Planeación del
Departamento de Cundinamarca219, respecto de una visita realizada en los bienes
inmuebles denominados La Holanda y La Fortuna en el Municipio de la Villa de San
Diego de Ubaté, se indicó que existe probabilidad que se presente inestabilidad del
terreno y el desbordamiento del Río Ubaté por altas precipitaciones:

“[…] Aunque no se observan problemas de inestabilidad del terreno, tampoco se puede
aseverar que no los exista en el futuro, ya que, en periodos lluviosos y/o de altas
precipitaciones, por la inexistencia de filtros de drenaje u obras de manejo y
conducción de aguas lluvias y de escorrentía, estas, al correr sin ningún control,
podrían afectar la estabilidad del suelo por saturación de agua como efecto de las
infiltraciones, por la inexistencia de filtros de drenaje u obras de manejo y conducción
de aguas lluvias y de escorrentía, estas, al correr sin ningún control podrían afectar
estabilidad del suelo por saturación de agua como efecto de las infiltraciones que se
pueden causar en el terreno originando la pérdida de cohesión y/o fricción de las
partículas del mismo.

217 Folio 41. Anexo 1
218 Folios 48 a 49. Anexo 1
219 25 de agosto de 2009

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

123

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Y, con relación al río Ubaté (sic), puede existir la probabilidad de que se presente un
desbordamiento del río a pesar de tener implementado jarillones de protección.

Existe un buen número de estanques o pocetas de agua que pueden afectar la
estabilidad del terreno por escurrimiento y/o filtraciones hídricas […]”220.

235. En el informe técnico núm. 053 de 24 de noviembre de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca manifestó que “[…] La quebrada El Volcán
Divino Niño – Ubaté que discurre paralelamente a la vía en el sector del predio La
Holanda, confluye en el Río Ubaté, aguas arriba del puente sobre dicha vía; no
obstante que la sección hidráulica de esta corriente hídrica es menor que la del río
Ubaté, es necesario efectuar estudios hidrológicos e hidráulicos y mejorar la
capacidad hidráulica con el fin de evitar desbordamientos durante las
temporadas invernales que suelen ocurrir periódicamente […]” 221 (Resaltado
fuera de texto).

236. Asimismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-,
afirmó que “[…] hay riesgo que el casco urbano del Municipio de Ubaté frente al
sector del proyecto VIS se inunde, por tanto se recomienda que se efectúen estudios
hidrológicos y obras hidráulicas, en el marco de la revisión general del PBOT
municipal […]”222.

237. Ahora, el Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, mediante el oficio de 19
de febrero 2020, sostuvo que “[…] de acuerdo a la información suministrada por parte
de las diferentes dependencias, así como [por] el Comité de Gestión del Riesgo de
Desastres, durante los últimos 3 años no se han presentado inundaciones […]”223.

238. En consecuencia, si bien, en el ente territorial no se han presentado
inundaciones entre el 19 de febrero de 2017 y el 19 de febrero de 2020, existen
riesgos de desbordamientos de las fuentes hídricas, así como de inundaciones que
deben ser objeto de la gestión del riesgo de desastres para asegurar la
sostenibilidad, seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, así como la
calidad de vida de las poblaciones y comunidades, en los términos de la Ley 1523.

220 Folio 74. Anexo 1
221 Folio 100 vto. Anexo 1
222 Cfr. Folio 162 vto. Anexo 1
223 Cfr. Folio 1061

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

124

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

239. Según lo expuesto por el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca en el informe que presentó el 6 de agosto de 2019, esa entidad ha
celebrado contratos para el conocimiento del riesgo por medio de estudios de
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo – AVR- por Remoción en Masa, Inundación,
Avenida torrencial e Incendios forestales; específicamente en relación con el
Municipio Villa de San Diego de Ubaté, sostuvo que celebró el contrato núm. 1185
de 2013 y precisó que los “[…] estudios de AVR entregados como apoyo al
conocimiento del riesgo, sirven entre otros para que el municipio los tome como un
insumo en la elaboración de los estudios básicos de riesgo orientados al
ordenamiento territorial, la elaboración del plan municipal de gestión del riesgo, para
la construcción de la estrategia municipal de respuesta a emergencia y demás
instrumentos a nivel municipal […]”.

240. Se destaca que en la página web del Concejo Municipal de Villa San Diego
de Ubaté224 se encuentra publicado el Acuerdo núm. 05 de 8 de junio de 2020, “[…]
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de la Villa de San Diego
de Ubaté, 2020-2023 “UNA NUEVA UBATÉ” […]”.

241. En el artículo décimo segundo de este acto administrativo se indicó que “[…]
no se cuenta con Plan de Gestión del Riesgo, los planes de respuesta por cada
riesgo y el Plan de Contingencia se encuentran desactualizados, no tienen
identificadas áreas de riesgo en el municipio y número de familias […]”. Sin embargo,
en el subprograma denominado “[…] Ubaté con prevención contra el riesgo […]” se
fijó como meta de resultado implementar el 50% del Plan Municipal de Gestión del
Riesgo en el cuatrienio; asimismo, la actualización e implementación del 100% del
Plan de Acción Anual del Plan municipal para la Gestión del Riesgo y sus
complementarias – Plan de emergencias y Plan de Contingencia.

242. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que, si bien, no se
encuentra probada la vulneración del derecho e interés colectivo a la prevención de
desastres previsibles técnicamente en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté, es
clara la amenaza derivada de, por un lado, la falta de actualización de los planes de
gestión del riesgo, respuesta por cada riesgo y de contingencia del Municipio, que
implica que no están identificadas de forma clara las áreas de riesgo y el número de

224 http://www.concejo-ubate-cundinamarca.gov.co/acuerdos-2020/acuerdo-05-de-2020-por-el-cual-se-adopta-
plan-desarrollo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

125

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

familias que se podrían afectar; y, por el otro, que se mantiene latente el riesgo de
inundación con ocasión de altas precipitaciones y crecida del rio, no sólo en relación
con los predios La Holanda y la Fortuna, sino, en general, del casco urbano del
Municipio.

243. Por ello, la Sala ordenará al Municipio Villa San Diego de Ubaté que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, proceda, en
el término máximo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente a la fecha
en que quede ejecutoriada esta sentencia, a adoptar las medidas necesarias, en el
área de su jurisdicción, para evitar inundaciones, en el marco de la gestión del riesgo
de desastres, de conformidad con la Ley 1523 y el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal sobre este aspecto.

244. En especial, deberá actualizar, en caso de que no lo haya hecho, los planes
de gestión del riesgo, de respuesta por cada riesgo y de contingencia, y efectuar
estudios hidrológicos y proyectar las estructuras hidráulicas necesarias para mitigar
los riesgos de inundación en el Municipio.

Vulneración del derecho e interés colectivo a la prevención de desastres
previsibles técnicamente en el Municipio de Fúquene

245. El Alcalde del Municipio de Fúquene, mediante el oficio D.A. 062-2019 de 6
de septiembre de 2019, informó lo siguiente:

“[…] Dentro de los tres últimos años se han presentado encharcamiento por inundación
provenientes posiblemente de agrietamientos subterráneos, en los sectores del
Juncal, El Diecisiete, el Roble y El Triángulo de la vereda Tarabita del Municipio de
Fúquene, teniendo una notable disminución de la capacidad productiva de los
terrenos, para lo cual el Municipio de Fúquene ha dispuesto recursos para combustible
requerido en la operación de motobombas, y en el tema de desecamientos de las
zonas afectadas, se gestionó con la Gobernación de Cundinamarca una bomba 16”,
la cual ha sido empleada en las zonas afectadas; igualmente se ha apoyado con la
maquinaria del Municipio atendiendo las emergencias las cuales han sido recurrentes
en periodos de altas lluvias. Así mismo, con la maquinaria del Municipio se han
adelantado obras de mitigación en las zonas afectadas. De igual forma se ha
gestionado con la gobernación de Cundinamarca maquinaria (volquetas) para
adelantar obras de mitigación en las zonas afectadas. Se gestionó en temporada de
lluvias una motobomba anfibia con el Ejército Nacional, la cual ha servido para mitigar
las inundaciones presentadas en los sectores afectados. El Municipio de Fúquene
adquirió una bomba eléctrica de 16”, la cual en unión con la comunidad es instalada
en el sector el juncal, con el fin de que en periodos de lluvias esta sea utilizada para
controlar los encharcamientos que se puedan presentar en los sectores afectados.

Es importe resaltar que al día de hoy las inundaciones se han podido controlar en más
de un 90% en las zonas afectadas. De igual forma se aclara que dichas inundaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

126

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

se presentan en temporadas de lluvias altas por crecimientos desmedidos de los
niveles de la Laguna de Fúquene y algunos afluentes como el Vallado Madre y la
Quebrada Bautista […]”.

246. El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el
informe que presentó el 6 de agosto de 2019, sostuvo que entidad ha celebrado
contratos para el conocimiento del riesgo por medio de estudios de Amenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo – AVR- por Remoción en Masa, Inundación, Avenida
torrencial e Incendios forestales, según lo expuesto en el acápite anterior;
específicamente en relación con el Municipio Fúquene, sostuvo que celebró el
contrato núm. 1522 de 2015.

247. En el Acuerdo núm. 03 de 2020, “[…] Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal 2020-2023 “TRAYECTORIA SOCIAL: GARANTÍA DE BUEN
GOBIERNO […]”, publicado en la página web del Municipio de Fúquene225, se indicó
en el artículo décimo segundo que “[…] los eventos de desastres que se han venido
reportando en el municipio a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres son: incendios forestales de 57.58%, inundaciones 36.36% y sequías con
un 3.03 % […]” y que “[…] con respecto al manejo de desastres según el FUT se
mantuvo la inversión a partir del 2015 con un 84% promedio y en fortalecimiento
institucional en un 16%, sin embargo, no se realizaron estrategias para reducir el
riesgo […]”.

248. Según el acto administrativo citado supra, se presentó el 29 de noviembre de
2017 ante el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres la
actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y el Plan Local
de Emergencia, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

249. En el Plan de Desarrollo se creó el subprograma denominado “[…] Todos
Unidos en la Prevención de los Desastres Naturales […]” y se establecieron como
metas actualizar e implementar al 100% el Plan de Acción Anual del Plan Municipal
para la Gestión del Riesgo, actualizar e implementar al 100% el Plan de Acción Anual
del Plan de Contingencia, actualizar e implementar al 100% el Plan de Acción Anual
de los Planes de Respuesta de Riesgo Municipal, entre otros.

225 https://fuquenecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/fuquenecundinamarca/content/files/000229/1143

9_acuerdo--no-03-de-2020-plan-de-desarrollocompressed.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

127

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

250. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera necesario ordenar al
Municipio de Fúquene que, si aún no lo ha hecho, en el término máximo de doce
(12) meses, contado a partir del día siguiente a la fecha en que quede ejecutoriada
esta sentencia, adopte las medidas necesarias, en el área de su jurisdicción, para
evitar y atender las inundaciones, en el marco de la gestión del riesgo de desastres,
de conformidad con la Ley 1523 y el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Municipal sobre este aspecto.

Análisis en relación con la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa

251. El Municipio Villa San Diego de Ubaté, en el recurso de apelación, sostuvo
que la sentencia debe ser revocada, en tanto no vulneró el derecho e interés
colectivo a la moralidad administrativa.

252. Como se precisó en el título denominado “[…] Marco normativo y
jurisprudencial del derecho a la moralidad administrativa […]”, este derecho e interés
colectivo se considera vulnerado cuando se acredita que un servidor público ha
quebrantado el ordenamiento jurídico e incurrido en conductas corruptas,
arbitrarias o alejadas de los fines de la administración pública.

253. En el caso sub examine, la parte actora no aportó pruebas que le permitieran
concluir a la Sala que el Alcalde Municipal de Villa San Diego de Ubaté al expedir el
acto administrativo por medio del cual se modificó el Plan de Ordenamiento
Territorial, actuara con un interés diferente que el general, de forma caprichosa o
para beneficiar sus intereses o los de un tercero. En consecuencia, la sentencia
proferida, en primera instancia, será revocada en relación con este aspecto.

Decreto de medidas cautelares en la sentencia proferida, en primera instancia

254. El Tribunal, en la sentencia apelada, decretó varias medidas cautelares, con
fundamento en que el artículo 25 de la Ley 472 autoriza al juez para que profiera una
decisión en ese sentido en cualquier etapa del proceso.

255. En efecto, la norma ibidem prevé que antes de ser notificada la demanda y
en cualquier estado del proceso el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

128

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. Sin
embargo, al interpretar las normas que regulan las medidas cautelares en la Ley
472, la Sección Primera del Consejo de Estado226 ha concluido que las mismas no
pueden decretarse en la sentencia.

256. El artículo 26 ibidem establece que las medidas cautelares deben ser
decretadas mediante un auto, contra el cual proceden los recursos de reposición y
apelación en efecto devolutivo. En contraste, contra la sentencia solo procede el
recurso de apelación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil,
hoy Ley 1564.

257. Además, las medidas cautelares tienen un carácter provisional, toda vez
que su objeto se dirige a evitar, de forma transitoria, la afectación de un derecho o
interés colectivo mientras se profiere la sentencia.

258. En efecto, una vez se profiere la sentencia que accede a las pretensiones
de la demanda, se adoptan órdenes de forma definitiva para garantizar, proteger o
restablecer los derechos o intereses colectivos, cuya vulneración o amenaza se
probó en el transcurso del proceso.

259. La tesis citada supra, fue reiterada por la Sección Primera en la sentencia
proferida el 9 de mayo de 2019, así:

“[…] De manera que para la Sala no es admisible la postura del a quo, según la cual
es necesario “señalar soluciones instrumentales de fácil aplicación para sortear
rápidamente la discusión en segundo grado de las órdenes preventivas, sin tenerse
que esperar a la suerte de las imposiciones de fondo o definitivas”, como si la
protección del derecho dependiera de “la suerte de las imposiciones de fondo” y no
del examen de legalidad que efectúa el superior funcional, en orden a establecer
la correspondencia del fallo de primer grado con el ordenamiento jurídico,
cuestión no menor, que atañe directamente con la preservación del Estado de
Derecho, el respeto a las garantías judiciales y la protección del derecho al debido
proceso.

Siendo ello así, al proferir sentencia estimatoria de las pretensiones, el juez de la
acción popular en primer grado debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472 y limitarse a imponer «órdenes de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de
la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de

226 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 22 de

febrero de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número único de radicación
850012333000201400129-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

129

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible» […]”227.

260. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará las medidas cautelares
decretadas en la sentencia proferida, en primera instancia. Además, indicará a la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, en adelante,
tenga en cuenta las consideraciones expuestas de forma precedente, en relación
con la improcedencia de decretar medidas cautelares en la sentencia e instará para
que en esta se adopten medidas definitivas para la protección de los derechos e
intereses colectivos.

La precisión de las órdenes y las medidas orientadas a requerir la presentación
de informes, contenidas en la sentencia proferida, en primera instancia

261. El artículo 34 de la Ley 472 prevé que la sentencia que acoja las
pretensiones podrá: i) contener una orden de hacer o no hacer, en la que se defina,
de manera precisa, la conducta con el fin de proteger el derecho o interés colectivo;
ii) condenar al pago de perjuicios cuando se haya causa daño a un derecho o interés
colectivo, en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo; y iii)
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior
a la vulneración, cuando fuere físicamente posible.

262. En el caso sub examine, en la sentencia proferida, en primera instancia, se
ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al Departamento de
Cundinamarca y a los municipios Villa de San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y
Fúquene “[…] dar cumplimiento a las órdenes impartidas en los numerales 8.7, 8.9
y 8.10 en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia. De otra parte, darán cumplimiento a las órdenes dadas en los numerales
8.11.1, 8.11.4 y 8.11.5 en los términos allí señalados […]”228.

263. El Tribunal, en los numerales indicados supra, ordenó lo siguiente:

i) Requerir a los “[…] Municipios (sic) accionados para que acrediten si la zona de
ronda del Río Ubaté están (sic) teniendo los usos determinados por la CAR en el
Acuerdo Nº 16 de 1998 […]”229

227 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 9 de mayo

de 2019, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 850012333000201600197 01
228 Folio 641
229 Numeral 8.7 de la parte considerativa de la sentencia, folio 634

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

130

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

ii) En el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia,
“[…] la CAR y los municipios accionados deberán presentar un informe detallado
frente a las acciones desplegadas en desarrollo del Plan de Ordenamiento y Manejo
de Cuencas – POMCA y la Resolución 3493 de 2006, respecto de la reforestación
de la ronda del Río Ubaté. De igual forma, en el mismo término, deberán acreditar
cuál es el estado actual de contaminación del Río Ubaté, y qué acciones han
desplegado bajo el CONPES 3451 de 2006 para hacer frente a esta situación. Los
municipios darán cuenta en el referido término sobre los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos presentados ante la CAR en virtud de lo ordenado por dicha
entidad en la Resolución 3462 de 28 de diciembre de 2009. Por su parte, la CAR
deberá certificar el estado actual de dichos planes […]”230.

iii) “[…] la CAR presentará un informe respecto de los estudios de riesgo realizados
en desarrollo del POMCA del Río Ubaté y del CONPES 3451 de 2006. Por otra parte
presentará sus conclusiones respecto de los estudios de batrimetría y
modelación hidráulica e hidrológica con base en los cuales se definió la ronda
hídrica del Río Ubaté […]”231.

iv) “[…] Los municipios y la CAR, en el término señalado, presentarán un informe
sobre el avance en los procesos de reforestación y conservación de la zona de ronda
del Río Ubaté, y respecto de todas las acciones realizadas para mitigar el impacto
ambiental en dicha zona […]”232.

v) “[…] la CAR presentará un diagnóstico respecto del vertimiento de aguas
residuales a la cuenca del Río Ubaté, señalando en qué municipios se deben
construir plantas de tratamiento para dar total cobertura al tratamiento de sus aguas
residuales y cuáles municipios aún no cuentan con permiso de vertimientos […]”233.

vi) “[…] el Municipio Villa [de] San Diego de Ubaté en el término de un (1) mes,
deberá allegar constancia de las acciones desplegadas en desarrollo del
CONPES 3451 de para (sic) optimizar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Ubaté. De igual forma, deberá informar, teniendo en cuenta

230 Numeral 8.10 de la parte considerativa de la sentencia, folio 635
231 Ibidem
232 Ibidem
233 Numeral 8.10 de la parte considerativa de la sentencia, folio 636

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

131

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

las obras de adecuación realizadas qué porcentaje de las aguas residuales del
municipio pueden ser tratadas por ésta […]”234.

264. Las anteriores órdenes no atienden la obligación prevista en el artículo 34 de
la Ley 472, toda vez que el Tribunal, al limitarse a requerir a las entidades demandas
para que presenten informes y acrediten ciertos hechos, omitió proferir órdenes, de
forma precisa, que permitan proteger los derechos e intereses colectivos
vulnerados o amenazados.

265. Requerir a los municipios para que presenten informes de las acciones
llevadas a cabo respecto del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuentas –POMCA-
, sobre los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, los avances de los
procesos de reforestación y conservación de la zona de ronda del Río Ubaté y el
funcionamiento de las plantas de tratamiento, no ofrece ni garantiza una solución
frente a la vulneración y amenaza invocada en la demanda, en tanto únicamente
le otorga al juez un conocimiento del estado de la protección de los derechos
al goce del medio ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente y a las seguridad y salubridad pública. En el evento
que de los informes se infiera el incumplimiento de obligaciones constitucionales o
legales, el juez de la acción popular no puede adoptar una orden de protección, dado
que la responsabilidad de la entidad consiste en rendir los informes.

266. La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, el juez,
después de que profiere sentencia, conserva competencia, pero únicamente para
tomar las medidas necesarias para su ejecución; en efecto, en una oportunidad
posterior no tiene facultades para proferir órdenes diferentes a las contenidas en la
sentencia, a menos que estén relacionadas con las mismas, como sucede con los
plazos o la forma de su cumplimiento.

267. En consecuencia, la Sala considera que se debe revocar la sentencia proferida,
en primera instancia, en relación con las órdenes dirigidas a requerir la presentación
de informes y acreditar ciertos hechos por parte de los entes territoriales, así como
por la Corporación Autónoma Regional, en tanto, se reitera, el objeto de la sentencia
es el de garantizar una solución específica frente a la problemática que genera la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados en la

234 Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

132

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

demanda, como en efecto se explicó supra, en relación con la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y los municipios de Villa San Diego de Ubaté
y Fúquene; y no constituir un medio para la recolección de información, con el
propósito de establecer medidas posteriores.

268. Sin perjuicio de lo anterior y en atención a que: i) el Municipio del Carmen de
Carupa no interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el
Tribunal; ii) la situación de vulneración y amenaza de los derechos e intereses
colectivos en relación con esta entidad no fue cuestionada; iii) en el ordinal quinto de
la sentencia proferida por el Tribunal se impartieron órdenes en relación con este
ente territorial relacionadas no solo con la presentación de informes, sino también
con el ejercicio de funciones policivas y de recuperación y protección del espacio
público correspondiente, en la zona de ronda del Río Ubaté -las cuales se
mantuvieron en relación con los municipios de Villa San Diego de Ubaté y Fúquene,
según se explicó supra-:

269. Esta Sala considera que, en relación con este específico municipio, por un lado,
se deben revocar las órdenes relativas a la presentación de informes, en los términos
expuestos anteriormente, y, por el otro, se deben mantener las órdenes relativas a
que ese ente territorial, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias: i) adelante las acciones correspondientes, orientadas a recuperar y
proteger el Río Ubaté y su ronda, en el área de su jurisdicción, así como aquellas
ordenes que se deriven consecuencialmente de esta, incluidas las medidas de
reubicación explicadas en relación con los otros municipios; y ii) elaborar un proyecto
de restauración destinado a la recuperación ambiental y a la atención de los impactos
ambientales ocasionados por la invasión de la zona de ronda, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Análisis en relación con excepción de inepta demanda propuesta por el
Municipio Villa San Diego de Ubaté

270. En el recurso de apelación, el Municipio de Villa San Diego de Ubaté insistió
que, en el caso sub examine, se configuró la excepción de inepta demanda, porque,
en su criterio, la parte actora omitió precisar los hechos fundamento de las
pretensiones, se limitó a hacer apreciaciones personales y calumnia a las entidades
demandadas respecto “[…] a la falta de medio idóneos para la protección y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

133

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

conservación del medio ambiente general, especialmente lo que respecta con (sic)
con la zona de ronda del rio (sic) Ubaté […]”235.

271. La Sala considera que estos argumentos no tienen vocación de prosperidad
por una parte, porque de los hechos de la demanda es posible inferir la causa de
vulneración y, por la otra, de acuerdo con lo expuesto en los acápites anteriores, se
probó que la parte demandada vulneró los derechos e intereses colectivos al goce
de un medio ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias y al goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público. Asimismo, se acreditó la vulneración a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

272. Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia en este aspecto.

La falta de recursos públicos y la protección de los derechos e intereses
colectivos

273. Los municipios de Fúquene y Villa San Diego de Ubaté, en los recursos de
apelación, manifestaron que no contaban con los recursos para el cumplimiento de
órdenes judiciales.

274. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia
proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las autoridades no pueden excusar el
incumplimiento de una orden judicial por la falta de recursos. En esa oportunidad, se
precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos colectivos
garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las
autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de
protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del Juez
Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea debidamente
atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas.

235 Folio 686

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

134

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

[…]”236 (Resaltado fuera de texto original).

275. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

276. En efecto, el legislador facultó al juez, para que, en una acción popular,
pueda proferir órdenes de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado un daño al derecho o interés colectivo, a favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a cargo y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior, cuando sea físicamente posible 237.

277. Ahora bien, para el cumplimiento de la sentencia las entidades públicas
deben realizar ciertas erogaciones presupuestales; por ello, debe tenerse en cuenta
el tiempo necesario para cumplir los trámites administrativos para el efecto y las
condiciones para llevar a cabo la protección o el restablecimiento de los derechos o
intereses colectivos238.

278. Los municipios Villa San Diego de Ubaté y Fúquene, en el ámbito de sus
competencias constitucionales, así como legales y reglamentarias, teniendo en
cuenta el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Ubaté, deberán llevar
a cabo las acciones indicadas en los acápites anteriores para la protección de los
derechos o intereses colectivos.

279. La Sala encuentra que las medidas de protección y restablecimiento de los
derechos e intereses colectivos que se adoptan en esta sentencia son razonables y
permiten el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho
porque son idóneas para recuperar la Cuenca del Río Ubaté.

236 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01
237 Artículo 34 de la Ley 472
238 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 22 de

enero de 2015, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, proceso identificado con núm. único de radicación 180012331
000201100256 01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

135

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

280. En efecto, algunas de estas fueron formuladas por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, en virtud del CONPES núm. 3451 de 2006, por lo tanto,
atienden conceptos técnicos y forman parte de una política nacional.

281. Además, el presupuesto de los municipios no es único destinado a la
realización de actividades de protección de los derechos e intereses colectivos, en
tanto en esta intervienen entidades del orden nacional y territorial.

282. Por las razones expuestas, el argumento de apelación estudiado no
prospera.

Análisis en relación con la legalidad del acto administrativo

283. Sobre la sentencia que se debe proferir en las acciones populares, el artículo
34 de la Ley 472, prevé:

“[…] ARTICULO 34. SENTENCIA. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá
de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones
del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no
hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o
interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior
a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con
el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir
que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a
las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor
popular. […]” (Resaltado fuera de texto original).

284. De conformidad con la norma citada supra, en las acciones populares la
sentencia podrá contener las órdenes necesarias para asegurar la protección de los
derechos e intereses colectivos que se consideren vulnerados, aun cuando no hayan
sido objeto de las pretensiones de la demanda, en tanto, por la naturaleza de este
mecanismo constitucional que persigue la protección de un interés superior, se
flexibiliza el principio de congruencia. No obstante, las órdenes que profiera el juez
deben estar relacionadas con la causa petendi.

285. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 4 de
abril de 2019, consideró lo siguiente:

“[…] Así ha sido el sentir de esta Corporación que ha señalado:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

136

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

“El principio de congruencia de la sentencia, previsto en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual, debe existir coherencia entre la petición formulada
por el actor y la decisión adoptada por el juez, tiene un alcance menos restringido en
relación con la Acción Popular, entre otras cosas, porque en tanto acción de naturaleza
constitucional, desborda el límite del interés particular, para perseguir la protección
integral de un derecho de rango superior y de interés general para la colectividad. Una
vez se presenta la acción popular, se enerva cualquier interés particular que pudiera
tener el actor en favor del colectivo, al punto que una vez aceptada la demanda no
puede ser desistida por el demandante. En el mismo sentido, el juez popular adquiere
la facultad de fallar a partir de los hechos planteados en la demanda, pero conforme a
lo probado dentro del proceso, sin que su decisión final se limite a la apreciación
particular que el actor popular vierte en sus pretensiones, justamente para garantizar
la protección del derecho. Así, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, abre la posibilidad
al juez constitucional, de ampliar o superar la causa petendi, mediante fallos extra y
ultra petita, siempre que, con ello se garantice la protección real del derecho vulnerado.
Como se nota, el juez popular está revestido de amplias facultades, para definir la
protección del derecho, prevenir la amenaza o vulneración y, procurar la restauración
del daño en caso de que éste se produzca, tal como lo ha advertido esta Sala en
diferentes pronunciamientos. Lo anterior, sin exceder las fronteras mismas surgidas
de los hechos de la demanda, en tanto es a partir del debate de éstos que se garantiza
el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Esto quiere decir que, si bien el
juez constitucional puede apartarse en cierto modo del petitum no está autorizado para
salirse del radio de acción definido por los hechos y pruebas que soportan sus
pretensiones.”239 (Subrayado fuera de texto)

En sentencia más reciente, se indicó:

“[…]

De todo lo anterior surge que, a pesar de que el juez de la acción popular cuenta con
amplias facultades para proteger los derechos colectivos, tiene también el deber de
velar por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las
partes; por ello, sus facultades no son ilimitadas, pues, si bien le está dado amparar
derechos colectivos no invocados por la parte actora, estudiar hechos no relacionados
en la demanda e, incluso, adoptar medidas de protección diferentes a las deprecadas
en el libelo, sólo puede hacerlo si tienen relación con la causa petendi de la demanda,
que no puede ser una diferente a la relacionada con la amenaza o transgresión de
derechos colectivos, en tanto que otro tipo de imputaciones escapan a la finalidad de
la acción popular e impiden que el juicio se surta a través de esta acción”240

Así las cosas, resulta evidente que en materia de acciones populares, el principio de
congruencia se flexibiliza, sin que ello signifique que desaparezca por completo. Eso
significa que el juez de conocimiento tiene ciertas libertades al momento de fallar, pero
debe, en todo caso, velar por el debido proceso, lo que se traduce en que pueda adoptar
medidas distintas de las solicitadas en la demanda, pero siempre y cuando tengan
relación con la causa petendi […]”241

286. En este orden de ideas, con el objeto de proteger los derechos e intereses
colectivos, en la acción popular es posible proferir sentencia a partir de los

239 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de mayo de 2007, M.P.: Alier Eduardo Hernández

Enríquez, Rad. Núm. 25000-23-25-000-2003-01252-02(AP).
240 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de julio de 2018. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Rad. Núm. 20001-23-31-000-2010-00478-01(AP).
241 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Priemra, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López,

sentencia proferida el 4 de abril de 2019, núm. único de radicación 170012333000201300423 02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

137

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

fundamentos fácticos de la demanda y de las pruebas o de la causa petendi
planteada; entonces, el juez de la acción popular no queda atado, de forma
exclusiva, a las pretensiones de la demanda.

287. En el caso sub examine, el Tribunal, en la sentencia impugnada, estudió la
legalidad del Decreto 61 expedido el 3 de septiembre de 2010, “[…] Por medio del
cual se realiza la modificación excepcional por norma urbanística y desastre de
origen natural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio Villa San
Diego de Ubaté, Cundinamarca […]”, con fundamento, por una parte, en que en la
pretensión quinta de la demanda se solicitó prohibir la inclusión de zonas de ronda
dentro del área urbana del Municipio Villa San Diego de Ubaté y, por la otra, que de
los hechos se infiere una ilegalidad de ese acto administrativo. Sobre el particular, el
Tribunal precisó lo siguiente:

“[…] En primer lugar, la Sala de Decisión se referirá al trámite surtido para aprobar
mediante decreto la reforma al PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
del Municipio Villa San Diego de Ubaté, toda vez que en la pretensión quinta se
solicitó prohibir la inclusión de zonas de ronda dentro del área urbana del
Municipio Villa San Diego de Ubaté. Lo anterior, con el objeto de establecer si se
viola el derecho colectivo no solo al ambiente sano, sino a la moralidad administrativa
(cuyo amparo fue solicitado en el escrito de la acción popular) al modificarse el tipo de
suelo de los predio (sic) involucrados en la demanda.

Posteriormente, se determinará si la construcción de las viviendas de interés social
que se pretenden edificar en los predios “La Holanda” y “La Fortuna” invade la zona
de ronda del Río Ubaté.

[…]

Por lo anterior, en la medida que en la presente acción se han referido hechos
relativos a una supuesta ilegalidad de la modificación del suelo urbano del
Municipio Villa San Diego de Ubaté, la Sala procederá a realizar un análisis del
Decreto 62 de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA LA MODIFICACIÓN
EXCEPCIONAL POR OBRA URBANÍSTICA Y DESASTRE DE ORIGEN NATURAL
DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO VILLA
SAN DIEGO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA, para establecer si su expedición se ajustó
al procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997. Ello bajo los límites del juez
constitucional esbozados en la jurisprudencia transcrita, eso es de la amenaza de
violación del derecho colectivos (sic) a un ambiente sano […]”242 (Resaltado fuera de
texto original).

288. La Sala considera que el Tribunal no atendió el principio de congruencia en
la sentencia proferida, en primera instancia, al ordenar al Municipio Villa San Diego
de Ubaté “inaplicar” el Decreto 61 de 2010, conforme se explicará a continuación.

242 Folio 598 y 600

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

138

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

289. En la pretensión quinta de la demanda se solicitó lo siguiente:

“[…] 5.- Que se prohíba adelantar cualquier tipo de construcción u obras en las zonas
de ronda y en la zona de manejo y preservación ambiental, especialmente cualquier
tipo de asentamiento urbano que se pretenda establecer por parte del Municipio
Villa San Diego de Ubaté, especialmente en las áreas de zona de ronda y manejo y
preservación ambiental, para que no puedan ser incorporadas como nuevas áreas
urbanas […]”243.

290. La pretensión supra no se refiere a actos administrativos expedidos con
anterioridad a la presentación de la demanda, sino a actuaciones futuras en relación
con la inclusión de áreas urbanas que afecten la zona de ronda, de manejo y de
preservación del Río Ubaté. Además, en la demanda no se solicitó la inaplicación de
algún acto administrativo relacionado con aquella circunstancia244.

291. En los fundamentos fácticos de la demanda tampoco se adujo que el Decreto
61 de 2010, vulnera o amenaza algún derecho e interés colectivo. En síntesis, los
hechos de la demanda son los siguientes:

i) Que las administraciones municipales han omitido delimitar y proteger la ronda del
Río Ubaté, así como tampoco han restringido las actividades económicas y
urbanísticas en estas zonas, ni han prohibido la expansión urbana.

ii) Que “[…] Las Alcaldías Municipales y sus oficinas de planeación han sido
totalmente omisivas, negligentes y desinteresadas en iniciar las actuaciones
administrativa respectivas, tendientes a la recuperación del espacio público
constituido por la zona de ronda del río Ubaté, que ha venido siendo ocupada
indebidamente a ciencia y paciencia con la complicidad de las autoridades
Municipales y con el detrimento claro del patrimonio público, han permitido
construcciones sobre la zona de ronda de establecimientos comerciales […]”245.

243 Folio 3
244 La Sala recuerda que en la demanda se pretendió i) que se ordene a los demandados alinderar y amojonar

la zona de ronda del Río Ubaté y la inscripción de esta decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, respecto de los predios afectados; ii) que se ordene determinar “el ancho” de la zona de ronda del Río
Ubaté y la zona de preservación y manojo ambiental; iii) que se ordene la instalación de vallas, avisos o señales
que permitan informar a la comunidad la localización, límites e importancia de la zona de influencia; iv) que se
ordene la recuperación de la zona de ronda del Río Ubaté; v) que se ordene la reforestación del Río Ubaté, así
como la elaboración de un plan de manejo y control ambiental; vi) que se ordene limpiar el Río Ubaté; vii) que
se prohíba adelantar cualquier tipo de construcción u obras en las zonas de ronda, así como de manejo y
preservación ambiental, en especial, cualquier tipo de asentamiento urbano; viii) que se proteja el Río Ubaté
como patrimonio público medioambiental; ix) que se tomen las medidas necesarias para evitar la contaminación
del Río Ubaté, con ocasión de los vertimientos de aguas residuales domésticas de los municipios del Carmen de
Carupa, Ubaté y Fúquene; x) que se ordene a la parte demandada la presentación de un plan de saneamiento y
manejo de vertimientos de aguas residuales; y xi) que se ordene a los municipio demandados que paguen la
tasa retributiva por vertimientos.
245 Folio 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

139

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

iii) Que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté, sin contar con estudios de
factibilidad, conveniencia y riesgo, adquirió los predios denominados La Holanda y
La Fortuna, los cuales forman parte de la zona de ronda del Río Ubaté y están
afectados por la Quebrada El Infierno o Novilleros.

iv) Que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté tiene un proyecto para construir
viviendas de interés social en los predios La Holanda y La Fortuna para setecientas
(700) familias. En criterio de la parte actora, esta zona puede sufrir una grave
inundación o destrucción total por una avalancha generada por la ruptura del dique
de la represa del Hato o por un desbordamiento del Río Ubaté.

v) Que las administraciones municipales no controlan los vertimientos de aguas
residuales, lo cual ha contaminado el Río Ubaté.

292. De acuerdo con lo expuesto, la causa petendi se relaciona con la protección
de del río Ubaté y su zona de ronda, así como con los vertimientos que afectan el
ecosistema y la prevención de desastres previsibles técnicamente; en efecto, el actor
popular pretende que se adopten medidas dirigidas a evitar deslizamientos,
inundaciones y, en general, desastres previsibles técnicamente, así como garantizar
la protección del ambiente y de los recursos naturales renovables.

293. La Sala considera necesario destacar que, durante el trámite del proceso,
en primera instancia, el señor Alfonso Contreras Jaramillo, coadyuvante de la parte
actora, solicitó que se decretara, como medida cautelar, la suspensión provisional
del Decreto 061 de 2010, expedido por el Alcalde Municipal de Ubaté.

294. Sobre el particular se precisa que los coadyuvantes en las acciones
populares no actúan para sostener razones de un derecho ajeno o particular sino,
por el contrario, para ayudar en la defensa de un derecho cuyo titular es toda la
comunidad. En este orden de ideas, la Sala ha considerado que procede el recurso
de apelación del coadyuvante, sin que sea necesario que la parte que coadyuva
interponga una impugnación 246 ; sin embargo, estos intervinientes no están
facultados para promover pretensiones diferentes a las planteadas por la parte
actora, toda vez que ello no consulta la finalidad de la coadyuvancia, perfilada

246 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López;

sentencia de 13 de mayo de 2021; núm. único de radicación: 17001 23 33 000 2011 00283 01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

140

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

justamente para contribuir, asistir o ayudar a la consecución de la defensa de los
derechos colectivos invocados.

295. En este sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018, expuso lo siguiente:

“[…] Tratándose de acciones populares, el artículo 24 de la ley 472 faculta a toda
persona natural o jurídica para coadyuvar las pretensiones de la demanda, toda vez
que la suerte del proceso no solo puede afectar a quien ostenta formalmente la
condición de parte demandante sino a todo miembro de la comunidad, sin que sea
menester que medie una relación con quien comparece al proceso.

Lo anterior conlleva a que la relación sustancial exigida como condición de aplicación
de la intervención adhesiva en la legislación procesal civil, no sea requisito en las
acciones populares, no sólo porque la norma especial no lo exige, sino -
fundamentalmente- porque se trata de una acción pública cuyo interés jurídico tutelado
es de carácter colectivo y no individual.

En consecuencia, este interviniente accesorio no actúa para sostener razones de un
derecho ajeno o particular sino, por el contrario para ayudar en la defensa de un
derecho cuyo titular es toda la comunidad, sin que exista un interés económico, sino
de carácter eminentemente público, propio de la naturaleza este medio de control.

La Sala considera que lo anterior no significa que como el interés jurídico que mueve
tanto a la parte actora como a su coadyuvante no es otro que la defensa de los
derechos e intereses colectivos, éste último pueda establecer en su escrito de
impugnación una nueva demanda con pretensiones y derechos distintos a los
planteados por la parte actora, toda vez que no consultaría la finalidad de la
coadyuvancia, perfilada justamente para contribuir, asistir o ayudar a la consecución
de la defensa de los derechos colectivos invocados. Así las cosas, la legitimación del
coadyuvante en este tipo de acciones colectivas es limitada […]”247.

296. En consecuencia, la Sala considera que solicitud del coadyuvante respecto
a la suspensión del Decreto 061 de 2010, no facultaba al Tribunal para extender la
causa petendi planteada por las partes.

297. Por último, la Sala destaca que en la “adición” de la demanda presentada
por la parte actora el 13 de mayo de 2011, ante el Tribunal, no se manifestó, de
forma tácita o expresa, que algún acto administrativo fuera la causa de los derechos
colectivos que se invocaron como vulnerados o amenazados.

298. Por las razones expuestas, se revocará el ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia.

247 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 10 de diciembre de 2018; núm. único de radicación: 170012331000201100424-03

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

141

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

299. Asimismo, se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada, en tanto la
orden consistente en conminar “[…] al constructor a no construir ni parcelar la zona
de ronda técnica del Río Ubaté […]” es consecuencia directa de la decisión contenida
en el ordinal tercero ibidem.

300. Por lo expuesto, no es necesario estudiar el motivo de apelación relacionado
con que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté cumplió con el procedimiento para
la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y con la violación del debido
proceso por parte del Tribunal a quo al valorar las actas del Concejo del Municipio
Villa de San Diego de Ubaté, comoquiera que estos aspectos se relacionan
únicamente con la expedición del Decreto Municipal 61 de 2010.

301. En lugar de las órdenes revocadas, se ordenará al Municipio Villa de San
Diego de Ubaté que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, promueva, si aún no lo ha hecho, en el término máximo de doce
(12) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la inclusión
de los determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, así como el
cumplimiento del artículo 17 del Acuerdo 05 de 6 de abril de 2018248, expedido por
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que
establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 17. DETERMINANTE AMBIENTAL. Según lo establecido en el
artículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el artículo 10
de la Ley 388 de 1997, la administración de las áreas integrantes del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas constituye una determinante ambiental; y por lo tanto,
una norma de superior jerarquía, que no puede ser desconocida, contrariada o
modificada en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de os Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución
y la ley.

De conformidad con lo anterior, los municipio de San Miguel de Sema y Ráquira del
departamento de Boyacá y Carmen de Carupa, Lenguazaque, Simijaca, Guachetá,
Cucunubá, Fúquene, Susa, Sutatausa y Ubaté, departamento de Cundinamarca no
pueden regular el uso del suelo en el área declarada y deberán armonizar los
procesos de ordenamiento territorial, y en los demás instrumentos de
planificación y gestión de este municipio, se deberá incorporar los proyectos
y recursos para dar cumplimiento a los programas adoptados mediante el Plan
de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado […]” (Destacado
del texto).

248 “Por mediodel cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado
“Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, ubicado en el Jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

142

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

302. En el mismo sentido, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, inicie una actuación administrativa, de conformidad con la Ley 1333,
con el objeto de determinar si en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté se han
expedido normas que desconozcan los determinantes ambientales para la
protección de la Cuenca correspondiente y los posibles responsables de las
correspondientes infracciones.

Análisis en relación con el recurso de apelación interpuesto por el
Departamento de Cundinamarca

303. El Departamento de Cundinamarca manifestó en el recurso de apelación que
no vulneró ni amenazó los derechos colectivos invocados en la demanda y que, por
lo tanto, no hay lugar a proferir una condena en su contra.

304. La Sala reitera que la falta de pruebas sobre la vulneración o amenaza de
algún derecho e interés colectivo no impide que el juez de la acción popular imponga
las órdenes necesarias para su garantía, protección o restablecimiento.

305. En el caso sub examine, el Departamento de Cundinamarca de conformidad
con la Ley 99, tienen competencias dirigidas a la protección del medio ambiente y
forma parte del Sistema Nacional Ambiental, según lo precisó la Sala en el título “[…]
Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental –SINA- […]”.

306. Asimismo, se observa que, en el marco del Decreto 180 de 22 de septiembre
de 2008 249 , el Departamento de Cundinamarca formuló e implementó el Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Agua y
Saneamiento en el Departamento y, en especial, dispuso la vinculación del
departamento de Cundinamarca al PDA y el establecimiento de los componentes del
mismo, así como el gestor del PDA y la conformación del Comité Directivo. En ese
sentido, el artículo 1 dispuso: “[…] Vinculase al Departamento de Cundinamarca al
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento, en adelante PDA […]”.

249 Al respecto, ver:

https://www.epc.com.co/docs/empalme%202019/PDA/Archivos/Decreto%20180%20de%202008.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

143

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

307. En relación con los componentes del PDA, la norma dispuso que estaría
conformado por las políticas, planes y programas que en materia de agua potable y
saneamiento básico se incluyan en: i) los planes de desarrollo de los municipios que
se vinculen al PDA; ii) en los planes departamental y Nacional de Desarrollo; y iii) en
los planes de las entidades públicas que conforme a la ley puedan ser vinculadas al
Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, como las corporaciones
autónomas regionales, en el caso en que decidan integrarse.

308. Además, en el CONPES núm. 3451 de 2006, con el objeto de llevar a cabo
las líneas de acción propuestas para recuperar y conservar, entre otros, el
ecosistema, se determinaron las siguientes competencias:

Entidad Competencia
Formulará las políticas y expedirá la reglamentación
necesaria para orientar las acciones encaminadas a
la recuperación ambiental de la cuenca de Ubaté.

Gobierno nacional Acompañará a las entidades territoriales en el diseño
de mecanismos de priorización en la inversión de
recursos regionales, provenientes de la Nación, hacia
acciones que san definidas para su recuperación.
Cuando haya lugar a la contratación de créditos
internacionales, el Gobierno Nacional dará el aval.

Realizar un seguimiento permanente a la gestión
adelantada por estas entidades y acompañará dicha
gestión cuando se requiera.

Liderará la construcción de un plan de acción a corto
Dirección Nacional de Prevención y Atención plazo con el fin de atender eventos relacionados con
de Desastres sequías, inundaciones, reubicación de viviendas,
mantenimiento vial, entre otros.
Elaborar el Plan de Gestión Ambiental Regional, el
Plan de Acción Trienal, el Plan de Ordenación y
Corporación Autónoma Regional de Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ubaté – Suárez
Cundinamarca –CAR- (POMCA) y el Plan de Manejo del Complejo
Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.
Participar en la formulación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
Ubaté – Suárez (POMCA).
Entidades territoriales
Armonizar los planes maestros de acueducto y
alcantarillado y los planes de gestión integral de
residuos sólidos.

309. Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a que se encuentra probado
que parte de la Cuenca del río Ubaté se encuentra ubicada en jurisdicción del
Departamento de Cundinamarca, y atendiendo a, por un lado, los principios de
coordinación y concurrencia; por el otro, las competencias de los departamentos
establecidas en la constitución, la ley y los reglamentos, en especial, los indicados
en los marcos normativos, que establecen en relación con estas entidades
territoriales precisas obligaciones en materia ambiental y de saneamiento básico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

144

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

relacionadas con el apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de
planificación multisectorial; y, por último, que se encuentra probado que el
Departamento de Cundinamarca se encuentra vinculado al PAP-PDA que impone
específicas obligaciones en materia ambiental y de saneamiento básico, eje central
de la controversia estudiada en este caso, la Sala considera que se debe mantener
la vinculación del Departamento de Cundinamarca con el objeto de que brinde, en el
marco de sus competencias, el apoyo necesario para superar la problemática
evidenciada en este caso, en relación con el rio Ubaté.

Análisis en relación con el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible

310. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el recurso de
apelación, adujo que, en atención a que no ha vulnerado ningún derecho e interés
colectivo, no tiene legitimación en la causa por pasiva y no debe formar parte del
comité de verificación de la sentencia.

311. En el caso sub examine, si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible no tiene responsabilidad en la vulneración y amenaza de los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda, de acuerdo con lo expuesto en el
acápite “[…] Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental –SINA- […]”, a esta
entidad le corresponde dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental –SINA- para
asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
destinados a garantizar el cumplimiento de los deberes, así como de los derechos
del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio
natural de la Nación250.

312. En efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un papel
fundamental, en el ámbito de sus competencias, de cara al acompañamiento de las
entidades obligadas a ejecutar las órdenes dirigidas a la protección de los derechos
e intereses colectivos vulnerados o amenazados.

313. En consecuencia, sobre este aspecto, la sentencia proferida, en primera
instancia, será confirmada.

250 Artículo 2.º Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

145

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Comité de verificación

314. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia en acciones populares,
“[…] el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de
la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una
organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También
comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea
de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.

315. De conformidad con esta norma transcrita, el juez de primera instancia debe
formar parte de Comité de Verificación con el propósito de que realice seguimiento
y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia.

316. En la sentencia proferida, en primera instancia, se ordenó la conformación
de un Comité de Verificación para hacer el seguimiento del cumplimiento de la
sentencia, conformado por la parte actora; el coadyuvante; el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; los municipios Villa San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa
y Fúquene; el Departamento de Cundinamarca; la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca –CAR-; y la Procuraduría 25 Judicial II Ambiental y Agraria.

317. Por consiguiente, es necesario modificar la sentencia apelada, en el sentido
siguiente sentido:

318. Ordenar la integración de un comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia que estará conformado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente, quien lo presidirá, la
parte actora, el coadyuvante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los
municipios Villa de San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y Fúquene; el
Departamento de Cundinamarca; la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca; y el delegado de la Procuraduría General de la Nación.

Conclusiones de la Sala

319. En suma, la Sala concluye que, en caso sub examine, los municipios de
Fúquene y Villa de San Diego de Ubaté vulneraron los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; y al goce del espacio público

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

146

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Asimismo, se acreditó la
amenaza al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.

320. Si bien, la Corporación la Corporación Autónoma de Cundinamarca –CAR-
y el Departamento de Cundinamarca no amenazaron ni vulneraron los derechos
supra, en los términos expuestos en esta sentencia y en el ámbito de sus funciones,
deben llevar a cabo actividades dirigidas a restablecer y proteger el medio ambiente,
con fundamento en el principio de solidaridad y en los principios que rigen la función
administrativa que exigen de las autoridades administrativas coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de
Derecho.

321. En el mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
deberá formar parte del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en
atención a las competencias que tiene a cargo en el Sistema Nacional Ambiental –
SINA-.

322. Respecto del plazo de cumplimiento de las órdenes judiciales, la Sala
precisa que en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el marco del Comité de Verificación, proferirá
las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, toda vez
que el artículo 34 de la Ley 472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez
“[…] conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil […]”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR de forma parcial el ordinal segundo de la parte resolutiva de
la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con el derecho e

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

147

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

interés colectivo a la moralidad administrativa, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCAR de forma parcial, el ordinal quinto de la parte resolutiva de
la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con las órdenes
contenidas en los numerales 8.7, 8.10, 8.11.1. y 8.11.4., por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 13
de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

QUINTO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 13
de marzo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en relación con la orden contenida en el numeral
8.9. de la parte considerativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEXTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al
Departamento de Cundinamarca, a los municipios de Fúquene y Villa de San Diego
de Ubaté para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, cumplan con los objetivos, así como con las medidas de protección
y conservación de los recursos naturales dentro de los términos previstos en el Plan
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río de Ubaté, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y teniendo en cuenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

148

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río de Ubaté, continúe con la
gestión de los proyectos para el mejoramiento del sistema de saneamiento básico
urbano y rural, la construcción de unidades básicas sanitarias que se requieran y el
desarrollo de proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en el ente territorial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

El cumplimiento de esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término pactado
en los contratos que, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se hayan celebrado
para la ejecución de los proyectos indicados supra.

Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el Municipio Villa de San Diego
de Ubaté deberá informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los plazos
previstos en los contratos que se han celebrado. Lo anterior, en el término máximo
de un mes, contado a partir del día siguiente en que quede ejecutoriada esta
sentencia.

Si el ente territorial, en el marco de sus competencias, debe llevar a cabo un
proceso de contratación para el cumplimiento de esta orden judicial, el plazo será
el que se establezca en los estudios técnicos. En este caso, las entidades tendrán
un plazo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente en que quede
ejecutoriada esta sentencia, para iniciar el proceso de contratación.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

OCTAVO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de
seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice los
trámites administrativos y presupuestales para la actualización del Plan Maestro de
Alcantarillado, incluyendo los criterios para la efectiva prestación de este servicio
público en la zona urbana y rural, de acuerdo con las necesidades de las veredas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

149

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

que componen el territorio y con fundamento en el Plan de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca del Río Ubaté, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En el caso de que el Municipio Villa de San Diego de Ubaté haya celebrado el
contrato para la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, el cumplimiento de
esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término que se hubiere pactado en
este.

Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el Municipio Villa de San Diego
de Ubaté deberá informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los plazos
previstos en los contratos que se han celebrado. Lo anterior, en el término máximo
de un mes, contado a partir del día siguiente en que quede ejecutoriada esta
sentencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

NOVENO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté, con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y teniendo en cuenta el
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Ubaté, que en el término de
seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, si aún no lo ha
hecho, inicie las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para: i)
determinar el impacto ambiental de la disposición inadecuada de los residuos
sólidos, en el predio objeto de la inspección judicial practicada el 17 de mayo de
2011; y ii) adopte las medidas necesarias para la restauración y recuperación del
medio ambiente y de los recursos naturales afectados, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

150

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

DÉCIMO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté para que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, promueva la
ejecución e implementación de los planes y programas previstos en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos del ente territorial, teniendo en cuenta los
plazos y los cronogramas previstos en este, así como en los documentos
complementarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca para que, en el marco de su competencia constitucional, legal y
reglamentaria, continue con el seguimiento y control del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté y en caso de verificar la
posible configuración de una conducta constitutiva de infracción ambiental, deberá
iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio, de conformidad con la Ley
1333, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Fúquene que, en el marco de las
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y del Plan de Ordenamiento
de la Cuenca del Río Ubaté, continúe con la gestión de los proyectos para el
mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el sector urbano y rural, la
construcción de unidades básicas sanitarias; la construcción de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales; la formulación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, así como la construcción de las obras para su implementación; y la
implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

El cumplimiento de esta orden judicial se deberá llevar a cabo en el término pactado
en los contratos que, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, se hayan celebrado
para la ejecución de los proyectos indicados supra.

Para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el Municipio de Fúquene
deberá informar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los plazos previstos en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

151

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

los contratos que se han celebrado. Lo anterior, en el término máximo de un mes,
contado a partir del día siguiente en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Si el ente territorial, en el marco de sus competencias, debe llevar a cabo un
proceso de contratación para el cumplimiento de esta orden judicial, el plazo será
el que se establezca en los estudios técnicos. En este caso, las entidades tendrán
un plazo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente en que quede
ejecutoriada esta sentencia, para iniciar el proceso de contratación.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté,
Carmen de Carupa y Fúquene que, en coordinación y con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de un mes,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, realicen un censo en el
área de su jurisdicción, el cual debe contener la siguiente información:

13.1. El número de establecimientos de comercio y estructuras que se encuentran
ubicadas en la ronda del Río Ubaté, así como el número de familias que viven en
esa zona.

13.2. El número de establecimientos de comercio, estructuras y familias que se
encuentran ubicadas en la ronda del Río Ubaté y que cuentan con la autorización
de las autoridades competentes.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el 34 de
la Ley 472.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

152

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté,
Carmen de Carupa y Fúquene que, en coordinación y con el apoyo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de doce (12) meses,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelanten y finalicen, en
el área de su jurisdicción, los procesos administrativos, así como las actuaciones a
que haya lugar, para recuperar la ronda del Río Ubaté, en el marco de las normas
constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes y, en especial, de la
Resolución 654 de 7 de abril de 2015 expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el 34 de
la Ley 472.

DÉCIMO QUINTO: ORDENAR a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté,
Carmen de Carupa y Fúquene que, en coordinación y con el apoyo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de cuatro (4) meses,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras ante las autoridades competentes para
obtener la reubicación definitiva de las familias que habitan la zona de ronda del Río
Ubaté, en área de su jurisdicción, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

En el término de doce (12) meses, contado a partir del vencimiento del plazo
anterior, los Municipios Villa San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y Fúquene,
en área de su jurisdicción, deberán reubicar de forma definitiva en un lugar que
permita el acceso a los servicios públicos, a las familias que viven en la zona de
ronda del Río Ubaté, siempre que no hayan sido beneficiadas con otra medida

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

153

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

equivalente y sin perjuicio de las medidas de urgencia que se deban adoptar frente
a una nueva situación de desastre.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

DÉCIMO SEXTO: ORDENAR a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté, Carmen
de Carupa y Fúquene que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias y en el término quince (15) días, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, adopten un mecanismo dirigido a evitar que personas
o familias que no habitan la zona de ronda del Río Ubaté, en el área de su
jurisdicción, desde la fecha de presentación de la demanda y de la sentencia
proferida, en primera instancia, reciban los subsidios y beneficios. Para tal efecto,
deberán fijar criterios administrativos y probatorios que le permitan verificar que las
familias beneficiarias hubiesen habitado permanentemente en ese territorio durante
el periodo objeto de amparo aquí definido, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

DÉCIMO SÉPTIMO: ORDENAR a los Municipios Villa de San Diego de Ubaté,
Carmen de Carupa y Fúquene, así como a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
del Río de Ubaté y en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, elaboren un proyecto de restauración destinado a la
recuperación ambiental y a la atención de los impactos ambientales ocasionados por
la invasión de la zona de ronda. Este proyecto debe contener, de forma clara, las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

154

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

acciones que se ejecutarán y el plazo de estas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

DÉCIMO OCTAVO: INDICAR a la comunidad para que ejecute conductas que eviten
la invasión de la ronda del Río Ubaté y coadyuven a las autoridades de los municipios
de Carmen de Carupa, Fúquene y Villa de San Diego de Ubaté en los trámites y
gestiones que se requieran para recuperar el espacio público, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMO NOVENO: ORDENAR al Municipio de Fúquene que, con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, teniendo en cuenta el Plan
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río de Ubaté y en el término de seis
(6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, elabore un
estudio para determinar si la vía que se encuentra en la zona de ronda del Río Ubaté
afecta el ecosistema. En caso positivo, se deberá establecer: i) los mecanismos
preventivos, restaurativos, compensatorios y de mitigación a los que haya lugar; y ii)
el plazo y la forma de ejecución de los mecanismos, así como los responsables de
estos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

VIGÉSIMO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, si aún no lo ha
hecho, en el término máximo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente
a la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia, adopte las medidas necesarias,
en el área de su jurisdicción, para evitar inundaciones, en el marco de la gestión del
riesgo de desastres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

155

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

En especial, en caso de que no lo haya hecho, el Municipio deberá actualizar los
planes de gestión del riesgo, de respuesta por cada riesgo y de contingencia, y
efectuar estudios hidrológicos y proyectar las estructuras hidráulicas necesarias para
mitigar los riesgos de inundación en el Municipio, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

VIGÉSIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de Fúquene que, si aún no lo ha
hecho, en el término máximo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente
a la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia, adopte las medidas necesarias,
en el área de su jurisdicción, para evitar y atender las inundaciones, en el marco de
la gestión del riesgo de desastres, de conformidad con la Ley 1523 y el cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal sobre este aspecto, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

VIGÉSIMO SEGUNDO: ORDENAR al Municipio Villa de San Diego de Ubaté que,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
promueva, si aún no lo ha hecho, en el término máximo de doce (12) meses,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la inclusión de los
determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, así como el cumplimiento
del artículo 17 del Acuerdo 05 de 6 de abril de 2018 251, expedido por el Consejo

251 “Por mediodel cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado
“Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, ubicado en el Jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

156

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, inicie una actuación administrativa, de conformidad con la Ley 1333,
con el objeto de determinar si en el Municipio Villa San Diego de Ubaté se han
expedido normas que desconozcan los determinantes ambientales para la
protección de la Cuenca correspondiente y los posibles responsables de las
correspondientes infracciones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, proferirá las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472.

VIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que, en adelante, tenga en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, en relación con la improcedencia
del decreto de medidas cautelares en la sentencia.

VIGÉSIMO QUINTO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia de 13 de marzo
de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

“ORDENAR la integración de un comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia que estará conformado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

157

Número único de radicación: 250002315000201002940-01

por conducto de la Magistrada Ponente, quien lo presidirá, la parte actora, el
coadyuvante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los municipios
Villa de San Diego de Ubaté, Carmen de Carupa y Fúquene; el Departamento
de Cundinamarca; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; y el
delegado de la Procuraduría General de la Nación”.

VIGÉSIMO SEXTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
13 de marzo de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 1998.

VIGÉSIMO OCTAVO: En firme esta providencia, se ORDENA a la Secretaría
devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.