Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2020-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2020-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-23-33-000-2020-00407-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de mayo de 2024
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Radicado: 63001 23 33 000 2020 00407 01
Demandante: María Lucía Guzmán Medina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 63001 23 33 000 2020 00407 01
Actor: María Lucía Guzmán Medina
Demandados: Departamento del Quindío, Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas
del Quindío S.A. E.S.P. y Corporación Autónoma Regional del Quindío
Tesis: Las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. - EPQ no vulneró los derechos
colectivos por las deficiencias del servicio de alcantarillado que se presentan en la
Vereda El Laurel del Municipio de Quimbaya, si no se convino su prestación en ese
perímetro.
No vulneró los derechos colectivos el Departamento del Quindío por las deficiencias
del servicio de alcantarillado que se presenta en el área rural de un Municipio, si este
último es el encargado de prestar directamente el servicio.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Departamento
del Quindío y las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., en contra de la sentencia
del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. María Lucía Guzmán Medina presentó acción popular1 en contra del Municipio de
Quimbaya – Quindío, de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (en adelante
CRQ), de las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. (en adelante EPQ) y del
Departamento del Quindío, con el objeto de lograr la protección de los derechos e
intereses colectivos de los habitantes de la Vereda El Laurel al goce de un ambiente
1 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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Demandante: María Lucía Guzmán Medina
sano; a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna.
Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Declárese señor juez, el reconocimiento de los derechos colectivos ya
mencionados, como lo son el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad
pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
SEGUNDO: Sírvase señor juez, ordenar al municipio iniciar los estudios técnicos
tanto para acueducto como para alcantarillado, para que se les garantice de un
buen servicio a la comunidad.
TECERO: Sírvase señor juez, ordenar al Municipio de Quimbaya dar los recursos
económicos necesarios para iniciar el proceso de construcción del acueducto y
alcantarillado.
CUARTO: Sírvase señor juez, ordenar al Municipio de Quimbaya incluir en el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), a la vereda el Laurel, para que la comunidad
pueda acceder a los beneficios con los que cuentan al estar en este.
QUINTO: Sírvase señor ordenar todas aquellas pretensiones pertinentes a
garantizar los derechos colectivos vulnerados”2.
1.2. Como sustento de las pretensiones la parte actora expuso lo siguiente:
Mencionó que la comunidad afectada en sus derechos colectivos está ubicada en el
Municipio de Quimbaya, cerca del kilómetro 7. Que se encuentra conformada por
cincuenta y tres (53) viviendas, cada una con cuatro (4) integrantes, sumando
aproximadamente doscientas doce (212) personas, incluyendo ciento cincuenta (150)
estudiantes. Además, hay siete (7) viviendas en el sector La Vaga, habitadas por
veinticinco (25) miembros de la comunidad indígena Embera Chamí, totalizando
doscientos treinta y siete (237) habitantes.
Indicó que no cuenta con ubicación exacta de esa vereda debido a que fue excluida
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Expresó que desde el año 2004, la comunidad de la Vereda El Laurel sufre graves
problemas por la falta de un sistema de alcantarillado, lo que causa serios riesgos de
2 Visible a folio 3 del escrito de demanda.
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salud, especialmente para niños y ancianos. Asimismo, afirmó que no tienen acceso
al agua potable debido a un sistema de acueducto insuficiente y conexiones
inadecuadas. Los habitantes han solicitado soluciones desde el año 2013 a entidades
como CRQ, EPQ y el Municipio de Quimbaya, sin éxito. Las aguas residuales causan
inundaciones y olores desagradables, afectando la calidad de vida.
Aseguró que, a pesar de múltiples solicitudes, incluyendo reclamaciones
administrativas presentadas a las entidades mencionadas en abril de 2020 y
noviembre de 2020, solo recibió respuestas de la EPQ y la CRQ, que no representan
acciones concretas que contribuyan a solucionar la problemática expuesta.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío que la admitió
en auto del 27 de noviembre de 2020. Particularmente, ordenó notificar al Municipio
de Quimbaya, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y a las Empresas
Públicas del Quindío3.
2.2. Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.4 manifestó que la Vereda El
Laurel del Municipio de Quimbaya se encuentra fuera del perímetro dentro del cual la
entidad presta el servicio en materia de acueducto y alcantarillado.
Afirmó que la competencia en dicho sector radica en cabeza del Comité de Cafeteros.
No obstante, adujo que, en ocasiones, aunque no es responsabilidad de la empresa,
ha realizado mantenimientos y asesorías pensando siempre en ofrecer una mejor
calidad de vida a la comunidad.
Dijo que no ha vulnerado los derechos colectivos de esa comunidad, por lo cual se
opuso a las pretensiones de la demanda.
Aseveró que, en todo caso, la entidad está en disposición de brindar la colaboración
que se requiera.
3 Visible en el índice número12 del expediente digital del Tribunal.
4 Visible en el índice número 16 del expediente digital del Tribunal.
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Con todo, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y la
genérica o innominada.
2.3. La Corporación Autónoma Regional del Quindío5 presentó informe en el que
se opuso a las pretensiones que recaen frente a dicha entidad. Señaló que dentro de
las funciones de la autoridad ambiental no se encuentra ninguna relacionada con las
pretensiones de la acción, pues éstas son de competencia del Municipio.
Comentó que a esa autoridad ambiental le corresponde apoyar a "a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo."6
Indicó que la competencia atribuida a las corporaciones autónomas regionales es la
de realizar estudios sobre los posibles riesgos, mas no de ejecutar alguna actividad
que permita mitigar el riesgo, puesto que son los municipios los encargados de ejecutar
las acciones oportunas que eviten las posibles catástrofes que se puedan presentar.
Dijo que el papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y
subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, enfocado al apoyo de las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del
territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, por
lo que, en su criterio, no se le puede imponer la obligación de ejecutar obras sobre el
riesgo manifestado por la parte actora.
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4. El Municipio de Quimbaya7 en su defensa planteó que no desarrolla, ejecuta
ni administra el sistema de acueducto y alcantarillado, pues esa función le compete a
la EPQ, siendo, en su criterio, la legitimada en la causa por pasiva para ser demandada
en este proceso.
5 Ibidem.
6 Visible a folio 2 del escrito de contestación de la demanda de la CRQ
7 Ibidem.
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Manifestó que es cierto que las viviendas afectadas se encuentran en la zona rural del
Municipio de Quimbaya y que su sistema de alcantarillado se evacúa a través de pozos
sépticos donde, según estudios realizados en visita técnica por parte de la
Subsecretaria de Infraestructura del ente territorial, en asocio con la Dirección de Agua
y Saneamiento Básico del Departamento del Quindío, existe un sistema de
alcantarillado combinado con tubería de concreto que se encuentra en muy mal estado
y colapsado en algunos tramos. Igualmente, señaló que varias de las recámaras están
fracturadas, causando filtración de aguas residuales al terreno, que producen
socavación del mismo, contaminación y malos olores.
Adujo que, según la visita técnica realizada, existe un servicio que es prestado por el
Comité Departamental de Cafeteros del Quindío para uso agrícola, no humano, a
través de una red de distribución con tubería de media pulgada llegando hasta cada
una de las setenta y dos (72) viviendas existentes con su respectivo contador.
Argumentó que ha sostenido la imposibilidad de llevar a cabo obras debido a los costos
involucrados, los cuales exceden los presupuestos municipales. No obstante, se ha
emprendido una gestión ante la Dirección de Agua y Saneamiento Básico del
Departamento del Quindío para abordar este tema.
Puso de presente que, según el oficio núm. SSIQ-2020-122 fechado el 17 de
noviembre de 2020 y suscrito por el Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura,
se efectuó una visita técnica conjunta con la Dirección de Agua y Saneamiento Básico
del Departamento del Quindío. Durante esta visita se pudo constatar la problemática
existente en las redes de acueducto y alcantarillado, lo cual motivó la iniciación de
gestiones para llevar a cabo los estudios y diseños necesarios, así como para obtener
los recursos requeridos para la reposición de dichas infraestructuras.
Sin precisar dato alguno, mencionó un pronunciamiento de la Corte Constitucional que,
a su juicio, establece que el ejercicio de acciones populares no procede cuando se
busca la adecuación de vías, la construcción de puentes u otras obras de índole
similar. Esto se debe, según entiende, a que dichos derechos no son considerados
colectivos en un sentido estricto, sino que se enmarcan dentro de los derechos
económicos y sociales, o de contenido progresivo. Dijo que la Corte determinó que
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ordenar la construcción de obras públicas mediante un fallo popular no es viable, ya
que estas obras representan mandatos de optimización que deben ser realizados
conforme a las capacidades de los entes territoriales, en concordancia con el principio
de desarrollo progresivo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Este principio reconoce que la plena efectividad de estos derechos no
puede lograrse en un corto periodo de tiempo, por lo que se requiere flexibilidad para
adaptarse a las circunstancias y dificultades específicas de cada país.
Finalmente, manifestó que ya existe una sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Armenia, modificada por el Tribunal Administrativo del Quindío,
presentada por la señora Nohora Londoño Londoño en contra del Municipio de
Quimbaya, con radicación número 63001 23 31 000 2005 01729 00, la cual ordenó la
construcción de acueductos en todas las veredas de la entidad territorial.
Propuso como excepciones las que denominó: “LA ACCIÓN POPULAR NO ES
PROCEDENTE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DESARROLLO PROGRESIVO (…)
COSA JUZGADA Y AGOTAMIENTO DE JURISDICCION”8.
2.5. El Departamento del Quindío9 señaló que es el municipio el llamado a
solucionar de forma directa la problemática expuesta en la acción popular, pues la
competencia legal se enmarca en el ente territorial, teniendo el departamento una
función de apoyo y coordinación en relación con los servicios públicos.
Indicó que, en virtud a esas competencias legales, ha realizado diferentes gestiones,
pues desde el Plan Departamental de Aguas “inició con un apoyo técnico, que
inicialmente solicitó el municipio de manera verbal, vía telefónica el señor alcalde se
comunicó con la (…) directora del PDA, le puso en conocimiento la situación y desde
la oficina PDA se realizó visita técnica el día 22 de octubre de 2020 (…) De acuerdo a
esta visita, se tuvo reunión en el despacho del Secretario de Aguas e Infraestructura
(…) con la presencia del señor alcalde del municipio (…) el Secretario de
Infraestructura municipal (…) De esta reunión se estableció la necesidad de una
realizar una consultoría con el fin de establecer obras a ejecutar y costos de las
mismas. (…) le solicitó al Municipio (…) el certificado de propiedad a nombre del
8 Visible en el folio 5 del escrito de contestación del Municipio de Quimbaya.
9 Ibidem.
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municipio, tanto de las vías a intervenir con el alcantarillado, como del predio donde se
construiría la PTAR, autorización de servidumbres por donde pasaría el colector y el
nombre del futuro operador del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento, los
cuales son requisitos para viabilizar los proyectos de Agua Potable y Saneamiento
Básico que se ejecuten con recursos del Sistema General de Participaciones”10.
2.6. La Defensoría del Pueblo Regional Quindío11 coadyuvó las pretensiones de
la demanda popular.
2.7. A través de auto del 2 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío
aceptó la coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo y vinculó como litisconsorte
necesario a la Federación Nacional de Cafeteros12.
2.8. La Federación Nacional de Cafeteros13 alegó que no desconoció los derechos
colectivos invocados por la accionante, en tanto la actividad que desarrolla no se
enmarca dentro de los supuestos que trae la Ley 142 de 1994. Precisó que, mediante
Resolución núm. 2399 del 20 de septiembre de 2017, la CRQ le prorrogó la concesión
de aguas superficiales y subterráneas para uso agrícola y pecuario.
Planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.9. El 7 de abril de 2021, se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento14.
2.10. En auto del 16 de noviembre de 2021 se ordenó la vinculación de la señora
Nohemy Herrera de Cifuentes, toda vez que era la propietaria de un predio que podría
verse afectado con la decisión que se adopte en el presente asunto15. No obstante, la
anotada ciudadana no emitió ninguna manifestación, pese a ser debidamente
notificada por la Secretaría del Tribunal16.
10 Visible a folio 9 del escrito de contestación del Departamento del Quindío.
11 Ibidem.
12 Visible en el índice 21 del expediente digital del Tribunal
13 Ibidem.
14 Visible
15 Visible en el índice 63 del expediente digital del Tribunal
16 Visible en el índice 64 del expediente digital del Tribunal
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó la sentencia del 16 de febrero de
202317, cuya parte resolutiva dispuso:
“Primero: Declarar probada la excepción de cosa juzgada en lo referente a la
pretensión relacionada con el suministro de agua para consumo humano a través
de un sistema de acueducto en la comunidad de la Vereda El Laurel del Municipio
de Quimbaya, en consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado desde el auto
que admitió la demanda, inclusive, en lo que respecta a dicha pretensión, en virtud
del agotamiento de la jurisdicción.
Segundo: Por secretaría, se deberá remitir al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Armenia copia de la demanda junto con esta sentencia, para efectos
que se estudie la apertura de la verificación de cumplimiento del fallo de primera y
segunda instancia proferidos dentro de la acción popular con radicado No. 63-001-
2331-000-2005-01729-02, y la posibilidad de iniciar de oficio un incidente de
desacato.
Tercero: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuestas por el Municipio de Quimbaya, el Departamento del
Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, y Empresas Públicas del
Quindío, por lo expuesto.
Cuarto: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva frente a la Federación Nacional de Cafeteros- Comité de Cafeteros del
Quindío.
Quinto: Declárese que el Municipio de Quimbaya, el Departamento del Quindío, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío y las Empresas Públicas del Quindío
se encuentran vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y se
encuentran amenazando el derecho colectivo a la salubridad pública de los
habitantes de la Vereda El Laurel ubicada en el Municipio de Quimbaya, al no
adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado que
permita evacuar de manera adecuada las aguas residuales y aguas lluvias de
dicha comunidad y al no realizar un control de vertimientos de aguas residuales a
las fuentes hídricas.
Sexto: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese:
• Que el Municipio de Quimbaya, el Departamento del Quindío y Empresas
Públicas del Quindío de manera coordinada y complementaria en el término de
doce (12) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, realicen
todas las gestiones necesarias, apropien los recursos presupuestales y realicen
los procesos de contratación respectivos, para llevar a cabo las diferentes fases
de formulación y ejecución de un proyecto de infraestructura para el sistema de
alcantarillado, ya sea a través de redes convencionales o cualquier otro
mecanismo que permita conducir, tratar y disponer de las aguas residuales sin que
se perjudiquen las fuentes receptoras, los suelos, la flora y la fauna, en la vereda
El Laurel del Municipio de Quimbaya.
17 Ibidem.
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Para ello deberán seguirse las indicaciones establecidas en el Dictamen Pericial
realizado por el Ingeniero Civil César Augusto Rodríguez Mejía, teniendo en cuenta
solo lo referente al sistema de alcantarillado así:
Fase I: Planeación del proyecto de infraestructura
1. DiagnÓstico detallado de la situación del caserío de la vereda El Laurel.
2. Determinación de la población afectada.
3. Características socio-culturales de la población y participación comunitaria.
4. Cuantificación de la demanda y/o necesidades.
5. Conocimiento de la infraestructura existente.
6. Definición del alcance de las intervenciones.
7. Estudios básicos de alternativas.
8. Formulación y priorización de proyectos
9. Formulación y análisis de alternativas del proyecto.
10. Comparación de alternativas y selección de la alternativa viable.
11. Elaboración del plan de obras.
12. Determinación de los costos del proyecto.
13. Formulación del cronograma de implementación del proyecto
Fase II: Diseños
Una vez se haya llevado a cabo la fase de planeación, será necesario realizar los
estudios y diseños de ingeniería de detalle previo a la construcción de los sistemas
de (…) alcantarillado, el procedimiento general para esta fase de diseños se lista
a continuación.
1. Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar.
Para el caso de la problemática de la comunidad de la vereda El Laurel los
componentes generales se resumen en (…) sistema de alcantarillado, (…) y
sistema de tratamiento aguas residuales.
2. Reconocimientos de campo, investigación predial inicial.
3. Levantamientos topográficos.
4. Investigación de suelos y geotecnia.
5. Selección de alternativas.
6. Diseño geométrico y análisis de interferencias.
7. Diseño hidráulico.
8. Diseño geotécnico.
9. Diseño estructural.
10. Obras complementarias.
11. Definición de especificaciones técnicas de construcción.
12. Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública.
13. Permiso, licencias y autorizaciones.
14. Determinación del presupuesto y cronograma de obras.
Fase III: Construcción
La construcción de las obras requeridas para los proyectos del sector de (…)
saneamiento básico como mínimo deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Sujeción de la construcción a los planos y especificaciones técnicas de diseño
aprobados.
2. Definición de métodos constructivos y materiales.
3. Medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional.
Fase IV: Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento se entiende como toda actividad de carácter
rutinario y preventivo necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los
sistemas de (…) alcantarillado, encaminados a prevenir fallas en los mismos, en la
maquinaria, equipos e instalaciones. Igualmente deberá considerarse el
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mantenimiento correctivo como respuesta a fallas y contingencias, diferentes a las
actividades de rehabilitación y renovación de los sistemas. (…)”
• Que las entidades deberán tener en cuenta lo establecido en el artículo 222 del
Decreto 1541 de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.21.3 del Decreto 1076 de
2015 y el artículo 12 de la Ley 9 de 1979, razón por la cual deberán evaluar si los
predios de la Vereda El Laurel se pueden conectar al sistema de alcantarillado del
municipio y, en caso de no ser posible, deberán dotarlos de algún sistema
adecuado de conducción, tratamiento y disposición de residuos.
• Que la Corporación Autónoma Regional del Quindío deberá prestar asesoría y
realizar evaluación, control y seguimiento durante todas las fases de formulación y
ejecución del proyecto de infraestructura para el sistema de alcantarillado en la
Vereda El Laurel del Municipio de Quimbaya.
• Que los miembros de la comunidad de la vereda El Laurel deberán evitar arrojar
al sistema de alcantarillado residuos sólidos y líquidos diferentes a las aguas
residuales producto de las actividades domésticas, y deberán prestar su
colaboración con las entidades obligadas para que puedan ejecutar sus funciones
para solucionar la problemática aquí analizada.
Séptimo: Condénese al Municipio de Quimbaya, el Departamento del Quindío, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, y las Empresas Públicas del Quindío
solidariamente a pagar a favor de la señora María Lucía Guzmán Medina la suma
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, por concepto de costas
procesales.
Octavo: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al cumplimiento de
este fallo, el que estará conformado por el Magistrado Ponente de esta sentencia,
el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal, quien lo presidirá; un delegado
del municipio de Quimbaya, el Personero del municipio de Quimbaya, un delegado
de Empresas Públicas del Quindío, un delegado de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío –CRQ, un delegado del Departamento del Quindío, y la
demandante o un representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El
Laurel, comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la notificación de la
presente providencia y deberá rendir a este Tribunal, informes cada cuatro meses
sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar sus labores.
Noveno: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
Secretaría remítanse las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.
Décimo: En firme este fallo, cancélese su radicación, y archívese el expediente
previa anotación en el Sistema SAMAI.”.
3.2. En la parte considerativa el a quo comenzó por resolver lo relativo a la legitimación
en la causa por pasiva y la cosa juzgada, y se refirió a las facultades del juez de la
acción popular. Respecto de lo primero, señaló que en el caso concreto se
pronunciaría sobre la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas y de
la vinculada al proceso. En cuanto a lo segundo, advirtió que operó el fenómeno de la
cosa juzgada absoluta de la pretensión relacionada con el suministro de agua para
consumo humano a través de un sistema de acueducto en la comunidad de la Vereda
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El Laurel, teniendo en cuenta que existía identidad de objeto, causa petendi y entidad
demandada (Municipio de Quimbaya) con la acción popular adelantada con el radicado
núm. 63001 23 31 000 2005 01729 02. Para cerrar el punto, trajo a colación los poderes
de la autoridad judicial en este tipo de trámites para dictar fallos ultra y extra petita.
3.3. De otro lado, al estudiar el caso concreto frente a la prestación del servicio de
alcantarillado, encontró acreditado que, en efecto, los habitantes de la Vereda El Laurel
del Municipio de Quimbaya enfrentan problemas por inundaciones en épocas de lluvia,
hundimientos en las vías y andenes, asociados a procesos erosivos y de socavación
del suelo adyacente al sistema de alcantarillado y vertimiento de aguas residuales
libremente en el terreno, todo lo cual generaba malos olores y proliferación de plagas.
Igualmente, observó que estaba probado que esa situación se presentaba debido a
las deficiencias del sistema de alcantarillado y a que no se contaba con un operador
del servicio público, situación que traía asociado un constante deterioro de la
infraestructura del sistema de alcantarillado por la falta de mantenimiento preventivo y
correctivo que garantizara el adecuado funcionamiento del mismo.
De la misma forma, dio por demostrado que dicho sistema no tenía la capacidad
suficiente de transportar las aguas combinadas que se producen en las épocas de
lluvia, lo cual llevaba a un rebosamiento y colapso.
Además, comprobó que los pozos sépticos que se encuentran en la vereda están
totalmente deteriorados, por lo que no cumplen adecuadamente su función, generando
vertimiento de aguas residuales hacia las quebradas sin ningún tipo de tratamiento; y
en otros puntos ni siquiera existen pozos sépticos, sino que los vertimientos de aguas
residuales se realizan directamente sobre el cauce de las quebradas.
De lo anterior concluyó que la Vereda El Laurel no cuenta con una adecuada
infraestructura para transportar, evacuar, tratar y disponer las aguas residuales
producto de las actividades domésticas de la población que allí vive.
En ese sentido, el Tribunal consideró que existía vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública y al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Por lo tanto,
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emprendió el estudio de la responsabilidad de las entidades demandadas para
determinar si la afectación les era imputable por acción u omisión.
3.4. Así las cosas, luego de exponer el marco normativo correspondiente en materia
de competencias de servicios públicos domiciliarios, con énfasis en lo referente al
alcantarillado, en primer lugar, señaló que el Municipio de Quimbaya había incumplido
con las obligaciones establecidas en los artículos 311 y 367 de la Constitución Política,
así como las establecidas en las disposiciones de la Ley 142 de 1994, Ley 388 de 1997
y Ley 715 de 2001, pues omitió no solo ordenar su territorio en la medida en que
permitió asentamientos humanos sin que previamente se localizara la infraestructura
que garantizara los servicios públicos, sino que además, pese a que desde el año 2004
la comunidad puso de presente la problemática del sistema de alcantarillado, no
ejecutó los proyectos tendientes a lograr la prestación del servicio de evacuación,
tratamiento y disposición de aguas residuales, ya sea de manera directa o indirecta
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
permitiendo la contaminación de las fuentes hídricas del municipio a través de
descargas de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento.
En segundo lugar, en cuanto al Departamento del Quindío, dijo que, si bien la
obligación de la prestación de los servicios públicos se encuentra principalmente a
cargo del municipio, a su cargo se encuentran obligaciones de coordinación y
complementariedad.
En tercer lugar, sobre la CRQ, advirtió que no existía ningún tipo de acción de control
y seguimiento a dicha problemática y que, siendo la máxima autoridad ambiental del
departamento y ante la existencia de contaminación, debió adoptar alguna medida.
Razón por la cual, determinó que incumplió las funciones establecidas en la Ley 99 de
1993.
En cuarto lugar, respecto de la EPQ, manifestó que, como operadora del servicio de
acueducto y alcantarillado del suelo urbano del municipio, que no presta sus servicios
en el suelo rural, en principio, podría considerarse que no omitió el cumplimiento de
sus obligaciones y, por ende, que no existía una relación de causalidad con la
afectación a los derechos colectivos. Sin embargo, indicó que el Consejo de Estado
ha sostenido que, independientemente de la ubicación de los predios donde se
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requiera del servicio de alcantarillado, las empresas podían colaborar con las
entidades territoriales involucradas para la realización de las actuaciones
administrativas que permitan la conexión de los predios a las redes convencionales de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
En quinto y último lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva frente de la Federación Nacional de Cafeteros. Para ello, aseveró
que, mediante la Resolución 20104010006775 de 04 de marzo de 2010, expedida por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se canceló la inscripción del
Comité de Cafeteros del Quindío en el Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos, y que, en todo caso, la entidad solamente tenía a su cargo una concesión de
aguas superficiales y subterráneas para uso agrícola y pecuario.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. La Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.18 presentó recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia en el que indicó que no tiene
competencia ni injerencia en la zona rural y que para operar requiere de infraestructura
de redes, que debe ser proporcionada por el municipio. Dijo que carecía de los
recursos para construir nuevas redes, especialmente en áreas donde no tiene
operaciones. Por lo tanto, no podía invertir en lugares donde no existía facturación,
pues ello atentaría contra los principios de una gestión adecuada y podría acarrear
responsabilidad fiscal y penal por mala administración de dineros.
Comentó que le correspondía al municipio generar el capital necesario para la
construcción de las redes de acueducto y alcantarillado en la Vereda El Laurel. Y una
vez éstas estuvieran establecidas podía encargarse de su operación, previa solicitud
formal de la entidad territorial. No obstante, manifestó su disposición para brindar
apoyo técnico y acompañamiento a la entidad territorial en la formulación de los
estudios correspondientes, insistió, sin que se comprometiera su patrimonio.
18 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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4.2. El Departamento del Quindío19 interpuso recurso de apelación en el que de
forma puntual solicitó que se revocaran los numerales quinto y sexto del fallo proferido
por el a quo. Para ello, precisó que no se opone a gestionar los recursos, presentar el
proyecto o contratar los diseños del sistema de alcantarillado conforme al Reglamento
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico vigente y demás normas técnicas y
legales aplicables; sin embargo, señaló que se encuentra en desacuerdo con que se
le ordene la construcción y la consecución de recursos para ejecutar la obra, pues
considera que es un deber constitucional y legal del municipio y del prestador del
servicio.
Destacó que la construcción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es un
proceso en el que no participa el Departamento del Quindío y, por ende, no podía
compartir las responsabilidades de orden presupuestal que, reiteró, le corresponden
al municipio y al prestador del servicio.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA20
Por medio de auto del 6 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador admitió los
recursos antes mencionados y prescindió del traslado para alegar de conclusión en
aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente
asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público rindió concepto en el cual, luego de sostener que estaban
acreditadas las situaciones que generaron la vulneración de los derechos colectivos,
así como también la necesidad del concurso de las entidades demandadas con miras
a lograr las medidas de protección ordenadas por el Tribunal, solicitó que se confirmara
la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
Respecto de la alzada del Departamento del Quindío, sostuvo que la entidad territorial
no podía desligarse de manera absoluta de la adecuada prestación del servicio de
19 Ibidem.
20 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.
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acueducto y alcantarillado en uno de los municipios que hacen parte de su jurisdicción,
dado que la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico adscrita a la Secretaría de
Aguas e Infraestructura, estaba encargada de coordinar y articular con los municipios
sus requerimientos de inversión y de apoyo técnico en materia de agua potable y
saneamiento básico, motivo por el cual le asistía injerencia para intervenir en la
generación de soluciones a la afectación de los derechos colectivos amparados en la
sentencia apelada.
En cuanto a la impugnación de la EPQ, manifestó que no resultaba de recibo su
argumentación, pues la ampliación de la cobertura de servicios debía concertarse con
el Municipio de Quimbaya, sin dejar de lado que “la ampliación de redes también le
atañe a la empresa prestadora del servicio y no solamente al ente territorial, conforme
a lo reglado en el artículo 163 de la Ley 142 de 1994”21.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.
7.2. Planteamiento
La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración de los derechos
colectivos alegados en la demanda, la cual surge como consecuencia de las
deficiencias del sistema de alcantarillado en la Vereda El Laurel, del Municipio de
Quimbaya - Quindío, así como del vertimiento de aguas residuales en las fuentes
hídricas aledañas y de la ausencia de una empresa operadora del servicio público
domiciliario que garantice el mantenimiento y adecuado funcionamiento de la red.
21 Folio 11 del documento que contiene el concepto del Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de
Estado.
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No obstante, las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con la responsabilidad en dicha vulneración y la competencia para
cumplir con las órdenes de protección impartidas por el Tribunal.
En efecto, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. es del criterio que el
responsable en la vulneración de los derechos colectivos es el Municipio de Quimbaya,
toda vez que esa empresa no tiene como área de operación la zona objeto de
controversia, circunstancia por la que no puede invertir en ese lugar dado que no puede
cobrar una tarifa por el servicio, salvo que se construyan las respectivas redes, pues
para ese momento está en total disposición de operar las mismas previa solicitud
formal del ente territorial. Por su parte, para el Tribunal dicha empresa sí es
responsable en la vulneración de los derechos colectivos, pues le asiste el deber de
colaborar con las entidades administrativas para lograr la ejecución de un proyecto que
logre la construcción de las redes de alcantarillado en la vereda El Laurel.
De otro lado, el Departamento del Quindío es del parecer que, de acuerdo con el orden
jurídico, las facultades para cumplir las órdenes previstas en la sentencia de primera
instancia son del resorte del municipio y de la empresa de servicios públicos. Mientras
que, para el Tribunal y el Ministerio Público, pese a que el municipio debe asegurar la
prestación efectiva y eficiente de los servicios públicos domiciliarios en su territorio, lo
cierto es que corresponde al Departamento, de manera coordinada y dentro de sus
facultades, garantizar los recursos económicos, técnicos, logísticos, operativos,
humanos o de planificación para la ejecución del proyecto de alcantarillado ordenado
en el fallo recurrido.
En ese orden, la Sala desatará los reparos esgrimidos.
7.3. De la controversia sobre la responsabilidad de EPQ
Al respecto, tendrá que dilucidarse si la empresa de servicios públicos EPQ vulneró
los derechos colectivos invocados por la accionante, por la ausencia de prestación del
servicio de alcantarillado en el área rural del Municipio de Quimbaya, específicamente
en la Vereda El Laurel.
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7.3.1. A efectos de resolver ese punto, es menester indicar que tanto las partes como
el a quo concuerdan en que dicha vereda no se halla dentro del perímetro del servicio
de EPQ. Circunstancia que es reafirmada con los siguientes elementos que obran en
el plenario:
• Certificación emitida por el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado de esa
entidad:
“22
• A su vez, la Secretaría de Planeación Municipal de Quimbaya, en oficio del 4 de
enero de 2023, informó:
“(:..) 1. Si la Vereda El laurel a la que hace alusión la demanda del Proceso de la
referencia hace parte del territorio del Municipio de Quimbaya, en caso de ser así
se especifique cual es la clasificación del suelo (Urbano. de expansión urbana.
suburbano. rural)
Respuesta:
22 Visible a índice 02 del expediente digital del Tribunal.
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Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo Municipal No.013-
2000), modificado por el acuerdo 017 del 24 de diciembre del 2021, la vereda el
Laurel hace parte del territorio del municipio de Quimbaya, y se ubicada suelo rural
del municipio de Quimbaya Quindío; es de indicar que dentro dicha vereda se
localiza a su vez el Centro Poblado el (Sic) Laurel.
2. Si el Municipio de Quimbaya cuenta con un operador u operadores del servicio
de acueducto y alcantarillado público, en caso de ser positiva la respuesta se
indique la entidad resoecilva (Sic)
Respuesta:
En el suelo Urbano del municipio de Quimbaya se cuenta con un (1) operador del
servicio de acueducto y alcantarillado denominado EMPRESAS PÚBLICAS DEL
QUINDIO EPQ S.A E.S.P.
En el Suelo Rural del municipio de Quimbaya no cuenta con operador del servicio
de acueducto (potable) y alcantarillado. Se aclara que se cuenta con el servicio de
acueducto no potable (uso agrícola y pecuario) servicio prestado por el Comité de
cafeteros.
3. Si la Vereda El Laurel se encuentra localizada dentro o fuera del radio de acción
del sistema de acueducto y alcantarillado público del municipio.
Respuesta:
La vereda el (Sic) Laurel se encuentra localizada fuera del radio de acción del
sistema de acueducto y alcantarillado público (Fuera del perímetro sanitario) del
municipio.
Para el suelo Rural del municipio, cada predio debe de contar con su sistema de
tratamiento de aguas residuales bien sea pozo séptico o un sistema de tratamiento
de aguas residuales según sea el caso esto controlado por la corporación
autónoma regional del Quindío CRQ, ya que dicha entidad es quien expide los
respectivos permisos de Vertimientos.
Además a lo anterior, se indica que el municipio de Quimbaya anualmente gira
RECURSOS de SGP APSB, al PDA "Plan departamental de Aguas'; con el fin de
que dicha entidad ejecute proyectos de inversión en Agua Potable y Saneamiento
Básico tanto en el área urbana como rural del municipio.”23 (Subrayas de la Sala)
Vistas así las cosas, es claro que a la EPQ no puede atribuirse vulneración alguna,
toda vez que no existe un deber a su cargo en la prestación del servicio público de
alcantarillado en la Vereda El Laurel del Municipio de Quimbaya – Quindío y por ende
no estaba obligada a proporcionar la infraestructura necesaria para extender el
alcantarillado a esa vereda, ni mucho menos tenía facultades para cobrar una tarifa
por esas obras, como lo indicó el Tribunal en la sentencia que se recurre.
23 Visible a índice 92 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal
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Lo anterior en atención al régimen en que se cimenta la prestación de servicios
públicos en Colombia, que se pasa a explicar en adelante.
7.3.2. Uno de los pilares fundamentales perseguidos por el Constituyente de 1991 fue
el de asegurar que la adopción del Estado Social de Derecho consiguiera la
prevalencia del interés general, aspecto éste que se vislumbra desde el artículo
primero Superior, veamos:
“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”. (Subrayas de la Sala).
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado tal aspecto a partir de la concepción
de los servicios públicos como instrumento para alcanzar dichos fines. La siguiente
sentencia es muestra de ello:
“El concepto de servicio público ha sido objeto de un permanente desarrollo ligado
a la constante evolución de la situación política, económica y social del mismo
Estado. En el momento actual, no ha presentado una modalidad estática, sino
cambiante y adaptable a la praxis económica y social, así como consecuente con
el permanente avance de sus contenidos, entendiéndose el mismo, en el ámbito
jurisprudencial y doctrinario, como aquellas actividades que el Estado tiene el
deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional, de manera eficiente,
regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma directa o mediante el
concurso de particulares, con el propósito de satisfacer necesidades de interés
general que la sociedad demanda”24. (Subrayas de la Sala).
Dentro de la estructura de la Carta Fundamental los servicios públicos han sido
concebidos como actividades indispensables para alcanzar las finalidades propuestas
en el mencionado precepto, pues expresamente han sido plasmados como inherentes
a la finalidad social del Estado:
“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de
24 Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 1997.
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interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio
de una actividad lícita”. (Subrayas de la Sala).
El artículo 365 ibidem determina que puede ser el Estado directa o indirectamente, las
comunidades organizadas o incluso los particulares, lo cual sin duda responde a la
asimilación en el entorno nacional de la “crisis de los servicios públicos” 25, en cuanto
que permite que personas privadas participen en dicha gestión o que los entes públicos
se comporten como particulares y participen en el mercado en búsqueda de suficiencia
económica.
Ahora bien, el hecho de que el artículo 365 Superior prevea que la regulación, control
y vigilancia se encuentra a cargo del Estado se vislumbra como una clara fórmula de
intervención en la economía, particularmente en los servicios públicos, que viene dada
desde el artículo 334 ibidem, que es del siguiente tenor:
25 Como la mayor parte de las instituciones en materia de derecho administrativo lo concerniente a los
servicios públicos tiene su principal origen en Francia. En efecto, el primer antecedente conocido se
remonta a la existencia de un servicio real de correos organizado por Luis XI en 1464, que consistía en
la ubicación de caballos en distintas partes del reino para facilitar las comunicaciones 25.
Posteriormente, y luego de otros vestigios históricos sobre el particular 25, viene el conocido Fallo Blanco,
que permite evidenciar elementos nuevos en el derecho administrativo a partir de circunstancias
especiales que ameritaban un tratamiento igualmente específico dada la necesidad de entender el
servicio público como parte de esa rama del derecho.
Lo anterior justificaba entonces la existencia de una jurisdicción especial, lo cual fue aún más
concluyente como quiera que también se evidenciaba como nota característica de esa actividad el
ejercicio de las potestades exorbitantes o puissance publique.
Más adelante, los fines sociales y solidarios terminaron por legitimar aún más la consolidación del
concepto de servicios públicos dentro de la concepción de derecho administrativo, todo lo cual explicó
de manera más clara la esencia de los servicios públicos y su consagración normativa 25. Sin duda, la
determinación de si se estaba en presencia de un servicio público, dependía no sólo de definir si estaba
ejerciendo autoridad pública, sino que además se sujetaba a que estuviera de por medio la necesidad
de garantizar el interés general.
Pues bien, el rumbo de toda esa corriente doctrinal y jurisprudencial francesa cambió cuando se propició
la participación del Estado en actividades que no correspondían a la esencia material del mencionado
concepto de servicios públicos, apareciendo lo que se conoció como la “crisis del servicio público”, dada
la división alcanzada en ese país entre los llamados servicios públicos administrativos y los servicios
públicos industriales y comerciales.
El énfasis en la inestabilidad de la noción de servicio público logró su mayor punto por el anotado cambio
de rol del Estado, como partícipe en actividades económicas que poco o nada se identificaban con el
bien común y el consiguiente régimen de derecho privado al que se encontraba sometido en ese
supuesto, y además por la posibilidad de que los particulares coadyuvaran en la prestación de, ahora
sí, los servicios típicamente públicos, a través de figuras como la concesión.
No obstante lo dicho, y aun cuando el concepto de servicio público ha tenido diferentes matices y ha
sido objeto de no pocas discusiones de todo orden, la mayoría de esas posturas tienden por identificar
como carácter preponderante para la determinación de la existencia de tales servicios la relación entre
las actividades de servicio público y las finalidades públicas o la preeminencia del interés general en la
actividad desplegada ya sea por la Administración o por los particulares en los contextos anotados.
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“Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes,
y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En
cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y
servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el
desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez
proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales,
podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será
obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias
de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su
cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la
misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En
ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.”
(Subrayas de la Sala).
Esa intervención debe desarrollarse dentro de los límites del bien común, respetando
los derechos a la libre competencia económica y la iniciativa privada, tal y como lo
ordena el artículo 333 ibidem:
“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan
de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. (Subrayas de la Sala).
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Ha estimado la Corte que el núcleo esencial de esa garantía26 radica en la posibilidad
de acceso al mercado por parte de los oferentes sin que medien barreras
injustificadas. La misma jurisprudencia ha explicado que existe libre competencia en
un mercado cuando un conjunto de empresarios (sean estos públicos o privados), en
un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el
supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que
dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita27.
En sentencia C-815 de 2001, el máximo Tribunal Constitucional sostuvo que se trataba
de un derecho con doble matiz, uno individual y otro colectivo. Con aquel, se busca la
obtención del lucro del empresario; y con este, se pretende garantizar la promoción
de los oferentes y también que el consumidor se beneficie con bienes y servicios de
mejor calidad. Así, cuando ello no acontece el Estado interviene para corregir la
irregularidad que presenta el mercado. El siguiente es el tenor de lo anunciado:
“se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la
vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un estado
de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro
individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor
con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real
y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa
sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector
de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de
tales libertades.
Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como
objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de
salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover
la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la
libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación
de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos
de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico
competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de
los consumidores y el interés público del Estado.” (Subrayas de la Sala).
Se ha agregado que la libre competencia tiene carácter relacional, es decir, su
satisfacción depende, en primer lugar, del ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que se involucran en el mercado,
con el fin de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la
26 C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
27 C-815/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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competencia, o, de llegarse a constatar tal tipo de actuaciones, imponer las sanciones
que prevea la ley28. En esa medida, es la satisfacción de las garantías de los
participantes en el mercado (oferentes, competidores y consumidores), la que explica
la intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su eficacia y
competitividad29.
En segundo lugar, tal derecho apareja límites materializados en la responsabilidad
social o pública consistente en que los agentes auto restrinjan sus actividades
(manuales de buenas prácticas), con el fin de evitar que un uso abusivo de las
libertades constitucionales impidan el goce efectivo de los derechos vinculados con
dichos bienes30.
Tales consideraciones han sido útiles para demarcar las libertades básicas de los
participantes en el mercado, a saber: “a) la necesidad que los agentes del mercado
puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que
28 C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
29 La sentencia C-870 de 2003 propuso el siguiente alcance del derecho a la libre competencia
económica: “Los artículos 333 y 13 de la Constitución se relacionan con particular énfasis al permitirle
a todas las personas ejercer libremente la actividad económica que tengan a bien asumir, dentro de los
límites del bien común. Consecuentemente, todos tienen derecho a la iniciativa privada y a la libre
competencia, con las responsabilidades que ello apareja. Por su parte, la ley puede delimitar el alcance
de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación. Vale decir, jurídicamente la libertad económica está garantizada por la Constitución en armonía
con el derecho a la igualdad de los potenciales agentes económicos; por lo tanto, siempre que el
legislador pretenda establecer limitaciones, exigencias o prerrogativas en torno a esa libertad, deberá
examinar previamente los supuestos viables a la concreción de este derecho en un plano de igualdad
material, sin perjuicio de las distinciones que pueda hacer entre unas personas y otras, al amparo de
claros criterios de razonabilidad y proporcionalidad. || En relación con el derecho que tienen las
personas a ejercer la libertad de empresa y a percibir las utilidades que le son inherentes, el Estado se
erige como director de la economía con dos fines específicos: de una parte, debe regular, vigilar y
controlar los procesos económicos en orden a fomentar y estimular la gestión empresarial, impidiendo
al efecto que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitando o controlando cualquier abuso de
la posición dominante; y de otra, promoviendo y exigiendo a la empresa el cumplimiento de su función
social a través de su intervención en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados; igualmente, actuando como empresario directo, ya con capital totalmente estatal, ora en
alguna de las modalidades de la asociación mixta. Función social que se debe concretar en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo y en la preservación de un ambiente sano. En este espectro le
corresponde al Estado propender por la vigencia efectiva del derecho a la igualdad, tanto en la esfera
de los empresarios, como en la de los trabajadores y consumidores de sus productos. Asimismo le
compete a las autoridades públicas, en sus diferentes campos de acción, resolver las tensiones que se
presentan entre la libertad de empresa y la primacía del interés general, dado que, en cuanto base del
desarrollo la empresa debe producir y exhibir positivos balances de rentabilidad económica y social, los
que a su vez habrán de ser, en lo económico-fiscal, representativos de mejores bases gravables y por
tanto de mayores tributos; y en lo social, indicativos de su participación en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes.”.
30 Sentencia C-032 de 2017.
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por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades. b) la libertad de los
agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas
comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios
para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que
requieren.”31
Así pues, el régimen de prestación de servicios públicos comporta en el Estado
colombiano la necesidad de garantizar que se cumplan las finalidades sociales
trazadas desde el preámbulo de la Carta Fundamental pero también que se asegure
la libertad de empresa y actividad económica, aspectos estos de los que se encargó
al Legislador, según se desprende del artículo 365 de la Constitución32, intención que
fue reiterada en los artículos 367 a 370 ibidem, tal y como se evidencia a continuación:
“Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de
costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de
apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”. (Subrayas de
la Sala).
“Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las
tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”.
“Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización
de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la
participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y
empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”.
“Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a
la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los
31 Sentencia C-616 de 2001.
32 Todo lo relacionado con la estructuración de servicios públicos en nuestro país fue objeto de amplio
debate al interior de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como quiera que a ella se presentaron
224 propuestas, 39 de ellas de origen constituyente, La Asamblea optó por consagrar en la nueva Carta
los lineamientos generales que regulan los servicios públicos. De ello dan muestra las Gacetas de 16
de abril y 29 de mayo de 1991: “Introducir en la Carta Constitucional materias que son susceptibles de
un desarrollo legislativo detallado, puede crear, en el tema que nos ocupa, una camisa de fuerza que
impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o la ausencia de normatividad en otros
servicio que, por su misma naturaleza, requieren un tratamiento especial”.
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servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las
entidades que los presten”.
Respondiendo a tal mandato, la Ley 142 de 1994 definió así el ámbito de aplicación:
“Artículo 1o. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y
a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y
a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley”. (Subrayas de la
Sala).
El artículo 15 de esa misma norma previó quiénes estarían habilitados para prestar
esos servicios o desplegar esa actividad, así:
“Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los
servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los
períodos de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que
al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios
públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17”.
La Corte Constitucional se ha referido de la manera que a continuación se enuncia al
mencionado precepto:
“Así, es claro que la prestación de los servicios públicos puede ser realizada tanto
por las autoridades públicas como por los particulares o comunidades
organizadas, pero en todo caso el Estado siempre tendrá bajo su cargo la
regulación, control y vigilancia de estos servicios, con el fin de garantizar el
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cumplimiento de los fines que le competen (CP art. 365). Esta regulación, control
y vigilancia de tales servicios armoniza además con la facultad general que la
Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos
y privados para racionalizar la economía y mejorar la calidad de vida de los
habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento de la libre iniciativa
privada (CP arts. 333 y 334). Por consiguiente, la Carta, a pesar de que reconoce
la posibilidad de que los particulares presten servicios públicos, reserva funciones
esenciales al Estado en esta materia, y en especial le atribuye una competencia
general de regulación (CP art. 365). Nótese que esta norma atribuye
genéricamente esa función de regulación al Estado, sin señalar explícitamente
que ésta corresponde a una determinada institución específica. Ahora bien, esta
Corte ha señalado que en general la palabra Estado se emplea en la Carta para
designar al conjunto de órganos que realizan las diversas funciones y servicios
estatales, ya sea en el orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales.
Por ende, cuando una disposición constitucional se refiere al Estado, y le impone
un deber, o le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma
constitucional habla genéricamente de las autoridades estatales de los distintos
órdenes territoriales33. Por ende, la competencia de regulación de los servicios
públicos es genéricamente estatal, lo cual obviamente no significa que esa
facultad pueda ser atribuida por la ley a cualquier entidad estatal, por cuanto la
Constitución delimita, en materia de servicios públicos domiciliarios, algunas
órbitas específicas de actuación de las distintas ramas de poder, las cuales deben
ser respetadas.”34 (Subrayas de la Sala).
Como correlato del marco constitucional y legal expuesto, lo que la Sala observa es
que toda la actividad relacionada con la prestación de servicios públicos en Colombia
hace parte de la esencia misma del Estado Social de Derecho, cuestión que no se
desvanece por el hecho de que los particulares los presten, que el Estado los
intervenga o que sea un ente público el que participe en ese mercado. Dicho de otra
forma, las finalidades públicas o sociales que se buscaron desde un primer momento
en la Carta Política con la introducción de los servicios públicos como una actividad
que hiciera parte de los propósitos sociales del Estado, no se desdibuja por el papel
de éste o de los privados, pues el fin último de la garantía del bien común trasciende
el aspecto orgánico de los servicios públicos, teniendo siempre como límite la libertad
económica.
Así, cuando una empresa, sea esta pública o privada, entra en el mercado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios, lo hace buscando, por supuesto,
eficiencia económica, y de acuerdo a ello resuelve invertir o no; todo lo cual debe
acompasarse con las reglas de definición del régimen tarifario cuyos criterios
orientadores son la eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad,
33 Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 8 y 9.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998.
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redistribución, simplicidad y transparencia, cada uno de los cuales son definidos en el
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, con la idea de que la participación de éstos se
propicie en los términos que el mercado ofrece; veamos:
“Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que
éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las
fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los
usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias
no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir
que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas
restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas
tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los
costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.
87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener
el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos
que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este
derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan
opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades.
87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el
régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de
solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los
usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a
pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas.
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán
la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la
expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de
los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa
eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad
a sus usuarios.
87.5. Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal
forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.
87.6. Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito y
completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para los
usuarios.
87.7. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de
suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente,
las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia
financiera.
87.8. Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una
calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán las
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comisiones reguladoras. Un cambio en estas características se considerará como
un cambio en la tarifa.
87.9. Cuando las entidades públicas aporten bienes o derechos a las empresas
de servicios públicos, podrán hacerlo con la condición de que su valor no se incluya
en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los estratos
que pueden recibir subsidios, de acuerdo con la ley. Pero en el presupuesto de la
entidad que autorice el aporte figurarán el valor de éste y, como un menor valor del
bien o derecho respectivo, el monto del subsidio implícito en la prohibición de
obtener los rendimientos que normalmente habría producido.
Parágrafo 1o. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que
empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los
servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un
elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que
ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los
artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas como
aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas
cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de
neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se
presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las
tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora
respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga.
Parágrafo 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los establecidos en
el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias definidas por las
comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta todas las
disposiciones relativas a la materia que contiene esta Ley”. (Subrayas de la Sala).
7.3.3. Bajo esa perspectiva, siendo que EPQ es un prestador de servicios públicos
domiciliarios, no obstante que su capital es ciento por ciento (100%) del Estado, no
podría ser obligada por el juez a extender redes o a intervenir en un perímetro en el
que no propuso la prestación del alcantarillado, y su participación tendría que ser
concebida en el marco de las reglas ya descritas de la libertad económica y el logro de
los fines esenciales del Estado colombiano, pues fue así como se concibió desde la
Carta de 1991.
Si ello es así, sobre la zona objeto de controversia, esto es, la Vereda El Laurel del
Municipio de Quimbya, la misma EPQ u otra persona jurídica interesada, podría prestar
el servicio de alcantarillado en los términos que prevé el orden jurídico, para lo cual
debe tener en cuenta que su participación requiere eficiencia económica y suficiencia
financiera. Ahora, y como quiera que en el sector en controversia no hay prestador y
que corresponde al municipio garantizar la prestación, la participación de EPQ
quedaría enmarcada para el caso en lo previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994,
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esto es, a través de la invitación pública a que se refiere el numeral primero, o en su
defecto por medio de las opciones de los numerales subsiguientes:
“Artículo 6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los
municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia,
cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los
siguientes casos:
6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de
servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;
6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y
habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al
Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o
privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya
habido una respuesta adecuada;
6.3. Cuando, aun habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya
estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de
prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas
interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos,
iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación
establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos
de prestación de servicios.
6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la
contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la
prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser
independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los
ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no
tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la
prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían
aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos.
En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades
quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley
misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores
y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al control, inspección,
vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las
Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el
municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará
compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley.
Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e
incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo
general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad
adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en
forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de
los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de
sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité
respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos
para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre
los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.
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De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que
un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso
alguno, para constituir un monopolio de derecho.” (Subrayas de la Sala)
En esa medida, la Sala es del criterio que la anotada empresa de servicios públicos no
es responsable de la vulneración de los derechos colectivos en el presente asunto, ni
podía impartírsele órdenes para la superación de esa circunstancia. En consecuencia,
se modificará el numeral quinto de la sentencia de primera instancia a efectos de no
atribuirle responsabilidad en ese sentido.
7.4. De la controversia sobre la responsabilidad del Departamento del Quindío
En este punto, tendrá que definirse si el Departamento del Quindío vulneró los
derechos colectivos invocados por la parte actora por las deficiencias del servicio de
alcantarillado que se presentan en el área rural del Municipio de Quimbaya,
específicamente en la Vereda El Laurel.
Para resolver ello, es menester aludir a las competencias de las entidades estatales
que influyen directamente en la prestación de los servicios públicos, a saber: los
municipios, los departamentos, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y las Comisiones de Regulación.
7.4.1. De las facultades de los municipios
Pues bien, como se vio en el acápite precedente en el artículo 365 de la Carta
Fundamental, la prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la
finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso su regulación, control
y vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los particulares.
Ahora, el artículo 311 ibidem señala que a los Municipios les corresponde la prestación
de los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el
progreso local y promover el mejoramiento social de sus habitantes, entre otras.
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división politico<sic>-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
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determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.”
En similar sentido, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
contemplaron:
“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
(…)
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes
del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños,
las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la
tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de
especial protección constitucional.
(…)
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, se desprende de lo dicho que la prestación de los servicios públicos quedó
supeditada a lo que definiera el Legislador, quien, como ya quedó atrás explicado, lo
llevó a cabo cuando expidió la Ley 142 de 1994, concibiendo un régimen que respondía
a la línea trazada para la época dada la corriente denominada “crisis de los servicios
públicos”. Particularmente, en el artículo 5º de esa norma determinó que era deber de
los Municipios asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos en su territorio,
ya sea a través de una empresa o directamente cuando no existan sociedades
interesadas en ejercer esa actividad; veamos:
“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”
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En línea con lo anterior, el artículo 26 ibidem previó que los municipios deben permitir
que las empresas de servicios públicos instalen las redes permanentes que estén
destinadas a la prestación de los servicios públicos. Y, además, señaló que a esos
entes les está prohibido favorecer monopolios o limitar la competencia en ese sector.
La disposición en comento es del siguiente tenor:
“Artículo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación
urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y
tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas
a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos
bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías,
puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en
todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la
deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición
fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser
consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de
permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la
competencia” (Subrayas de la Sala).
Lo hasta aquí expuesto, fue reiterado por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que, al
definir las competencias de los Municipios, dispuso literalmente:
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”
En ese orden, lo que se advierte es que, aun cuando los Municipios no asuman la
prestación directa del servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus deberes el
de garantizar que tal actividad se efectúe de manera eficiente, esto es, asegurando: (i)
universalidad en el acceso a los servicios, (ii) optimización de los niveles de consumos,
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(iii) la ampliación de la cobertura, y (iv) evitando crear condiciones que puedan limitar
o restringir la competencia en ese sector dentro del área de su jurisdicción.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C-186 de 2022, señaló:
“Los servicios públicos domiciliarios y su dogmática actual constituyen una
manifestación de la cláusula de Estado Social de Derecho contenida en el artículo
1º de la Carta Política35. También están ligados al respeto de la dignidad humana,
a la prevalencia del interés general y a la solidaridad que debe imperar entre
quienes integran la República.
En virtud del artículo 2º, constituye un fin esencial del Estado promover la
prosperidad y garantizar los derechos y principios consagrados en la
Constitución36, incluyendo el acceso a los servicios públicos. A su turno, el acceso
a los servicios públicos domiciliarios de todas las personas que habitan Colombia
materializa el principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la
Carta Política37.
Puntualmente, el artículo 33438 superior señala que la dirección general de la
economía está a cargo del Estado. En consecuencia, éste debe intervenir, por
mandato de la ley, en los servicios públicos y privados con el fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del país, así como para lograr la distribución
equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre todos, en un
marco de sostenibilidad fiscal y de preservación de un ambiente sano. En cualquier
caso, el gasto público social es siempre prioritario.
35 Constitución Política. Artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
36 Constitución Política. Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”
37 Constitución Política. Artículo 13º “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
38 Constitución Política. Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco
de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.”
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El segundo inciso del mencionado artículo 33439 establece que el Estado, de
manera especial, se asegurará de que todas las personas y, especialmente, las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios
básicos. De forma concomitante a esta garantía, es deber del Estado promover la
productividad y competitividad.
A su turno, el artículo 36540 de la Carta Política establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que éste debe asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y pueden ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, o por particulares. En cualquier caso, el
Estado tiene el deber de regular, controlar y vigilar estos servicios y de prestarlos
en aquellos lugares o comunidades de Colombia en donde no exista empresa o
persona dispuesta a garantizarlos41.
El artículo 36742 de la Carta Política establece que la ley fijará las competencias y
responsabilidades concernientes a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Esto supone regular su cobertura, calidad, financiación y el régimen
tarifario aplicable. El régimen tarifario deberá tener en cuenta los criterios y
principios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. El inciso final de
este artículo señala que será la ley la encargada de determinar cuáles son las
entidades competentes para fijar las tarifas de los servicios públicos.
Por su parte, el artículo 36843 superior estipula que la Nación, los departamentos,
los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas pueden conferir
subsidios, con cargo a sus respectivos presupuestos. Esto con el fin de que
garantizar que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los
servicios públicos que cubren sus necesidades básicas.
Desde temprana jurisprudencia, la Corte Constitucional determinó que los servicios
públicos, como finalidad social del Estado, constituyen un mandato en virtud del
cual debe garantizarse su prestación y acceso efectivo a todos los habitantes del
país. Esto, a partir del vínculo intrínseco que existe entre los servicios públicos y
39 Ibídem. Inciso segundo. “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para
promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.”
40 Constitución Política. Artículo 365. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En
todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de
una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas
o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
41 Sentencia C-558/01 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
42 Constitución Política. Artículo 367 “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen
tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las
entidades competentes para fijar las tarifas.”
43 Constitución Política. Artículo 368. “La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que
cubran sus necesidades básicas.”
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la efectividad de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y la
salud44.
Este mandato se lee de la mano con el artículo 366 constitucional, el cual prevé
que son finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población. En desarrollo de este principio, esta Corte
determinó que la prestación de los servicios públicos está esencialmente ligada al
thelos estatal, como fórmula constitucional destinada a fomentar el desarrollo
humano de todos los habitantes del país45.
La Corte Constitucional también ha destacado que uno de los fundamentos de la
obligación Estatal de velar por la prestación de los servicios públicos se deriva de
su deber de proteger la dignidad humana. Así, la realización de los derechos
fundamentales está supeditada de manera intrínseca a la adecuada prestación de
los servicios públicos de agua, salud, saneamiento básico, energía, combustible,
transporte, gas, telecomunicaciones, entre otros46. Tener acceso continúo y de
calidad a estos servicios le permite al ser humano llevar una vida digna.
A partir de todo lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal ha definido los
siguientes criterios respecto del deber del Estado de asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos47: (i) universalidad, que se traduce en
garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos a todas las personas
que habitan el país; (ii) eficiencia, entendida como la optimización del
consumo de los servicios públicos para lograr unos niveles determinados de
confort y de servicio, es decir, servicios que satisfagan las necesidades
reales de los usuarios; (iii) eficacia, la cual implica alcanzar los objetivos del
sistema de servicios públicos mediante un uso óptimo de todos los recursos
que se requieren para su adecuada prestación; (iv) calidad, que supone
garantizar servicios públicos que cumplan con unos estándares mínimos
establecidos por la autoridad competente, y (v) ampliación de cobertura, lo
cual conlleva elevar el número de personas que tienen acceso a los servicios
públicos, con miras a lograr un sistema universal.
En conclusión, la prestación de los servicios públicos domiciliarios se orienta a
cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las personas que habitan
Colombia. Ello, con el fin de asegurar condiciones mínimas de existencia que sean
acordes con la dignidad inherente a todo ser humano. La jurisprudencia
constitucional ha hecho explícito que los servicios públicos domiciliarios tales como
el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento básico, la electricidad y el gas
combustible son fundamentales para garantizar una vida digna, pues son medios
necesarios para la conservación y cocción de alimentos, para la higiene y aseo
personal, para la ventilación o calefacción del hogar e incluso para la
comunicación, la educación, el acceso a la información o el entretenimiento, a
través de medios digitales48.”
7.4.2. De los Departamentos
44 Sentencias C-247 de 2007 (M.P Hernando Herrera Vergara), C-565 de 2017 (M.P Diana Fajardo
Rivera) y C-187 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
45 Sentencia C-565 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
46 Sentencia C-353 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
47 Sentencias C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-565 de 2017, M.P Diana Fajardo
Rivera.
48 Sentencia T-701 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
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El artículo 288 Superior dispuso que “Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.” Así, el artículo
298 ibidem previó que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre
la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes.”
A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201249 definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:
“Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial
y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer
en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
49 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
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d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;”
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos en la prestación de
los servicios públicos cuando, por razones técnicas y económicas, sea necesario:
“Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los
servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con
los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella
expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de
energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios
públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la
prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la
Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia
en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios
públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen,<sic> la
organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios
públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley.”
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 determinó que los Departamentos, en
cumplimiento de los anotados principios, deben:
“Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental.” (Subrayas de la Sala).
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Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación de los servicios
públicos en el régimen colombiano parte de la posibilidad de que el interesado en
llevarlo a cabo puede desarrollar esa actividad, independientemente de cuál sea la
naturaleza de sus recursos (pública o privada), y que el Municipio deberá asegurar que
se efectúe de manera eficiente; en tanto que los Departamentos ostentan potestades
de carácter complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios en esa materia,
cuando así lo requieran.
El sistema contempló toda una articulación de entidades encargadas de asegurar la
correcta prestación de este tipo de servicios dada su importancia en el concierto
cotidiano de los asociados, erigiendo a la Superintendencia de Servicios Públicos
como el ente de control, inspección y vigilancia, obligación de deriva del artículo 370
de la Carta Política por delegación del Presidente; disposición desarrollada por la Ley
142 de 1994, en cuyo artículo 76 se creó a la anotada Superintendencia50, como un
organismo técnico, con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial,
cuya función de policía administrativa en el sector ha sido reconocida por la
jurisprudencia51.
De otro lado, y con miras a la verificación sobre la adopción de un adecuado esquema
tarifario, también se concibió un órgano cuya tarea fuese evitar el abuso de posición
dominante y emitir las políticas regulatorias de administración y control de eficiencia
en el campo de los servicios públicos, así como promover la competencia, regular
monopolios y resolver los conflictos que se presenten entre las distintas empresas
prestadoras de servicios públicos, dejando ello en manos de las Comisiones de
Regulación también por delegación de las funciones asignadas por el artículo 370
Superior al Presidente de la República. Los artículos 68 y 73 de la Ley 142 de 199452
previeron dichas potestades.
50 “Artículo 76. Creación y naturaleza. Créase la superintendencia de servicios públicos domiciliarios,
como un organismo de carácter técnico, adscrito al ministerio de desarrollo económico, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonial.”
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 20 de
febrero de 2020. Proceso radicado número: 13001 23 31 000 2010 00898 01. Consejera Ponente: Nubia
Garzón Peña Garzón.
52
“Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las comisiones. El Presidente de la
República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios
públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a
los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si
decide delegarlas, en los términos de esta Ley.
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“Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de regulación tienen la función de
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de
hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello
tendrán las siguientes funciones y facultades especiales: 73.1. Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del gobierno, y recomendarle la
adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten. 73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del Superintendente, y a las normas que esta Ley contiene
en materia de tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas determinadas que no sean de
servicios públicos, pero respecto de las cuales existan pruebas de que han realizado o se preparan para
realizar una de las siguientes conductas:
a) Competir deslealmente con las de servicios públicos;
b) Reducir la competencia entre empresas de servicios públicos;
c) Abusar de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios similares a los que éstas
ofrecen. 73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión
financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones
que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en la
prestación del servicio. 73.5. Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalación y operación de equipos
de las empresas de servicios públicos se someta a normas técnicas oficiales, para promover la
competencia o evitar perjuicios a terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore, cuando
encuentre que son necesarias. 73.6. Establecer la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad que deben prestar quienes
deseen celebrar contratos de aporte reembolsable. 73.7. Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras entidades, en los casos
que disponga la ley en lo que se refiere a materias de su competencia. 73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, por
razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras
autoridades administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de
legalidad. 73.9. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, y que
no corresponda decidir a otras autoridades administrativas, ¿acerca de quién debe servir a usuarios
específicos, o en qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte estará sujeta
al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe atender, especialmente, al propósito de
minimizar los costos en la provisión del servicio. 73.10 Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios
públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan considerarse
restrictivas de la competencia. Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de los
contratos que celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad de
competencia. 73.11 Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello
corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para
que la fijación de las tarifas sea libre. 73.12.
Determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo que deben
utilizarse al definir el consumo; y definir, con bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos
medibles y verificables, apropiados para cada servicio, quiénes pueden considerarse "grandes
usuarios". 73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se escinda en otras que tengan el mismo objeto
de la que se escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad complementaria, cuando se encuentre que
la empresa que debe escindirse usa su posición dominante para impedir el desarrollo de la competencia
en un mercado donde ella es posible; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios con el
producto de uno de sus servicios que no tiene amplia competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en
general, que adopta prácticas restrictivas de la competencia. 73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren que ello es indispensable
para extender la cobertura y abaratar los costos para los usuarios.
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7.4.3. Visto lo anterior y de cara a lo resuelto por el Tribunal, se advierte que el
Departamento del Quindío no es responsable por la vulneración de los derechos
colectivos en el asunto de la referencia, en la medida en que, como se vio, en la Vereda
El Laurel del Departamento del Quindío no existe prestador del servicio de
alcantarillado y por ende será a través de los mecanismos de participación en ese
mercado que una empresa privada, EPQ o el mismo Municipio de Quimbaya acometan
la actividad de acuerdo a los lineamientos ya expuestos. En consecuencia, se
modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia
73.15. Determinar cuándo una empresa oficial, pública o un municipio que presta en forma directa los
servicios no cumple los criterios e indicadores de eficiencia que determine y ordenar al municipio la
entrega de la prestación de los servicios a un tercero.
73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que se distribuye por medio de empresas de
servicios públicos adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjuicio de los distribuidores; y
exigir que en los contratos se especifiquen los diversos componentes que definen los precios y tarifas.
73.17. Dictar los estatutos de la comisión y su propio reglamento, y someterlos a aprobación del
Gobierno Nacional.
73.18. Pedir al Superintendente que adelante las investigaciones e imponga las sanciones de su
competencia, cuando tenga indicios de que alguna persona ha violado las normas de esta Ley.
73.19. Resolver consultas sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere esta
Ley.
73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad
vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas.
73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición dominante en los
contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a
facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario.
73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios
públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo,
establecer las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuerdo
con las reglas de esta Ley.
73.23. Definir cuáles son, dentro de las tarifas existentes al entrar en vigencia esta Ley, los factores que
se están aplicando para dar subsidios a los usuarios de los estratos inferiores, con el propósito de que
esos mismos factores se destinen a financiar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, y
cumplir así lo dispuesto en el numeral 87.3 De esta Ley.
73.24. Absolver consultas sobre las materias de su competencia.
73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad accionaria
en empresas con actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en la prestación
de cada servicio público.
73.26. Todas las demás que le asigne la ley y las facultades previstas en ella que no se hayan atribuido
a una autoridad específica.
Salvo cuando esta Ley diga lo contrario en forma explícita, no se requiere autorización previa de las
comisiones para adelantar ninguna actividad o contrato relacionado con los servicios públicos; ni el
envío rutinario de información. Pero las comisiones, tendrán facultad selectiva de pedir información
amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los servicios públicos a los que esta Ley se refiere,
inclusive si sus tarifas no están sometidas a regulación. Quienes no la proporcionen, estarán sujetos a
todas las sanciones que contempla el artículo 81 de la presente Ley. En todo caso, las comisiones
podrán imponer por sí mismas las sanciones del caso, cuando no se atiendan en forma adecuada sus
solicitudes de información.”
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente
resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se
atribuyen a las comisiones.” (Subrayas de la Sala).
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en el sentido de no atribuirle la trasgresión de los citados derechos a dicho
Departamento.
No obstante, la Sala considera que, en virtud de los principios de coordinación y
complementariedad, el Departamento del Quindío sí debe ser vinculado como parte
de la solución a la problemática que ocupa la atención de la Sala y, por consiguiente,
en el marco de sus competencias, dicho ente debe concurrir en la implementación
definitiva para solventar la problemática del presente asunto en la forma que se verá
enseguida:
7.4.4. Al respecto es pertinente indicar que, para la elaboración de un sistema de
alcantarillado, el Municipio puede optar por las siguientes alternativas: a través de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA o por medio de los esquemas diferenciales para la prestación de
los servicios públicos en zonas rurales.
7.4.4.1. En efecto, respecto a los PDA, es preciso señalar que el artículo
2.3.3.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015, los definió así:
“Artículo 2.3.3.1.1.2. Definición de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Son un conjunto
de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la
implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a
agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales,
la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras
de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación
efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.”
A su vez, el artículo 2.3.3.1.4.1. determinó que los siguientes eran los requisitos para
la participación en los PDA por parte de los Departamentos y Municipios:
“Artículo 2.3.3.1.4.1. Requisitos para la participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA). Para participar de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), que se
señalan a continuación, los diferentes participantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Los departamentos. Los departamentos deberán suscribir un convenio con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen a:
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1.1. Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
1.2. Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos para
contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
1.3. Tomar las medidas que se requieran para facilitar la implementación y
garantizar la ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y realizar el seguimiento al gestor,
cuando este sea una empresa de servicios públicos.
1.4. Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades
municipales y fuerzas vivas del mismo, para su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
2. Los municipios y distritos. Para que un municipio o distrito participe en los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) debe cumplir con los siguientes requisitos:
2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el gestor y el
departamento, mediante el cual se compromete a:
a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo y el presente capítulo.
b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos.
c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
d) Implementar el esquema para el aseguramiento de la prestación de los servicios
que se defina en desarrollo del mismo.
e) Tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura
y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico de su propiedad.
2.2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este
artículo al respectivo instrumento para el manejo de los recursos.
El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) el municipio o distrito puede prescindir de los requisitos
previstos en los literales b y c del numeral 2.1 y el numeral 2.2. de este artículo, de
acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo del que trata el artículo 2.3.3.1.5.2
del presente capítulo. En estos casos, previo a la firma del convenio, el Comité
Directivo aprobará la vinculación del municipio.
3. Las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales con jurisdicción en
los municipios y distritos ubicados en el territorio del respectivo departamento,
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podrán participar en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Para ello deberán suscribir un
convenio con el departamento respectivo, precisando las actividades que se
comprometen a desarrollar, los recursos que destinarán para cumplir con los
compromisos adquiridos, así como los demás aspectos necesarios para asegurar
una adecuada articulación de la autoridad ambiental con el Plan Departamental y
sus estructuras operativas.
Las autoridades ambientales que hayan suscrito con los respectivos
departamentos el Convenio Marco de Vinculación a los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), se
entenderán participantes de los Planes Departamentales, durante el tiempo que el
convenio permanezca vigente.
Parágrafo 1°. Se entenderán participantes de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) los
departamentos que suscribieron el convenio de cooperación técnica; asimismo se
entenderán participantes de los PDA los municipios y distritos que a la entrada en
vigencia del presente decreto suscribieron el Convenio de Cooperación y Apoyo
Financiero con el departamento y el Gestor.
Parágrafo 2°. Podrán participar, las personas jurídicas de derecho público, privado
o mixto, que aporten recursos financieros o técnicos o humanos, previa aprobación
del Comité Directivo.” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el numeral 11 del artículo 2.3.3.1.2.3. ibidem contempló que los Distritos y
Municipios podrán presentan sus proyectos ante el mecanismo nacional o
departamental de viabilización proyectos para el estudio de su financiación:
“Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:
(…)
11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del
sector agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y presentación
de los proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así como, las
correcciones o modificaciones necesarias de los mismos. No obstante, lo anterior,
los municipios y distritos podrán presentar los proyectos ante el mecanismo
nacional o departamental de viabilización de proyectos.” (Subrayas de la Sala).
7.4.4.1.1. En cuanto al mecanismo departamental para la viabilización de
proyectos, el artículo 2.3.3.2.1.2. ibidem y el numeral 6.1. del artículo 2.3.3.2.1.6.
ibidem indicaron que los Municipios podrán presentar, entre otros, proyectos para la
construcción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, con el fin
de que sean financiados con los recursos del Departamento.
Las normas en contexto prevén:
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“Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de proyectos.
A través del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos se evaluarán
y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de
los demás programas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento
básico de que trata el Artículo primero del presente capítulo y cuya financiación no
incorpore recursos provenientes de la Nación.”
“Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su
Viabilización. A través del Mecanismo de Viabilización Departamental, se
presentarán para su viabilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente de
recursos establezcan la ley, decretos, Resoluciones o Acuerdos, los proyectos
orientados a:
6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo.” (Subrayas de la Sala).
Para la aprobación y financiación de dichos proyectos, éstos deberán cumplir con los
requisitos definidos para su inclusión en el banco de proyectos del correspondiente
PDA. Asimismo, se deberán acreditar las exigencias contempladas en la “Guía Para
la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el Mecanismo
Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos”, que fue emitida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 672 de 2015.
Y finalmente, en los artículos 2.3.3.2.3.11., 2.3.3.2.3.12. y 2.3.3.2.3.13. se
determinaron los procedimientos para la evaluación, viabilización y aprobación de los
proyectos por parte del citado Mecanismo Departamental, siendo éstos:
“Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización y
aprobación. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico presentados en el marco del presente decreto,
se atenderá el siguiente procedimiento:
11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá
ser radicado para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos.
11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del Municipio.
11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador quien
deberá emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador, se
convocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador designado
sustentará el respectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto recomendando
o no la viabilización del mismo.
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11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto
técnico, el Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial
correspondiente y al Gestor la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde con
la carta de Viabilización modelo prevista en la Guía de que trata el artículo
2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de
viabilización.
11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto al
Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de
Agua, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor a fin de que éste
último de inicio al trámite de contratación en los términos previstos por el artículo
2.3.3.2.4.15 del capítulo 1 del título 3 de este Libro o la norma que lo sustituya o
derogue y para que se le comunique a la entidad responsable de la administración
de los recursos, para que expida los respectivos Certificados de Disponibilidad de
Recursos – CDR, que permitan dar inicio a los procesos de contratación.”
(Subrayas de la Sala).
“Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos
regionales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional contratado o
vinculado por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos del
respectivo departamento, de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del presente capítulo,
el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan en la guía de que trata
el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas
jurídicas y naturales que hayan participado en la formulación, diseño o planificación
de los proyectos.
Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los
proyectos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las
actividades de evaluación y viabilización del mismo, con capacidad de voto.
Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser
funcionarios o contratistas.
Parágrafo segundo. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación de
Proyectos podrán ser asumidos con cargo a recursos propios del Departamento o
del SGP del Departamento (Sector Agua Potable y Saneamiento Básico), con
previa aprobación del Comité Directivo del PAP - PDA, y acorde con las directrices
que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”
“Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua
potable y saneamiento básico que presenten las entidades territoriales y el Gestor
en el marco del presente decreto podrán declararse viables por parte del
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, una vez se hayan
cumplido los requisitos y documentos de presentación, el Comité Técnico
Departamental haya emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente con
los recursos disponibles para su financiación.” (Subrayas de la Sala).
7.4.4.1.2. Frente al mecanismo para la financiación de proyectos por parte de la
Nación, en la Resolución 661 de 2019 se establecieron los requisitos para esos fines.
El artículo 1º ibidem se dispuso:
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“Artículo 1o. Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el
mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y
expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable
y saneamiento básico que sean presentados por las entidades territoriales que
soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación
y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.”
Además, el artículo 9 ibidem señaló que la financiación de dichos proyectos por parte
de la Nación, entre otros, podrá ser solicitada por los Departamentos, Municipios o el
Gestor del PDA; veamos:
“Artículo 9o. Presentación de proyectos. Para efectos de la presente
resolución, podrán presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento
básico como entidad formuladora responsable del proyecto los Departamentos,
Municipios y Distritos.
En los casos en que sea el Gestor de los Planes Departamentales de Agua, El
Operador o Persona Prestadora de los Servicios, o cualquier entidad diferente al
municipio o distrito beneficiado quien realice el trámite para que se surta el
proceso de evaluación y viabilización del proyecto, deberá estar avalado por el
(los) municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) del mismo como solicitante del
apoyo financiero de la nación.
El procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos se presentarán
en el artículo 13 de la presente resolución.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, para la presentación de los aludidos proyectos ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se deben cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 13
ibidem, siendo estos los que se transcriben enseguida:
“Artículo 13. Requisitos para la presentación de proyectos. Los proyectos
que presenten las entidades, deberán hacer parte de las políticas y/o de los
programas implementados o que implemente la Nación para el sector de agua
potable y saneamiento básico, en concordancia con la normativa aplicable al
sector. La entidad solicitante deberá presentar la totalidad de los documentos
exigidos en la presente resolución en los formatos establecidos en la Guía de
Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en
Anexo número 1 de la presente y cumplir los siguientes requisitos:
13.1. Documentales: Los proyectos deberán ser radicados con la totalidad de la
documentación que se relaciona en la Guía de presentación de proyectos de
agua potable y saneamiento básico, organizados en carpetas tamaño oficio,
debidamente foliadas.
13.2. Legales: Los proyectos deberán estar acompañados de los permisos que
exijan las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
Para el caso de proyectos que se presenten a evaluación por etapas, la entidad
solicitante presentará los documentos de soporte siguiendo la Guía de
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Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en
Anexo número 1 de la presente resolución.
Para el caso de conceptos favorables (sin plan financiero definido o conceptos
para mitigación de riesgo o situación de desastre), el requisito establecido en el
numeral de la Guía 2.2.3. (Permiso para el uso, la ocupación y la intervención
temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea), no será
exigido. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del
proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se deberán verificar los
requisitos, de conformidad con lo establecido en la Guía de presentación de
proyectos de agua potable y saneamiento básico.
En cuanto al numeral de la Guía 2.2.5.2. (Consulta Previa) este podrá
encontrarse en trámite únicamente en los casos de proyectos que surjan como
consecuencia de una situación de desastre o de emergencia. En tal caso, se
deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento
mediante el cual se solicitó la consulta, debidamente radicado ante la autoridad
correspondiente.
13.3. Institucionales: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en
la Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo el esquema organizacional, el diagnóstico de la entidad prestadora de
los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de fortalecimiento
institucional y la acreditación de pago de subsidios al prestador.
13.4. Técnicos: Los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo tanto para la
zona rural como urbana, presentados por las entidades territoriales deberán
contar con estudios y diseños de conformidad con lo establecido en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
que aplique, contenido en las Resoluciones números 0330 de 2017, 501 de 2017
y 844 de 2018 o las normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan,
con la correspondiente aprobación de quien realizó la interventoría o supervisión
técnica de los mismos y de la Entidad contratante de los diseños, exceptuando
los proyectos de pre-inversión que deberán presentar de forma explícita dentro
del alcance de sus términos de referencia la realización de los estudios y diseños
siguiendo lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS) que le aplique o las normas que la modifiquen,
adicionen, aclaren o sustituyan.
En el caso de los proyectos rurales, enmarcados en la Resolución
números 844 de 2018 y 501 de 2017 o las normas que la modifiquen, adicionen,
denominados como abastos, puntos de suministro y soluciones individuales,
deberán seguirse los requisitos técnicos establecidos en esta Resolución en
cuanto a población, dotaciones para consumo humano y subsistencia de la
familia rural, incluyendo los entornos. Así mismo, se debe tener en cuenta la
evidencia sobre el proceso de planeación realizada para este tipo de proyectos,
iniciando por la etapa de “Perfil de proyecto” y evidencia sobre todo el proceso
de participación de las comunidades a beneficiar en la zona de actuación.
Cuando los proyectos presentados al mecanismo de viabilización hagan parte de
un proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo funcionamiento
dependa de la funcionalidad de las etapas precedentes, el(los) representante(s)
legal(es) de la(s) entidad(es) responsable(s) del proyecto, deberá(n) certificar
que las etapas anteriores se encuentran funcionando adecuadamente. Si la(s)
etapa(s) anterior(es) se encuentran en construcción a la fecha de presentación
del proyecto, la certificación deberá indicar el estado de avance de la
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construcción y la fecha programada de terminación y puesta en funcionamiento
de la misma, debidamente avalados por la Interventoría de la Obra.
Las entidades territoriales contratantes responsables de las consultorías de
diseño deberán, desde la fecha de publicación de la presente resolución, adjuntar
una copia de la póliza de calidad vigente de los diseños, debidamente constituida
por el Consultor Responsable de los Diseños, que ampare el diseño presentado
como mínimo un (1) año más, posterior a la fecha de su radicación en el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, manteniendo como asegurado o beneficiario a
la Entidad Responsable del proyecto.
13.5. Financieros: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en la
Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo el presupuesto detallado del proyecto, los soportes presupuestales de
las fuentes de financiación y el plan financiero. La información contenida respecto
de Análisis de Precios Unitarios y precios será en todo caso responsabilidad de
la entidad formuladora.
13.6. Ambientales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, para la
presentación de los proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos
estos deberán contar con los actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente correspondientes a licencias ambientales, concesión de
aguas y/o permisos de exploración o prospección de aguas subterráneas, Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, permiso de vertimientos, permiso de
ocupación de cauce, autorización de canteras para la provisión de materiales,
autorización de escombreras para la disposición del material sobrante (según
corresponda), de conformidad con la normatividad vigente.
Para los demás permisos deberán presentar como mínimo soporte de radicado
de solicitud ante la entidad y/o autoridad competente. En el caso de los proyectos
de pre- inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro del alcance
de sus términos de referencia que deberán cumplir con las necesidades de
estudios y diseños para la obtención de licencias y permisos requeridos por el
proyecto, según autoridad ambiental competente, por parte de la Entidad
formuladora.
Para el caso de conceptos favorables (sin financiación o para proyectos de pre-
inversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación
de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450
SMMLV), este requisito podrá encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad
ambiental. En tal caso se deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar
copia del documento mediante el cual se solicita el permiso o licencia,
debidamente radicado ante la autoridad correspondiente. En todo caso una vez
se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del proyecto, previo a la emisión del
concepto de viabilidad, se deberá contar con el acto administrativo de la autoridad
ambiental competente que lo otorgue.
Para el caso de proyectos presentados para el proceso de evaluación por etapas,
los requisitos de permisos de ocupación de cauce, licencias ambientales,
autorizaciones de canteras para la provisión de materiales y autorizaciones de
escombreras para la disposición del material sobrante (según corresponda),
podrán encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad ambiental. En tal caso
se deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento
mediante el cual se solicita el permiso o licencia, debidamente radicado ante la
autoridad correspondiente. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s)
de financiación del proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se
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deberá contar con el acto administrativo de la autoridad ambiental competente
que lo otorgue.
En cualquiera de los casos mencionados, cuando la financiación del proyecto sea
otorgada por una entidad diferente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
este no se hará responsable por el cumplimiento de los requisitos ambientales
normativos.
13.7. Prediales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, y de los
proyectos que incluyan la adquisición de predios y el pago de los derechos de
servidumbre conforme lo establecido en los numerales 22 y 23 del numeral 10.1
del artículo 10 de la presente resolución, los demás proyectos deben contar con
los predios, permisos de paso y/o servidumbres prediales según corresponda y
dicha documentación deberá ser anexada al proyecto en su presentación de
acuerdo con lo estipulado en la guía de presentación de proyectos de agua
potable y saneamiento básico, incluyendo la certificación de propiedad de los
predios (certificado de libertad y tradición a nombre del municipio y/o del
prestador en el caso de que el municipio sea accionista mayoritario de la empresa
prestadora para lo cual se deberá garantizar que la infraestructura será propiedad
del municipio) y las servidumbres necesarias para su ejecución. En el caso de
los proyectos de pre-inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro
del alcance de sus términos de referencia el grado de acompañamiento requerido
por la Entidad formuladora para la obtención de los predios y/o servidumbres
definidas dentro del diseño.
Parágrafo. Las Entidades Formuladoras podrán presentar los proyectos de agua
y saneamiento básico de forma digital previa reglamentación del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio.” (Subrayas de la Sala)
Asimismo, en el Capítulo V ibidem se reguló el procedimiento para la evaluación y
viabilización de la propuesta por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
7.4.4.2. De otro lado, los esquemas diferenciales para la prestación del
servicio de alcantarillado en zonas rurales se encuentran regulados en el Decreto
1898 de 2016, que adicionó dicha materia al Decreto 1077 de 2015.
En efecto, el artículo 2.3.7.1.1.1. ibídem, prevé:
“Artículo 2.3.7.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano
y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional, en
armonía con las disposiciones de ordenamiento territorial aplicables al suelo rural,
acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 33 de la Ley 388 de 1997 o aquellas
disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o
sustituyan” (Subrayas de la Sala).
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En esa línea, el numeral 8 del artículo 2.3.7.1.1.3. y el artículo 2.3.7.1.3.3. de esa
misma norma indicaron que las soluciones para el manejo de aguas residuales
domésticas en zonas rurales incluirán las instalaciones sanitarias. Las disposiciones
en comento son del siguiente tenor:
“Artículo 2.3.7.1.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se adoptan
las siguientes definiciones.
(…)
8. Instalaciones sanitarias. Estructuras o elementos que sirven para evacuar las
excretas o las aguas residuales domésticas y para la higiene personal.” (Subrayas
de la Sala)
“Artículo 2.3.7.1.3.3. Soluciones alternativas para el manejo de aguas
residuales domésticas. Las soluciones para el manejo de aguas residuales
domésticas en zonas rurales incluirán las instalaciones sanitarias. Las soluciones
individuales de saneamiento básico para viviendas dispersas localizadas en áreas
rurales se regularán por lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1753 de 2015.”
Por su parte, el artículo 37 de la Resolución No. 844 del 8 de noviembre de 2018, al
reglamentar el Decreto 1898 de 2016, previó los siguientes tipos para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas:
“Artículo 37. Tipos de sistemas para la recolección, transporte y tratamiento
de aguas residuales domésticas. Los sistemas que pueden implementarse
para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales domésticas
corresponden a los siguientes tipos:
1. Sistemas centralizados para el servicio público de alcantarillado que a su vez,
comprenden los componentes de:
a) Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas.
b) Tratamiento de aguas residuales.
c) Disposición de las aguas residuales tratadas.
2. Soluciones individuales de saneamiento.”
Mientras que el artículo 38 ibídem dispuso:
“Artículo 38. Selección de alternativas en recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. La selección de un sistema
centralizado o de una solución individual de saneamiento para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en zonas
rurales, dependerá de la dispersión de las viviendas, las condiciones geográficas
y topográficas y la disponibilidad de agua para el diseño de sistemas con arrastre.
Se permite incluso la combinación de diferentes opciones tecnológicas que
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permitan una adecuada administración, operación y mantenimiento. Cualquier
alternativa seleccionada deberá cumplir las normas ambientales vigentes.”
(Subrayas de la Sala)
Entre tanto, sobre las redes de alcantarillado el artículo 41 ibídem expresó:
“Artículo 41. Redes de alcantarillado en zonas rurales. Los sistemas de redes
de alcantarillado en zonas rurales, deberán diseñarse para la recolección y
evacuación de aguas residuales domésticas exclusivamente, teniendo en cuenta
lo siguiente:
1. No se permiten los alcantarillados combinados. Se podrá considerar un caudal
de contribuciones de aguas lluvias por conexiones erradas de acuerdo con el
artículo 134 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Se debe
impedir que los caudales pluviales ingresen al sistema de alcantarillado.
2. Se identificarán puntos críticos en los que el sistema centralizado de
alcantarillado debe incluir infraestructuras adicionales para evitar el arrastre de
sólidos, tales como trampas de grasas o cárcamos.
3. Para la selección de alternativas tecnológicas en sistemas centralizados de
alcantarillado, deberá tenerse en cuenta la opción tecnológica más adecuada
según las condiciones particulares de la zona de actuación, eligiendo entre redes
convencionales y no convencionales.
4. Los alcantarillados simplificados deben ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 145 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y además
considerar el diseño con pendientes favorables para autolimpieza.
5. Los alcantarillados condominiales deben ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 146 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya y además
considerar lo siguiente:
a) Se debe contar con la aprobación expresa de los propietarios de los predios
en los que se ubicarán las redes.
b) La red condominial se extiende hasta la caja de inspección de cada vivienda.
6. Los alcantarillados Sin Arrastre de Sólidos (ASAS), deben ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 147 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya
y además considerar lo siguiente:
a) Se debe asegurar que los tanques interceptores de solidos cuenten con
facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento.
b) Se debe definir la periodicidad y el mecanismo de retiro y disposición de los
sólidos.
c) Se debe asegurar la disponibilidad de equipos para el mantenimiento en sitio
de los tanques interceptores.
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Parágrafo 1. Las aguas lluvias se deben manejar con drenajes superficiales y
obras de urbanismo. Este tipo de intervenciones no hacen parte del servicio de
alcantarillado.
Parágrafo 2. Las aguas residuales no domésticas podrán ser incorporadas al
sistema de alcantarillado solo si cumplen con lo establecido en la Resolución
número 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la
norma que la modifique, adicione o sustituya, con respecto a los límites máximos
permisibles de vertimiento puntuales a los sistemas de alcantarillado público.”
Ahora, para la ejecución de los esquemas diferenciales para la prestación del servicio
de alcantarillado, los lineamientos a aplicar son los establecidos en el artículo 8 de la
mencionada Resolución; veamos:
“Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas
rurales. Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta Resolución
deberán tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la organización
secuencial de los proyectos:
1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
Administración, operación y mantenimiento (…)”
Para un mejor entendimiento, se explicará al detalle cada una de las aludidas etapas:
A) Perfil del proyecto
Normas que contemplan la Responsable Objetivo
etapa
Luego de reunir la
Artículos 9 y 10 de la Entidad pública que información requerida en el
Resolución No. 0844 de promueva el proyecto, para artículo 9 ibídem, se debe
2018 el caso, el ente territorial. tener certeza sobre los
problemas de saneamiento
y se debe identificar,
preliminarmente, el esquema
diferencial a desarrollar en
un posible proyecto y las
propuestas de solución.
Es necesario indicar que el artículo 9 ibidem, señaló que en dicha fase se debía reunir
la siguiente información:
“Artículo 9o. Formulación del perfil de proyecto. Las entidades públicas y/o
privadas que promuevan inversiones del sector de agua potable y saneamiento
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básico en zonas rurales, deberán formular perfiles de proyecto con información
suficiente en la que se identifique, la posible zona de actuación, las condiciones
particulares de dicha zona, y posibles soluciones identificando el esquema
diferencial aplicable. Para ello, cada perfil de proyecto deberá contener, como
mínimo, la siguiente información para su zona de influencia:
a) Identificación del uso y clasificación del suelo rural: cabeceras de
corregimientos, centros poblados rurales, parcelaciones campestres, u otros
núcleos de población aunque no hayan sido incluidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), u otras viviendas dispersas.
b) Número de viviendas y entornos, y descripción del área en que habita la
comunidad, con datos estimados o aproximados si no existen datos precisos.
c) Información, cualitativa o cuantitativa, sobre alertas sanitarias o incidencia de
enfermedades asociadas al agua o al saneamiento básico en la localidad.
d) Identificación de los sistemas de agua o saneamiento básico que ya existan
en la comunidad, cualquiera que sea su estado de operación actual.
e) Identificación de personas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo que atiendan zonas urbanas o rurales próximas a la
comunidad y posible disponibilidad para abastecerla.
f) Identificación preliminar de posibles fuentes abastecedoras.
g) Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la
localidad.
h) Para los proyectos de aseo, identificar los componentes del servicio público
de aseo que se están prestando en la localidad.
El perfil de proyecto deberá contener las siguientes conclusiones:
1. La descripción de los problemas de agua y saneamiento de la posible zona de
actuación.
2. La identificación preliminar del esquema diferencial a implementar en un
posible proyecto, y propuestas de solución, de acuerdo con el artículo 6o de la
presente Resolución.
Parágrafo. Los municipios y distritos, acorde con su responsabilidad de atender
las necesidades básicas y el aseguramiento de los servicios de agua y
saneamiento básico, identificarán y priorizarán las inversiones para mejorar el
acceso a estos servicios en las zonas rurales de jurisdicción, de acuerdo con los
perfiles de proyecto definidos en este artículo.
Cuando no se cuente con información de fuentes oficiales para elaborar un perfil
de proyecto, el respectivo municipio o distrito deberá recopilar información, con
sustento en otras fuentes secundarias confiables o mediante visita de campo.”
B) Etapa de planeación
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Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
Artículos 11 a 17 de la Entidad pública encargada Determinar acciones para
Resolución No. 0844 de del proyecto una adecuada formulación
2018 del proyecto de esquemas
diferenciales.
Ahora, el artículo 11 ibidem determinó que, a su vez, la etapa de planeación se dividía
en las fases de preparación, verificación en campo, diagnóstico integral e identificación
de alternativas tecnológicas. La norma en contexto dispuso:
“Artículo 11. Fases de la etapa de planeación. La planeación de proyectos de
agua para consumo humano y doméstico -con volumen para subsistencia de la
familia rural cuando aplique- o de saneamiento básico, incluye acciones
orientadas a una adecuada formulación de proyecto de acuerdo con los
esquemas diferenciales aplicables para cada servicio, organizadas
secuencialmente para facilitar la toma de decisiones, con observancia de los
principios orientadores del artículo 4o de esta resolución.
Las fases a seguir en la etapa de planeación son:
1. Preparación
2. Verificación en campo
3. Diagnóstico Integral
4. Identificación de alternativas tecnológicas
5. Selección participativa de alternativas
6. Estudios y diseños.
El director del equipo técnico de la etapa de planeación debe ser ingeniero civil,
o ambiental, o sanitario, con mínimo tres (3) años de experiencia general y
experiencia específica en dos (2) proyectos de agua y saneamiento básico.
Los profesionales en ciencias sociales que participen en el equipo técnico, deben
contar con experiencia específica en mínimo dos (2) proyectos rurales.
El equipo técnico mínimo para la fase de verificación en campo estará
conformado por:
a) Un (1) ingeniero civil, o ambiental, o sanitario.
b) Un (1) profesional en áreas sociales encargado de los aspectos
socioeconómicos y culturales.
c) Un (1) topógrafo.
d) Un (1) geotecnista.
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e) Un (1) interventor o supervisor, que represente los intereses del financiador
del proyecto.
f) El responsable de proyecto deberá convocar a delegados de la comunidad que
puedan suministrar información útil para el proyecto, como miembros de la Junta
de Acción Comunal (JAC) o comunidad organizada, fontaneros locales u otras
personas que conozcan la zona.
Dependiendo de la escala, complejidad y naturaleza del proyecto, el director del
equipo técnico definirá la participación de otros profesionales con competencias
específicas.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, en la fase de preparación se debe recopilar la información necesaria
para precisar o complementar el perfil de la obra requerida y establecer condiciones
territoriales que pueden tener impacto en las fases posteriores del proyecto (artículo
12 ibidem); verificación en campo, allí se debe efectuar una caracterización geográfica,
técnica y predial y de las comunidades, así como la identificación de las empresas que
pueden prestar el servicio en la zona, la identificación de los potenciales cuerpos
receptores y sus objetivos de calidad y de riesgos que puedan afectar el proyecto
(artículo 13 ibidem); diagnóstico integral que busque que se identifiquen las razones
socioeconómicas que justifiquen el esquema diferencial aplicable, los componentes
del proyecto, las fuentes receptoras de las agua residuales con sus atributos, la
identificación de los cuerpos de agua de alta vulnerabilidad y los problemas asociados
a la evacuación y disposición final de residuos líquidos y de puntos de vertimientos
(artículo 14 ibidem); en la identificación de alternativas tecnológicas se deben
establecer las diferentes herramientas que permitan construir, operar y mantener al
proyecto, cumpliendo con las normas vigentes (artículo 15 ibidem); para la selección
participativa de alternativas el responsable del proyecto debe seleccionar la alternativa
tecnológica más favorable para la zona de actuación (artículo 16 ibidem); y en la fase
de estudios y diseños se determinó que se debe tener en cuenta lo dispuesto en las
fases previas en relación con la alternativa seleccionada y se advirtió que el
responsable del proyecto únicamente puede iniciar sus estudios y diseños luego de la
suscripción del acta de aceptación de la comunidad (artículo 17 ibidem).
C) Etapa de construcción y puesta en marcha
Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
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Artículo 18 a 21 de la Entidad pública encargada Dicha etapa comprende las
Resolución No. 0844 de del proyecto actividades requeridas para
2018 la construcción y entrega de
las obras, con base en los
estudios y diseños.
Entre tanto, de conformidad con el artículo 18 ibidem, la etapa de construcción y puesta
en marcha, a su vez, comprende las fases de alistamiento y construcción, de ejecución
de obras y puesta en marcha y entrega de la infraestructura. La norma en cuestión
dispone:
“Artículo 18. Etapa de construcción y puesta en marcha. Comprende las
actividades requeridas para la construcción y entrega de obras, con sustento en
los estudios y diseños, en las siguientes fases:
1. Alistamiento de la construcción.
2. Ejecución de obras.
3. Puesta en marcha y entrega de la infraestructura.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, la fase de alistamiento tiene por finalidad revisar el cumplimiento de los
requisitos de la obra, previo a la construcción, así como definir los presupuestos y
cronogramas para su entrega y formular los pliegos de condiciones para la
contratación cuando ello se requiera de acuerdo con la fuente de financiación (artículo
19 ibidem); la ejecución de la obra debe ser efectuada por parte del contratista,
asegurando la participación de las comunidades en el seguimiento y veeduría de la
misma (artículo 20 ibidem) y, por último, la puesta en marcha y entrega de la
infraestructura, que prevé que el contratista deba observar los artículos 233, 234, 235,
236, 237 y 238 de la Resolución 330 de 2017; así como aportar la documentación
sobre los aspectos detallados de que tratan los artículos 27, 240 y 241 ibidem (artículo
21 de la Resolución 844 de 2018).
7.4.5. Teniendo en cuenta lo expuesto es menester modificar el numeral sexto de la
sentencia recurrida, toda vez que para su imposición el Tribunal no atendió a criterios
de suficiencia y adecuación. En efecto, en el primero de los anotados conceptos, esto
es, de suficiencia hace referencia a la aptitud de la medida, es decir, si con tal
consideración se alcanza el fin último, a saber, la protección de los derechos
conculcados en un término razonable; o en otras palabras, se busca establecer si la
orden es efectiva y el plazo otorgado es proporcional para proteger los derechos
vulnerados.
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Mientras que, en el de adecuación, lo que debe verificarse es si un determinado
supuesto de hecho se subsume en la consecuencia prevista en el ordenamiento
jurídico para esos efectos.
De ahí que resulte necesario ajustar el citado mandato, en tanto el a quo ordenó la
realización del proyecto sugerido por el perito que rindió la experticia en el trámite de
instancia, pese a que, como se vio, el anotado plan debe ser elaborado con base en
las normas del PDA o de los Esquemas Diferenciales para la prestación del servicio
público. En otras palabras, el orden jurídico ya había provisto los mecanismos de
solución a esta precisa controversia, por lo que resultaba innecesaria la práctica de la
pericia.
En ese orden, se dispondrá que, dentro del término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, el Municipio de Quimbaya defina si optará
por realizar el proyecto que permita la prestación del servicio de alcantarillado en la
Vereda El Laurel a través del PDA o con base en los esquemas diferenciales.
7.4.5.1. En caso de que decida acudir al PDA, dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del anterior plazo, el citado ente, en colaboración con el
Departamento del Quindío y de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro
del ámbito de sus competencias, deberán elaborar un proyecto que cumpla con los
requisitos definidos por el ordenamiento jurídico para esos efectos.
Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del PDA del Departamento del Quindío y del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación y financiación.
En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de Quimbaya dentro de
los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de dieciocho
(18) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe,
para que el Municipio de Quimbaya o la empresa prestadora de servicios públicos que
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se disponga para ese fin, realicen la construcción de la infraestructura y su puesta en
operación.
7.4.5.2. Por otro lado, si se define que la construcción del sistema de
alcantarillado en la vereda El Laurel será con base en los esquemas diferenciales para
la prestación del servicio, el proyecto que se realice debe atender a los componentes
definidos en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas concordantes.
Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del término previsto en el numeral 7.4.5. de la parte motiva de esta
providencia, para que el Municipio de Quimbaya, el Departamento del Quindío y la
Corporación Autónoma regional del Quindío, en el marco de sus competencias y en
observancia de las etapas de perfil y planeación, elaboren un proyecto técnico que
permita la prestación del servicio de alcantarillado en la zona objeto de controversia.
En ese mismo término, dicho proyecto deberá ser presentado ante la dependencia
encargada del Departamento del Quindío y el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, para el estudio de su financiación. En caso de que alguna de esas entidades
requiera información adicional o requiera correcciones, estas deberán ser subsanadas
por el Municipio de Quimbaya dentro de los dos (2) meses siguientes.
Asimismo, para la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto se otorgará
un plazo de dieciocho (18) meses. Dentro de ese lapso, tendrá que definirse si
Municipio de Quimbaya prestará directamente el servicio o a través de una empresa
de servicios públicos o por medio de la estructura organizacional que se defina para
esos efectos.
7.4. Del Comité de verificación de la sentencia:
Por último, se observa que en el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, se conformó el citado Comité así:
“Octavo: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al cumplimiento
de este fallo, el que estará conformado por el Magistrado Ponente de esta
sentencia, el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal, quien lo presidirá;
un delegado del municipio de Quimbaya, el Personero del municipio de Quimbaya,
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un delegado de Empresas Públicas del Quindío, un delegado de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío –CRQ, un delegado del Departamento del
Quindío, y la demandante o un representante de la Junta de Acción Comunal de
la Vereda El Laurel, comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la
notificación de la presente providencia y deberá rendir a este Tribunal, informes
cada cuatro meses sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar
sus labores.”
Sin embargo, se advierte que, en la anotada sentencia, no se determinó al Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia como presidente del anotado Comité, pues
en su lugar se designó al Procurador Judicial Delegado ante el Tribunal Administrativo
del Quindío. En ese orden, es menester señalar que esta Sección, en reciente
jurisprudencia53 definió que era necesario no sólo que se incluyera, por mandato legal,
al Tribunal que emitió sentencia de primera instancia, sino que además precisó que
quien debía presidirlo es el Magistrado que había adelantado la sustanciación y
proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de la misma54.
53 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de
un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité
será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
54 “Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
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En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
quinto del fallo recurrido, con el fin de que el mencionado Comité esté presidido por el
Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío.
7.5. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida el cual quedará así:
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 54
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.54
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos.
Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.”54 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)
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Quinto: Declárese que el Municipio de Quimbaya y la Corporación Autónoma
Regional del Quindío se encuentran vulnerando los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano y acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y se encuentran amenazando el derecho colectivo a la
salubridad pública de los habitantes de la Vereda el Laurel ubicada en el Municipio
de Quimbaya, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de
alcantarillado que permita evacuar de manera adecuada las aguas residuales y
aguas lluvias de dicha comunidad y al no realizar un control de vertimientos de
aguas residuales a las fuentes hídricas.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral sexto de la parte resolutiva del fallo de primera
instancia, en los siguientes términos.
Sexto: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese:
“ORDENAR al Municipio de Quimbaya que, dentro del término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, defina si optará por realizar
el proyecto que permita la prestación del servicio de alcantarillado en la vereda El
Laurel a través del PDA o con base en los esquemas diferenciales para la
prestación de ese servicio.
• En caso de que decida acudir al PDA, dentro de los seis (6) meses siguientes
al vencimiento del anterior plazo, el citado ente, en colaboración con el
Departamento del Quindío y de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
dentro del ámbito de sus competencias, deberán elaborar un proyecto que cumpla
con los requisitos definidos por el ordenamiento jurídico para esos efectos.
Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del PDA en el Departamento del Quindío y del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación y financiación.
En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de Quimbaya dentro
de los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de dieciocho
(18) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la
apruebe, para que el Municipio de Quimbaya o la empresa prestadora de servicios
públicos que se disponga para ese fin, realicen la construcción de la infraestructura
y su puesta en operación.
• Por otro lado, si se define que la construcción del sistema de alcantarillado en
la vereda El Laurel será con base en los esquemas diferenciales para la prestación
del servicio, el proyecto que se realice debe atender a los componentes definidos
en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas concordantes.
Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contado a partir del
vencimiento del término previsto en el numeral 7.4.5. de la parte motiva de esta
providencia, para que el Municipio de Quimbaya, el Departamento del Quindío y la
Corporación Autónoma regional del Quindío, en cumplimiento de las etapas de
perfil y planeación, elaboren un proyecto técnico que permita la prestación del
servicio de alcantarillado en la zona objeto de controversia.
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En ese mismo término, dicho proyecto deberá ser presentado ante la dependencia
encargada del Departamento del Quindío y el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, para el estudio de su financiación. En caso de que alguna de esas
entidades requiera información adicional o requiera correcciones, estas deberán
ser subsanadas por el Municipio de Quimbaya dentro de los dos (2) meses
siguientes.
Asimismo, para la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto se
otorgará un plazo de dieciocho (18) meses. Dentro de ese lapso, tendrá que
definirse si Municipio de Quimbaya prestará directamente el servicio o a través de
una empresa de servicios públicos o por medio de la estructura organizacional que
se defina para esos efectos.”
TERCERO: MODIFICAR el numeral octavo de la sentencia impugnada así:
“Octavo: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al cumplimiento
de este fallo, el que estará conformado por el Magistrado Ponente de la sentencia
de primera instancia quien lo presidirá, el Procurador Judicial Delegado ante este
Tribunal; un delegado del municipio de Quimbaya, el Personero del municipio de
Quimbaya, un delegado de Empresas Públicas del Quindío, un delegado de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ, un delegado del
Departamento del Quindío, y la demandante o un representante de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda El Laurel, comité que se constituirá dentro del mes
siguiente a la notificación de la presente providencia y deberá rendir a este
Tribunal, informes cada cuatro meses sobre el cumplimiento de esta sentencia y
uno final al culminar sus labores.”
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 30 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva parcialmente y aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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