Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00028-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00028-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2022-00028-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: RAÚL POSADA MUÑOZ Y OTRO
Demandados: MUNICIPIO DEL GUAMO Y OTROS
Coadyuvante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio del Guamo,
el departamento del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, contra la sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. Los señores Raúl Posada Muñoz y Claudia Sidney Reyes Castro en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentaron
demanda contra el municipio del Guamo, el departamento del Tolima, la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, la
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y la Asociación
Comunitaria de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de la Chamba, con el
propósito de obtener la protección de los derechos colectivos establecidos en los
literales a), d), g), h) y j) del artículo 4.°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.
2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:
“[…] 2. DECLARACIONES Y CONDENAS.
1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
2
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
2.1 Que se declare solidaria y administrativamente responsable al MUNICIPIO DE
GUAMO TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT" S.A E.S.P
OFICIAL, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
"CORTOLIMA" y LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CHAMBA (sic) DEL GUAMO, por la
vulneración de los derechos e intereses colectivos AL GOCE DE UN AMBIENTE
SANO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y LA DEFENSA
DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO; SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS;
EL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, (Arts 4 Literales a) d), g), h) y j) de
la Ley 472 de 1998).
2.2 Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR A LOS DEMANDADOS, la
construcción y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de agua
potable, con un sistema de captación del rio magdalena y/o quebradas aledañas, que
garantice a la comunidad de la Chamba del Guamo, el suministro del servicio
de manera continua, eficiente y no supongan riesgo para la población, conforme
a lo anterior.
2.3 ORDENAR AL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
TOLIMA "EDAT" S.A E.S.P OFICIAL, LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" у LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CHAMBA DEL GUAMO, la
construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales, que provea a los habitantes de la Vereda la Chamba del Municipio del
Guamo Tolima, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice el medio
ambiente y la salubridad pública, de acuerdo con lo anterior.
2.4 ORDENAR AL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
TOLIMA "EDAT" S.A E.S.P. OFICIAL, LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" y LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CHAMBA DEL GUAMO
(sic), poner en marcha un proyecto para la recuperación y saneamiento ambiental de
la Quebrada Agua Dulce de la Chamba, en los sectores en cuestión.
2.5 Disponer como pretensión autónoma, en los Artículos (sic) 34 inciso 4 de la Ley
472 de 1998, la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento del
fallo, con la participación del Demandante, la Personería Municipal de Ibagué y las
demás autoridades que dispongan el Despacho.
2.6 Condenar en costas y agencias en derecho a los demandados […]” (negrilla y
subrayado del texto).
3.Refirió que la vereda La Chamba, ubicada en la zona rural del municipio del
Guamo, cuenta con aproximadamente mil ochocientos habitantes cuya economía
se basa en la producción agropecuaria y en el comercio fluvial sobre el río
Magdalena. Esa vereda constituye uno de los centros cerámicos más reconocidos
del país orientado a preservar y rescatar la tradición artesanal y la cultura regional.
4.Señaló que la comunidad carece de suministro de agua tratada para consumo
humano debido a la inexistencia de una planta de potabilización y a que la captación
3
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
se realiza mediante cuatro pozos subterráneos de los cuales tres están fuera de
servicio y uno se utiliza para el abastecimiento.
5. Afirmó que el agua suministrada no es apta para consumo humano pues los
análisis realizados por distintos laboratorios evidenciaron altos niveles de coliformes
totales, alcalinidad total, calcio, cloro residual libre, manganeso y fosfato, entre otros
elementos.
6. Señaló que, pese a la cercanía con el río Magdalena, las entidades demandadas
no construyeron una planta de tratamiento de agua potable con sistema de
captación que garantice el suministro continuo, eficiente y seguro. La comunidad
tampoco cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales ni domésticas,
las cuales son descargadas directamente sobre la quebrada Agua Dulce en los
sectores de la finca El Triunfo y salida al Olvido.
7.Manifestó que la falta de acceso a agua potable en condiciones de salubridad ha
generado graves problemas de salud, en especial en la población infantil, tales
como: diarreas agudas, cólera, fiebres, vómitos, dolor de estómago e infecciones
que constituyen riesgo de muerte.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
8. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, por auto de 17 de
marzo de 20223, admitió la demanda, ordenó la notificación a los sujetos procesales
y dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
9.Mediante auto de 8 de septiembre de 20224, se aceptó la coadyuvancia de la
Defensoría del Pueblo Regional Tolima.
10. El 4 de octubre de 20225, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló propuesta de pacto de
cumplimiento.
11. En auto de 31 de enero de 20236, se decretaron las pruebas del proceso.
12. Por auto de 14 de febrero de 20237 se resolvió el recurso de reposición contra la
decisión que negó la prueba pericial, decretándola.
13. El 17 de febrero de 20238 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se
incorporó la prueba documental decretada.
3
Cfr. Índice 12 del expediente digital de primera instancia.
4
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia.
5
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. Índice 69 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. Índice 83 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 88 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
14. Mediante auto de 13 de febrero de 20249 se concedió el amparo de pobreza a
los actores populares. Posteriormente, el 7 de junio de 202410 se reanudó la
diligencia de pruebas, se recaudó la prueba testimonial y se sustentó el dictamen
pericial. En la misma diligencia se ordenó a las partes la presentación de los
alegatos de conclusión.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Municipio del Guamo11
15. Elente territorial indicó que, si bien no presta el servicio de acueducto y
alcantarillado en el centro poblado de La Chamba, ha adelantado acciones para
garantizar el servicio a la comunidad. Dichos servicios están a cargo de la
Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la Chamba del Guamo,
quien debe responder ante la vulneración de los derechos colectivos invocados en
la demanda.
16. Adujo que, para garantizar la prestación eficiente de aquellos servicios, celebró:
i) contrato de consultoría núm. 203 de 2021 que tuvo como objeto “[…] Estudios y
diseños para la optimización del acueducto del centro poblado La Chamba en el
municipio de Guamo Tolima […]”; ii) contrato de obra núm. 437 de 2021 que tuvo
como objeto “[…] Adecuación, reposición y manejo de vertimientos sobre la cuenca
del río Magdalena del alcantarillado sanitario en la vereda La Chamba del municipio
de El Guamo Tolima […]”; iii) contrato de obra núm. 291 de 2021 que tuvo como
objeto “[…] Optimización, mantenimiento y suministros para los pozos profundos de
los acueductos de las veredas La Chamba, Serrezuela, Primavera y Garzas, El
Jardín y Guamal del municipio del Guamo […]”; y iv) contrato de obra núm. 175 de
2022 que tuvo por objeto “[…] Adecuación, reposición y manejo de vertimientos
sobre la cuenca del rio Magdalena del alcantarillado sanitario fase ii en la vereda La
Chamba del municipio del Guamo Tolima […]”.
I.3.2. Corporación Autónoma Regional del Tolima12
17. La autoridad ambiental se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó la
excepción de “[…] Falta de legitimación por pasiva […]”.
18. Señaló que el municipio es el principal responsable de la prestación de los
servicios públicos y de la ejecución de las obras requeridas para el progreso local,
de conformidad con los artículos 3 de la Ley 136 de 2 de junio de 199413, 5 de la
Ley 142 de 11 de julio de 199814 y 8 de la Ley 388 de 18 de julio de 199715.
9
Cfr. Índice 111 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 134 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia.
13
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
14
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
15
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
19. Refirió que los departamentos tienen la responsabilidad de coordinar,
complementar y actuar como intermediarios entre la Nación y los municipios.
Además, deben brindar apoyo técnico, financiero y administrativo en la prestación
de los servicios públicos como gestores del Plan Departamental de Aguas,
siguiendo los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad, de acuerdo con los artículos 288, 298 y 367 de la Constitución
Política, 7 de la Ley 142 de 1994 y 74 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200116.
20. Indicó que la Nación tiene funciones de apoyo técnico, administrativo y financiero
a los municipios o empresas prestadoras, e incluso puede asumir directamente la
prestación del servicio cuando estos no cuenten con capacidad suficiente, conforme
a los artículos 67 y 166 de la Ley 142 de 1994 y a los artículos 2 y 9 del Decreto
3571 de 27 de septiembre de 201117.
21. Argumentó que las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con los
numerales 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 y 26 del artículo 31 de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 199318, ejercen funciones de vigilancia, control ambiental, imposición
de sanciones, asesoría y ejecución de proyectos ambientales, pero no les compete
la construcción de las plantas de tratamiento, ni la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado. Además, esa autoridad ambiental, al ejercer el control y
vigilancia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio del
Guamo, aprobado mediante la Resolución 1795 de 24 de julio de 2009, evidenció
incumplimientos y, en consecuencia, inició dos procesos sancionatorios
identificados con los expedientes SAN 01926 y 79043253, en contra del municipio
y la empresa prestadora de servicios públicos.
22. Refirió que el PSMV se encuentra actualmente en proceso de ajuste, pues la
Resolución 1795 estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2022. En la actualización se
requirió la ampliación del instrumento al área rural, incluyendo el centro poblado La
Chamba, como medida para atender las problemáticas objeto de la presente acción.
Adicionalmente, informó que la corporación ordenará una visita técnica en la
quebrada Aguadulce con el fin de verificar los hechos relacionados con la
contaminación y adoptar las medidas a que haya lugar.
I.3.3. Departamento del Tolima19
23. Elente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la
excepción de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR LO PASIVO
[…]”.
16
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
17
“[…] Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra
el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. […]”.
18
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
19
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
24. Señaló que los departamentos tienen la función de promover, coordinar y brindar
apoyo técnico, financiero y administrativo en relación con los programas y proyectos
ambientales. Sin embargo, la responsabilidad principal por el manejo de las aguas
residuales recae sobre los municipios, quienes deben ejecutar directamente las
obras de descontaminación de las fuentes hídricas y gestión de vertimientos.
25. Explicóque, bajo el esquema de descentralización por servicios, se creó la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P.
OFICIAL, como una empresa de servicios públicos de carácter oficial, designada
gestora del Plan Departamental de Aguas, encargada de apoyar la estructuración y
ejecución de proyectos para garantizar el acceso al agua potable.
26. Manifestó que el departamento y esa empresa han adelantado acciones de
planeación e inversión en desarrollo del Plan Departamental de Agua del Tolima.
Concretamente, efectuaron la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado y la
implementación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios
Públicos (vigencia 2020–2021), orientados a mejorar la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo y a garantizar su viabilidad técnica y financiera
en distintos municipios del departamento, dentro de los cuales se priorizó el
municipio del Guamo.
I.3.5. EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL20
27. La empresa propuso las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN POR
PASIVA […]”; “[…] FALTA DE PRUEBA […]” y “[…] GENÉRICA […]”.
28. Expuso que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL se creó en el marco de los planes
departamentales de agua, con fundamento en los lineamientos del Gobierno
Nacional, como una entidad descentralizada encargada de la gestión, coordinación
y apoyo en la estructuración de proyectos de agua potable y saneamiento básico, y
no de la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios.
29. Indicó que conforme al Decreto 1425 de 6 de agosto de 201921, esa empresa
actúa como gestora del Plan Departamental de Agua, teniendo funciones de
asistencia técnica, financiera, administrativa y de coordinación interinstitucional,
orientadas a apoyar a los municipios en la formulación, viabilización y ejecución de
proyectos, cuya iniciativa y presentación corresponde a las entidades territoriales.
30. Señaló que no existen proyectos radicados por parte del municipio del Guamo,
de la empresa de servicios públicos o de la comunidad, ante los mecanismos de
viabilización correspondientes, por lo que no es posible atribuir a esa empresa una
20
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
21
"[…] Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento […]".
7
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
omisión alguna en la gestión o ejecución de soluciones frente a la problemática de
la vereda La Chamba.
31. Manifestó que la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico recae en el municipio,
ya sea de manera directa o a través de los prestadores correspondientes, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
32. El Tribunal Administrativo del Tolima resolvió en la sentencia de 25 de septiembre
de 202522, lo siguiente:
“[…] Primero. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por la EDAT S.A. E.S.P. (sic), el Departamento del Tolima,
CORTOLIMA, y el municipio de El Guamo, conforme se indicó en parte (sic)
considerativa de esta providencia.
Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la
protección y uso adecuado de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice condiciones de
salubridad; y la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, debido a la
ausencia de una planta de tratamiento de agua potable con un sistema de captación
que asegure un suministro permanente, eficiente y seguro para los habitantes de la
vereda La Chamba, en el municipio de El Guamo, así como la falta de una planta de
tratamiento de aguas residuales.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes
con miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como
amenazados en esta sentencia, así:
3.1. Municipio de El Guamo
Se ordena que, en su calidad de garante de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en su jurisdicción:
• En un término no superior a diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, adelante un censo de los habitantes de la vereda La Chamba,
identificando plenamente si existen sujetos de especial protección (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada y niños).
• Una vez se tenga el respectivo censo, deberá garantizar inmediatamente y de
manera provisional, el suministro de agua a los habitantes de la vereda Chamba (sic)
a través de carrotanques u otro mecanismo que cumpla con dicha finalidad, por lo
menos 4 veces a la semana, en los parámetros mínimos contemplados por la H. Corte
Constitucional23 equivalente a 50 litros diarios por persona, mientras se adelantan las
obras definitivas que garanticen el acceso a agua potable.
• Deberá presentar informes mensuales que acrediten el suministro de agua potable
a la citada población en los términos aquí descritos.
22
Cfr. Índice 159 del expediente de primera instancia.
23
Sentencia T-475/17.
8
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
• Solicitará apoyo logístico y presupuestal a la Empresa Departamental de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial y al Departamento del
Tolima para el cumplimiento integral de la medida cautelar.
En un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia
deberá:
i) Elaborar, adoptar y presentar ante el mecanismo de viabilización correspondiente
EDAT S.A. E.S.P., un proyecto integral de captación, tratamiento y distribución
de agua potable para la vereda La Chamba, que garantice el suministro
permanente, eficiente y en condiciones aptas para el consumo humano.
ii) Diseñar y estructurar, en coordinación con el Departamento del Tolima, la EDAT
S.A. E.S.P. y Cortolima, un proyecto de construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que permita el manejo adecuado de
los vertimientos generados por el sistema de alcantarillado del centro poblado.
iii) Ejecutar acciones inmediatas de vigilancia sanitaria sobre el sistema de
acueducto y alcantarillado comunitario, incluyendo la toma periódica de muestras
de agua, la evaluación de riesgos sanitarios y la adopción de medidas preventivas
y correctivas.
iv) Coordinar con la EDAT S.A. E.S.P., el Departamento del Tolima y CORTOLIMA
la gestión técnica y financiera de los proyectos mencionados, asegurando su
inclusión en el Plan Departamental de Agua (PDA).
Las obras relacionadas con el acueducto y alcantarillado deberán
culminarse en un plazo no superior a dos (2) años contados desde la
ejecutoria de esta providencia.
v) De otra parte, en un término no superior a un (1) año, el Municipio de El Guamo
deberá definir de manera expresa y documentada el esquema bajo el cual se
garantizará la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en la vereda La Chamba. Para tal efecto, deberá optar por una de
las siguientes alternativas:
•Asumir la prestación directa del servicio;
•Delegarla a una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente
constituida;
•O mantenerla a cargo de la Asociación de Usuarios de Acueducto y
Alcantarillado de La Chamba de El Guamo.
En caso de optar por esta última opción, el municipio deberá adelantar las
gestiones necesarias para garantizar la idoneidad técnica, operativa y
administrativa de dicha asociación, lo cual incluye, como mínimo, la capacitación
del personal, la implementación de mecanismos de control de calidad del servicio
y la articulación con las entidades competentes para asegurar el cumplimiento de
los estándares legales y técnicos aplicables.
3.2. Al Departamento del Tolima
Se ordena que, una vez quede ejecutoriada esta decisión:
• Brinde asistencia técnica, administrativa y financiera al Municipio de El Guamo
para la estructuración y ejecución de los proyectos de agua potable y
saneamiento básico en la vereda La Chamba.
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Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
• Ejecute acciones de inspección, vigilancia y control sobre los factores de riesgo
ambiental que afectan la salud de la población, en coordinación con CORTOLIMA
y el municipio.
• Realice el seguimiento y evaluación de las acciones adoptadas por el municipio
en materia de salud pública y saneamiento básico, informando los resultados a la
comunidad y a las autoridades competentes.
• Priorice la vereda La Chamba en los planes de inversión del sector agua potable
y saneamiento básico, y promueva su inclusión en los mecanismos de
financiación disponibles.
3.3. A la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
Se ordena que, una vez quede ejecutoriada esta decisión:
• Ejecute acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los
vertimientos de aguas residuales en la quebrada Agua Dulce, y adopte las medidas
de policía ambiental que correspondan.
• Coordine con el municipio de El Guamo y el Departamento del Tolima la formulación
y ejecución de un proyecto de recuperación ambiental de la quebrada Agua Dulce y
su entorno. La materialización de las labores de recuperación se deberá llevar a cabo
en un periodo máximo de un (1) año siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
• Exija la reparación de los daños ambientales causados por los vertimientos sin
tratamiento, conforme a la normativa vigente.
• Participe activamente en la estructuración de la PTAR, en el marco de sus
competencias, y promueva la articulación interinstitucional para su ejecución.
3.4. A la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado del Tolima –
EDAT S.A. E.S.P.
Se ordena que una vez ejecutoriada la presente providencia:
• Preste asistencia técnica, financiera y operativa al Municipio de El Guamo para la
estructuración de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en la vereda
La Chamba.
• Coordine la inclusión de dichos proyectos en el Plan Departamental de Agua (PDA)
y gestione las fuentes de financiación necesarias para su ejecución.
• Estructure y presente ante el mecanismo de viabilización correspondiente los
proyectos de infraestructura requeridos para garantizar el suministro de agua potable
y la construcción de la PTAR en la vereda La Chamba de El Guamo.
• Adelante el acompañamiento respectivo al municipio de El Guamo que garantice la
viabilidad y materialización, en un periodo no superior a dos (2) años siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de los proyectos de agua potable y saneamiento
básico en la Vereda la Chamba.
Cuarto. Las entidades involucradas deberán remitir de manera trimestral a esta
Corporación, los informes contentivos de las labores ejecutadas, término que
empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.
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Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
Quinto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará
conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, quien lo presidirá, los
demandantes, el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación, el
Personero Municipal de El Guamo, el representante de la Defensoría del Pueblo –
Regional Tolima -, el Alcalde Municipal de El Guamo o su delegado, el Gobernador
del Departamento del Tolima o su delegado, el Gerente de EDAT S.A. E.S.P. o su
delegado, el Director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima o su delegado
y el representante legal de la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado
de La Chamba de El Guamo.
Sexto. Condenar en costas a la Corporación Autónoma Regional del Tolima,
Departamento del Tolima, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima -
EDAT- S.A., E.S.P. OFICIAL, Municipio de El Guamo y a favor de los demandantes.
La liquidación se realizará de manera concentrada por esta Corporación, una vez
quede ejecutoriada la presente providencia, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 366 del C.G.P.
Séptimo. Reconocer personería a la Dra. ANDREA PAOLA RICO ROMERO
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.105.692.277 y T.P. 424.024 del C.
Superior de la Judicatura, como apoderada judicial sustituta del Municipio de El
Guamo, en la forma y términos del memorial visible en el índice 156 del aplicativo
Samai.
Octavo. Esta sentencia será publicada a cargo del Municipio de El Guamo, en un
diario de amplia circulación nacional.
Noveno. Para los efectos del Art. 80 de la ley 472 de 1998 remítase copia a la
Defensoría del Pueblo, como Representante del Ministerio Público.
Décimo. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente […]” (negrilla y
subrayado del texto).
33. El tribunal, luego de verificar el acervo probatorio, señaló que la descarga directa
de aguas residuales sin tratamiento a la quebrada Agua Dulce, que desemboca en
el río Magdalena, ha generado la contaminación de los cuerpos hídricos
superficiales y subterráneos, la proliferación de vectores, la generación de olores
ofensivos, la acumulación de residuos sólidos, la destrucción del ecosistema y la
pérdida de biodiversidad.
34. Indicó que el agua suministrada por el acueducto comunitario no es tratada y
contiene agentes químicos y bacterias coliformes, lo que genera enfermedades
gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias en la población. Además, las
aguas residuales contaminan el entorno natural porque son vertidas directamente a
la quebrada Agua Dulce en condiciones de insalubridad.
35. Expuso que la vereda no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable
• PTAP, ni con planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR. Dicha omisión
constituye un riesgo sanitario porque la estructura existente no garantiza las
condiciones mínimas de salubridad.
36. Destacó que: i) el servicio de agua es deficiente, discontinuo y no es apto para el
consumo humano; ii) la comunidad paga una tarifa mensual pero no recibe un
servicio digno ni seguro; iii) la asociación comunitaria no ha gestionado soluciones
11
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
técnicas; y iv) las autoridades locales y departamentales no han adoptado medidas
efectivas para resolver la problemática.
37. Determinó que el servicio de acueducto en la vereda La Chamba es operado por
la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la Chamba, entidad que
carece de soporte técnico, administrativo y operativo para garantizar la adecuada
prestación del servicio. Esa asociación no cuenta con planta de tratamiento de agua
potable, ni personal certificado o infraestructura mínima para asegurar la calidad del
agua suministrada.
38. Señaló que, si bien el municipio no presta directamente el servicio de agua
potable, es responsable de vigilar, controlar y brindar apoyo técnico a quienes lo
hacen en la comunidad. Las descargas en los sectores denominados El Olvido y
finca El Triunfo, según se reporta en el dictamen pericial, y se advierte en el registro
fotográfico anexo, han generado una grave afectación ambiental.
39. Sostuvo que CORTOLIMA tiene competencia directa y concurrente para
intervenir en la problemática ambiental derivada de los vertimientos de aguas
residuales sin tratamiento que afectan la quebrada Agua Dulce y el río Magdalena.
Aunque la Ley 142 de 1994 no le atribuye a las CAR la prestación directa de los
servicios públicos domiciliarios, ello no impide que, en coordinación con los
municipios, adopten medidas de control ambiental, ejecuten obras de saneamiento
básico y adelanten actuaciones de protección, recuperación y defensa de los
recursos naturales.
40. Complementó que, aunque el municipio del Guamo tiene la competencia principal
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios cuestionados, el
departamento del Tolima también tiene deberes de coordinación, apoyo y
acompañamiento frente a la problemática. En particular, le corresponde monitorear
y evaluar las acciones municipales en salud pública, ejercer inspección, vigilancia y
control sobre factores de riesgo ambiental que puedan afectar la salud humana,
brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios en materia de
servicios públicos y coordinar, junto con las autoridades ambientales, actividades
de control ambiental de alcance intermunicipal.
41. Advirtió que el departamento del Tolima pese a que conoce las condiciones de la
vereda no ha adoptado medidas estructurales y tampoco ha coordinado acciones
efectivas con el municipio ni con CORTOLIMA para la solución del problema.
Tampoco se evidencia la implementación de programas de asistencia técnica o
financiera para la construcción de infraestructura de saneamiento básico, ni el
desarrollo de estrategias interinstitucionales para la recuperación ambiental del
sector.
42. Argumentó que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, en su calidad de gestora del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento,
tiene el deber de apoyar a los municipios en la gestión, formulación, estructuración,
12
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
financiación y ejecución de proyectos orientados a garantizar el acceso sostenible
al agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, le
corresponde apoyar a las demás entidades demandadas en la corrección de la
problemática estructural debatida.
III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Municipio del Guamo24
43. El municipio argumentó que tiene la responsabilidad de garantizar la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, según lo
señalado en los artículos 311, 365 de la Constitución Política y 5.1 de la Ley 142 de
1994. Sin embargo, el legislador permitió que dichos servicios sean gestionados por
empresas oficiales, privadas o mixtas, cuando el ente territorial no funja como
prestador directo del servicio.
44. Puso de presente que la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
en la vereda La Chamba está a cargo de la Asociación Comunitaria de Acueducto
y Alcantarillado de la Chamba. Esta asociación de carácter privado se encarga del
diseño, la construcción, el mantenimiento y la reparación de las redes, así como de
cobrar por la prestación del servicio. Por lo tanto, debe responder por la
problemática planteada en la demanda.
45. Sostuvo que ese ente territorial tiene el deber constitucional y legal de asegurar
la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios dentro de su
jurisdicción. Aun así, ello no significa que deba responder directamente por las
deficiencias del operador. Su eventual responsabilidad sería subsidiaria y estaría
limitada al ejercicio de funciones de vigilancia y control del prestador autorizado.
46.Agregó que no actuó de manera negligente, dado que ha adelantado distintas
gestiones para atender la problemática técnica, sanitaria y ambiental del sistema.
Específicamente, durante las vigencias 2021 y 2022 suscribió contratos de
consultoría y de obra para la optimización del acueducto del centro poblado La
Chamba, la adecuación y reposición del alcantarillado sanitario, el mantenimiento y
suministro en pozos profundos, y la fase II de adecuación y manejo de vertimientos
en la vereda.
47. Indicó que las órdenes a su cargo deberían limitarse a actuaciones coherentes
con las gestiones y obras que ha desarrollado para asegurar la prestación eficiente
y continua de los servicios.
48. Finalmente, alegó que debió vincularse a la Empresa de Servicios Públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Guamo - ESPAG E.S.P., con fundamento en
el Acuerdo Municipal 006 de 2014, conforme al cual esa entidad tiene competencias
24
Cfr. Índice 167 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
en materia de prestación, cobertura, mantenimiento y calidad de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
III.2. Departamento del Tolima25
49. El ente territorial afirmó que no vulneró los derechos colectivos amparados y
solicitó la revocatoria parcial de la sentencia proferida en primera instancia. De
forma subsidiaria, solicitó la modificación del numeral 3.2 de la parte resolutiva de
esa sentencia para que la intervención del departamento sea en el marco de sus
“[…] funciones de apoyo, coordinación y acompañamiento: financiero, técnico y
administrativo al Municipio de El Guamo y a la Asociación de Usuarios de Acueducto
y Alcantarillado de La Chamba, en el diseño del plan de mejoramiento y/o
optimización del proceso de tratamiento del agua para el sistema de acueducto de
la vereda La Chamba, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, y siempre que dicha colaboración sea formalmente solicitada por el
respectivo ente territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 715 de
2001 […]” (negrilla del texto).
50. Planteó que la competencia para garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, incluida la construcción y mejoramiento de la infraestructura,
corresponde de manera directa a los municipios, conforme a los artículos 311, 365
y 367 de la Constitución Política, 3 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 26, 76 de la
Ley 715 de 2001 y el Decreto 1272 de 28 de julio de 201727.
51. Sostuvo que el artículo 43 de la Ley 715 de 2001 refuerza el carácter
complementario de la función departamental, al disponer que los departamentos
deben dirigir, coordinar y vigilar el sector salud, sin asumir la prestación directa del
servicio. El artículo 74 ibidem señala que ejercen funciones de coordinación,
complementariedad e intermediación, lo que excluye la posibilidad de sustituir a los
municipios en sus competencias. En igual sentido, el artículo 64 de la Ley 99 de
1993 asigna a los departamentos funciones de asistencia técnica, presupuestal y
administrativa en materia ambiental, sin facultarlos para reemplazar a los municipios
ni a las autoridades ambientales en el ejercicio de sus competencias.
52. Alegó que la sentencia de primera instancia reconoce en la parte considerativa
que la competencia primaria en materia de servicios públicos domiciliarios
corresponde a los municipios. Sin embargo, en la parte resolutiva el tribunal le
trasladó al departamento obligaciones propias del municipio del Guamo, lo que
desconoce los artículos 311, 365 y 367 de la Constitución Política y la Ley 142 de
1994.
25
Cfr. Índice 164 del expediente digital de primera instancia.
26
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
27
“[…] Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales
por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad ,establecidos en la ley
[…]”.
14
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
53. Argumentó que el municipio del Guamo y la Asociación de Usuarios de
Acueducto y Alcantarillado de La Chamba no demostraron que carecieran de
capacidad administrativa, técnica o financiera para cumplir sus deberes. Por el
contrario, el municipio acreditó que celebró contratos de consultoría, elaboró
estudios y ejecutó obras durante las vigencias 2021 y 2022.
54. Agregóque el juez de primera instancia omitió valorar los instrumentos de
planeación existentes, especialmente el Plan Departamental de Aguas y el Plan de
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos 2020-2021, los cuales
contienen acciones de apoyo y fortalecimiento para varios municipios, incluido El
Guamo.
55. Sostuvo que el departamento cumplió sus funciones de asistencia técnica,
coordinación y acompañamiento, dentro de los límites legales, sin que pueda
atribuirle responsabilidad, ni imponerle obligaciones de financiación directa o
priorización presupuestal. Los departamentos solo cumplen funciones de apoyo,
coordinación y acompañamiento cuando se acredita que es procedente aplicar el
principio de subsidiariedad.
56. Afirmó que la orden de priorizar inversiones específicas en favor de la vereda La
Chamba desborda los límites de la acción popular y de la función judicial, en tanto
interfiere en decisiones propias de la planeación y programación presupuestal, las
cuales están reguladas por los artículos 339 y 346 de la Constitución y corresponden
a los planes de desarrollo y presupuestos aprobados por las corporaciones públicas.
57. Finalmente, cuestionó que la Nación no hubiera sido vinculada al proceso, pese
a que tiene competencias de apoyo financiero, técnico y administrativo en materia
de servicios públicos.
III.3. Corporación Autónoma Regional del Tolima28
58. La
autoridad ambiental argumentó que no vulneró los derechos colectivos
amparados y que las órdenes impartidas por el tribunal son improcedentes.
59. Manifestó que aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio del Guamo - PSMV, requirió su ajuste para que incluya el sector rural,
adelantó procesos sancionatorios en contra del municipio del Guamo y su empresa
de servicios públicos por incumplimiento del plan, ejerció acciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental, e incluso ordenó visitas para verificar si se estaban
presentando o no vertimientos en la quebrada Agua Dulce.
60. Precisó que el derecho colectivo de acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública no se debe confundir con el derecho a la salud, pues
el primero refiere a la posibilidad de la comunidad de acceder a instalaciones y
organizaciones que garanticen su protección sanitaria. En ese sentido, la eventual
28
Cfr. Índice 163 del expediente digital de primera instancia.
15
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
vulneración de este derecho solo se configura cuando se demuestra la imposibilidad
de acceso a dicha infraestructura, y no simplemente a los servicios que de ella se
derivan.
61. Alegó que, si bien el Estado debe garantizar a través de las entidades territoriales
el acceso a una infraestructura que asegure la salubridad pública, ello no implica
que la Corporación Autónoma Regional del Tolima sea la entidad obligada a
construir o ejecutar dicha infraestructura, toda vez que sus funciones se limitan al
control, seguimiento y vigilancia ambiental.
62. Sostuvo que la responsabilidad de estructurar y ejecutar la infraestructura
necesaria de la PTAR, recae en el municipio del Guamo, en su calidad de prestador
del servicio público de alcantarillado y saneamiento básico, así como en el
departamento del Tolima, a través del Plan Departamental de Agua, como instancia
de apoyo y cofinanciación, conforme a lo previsto en los artículos 311 de la
Constitución Política, 5 y 7 de la Ley 142 de 1994 y 64 de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 199329.
63. Afirmó que las órdenes impartidas por el tribunal de primera instancia eran
improcedentes porque le exigían coordinar y ejecutar el proyecto de recuperación
ambiental en un plazo de un año, además de participar en la estructuración de la
PTAR. Estas actividades exceden sus competencias legales y desconocen la
distribución de funciones establecida por la ley al municipio y al departamento.
64. Argumentó que, en su calidad de autoridad ambiental, carece de competencia
para garantizar la prestación eficiente de dicho servicio público, toda vez que su
función se limita a regular, vigilar y controlar los vertimientos al recurso hídrico y a
exigir la reparación de los daños ambientales.
65. Afirmó que, según lo acreditado en el proceso, el municipio del Guamo ha
adelantado actuaciones de mejora del sistema de alcantarillado y se encuentra en
fase de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
instrumento previo necesario para la priorización de inversiones en infraestructura,
incluida la recuperación ambiental de la quebrada Agua Dulce y la estructuración de
la PTAR.
66. Señaló que las órdenes cuestionadas imponen a CORTOLIMA responsabilidades
ajenas a su competencia y desconocen que la efectividad de las medidas depende
de la actualización del PSMV a cargo del municipio, el cual define los proyectos,
cronogramas e inversiones necesarias para el saneamiento y tratamiento de aguas
residuales. Por lo tanto, los plazos fijados en las órdenes impartidas dependen de
las actuaciones que adelanten las entidades competentes, esto es, el municipio del
Guamo, la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL y el departamento del Tolima.
29
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
16
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
67. Por medio de auto de 15 de octubre de 202530 el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de
apelación interpuestos por CORTOLIMA, el departamento del Tolima y el municipio
del Guamo, contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
68. Mediante auto de 2 de diciembre de 202531, se admitieron los recursos de
apelación, se informó al Ministerio Público que podía emitir concepto y se advirtió a
los sujetos procesales que no había traslado para alegar de conclusión, sin perjuicio
de que pudieran pronunciarse en relación con los recursos de apelación
interpuestos.
69. El Ministerio Público32
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia porque
las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Tolima se ajustan a
derecho y están orientadas a garantizar la protección efectiva de los derechos
colectivos de los habitantes de la vereda La Chamba. Explicó que, contrario a lo
alegado por las entidades apelantes, dichas órdenes se encuentran dentro del
marco de sus competencias, en particular frente al deber del departamento del
Tolima de brindar asistencia técnica, administrativa y financiera conforme a la Ley
142 de 1994, así como respecto de las funciones de coordinación ambiental de
CORTOLIMA.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
70. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201133 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201934, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
71. Los demandantes atribuyeron al municipio del Guamo, al departamento del
Tolima, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima - EDAT S.A.
E.S.P. OFICIAL, a CORTOLIMA y a la Asociación Comunitaria de Usuarios del
Acueducto y Alcantarillado de La Chamba, la transgresión de los derechos
colectivos establecidos en los literales a), d), g), h) y j) del artículo 4.° de la Ley 472,
30
Cfr. Índice 172 del expediente digital de primera instancia.
31
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
32
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia.
33
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
34
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
17
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
debido a la deficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la
vereda La Chamba del municipio del Guamo.
72. Mediante sentencia de 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Tolima amparó los derechos colectivos invocados, al considerar acreditada una
problemática estructural derivada de la falta de acceso al agua potable en
condiciones aptas para el consumo humano, la inexistencia de una planta de
tratamiento de aguas residuales y la inadecuada disposición de los vertimientos.
73. El municipio del Guamo, el departamento del Tolima y CORTOLIMA interpusieron
recurso de apelación contra esa decisión. Los apelantes cuestionaron la atribución
de responsabilidad efectuada por el tribunal y la imposición de órdenes que
desconocen sus competencias.
74. El municipio del Guamo sostuvo que los servicios de acueducto y alcantarillado
se encuentran a cargo de la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado
de la Chamba del Guamo, y que ha cumplido sus obligaciones en materia de
vigilancia y control.
75. El departamento del Tolima alegó que las órdenes impartidas desconocen su rol
subsidiario y de coordinación, al imponerle obligaciones propias del municipio sin
que se hubiera acreditado la incapacidad de este último, lo que vulnera el principio
de autonomía territorial.
76. CORTOLIMA argumentó que no le corresponde la ejecución de obras de
infraestructura de saneamiento básico, pues sus funciones se limitan al control y
seguimiento ambiental.
77. El departamento y el municipio afirmaron que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la ESPAG E.S.P. debieron haber sido vinculados al presente proceso.
Además, todos los apelantes afirmaron que las órdenes de amparo no son
proporcionales ni pertinentes.
V.3. Análisis del caso concreto
78. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) las competencias de
las entidades apelantes en el caso concreto; ii) la prueba sobre la responsabilidad
de los apelantes en la vulneración de los derechos colectivos; iii) la participación de
la Nación y la ESPAG E.S.P. en el proceso; y iv) la pertinencia y proporcionalidad
de las órdenes de amparo.
V.3.1. Las competencias de las entidades apelantes en el caso concreto
79. En la sentencia de 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Tolima amparó los derechos colectivos establecidos en los literales a), d), g), h) y j)
del artículo 4.° de la Ley 472, y ordenó al municipio del Guamo, al departamento del
18
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
Tolima, a la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL y a CORTOLIMA la adopción de medidas
provisionales y definitivas encaminadas a garantizar el acceso al agua potable y al
saneamiento básico en la vereda La Chamba.
80.El municipio del Guamo, el departamento del Tolima y CORTOLIMA
cuestionaron esa atribución de responsabilidad, al considerar que la problemática
excede su respectivo ámbito funcional y que el cumplimiento de las órdenes
impartidas corresponde a otras autoridades.
81. Para resolver, se pone de presente que los principios de solidaridad,
coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y armonía regional
guían tanto el régimen de los servicios públicos domiciliarios como la normativa
relacionada con la conservación del entorno natural, según lo dispuesto en los
artículos 288 y 356 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los artículos 1 y
63 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201235.
82. Estos principios permiten articular la actuación de las entidades que integran el
extremo pasivo, sin desconocer su ámbito funcional, especialmente en el sector
rural, donde las condiciones técnicas, geográficas, financieras y logísticas pueden
dificultar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado, así como generar efectos negativos sobre el entorno natural.
83. La Sala destaca que el Gobierno nacional, a través del Decreto 1898 de 23 de
noviembre de 201636, adicionó el título 7, capítulo 1, de la parte 3 del libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, para reglamentar dos esquemas especiales para el
suministro de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales37.
84. El artículo 2.3.7.1.2.1. del Decreto 1077 señaló que los municipios y distritos
tienen la obligación de garantizar que los centros poblados rurales dispongan de
infraestructura básica para el suministro de agua potable, alcantarillado y aseo.
Para ello, el ente territorial debe evaluar si es viable la prestación de esos servicios,
o si existen razones técnicas, operativas o socioeconómicas que dificulten esa
prestación de manera convencional.
85.En el primer evento, el artículo 2.3.7.1.2.2.38 del Decreto 1077, permite la
adopción de un modelo progresivo de condiciones diferenciales de los servicios de
acueducto, alcantarillado o aseo en las zonas rurales.
35
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
36
“[…] Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales […]”.
37
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País […]”.
38
“[…] ARTÍCULO 2.3.7.1 .2.2. Progresividad en las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado
o aseo en zonas rurales. Los prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo que operen en zonas rurales podrán sujetarse a
las siguientes condiciones diferenciales:
1. Calidad del agua: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que suministre agua con algún nivel de riesgo en
su área de prestación, deberá establecer el plazo del cumplimiento de los estándares de calidad de agua potable establecidos
en el Decreto 1575 de 2007 y su reglamentación, o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
19
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
86. Según lo dispuesto en el artículo 2.3.7.1.2.3. ibidem, los prestadores que quieran
acogerse a esas condiciones diferenciales deben formular un plan de gestión39 para
la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado en zonas rurales, el cual debe
incluir, entre otros aspectos, el plan de aseguramiento, el plan de obras e inversiones,
los plazos de ejecución, las fuentes de financiación y las acciones de corto, mediano
y largo plazo para cumplir los estándares de calidad del agua.
87. En el segundo evento, cuando existan razones técnicas, operativas o
socioeconómicas que dificulten esa prestación de manera convencional, se podrán
implementar en los centros poblados soluciones alternativas, las cuales no
constituyen prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo40, en los términos de la Ley 142 de 199441, conforme a lo
señalado en los artículos 2.3.7.1.3.1. y 2.3.7.1.2.1. del Decreto 1077.
88. Las soluciones alternativas colectivas para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico o para saneamiento básico pueden ser
administradas por una comunidad organizada en juntas de acción comunal,
asociaciones de usuarios o cooperativas, en los términos del artículo 2.3.7.1.3.542
del Decreto 1077. Sin embargo, si la comunidad beneficiaria no está organizada, la
prestación corresponderá al municipio.
89. Según el artículo 2.3.7.1.3.6. del Decreto 1077, los proyectos de soluciones
alternativas deben incluir, como mínimo: i) un diagnóstico integral; ii) el análisis que
justifique la selección de la alternativa frente a sistemas de acueducto o
alcantarillado considerando condiciones técnicas, operativas y socioeconómicas y
lo acordado con la comunidad; iii) las intervenciones para construir, rehabilitar,
optimizar y proteger los puntos de suministro o las soluciones individuales de
saneamiento; iv) la selección de dispositivos de tratamiento; v) los costos de
administración, funcionamiento y mantenimiento; vi) el número de dispositivos y su
distribución y mantenimiento; vii) el número de instalaciones sanitarias; viii) el
Mientras se cumple el plazo, la persona prestadora del servicio de acueducto implementará el uso de dispositivos o técnicas
de tratamiento de agua, o suministrará agua apta para consumo humano empleando medios alternos cómo son carrotanques,
pilas públicas y otros. Así mismo, la persona prestadora, en coordinación con el municipio o distrito, la autoridad ambiental y
la autoridad sanitaria, divulgarán ampliamente a los usuarios que reciben agua con algún nivel de riesgo las orientaciones
técnicas para el tratamiento y manejo del agua para consumo humano al interior de la vivienda.
2. Micromedición: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que no cuente con cobertura total de micromedición
en su área de prestación, mientras alcanza este estándar, podrá realizar la medición de los volúmenes suministrados mediante
procedimientos alternativos, y la facturación podrá efectuarse a partir de los consumos estimados.
3. Continuidad: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que no pueda suministrar agua potable de manera
continúa dentro de su área de prestación, podrá suministrarla de manera periódica, siempre y cuando se garantice la entrega
de un volumen correspondiente al consumo básico establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico. […]” (negrilla fuera del texto).
39
Una vez formalizado el plan de gestión, el prestador debe reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios e incluir en el contrato de condiciones uniformes la forma en que cumplirá progresivamente las condiciones
diferenciales; a su vez, los municipios y distritos, en cumplimiento de su deber de asegurar la prestación de los servicios en
su territorio, deben apoyar a los prestadores de su jurisdicción con asistencia técnica y financiación de proyectos para formular
e implementar dichos planes de gestión.
40
En consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están sujetos a la regulación de la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento: y no son objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
41
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
42
El administrador debe: i) garantizar la participación de la comunidad en la gestión del servicio; ii) definir aportes o cuotas
para recuperar, como mínimo, los costos de operación y mantenimiento, y eventualmente para financiar inversiones
comunitarias; y iii) puede fijar una cuota de pertenencia o afiliación distinta de la cuota para operación y mantenimiento.
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Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
diseño de sistemas sépticos; y ix) la forma en que se brindará la asistencia técnica,
acompañamiento integral y gestión social a las comunidades.
90. Respecto de las soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico, el artículo 2.3.7.1.3.2. del Decreto 1077 precisó que:
i) “[…] El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse
mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde la
fuente, acorde con la normatividad aplicable a la materia y con las necesidades de
la comunidad […]”; ii) “[…] El almacenamiento del agua para consumo humano y
doméstico podrá realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento
[…]”; iii) “[…] El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se
realizará mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será
requerido para los inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro que
entreguen agua apta para consumo humano […]”; iv) “[…] la autoridad sanitaria que
compete realizará la vigilancia diferencial que privilegie las acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad […]”; y v) “[…] Los abastos de agua y los
puntos de suministro deberán contar con los permisos y autorizaciones ambientales
que les sean exigibles según las normas vigentes […]”.
91. En cuanto a las soluciones alternativas para el manejo de aguas residuales
domésticas, el artículo 2.3.7.1.3. ibidem, modificado por el artículo 3 del Decreto
1688 de 17 de diciembre de 202043, indicó que: “[…] Las viviendas, otras
infraestructuras y equipamientos para usos dotacionales, deberán contar con
instalaciones sanitarias adecuadas y con un sistema para el tratamiento de las
aguas residuales domésticas […]”; y ii) “[…] El diseño, instalación o construcción,
operación y mantenimiento de las soluciones individuales de saneamiento para el
tratamiento de las aguas residuales domesticas debe ajustarse a los requisitos
técnicos definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio […]”44.
92. Ahora bien, independientemente de si el municipio adopta un “[…] esquema
diferencial de prestación de acueducto, alcantarillado o aseo en zonas rurales […]” o
un esquema de “[…] soluciones alternativas […]”, en ambos eventos, el artículo
2.3.7.1.4.2. del Decreto 1077 advierte que “[…] Los municipios y distritos deberán
estructurar e implementar un programa de fortalecimiento para las personas
prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que atiendan zonas
rurales de su jurisdicción, acorde con el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007[…]”.
93. Ese precepto normativo agrega que: “[…] en este programa se definirán
acciones concretas para la administración y operación de los servicios de acueducto
43
“[…] Por el cual se modifican unos artículos y se adiciona una Sección al Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2
del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, reglamentando parcialmente
el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 en lo relacionado con la dotación de infraestructura de agua para consumo humano y
doméstico o de saneamiento básico en zonas rurales y su entrega directa a las comunidades organizadas beneficiarias, de
acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el Gobierno nacional […]”.
44
En todo caso, el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.1.3. ibidem complementó que “[…] Las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios podrán diseñar, instalar o construir, operar o realizar mantenimiento a las soluciones alternativas para
el manejo de aguas residuales domésticas, previo acuerdo entre el prestador y el propietario, poseedor regular o tenedor del
inmueble […]”.
21
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
[…], el acompañamiento en aspectos jurídicos, técnicos y administrativos, la gestión
de información y la estructuración de proyectos, de acuerdo con lo que defina el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. […]”.
94. Los artículos 2.3.7.1.4.1. y 2.3.7.1.4.3. del Decreto 1077 establecen que los
departamentos deben recopilar, mantener actualizada y poner a disposición la
información necesaria para orientar la dotación de infraestructura de agua y
saneamiento básico o soluciones alternativas en zonas rurales, conforme a lo previsto
en el artículo 10 de la Ley 1176 de 27 de diciembre de 200745. Además, deben brindar
apoyo técnico, financiero y administrativo a los prestadores rurales de acueducto,
alcantarillado y aseo en la formulación de planes de gestión, así como acompañar a
los municipios en la formulación e implementación de programas de fortalecimiento,
para lo cual deben suministrar al municipio los resultados del diagnóstico mencionado.
95. Aunado a ello, el artículo 2.3.7.1.4.7. del Decreto 1077 señala que la gestión
social para el acceso al agua para el consumo humano y doméstico, y el
saneamiento básico en zonas rurales, estará a cargo de las entidades territoriales
en coordinación con las autoridades sanitarias y ambientales de su jurisdicción, para
el desarrollo de las siguientes actividades:
“[…] 1. Acompañamiento a la población rural en los entornos en los cuales
transcurre su vida cotidiana, tales como viviendas, centros de salud, centros
educativos, centros laborales y comunitarios, para la implementación de estrategias
tales como la de Entornos Saludables, que permitan reducir los riesgos de
enfermedades asociadas con las deficiencias en la calidad del agua y
saneamiento e higiene.
2. El uso adecuado, apropiación y promoción de las soluciones alternativas de
agua para el consumo humano y doméstico y para saneamiento básico.
3. Divulgación de los beneficios derivados del acceso al agua para el consumo
humano y doméstico, y del saneamiento básico en zonas rurales.
4. Promoción de los programas de cultura del agua, uso eficiente y ahorro del agua,
buenas prácticas en el manejo de residuos líquidos y sólidos domésticos, y otras
iniciativas de buenas prácticas y hábitos saludables, mediante el trabajo social con
las familias y comunidades. […]” (negrilla fuera del texto).
96. En línea con lo anterior, el Gobierno nacional, a través del Decreto 960 de
septiembre 1 de 202546, subrogó el título 8 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077
de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento
Básico.
97. Los artículos 2.3.8.4.2., 2.3.8.4.3. y 2.3.8.4.4. del Decreto 1077 de 2015 asignaron
a los departamentos y municipios deberes concretos de fortalecimiento institucional
frente a los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico (GCASB).
45
“[…] Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. […]”.
46
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y se subroga el Título 8 de la Parte 3
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico […]”.
22
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
98. El artículo 2.3.8.4.2. del Decreto 1077 dispone que los departamentos deben: i)
incorporar instrumentos técnicos y financieros para fortalecer la gestión comunitaria;
ii) coordinar acciones con autoridades ambientales, municipios, distritos y gestores
comunitarios para proteger la oferta hídrica; iii) formular e implementar proyectos en
articulación con las alcaldías; iv) brindar asistencia técnica para la formulación de
proyectos de agua y saneamiento básico; v) realizar aportes bajo condición para
apoyar infraestructura y tecnologías; y vi) acompañar a los municipios en el
fortalecimiento de sus capacidades, incluso en la formulación e implementación del
Programa Municipal de Fortalecimiento Comunitario.
99. Los artículos 2.3.8.4.3. y .3.8.4.4. ibidem complementan que los municipios y
distritos deben formular e implementar proyectos y acciones para: i) asegurar la
sostenibilidad de los gestores comunitarios; ii) realizar aportes bajo condición para
infraestructura y tecnologías; iii) apoyar la solicitud y asignación de subsidios; iv)
brindar capacitación y asistencia técnica en aspectos organizativos, financieros,
ambientales, comunitarios y técnicos, incluida la estructuración de proyectos de agua
y saneamiento básico; v) definir la instancia interna encargada de coordinar las
acciones en materia de gestión comunitaria; y vi) implementar un Programa Municipal
de Fortalecimiento Comunitario (PMFC).
100.Como puede observarse, el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado reconoce que su prestación en la zona rural presenta
varios retos logísticos, técnicos y económicos, cuyo abordaje requiere de la
intervención de las entidades demandadas.
101.Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 142 el municipio funge como
garante de dicha prestación. Asimismo, ese ente territorial apoya la construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los servicios
públicos, conforme a los artículos 8 de la Ley 388 de 1997 y 76 de la Ley 715 de 21
de 2001.
102.Los numerales 1, 7 y 9 del artículo 65 de la Ley 99 de 199347 y el artículo 76.5
de la Ley 715 precisaron que el municipio se encarga del control y la vigilancia del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, con el apoyo de la Policía
Nacional y en coordinación con las entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA); así como de la ejecución de obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos.
103.Aún en el evento en que la prestación de esos servicios esté a cargo de un
prestador, no por ello el municipio puede evadir su rol de garante, debido a que el
ente territorial ejerce un control de tutela sobre la empresa prestadora48, tal y como
47
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones […]”.
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 2 de abril de 2006, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación
núm. 41001-23-31-000-2003-01062-01.
23
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
lo reconoció esta Sección en las sentencias de 18 de abril de 201349, 28 de
septiembre de 202350 y 5 de octubre de 202351.
104.Por otra parte, según los artículos 298 y 367 de la Constitución Política, “[…]
Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro
de su territorio […]”. Asimismo, “[…] ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes […]”, y les asisten funciones de apoyo y coordinación en
materia de servicios públicos.
105.Los artículos 7 de la Ley 142 y 7452 de la Ley 715 de 2001 consagran
expresamente deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo a su cargo,
desde un eje de planificación multisectorial que permite la materialización del
principio de coordinación.
106.A su vez, las corporaciones autónomas regionales, en los términos de los
numerales 12, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se encargan de: i)
evaluar, controlar y supervisar los usos del agua; ii) imponer y ejecutar medidas de
policía y sanciones por violaciones a normas ambientales; iii) exigir la reparación de
los daños ambientales; y iv) coordinar con las entidades territoriales la realización
de proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente y los
recursos naturales renovables.
El artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la Ley
107.
1450 de 2011 y el artículo 20 del Decreto 2667 de 201253, compilado en el Decreto
1076 de 2015, plantearon que los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al
agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y
monitoreo de la calidad del agua. Mientras que el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011
49
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P: María Elizabeth García González, radicación núm: 2010-00672-01.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. C.P: Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 15001 23 33 000 2017 00248 01.
51
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón (E), radicación núm. 17001-23-33-000-2017-
00524-01(AP).
52 “
[…] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo
económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su
ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de
estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. […]
[…] 74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y
vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
53
“[…] Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones […]”.
24
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
prevé que las autoridades ambientales deberán realizar inversiones en el sector de
agua potable.
108.Esto significa que, según el régimen jurídico previsto para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios y la conservación del entorno natural en los centros
poblados rurales, los prestadores, los municipios, los departamentos y las
corporaciones autónomas regionales deben actuar de manera articulada, conforme
a los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, complementariedad,
subsidiariedad y armonía regional.
109.El municipio funge como garante de la prestación de los servicios públicos en
su territorio y debe apoyar la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura necesaria. El departamento cumple funciones de apoyo
técnico, financiero, administrativo y de coordinación frente a los municipios y
prestadores rurales. Las corporaciones autónomas regionales ejercen
competencias de control, vigilancia y protección ambiental y pueden concurrir en la
financiación o ejecución de proyectos de saneamiento básico cuando estos tengan
por finalidad la defensa, recuperación o descontaminación del ambiente y de los
recursos naturales renovables.
110. Bajo este marco funcional, las órdenes impartidas por el tribunal de primera
instancia responden precisamente al modelo de intervención concurrente revisto en
la reglamentación aplicable al caso. Por ello, a continuación, la Sala verificará si se
demostró una acción u omisión a su cargo de cada una de las entidades apelantes
que justifique la declaratoria de responsabilidad cuestionada y la respectiva medida
de amparo.
V.3.2. La prueba sobre la responsabilidad de los apelantes en la vulneración
de los derechos colectivos amparados
111.El Tribunal Administrativo del Tolima sostuvo en la sentencia de 25 de
septiembre de 2025 que el municipio del Guamo, el departamento del Tolima y
CORTOLIMA vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice condiciones de salubridad y a la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos, debido a la situación acreditada en la vereda La Chamba sobre
la deficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
112.Concluyó que el municipio no demostró haber ejercido de manera suficiente su
deber de garantía, vigilancia y apoyo, pese a conocer las deficiencias del sistema
comunitario. Por su parte, CORTOLIMA no acreditó el desarrollo de medidas
eficaces de evaluación, control y prevención de la problemática de vertimientos. Y,
el departamento no probó la adopción de medidas estructurales de asistencia
técnica, administrativa y financiera.
25
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
113.En contraposición, las entidades apelantes sostienen que no vulneraron los
derechos colectivos amparados, por acción u omisión, pues ejecutaron las acciones
a su cargo, conforme a sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias.
114. Para resolver los argumentos, la Sala pone de presente que los supuestos
sustanciales para la procedencia de las acciones populares son, en primer lugar,
que se demuestre la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos colectivos54. En segundo orden, la acreditación de una
acción u omisión por parte de las autoridades públicas o de los particulares, en
relación con el cumplimiento de sus deberes legales55. Y, en tercer lugar, la relación
de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses
mencionados56.
115. Frente al cumplimiento de los referidos supuestos, se destaca que, mediante
Resolución 1795 de 24 de julio de 200957, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano
del municipio del Guamo, el cual fue modificado mediante Resolución 4697 de 24
de octubre de 2011.
116. Dicho instrumento impuso obligaciones al municipio del Guamo y a ESPAG
E.S.P. respecto del casco urbano, orientadas a reducir las cargas contaminantes,
mejorar el sistema de alcantarillado y cumplir las metas de descontaminación.
Posteriormente, mediante la Resolución 4697, CORTOLIMA modificó las
proyecciones de carga contaminante y la población del casco urbano, así como las
metas de descontaminación del municipio.
117.Según la certificación de 23 de marzo de 2022 allegada por la autoridad
ambiental, la vigencia del PSMV se extendió hasta el 30 de abril de 2022, en virtud
de la emergencia sanitaria derivada del COVID 19.
118.El PSMV contempló la ampliación de la infraestructura de alcantarillado en la
zona urbana, la actualización de las proyecciones de la población que reside en la
zona urbana, el ajuste de las cargas contaminantes, el registro de los consumos de
agua de los usuarios conectados al sistema y el análisis de alternativas de
recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales de la zona urbana.
Se demostró que el municipio del Guamo suscribió el contrato de consultoría
119.
203 de 21 de junio de 202158 con el Consorcio Acueducto La Chamba El Guamo
54
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…] Las acciones populares proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos […]”.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, radicación
núm. 25000-23-27-000-2005-00654-01(AP), C.P. María Elizabeth García González.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, radicación
núm. 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
57
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…] 24_AGREGARMEMORIAL_
CORTOLIMA_PSMVMUNICIPIODELG(.pdf) NroActua 23 […]”.
58
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…] 36_AGREGARMEMORIAL_
MPIOGUAMO_1CONTRATODECONSU(.pdf) NroActua 24 […]”.
26
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
cuyo objeto fue la elaboración de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL
MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA”.
En el marco del contrato de consultoría 20359, se expidió el informe de agosto
120.
de 2021, el cual contiene un diagnóstico de las condiciones en que se prestan
ambos servicios. Entre otros puntos, se determinó que:
“[…] El abastecimiento del agua para el centro poblado se realiza por medio del
sistema de pozos profundos (dos), localizados en el perímetro urbano del centro
poblado. Desde hace aproximadamente 70 años viene funcionando este sistema,
pero actualmente los caudales bombeados no son suficientes para satisfacer la
demanda actual y futura de la población.
Es por esto por lo que se hace necesario analizar, evaluar y definir un sistema que
garantice el suministro de agua apta para consumo humano, tanto para las
condiciones actuales y para el horizonte de diseño del proyecto, objeto de la presente
consultoría.
El presente documento contiene los análisis hidrometeorológicos de las fuentes
superficiales probables para abastecimiento de agua para consumo humano de la
población del Centro Poblado La Chamba Municipio de Guamo, Tolima. Se
determinará los caudales requeridos y por lo tanto la oferta hídrica de dichas fuentes
y definir si son factibles o no para ubicar la captación del sistema dentro de la fuente
mencionada en el futuro proyecto de acueducto […]” (negrilla fuera del texto).
121. El mencionado informe identificó como problema a solucionar que: “[…] El
sistema de acueducto del centro poblado la chamba Municipio de Guamo, Tolima
actualmente no presenta una cobertura total del servicio de agua para todos sus
habitantes ni una continuidad suficiente del mismo servicio basados en los
requerimientos mínimos establecidos en el artículo 18 de la resolución 2115 de 2007
del Ministerio de la Protección Social y Ambiente, y del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial […]”.
122. Se presentaron las siguientes alternativas:
“[…] 5.4.1 Alternativa 1 (Sistema por Gravedad - Aducción desde el punto de
unión de dos quebradas “Hondita y Zumbadora”, hasta el sector del olvido).
Esta alternativa busca minimizar costos de energía, mejorando la calidad del agua y
continuidad de servicio, en la actualidad el sistema de acueducto es por dos pozos
profundos, la comunidad ha presentado esta alternativa al ministerio de ambiente,
realizando algunos trámites y avances en cuanto a predios y concesión de agua.
5.4.2 Alternativa 2 (Sistema por Bombeo Rio Magdalena - Aducción desde la
orilla del Rio Magdalena, hasta el sector del olvido).
Esta alternativa se plantea para minimizar la aducción y aprovechar la cercanía al Rio
Magdalena, además la comunidad en repetidas ocasiones ha manifestado el deseo
de cambiar la fuente de captación actual.
59
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…] 34_AGREGARMEMORIAL_
MPIOGUAMO_2PRODUCTO1DIAGNO(.pdf) NroActua 24 […]”.
27
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
5.4.3 Alternativa 3 (Sistema por Bombeo “Pozo el Olvido”).
Esta alternativa se plantea para reforzar el caudal actual, por medio de un pozo en
cercanías al sector olvido, sector en el cual se proyectarán las obras de la planta de
tratamiento y el almacenamiento requerido.
Las alternativas anteriormente mencionadas, contemplarán una planta de tratamiento
de agua potable, almacenamiento, bombeo a los tanques existentes y optimización
de las redes de distribución […]” (negrilla del texto).
En cuanto a la descripción del sistema de acueducto, se señaló que: “[…] El
123.
Centro Poblado La Chamba Municipio de Guamo, Tolima, cuenta con dos fuentes
de captación subterránea, estos pozos son los encargados de abastecer a los
habitantes del casco urbano y áreas rurales cercanas en la actualidad […]”.
124. Se precisó que el abastecimiento del agua para el centro poblado se realiza por
medio del sistema de pozos profundos localizados en el perímetro urbano del centro
poblado, el cual funciona desde hace aproximadamente 70 años. Sin embargo, para
la fecha del estudio los caudales bombeados no eran suficientes para satisfacer la
demanda actual y futura de la población.
“[…]
15.2 Localización de los elementos del sistema de acueducto.
A continuación, se presentan los elementos del sistema de acueducto.
15.3 Sistema de Captación 1.
28
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
Se localizada (sic) en el predio denominado Artesanías, en esta área se encuentran
los siguientes elementos del sistema de acueducto: Pozo profundo, Succión e
Impulsión, Macromedidor, Tanque de almacenamiento elevado, Filtro y Caseta de
Operación.
[…]”.
125. En desarrollo del contrato se realizó un estudio de calidad de agua y tratabilidad
en el mes de agosto de 202160 que tuvo como alcance analizar las características
fisicoquímicas y microbiológicas del agua cruda de las fuentes subterráneas y
superficiales que abastecen el sistema de acueducto. Adicionalmente, se realizó
una evaluación acorde a las condiciones iniciales para el sistema de tratamiento de
agua potable del centro poblado La Chamba.
126. El diagnóstico contiene una comparación de las “[…] Características Físicas,
Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana,
Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e
indirectas sobre la salud humana y Características microbiológicas […]” con los
valores máximos aceptables determinados en la Resolución 2115 de 22 de junio de
200761.
127. En relación con el pozo 1 se determinó que: “[…] los parámetros que exceden
por completo lo establecido por la resolución son el Color con 27 (UPC) y lo
permitido por la norma es 10 (UPC), turbiedad con 55,2 (NTU) y lo permitido es 2
(NTU) Hierro con 1,94 (mg/L) permitido 0,3 (mg/L) y, por último, el E.Colí, en donde
se registró 1 (UFC/ 100 cm3) y el permitido es 0 (UFC/ 100 cm3) […]” (negrilla fuera
del texto).
128.En el pozo 2 el parámetro que excedió lo establecido en la norma es el E. Colí,
en donde se registró (UFC/ 100 cm3) y el permitido es 0 (UFC/ 100 cm3).
129.Se señaló que, con base en la información sobre la calidad actual del agua en
los puntos de muestreo, se procedió a calcular el Índice de Riesgo de la Calidad del
Agua (IRCA), utilizando los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. Ese
análisis arrojó los siguientes resultados:
60
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
37_AGREGARMEMORIAL_MPIOGUAMO_3ESTUDIODECALIDA(.pdf) NroActua 24 […]”.
61
“[…] Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano. […]”.
29
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
“[…]
De acuerdo con los resultados de IRCA expresados en la Tabla 7-12 (45.87%) y la
clasificación del nivel de riesgo Tabla 7-10 (35.1-80) vemos que el nivel de riesgo para
el Pozo 2 es alto, sin embargo, el cálculo de estos índices nos da la información
necesaria para que junto con la Resolución 0330 de 2017 se proceda a establecer el
tipo de planta y sus respectivas tecnologías para disminuir estos valores del IRCA y
así poder tratar el agua, hacerla segura, que no represente ningún tipo de riesgo para
el consumo humano […]”.
Igualmente, se plantearon alternativas con sus respectivos componentes de
130.
acuerdo con los requerimientos del sistema, definidos en el diagnóstico así:
“[…]
30
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
8.1 CONSIDERACIONES INICIALES PARA DEFINIR ALTERNATIVAS
De acuerdo con los estudios previos adelantados en la fase de diagnóstico y
complementado con los estudios hidrometeorológicos, hidrogeológicos y geos
eléctricos, se identificó la necesidad de aumentar de forma considerable el caudal,
tratamiento y almacenamiento actual del suministro de agua para consumo humano
a la población de la chamba, según la población actual y proyección futura al periodo
de diseño (2046), la demanda y dotación de agua con los lineamientos de la
Resolución 330 de 2017.
Por lo que un factor preponderante fue identificar fuentes tanto superficiales como
subterráneas, que cumplieran con los requerimientos de caudal. Como se describe
en el capítulo anterior se definen y plantean como alternativas las siguientes:
[…] 8.1.1 Alternativa 1 (Sistema por Gravedad - Aducción desde el punto de
unión de dos quebradas “Hondita y Zumbadora”, hasta el sector del olvido).
Esta alternativa busca minimizar costos de energía, mejorando la calidad del agua y
continuidad de servicio, en la actualidad el sistema de acueducto es por dos pozos
profundos, la comunidad ha presentado esta alternativa al ministerio de ambiente,
realizando algunos trámites y avances en cuanto a predios y concesión de agua.
[…] 8.1.2 Alternativa 2 (Sistema por Bombeo Rio Magdalena - Aducción desde
la orilla del Rio Magdalena, hasta el sector del olvido).
Esta alternativa se plantea para minimizar la aducción y aprovechar la cercanía al Rio
Magdalena, además la comunidad en repetidas ocasiones ha manifestado el deseo
de cambiar la fuente de captación actual.
[…] 8.1.3 Alternativa 3 (Sistema por Bombeo “Pozo el Olvido”).
Esta alternativa se plantea para reforzar el caudal actual, por medio de un pozo en
cercanías al sector olvido, sector en el cual se proyectarán las obras de la planta de
tratamiento y el almacenamiento requerido.
Las alternativas anteriormente mencionadas, contemplaran una planta de tratamiento
de agua potable, almacenamiento, bombeo a los tanques existentes y optimización
de las redes de distribución.
31
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
A continuación, se muestra el resumen de cada alternativa en la Tabla 8-3 se muestra
el resumen de cada alternativa con sus componentes complementarios de acuerdo
con los requerimientos del sistema definidos en el diagnóstico. En la Figura 8-9
Esquemas de Alternativas consideradas, se muestra el trazado de cada alternativa.
[…]”.
131. Se indicó que, con fundamento en los resultados de las muestras de calidad
del agua, en la alternativa 1 el parámetro “[…] excede lo establecido por la norma
es el E.Colí, en donde se registró 1 (UFC/ 100 cm3) y el permitido es 0 (UFC/ 100
cm3) […]”.
132.Para la alternativa 2, “[…] los parámetros excedidos son Alcalinidad Total ya
que el resultado arrojado por las pruebas de laboratorio arroja que la cantidad
encontrada en esta muestra es de 298 (mg/L) mientras que lo permitido por la norma
es de 200 (mg/L), en Fosfatos el valor registrado es 0,575 (mg/L) y el permitido es
0,5 (mg/L) y para E.colí el registrado es 1 (UFC/ 100 cm3) y el permitido es 0 (UFC/
100 cm3) […]”.
133.En cuanto a la alternativa 3, se indicó que esas muestras debían tomarse tan
pronto se construyera el pozo.
134.Se realizó el análisis del índice de riesgo de calidad del agua por alternativa
igualmente identificando que en las alternativas 1 y 2 “[…] es alto […]”. En cuanto a
la alternativa 3, se señaló que, el análisis IRCA debe efectuarse una vez se
construya el pozo.
135.La consultoría determinó el tipo de planta de tratamiento y las respectivas
tecnologías con las que contará la planta para garantizar la remoción de los
contaminantes procedentes del agua cruda o sin tratar. Dentro de las conclusiones
se destaca:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior se observa que para la muestra extraída del Río
magdalena, esta contiene elevadas concentraciones de alcalinidad total, fosfatos y E.
colí, esto teniendo en cuenta los parámetros exigidos por la resolución 2115 de 2007.
Para lo cual se sugiere un tren de tratamiento enfocado principalmente en estos
parámetros para garantizar la potabilización del agua extraída de este punto.
Para la muestra de agua extraída de la quebrada Batata se observa que, si bien sus
condiciones son notablemente mejores en comparación con la del Río magdalena, la
quebrada Hondita – Zumbador se destaca un exceso en las concentraciones de E.
32
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
colí si se compara en relación con lo exigido por la norma. Esto implica que el tren de
tratamiento llevado a cabo para este punto sea de un nivel de complejidad menor en
comparación con la muestra del río magdalena.
Por otro lado, para el pozo 1, debido a sus características, esta muestra una
complejidad mayor debido a su nivel de contaminación en donde se destacan altas
concentraciones de Color, Turbiedad, Hierro y E.colí. Por ende, se sugiere un tren de
tratamiento similar al planteado para la muestra proveniente del Río Magdalena. Sin
embargo, debido a las condiciones, características y a lo establecido por los valores
del IRCA, se sugiere descartar este pozo, debido a las ineficiencias y a las altas dosis
necesarias en términos de insumos que representa tratar las aguas de este pozo.
Por último, encontramos la muestra captada del pozo 2, esta muestra de agua
presenta condiciones similares a la de la muestra extraída de la quebrada Hondita -
Zumbador, debido a que en ambas resaltan altas concentraciones de E. colí con
relación a lo establecido en la norma.
Es importante señalar que en caso de definir dos fuentes de captación de agua estas
fuentes pueden ser tratadas simultáneamente, sin embargo, para dicho
funcionamiento se debe de contar con las tecnologías de remoción optimas que
permitan garantizar la efectividad de la planta a la hora de remover la carga de
contaminantes presente en el agua cruda de las fuentes de captación […]”.
136. La consultoría sugirió, para el tratamiento de cada una de las posibles fuentes
de captación de aguas, “[…] un tren de tratamiento seleccionado de acuerdo con lo
establecido en el capítulo 3 “sistemas de potabilización” sección 3 “Tecnologías y
procesos unitarios de tratamiento” de la Resolución 0330 de 2017 y asociado a una
planta de tratamiento de tipo convencional o compacta, esto con el fin de garantizar
la eficiencia del tratamiento a la hora de remover los contaminantes presentes en el
agua […]”.
137. El estudio descartó la creación de una planta de tratamiento por filtración en
múltiples etapas (Fime), debido a que la eficiencia del tratamiento llevado a cabo en
este tipo de planta no cumple con los valores máximos permisibles estipulados para
algunos de los parámetros evaluados si se compara con los valores establecidos
por la Resolución 2115 de 2007.
138. Se señaló que “[…] de acuerdo con lo establecido por el Ras y a las tecnologías
mas empleadas para remover diferentes tipos de contaminantes presentes en el
agua, se establece el uso de una planta de tratamiento de tipo convencional en
donde, para la escogencia del tren de tratamiento sugerido y las tecnologías
presentes en la misma, estas variarán de forma parcial de acuerdo a algunos de los
parámetros y contaminantes a remover, esta decisión dependerá del análisis de
alternativas contempladas en el presente proyecto, para poder definir la alternativa
más eficiente y eficaz […]”.
139.En el plenario también se acreditó que el municipio del Guamo suscribió el
contrato de interventoría 204 de 2021 con el señor Arnold Murcia Charry, cuyo
objeto fue adelantar la interventoría para el proyecto denominado “[…] Estudios y
33
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
diseños para la optimización del acueducto del centro poblado La Chamba en el
Municipio de Guamo Tolima […]”62.
140.En el marco del contrato de obra 291 de 2021 cuyo objeto fue realizar acciones
para la optimización del acueducto veredal de La Chamba se presentó el informe
de 1 de noviembre de 202163. Ese informe menciona que se realizaron actividades
de limpieza de pozos, extracción del equipo de bombeo, desinfección, cepillado,
aplicación de químicos, suministro e instalación de tuberías, instalaciones eléctricas
y equipos de bombeo para brindar a la población la prestación del servicio en
excelentes condiciones de salubridad para su consumo. El porcentaje de ejecución
fue del 100%.
141.El ente territorial también suscribió el contrato de obra 437 el 26 de noviembre
de 202164 con el señor Pedro Fernando Ocampo Sánchez por valor de
$169.753.621, para la adecuación, reposición y manejo de vertimientos sobre la
cuenca del río Magdalena del alcantarillado sanitario en la Vereda La Chamba, el
cual se encuentra debidamente finalizado y liquidado.
142.Además, el municipio suscribió el contrato de obra 175 de 14 de marzo de 2022,
el cual tuvo como objeto la “[…] Adecuación, reposición y manejo de vertimientos
sobre la cuenca del río Magdalena del alcantarillado sanitario fase II en la vereda
La Chamba del municipio del Guamo Tolima […]”65.
143. La Subdirección Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
certificó el 23 de marzo de 202266 que: “[…] actualmente no se adelantan procesos
Sancionatorios por las presuntas afectaciones a la quebrada aguadulce en el sector
de la Vereda La Chamba del Municipio del Guamo, en el departamento del Tolima
[…]”.
144.Igualmente, la autoridad ambiental señaló que: “[…] adelanta los procesos
sancionatorios con número de expediente SAN-01926 y 7904 en contra del
Municipio del Guamo y la Empresa de Servicios Públicos del Guamo “ESPAG”,
como consecuencia del incumplimiento a las obligaciones establecidas en el
expediente Licenciado en el cual se realiza el respectivo seguimiento ambiental al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento de éste (sic) Municipio […]”.
Mediante oficio de 13 de febrero de 202367 la Empresa Departamental de
145.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial indicó:
62
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
18_AGREGARMEMORIAL_EDATSAES_EDATSAESPOFIC.pdf […]” página 18.
63
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
35_AGREGARMEMORIAL_MPIOGUAMO_6INFORMEFINALDEL(.pdf) NroActua 24 […]”.
64
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
35_AGREGARMEMORIAL_MPIOGUAMO_6INFORMEFINALDEL(.pdf) NroActua 24 […]”.
65
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
40_AGREGARMEMORIAL_MPIOGUAMO_7CONTRATODEOBRA(.pdf) NroActua 24 […]”.
66
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
27_AGREGARMEMORIAL_CORTOLIMA_20220323125958942PD(.pdf) NroActua 23 […]”.
67
Cfr. Índice 86 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
110_AGREGARMEMORIAL_1OFICIO075(.pdf) NroActua 86 […]”.
34
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
“[…] 1. La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima -
EDAT S.A. E.S.P. Oficial, gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) del Tolima, adelanta la revisión de
requisitos financieros según el listado de chequeo del CONSORCIO FIA al contrato
de CONSULTORIA 203 del Municipio del Guamo Tolima 203 del 2021.
2. Que la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima
EDAT S.A. E.S.P. Oficial, gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) del Tolima, no hace ni autoriza ningún
pago relacionado con el asunto de la referencia.
3. Que el interventor y el supervisor del Contrato, revisan y reciben a satisfacción los
productos ejecutados en el contrato 203 del 2021
4. Que Empresa (sic) de Servicios Públicos del municipio del Guamo Tolima presentó
ante el mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT, los PRODUCTOS correspondientes a la consultoría 203 del 2021 de acuerdo
al objeto contractual.
5. Que aún se encuentra en etapa de revisión y atención de observaciones ante el
MVCT dentro del marco de la Resolución No. 0661 de 2019, la cual deroga la
Resolución 1063 de 2019 y establece los requisitos de presentación y viabilización de
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo
financiero de la Nación, por tal razón solo se certifica la actualización del Plan Maestro
de Acueducto, cuya implementación será aplicable por parte del municipio una vez
concluya y sea entregado en su totalidad.
6. Que es, la administración Municipal la que tiene la función y el compromiso de
continuar con el trámite de radicación del proyecto ante el mecanismo de viabilización
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, y a su vez realizar todas las
gestiones administrativas (Legalización de predios) o a que haya lugar para la
legalización y obtención de las respectivas servidumbres y/o predios de acuerdo a lo
propuesto por el consultor y establecidos en el proyecto según las fichas catastrales.
7. Considerando que la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, consagra el deber de intervención del Estado y en su articulo
5, se refiere más exactamente a los municipios y a su competencia en la prestación
eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, por lo cual en los
municipios se encuentra la responsabilidad de atender las necesidades en el
mejoramiento en agua potable y saneamiento básico para la comunidad, son ellos de
acuerdo a su plan de acción quienes deben atender sus necesidades entre esas
actualizar el Plan Maestro de Acueducto.
Por consiguiente, es competencia de la administración municipal, brindar información
exacta acerca de los contratos 203 y 204 de 2021, en calidad de contratante.
No obstante, lo esbozado y de acuerdo a nuestras competencias estamos en
completa disposición y atentos a brindar el apoyo necesario para mitigar esta
problemática como Gestor del Plan Departamental de Agua del Tolima - PDA, para lo
cual reiteramos nuestra asistencia técnica en este asunto y en los que sean
requeridos en materia del sector de agua y saneamiento básico […]”.
146.Obra en el plenario el oficio CAMR 00208 de la Secretaría de Salud del Tolima
que incluye el informe de visita de inspección sanitaria, realizada el 1.º de marzo de
35
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
202368 a la estructura del sistema de tratamiento del agua de suministro a la
población usuaria, en la que se evidenciaron hallazgos que deben ser atendidos
para garantizar la calidad del agua y la prestación de manera continua y permanente
para lograr su potabilización y que sea apta para el consumo humano.
147. Se resaltó que es necesario que el municipio del Guamo presente un plan de
acción que contenga “[…] actividades por realizar, el responsable de las mismas y
el tiempo considerado para su logro […], instrumento que además nos permitirá
realizar el seguimiento necesario, hasta evidenciar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, relacionados con el logro de suministrar agua potable para
consumo humano según el comportamiento del indicador IRCA en la red de
distribución del acueducto rural de La Chamba en el Municipio del Guamo […]”.
148. En cuanto al estado actual del acueducto rural La Chamba, el análisis se realizó
a partir de los indicadores de vigilancia sanitaria de la Secretaría de Salud del Tolima
en aspectos funcionales de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, del tanque
de almacenamiento y de la red de distribución. Los resultados se presentaron en la
siguiente tabla:
149. El informe permitió evidenciar y recomendar que:
“[…] a) Este acueducto actualmente no cuenta con una planta de tratamiento
"PTAP", por consiguiente, el agua proveniente del pozo profundo es bombeada
a un tanque de almacenamiento elevado, desde donde se distribuye por
gravedad a la red de distribución.
b) No cuenta la Asociación Comunitaria con la instrumentación de laboratorio
necesaria para llevar a cabo los monitoreos requeridos de tal manera que se
pueda tener conocimiento de la calidad del agua suministrada a los usuarios.
c) No existe programa de control interno de la calidad del agua de suministro y
por consiguiente se desconoce cual es la calidad del líquido entregado a los usuarios,
valorado según el indicador IRCA.
d) Las Buenas Prácticas Sanitarias BPS determinadas tienen un valor de 72 puntos,
debiendo intervenirse para que su valor sea cero (0), teniendo en cuenta los aspectos
mencionados en el acta unificada de la que se anexa copia.
e) Se elaboró el acta de concertación de puntos de monitoreo, tal y como se muestra
en el documento que se anexa debiendo procederse a su construcción en los puntos
ubicados tal y como aparecen en la imagen satelital.
68
Cfr. Índice 92 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…]
126_AGREGARMEMORIAL_RTASECRETARIASALUDR(.rar) NroActua 92 […]”.
36
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
Por todo lo anterior, a continuación, se presentan de manera resumida los siguientes
compromisos como insumo para la elaboración y entrega del Plan de Acción
solicitado.
RECOMENDACIONES
1) Construcción del sistema de tratamiento del agua proveniente de la fuente de
abastecimiento existente y/o que se escoja, incluyendo el manejo de los lodos
que normalmente se generan en este tipo de planta.
2) Elaborar e implementar el programa de control interno de la calidad del agua a la
salida de la PTAP y de manera especial en la red de distribución en los puntos
concertados teniendo como referente el indicador IRCA, incluyendo los formatos
necesarios para el registro de los datos que se obtengan y con ellos los cálculos
pertinentes que permitan tomar decisiones de manera oportuna para que se evidencie
la potabilidad y aptitud del agua en la red de distribución; es importante y necesario
que los monitoreos en la red sean rutinarios (diariamente), con los controles oportunos
en tiempo real teniendo de presente que el comportamiento del IRCA en la red debe
permanecer en promedio por debajo del 5.00% para garantizar de esta manera la
potabilidad y aptitud del agua que consume la población de este acueducto.
3) Adquirir el instrumental de laboratorio conformado por los siguientes equipos:
Colorímetro, turbidímetro, pHmetro, equipo de jarras y medidor de cloro residual; los
cuales deben ser de expresión digital.
4) Dotar la PTAP que se implemente de una planta eléctrica emergente para
garantizar la continuidad de su funcionamiento en ausencia de fluido eléctrico.
5) Intervenir la BPS calificadas en el acta unificada de inspección sanitaria, para que
los veintiún (21) puntos encontrados se reduzcan a cero (0).
6) Construcción de los puntos de monitoreo acordados en el acta de concertación.
En atención a lo anterior, es pertinente que la Alcaldía del Municipio del Guamo
y la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la Chamba, como
prestador del servicio de acueducto, presente un plan de acción en formato que
se anexa, para la implementación de las anteriores recomendaciones. […]”
(negrilla fuera del texto).
150. En audiencia de pruebas de 7 de junio de 202369, se recaudó la declaración del
señor Heriberto Avilés Torres, como Presidente de la Junta de Acción Comunal de
la vereda La Chamba, quien indicó que: i) la comunidad nunca ha contado con agua
potable y que el servicio se presta de manera intermitente, aproximadamente cada
dos días y por un lapso cercano a una hora; ii) el agua suministrada proviene de
pozos profundos, pero resulta insuficiente y contaminada, razón por la cual los
habitantes deben adquirir agua potable en bolsas o botellas para el consumo
humano; y iii) son frecuentes entre la población enfermedades como diarreas,
vómitos, fiebre y afecciones cutáneas.
151.Señaló que la vereda no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales
y que, por esa razón, las aguas residuales son descargadas directamente y a cielo
69
Cfr. Índice 134 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…] 166Acta
audiencia_ACTA013DEL6DEJUNIODE(.docx) NroActua 134 […]”.
37
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
abierto en los sectores denominados El Olvido y Finca El Triunfo, lo que genera
olores nauseabundos, proliferación de vectores y contaminación ambiental.
152.También indicó que la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de
la Chamba cobra una tarifa mensual de $22.000 por la prestación del servicio, pero
no ha gestionado soluciones efectivas frente a la problemática existente. Agregó
que numerosos usuarios se han desconectado debido a la mala calidad del agua y
que la comunidad ha acudido ante la Alcaldía Municipal, la Gobernación y EDAT
S.A. E.S.P. OFICIAL, sin obtener respuestas concretas. Finalmente, manifestó que
los habitantes rechazan la construcción de nuevos pozos y solicitan la
implementación de una planta de tratamiento con captación desde el río Magdalena.
153.Igualmente, se recibió la declaración del señor José Henry Barreto Avilés, de 65
años, artesano y residente de la vereda La Chamba, quien manifestó que el agua
suministrada por la asociación comunitaria no recibe ningún tipo de tratamiento y
llega directamente desde el pozo hasta las viviendas en condiciones inadecuadas,
con presencia de sedimentos oscuros y sin procesos de desinfección. Señaló que,
aunque la comunidad paga una tarifa mensual de $22.000, solo entre 200 y 300
usuarios permanecen activos, pese a que la población total asciende entre 1.600 y
1.800 habitantes.
154.Agregó que las condiciones del agua han ocasionado problemas de salud entre
los habitantes, como diarreas, enfermedades gastrointestinales y hongos en la piel,
e indicó que él mismo sufrió afecciones cutáneas asociadas al consumo del agua
suministrada por el acueducto.
Finalmente, rindió declaración el señor Julio César Quimbayo, artesano y
155.
habitante de la vereda La Chamba, quien señaló que: i) el agua suministrada por el
acueducto es cruda, no recibe tratamiento alguno y su prestación es intermitente,
pues se suministra aproximadamente una hora por semana; ii) debe adquirir agua
embotellada o en bolsas para cocinar y consumir; y iii) el agua suministrada por el
acueducto incluso le ha generado afectaciones en la piel, razón por la cual considera
que no resulta apta ni siquiera para el aseo personal.
156.En el plenario obra el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil Hugo
Buitrago López el 17 de diciembre de 202370, el cual fue sustentado en la audiencia
de pruebas llevada a cabo el día 7 de junio de 2023. La prueba se fundamentó en
dos inspecciones oculares realizadas los días 7 de agosto y 23 de septiembre de
2023, así como la consulta de documentos técnicos, informes institucionales y
manifestaciones de la comunidad.
El perito estableció que el sistema de abastecimiento de agua en la vereda La
157.
Chamba se estructura a partir de la captación de aguas subterráneas mediante
pozos profundos, cuya profundidad oscila entre 43 y 110 metros, desde donde el
70
Cfr. Índice 109 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “[…] 144_MemorialWeb_Otro(.pdf)
NroActua 109(.pdf) NroActua 109 […]”.
38
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
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líquido es bombeado hacia tanques elevados con alturas entre 15 y 20 metros y
capacidades de entre 3.000 y 5.000 litros, para posteriormente ser distribuido por
gravedad a las viviendas y a puntos comunitarios relevantes, como el centro
artesanal y el malecón sobre el río Magdalena.
158.Se precisa que, si bien se han construido cuatro (4) pozos, únicamente dos (2)
se encuentran en funcionamiento, debido a que uno colapsó totalmente y otro no
logró entrar en operación. Esta circunstancia reduce de manera significativa la
capacidad del sistema y compromete su estabilidad frente a la demanda de la
población. A ello se suma que, según lo constatado por el perito a partir de las
manifestaciones de los habitantes, el servicio presenta interrupciones frecuentes, lo
que evidencia que el suministro no es continuo ni eficiente.
159. En relación con la calidad del agua, el dictamen es concluyente al señalar que
el líquido extraído de los acuíferos presenta contaminación por agentes químicos
perjudiciales y bacterias coliformes, conforme a los análisis de laboratorio obrantes
en el expediente.
160.Indicó que esta situación se agrava porque actualmente no se realiza ningún
tipo de tratamiento al agua captada, debido a que los sistemas de filtración
específicamente los filtros de retrolavado se encuentran desmantelados, lo que
implica que el agua es distribuida sin ningún proceso de potabilización.
161.El perito señaló que el sistema acuífero no garantiza el suministro de agua en
condiciones de suficiencia, continuidad ni calidad, debido a limitaciones de caudal y
problemas de contaminación. En ese sentido, descarta que la perforación de nuevos
pozos constituya una solución estructural adecuada.
162. El dictamen desarrolla una propuesta técnica concreta orientada a garantizar el
acceso al agua potable, consistente en la implementación de un sistema de
captación del río Magdalena mediante bombeo flotante anclado en un sector rocoso
que permita mantener la operación pese a las variaciones del nivel del río. Dicho
sistema se complementa con la conducción del agua hacia predios de propiedad de
la asociación comunitaria, la construcción de una planta de tratamiento para su
potabilización y, posteriormente, la impulsión del agua tratada hacia los tanques
elevados existentes, aprovechando la infraestructura de distribución ya instalada.
163.El perito destacó que esta solución no solo permitiría garantizar la continuidad
y calidad del servicio, sino que resultaría comparativamente más eficiente en
términos de costos frente a la expansión del sistema de pozos, e incluso posibilitaría
extender el abastecimiento a veredas cercanas.
164. En relación con las condiciones para la realización de las obras de
infraestructura indicó:
“[…] - La construcción o instalación flotante de un sistema de bombeo de agua del rio
Magdalena, ii) una primera conducción por terrenos propios.
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Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
-Una primera conducción por terrenos propios.
-Una instalación de una planta de tratamiento del agua sobre terrenos propios.
-Una segunda conducción bombeada sobre vías del casco urbano hasta los tanques
elevados ya instalados, se demuestra que el presupuesto de diseño y construcción
que se necesitaría por éste sistema sería relativa y comparativamente más bajo que
el de construir más pozos para continuar bombeando agua por el sistema acuífero,
puesto que: i) el diseño y la construcción de otros pozos o acuíferos que garanticen
el abastecimiento actual y futuro de toda la población se asimilaría al del diseño
flotante del sistema de bombeo de agua desde el río Magdalena hasta la planta de
tratamiento que se tendría que construir o instalar en los dos sistemas, y, ii) el bombeo
de la planta de tratamiento a los tanques sería igual para los dos sistemas […]”.
165.En materia de saneamiento, el dictamen evidencia que la vereda La Chamba
no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. En consecuencia,
estas aguas son vertidas directamente y a cielo abierto en los sectores
denominados El Olvido y finca El Triunfo, desde donde son descargadas en la
quebrada Agua Dulce y posteriormente en el río Magdalena.
166.Se determinó que esta práctica genera contaminación de los cuerpos de agua,
incrementa los niveles de sedimentación y turbidez, y puede incidir en la afectación
de las aguas subterráneas. Además, los vertimientos generan olores nauseabundos
por descomposición de materia orgánica, así como la proliferación de roedores,
insectos y aves carroñeras, además de la acumulación de residuos sólidos,
escombros y animales muertos en los puntos de descarga.
167. Como medida correctiva, el dictamen propone la unificación de los puntos de
vertimiento mediante la extensión del sistema de alcantarillado en
aproximadamente 200 metros, así como la construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales antes de la descarga final en la quebrada Agua
Dulce.
168. Se anexó un registro fotográfico con el propósito de ilustrar las condiciones
físicas, estructurales y ambientales observadas en el lugar objeto de estudio, así
como los aspectos relevantes relacionados con los hechos analizados dentro del
presente proceso.
40
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169.Como puede apreciarse, frente al servicio de acueducto, en el plenario se
acreditó la elaboración de un estudio técnico dirigido a diagnosticar las condiciones
del sistema existente y a definir cuál era la alternativa más viable para garantizar el
suministro de agua apta para consumo humano en el centro poblado La Chamba.
170.Sin embargo, no se demostró que, con base en los resultados de ese estudio,
se hubiera estructurado el respectivo proyecto de inversión, ni que se hubieran
ejecutado gestiones concretas para obtener su financiación y culminar su
materialización. La EDAT S.A. E.S.P., como gestora del Plan Departamental de
Agua, informó que apoyaría técnicamente ese proceso y que los productos de la
consultoría se encontraban en revisión ante el mecanismo de viabilización
correspondiente, pero no se probó un avance adicional que permitiera superar la
problemática acreditada.
171.Tampoco se probó que el prestador cumpliera las exigencias ambientales
previstas en la normativa para captar las aguas de la fuente subterránea
actualmente utilizada, ni que estuviera adelantando los trámites ambientales
requeridos respecto de la fuente hídrica que se seleccione para ejecutar la
propuesta. En consecuencia, no obra prueba de la conducta diligente de la autoridad
ambiental en la defensa del recurso hídrico.
172.En cuanto al servicio de alcantarillado, la Sala observa que no se acreditaron
actuaciones suficientes para atender el manejo de las aguas residuales generadas
en la vereda La Chamba. En el plenario no se acreditaron los resultados de la
ejecución de los contratos de obra núm. 437 de 2001 y 175 de 2022. Por el contrario,
41
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
se demostró que el PSMV, aprobado desde el año 2009 y vigente hasta el 30 de
abril de 2022, refería al casco urbano del municipio, de manera que no existe
certeza de que los procesos sancionatorios ambientales adelantados por
CORTOLIMA por el incumplimiento de dicho instrumento se relacionen con los
vertimientos debatidos en este proceso.
173.La Sala no desconoce que la autoridad ambiental afirmó que, en el trámite de
actualización del PSMV, solicitó la inclusión del área rural. Sin embargo, esa
actualización y los estudios técnicos correspondientes no han sido aprobados,
conforme a lo acreditado. Tampoco se demostró que el municipio hubiera
adelantado los estudios necesarios para determinar si el servicio de alcantarillado
en La Chamba podía prestarse bajo el esquema convencional de la Ley 142, si
debía someterse a condiciones diferenciales progresivas o si resultaba procedente
implementar un esquema de soluciones alternativas, conforme a la normativa
prevista para las zonas rurales.
174.Las entidades demandadas acreditaron el ejercicio de algunas actuaciones
encaminadas a resolver la problemática en el marco de sus competencias. Aun así,
ante la grave afectación al entorno natural y a la salubridad pública, dichas gestiones
resultan insuficientes, pues no han permitido garantizar el acceso efectivo al agua
potable ni solucionar el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en la
quebrada Agua Dulce y el río Magdalena.
175.De acuerdo con el acervo probatorio, resulta necesaria una acción coordinada
entre el municipio, el departamento, la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL y CORTOLIMA,
que atienda las particularidades técnicas, económicas y sociales del sector rural. El
hecho que la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la Chamba
preste ambos servicios no exonera al municipio de su condición de garante de la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, especialmente en el
ámbito rural. Tampoco exime al departamento de su deber de apoyo y asesoría.
176.Las órdenes impartidas al departamento del Tolima y a CORTOLIMA no
implican el traslado de las competencias del municipio, pues dichas medidas se
enmarcan en sus competencias legales de apoyo, coordinación, asistencia técnica,
seguimiento sanitario y control ambiental, conforme a los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad que rigen la prestación de los
servicios públicos y la protección ambiental.
177.Esta Sección explicó en la sentencia de 21 de mayo de 202171 que las
corporaciones autónomas regionales podrán financiar obras de saneamiento básico
de acueducto y alcantarillado, “[…] en concurrencia con la competencia de los
municipios de adelantar obras necesarias para el progreso municipal y la solución
de saneamiento ambiental y garantía de prestación de servicios públicos […]”.
Dicha facultad “[…] se encuentra limitada por la legislación especial de servicios
71
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 76001-23-33-000-2016-01827-01
(AP).
42
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
públicos, lo que significa que la intervención de las corporaciones autónomas
regionales se justifica en tanto sea para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]”.
178.En este caso, la procedencia de las órdenes de amparo no depende de la
capacidad demostrada por el municipio del Guamo y la asociación de usuarios para
cumplir sus deberes, sino de la constatación de que las actuaciones desplegadas
no han sido suficientes para superar la vulneración de los derechos colectivos
acreditada en el proceso. Los contratos de consultoría, estudios y obras realizadas
durante las vigencias 2021 y 2022 no lograron garantizar a la comunidad de la
vereda La Chamba el acceso efectivo, continuo y seguro al agua potable ni
solucionar el manejo inadecuado de los vertimientos. De manera que la intervención
del departamento del Tolima implica la activación de sus funciones de apoyo,
coordinación, complementariedad y asistencia técnica, administrativa y financiera,
necesarias para que las medidas estructurales sean viables.
179.Por lo anterior, esta autoridad judicial considera que los argumentos de los
recursos de apelación no tienen vocación de prosperidad.
180.En todo caso se precisa que el amparo otorgado por el tribunal de primera
instancia no se soportó en la afectación del derecho a la salud como lo afirma la
autoridad ambiental, sino en la transgresión concurrente de los derechos al goce de
un ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública72, al acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna.
181.En consecuencia, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia para señalar que el municipio del Guamo, el departamento del
Tolima, la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, CORTOLIMA y la Asociación Comunitaria de
Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de la Chamba vulneraron los referidos
derechos.
V.3.3. La participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de
ESPAG E.S.P. en el proceso
182.El departamento del Tolima solicitó la vinculación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio al presente proceso, por cuanto dicha entidad presta asistencia
técnica y financiera en el desarrollo de proyectos de saneamiento básico y se
encarga de la formulación de las políticas sobre agua potable, saneamiento básico
y desarrollo urbano y territorial, de conformidad con el artículo 1.º del Decreto 216
de 3 de febrero de 200373.
72
El derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública se transgrede cuando
la infraestructura existente es inadecuada para cumplir la finalidad sanitaria que le es propia. en el caso concreto.
73
“[…] Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y se dictan otras disposiciones […]”.
43
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
183.A su vez, el municipio del Guamo requirió la vinculación de la Empresa de
Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Guamo E.S.P., como
prestador de los servicios públicos domiciliarios cuestionados en el perímetro
municipal.
184.Al respecto, la Sala advierte que las mencionadas entidades no fueron
demandadas en el proceso ni se solicitó su vinculación durante el trámite de la
primera instancia, razón por la cual corresponde examinar si su participación en el
presente debate judicial era necesaria.
185.El artículo 18 de la Ley 472 de 1998 atribuye al juez de primera instancia la
facultad de incorporar al extremo pasivo del proceso a otros posibles responsables
de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, aun cuando no hayan sido
individualizados en la demanda. Esta potestad tiene como finalidad garantizar la
efectividad de la decisión judicial y el respeto del debido proceso de quienes
pudieron participar en la conducta que se examina. No obstante, dada la naturaleza
difusa de los derechos colectivos, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han precisado que el ejercicio de esta facultad no es ilimitado y debe
realizarse dentro de los márgenes que permitan preservar la eficacia del proceso
judicial.
186. Esta Sección, en sentencia de 16 de diciembre de 202274, explicó que cuando
el juez popular omite vincular de oficio a un litisconsorte necesario por pasiva, el
proceso puede quedar incurso en la causal de nulidad saneable prevista en el
numeral 8 del artículo 13375 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201276. No obstante,
si los sujetos no vinculados corresponden a litisconsortes facultativos o cuasi
necesarios77, dicha omisión no afecta la validez del proceso judicial ni impide la
adopción de una decisión de fondo.
187.El legislador también estableció una carga procesal en cabeza de los posibles
beneficiarios o afectados, quienes deben manifestar oportunamente su interés en
intervenir dentro del proceso78. De igual forma, el juez puede vincular a otras
74
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 76001-23-33-000-2017-01795-01,
demandantes Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos (en liquidación) y Juan Carlos Echeverry Narváez.
75
“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena”.
76
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
77
Los artículos 60, 61 y 62 del Código General del Proceso definen los conceptos de litisconsorcio necesario, facultativo y
cuasinecesario. En contraste, El litisconsorcio necesario surge en aquellos asuntos en los que la decisión debe ser uniforme
para todos los sujetos de la relación sustancial, de manera que sin la participación de todos no puede dictarse sentencia
válida. El litisconsorcio facultativo se configura cuando varias personas litigan en conjunto por conveniencia procesal, pero
cada una mantiene independencia frente a la contraparte, pues sus actuaciones no favorecen ni perjudican a los demás, de
modo que el juez los considera como litigantes separados dentro de una misma causa. Por su parte, el litisconsorcio
cuasinecesario constituye una categoría intermedia para los sujetos que, sin ser indispensables desde el inicio, tienen un
interés jurídico directo en los efectos de la sentencia, razón por la cual pueden intervenir en el proceso con las mismas
facultades de la parte a la que se adhieren.
78
Para garantizar el ejercicio de esta facultad de intervención, el artículo 20 ibidem prevé un mecanismo especial de
publicidad, mediante el cual el juez informa el contenido del auto admisorio de la demanda a los miembros de la comunidad
a través de un medio masivo de comunicación, con el propósito de permitir que las personas interesadas comparezcan al
proceso. Este instrumento procesal reconoce que las decisiones adoptadas en las acciones populares producen efectos
generales sobre la colectividad, por lo que habilita a quienes tengan interés en las resultas del proceso para intervenir
voluntariamente.
44
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
entidades o particulares presuntamente responsables, pero dicha actuación debe
realizarse dentro de un término perentorio que culmina con la expedición de la
sentencia de primera instancia, según lo previsto en el citado artículo 18 de la Ley
472 de 1998.
188.En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-646 de 2003,
explicó que la comparecencia de litisconsortes meramente voluntarios no
condiciona la validez del proceso en las acciones populares, pues exigir su
participación obligatoria prolongaría indefinidamente los litigios y comprometería la
efectividad de los derechos colectivos y el acceso a la administración de justicia.
189.En este caso, es preciso resaltar que el a quo, mediante auto de 17 de marzo
de 2022, admitió la demanda y ordenó comunicar la acción de la referencia a los
miembros de la comunidad a través de un medio masivo. Dicha comunicación se
realizó el 29 de marzo de 2022 en la página web de la Rama Judicial79.
190. Adicionalmente, no se advierte que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Guamo
ostenten la calidad de litisconsortes necesarios por pasiva dentro del presente
proceso.
191. El objeto de la controversia se circunscribe a la presunta vulneración de los
derechos colectivos derivada de la descarga directa de aguas residuales sin
tratamiento a la quebrada Agua Dulce, el suministro de agua no potable y la
ausencia de infraestructura de saneamiento básico; problemáticas que, conforme al
marco normativo vigente, se encuentran principalmente a cargo de la asociación y
las entidades demandadas.
192. Frentea la participación del ministerio, la Sala advierte además que en el
expediente no existe certeza definitiva sobre cuáles son las obras específicas que
se deben ejecutar para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y
saneamiento. Por lo tanto, cuando exista certeza sobre este punto el municipio y el
prestador podrán adelantar las gestiones administrativas encaminadas a obtener la
financiación del proyecto y solicitar el apoyo de la Nación, de ser pertinente.
193. Respecto de la participación de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Guamo E.S.P., se pone de presente que el juez de la
acción popular no puede ordenar la prestación de servicios públicos domiciliarios en
zonas que excedan el ámbito territorial o el perímetro dentro del cual una empresa
tiene definido su deber de prestación80.
194.Como en el caso concreto, se demostró que la Asociación Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de la Chamba presta dichos servicios en la vereda
79
Cfr. Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
80
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024, C.P: Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
63001-23-33-000-2020-00407 01.
45
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
cuestionada, no se advierte que la ESPAG E.S.P. participe en la vulneración de los
derechos colectivos amparados.
195. Por lo anterior, los cargos no prosperan.
V.3.4. La pertinencia y proporcionalidad de las órdenes de amparo
196.Según el artículo 34 de la Ley 472, la sentencia que acoja las pretensiones de
la demanda en el trámite de las acciones populares podrá contener una orden de
hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño
a un derecho o interés colectivo y exigir la realización de conductas necesarias para
volver las cosas al estado anterior a la vulneración si es posible.
197.El referido artículo establece adicionalmente que la orden de hacer o de no
hacer deberá definir de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger
el derecho amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de la parte
demandante.
198. Esta Sección en la sentencia de 20 de noviembre de 202081 explicó que las
órdenes judiciales en esta tipología de procesos deben respetar las competencias
de las entidades condenadas, así como los deberes de los particulares que integren
el extremo pasivo. Adicionalmente, el juez podrá promover la colaboración armónica
de otras autoridades en el cumplimiento del fallo, si estas cuentan con funciones
conexas o afines al amparo del derecho conculcado o amenazado, para lo cual,
incluso, podrá utilizar el mecanismo del exhorto.
199.También señaló que el propósito de las órdenes (de hacer y de no hacer) es el
restablecimiento de los derechos colectivos y, de ser posible, la restitución de las
cosas al estado anterior de la vulneración probada. Aunado a ello, cuando se
acredite el daño a los recursos naturales, el objeto de la medida será la restauración
del área afectada.
200.Por último, aclaró que “[…] la estrategia de amparo debe mantener cierto grado
de flexibilidad técnica para que la obligación de hacer o no hacer pueda adecuarse
a las dinámicas cambiantes de la realidad social, en la medida en que el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia, durante el plazo prudencial establecido para su materialización […]”.
201.Conforme a la normativa y jurisprudencia supra, la Sala resolverá los
planteamientos esbozados por los apelantes para cuestionar la proporcionalidad y
pertinencia de las órdenes de amparo:
81
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 63001-23-33-000-2019-00024-
01.
46
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
i) Las órdenes dadas al municipio, el departamento y la EDAT S.A. E.S.P.
OFICIAL
202. El departamento del Tolima alegó que las medidas impartidas en el ordinal
tercero de la sentencia de primera instancia interfieren en decisiones de planeación
y programación presupuestal reguladas por los planes de desarrollo y los
presupuestos aprobados por las entidades demandadas. Además, consideró que el
tribunal de primera instancia no valoró adecuadamente los instrumentos de
planeación y las actuaciones realizadas en materia de agua potable y saneamiento
básico, a través del Plan Departamental de Agua del Tolima.
203.El municipio del Guamo sostiene que esas órdenes son improcedentes porque
desconocen las actuaciones que desplegó el ente territorial para atender la
problemática técnica, sanitaria y ambiental debatida.
204.El Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia de 25 de septiembre de
2025, ordenó al municipio del Guamo, al departamento del Tolima y a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, lo
siguiente:
“[…] 3.1. Municipio de El Guamo
Se ordena que, en su calidad de garante de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en su jurisdicción:
• En un término no superior a diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, adelante un censo de los habitantes de la vereda La Chamba,
identificando plenamente si existen sujetos de especial protección (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada y niños).
• Una vez se tenga el respectivo censo, deberá garantizar inmediatamente y de
manera provisional, el suministro de agua a los habitantes de la vereda Chamba (sic)
a través de carrotanques u otro mecanismo que cumpla con dicha finalidad, por lo
menos 4 veces a la semana, en los parámetros mínimos contemplados por la H. Corte
Constitucional82 equivalente a 50 litros diarios por persona, mientras se adelantan las
obras definitivas que garanticen el acceso a agua potable.
• Deberá presentar informes mensuales que acrediten el suministro de agua potable
a la citada población en los términos aquí descritos.
• Solicitará apoyo logístico y presupuestal a la Empresa Departamental de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial y al Departamento del
Tolima para el cumplimiento integral de la medida cautelar.
En un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia
deberá:
vi) Elaborar, adoptar y presentar ante el mecanismo de viabilización correspondiente
EDAT S.A. E.S.P., un proyecto integral de captación, tratamiento y distribución
82
Sentencia T-475/17.
47
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
de agua potable para la vereda La Chamba, que garantice el suministro
permanente, eficiente y en condiciones aptas para el consumo humano.
vii)Diseñar y estructurar, en coordinación con el Departamento del Tolima, la EDAT
S.A. E.S.P. y Cortolima, un proyecto de construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que permita el manejo adecuado de
los vertimientos generados por el sistema de alcantarillado del centro poblado.
viii)Ejecutar acciones inmediatas de vigilancia sanitaria sobre el sistema de
acueducto y alcantarillado comunitario, incluyendo la toma periódica de muestras
de agua, la evaluación de riesgos sanitarios y la adopción de medidas preventivas
y correctivas.
ix) Coordinar con la EDAT S.A. E.S.P., el Departamento del Tolima y CORTOLIMA
la gestión técnica y financiera de los proyectos mencionados, asegurando su
inclusión en el Plan Departamental de Agua (PDA).
Las obras relacionadas con el acueducto y alcantarillado deberán
culminarse en un plazo no superior a dos (2) años contados desde la
ejecutoria de esta providencia.
x) De otra parte en un término no superior a un (1) año, el Municipio de El Guamo
deberá definir de manera expresa y documentada el esquema bajo el cual se
garantizará la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en la vereda La Chamba. Para tal efecto, deberá optar por una de
las siguientes alternativas:
•Asumir la prestación directa del servicio;
•Delegarla a una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente
constituida;
•O mantenerla a cargo de la Asociación de Usuarios de Acueducto y
Alcantarillado de La Chamba de El Guamo.
En caso de optar por esta última opción, el municipio deberá adelantar las
gestiones necesarias para garantizar la idoneidad técnica, operativa y
administrativa de dicha asociación, lo cual incluye, como mínimo, la capacitación
del personal, la implementación de mecanismos de control de calidad del servicio
y la articulación con las entidades competentes para asegurar el cumplimiento de
los estándares legales y técnicos aplicables.
3.2. Al Departamento del Tolima
Se ordena que, una vez quede ejecutoriada esta decisión:
• Brinde asistencia técnica, administrativa y financiera al Municipio de El Guamo
para la estructuración y ejecución de los proyectos de agua potable y
saneamiento básico en la vereda La Chamba.
• Ejecute acciones de inspección, vigilancia y control sobre los factores de riesgo
ambiental que afectan la salud de la población, en coordinación con CORTOLIMA
y el municipio.
• Realice el seguimiento y evaluación de las acciones adoptadas por el municipio
en materia de salud pública y saneamiento básico, informando los resultados a la
comunidad y a las autoridades competentes.
48
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
• Priorice la vereda La Chamba en los planes de inversión del sector agua potable
y saneamiento básico, y promueva su inclusión en los mecanismos de
financiación disponibles.
[…] 3.4. A la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado del Tolima
– EDAT S.A. E.S.P.
Se ordena que una vez ejecutoriada la presente providencia:
• Preste asistencia técnica, financiera y operativa al Municipio de El Guamo para la
estructuración de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en la vereda
La Chamba.
• Coordine la inclusión de dichos proyectos en el Plan Departamental de Agua (PDA)
y gestione las fuentes de financiación necesarias para su ejecución.
• Estructure y presente ante el mecanismo de viabilización correspondiente los
proyectos de infraestructura requeridos para garantizar el suministro de agua potable
y la construcción de la PTAR en la vereda La Chamba de El Guamo.
• Adelante el acompañamiento respectivo al municipio de El Guamo que garantice la
viabilidad y materialización, en un periodo no superior a dos (2) años siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de los proyectos de agua potable y saneamiento
básico en la Vereda la Chamba. […]” (negrilla y subrayado del texto).
205. Frente al primer argumento del departamento del Tolima, la Sala precisa que,
si bien las decisiones sobre planeación, priorización de inversiones y programación
presupuestal corresponden a las autoridades administrativas competentes, ello no
significa que tales materias estén excluidas del control del juez popular. La
jurisprudencia de esta Corporación83, ha señalado que el juez de la acción popular,
en principio, no debe sustituir la discrecionalidad planificadora de la administración.
Sin embargo, puede intervenir cuando advierte que la actuación administrativa
resulta irrazonable, desproporcionada, insuficiente o ineficaz para corregir la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos objeto de análisis.
206. En el presente asunto, las órdenes cuestionadas no implican una sustitución
absoluta de la planeación departamental ni una imposición arbitraria del gasto
público. Por el contrario, buscan corregir la problemática de acceso al agua potable
y al saneamiento básico, conforme a lo probado por las partes.
207.Tal y como lo señalan los artículos 2184 de la Ley 1450 de 16 de junio de 201185
y 9186 de la Ley 1151 de 24 de junio de 200787, así como el capítulo 1 del título 3 de
83
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de octubre de 2006, radicación núm. 630012331 00020050070801.
84
“[…] ARTÍCULO 21. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO. La estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de conformidad con
la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad
institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de
esquemas de regionalización […]”.
85
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.
86
“[…] ARTÍCULO 91. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. Los
recursos que aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de los planes departamentales para el manejo empresarial de los
servicios de agua y saneamiento estarán condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos
del Sistema General de Participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación empresarial que se
deriven del diagnóstico institucional respectivo. Se mantiene vigente. […]”.
87
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”.
49
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 1425 de
6 de agosto de 201988, el objeto del Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los servicios de Agua y Saneamiento PDA - Tolima es apoyar a los municipios
del departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de: i) la modernización
empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo; ii) el desarrollo y/o consolidación de una cultura
empresarial en los prestadores; iii) la planeación y ejecución de planes de obras e
inversiones; y iv) la implementación de estrategias incluyentes en los componentes
ambiental y social.
208.El artículo 2.3.3.1.2.1. ibídem señala que cada PDA está compuesto por dos
estructuras operativas que son el gestor y el comité directivo. En ese sentido, para
el caso del departamento del Tolima se designó como gestor del PDA a la EDAT
S.A. E.S.P. OFICIAL, mientras que el departamento hace parte del comité directivo
del PDA y, según lo previsto en los artículos 19, 43 y 47 de la ordenanza 0033 de
15 de diciembre de 202389, desempeña las demás competencias en relación con el
caso a través de sus direcciones.
209.Por lo anterior, no resulta admisible afirmar que la orden impartida al
departamento interfiere indebidamente en la planeación pública, cuando
precisamente el PDA constituye el instrumento institucional previsto para articular,
priorizar y ejecutar acciones en materia de agua potable y saneamiento básico.
Se destaca que el tribunal de primera instancia no ordenó al departamento
210.
asumir de manera aislada la prestación de los servicios públicos domiciliarios
cuestionados, ni reemplazar al municipio o al prestador, sino activar sus
competencias de apoyo, coordinación, asistencia técnica, financiera y
administrativa, para que la respuesta institucional sea efectiva.
211. En consecuencia, el primer planteamiento no prospera.
212.Aun así, frente al segundo reparo, la Sala advierte que las órdenes impartidas
en primera instancia deben ajustarse a las particularidades acreditadas en el
proceso de la referencia. Aunque el municipio del Guamo elaboró un diagnóstico
técnico en el año 2021 para identificar las alternativas de optimización del sistema
de acueducto del centro poblado La Chamba, lo cierto es que no existe certeza
sobre la alternativa que finalmente será adoptada, ni sobre el esquema bajo el cual
el ente territorial garantizará la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en esa zona rural.
88
"[…] Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento […]".
89
“[…] Por el cual se establece la estructura de la Gobernación del Tolima y se señalan las funciones de sus dependencias
[…]”.
50
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
213.Se destaca además que esta Sección consideró en las sentencias de 22 de
febrero de 201890, 9 de mayo de 201991, 19 de mayo de 202392 y 29 de mayo de
202593, entre otras, que las sentencias definitivas no deben incluir medidas
cautelares, ya que esas decisiones tienen una naturaleza provisional y transitoria
mientras se profiere la sentencia en la cual se toman decisiones definitivas para
garantizar la superación de la problemática.
214.En esa medida, antes de imponer la ejecución de una obra específica, resulta
necesario que el municipio, con el apoyo técnico, administrativo y financiero del
departamento del Tolima, defina si la prestación del servicio de acueducto puede
realizarse bajo condiciones convencionales, si debe sujetarse a un esquema
diferencial progresivo o si exige la implementación de soluciones alternativas,
conforme al régimen especial previsto para los centros poblados rurales.
215.Por lo tanto, siguiendo el precedente establecido en la sentencia de 7 de
noviembre de 202594, y teniendo en cuenta el marco funcional señalado en el
acápite V.3.1. de esta providencia, la Sala modificará las órdenes de amparo para
que el municipio del Guamo, con el apoyo del departamento del Tolima, elabore los
estudios técnicos que permitan definir el esquema más adecuado de prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado en la vereda La Chamba.
216.En dicho estudio ambas autoridades deberán identificar las fuentes de
financiación que garantizarán la protección de los derechos colectivos, así como
adoptar un cronograma de trabajo de las medidas de corto, mediano y largo plazo
que permitirán solucionar la presente problemática judicial. Esos plazos serán
objeto de seguimiento por el comité de verificación y se entenderán incorporados a
la presente sentencia.
217.A su vez, se le ordenará a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Tolima - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL que, en su rol de gestor del Plan Departamental
de Agua del Tolima, apoye el cumplimiento de la anterior orden en el marco de sus
competencias legales y reglamentarias.
218.Mientras se ejecutan esas soluciones estructurales, el municipio del Guamo
deberá garantizar temporalmente el suministro de agua potable a la comunidad.
Para ello, deberá prestar asistencia técnica a la Asociación Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de la Chamba, implementar las medidas administrativas
y contractuales pertinentes y, de forma semestral, verificar la demanda del servicio
90
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 22 de febrero de 2018.
Radicación: 85001-23-33-000-2014-00129-03. C.P. María Elizabeth García González.
91
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Radicación:
85001-23-33-000-2016-00197-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
92
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de mayo de 2023. Radicación:
25000-23-15-000-2010-02940-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
93
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Radicación:
17001-23-33-000-2020-00184-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
94
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. German Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 66001-23-33-000-2021
00052-01
51
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
a efectos de evaluar la pertinencia de las medidas temporales adoptadas, e
implementar las acciones correctivas que resulten necesarias.
219. La Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la Chamba, en
conjunto con el municipio del Guamo y con la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
deberá incorporar instrumentos de planificación de la cuenca y del recurso hídrico,
incluido el programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA, con el propósito
de establecer medidas de protección que garanticen la oferta del recurso hídrico.
ii) Las órdenes dadas a CORTOLIMA
El Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia de 25 de septiembre de
220.
2025, ordenó a la autoridad ambiental demandada lo siguiente:
“[…] 3.3. A la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
Se ordena que, una vez quede ejecutoriada esta decisión:
• Ejecute acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los
vertimientos de aguas residuales en la quebrada Agua Dulce, y adopte las medidas
de policía ambiental que correspondan.
• Coordine con el municipio de El Guamo y el Departamento del Tolima la formulación
y ejecución de un proyecto de recuperación ambiental de la quebrada Agua Dulce y
su entorno. La materialización de las labores de recuperación se deberá llevar a cabo
en un periodo máximo de un (1) año siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
• Exija la reparación de los daños ambientales causados por los vertimientos sin
tratamiento, conforme a la normativa vigente.
• Participe activamente en la estructuración de la PTAR, en el marco de sus
competencias, y promueva la articulación interinstitucional para su ejecución. […]”
(negrilla del texto).
221.CORTOLIMA indicó que la efectividad de las medidas ordenadas dependía de
la actualización del PSMV, por cuanto dicho instrumento define los proyectos,
cronogramas e inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento de las
aguas residuales. En ese sentido, sostuvo que los plazos fijados por el a quo no
consultaban las condiciones reales de ejecución de las medidas, especialmente
porque la solución de la problemática exige una planificación técnica, ambiental y
financiera previa.
222. Para resolver este reparo, se pone de presente que este instrumento de
planificación y gestión ambiental contiene los programas, proyectos, actividades,
cronogramas e inversiones necesarios para avanzar en el saneamiento y
tratamiento de los vertimientos de aguas residuales. Esta herramienta tiene su
origen en el artículo 12 del Decreto 3100 de 30 de octubre de 200395, norma que
95
“[…] Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones […]”.
52
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
estableció el deber de los prestadores del servicio de alcantarillado, de presentar a
la autoridad ambiental competente aquel plan96.
223. La Resolución 1433 de 13 de diciembre de 200497 reglamentó esa disposición
y definió el PSMV como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus
respectivos cronogramas e inversiones, orientados a la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. Además, precisó que dicho
instrumento debe articularse con los objetivos y metas de calidad y uso definidos
por la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua
receptor.
224.El artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004 indicó que el prestador debe aportar
con la presentación del proyecto de PSMV, la “[…] Descripción detallada de los
programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones
en las fases de corto, mediano y largo plazo […]”; de tal manera que los prestadores
del servicio público de alcantarillado o el municipio, según corresponda, les
corresponde anexar los documentos idóneos que den cuenta de la sostenibilidad
financiera para la implementación del PSMV.
225.Posteriormente, el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 201298, compilado en el
Decreto 1076 de 26 de mayo de 201599, estableció que dicha herramienta incluiría
la meta individual de reducción de carga contaminante de los usuarios del servicio
de alcantarillado, cuyo cumplimiento sería objeto de evaluación por parte de la
autoridad ambiental competente100, de acuerdo con los compromisos allí
establecidos.
226.Como puede apreciarse el responsable de formular y presentar el PSMV ante
la autoridad ambiental es quien actualmente se encuentra prestando el servicio
público de alcantarillado.
227. En el caso concreto, mediante Resolución 1795 de 24 de julio de 2009,
CORTOLIMA aprobó el PSMV del casco urbano del municipio del Guamo, el cual
fue modificado mediante Resolución 4697 de 24 de octubre de 2011. Dicho
instrumento impuso obligaciones al municipio del Guamo y a ESPAG E.S.P.
respecto del casco urbano, orientadas a reducir las cargas contaminantes, mejorar
el sistema de alcantarillado y cumplir las metas de descontaminación.
Sin embargo, la problemática acreditada en este proceso no corresponde al
228.
casco urbano del municipio del Guamo ni al sistema operado por ESPAG E.S.P.,
96
Derogado por el artículo 28 del Decreto Nacional 2667 de 2012.
97
“[…] Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones […]”.
98
“[…] Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones […]”.
99
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
100
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.18, “[…] Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios […]”.
53
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
sino a la vereda La Chamba, en donde el servicio es prestado por una asociación
de usuarios en zona rural.
229.Por lo tanto, el PSMV aprobado en 2009 y modificado en 2011 no puede servir
como parámetro para imponer obligaciones definitivas sobre una zona rural con
condiciones técnicas, financieras y operativas diferenciales. Incluso en el plenario
no existe certeza sobre cuál será el modelo de prestación que se implementará en
la vereda de la Chamba, conforme a las diferentes opciones previstas en el
ordenamiento jurídico.
230.En ese contexto, el argumento de CORTOLIMA parcialmente cuenta con
vocación de prosperidad, pues la situación probada exige considerar que el
prestador actual en la zona rural es una asociación de usuarios y que, por lo tanto,
la solución debía orientarse a verificar, ajustar o formular el instrumento ambiental
aplicable a esa realidad específica.
231. Lo anterior no significa que la protección judicial se supedite a la actualización
del PSMV, sino que las órdenes deben modificarse para que, una vez el municipio
defina el esquema de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en
la vereda La Chamba, junto con el respectivo prestador, actualice el PSMV para que
incluya el esquema de gestión de los vertimientos del caso concreto.
232. Esto permitirá que las medidas identificadas en el estudio se articulen con la
formulación o actualización del instrumento que corresponda, la identificación de los
puntos de vertimiento, la definición de alternativas de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final, los cronogramas de ejecución, las fuentes de
financiación y las competencias de cada entidad.
233.Por lo tanto, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia, conforme a las consideraciones expuestas en este apartado.
234. Finalmente, la Sala se abstendrá de emitir algún pronunciamiento en relación
con la decisión adoptada en primera instancia en materia de costas por cuanto ese
componente de la providencia no fue objeto de apelación. Además, según lo
previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 2012, y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de
6 de agosto de 2019101, no se condenará en costas en segunda instancia porque no
se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
101
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019. C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
54
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, los cuales quedarán así:
“[…] Segundo. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a
la protección y uso adecuado de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice condiciones de
salubridad y a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, vulnerados
por el municipio del Guamo, el departamento del Tolima, la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y la Asociación Comunitaria de
Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de La Chamba.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPARTIR las siguientes órdenes con
miras a superar la afectación de los derechos colectivos, así:
3.1. ORDENAR al municipio del Guamo que, con el apoyo del departamento del
Tolima, en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, elabore los estudios técnicos que permitan definir el esquema más
adecuado de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la vereda
La Chamba.
3.2. En dicho estudio ambas autoridades deberán identificar las fuentes de
financiación que garantizarán la protección de los derechos colectivos, así como
adoptar un cronograma de trabajo de las medidas de corto, mediano y largo plazo
que permitirán solucionar la presente problemática judicial. Esos plazos serán objeto
de seguimiento por el comité de verificación y se entenderán incorporados a la
presente sentencia.
3.3. ORDENAR a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima -
EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL que, en su rol de gestor del Plan Departamental de Agua
del Tolima, apoye el cumplimiento de la anterior orden en el marco de sus
competencias legales y reglamentarias.
3.4. Una vez el municipio defina el esquema de prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado en la vereda La Chamba, junto con el respectivo prestador,
en el término de tres (3) meses, deberá presentar ante la autoridad ambiental un
proyecto de actualización del PSMV que incluya el esquema de gestión de los
vertimientos del caso concreto.
3.5. Mientras se ejecutan esas soluciones estructurales, ORDENAR al municipio del
Guamo que garantice temporalmente el suministro de agua potable a la comunidad.
Para ello, deberá prestar asistencia técnica a la Asociación Comunitaria de Acueducto
y Alcantarillado de la Chamba, implementar las medidas administrativas y
contractuales pertinentes y, de forma semestral, verificar la demanda del servicio a
efectos de evaluar la pertinencia de las medidas temporales adoptadas, e
implementar las acciones correctivas que resulten necesarias.
3.6. ORDENAR a la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de la
Chamba, en conjunto con el municipio del Guamo y con la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, deberá incorporar instrumentos de planificación de la cuenca y del
recurso hídrico, incluido el programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA, con
55
Radicación núm. 73001-23-33-000-2022-00028-01
Demandantes: Raúl Posada Muñoz y otro
el propósito de establecer medidas de protección que garanticen la oferta del recurso
hídrico.
3.7. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
que, una vez quede ejecutoriada esta decisión:
• Ejecute acciones de asesoría, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre los
vertimientos de aguas residuales en la quebrada Agua Dulce y adopte las medidas
sancionatorias y administrativas que correspondan.
• Apoye al municipio del Guamo en el desarrollo de las obras necesarias para el
progreso municipal y la solución de saneamiento básico, cuando estas tengan como
objeto la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
• Una vez el municipio y el prestador presente el proyecto de PSMV, priorice dicha
evaluación. […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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