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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00987-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00987-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así: “[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Concesionario Rutas del Valle S.A.S., conforme las consideraciones expuestas. […] TERCERO: Bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia y los principios de precaución, coordinación, concurrencia, y subsidiariedad positiva: 3.1. ORDENAR al municipio de Candelaria que, con el apoyo del departamento del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elabore los estudios técnicos detallados que permitan caracterizar de manera integral la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y definir las medidas idóneas de intervención en el sector del Malecón de Juanchito afectado por los dos puntos críticos de desbordamiento señalados por el actor popular (calle 94 y la margen derecha del río en el Malecón de Juanchito). Para ello, se deberá delimitar el terreno que puede verse afectado por los fenómenos de erosión e inundación conforme a la causa petendi, y en los sectores en donde el riesgo no sea mitigable, se elaborará un censo con el propósito de adelantar las medidas de reubicación y recuperación exigibles. 3.2. ORDENAR al municipio de Candelaria que, con el apoyo del departamento del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, una vez elabore los estudios detallados, formule un plan de acción con el propósito de 113 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 114 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. 65 Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02 Demandante: Rubén Amu Sierra adelantar las intervenciones necesarias en los sectores en riesgo mitigable y no […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2022-00987-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: RUBÉN AMU SIERRA
Demandados: MUNICIPIO DE CANDELARIA Y OTROS
Vinculado: CONCESIONARIO RUTAS DEL VALLE S.A.S.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de
Candelaria, el departamento del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, contra la sentencia de 17 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Rubén Amu Sierra2 en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el municipio de
Candelaria, el departamento del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, con el
propósito de obtener la salvaguarda del derecho colectivo establecido en el literal l)
del artículo 4.°3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19984.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] III. PRETENSIONES.

Que se ordene a las entidades demandadas realizar los estudios
correspondientes y ejecutar las acciones necesarias para evitar que la erosión
y las inundaciones provocada (sic) por el Río cauca (sic) sigan Socavando la

1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 4 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
En calidad de presidente de la Veeduría Ciudadana Integral.
3
. “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
[…]”.
4
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

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Demandante: Rubén Amu Sierra

Vía a Candelaria en el Sector de la Vuelta de los Córdoba, en el Corregimiento
de Juanchito y termine produciendo un desastre que conlleve la pérdida de
vidas humanas […]”5 (negrilla del texto).

3. Indicó que la vía Cali - Candelaria es una vía secundaria del Valle del Cauca, con
un tránsito promedio diario superior a 28.000 vehículos, cifra que tiende a
incrementarse con la puesta en funcionamiento del nuevo puente de Juanchito y la
doble calzada proyectada, lo que aumenta la exposición al riesgo de los usuarios.

4. Refirió que en el sector donde se encuentra el Malecón de Juanchito y las
discotecas Chango y Agapito, “[…] la erosión del Río Cauca derribó el muro de
contención, formando un Socavón por debajo de la vía […]”.

5.Puso de presente que los estudios previos de las obras realizadas por el
departamento del Valle del Cauca y por el Instituto Nacional de Vías no reconocieron
que en ese sector del tramo vial existe alto riesgo de inundación por el
desbordamiento del río Cauca, situación que ha generado cierres totales de la vía.

6. Precisó que el río Cauca forma un meandro en el sector conocido como “[…] la
vuelta de los Córdoba […]”, cuya dinámica genera un proceso intenso de erosión en
su lado cóncavo, ubicado a menos de 10 metros de la vía, lo cual ha provocado la
socavación del terreno y el colapso parcial del muro de contención existente. Esta
situación ha derivado en inundaciones recurrentes que han afectado tanto viviendas
como establecimientos comerciales, especialmente en el sector del malecón.

7. Señaló que el 7 de junio de 2022 el municipio de Candelaria informó a la CVC
sobre la afectación del muro de contención en el sector del malecón de Juanchito,
lo que dio lugar a una inspección conjunta en la que se verificó la destrucción de
aproximadamente 30 metros del muro y la formación de un socavón que
compromete la estabilidad de la vía.

8.Manifestó que la CVC se limitó a recomendar al municipio de Candelaria la
implementación de enrocados, pero no adoptó medidas estructurales efectivas para
contener la erosión del río Cauca, pese a la gravedad del riesgo identificado.

9. Indicó que la Alcaldía adoptó medidas provisionales como el acordonamiento del
área afectada y la construcción de barreras con tierra, las cuales resultaron
insuficientes para evitar nuevas inundaciones y el avance del proceso erosivo.

10. Relató que el 10 de noviembre de 2022 el río Cauca se desbordó nuevamente
en el sector del malecón de Juanchito, evidenciando la ausencia de un plan
específico y eficaz para prevenir la socavación y las inundaciones, así como la falta
de acciones coordinadas entre las entidades competentes.

5
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.

3

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

11. Afirmó que el diseño de la doble calzada no contempló el desarrollo de obras
hidráulicas adecuadas para el manejo de aguas lluvia, ni consideró el riesgo de
erosión asociado a la cercanía de la vía con el río, lo que incrementa el deterioro de
la infraestructura y el riesgo de accidentes. Dicho riesgo se agrava debido al alto
flujo vehicular.

12. Advirtió que, en los años 2011, 2017 y 2022, se presentaron inundaciones en el
corregimiento de Juanchito por el incremento de los niveles de caudal del río Cauca,
sin que las autoridades hayan implementado soluciones estructurales. Se limitaron
a atender las emergencias con medidas temporales de entrega de ayudas y
colocación de sacos de arena.

13. Explicó que el aumento del caudal y la velocidad del río incrementa el proceso
erosivo en el meandro, favoreciendo la ampliación de su diámetro y la socavación
progresiva del terreno bajo la vía, lo que podría generar su colapso.

14. Señaló que el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre a través del
Decreto 2113 de 1 de noviembre de 20226, y destinó recursos para atender las
emergencias derivadas de los eventos históricos de La Niña, dentro de las cuales
debería incluirse la intervención de la vía Cali - Candelaria dada su importancia y el
riesgo inminente.

15. Finalmente, sugirió como medida técnica el corte del meandro para modificar el
curso del río y reducir los problemas de erosión e inundación.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

16. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto
de 23 de noviembre de 20227, admitió la demanda y decretó como medida cautelar
de urgencia que las entidades demandadas, de manera coordinada, realizaran la
intervención inmediata del muro de contención para evitar cualquier riesgo que
pudiera desencadenar un desastre para la comunidad.

17. Por auto de 8 de marzo de 20238, se ordenó la vinculación del Concesionario
Rutas del Valle S.A.S.

18. En auto de 31 de marzo de 20239, la Sección Primera del Consejo de Estado
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la ANI, contra el proveído de 23 de
noviembre de 2022, en el sentido de excluir a esa entidad de las órdenes allí
impartidas.

6
“[…] Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional. […]”.
7
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 38 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 13 del expediente digital del radicado 76001233300020220098701.

4

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

19. El 21 de noviembre de 202310, se declaró fallida la audiencia especial de que
trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló propuesta de pacto
de cumplimiento.

20. En auto de 23 de noviembre de 202311, se decretaron las pruebas del proceso.

21. Por auto de 25 de enero de 202412, se ordenó a las entidades demandadas
presentar un plan de cumplimiento de la medida cautelar decretada mediante auto
de 23 de noviembre de 2022.

22. Por medio de auto de 25 de noviembre de 202413 se incorporaron las pruebas
ordenadas.

23. Mediante auto de 29 de febrero de 202414, se excluyó a la Concesionaria Rutas
del Valle S.A.S. de las órdenes contenidas en el auto de 25 de enero de 2024.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Concesionario Rutas del Valle S.A.S.15

24. La sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de: i) “[…] Excepción de mérito sobre cada una de las
pretensiones […]”; ii) “[...] Objeto único y falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Concesionaria [...]”; iii) “[...] Clasificación de Vías, Sistema de Gestión del
Riesgo y competencia [...]”; y iv) “[...] Alcance de la Acción Popular frente al Contrato
de Concesión [...]”.

25. Sostuvo que su objeto se circunscribe a la ejecución del contrato de concesión
bajo la modalidad de Asociación Público Privado (APP) 001 de 2021, del proyecto
“Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Corredor Accesos Cali y Palmira”. Sin
embargo, la incorporación del tramo Cali - Candelaria al proyecto se encuentra
sujeta a una condición suspensiva consistente en la suscripción del acta de inicio y
la entrega formal de la infraestructura por parte del departamento del Valle del
Cauca a la ANI, razón por la cual, mientras no se cumplan tales requisitos, no se
configuran obligaciones exigibles sobre dicho corredor.

26. Señaló que la vía se encuentra a cargo del departamento del Valle del Cauca y
que la gestión del riesgo corresponde a los alcaldes y gobernadores, en los términos
de la Ley 1523 de 24 de abril de 201216, por lo que la gestión del riesgo en el sector

10
Cfr. Índice 88 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 89 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 106 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 157 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 120 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 44 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“59_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf)NroActua 44”.
16
“[...] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones [...]”.

5

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

de Juanchito recae en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y en
las entidades territoriales competentes.

27. Argumentó que la acción popular es un mecanismo exclusivo de protección de
derechos colectivos y no una vía para alterar el alcance de los contratos estatales,
por lo que ordenar intervenciones fuera de lo pactado vulneraría el principio de
planeación de la contratación pública.

I.3.2. Agencia Nacional de Infraestructura17

28. La ANI presentó las excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa por
pasiva de la ANI […]” e “[…] Inexistencia de prueba e incumplimiento del deber de
la carga de la prueba en cabeza del accionante [...]”.

29. Resaltó que esa entidad se encarga de la planeación, estructuración y gestión de
la infraestructura de transporte nacional bajo modelos de concesión y otras formas
de asociaciones público-privadas (APP), conforme a lo dispuesto en el Decreto 4165
de 3 de noviembre de 201118. Por lo tanto, carece de facultades legales para
intervenir, administrar o ejecutar recursos en corredores viales que no formen parte
de un contrato de concesión vigente.

30. Precisóque, en desarrollo de dichos proyectos, y conforme al régimen de
concesión previsto en la Ley 80 de 28 de octubre de 199319, la ejecución, operación
y mantenimiento de la infraestructura corresponden al concesionario, quien actúa
por su cuenta y riesgo bajo autonomía técnica, administrativa y operativa, mientras
que la ANI ejerce funciones de dirección y supervisión contractual.

31. Complementó que la vía Cali - Candelaria ostenta una naturaleza jurídica de
carácter departamental, y, por ende, es ajena a su administración, toda vez que el
tramo objeto de controversia se encuentra excluido del alcance del contrato de
concesión 001 de 2021.

I.3.3. Municipio de Candelaria20

32. El ente territorial reconoció el alto flujo vehicular de la vía Cali - Candelaria y su
condición de zona de alta inundabilidad. Sin embargo, en el sector referenciado por
el demandante no existe estructuralmente un muro de contención, por lo que
técnicamente no pudo haber ocurrido el colapso alegado; en su lugar, se presenta
un fenómeno de erosión marginal y socavación de la orilla.

17
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“22_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONAP202(.pdf)NroActua 24”.
18
“[...] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) [...]”
19
“[...] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA [...]”
20
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“34_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONDDA(.pdf)NroActua 26”.

6

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

33. Afirmó que adelantó gestiones preventivas y de gestión del riesgo en el sector
del malecón y la calle 94. Concretamente, efectuó: i) la reubicación de familias en
los años 2014, 2015 y 2018 en el marco del Plan Integral de Desarrollo Urbano; ii)
la construcción de ocho kilómetros de obras de protección entre los años 2011 y
2016 en la margen derecha del río Cauca; y iii) la implementación de medidas de
reducción del riesgo y atención de emergencias, incluyendo la entrega de ayudas
humanitarias y la instalación de costales en sectores con dificultad para la ejecución
de obras de protección por su cercanía al río.

34. Manifestó que informó a la Secretaría de Infraestructura del departamento del
Valle del Cauca y a la CVC los riesgos detectados y requirió información técnica
para verificar si la fase de estudios y diseños de la doble calzada incorporó las
variables de reflujo y desbordamiento del río Cauca.

35. Expuso una imposibilidad técnica transitoria para ejecutar obras civiles
definitivas, debido a que la saturación hídrica del suelo y el caudal del río impiden
las labores de construcción hasta que las condiciones climatológicas mejoren.

36. Invocó la aplicación del principio de subsidiariedad positiva, dado que la magnitud
económica de la intervención requerida excede la capacidad presupuestal del ente
municipal, lo que activa la obligación de apoyo de las entidades de nivel
departamental y nacional.

37. Supeditó la ejecución de soluciones definitivas a la culminación de los estudios y
diseños de detalle que actualmente adelanta la CVC, enfatizando que la solución
integral depende de la concurrencia coordinada de todas las entidades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo.

I.3.4. Departamento del Valle del Cauca21

38. El ente
territorial se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa […]” y “[…] genérica […]”.

39. Sostuvo que el contrato de obra pública 1.310.02.59.8-5447 de 2018, para la
construcción de la segunda calzada entre Juanchito y Cavasa, tuvo como objeto
exclusivo el mejoramiento y ejecución de la calzada norte. Por lo tanto, no
contemplaba intervenciones sobre la calzada sur existente, donde se presenta la
inundación. Esas obras se desarrollaron según los estudios previos, los cuales ya
advertían que el nivel del río Cauca superaba la cota de la vía.

40. Argumentó que la CVC es la entidad competente para la gestión, planificación y
mitigación de los impactos derivados del comportamiento de los cuerpos hídricos

21
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 23”.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

en la región, en su calidad de autoridad ambiental y conforme al Acuerdo 03 de 28
de febrero de 202222.

41. Expuso que existen estudios técnicos elaborados por la CVC desde el año 2000,
en el marco del contrato 0048, que identifican la necesidad de estabilizar la orilla en
el sector comprendido entre la discoteca El Chango y el bailadero El Pailón. Dicha
solución consiste en obras de protección, tales como pentápodos, enrocados y
muros de contención, para mitigar los procesos de erosión e inundación en el tramo
intervenido.

42. Concluyó que las pruebas aportadas no acreditan el nexo causal con los hechos
que dieron origen a la reclamación. La problemática obedece a una condición
climática derivada del incremento del caudal del río. Por lo tanto, no se configura la
vinculación material necesaria para atribuirle responsabilidad.

I.3.5. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca23

43. Laautoridad ambiental se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de: i) “[…] Cumplimiento de un deber legal
[…]”; ii) “[...] Falta de legitimación en la causa por pasiva [...]”; iii) “[...]
Complementariedad y subsidiariedad en la Gestión del Riesgo [...]”; y iv) “[...]
Innominada o genérica [...]”.

44. Señaló que actuó con diligencia dentro del ámbito de sus competencias mediante
la entrega de diversos insumos al ente territorial. Entre estas actuaciones destacó
el Convenio 040 de 2014, que sirvió como base estructural para el análisis del riesgo
de inundación, así como el Concepto Técnico 269752021 de 2021, a través del cual
se formularon medidas preventivas dirigidas a la administración municipal.

45. Indicóque, con ocasión de los eventos ocurridos en junio de 2022, emitió
conceptos adicionales y reiteró, mediante los oficios 0721-594302022 y 0721-
989322022 de 2022, la hoja de ruta técnica para la adopción de decisiones sobre
las acciones a implementar. Por ende, al municipio le corresponde adelantar los
estudios de detalle correspondientes.

46. Complementó que la CVC no es responsable de la planificación, construcción o
mantenimiento de la malla vial, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105
de 30 de diciembre de 199324 y 1682 de 22 de noviembre de 201325, normas que
asignan la responsabilidad de la infraestructura de transporte a los entes territoriales
o a las entidades nacionales especializadas, según corresponda.

22
“[...] Por medio del cual se reforman los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC […]”.
23
Cfr. Índice 27 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“38_CONTESTACIONDEDEMANDA_MEMORIALTCAVALLED(.pdf)NroActua 27”.
24
“[...] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones [...]”.
25
“[...] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias [...]”.

8

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

47. Precisó que la ausencia de obras estructurales es una consecuencia directa de
la falta de radicación de estudios y diseños por parte del municipio de Candelaria,
dado que, al ente territorial como titular de la infraestructura le corresponde
estructurar el proyecto con los requisitos de planos, memorias y presupuesto.

48. Sostuvo que su participación en los consejos territoriales de gestión del riesgo se
rige por los principios de coordinación y concurrencia, pero bajo el entendido de que
la implementación física de las medidas de mitigación es una función pública de las
entidades territoriales.

49. Indicó que la gestión del riesgo recae en los entes territoriales conforme a lo
reglado en la Ley 1523 de 2012. El papel de la CVC, conforme al artículo 31 ibidem,
es estrictamente complementario y subsidiario, limitándose al apoyo técnico sin
eximir al municipio de su deber de garantizar la seguridad en su jurisdicción.

50. Afirmó que su actuación se ha desarrollado conforme a los principios de
subsidiariedad y concurrencia, al poner a disposición su capacidad técnica y
operativa y cumplir con su deber de colaboración. No obstante, precisó que la
responsabilidad de la ejecución recae en el ente territorial, al que corresponde
liderar la fase precontractual de los diseños requeridos por la autoridad ambiental.

I.3.6. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres26

51. La UNGRD se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de “[…] Indebida integración de litisconsorcio necesario
[…]” y “[...] Falta de legitimación por pasiva de la UNGRD [...]”.

52. Sostuvo que la vinculación del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) resulta
necesaria conforme a la Ley 105 de 1993, por ser la entidad encargada de la
administración, conservación y protección de la infraestructura vial nacional. En
consecuencia, ante un riesgo que comprometa la estabilidad de la vía que comunica
a los municipios de Candelaria y Cali, el principio de prevención previsto en la Ley
1523 de 2012 le impone al INVIAS el deber legal de intervenir y adoptar las acciones
técnicas correspondientes.

53. Manifestó que los entes territoriales tienen autonomía para la administración de
los asuntos locales, de conformidad con la Constitución Política de 1991 y la Ley
1454 de 28 de junio de 201127. En este sentido, la Ley 1523, establece que estas
entidades tienen la capacidad y obligación de implementar y ejecutar de forma
directa la política pública de gestión del riesgo de desastres dentro de su
jurisdicción.

26
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“23_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf)NroActua 25”.
27
“[...] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones [...]”

9

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

54. Anotó que la CVC, de conformidad con la Ley 99 de 22 de diciembre de 199328,
es la autoridad ambiental competente para el manejo de los cauces y la regulación
de la cuenca del río Cauca. Además, actúa como corresponsable en la
incorporación de las determinantes ambientales en los instrumentos de
planificación, específicamente a través de los Planes de Ordenamiento y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCA), para lo cual cuenta con la capacidad técnica y
operativa necesaria para desarrollar actividades de prevención y control.

55. Aclaró que el rol de la UNGRD es exclusivamente de coordinación y asesoría,
por lo que no actúa como un superior jerárquico de los municipios ni como ejecutor
universal. Su función dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es articular
políticas y brindar apoyo subsidiario, lo cual impide que la entidad asuma de manera
directa las obligaciones operativas o los mantenimientos que deben realizar las
entidades territoriales de forma autónoma.

56. Indicó que no se ha configurado una omisión administrativa, debido a que no
existen proyectos radicados formalmente por el municipio de Candelaria o por el
departamento para esta intervención.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

57. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 17 de marzo de
2025 resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el
Concesionario Rutas del Valle S.A.S., conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: PROTEGER el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente de la comunidad del corregimiento de Juanchito
a la altura del Malecón en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

TERCERO: Bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia y
los principios de precaución, coordinación, concurrencia, y subsidiaridad (sic)
positiva ORDENAR:

• Que el municipio de Candelaria dentro de los seis (06) meses siguientes a la
notificación de esta providencia adelante todas las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias y materialice la reubicación inmediata de cualquier
asentamiento humano de esta zona y el traslado de toda actividad industrial,
comercial y agrícola que se desarrolle sobre la misma, según los parámetros
establecidos en el Convenio Interadministrativo 040 de 2014 y el PBOT 2015.

• Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en el término
de tres (03) meses contados a partir de la notificación de esta providencia actualice
el diagnóstico y defina la solución, conforme lo planteado en el Convenio
Interadministrativo 040 de 2014, el concepto técnico emitido por la CVC, con ocasión

28
“[...] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones [...]”

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

de la visita que llevó a cabo el 7 de junio de 2022 y demás informes de visita allegados
al expediente, para atender la erosión del río Cauca en el sector del Malecón del
Juanchito.

• Que el municipio de Candelaria, el Departamento del Valle del Cauca, la Unidad
Nacional para Gestión del Riesgo y Atención de Desastres - UNGRD y la Corporación
Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC, en el término de seis (6) meses
contados a partir de la actualización y diagnóstico de los estudios a cargo de la CVC,
adelanten todas las gestiones administrativas y presupuestales necesarias y ejecuten
la solución técnica definida que mitigue la erosión de la orilla del Río Cauca en el
sector conocido como el Malecón de Juanchito.

CUARTO: Las entidades condenadas deberán informar al Despacho sustanciador,
cada dos (2) meses, acerca de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a
la sentencia.

QUINTO: CONFORMAR el Comité para la Verificación del cumplimiento a cargo de:
i) el Magistrado Ponente; ii) el accionante; iii) el municipio de Candelaria; iv) el
departamento del Valle del Cauca; v) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres - UNGRD; vi) la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC; y vii) la procuradora Ambiental y Agraria del Valle.

SEXTO: No condenar en COSTAS.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de la sentencia a la Defensoría Pública (sic), para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO: Si no fuera impugnada esta providencia en los términos del artículo 37 de
la Ley 472 de 1998, se ordena archivar las diligencias previa anotación en el sistema
de gestión judicial SAMAI. […]” (negrilla del texto).

58. Encontróprobado que la autoridad ambiental elaboró estudios técnicos que
advertían sobre el alto riesgo de inundación en el corregimiento de Juanchito,
especialmente en el sector del Malecón, así como recomendaciones específicas
relacionadas con la construcción de obras de mitigación con diques y terraplenes y
la implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana.

59. Explicó que en el mes de junio de 2022 se presentó un proceso de erosión
marginal en un tramo de aproximadamente 30 a 40 metros de la margen derecha
del río Cauca, que comprometió la estabilidad de la zona aledaña a la vía Cali-
Candelaria, situación que fue verificada por la CVC y puesta en conocimiento de las
entidades competentes.

60. El a quo valoró que, aunque el municipio de Candelaria, la CVC, el departamento
del Valle del Cauca y la UNGRD adelantaron visitas, conceptos técnicos, mesas de
trabajo y requerimientos interinstitucionales, dichas actuaciones resultaron
insuficientes, pues no se materializó una solución estructural ni definitiva para
enfrentar la amenaza.

61. Precisó
que la problemática de inundación y la erosión marginal debían
abordarse de manera diferenciada, por tratarse de fenómenos con dinámicas

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

distintas. En particular, resaltó que la erosión lateral exigía la adopción urgente de
medidas técnicas para evitar el avance del socavamiento sobre la franja de
protección y la infraestructura cercana.

62. En relación con las competencias, concluyó que el municipio de Candelaria era
el principal responsable de la gestión del riesgo dentro de su jurisdicción; no
obstante, indicó que el departamento del Valle del Cauca, la CVC y la UNGRD
tenían deberes concurrentes de coordinación, asistencia técnica, apoyo financiero
y adopción de medidas complementarias, conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad previstos en la Ley 1523 de 2012.

63. En ese sentido, sostuvo que el municipio, el departamento, la CVC y la UNGRD,
tenían competencias relacionadas con la prevención del riesgo y la atención de la
amenaza advertida en el caso concreto. En contraste, la ANI y la Concesionario
Rutas del Valle S.A.S. carecían de legitimación en la causa por pasiva.

64. Por medio del auto de 1.º de abril de 202529, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las solicitudes de adición y aclaración presentadas por la CVC y el
departamento del Valle del Cauca.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Municipio de Candelaria30

65. El municipio sostuvo que el a quo desconoció el principio de congruencia, al
imponerle órdenes que exceden las pretensiones de la demanda, pues el actor
únicamente solicitó la realización de estudios y la ejecución de acciones para
prevenir los fenómenos de erosión e inundaciones, mientras que el fallo dispuso la
reubicación inmediata de asentamientos humanos y el traslado de actividades
económicas ubicadas en la zona. Además, en el proceso no se demostró la
necesidad y pertinencia de la medida de reubicación.

66. Argumentó que no se practicó un dictamen técnico idóneo que permitiera
establecer con precisión la magnitud del riesgo, la necesidad de las medidas
ordenadas, ni la distribución de competencias entre las entidades demandadas para
atender la problemática presente en el sector del Malecón de Juanchito.

67. Afirmó que la sentencia omitió precisar el alcance de la competencia del
departamento del Valle del Cauca respecto de la vía Cali - Candelaria, pese a que
esta entidad es la encargada del mantenimiento y cuidado de la infraestructura vial,
lo que impedía trasladar de manera principal la carga de las medidas al municipio.

29
Cfr. Índice 195 del expediente digital de primera instancia.
30
Cfr. Índice 190 del expediente digital de primera instancia.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

68. Sostuvo que no incurrió en acción u omisión que justificara el amparo del derecho
colectivo, pues la situación de riesgo obedeció a fenómenos naturales
extraordinarios asociados a lluvias intensas, frente a los cuales la administración
municipal actuó oportunamente con medidas de mitigación, atención de
emergencias y solicitudes de apoyo a otras entidades competentes.

69. Indicó que las obras necesarias para reducir el riesgo superan su capacidad
económica, razón por la que solicitó apoyo financiero y técnico a las demás
entidades demandadas, en el entendido de que la solución debía adoptarse de
manera coordinada y concurrente. No existe prueba técnica concluyente que
determine qué entidad debe asumir las distintas medidas de mitigación, ni cuál es
el área concreta de afectación atribuible al municipio, a la CVC o al departamento
del Valle del Cauca.

70. Indicó que la orden de reubicación inmediata de los asentamientos humanos no
es clara respecto de las personas cobijadas por la medida, pues no se precisó la
fecha de corte del censo poblacional ni los criterios para identificar los ocupantes
beneficiarios de una eventual reubicación. El alcance de la medida genera
inseguridad jurídica y dificulta la ejecución de la orden. Según el informe de 20 de
marzo de 2025 elaborado por la Oficina Técnica de Gestión del Riesgo, los puntos
críticos de erosión y socavación identificados por la CVC en 2022 no han generado
afectación directa sobre viviendas, asentamientos humanos ni instalaciones
industriales ubicadas en el área circundante.

71. Precisó que el sector de la calle 94 se encuentra clasificado como zona de riesgo
no mitigable. Sin embargo, la evolución de la erosión en la margen derecha del río
Cauca no ha producido, un impacto estructural que represente peligro inminente
para las edificaciones o actividades humanas en ese sector.

72. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y subsidiariamente modificarla
para aclarar que la reubicación se limite a las personas y actividades que resulten
identificadas en el censo oficial que realice la entidad territorial y únicamente en
caso de acreditarse un riesgo inminente. Asimismo, solicitó ampliar el plazo de seis
meses fijado en la providencia para el cumplimiento de las órdenes, por estimarlo
insuficiente frente a la necesidad de adelantar estudios técnicos, asegurar recursos
propios y externos, y estructurar las obras requeridas, las cuales deberían ser
cofinanciadas. También requirió que las apropiaciones presupuestales necesarias
se incorporen en la siguiente vigencia fiscal, atendiendo las reglas de planeación y
ejecución del presupuesto municipal.

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III.2. Departamento del Valle del Cauca31

73. El departamento sostuvo que, aunque comparte la conclusión del a quo en cuanto
a la existencia de dos fenómenos naturales diferenciados, consistentes en
inundaciones y erosión de la orilla en el sector del Malecón de Juanchito, tales
situaciones tienen como origen común el cauce del río Cauca, por lo que las
intervenciones necesarias para atenderlas corresponden principalmente a la
autoridad ambiental competente.

74. Argumentó que las medidas orientadas al manejo del cauce, la defensa contra
inundaciones, la regulación de corrientes de agua y el control de erosión son
competencia de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de
conformidad con los numerales 19 y 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, así
como con el Acuerdo 03 de 28 de febrero de 2022 que regula sus funciones.

75. Señaló que dicha postura fue reiterada en el informe de visita técnica adelantado
por la Secretaría de Infraestructura Departamental el 1.º de diciembre de 2022, en
el cual se dejó constancia de que el tramo de la vía Cali - Cavasa colinda con el
borde natural del cauce del río Cauca y que el fenómeno de erosión observado
obedece al flujo de agua del afluente sobre la margen.

76. Indicó que, mediante oficio SADE 2022141754 de 28 de noviembre de 2022, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento certificó que la
Gobernación no ostenta la calidad de autoridad ambiental, por lo que carece de
competencia directa para ejecutar intervenciones sobre el cauce del río Cauca o
sobre su ronda hídrica.

77. Expuso que la normativa sobre dominio fluvial y rondas hídricas, en particular los
artículos 206 de la Ley 1450 de 16 de junio de 201132 y 83 del Decreto Ley 2811 de
18 de junio de 197433 atribuye a las corporaciones autónomas regionales la función
de acotar las fajas de protección de los cuerpos de agua y realizar los estudios
técnicos correspondientes dentro de su jurisdicción.

78. Afirmó
que la sentencia de primera instancia extendió responsabilidades al
departamento y a la UNGRD frente a funciones que, por mandato legal,
corresponden de manera específica a la autoridad ambiental regional.

79. Con fundamento en ello, solicitó su desvinculación del proceso y que las órdenes
orientadas a prevenir los riesgos por inundación y erosión recaigan exclusivamente
sobre la CVC, en su calidad de autoridad ambiental encargada de administrar,
promover y ejecutar obras de manejo del cauce, defensa contra inundaciones y
control de erosión.

31
Cfr. Índice 199 del expediente digital de primera instancia.
32
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]”.
33
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. […]”.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

80. De manera subsidiaria, cuestionó el segundo inciso del ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia que asignó a la CVC, en un término
de 3 meses, la actualización del diagnóstico y la definición de la solución técnica
para atender la erosión en el Malecón de Juanchito, al considerar que esa labor no
debe quedar exclusivamente en cabeza de una sola entidad.

81. Sostuvo que la definición de la solución técnica debe permitir la participación de
todas las entidades vinculadas al proceso, a fin de garantizar el cumplimiento de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, evitando que los
demás entes queden sometidos unilateralmente a la decisión técnica de la CVC.

82. Cuestionó el tercer inciso del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, según el cual el municipio de Candelaria, el departamento del
Valle del Cauca, la UNGRD y la CVC debían adelantar las gestiones administrativas,
presupuestales y ejecutar la solución técnica definida, porque no se precisó el
porcentaje de participación técnica, presupuestal y financiera que debía asumir
cada entidad, lo que genera incertidumbre en la ejecución de las órdenes y dificulta
su cumplimiento efectivo.

83. Por ello, solicitó que, en caso de no prosperar la revocatoria, se modifique la
sentencia para establecer de manera clara la proporción en que cada entidad estatal
deberá concurrir en la financiación y ejecución de la solución técnica que se adopte
para mitigar la erosión del río Cauca en el sector del Malecón de Juanchito.

III.3. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca34

84. La autoridad ambiental sostuvo que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria, al concluir que existía amenaza a los derechos colectivos sin tener en
cuenta de manera suficiente las pruebas documentales y técnicas aportadas
oportunamente al proceso.

85. Afirmó que las pretensiones de la demanda se limitaban a solicitar la realización
de estudios y la ejecución de acciones necesarias para evitar la erosión e
inundaciones en el sector de la Vuelta de los Córdoba, de modo que el tribunal debía
verificar si tales actuaciones habían sido desplegadas por las entidades
competentes.

86. Expuso que dentro del expediente obran múltiples pruebas que acreditan las
actuaciones adelantadas por la CVC en cumplimiento de sus competencias frente
a los fenómenos de inundación y erosión de orilla en el sector del Malecón de
Juanchito.

34
Cfr. Índice 200 del expediente digital de primera instancia.

15

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Demandante: Rubén Amu Sierra

87. Precisó que, respecto del riesgo de inundación, suscribió el Convenio
Interadministrativo 040 de 2014 con la Universidad del Valle, cuyo objeto fue aunar
esfuerzos técnicos y económicos para realizar estudios de riesgo por inundaciones
y proponer medidas de mitigación para las áreas vecinas al proyecto Plan Jarillón
de Cali. Además, mediante los conceptos técnicos de 16 de julio de 2021 y de 10
de junio de 2022, evaluó la situación del sector y formuló recomendaciones técnicas
de mitigación.

88. Señaló que dentro de dichas recomendaciones se incluyó la construcción de un
dique de aproximadamente 11.300 metros para cerrar el anillo de protección, la
reubicación de asentamientos en zonas de riesgo, la liberación de áreas forestales
protectoras y la ejecución de obras de enrocado con material adecuado.

89. Manifestó que, con posterioridad a la admisión de la demanda, continuó
adelantando gestiones dentro del marco de sus competencias, entre ellas reuniones
interinstitucionales, visitas periódicas al sector, recorridos técnicos en lancha y
mesas de trabajo con las demás entidades vinculadas. Igualmente, celebró el
contrato 807 de 4 de diciembre de 2024 con el fin de avanzar en la atención de la
problemática objeto del proceso. Estas pruebas demuestran que la CVC ha
cumplido con sus deberes legales y ha desplegado acciones orientadas a prevenir
y mitigar los riesgos derivados del río Cauca en el sector en discusión.

90. Afirmó que el actor popular no objetó, tachó de falsos ni desvirtuó los documentos
aportados por la CVC y las demás entidades demandadas, razón por la cual tales
medios de prueba conservan plena validez y eficacia jurídica. Por lo tanto, el actor
no cumplió con la carga de la prueba, ni acreditó que la CVC o las demás entidades
hubieran omitido realizar estudios o acciones tendientes a prevenir los fenómenos
de erosión e inundación.

91. Señaló que la flexibilización del principio de congruencia en las acciones
populares no significa que el actor no deba precisar los hechos, los derechos
colectivos invocados y cumplir con la carga probatoria correspondiente, ni autoriza
al juez a desconocer el derecho de defensa de las entidades demandadas. En su
criterio, el tribunal realizó una indebida interpretación de la demanda, pues no
advirtió que las pretensiones se circunscribían a la realización de estudios y
acciones preventivas, actuaciones que ya venían siendo ejecutadas por la CVC
dentro del marco de sus competencias.

92. Finalmente, solicitó declarar probada la excepción de cumplimiento de sus
deberes legales y, en consecuencia, revocar los ordinales segundo y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

III.4. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres35

93. La unidad sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en una indebida
valoración del marco normativo que regula las competencias de los integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al atribuirle responsabilidad
por la vulneración del derecho colectivo invocado sin precisar una acción u omisión
concreta imputable a esa entidad ni existir prueba que acreditara su participación
en los hechos.

94. Afirmó que el a quo impuso a la UNGRD órdenes que desconocen sus funciones
legales, pues no le compete adelantar gestiones administrativas y presupuestales
orientadas a ejecutar la solución técnica para mitigar la erosión de la orilla del río
Cauca en el Malecón de Juanchito.

95. Señaló que, conforme a los artículos 12, 13, 14, 53 y 54 de la Ley 1523 de 2012,
la gestión del riesgo corresponde principalmente a los alcaldes y gobernadores
dentro de sus respectivas jurisdicciones, quienes tienen el deber de implementar los
procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, así como de apropiar
recursos a través de los fondos territoriales de gestión del riesgo.

96. Sostuvo que el municipio de Candelaria, como responsable directo de la gestión
del riesgo en su territorio, debía prever y apropiar los recursos necesarios para
atender la amenaza advertida, de conformidad con el principio de autonomía
territorial y con las fuentes de financiación previstas en la Ley 1523 de 2012 y en el
Sistema General de Participaciones.

97. Precisó que el departamento del Valle del Cauca también tiene deberes de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los municipios de su
jurisdicción, por lo que le corresponde apoyar técnica y financieramente las acciones
de reducción del riesgo cuando la capacidad municipal resulte insuficiente.

98. Explicó que las funciones de la UNGRD, previstas en el artículo 4 del Decreto
4147 de 3 de noviembre de 201136, son de dirección, coordinación, articulación,
asesoría técnica, fortalecimiento institucional y apoyo informativo dentro del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo, mas no de ejecución de obras ni de financiación
directa de proyectos locales de mitigación.

99. Argumentó que la sentencia apelada desconoció el alcance del principio de
subsidiariedad positiva, pues no se acreditó que el municipio de Candelaria ni el
departamento del Valle del Cauca carecieran de capacidad técnica o presupuestal
para atender la situación de riesgo, requisito indispensable para activar la
intervención subsidiaria de entidades del orden nacional.

35
Cfr. Índice 189 del expediente digital de primera instancia.
36
“[…] Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura.
[…]”.

17

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Demandante: Rubén Amu Sierra

100. Cuestionó que el tribunal valorara como prueba de la insuficiencia financiera del
municipio un oficio de 1.º de septiembre de 2022 dirigido presuntamente a la
UNGRD, pese a que dicho documento no contaba con constancia de radicación ni
de envío, lo que impedía concluir válidamente que la entidad territorial hubiera
solicitado formalmente apoyo económico.

101.Añadió que, incluso si se admitiera la existencia de limitaciones presupuestales
del municipio, tampoco se acreditó que el departamento del Valle del Cauca hubiera
agotado su capacidad institucional y financiera para atender la problemática, por lo
que no resultaba procedente trasladar esa carga a la UNGRD.

102. Señaló que la sentencia desconoció que las entidades territoriales cuentan con
los fondos territoriales y los recursos del Sistema General de Participaciones para
la gestión del riesgo, los cuales están destinados precisamente a atender este tipo
de amenazas.

103.Indicó que la responsabilidad principal en materia de gestión del riesgo recae,
según la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación37, en los
municipios y departamentos, mientras que la UNGRD tiene un rol de asesoría,
orientación y apoyo técnico dentro de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad. La UNGRD está llamada a brindar asistencia técnica cuando sea
requerida por las entidades territoriales, pero las órdenes de consecución de
recursos y ejecución de obras de mitigación corresponden exclusivamente a los
entes territoriales y no a la entidad nacional.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

104.Mediante auto de 10 de abril de 202538 el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el
municipio de Candelaria, el departamento del Valle del Cauca y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, contra la sentencia de primera instancia.

105. A través de auto de 24 de octubre de 202539, se admitieron los recursos de
apelación y se decretó como prueba el informe técnico de 20 de marzo de 2025 del
jefe de la Oficina Técnica de Gestión del Riesgo del municipio de Candelaria.

106.Por medio del auto de 22 de enero de 202640, se corrió traslado a los sujetos
procesales para alegar de conclusión y se informó al Ministerio Público que podía
emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para
sentencia.

37
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación número 52001-23-33-000-2021-00320-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
38
Cfr. Índice 203 del expediente digital de primera instancia.
39
Cfr. Índice 7 del expediente digital de segunda instancia.
40
Cfr. Índice 21 del expediente digital de segunda instancia.

18

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

107. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca41, el departamento del
Valle del Cauca42 y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres43
en los escritos reiteraron los argumentos indicados en sus recursos de apelación.
La Concesionaria Rutas del Valle44 en su escrito de alegatos insistió45 en que el 16
de octubre de 2024 suscribió el acta de entrega y recibo del tramo Cali - Candelaria
con la ANI. Sin embargo, dicha entrega no fue total, pues contiene observaciones,
limitaciones de responsabilidad y exclusiones de ciertos tramos de la infraestructura
que no forman parte del alcance contractual de la concesión.

108. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

109. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 46 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201947, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

110.El señor Rubén Amu Sierra atribuyó al municipio de Candelaria, al
departamento del Valle del Cauca, a la CVC, a la ANI y a la UNGRD, la transgresión
del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, debido a: i) un posible colapso de la vía a Candelaria en el
corregimiento de Juanchito en el municipio de Candelaria, en el sector donde se
encuentra el Malecón de Juanchito y las discotecas Chango y Agapito, “[…] sitio
donde la erosión del Río Cauca derribo el muro de contención, formando un
Socavón por debajo de la vía […]”; y al fenómeno erosivo presente en el sector
conocido como “[…] la vuelta de los Córdoba […]” donde se ubica el Malecón de
Juanchito.

111.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vinculó al Concesionario Rutas
del Valle S.A.S. y, en la sentencia de 17 de marzo de 2025, amparó el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al
considerar que existía una situación de amenaza derivada de los fenómenos de

41
Cfr. Índice 30 del expediente digital de segunda instancia.
42
Cfr. Índice 28 del expediente digital de segunda instancia.
43
Cfr. Índice 27 del expediente digital de segunda instancia.
44
Cfr. Índice 29 del expediente digital de segunda instancia.
45
Cfr. Índice 177 del expediente digital de primera instancia. Alegatos de conclusión en primera instancia.
46
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
47
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

erosión e inundación del río Cauca en el sector del Malecón del municipio de
Candelaria.

112.En consecuencia, ordenó al municipio la reubicación de los asentamientos
humanos y las actividades económicas en zona de riesgo, “[…] según los
parámetros establecidos en el Convenio Interadministrativo 040 de 2014 y el PBOT
2015 […]”; a la CVC la actualización del diagnóstico técnico de la problemática; y al
municipio, al departamento, a la CVC y a la UNGRD la ejecución coordinada en el
término de 6 meses de una solución técnica.

El municipio de Candelaria, el departamento del Valle del Cauca, la CVC y la
113.
UNGRD interpusieron recursos de apelación contra esa decisión.

114. El municipio sostuvo que el fallo desconoció el principio de congruencia al
imponer la medida de reubicación de asentamientos, sin que el demandante lo
solicitara y no existiera prueba técnica que acreditara su necesidad ni alcance.
Además, alegó que no se definieron con claridad las competencias de cada entidad
ni el alcance de su responsabilidad, y que la situación obedecía a fenómenos
naturales frente a los cuales adoptó medidas de atención y mitigación dentro de sus
capacidades.

115.El departamento argumentó que las intervenciones requeridas para atender la
erosión e inundación del río Cauca corresponden a la CVC, conforme a la Ley 99
de 1993 y demás normas sobre manejo del recurso hídrico, por lo que carece de
competencia directa para ejecutar obras sobre el cauce. Asimismo, cuestionó que
la sentencia no precisara la distribución de cargas técnicas y financieras entre las
entidades, lo que genera incertidumbre en el cumplimiento de las órdenes, y solicitó
su desvinculación o, en subsidio, la delimitación clara de las responsabilidades.

116. La CVC sostuvo que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria,
pues dentro del proceso se acreditaron múltiples actuaciones adelantadas en
cumplimiento de sus funciones. Señaló que las pretensiones de la demanda se
limitaban a la realización de estudios y acciones preventivas, las cuales se estaban
ejecutando, y que no se probó una omisión de su parte que justificara el amparo del
derecho colectivo.

117. La UNGRD alegó que la sentencia desconoció el marco normativo de sus
competencias, al imponerle obligaciones que exceden su función de coordinación,
asesoría y apoyo dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Indicó que la responsabilidad principal en la gestión del riesgo recae en los entes
territoriales, quienes deben ejecutar las acciones y apropiar los recursos necesarios,
y que no se acreditó la falta de capacidad del municipio o del departamento que
habilitara la intervención subsidiaria de la entidad nacional.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

V.3. Análisis del caso concreto

118.Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará: i) el principio
de congruencia en el caso concreto; ii) la prueba sobre la vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente por la
problemática de erosión e inundaciones existente en el malecón de Juanchito; iii) la
prueba sobre la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente por las condiciones de riesgo presentes en la
vía cuestionada; iv) la responsabilidad de los apelantes en la transgresión de los
derechos colectivos amparados; v) el presunto desconocimiento de los mecanismos
legales de financiación de proyectos de gestión de riesgo; y vi) la pertinencia de las
órdenes de amparo.

V.3.1. El principio de congruencia en el caso concreto

119.El municipio de Candelaria y la CVC sostienen que el tribunal de primera
instancia vulneró el principio de congruencia porque adoptó decisiones que exceden
el marco fáctico y jurídico planteado en la demanda, e impuso órdenes definitivas
que no fueron solicitadas por el actor ni debatidas dentro del proceso.

120.En particular, el municipio señala que la sentencia se aparta de los hechos
probados y de las pretensiones, al exigir la ejecución de medidas de reubicación,
cuya necesidad no se acreditó. Por su parte, la CVC consideró que las pretensiones
de la demanda comprenden únicamente el diagnóstico del fenómeno y no la
ejecución de las medidas correctivas y preventivas.

121.Para resolver estos planteamientos, es pertinente mencionar que el juez, en las
acciones populares, puede proferir fallos ultra y extra petita, sin desconocer el
principio de congruencia, previo cumplimiento de las reglas jurisprudenciales
previstas para tal efecto.

122.En la sentencia de unificación de 5 de junio de 201848, la Sala Plena del Consejo
de Estado explicó que:

“[…] jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el juez popular
profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos colectivos
diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar hechos
adicionales a los planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las
pedidas por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los términos
de la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo anterior, siempre que se
guarde relación con el hecho generador del daño planteado en la demanda y
en términos generales con la causa petendi.

Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente para precisar
dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la acción popular puede
pronunciarse sobre derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda
48
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm. 15001-33-31-001-
2004-01647-01.

21

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

como vulnerados o amenazados, siempre y cuando tengan una estrecha relación
con los derechos respecto de los cuales sí haya existido una solicitud expresa
de protección y cuando la parte demandada se haya pronunciado sobre ellos a
lo largo del proceso, es decir, que haya podido ejercer su derecho de defensa.
Entonces, pese a que como se mencionó el juez puede amparar derechos e
intereses colectivos diferentes a los indicados por el actor en el trámite de
agotamiento del requisito de procedibilidad y en la demanda, siempre y cuando
los mismos se relacionen con la causa petendi, para proceder en tal forma
además se requiere que se haya garantizado el debido proceso del o los
demandados en el sentido de que se les haya permitido pronunciarse sobre el mismo
en alguna de las oportunidades procesales. […]” (negrilla fuera de texto).

123. La Sala Plena reiteró, en sentencia de unificación de 26 de enero de 2021 49,
que “[…] si el planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es conocido por
la entidad accionada resulta demostrado en el curso del proceso, el juez de la acción
popular puede aprobar un pacto de cumplimiento, o proferir una sentencia que tenga
como base la vulneración de derechos colectivos distintos de los invocados en la
demanda y donde se adopten medidas diferentes de las impetradas. […]”.

124.Nótese entonces que las facultades ultra y extra petita del juez popular deben
respetar el debido proceso de las partes en conflicto. Por lo tanto, solo es posible
examinar nuevos hechos relacionados con la causa petendi que se demuestren
durante el proceso50.

125.En el caso concreto se observa que el tribunal de primera instancia consideró
el alcance de la causa petendi, así como el contenido de las pretensiones
planteadas por el señor Rubén Amu Sierra, al acceder al amparo del derecho
establecido en el literal l) del artículo 4.° de la Ley 472.

126.El actor popular refirió en la demanda expresamente que el riesgo de erosión e
inundaciones afectaba el corredor vial en el sector de “[…] la vuelta de los Córdoba
[…]”, donde se ubica el malecón de Juanchito y las discotecas Chango y Agapito;
así como la existencia de dos puntos críticos de desbordamiento del río Cauca (calle
94 y la margen derecha del río en el malecón de Juanchito) que impactan la zona
residencial y comercial51.

49
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
50
Consejo de Estado, sentencias de 16 de mayo de 2007 (exp. 2005-10005) y 16 de octubre de 2007 (exp. 2002-27149, y 29
de abril de 2015 (exp. 2010-00217-01 AP), entre otras.
51
En la demanda se afirmó lo siguiente: “[…] SEGUNDO: El Departamento del Valle en los estudios Previos no tuvo en Cuenta
que en el sector conocido como la vuelta de los Córdoba y dónde está el malecón de Juanchito, el Rio Cauca forma una
curva, que técnicamente se llama meandro y que todo meandro tiene un lado cóncavo dónde el río excava y erosiona que
está en Juanchito a menos de 10 metros de la vía a Candelaria y un lado con vex (sic) dónde se depositan los sedimentos
que corresponde al lado de Cali. La dinámica de los ríos en los meandros es muy diferente que en los tramos rectos del río y
por eso la parte cóncava del meandro, está sometida a un proceso agresivo de erosión porque la tendencia natural es a que
la erosión aumente el diámetro del meandro y en este caso la socavación está por debajo de la vía porque el proceso erosivo
derribo el muro de contención en el sector del malecón de Juanchito
TERCERO: El 7 de Junio de 2022, La Alcaldía de Candelaria le informo a la CVC que en el Sector del Malecón Juanchito , el
Rio Cauca derribo el Muro de Contención producto de la agresiva erosión que se presenta en la parte cóncava del meandro
y se concertó un recorrido en lancha que lo hicieron funcionarios de la CVC y de la Alcaldía de Candelaria , en este recorrido
se verifico que el río derribo 30 metros del muro de Contención, creando un Socavón de 2 metros de ancho, situación que
coloca a la vía a Candelaria en un riesgo inminente de desastre, ya que el río antes pegaba contra el muro de contención y
ahora está socavando material más blando por debajo de la vía ,la cual en cualquier momento puede colapsar, los medios de

22

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

127.Aunado a ello, al revisar el escrito petitorio no se observa que el objeto de la
demanda sea que las entidades accionadas únicamente adelantaran acciones de
conocimiento del riesgo, como lo afirma la CVC, sino que el actor pretende que se
implementaran medidas correctivas y preventivas de las problemáticas de
inundaciones y erosión. Al respecto explicó:

“[…] DÉCIMO: En el sector del Malecón dónde, se encuentra el meandro del río
históricamente el Río Cauca se desborda e inunda las casas y las empresas del
sector. Durante la inundación la Alcaldía les da remesas a las familias afectadas y
colocan sacos de arena y tierra para evitar que el Río se desborde en este Sector,
esto lo ha hecho el actual Alcalde Jorge Ramírez y los tres anteriores Alcaldes del
Municipio de Candelaria y hasta ahora no les ha funcionado nada para prevenir el
riesgo por inundaciones y el Riesgo por erosión que en este año aumentó por el
colapso del muro de contención. Para resolver este problema se requiere formular un
Plan de Prevención de Riesgo por inundación y Socavación en la Zona del meandro,
si bien es cierto que a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, etc,
las políticas, actividades y gestiones en materia de Gestión del Riesgo es al Municipio
de Candelaria, no obstante en atención al principio de coordinación, concurrencia y
solidaridad positiva, dicha Competencia también recae en los Gobernadores, así
mismo, dentro de las Competencias de la UNGRD, está la de Prestar asesoría,
orientación y apoyo económico a las entidades territoriales en materia de Gestión del
riesgo. […]”.

Incluso en la demanda el actor popular reconoció que la autoridad ambiental
128.
había adelantado acciones y visitas para evaluar la magnitud del fenómeno 52 y, sin
embargo, en sus pretensiones solicitó “[…] Que se ordene a las entidades

comunicación en junio de 2022,documentaron la grave situación de la vía a Candelaria en el sector del malecón Juanchito y
la Urgencia de Adopción de medidas por parte de los entes competentes para prevenir la Socavación que Puede generar un
desastre por el
[…] QUINTO: La Alcaldía Procedió en mes de Julio 2022 a Acordonar la zona más crítica de paso peatonal en la zona de la
Socavación y en el mes de agosto de 2022. Hicieron un cordón con tierra en el Sector del Malecón Juanchito, según dijeron
para impedir que el Río Cauca inundara la vía y las casas de la Comunidad del Sector de la vereda las Palmas del
Corregimiento de Juanchito y que habían avisado a Gestión del Riesgo del Departamento del Valle.
SEXTO: El 10 de noviembre de 2022, el Río Cauca se desbordó nuevamente en el sector del Malecón Juanchito, es decir 6
meses después de que la CVC y La Alcaldía hicieran el recorrido para verificar que el río colapsó el muro de Contención,
estás entidades no cuentan con un Plan Específico y Detallado para Prevenir que el Río siga Socavando por debajo de la Vía
a Candelaria y un Plan para evitar que la vía y la Comunidad y las empresas del sector del Malecón se sigan inundando.
SEPTIMO: El Diseño de la Doble Calzada que se está en ejecutando con recursos del Departamento del Valle y del INVIAS,
No contempló en los estudios Previos, el diseño y construcción de obras hidráulicas para la evacuación de aguas lluvias en
Sector dónde se encuentran las discotecas Chango, Agapito y el Malecón de Juanchito, lo cual además de deteriorar la vía,
aumenta el Riesgo de accidentes de tránsito. Tampoco se tuvo en Cuenta que la Vía en este Sector tenía alto riesgo de
erosión por estar en algunos lados del meandro a menos de 10 metros del Río y Con la caída de una parte del muro de
Contención, la Socavación tiende a aumentar.
OCTAVO: El Corregimiento de Juanchito tiene 2 puntos críticos que se han inundado ,la calle 94 y desbordamiento del río
sobre la margen derecha del río en el malecón de Juanchito, que ha inundado la Vía intermunicipal en los años 2011,2017 y
2022 y hasta ahora hay omisión de las autoridades competentes ,para evitar el riesgo por inundación, sólo se limitan a atender
la emergencia cuando las casas de inundan, llevan remesas, colocan sacos con arena y tierra en el malecón y sobre la vía
que hasta hoy no han Sido efectivos para prevenir las inundaciones del sector. Falta trabajar más en la Prevención del riesgo
por erosión e inundaciones en Juanchito. […]
QUINCEAVO: Teniendo en cuenta las mediciones de Caudal del Río Cauca en el sector del meandro de Juanchito dónde se
evidencia que ha aumentado desde la inundación de 2011 a la de 2017 y Ahora en la de noviembre de 2022, los ingenieros
hidráulicos saben que a más caudal, la velocidad del río aumenta y si la velocidad aumenta entonces aumenta el proceso
erosivo y a mayor proceso erosivo entonces el diámetro del meandro aumenta y se sabe que a mayor diámetro más erosión
y es probable que el Socavón atraviese la vía a Candelaria Provocando un Desastre ,dado que el muro que protegía contra
la erosión fallo en Junio de 2022. […]”.
52
Se mencionó que: “[…] UNDÉCIMO: La CVC hace parte del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y es una entidad
que ha Contratado y ejecutado obras para Prevenir la erosión causada por el Río Cauca en otros municipios, es una entidad
que conoce el Río Cauca porque ha realizado varios estudios sobre el mismo. Por lo anterior no se justifica que después de
6 meses del recorrido por el Río que hicieron los funcionarios de la CVC con los de la Alcaldía de Candelaria, solo se limitaron
a decir que la Vía a Candelaria estaba en riesgo de Desastre por la Socavación y a darle recomendaciones a la Alcaldía de
Candelaria. La CVC cuenta con recursos de la Sobretasa ambiental para invertir en Prevención del riesgo y además dentro
de su nómina cuenta con personal profesional como geólogos, ingenieros hidráulicos, civiles, etc. […]”.

23

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

demandadas realizar los estudios correspondientes y ejecutar las acciones
necesarias para evitar que la erosión y las inundaciones provocada (sic) por
el Río cauca (sic) sigan Socavando la Vía a Candelaria en el Sector de la Vuelta
de los Córdoba, en el Corregimiento de Juanchito y termine produciendo un
desastre que conlleve la pérdida de vidas humanas […]” (negrilla fuera de texto).

129. Ahora bien, frente al argumento del municipio según el cual el actor popular no
solicitó la reubicación de las viviendas y establecimientos de comercio, se advierte
que el artículo 1.° de la Ley 1523 define la gestión del riesgo como “[…] un proceso
social orientado […] al conocimiento y la reducción del riesgo y […] el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.

130.Para materializar ese cometido, el artículo 4.º ibidem estableció los conceptos
de análisis y evaluación del riesgo e intervención.

131. El concepto de análisis y evaluación del riesgo “[…] implica la consideración de
las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
consecuencias puedan ocurrir […]”. El objeto de esta etapa es el conocimiento del
riesgo53 para determinar los métodos de intervención y definir las estrategias de
recuperación.

132.El concepto de intervención refiere a “[…] la modificación intencional de las
características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o
de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de
reducir su vulnerabilidad […]”.

133. En el ordenamiento jurídico existen dos tipos de intervención: la correctiva
(mitigación54) y la prospectiva (prevención55). La intervención correctiva busca tratar
el riesgo existente mediante acciones de mitigación de la amenaza o la
vulnerabilidad. La intervención prospectiva previene el surgimiento de un nuevo
riesgo, a partir de la implementación de mecanismos que contribuyan de manera
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la
infraestructura, los bienes y la población, como por ejemplo la planificación
ambiental, el ordenamiento territorial, las especificaciones técnicas, o los estudios
de prefactibilidad.

53
Esa norma lo define como “[…] la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta
los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre […]”.
54
La mitigación del riesgo comprende las “[…] medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir
los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o
privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente […]”.
55
La prevención refiere a “[…] las medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación
con el fin de evitar que se genere riesgo […]” o “[…] neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad […]”.

24

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134.Estos conceptos irradian igualmente el proceso de planificación del territorio. De
conformidad con las Leyes 9ª de 11 de enero de 198956, 388 de 18 de julio de 199757
y 715 de 200158, los municipios, deben considerar el riesgo de desastres como un
factor condicionante del uso y ocupación del suelo.

135. Por consiguiente, el diseño y la ejecución de las medidas de ordenamiento
territorial está sujeto a la elaboración de estudios básicos y detallados, que permiten
analizar y evaluar los riesgos para adoptar acciones adecuadas de intervención y
recuperación, según lo reglamenta el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201559.

136.Los artículos 2.2.2.1.3.1.3. y 2.2.2.1.3.1.4. del Decreto 1077 explican que los
estudios básicos se elaboran a efectos de revisar los contenidos de gestión de
riesgo en el mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial.
Mientras que los estudios detallados “[…] están orientados a determinar la
categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes
[…]” y contienen: i) el análisis detallado de amenaza; ii) la evaluación de
vulnerabilidad60; iii) la evaluación del riesgo61; y iv) la determinación de medidas de
mitigación.

137.El artículo 2.2.2.1.3.2.2.6. ibidem señala que los estudios de evaluación de
riesgo deben acompañarse de los siguientes documentos por cada fenómeno
analizado:

“[…] 3. Mapa de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja.
4. Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto
si es mitigable o no mitigable.
5. Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de intervención
propuestas.
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.
7. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable […]” (negrilla fuera de texto).

138.El artículo 2.2.2.1.3.2.2.7. idem explica que las medidas de intervención podrán
ser estructurales y no estructurales, así:

“[…] 1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización
de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre
otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de

56
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
57
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
58
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
59
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]".
60
Los artículos 2.2.2.1.3.2.2.4. y 2.2.2.1.3.2.2.5. ibidem agregan que la vulnerabilidad se analiza considerando los aspectos
que determinan el grado de exposición, resistencia y daño potencial de los elementos que se encuentran en zonas
amenazadas por fenómenos naturales. Estos aspectos se identifican y localizan en la cartografía correspondiente y se
zonifican en categorías de alta, media y baja vulnerabilidad.
61
El riesgo se evalúa relacionando la zonificación detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad, y se categoriza
en alto, medio y bajo, según el nivel de afectación esperada. Para el riesgo alto se define si es mitigable o no mitigable,
determinando las alternativas de intervención física para reducir o evitar el incremento de la amenaza y/o vulnerabilidad, y su
viabilidad técnica, financiera y urbanística.

25

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Demandante: Rubén Amu Sierra

edificaciones e infraestructura, las cuáles deben ser predimensionadas sobre la
cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos correspondiente.
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los potenciales
efectos que producirán aguas abajo.
En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar
en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento,
además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la
influencia del fenómeno en estudio.
2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas,
proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos
que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de
responsabilidad y precaución. […]” (negrilla fuera de texto).

139.Como puede apreciarse, los estudios detallados son la herramienta jurídica que
permite a los municipios detectar amenazas, determinar el nivel de riesgo y
vulnerabilidad en categorías de alto, medio o bajo, y fijar las medidas preventivas y
de mitigación adecuadas.

140. La autoridad territorial define a partir de los estudios detallados si el riesgo es
mitigable o no. Si establece que el riesgo alto de desastre no se puede mitigar, las
únicas medidas de intervención que podrá adoptar serán las de reubicación del
asentamiento humano, junto con las obras de estabilización necesarias para evitar
el incremento del fenómeno en estudio. Por el contrario, si el riesgo es mitigable se
realizarán acciones de estabilización, como por ejemplo el adecuado manejo de las
aguas de escorrentía, o el reforzamiento de taludes.

141. En el escenario de reubicación, la Ley 9ª advierte que las autoridades
municipales tienen la obligación de: (i) levantar un inventario de los asentamientos
humanos que presenten alto riesgo para la seguridad o la salud de sus habitantes;
(ii) reubicar a estos habitantes en zonas apropiadas; y (iii) tomar todas las medidas
y precauciones necesarias para que los inmuebles desocupados no vuelvan a ser
usados para vivienda humana62.

142.A partir de todo lo anterior, la Sala observa que la medida de reubicación debe
implementarse cuando se acredita una condición de amenaza no mitigable en
determinado sector, aspecto que se estudiará a continuación.

V.3.2. La prueba sobre la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente por la problemática de
erosión e inundaciones existente en el malecón de Juanchito

143. Del acervo probatorio se evidencia que la problemática de inundación y erosión
en el corregimiento de Juanchito ha sido objeto de análisis técnico, advertencias
institucionales y actuaciones administrativas desde el año 2014 hasta el año 2025,
sin que se haya logrado una solución definitiva.

62
Artículo 56.

26

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144. En el proceso se demostró que, en el marco del Convenio Interadministrativo
CVC 040 de 201463 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, la Universidad del Valle y el Fondo Adaptación, se elaboró un estudio
integral de riesgo por inundación en las áreas vecinas al Plan Jarillón de Cali. Este
estudio abarcó los municipios de Cali, Palmira, Candelaria y Yumbo. Dicho estudio
incluyó un diagnóstico histórico de inundaciones, la modelación hidráulica del río
Cauca, los mapas de amenaza, la evaluación de vulnerabilidad, los escenarios de
afectación y el prediseño de obras de mitigación64.

145.Allí se explicó que las áreas “[…] vecinas al proyecto Plan Jarillon (sic) de Cali
son zonas que presentan riesgo a inundarse; puesto que se tiene registro de
haberse presentado varias inundaciones desde los años 1949 hasta el 2012
afectado gran cantidad de población, edificaciones y cultivos de caña de azúcar.
Pese a esta situación en la zona se han localizado varios centros poblados con alta
densidad poblacional, además de empresas e industrias, por lo cual deberán ser
tenidas en cuenta dentro de planes de reubicación para evitar futuros escenarios de
desastre […]”.

146.Se determinó como área de afectación alta65, entre otras, “[…] en el municipio
de Candelaria los corregimientos de Juanchito, Caucaseco y el Carmelo […]”.

147.Se indicó que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de
Candelaria identificó desde su formulación que los asentamientos ubicados en la
ribera del río Cauca, en el sector de Juanchito, se encontraban expuestos a un
riesgo alto mitigable y no mitigable por inundación. En dicho instrumento se previó
la necesidad de optimizar y completar los tramos faltantes del sistema de diques en
Domingo Largo y Juanchito centro, así como la reubicación de los asentamientos
ubicados en zonas de riesgo no mitigable.

148. Se identificó como zona de alto riesgo no mitigable “[…] a las áreas localizadas
a la margen derecha del río Cauca para el municipio de Candelaria a 100 m
establecida mediante la resolución 0730 de 2014 […]”. Además, se analizó la
distribución de las áreas mitigables y no mitigables, de las cuales el 90.79%
corresponde a las zonas de afectación alta mitigable y el 9.21% corresponde a las

63
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia. Su objeto fue “Aunar esfuerzos y recursos técnicos y económicos
para realizar los estudios de riesgo por inundaciones, y la propuesta de mitigación, para las áreas vecinas al proyecto plan
Jarillón de Cali”.
64
Se estableció que los municipios de “[…] Palmira, Candelaria, Yumbo y Santiago de Cali, tienen entre sus principales
características la de estar asentadas en las áreas de inundación del río Cauca. Estas características del medio físico – natural
generan dos problemas principales: 1. Inundaciones por desbordamiento de los ríos Cauca y Cali y Canal Interceptor Sur en
el municipio de Santiago de Cali, en Palmira y Candelaria por el río Cauca, y en Yumbo por los ríos Cauca y Cali. 2. Inundación
por deficiencia en los drenajes de las aguas causados por altos niveles de precipitación […]”.
65
Aquella que: “[…] se caracteriza por presentar condiciones de amenaza peligrosas para los elementos expuestos, además
de vulnerabilidad alta caracterizada por edificaciones inadecuadas y en mal estado, una población con poca o nula capacidad
de resistencia o también por localizarse en zonas de riesgo no mitigable, con el 26.05%. Se recomienda la reubicación
inmediata de cualquier asentamiento humano de esta zona y el traslado de toda actividad industrial, comercial y agrícola que
se desarrolle sobre la misma. Los daños que pueden presentarse son la destrucción parcial o total de las edificaciones,
pérdidas de vidas humanas, maquinaria, insumos industriales y productos comerciales, igualmente afectación en los cultivos
en las áreas de estudio […]”.

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zonas de afectación alta no mitigable, la cual solo se debe destinar para suelo de
protección.

149.En el estudio se recomendó: “[…] diseñar e implementar un programa de
mediciones de campo orientado a la recolección de información durante la
ocurrencia del fenómeno de inundaciones en las áreas vecinas al Plan Jarillón de
Cali: El programa debe permitir la toma de datos e información sobre las
características más importantes de los eventos catastróficos, tales como, registro
de niveles de agua, duración de las crecientes, límites de áreas inundadas o
afectadas, profundidades de agua y lodos en las diferentes zonas afectadas, toma
y análisis de muestras de lodos para determinar sus propiedades sedimentológicas
(granulometrías, concentraciones, etc.) y reológicas (esfuerzos cortantes,
viscosidad). El análisis de la información recolectada permitirá la optimización y
actualización de los modelos hidrodinámicos y de lodos implementados en el
presente estudio […]”.

150. Entre las medidas estructurales para mitigar el riesgo de inundación en áreas
donde el riesgo es mitigable se incluyó la implementación de diques de tierra o
terraplenes66. En cuanto a las medidas no estructurales, se consideró: i)
implementar sistemas de monitoreo hidrometeorológico en los ríos Cauca y Cali y
en el Canal Interceptor Sur, cerca del área de estudio; desarrollar un sistema de
pronóstico y alerta temprana; ii) ejecutar programas de prevención, educación y
alerta dirigidos a la población; iii) definir planes de contingencia y evacuación; y iv)
elaborar mapas de amenaza y riesgo para la zonificación técnica según distintos
niveles de amenaza.

151.El estudio concluyó que la problemática de inundaciones en el área de influencia
del río Cauca obedece principalmente a la falta de planificación integral y a
deficiencias en la coordinación institucional para la gestión del riesgo. Advirtió que
la ocurrencia de crecientes con periodo de retorno de 100 años en los ríos Cauca y
Cali y en el Canal Interceptor Sur podría inundar extensas zonas de los municipios
de Candelaria y Palmira, y en menor medida de Cali y Yumbo. Asimismo, estableció
que el 92% del área expuesta corresponde a zonas de amenaza alta, lo que
evidencia un escenario de riesgo significativo, cuya clasificación depende de la
profundidad del agua en las áreas afectadas.

152.En cuanto a la vulnerabilidad y afectación, el estudio identificó condiciones
diferenciales asociadas a factores sociales, económicos y físicos del territorio, por
lo que recomendó priorizar acciones de reducción del riesgo con participación
comunitaria. Determinó tres niveles de afectación: baja (13%), con daños leves;

66
Se indicó que la protección contra las inundaciones incluye “[…] tanto los medios estructurales como los no estructurales,
que dan protección o reducen los riesgos de inundación. Las medidas estructurales incluyen las represas y reservorios,
modificaciones a los canales de los ríos, diques y riberos, depresiones para desbordamiento, cauces de alivio y obras de
drenaje. Las medidas no estructurales consisten en el control del uso de los terrenos aluviales mediante zonificación, los
reglamentos para su uso, las ordenanzas sanitarias y de construcción, y la reglamentación del uso de la tierra de las cuencas
hidrográfica […]”.

28

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media (60,09%), con impactos moderados que requieren medidas de mitigación; y
alta, con daños severos que comprometen edificaciones, actividades productivas y
la vida de las personas. Dentro de las zonas con afectación alta se incluyeron, entre
otros, los corregimientos de Juanchito, San Joaquín y El Carmelo en Candelaria, y
Juanchito y otros sectores en Palmira, recomendándose la reubicación de población
en zonas de riesgo no mitigable y el traslado de actividades económicas en la franja
de protección del río.

Finalmente, el estudio recomendó a las autoridades implementar monitoreo
153.
permanente, evitar nuevos asentamientos en zonas de riesgo, actualizar planes de
emergencia y fortalecer sistemas de alerta temprana.

154. En el acervo se encuentra el concepto técnico emitido por la CVC producto de
la visita adelantada el 7 de junio de 2022 con ocasión de una solicitud elevada por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Candelaria. El
objeto de esa visita consistía en identificar situaciones de amenaza en la margen
derecha del río Cauca en el sector El Malecón del corregimiento de Juanchito
perteneciente al municipio de Candelaria, conforme a la siguiente delimitación
geográfica:

“[…]

[…]”.

155. La visita se realizó en los siguientes puntos:

“[…]

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[…]”.

156.El concepto señala que, debido a la dinámica intensa y recurrente del río Cauca,
en 2014 se formuló el Proyecto Plan Jarillón de Cali, que propuso la reubicación
inmediata de asentamientos humanos, el traslado de actividades industriales y
comerciales y la reducción del riesgo mediante la construcción de diques. El estudio
de ese mismo año clasificó a Juanchito como un área de amenaza alta, tanto
mitigable como no mitigable, por tratarse de una zona meándrica con gran movilidad
horizontal.

157. En la visita se encontró que:

“[…] efectivamente el área está siendo amenazada por la creciente del río Cauca que
está en un nivel alto y además con una larga duración, ya lleva varios días en estas
cotas. Por encontrarse el sector en el extradós de una amplia curva de un meandro,
en la otra margen (margen izquierda) en el municipio de Cali conocido como La vuelta
de las Córdobas, es un área susceptible de ser atacada por las corrientes
remontantes del río, a la manera de un movimiento en remolino, lo cual por supuesto
incide en la estabilidad de la orilla.

Esta erosión marginal se está produciendo a todo lo largo de la amplia curva, iniciando
aguas arriba en el sector de la antigua discoteca conocida como Agapito en la margen
derecha del rio, hasta donde empieza a cambiar la curvatura, donde inicia el
corregimiento de Juanchito por el lado del municipio de Candelaria.

En los puntos señalados en la tabla 1 se observó:

• Punto 1 y 2: Estos puntos se localizan sobre el margen derecho del Rio Cauca
aledaño a la vía de comunicación Cali – Candelaria con distancia entre puntos de
aproximadamente de 133,4 m, donde se encuentra el malecón, con sendero peatonal
adoquinado confinado con bordillos en concreto, separado de la vía por el sardinel.
En este tramo se observa una borda construida como medida temporal realizada en
sacos rellenos de material pétreo, los cuales ya presentan deterioro por socavación

30

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

de la estructura, hay presencia de pastos bajos y árboles de mediana altura sobre la
zona verde entre la margen del río y la capa dura peatonal. Se estima que para el
momento de la visita el agua se encontraba a un (1) metro del nivel del sendero
peatonal del malecón.

• Puntos 2, 3 y 4: Estos puntos se localizan sobre la margen derecha del río Cauca
aledaño a la vía de comunicación Cali – Candelaria dando continuidad al Malecón. La
distancia lineal aproximada entre los puntos 2 y 3 es de 126,3 m y entre los puntos 3
y 4 es de aproximadamente 37,8 m.

La situación observada entre los puntos presenta las siguientes características:

• En este tramo existe un muro localizado entre el adoquinado confinado con bordillos
en concreto y la borda de la margen derecha del rio (sic), el cual corresponde a una
obra arquitectónica que cumple con una función de embellecimiento y como banca,
en concreto, útil para el descanso, de acuerdo a lo comunicado por los funcionarios
de la alcaldía de Candelaria.

• Entre los puntos 3 y 4, se observó desprendimiento de la borda ocasionado por la
erosión marginal del río Cauca, y pérdida de la base formada por material en roca
donde se apoya la banca en concreto, lo que causa socavación en el tramo de la
margen.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

31

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

• Considerando que en los puntos visitados se evidencia la presencia de
infraestructura vial, en la franja forestal protectora del río Cauca, la cual es una
planicie de inundación que cumple con las funciones ecosistémicas asociadas con
dichas zonas, que ya tiene definido por normatividad municipal los usos y por
localizarse en zona de riesgo no mitigable, se recomienda a la administración
municipal la gestión necesaria para adoptar las medidas determinadas dentro del
estudio CVC-Univalle 2014 y del PBOT vigente.

• Se requiere mayor control en las áreas definidas como franjas de protección, en
cuanto a evitar la ocupación y asentamiento de nuevos grupos poblacionales.

• Mientras se adelanta el realineamiento de la vía, como acción inmediata, se
recomienda la implementación de una medida estructural tendiente a mitigar los
efectos de la erosión marginal del río Cauca en su margen derecha ante la posibilidad
del colapso de la actual vía Cali – Candelaria, se revisaron posibles medidas tales
como tablaestacados, geobolsas, tulas Big Bag, espolones, enrocados, etc., pero hay
varios elementos a tener en cuenta: la urgencia de las obras, la casi imposibilidad de
acercar maquinaria de trabajo pesado al borde del talud y la facilidad y rapidez
necesaria para la obtención del material. En razón de lo anterior se considera que es
pertinente implementar la construcción de un enrocado […]”.

158.En el concepto técnico producto de la visita realizada el 29 de junio de 2021 67
por la CVC, se evidenció la historicidad de los eventos de inundación por
desbordamiento del río Cauca en el sector objeto del litigio, así:

“[…]

67
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.

32

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

[…]”.

159.Se señaló que “[…] se evidencia que la zona de Juanchito y el Carmelo es de
Amenaza Alta mitigable y no mitigable, debido a que corresponde a dos zonas
meándricas, ya que por sus características de un río aluvial tiene gran movilidad
horizontal de sus meandros, donde el cauce y las planicies de inundación están
conformados por materiales aluviales transportados por el mismo río. En la Figura
3, se aprecia el registro histórico de los eventos de inundación y el área de incidencia
de los mismos, encontrando que Juanchito, Finca Galicia, La Nubia, Domingo Largo
y Poblado Campestre se ven afectados de forma reiterativa a través del tiempo por
dichos eventos […]”.

160.Se indicó que en el sector se presentan eventos recurrentes de inundación por
desbordamiento del río Cauca, lo que expresa una vez más que la dinámica natural
será funcionar como una zona de amortiguación, por todas las condiciones físicas,
geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e hidráulicas. Respecto de la temporada
de lluvias 2010-2011 se construyeron obras de protección temporales que no
cumplen con las especificaciones técnicas de un dique funcional de protección de
áreas pobladas, ya que se hicieron bordas con sacos rellenos o con tierra sin
clasificar apisonada, las cuales presentan deterioro y están afectadas por procesos
erosivos.

161.Se planteó que el estudio de la CVC elaborado en el año 2014 contiene el mapa
de riesgo por amenaza de inundación que incluye la zona objeto de estudio, donde
se observa que la margen derecha desde la zona finca Galicia hasta Poblado
Campestre tiene amenaza alta. Ese estudio recomendó la ubicación inmediata de
cualquier asentamiento humano de esta zona y el traslado de toda actividad
industrial, comercial y agrícola que se desarrolle sobre la misma.

162.Mediante oficio 205.10.01-1169 de 14 de junio de 202268, la Secretaría de
Gobierno y Convivencia Ciudadana del municipio de Candelaria reportó que, con
ocasión de los monitoreos realizados al río Cauca el 7 de junio de 2021, se había
identificado una erosión marginal crítica en dicho sector. En ese informe se detalló

68
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado:
“36_CONTESTACIONDEDEMANDA_RADICACION_760012333(.zip) NroActua 26”

33

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
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el desprendimiento de la franja forestal en un tramo de aproximadamente 30 a 40
metros, fenómeno que generó socavación bajo la losa y configuró un riesgo
inminente para la estabilidad de la vía departamental Cali - Candelaria.

163.El 14 de junio de 202269 también se celebró una reunión extraordinaria en el
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Candelaria,
en la que se calificó la situación como de alto riesgo. Ante la gravedad de la
situación, la CVC autorizó los permisos necesarios para la ocupación de los cauces
y se modificó el Plan de Acción Específico – PAE para incluir la obra como urgente.

164.Obra en el acervo el oficio del 1.° de septiembre de 202270, en el que el
municipio de Candelaria solicitó a la UNGRD, apoyo financiero para la construcción
de un muro de contención con big bags rellenas de mortero por valor de
$105.318.922, cifra que supera la capacidad económica del municipio. Además, el
2 de septiembre de 2022 el municipio solicitó al departamento su apoyo técnico y
financiero para atender la emergencia.

165. En la reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del
municipio de Candelaria, realizada el 27 de octubre de 202271, la CVC señaló que
en conceptos técnicos previos ya había formulado propuestas para atender la
problemática. Frente a ello, el alcalde indicó que el municipio no cuenta con los
recursos necesarios para ejecutar dichas soluciones. A su turno, la Secretaría
Departamental de Gestión del Riesgo precisó que la UNGRD no financia este tipo
de intervenciones por tratarse de competencias del nivel municipal, por lo que el
asunto debía gestionarse directamente con la CVC. Sin embargo, sugirió estructurar
una propuesta concreta de obra, debidamente revisada, para presentarla ante la
Secretaría Departamental de Infraestructura y el Ministerio de Transporte, en
atención al riesgo existente que podría afectar a más de 100.000 habitantes.
Finalmente, la CVC advirtió que, una vez se cuente con dicha propuesta, y antes de
iniciar cualquier intervención, será necesario tramitar el permiso de ocupación de
cauce correspondiente.

166.Se acreditó que la CVC, mediante oficio 0721-594302022 de 4 de noviembre de
202272, reiteró que su apoyo técnico ya había sido suministrado a través de los
conceptos técnicos previamente emitidos, y que correspondía al ente territorial
seleccionar la alternativa de intervención más viable y avanzar en la estructuración
del proyecto, incluyendo planos, memorias, diseños y presupuesto, con el fin de
gestionar recursos ante instancias departamentales y nacionales.

69
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “5.ACTA 08 DE 14-06-2022
INFORMETECNICO EROSION MALECON JUANCHITO Y MODIFICACIO”.
70
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “6.SOLICITUD APOYO FINANCIERO
PARA OBRA DE MITIGACION RIESGO INUNDACION”.
71
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “12. Acta No. 01. MESA TECNICA PARA
ATENCION DE PROBLEMATOCA DE EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RIO CAUCA CANDELARIA”.
72
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.

34

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

167.En el oficio 0611989322022 de 25 de noviembre de 202273, la misma entidad
dio respuesta a la solicitud del municipio en relación con el apoyo técnico y
financiero. En ese mismo contexto, el departamento del Valle del Cauca, a través
del oficio 1.310.02.18 de 30 de noviembre de 2022, precisó que la vía objeto de
controversia es de primer orden y hace parte de la infraestructura vial a su cargo.

168. El informe de visita de 1.º de junio de 202374, elaborado por la CVC, tuvo como
finalidad verificar las condiciones ambientales de la borda en el sector del Malecón
del río Cauca, específicamente entre la discoteca Chango y el callejón Calitubos.
En dicho informe se concluyó que resulta necesario el seguimiento y monitoreo
permanente, debido a la evidente erosión lateral y socavamiento asociados a la
dinámica del río en ese tramo.

169.En auto de iniciación de trámite de 1 de septiembre de 202375, la Dirección
Ambiental Regional Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca dispuso: “[…] INICIAR la etapa de concertación de la revisión general y ajuste
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria, entre la
administración municipal y la autoridad ambiental, acorde con lo dispuesto en la Ley
388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 […]”.

170.Obra copia del correo electrónico remitido por el municipio de Candelaria a la
CVC el 26 de septiembre de 202376, en el que informó que seleccionó una
alternativa de intervención a corto plazo para mitigar la socavación del río en el
sector objeto de análisis. Además, señaló que no solo requería acompañamiento
técnico, debido a que la intervención debía ejecutarse sobre la franja de protección
forestal del río Cauca y en cercanía de una vía del orden regional, sino también
apoyo financiero, pues el costo estimado de la obra superaba la capacidad
presupuestal del municipio en materia de reducción del riesgo de desastres.

171.Reposa la comunicación interna 2023IE08231 de 20 de noviembre de 2023 77,
expedida por la UNGRD, en la que se indicó que, por conducto de la Subdirección
para la Reducción del Riesgo de Desastre y en atención a la acción popular radicada
bajo el número 76001-2333-000-2022-00987-00, se solicitó la realización de una
mesa de trabajo con el Departamento del Valle del Cauca, el Municipio de
Candelaria, la CVC, la ANI y la Concesionaria Rutas del Valle. Dicha mesa de
trabajo se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2023.

172.En esa misma actuación quedó consignado como compromiso “[…] el desarrollo
de una visita en terreno […] con el fin de evaluar los riesgos y que posibles
soluciones enfocadas a mitigar los riesgos presentados, la cual se realizará una vez

73
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.
74
Cfr. Índice 59 del expediente digital de primera instancia.
75
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “AUTO DE INICIO – POT
CANDELARIA.pdf”.
76
Cfr. Índice 68 del expediente digital de primera instancia
77
Cfr. Índice 95 del expediente digital de primera instancia.

35

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

el ente territorial envíe a esta entidad pública documentos relacionados con el tema
[…]”.

173.También obra el oficio de 20 de diciembre de 202378, que contiene el informe
de la visita de campo realizada el 12 de diciembre de 2023 por el municipio de
Candelaria. En dicho informe se dejó constancia de lo siguiente:

“[…] Durante el recorrido, se evidencia el crecimiento de la vegetación en la cara
húmeda del Jarillón en todo el sector de la vuelta de las córdobas; lo cual afecta la
visibilidad de la afectación desde la parte del malecón, motivo por el cual se optó por
un recorrido en lancha. Es de afirmar que esta es la primera visita de campo, donde
se cuenta con la participación de todos los accionados en esta situación, lo que era
necesario para el diseño de una estrategia de intervención que asegure la calidad de
vida de la población del sector, la no afectación de la movilidad por la vía, así como
también el evitar afectar de manera definitiva la franja de protección forestal y el cauce
del rio (sic).

[…] La delegada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD,
indica que para presentar un proyecto ante la UNGRD se debe de tener en cuenta el
"formulario de presentación de proyectos de intervención correctiva ante el FNGRD -
código: FR-1702-SRR-01; que está de acceso público en la página de internet, el cual
debe de ser diligenciado presentando los soportes que sean requeridos. Sin embargo,
para ello se debe de tener ya construida una propuesta sustentada de manera técnica,
que incluya no solo los componentes de la gestión del riesgo de desastres, sino
que también respete el componente natural de la franja de protección forestal
del rio (sic) Cauca, la movilidad de la vía de orden departamental y asegure la calidad
de vida de la población que habita cerca.

De igual manera, el delegado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, indica que el proyecto no debe de llevar la denominación de obra definitiva;
puesto que no está permitido el desarrollo de este este tipo de obras, sobre la franja
de protección forestal. Por lo que el término de la obra no debe de incluir esa
denominación, así la obra sea para el largo plazo. Además, agregan que la
corporación tiene información técnica de la zona la cual podemos solicitar como
insumo técnico para el desarrollo de la obra, tales como la topo batimetría, información
del caudal, altura máxima de desbordamiento en la zona y mapas de inundación.

Una vez se llega a la orilla donde está la zona afectada, el personal técnico
desembarca para visualizar la situación actual, a pesar que la alta vegetación no
permite observar en su totalidad; se observa de inmediato la convergencia de varios
factores en la zona afectada que ya han sido mencionado anteriormente, si bien la
afectación está en la orilla del rio (sic) Cauca la cual está dentro de la franja de
protección forestal, jurisdicción de la autoridad ambiental para nuestro caso la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se ha generado también un
socavón cuya profundidad aún no ha sido definida de manera técnica en una vía de
orden departamental, la cual ha manifestado el personal que asistió a la reunión del
día 23 de, noviembre de parte del consorcio Rutas del Valle no ha sido entregada aun
al consorcio, pero que se presume la vieja calzada puede tener una afectación y esta
se puede extender hacia la nueva calzada, si esta no tomo en cuenta la información
sobre gestión del riesgo de desastres local, puesto que es una zona que en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, está definida como de alto riesgo
mitigable por inundaciones asociadas a crecidas del rio (sic) Cauca, situación que
deberán afrontar una vez la vía este bajo su control; además, es una vía de orden

78
Cfr. Índice 100 del expediente digital de primera instancia.

36

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
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departamental la cual sirve de acceso para el ingreso de materia prima, productos
terminados y personas desde y hacia la ciudad de Santiago de Cali, por lo que
cualquier afectación en ella, puede afectar la economía de la región. Y finalmente,
tenemos una población que habita en la cercanía, quienes son Candelareños y es
necesario realizar una intervención para garantizar su calidad de vida. Por ende, esta
situación debe de ser resuelta entre todas las entidades implicadas, cada una debe
de aportar de manera técnica y financiera el desarrollo de el (sic) proyecto que asegure
la protección de orilla de esta zona afectada y sus inmediaciones.

[…]

Por lo que se definió, que debe de ser un proyecto que incluya el componente de
consultoría, puesto que a pesar que la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca tenga información técnica de la zona, no se encuentra incluida la información
sobre el socavón, no hay información técnica que soporte la profundidad exacta de
este sobre el paso peatonal y si ha llegado hasta la calzada, tampoco se cuenta con
la información sobre el tipo de suelo y según se observó en la visita del día 12 de
diciembre, el nivel de la orilla ha descendido por el paso del agua, por lo que es
necesario actualizar la topo batimetría y compararla con la que la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca tiene en su información técnica. Además,
como se ha mencionado antes sobre la zona existe un sistema de evacuación de
aguas lluvias desde la vía hacia el rio (sic) Cauca, el cual no cuenta con válvulas
antirretorno debido a que terceros no identificados las retiran para venderlas como
chatarra, cada vez que son instaladas; así que la propuesta de intervención del área
debe de contar con una solución a esta situación también.

Esta consultoría, como se mencionó anteriormente debe de realizar estudios técnicos
del área, que brinden información suficiente para el desarrollo de una obra de
protección de orillas, que este acorde con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
• PBOT del municipio de Candelaria, el Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico -
PORH del rio (sic) Cauca (cuenca Guachal), así como también no debe de afectar la
movilidad por la vía de orden departamental; el desarrollo de esta consultoría requerirá
recursos financieros con los que el municipio de Candelaria no cuenta, por ello se
requiere el apoyo financiero de las demás entidades accionadas, para presentar ante
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como requiere el conducto
regular, desarrollando la propuesta técnica con un presupuesto ajustado al desarrollo
de estudios técnicos que sean la base de la formulación de los diseños de obra de
reducción del riesgo y protección de orilla de la zona afectada y sus inmediaciones
(700 metros aproximadamente), donde se incluya un control de vegetación y demás
acciones necesarias para garantizar la protección de la vida de la población que habita
en el sector.

En primera medida de parte de la administración municipal, es necesario adquirir
información técnica de la zona, en la cual no solo se pretende intervenir la parte
afectada, sino que también todo el malecón, aproximadamente 700 metros de la franja
forestal, con influencia directa sobre la doble calzada Candelaria - Cali; por lo que se
solicitara de manera formal la siguiente información a las entidades accionadas:

• Estudio de topo batimetría o batimetría de la vuelta las córdobas, rio (sic)
Cauca; el cual lo tiene la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

• Estudio de impacto ambiental de la doble calzada Candelaria - Cali; se
solicitará al contratista encargado del desarrollo de esta obra y la secretaria de
Infraestructura y Valorización Departamental.
• Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del rio (sic) Cauca (cuenca
Guachal), a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

37

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
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De igual manera, como es necesario despejar la zona de intervención de especies
vegetales, de manera paralela se solicitará los siguientes conceptos técnicos:

• Concepto de intervención de especies forestales y gramíneas en la cara
húmeda del malecón del rio (sic) Cauca, a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca.

• Requisitos técnicos de protección personal y demás requisitos incluidos en la
normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo, para intervención con
equipo de podas la cara húmeda del malecón del rio (sic) Cauca. A la oficina
de salud ocupacional de la administración municipal.

En segunda instancia, la intención es presentar un proyecto de obra enfocado a
solucionar esta situación a entidades del orden nacional, las condiciones para lograr
este propósito son muy estrictas, pero totalmente necesarias puesto que el municipio
de Candelaria, no cuenta con la financiación para esta obra.

Este proyecto, debe de ser realizado en fases para asegurar que sea una obra
duradera y que no afecte la franja de protección forestal, el cauce del rio ni la vía.
Además, esta debe de ser una propuesta armonizada con el manejo adecuado de las
cuencas hidrográficas y la gestión del riesgo de desastres. Por lo que se enviara a las
demás entidades vinculadas, la propuesta técnica que había formulado secretaria de
Infraestructura y Valorización municipal para su revisión y ajustes, además de realizar
una proyección de precios para el año 2024 (con posibilidad de actualización) de esta
propuesta técnica.

Finalmente, se solicitara a las entidades vinculadas que, en sus planes de acción,
como el caso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (plan de
acción cuatrienal), la administración municipal de Candelaria en su plan de desarrollo
municipal y el PBOT; tengan en cuenta el componente programático necesario para
el desarrollo de esta obra a futuro, puesto que sin este objetivo cumplido, difícilmente
se puede hacer una intervención en esta área donde las condiciones son tan
complejas y pueden afectar no solo los recursos naturales, sino que también la
movilidad y la economía de la región […]”.

174.La CVC en el oficio de 29 de febrero de 202479 determinó que: “[…] Las
inundaciones de los años 2010 y 2011, le permitieron a la CVC, concebir lo que se
conoce como la Recuperación del Corredor del río Cauca con una conceptualización
amplia, en donde no es solo el problema de la mitigación adecuada de tierras lo que
se pretende, sino la recuperación de los ecosistemas propios del río, la
biodiversidad, y finalmente la expectativa de disminuir hacia aguas abajo el impacto
de las inundaciones gracias a lo posibilidades de laminar crecientes en sus
diferentes humedales, y en las bermas o espacios entre el cauce y los diques […]”.

175.Mencionó que en el año 2014 la Corporación suscribió el Convenio
Interadministrativo CVC 040 de 2014 con la Universidad del Valle, en el cual se
efectuó la zonificación del grado de amenaza por inundación y vulnerabilidad para
los elementos expuestos, cuya afectación se calificó como alta mitigable y alta no

79
Cfr. Índice 125 del expediente digital de primera instancia.

38

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mitigable. La figura 2 presenta los resultados de dicha zonificación en el sector de
Juanchito y la denominada Vuelta de las Córdobas, veamos:

“[…]

[…]”.

176. Señaló que el PBOT 2015 del municipio de Candelaria determinó que las zonas
de riesgo por inundación no mitigable y zona de protección ambiental del río Cauca
son las áreas localizadas en la margen derecha del río, con un ancho de franja de
100 m, establecida mediante la Resolución 100 0720-0730 del 4 de diciembre de
2014 “Por la cual se declaran concertados los asuntos ambientales concernientes a
la revisión excepcional de norma urbanística al Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio”. En el cual se reglamenta que para las áreas correspondientes a
Juanchito – sector del puente sobre el río Cauca y los 100 m paralelos al río Cauca
a lo largo de su recorrido en el territorio municipal, se define como áreas de riesgo
no mitigable y riesgo inminente desde el punto de vista técnico, ambiental, e
incompatibilidad con uso del suelo y en consecuencia toda ocupación debe ser
reubicada, sin que se requiera para ello las evaluaciones de amenaza, riesgo o
vulnerabilidad.

177. En consecuencia, se indicó que el fenómeno de inundación en el área de
Juanchito y el Malecón se encuentra caracterizada a partir de los estudios
adelantados, por lo cual deberán adelantarse las medidas estructurales y no
estructurales consideradas como resultado del Convenio 040 de 2014 entre la CVC
y la Universidad del Valle. Las medidas estructurales, deberán desarrollarse de
acuerdo a lo establecido en el PBOT del municipio de Candelaria, es decir, posterior
a la franja de los 100 metros paralelos al río Cauca.

178. Se consideró que, en relación con el fenómeno de erosión fluvial o de orillas en
el sector del Malecón de Juanchito podría generar afectaciones en el área de
influencia directa del cauce, la cual está caracterizada como área de riesgo no

39

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
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mitigable, por lo cual la medida definitiva debería ser la reubicación de toda la
infraestructura expuesta su área de influencia.

179.Se recomendó, como medida temporal, implementar una intervención para
mitigar la erosión marginal del río Cauca en su margen derecha y reducir el riesgo
de afectación a la vía Cali–Candelaria, evaluando alternativas como geobolsas,
tulas Big Bags, espolones, enrocados u otras soluciones similares; para ello, se
sugiere realizar valoraciones técnicas y económicas que permitan definir la opción
más viable, considerando el comportamiento hidráulico del río, de manera que se
controle la erosión de orilla sin generar impactos en otros sectores.

Asimismo, se propusieron actividades orientadas a la implementación y
180.
seguimiento de la alternativa seleccionada.

“[…] 1. Rocería en el área de estudio en la curva con problemas de erosión
La rocería permite visualizar el estado actual de la erosión, pues la vegetación
existente hace difícil la visualización de la situación actual de la problemática.
Esta es una limpieza no invasiva, es decir que, no afecta considerablemente la
situación existente, a diferencia si se efectúa una limpieza profunda.

2. Visita comisión interinstitucional para verificación de estado actual de la
situación
La visita en conjunto con las entidades involucradas por el Juez permitirá tener la
misma visión de la situación, se requiere tener consenso de la problemática.

3. Reunión para unificación de conceptos técnicos y definición del alcance de
consultoría para determinar la mejor alternativa de intervención
Como resultado de la reunión, se espera tener las pautas técnicas preliminares para
poder contratar un estudio, (Contrato de Consultoría), que dé como resultado las
condiciones para obtener la mejor alternativa de intervención seleccionada en la zona
de la erosión. La primera propuesta de solución al problema es un enrocado, sin
embargo, esta alternativa depende de la disponibilidad de material y de maquinaria
pesada, se propone verificar en conjunto otras alternativas y verificar su viabilidad
técnica y financiera.

4. Definición de presupuesto oficial de consultoría
Con base en la experiencia de los profesionales que asistan a la visita y posterior
reunión, debe lograse la determinación del valor de los estudios, como presupuesto
oficial de la futura contratación.

5. Definición de aportes para la ejecución, modalidad de contratación y
definición de entidad contratante de la consultoría
Los responsables de cada entidad deben reunirse para precisar los aportes de cada
uno.

6. Etapa precontractual
Consiste en adelantar por parte de la entidad escogida para adelantar los trámites
previos hasta la selección del mejor oferente y posterior suscripción del contrato de
consultoría […]”.

40

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

EL PLAN DE TRABAJO RESULTANTE SE PRESENTA ANEXO AL PRESENTE
ESCRITO.

7. Otras Acciones a Implementar.

7.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC iniciara los
procedimientos sancionatorios ambientales a que haya lugar, incluyendo las posibles
solicitudes de desalojo a las estructuras físicas, que se encuentren invadiendo la
franja protectora del Rio (sic) Cauca.

7.3. Colocar a disposición del despacho y las partes el link de la página web donde
se pueda monitorear de manera permanente y en tiempo real el Rio (sic) Cauca en el
sector de la “Vuelta de las Córdobas”.

7.4. Remitir de manera semanal al Despacho el monitoreo que se realice respecto del
Rio (sic) Cauca en el sector de la “Vuelta de las Córdobas.

7.5. Requerir nuevamente al Municipio de Candelaria con la finalidad que actualice el
POT y adopte las medidas necesarias para la prevención del riesgo y desastres.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, ha sugerido a las
otras Entidades estatales involucradas:
a. El cierre de la calzada de la vía que está siendo socavada por la erosión.
b. Establecer por parte de la Entidad encargada de la vía un contraflujo vial […]”
(negrilla del texto).

181. El documento de la CVC de 29 de julio de 202480 presenta un diagnóstico
técnico sobre los fenómenos de inundación y erosión de la orilla. En relación con
las inundaciones, se concluye que son recurrentes debido a la naturaleza del río
Cauca y que, según el Convenio Interadministrativo 040 de 2014, constituyen en
gran medida un riesgo no mitigable, dado que existe alta probabilidad de pérdida de
vidas humanas, bienes e infraestructura. Por ello, se indica que la medida más
adecuada es la reubicación inmediata de los asentamientos humanos y el traslado
de actividades económicas ubicadas en la zona. Esta situación ya había sido
reconocida en el PBOT 2015 del municipio de Candelaria, el cual clasificó estas

80
Cfr. Índice 139 del expediente digital de primera instancia.

41

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

áreas como de riesgo no mitigable y estableció restricciones estrictas de uso del
suelo, en los siguientes términos:

“[…] El PBOT 2015 del municipio de Candelaria determinó que las zonas de riesgo
por inundación no mitigable y zona de protección ambiental del río Cauca son las
áreas localizadas en la margen derecha del río, con un ancho de 100 m, establecida
mediante la Resolución 100 No. 0720-0730 del 04 de diciembre de 2014 “Por la cual
se declaran concertados los asuntos ambientales concernientes a la revisión
excepcional de norma urbanística al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio”.

Para las áreas correspondientes a Juanchito – sector del puente sobre el río Cauca y
los 100 m paralelos al río Cauca, a lo largo de su recorrido, en el territorio municipal
se define como áreas de riesgo no mitigable o riesgo inminente, desde el punto de
vista técnico, ambiental, e incompatibilidad con uso del suelo y en consecuencia
deben ser reubicados, sin que se requiera para ello las evaluaciones de amenaza,
riesgo o vulnerabilidad. Acuerdo 002 de 29 de enero de 2015, Artículo 42. Medidas
de mitigación, numeral 5: Reubicación a corto plazo de asentamientos de viviendas
subnormales que han invadido el Jarillón del Río Páraga, frente al barrio Obrero y
Panamericana, las viviendas localizadas debajo del puente sobre el Río Cauca y el
asentamiento de Domingo Largo, por encontrarse en zonas de riesgo no mitigable por
desbordamiento del mismo durante las épocas de invierno.

De igual forma se definió la recuperación de la franja protectora del río Cauca y dos
proyectos estructurantes en el sector de Juanchito. El primero es el parque Industrial
Juanchito, que contempla usos industriales de bajo y mediano impacto y de comercio,
así como servicios complementarios. El segundo proyecto es el Macro proyecto
Malecón Juanchito, el cual contempla usos recreativos culturales y comerciales, así
como servicios complementarios al turismo y a la recreación. […]”.

182.En cuanto a la erosión lateral del río, se explica que se trata de un proceso
natural asociado a la dinámica meándrica del Cauca, particularmente en sectores
como la vuelta de las Córdobas, donde predomina la erosión por fricción. Para
mitigar este fenómeno, desde los años 2011 y 2014 se han propuesto diversas
soluciones técnicas, como espolones, tablestacas, enrocados y otras obras de
protección de orilla. Además, la CVC cuenta con información técnica relevante,
como estudios topobatimétricos e históricos de inundaciones, que permiten
sustentar la necesidad de intervenciones diferenciadas y técnicamente
estructuradas para cada tipo de fenómeno.

183. Reposa, además, el informe de visita de la CVC de 2 de septiembre de 202481,
elaborado con el objeto de verificar el estado actual y el avance de la erosión lateral
y el socavamiento en la margen derecha del río Cauca. En ese documento se indicó
que:

“[…] este sector se presenta una erosión lateral en la margen derecha del rio (sic)
Cauca, que al momento de la visita no es observable desde la vía porque a pesar de
que la parte superior de un tramo de la borda ha sido intervenido recientemente y que
se encuentra despejado, la parte inferior del talud se encuentra cubierta de hierba y
maleza y otra cobertura vegetal.

81
Cfr. Índice 148 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

La observación de la erosión de orilla en el sitio es sobre los cambios que se perciben
a simple vista, Es necesario anotar que la erosión lateral actúa de dos formas con
dinámicas hídricas diferentes, una sobre el nivel del agua y otra por debajo del nivel
del agua, esta última solo podría determinarse mediante un estudio batimétrico en
una escala detallada con equipo adecuado para acceder al nivel del agua del río, de
modo que la apreciación y medición primaria del fenómeno sea directa, lo que debe
ser realizado por personal especializado.

Más adelante en el Malecón, (inmediaciones de la discoteca Agapito) la vegetación
ha cubierto la borda incluso en el lado que da a la vía, en este punto es aún más difícil
el acceso al punto de erosión debido a la alta pendiente y a la espesa cobertura
vegetal.

En el extremo oriental del malecón, en las inmediaciones de la discoteca Agapito, en
la parte de la borda que da hacía la vía se puede observar afectación por acción de
hormiga, la falta de limpieza y mantenimiento.

En el externo occidental (callejón Calitubos) a pesar de que la borda se encuentra
despejada, sin maleza y perfilada, no hay buena compactación y la borda ha perdido
uniformidad.

Como se ha manifestado en anteriores oportunidades, los sacos de arena que
conforman este realce han quedado expuestos, por lo que las estopas se han roto y
han perdido material, esto puede generar pérdida de soporte de la estructura.

Debido a los bajos caudales que ha presentado el río Cauca en los últimos meses se
puede inferir que la cota del agua no ha alcanzado el nivel de la erosión, sin embargo,
esta situación no se ha podido verificar en el terreno debido a las situaciones
anteriormente expresadas.

Por esta razón, es necesario el continuo seguimiento y monitoreo de las condiciones
de la borda y de la erosión en la margen derecha del rio (sic) Cauca en este punto.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

[…]

8. CONCLUSIONES:
Luego de lo observado y encontrado en la visita realizada al sector del malecón del
río Cauca en el municipio de Candelaria, se puede concluir lo siguiente:

El malecón Juanchito se encuentra ubicado en la orilla exterior de la curva de un
meandro del rio (sic) Cauca, factores como el caudal propio del rio (sic), los aumentos
súbitos en el nivel del agua, la carga sedimentaria del Cauca, la velocidad del agua,
la composición del sustrato y la pendiente del terreno tienden a generar meandros
más pronunciados, por lo que se espera que la erosión siga avanzando e incremente
la perdida de material debajo de la losa de concreto del malecón e incluso debajo de
la carpeta asfáltica de la vía Cali Candelaria.

En la visita, la observación de la erosión de orilla en el sitio es sobre los cambios que
se perciben a simple vista, de esta manera no es posible verificar si se ha
incrementado la erosión o se ha incrementado la perdida de material en el sustrato
que soporta el malecón y la vía, debido a la falta de mantenimiento y limpieza (despeje
y desmalezado) de la borda y de la parte inferior del talud que da al río y a la
imposibilidad de acceso desde la vía […]” (negrilla del texto).

184. También obra el informe de 7 de octubre de 2024 82, presentado por el
departamento del Valle del Cauca, en el que se dejó constancia de que, tras una
visita a la vía Cali–Candelaria, específicamente a la calzada sur o antigua calzada
en sentido Cali–Candelaria, se constató que se trata de una vía unidireccional de
dos carriles de 3,75 metros cada uno, con una berma de 2 metros, separada de la
doble calzada norte por un separador central aproximado de 6 metros.

185.Se indicó que el pavimento flexible asfáltico de la calzada sur se encontraba en
buenas condiciones, sin fallas estructurales ni obstáculos que afectaran su tránsito
normal. Sin embargo, también se verificó la existencia de un jarillón entre la orilla
derecha del río Cauca y el llamado Malecón Juanchito, que funciona como obra de
protección contra inundaciones a lo largo del meandro denominado curva de las
Córdobas, y se señaló expresamente que no existe un muro de contención, tal como
ya lo había aclarado la CVC.

186. Ese informe reconoció que la calzada sur se ubica relativamente cerca de la
orilla del río, en un sector donde desde hace muchos años se presenta el fenómeno
de erosión lateral en la margen derecha del Cauca, lo que ha generado incluso la
inundación de la vía.

187.Se encuentra además el contrato 0807 de 4 de diciembre de 202483, suscrito
entre la CVC y Sebastián Arango Serna, cuyo objeto consistió en la “[…] prestación
de servicios profesionales en la Dirección Técnica Ambiental para brindar apoyo
técnico y administrativo en la revisión de estudios y diseños dirigidos a la mitigación

82
Cfr. Índice 149 del expediente digital de primera instancia.
83
Cfr. Índice 176 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: "259_MemorialWeb_Anexos-
ContratoCVCNo0807(.pdf) NroActua 176”

44

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

de amenazas y riesgos naturales priorizados en el Valle del Cauca, desde el
componente de la ingeniería civil […]”.

188.Se allegó el informe de visita de 9 de enero de 2025, realizado por la CVC con
el propósito de verificar el estado actual y el avance de la erosión lateral y el
socavamiento en el sector del Malecón Juanchito, comprendido entre las discotecas
Agapito y Changó y el callejón Calitubos, así como las condiciones de la borda que
actúa como obra de mitigación contra inundaciones.

189. En ese informe se reiteró que el Malecón Juanchito se encuentra ubicado en la
orilla exterior de una curva de meandro del río Cauca y que, por factores como el
caudal, las crecientes súbitas, la carga sedimentaria, la velocidad del agua, la
composición del sustrato y la pendiente es esperable que la erosión siga avanzando
y aumente la pérdida de material debajo de la losa del malecón e incluso debajo de
la carpeta asfáltica de la vía Cali–Candelaria.

190.También se indicó que no era posible verificar visualmente, desde la vía, si la
erosión se había incrementado, debido a la falta de mantenimiento y limpieza de la
borda y del talud que da al río, y que la determinación precisa del incremento del
socavamiento solo podía realizarse mediante un estudio batimétrico detallado con
personal especializado. Además, se advirtió la construcción de un embarcadero
artesanal, carente de rigor técnico, que podía debilitar la borda y acelerar los
procesos erosivos.

191.Igualmente, reposa el informe técnico de 20 de marzo de 202584, elaborado por
el municipio de Candelaria a través de un equipo multidisciplinario conformado por
la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad Ambiental, la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Gobierno, con el objeto de verificar el estado actual de los puntos críticos de
erosión identificados por la CVC en 2022 y determinar si habían evolucionado hasta
constituir un riesgo inminente para la vida y los bienes de los habitantes del
corregimiento de Juanchito.

192. En el acápite de resultados y hallazgos se indicó:

“[…] 4.1 Verificación de la Evolución de los Puntos Críticos de Erosión

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de la CVC en 2022 fueron
evaluados durante la inspección ocular. Sin embargo, debido al alto nivel del agua en
el rio (sic) Cauca, no fue posible observar con claridad la evolución de las
socavaciones a través del monitoreo con DRON.

A pesar de esta limitación técnica, la inspección en campo permitió evidenciar
filtraciones de agua en los puntos 3 y 4, lo que confirma que el fenómeno de erosión
y socavación sigue activo y podría estar avanzando de manera subterránea.

84
Cfr. Índice 190 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

4.2 Infiltración de Agua en la Vía Cali – Candelaria

Durante la inspección se constató que el agua del río Cauca está ingresando a la via
Cali - Candelaria a través de los sumideros de aguas lluvias. De acuerdo con
información proporcionada por la Concesionaria Rutas del Valle SAS, esta filtración
se debe a que las válvulas antirretornos de los sumideros fueron robadas o
violentadas por personas inescrupulosas, lo que ha generado un flujo inverso del agua
desde el río hacia la vía.

4.3 Estado del Muro de Contención del Malecón

Se verificó que el farillón o muro de contención del malecón sigue cumpliendo su
función estructural, impidiendo que el agua del río se desborde hacia otros sectores
del corregimiento de Juanchito. No se evidenciaron daños estructurales significativos
en el muro que comprometan su estabilidad inmediata.

4.4 Evaluación del Riesgo para Viviendas y Empresas en el Area Afectada

Si bien es cierto que el sector conocido como La 94 se encuentra dentro de una zona
de riesgo no mitigable, debido a que está ubicado en la margen de protección del río
Cauca, los puntos críticos de erosión y socavación identificados en el informe de la
CVC de 2022 y corroborados en las diferentes inspecciones realizadas por la
Administración Municipal no han evidenciado afectación directa en esta área.

Es decir, en el área circundante a los puntos de erosión y socavación, no se identifican
viviendas, asentamientos humanos ni instalaciones industriales que estén
directamente expuestas al riesgo de erosión.

Sin perjuicio de que el sector La 94 esté clasificado dentro de la zona de riesgo no
mitigable, la evolución de la erosión observada en la margen derecha del río Cauca
no ha generado, hasta la fecha, un impacto estructural que represente un peligro
inminente para edificaciones o actividades humanas en este sector.

No obstante, se recomienda continuar con el monitoreo y evaluación técnica periódica
para prevenir futuras afectaciones que puedan comprometer la estabilidad del área y
su entorno. […]”.

193. En el acápite de conclusiones y recomendaciones, el informe destacó lo
siguiente:

“[…] 5.1 Conclusiones

• No se pudo evidenciar visualmente si la socavación ha aumentado desde
2022, debido al alto nivel del agua en el río Cauca, lo que impidió la
observación directa de las afectaciones.
• La erosión sigue activa en los puntos identificados previamente, pero no se
identificaron viviendas ni infraestructura industrial en riesgo inminente.
• El agua del río Cauca está ingresando a la vía Cali - Candelaria a través de
sumideros de aguas lluvias, lo que podría generar afectaciones en la
infraestructura vial.
• El muro de contención del malecón sigue cumpliendo su función, evitando que
el agua se desborde hacia otros sectores de Juanchito.

5.2 Recomendaciones

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

1. Realizar una inspección técnica con instrumentos de medición. especializados
para evaluar con mayor precisión la evolución de la socavación en los puntos
críticos, dado que el nivel del agua impidió la verificación visual directa.
2. Instalar nuevamente las válvulas antirretornos en los sumideros de aguas Iluvias
de la vía Cali - Candelaria, para evitar la infiltración de agua del río en la vía.
3. Monitorear periódicamente el estado del muro de contención y los puntos de
erosión para garantizar que no se genere una afectación estructural a futuro.
4. Utilizar este informe como sustento técnico para la apelación del fallo judicial,
destacando que no se encontraron viviendas ni infraestructura industrial en riesgo
inminente en la zona afectada por la erosión […]”.

194.Como puede apreciarse, el corregimiento de Juanchito es una zona
históricamente afectada por inundaciones. Ese territorio presenta condiciones
naturales que agravan el riesgo relacionadas con la dinámica meándrica del río
Cauca, la composición aluvial del suelo y la recurrencia de crecientes, lo que explica
los procesos de inundación y la erosión del territorio circundante.

195.Estas condiciones han sido reiteradas en los conceptos técnicos elaborados en
los años 2014, 2022, 2023 y 2024, en los cuales se advierte que la zona funciona
como una planicie de inundación y que los procesos erosivos son progresivos,
especialmente en el malecón de Juanchito, donde la socavación compromete la
estabilidad del terreno y de la infraestructura vial.

196.El material probatorio demuestra que las entidades han desarrollado visitas de
campo, han elaborado conceptos técnicos, y han participado en mesas
interinstitucionales. Asimismo, se acreditó que el PBOT de 2015 de Candelaria,
identificó zonas del corregimiento en riesgo alto mitigable y no mitigable.

197.No obstante, dichas actuaciones se han concentrado principalmente en la
identificación del riesgo y la formulación de recomendaciones, sin que se haya
logrado concretar una intervención estructural definitiva. En los años 2024 y 2025 la
erosión lateral persistía debido a factores hidráulicos propios del río Cauca, tales
como el caudal, la velocidad del flujo, la carga sedimentaria y la configuración del
meandro. Incluso se demostró que la pérdida de material bajo la losa del malecón
podría incrementarse, y que la falta de mantenimiento, la presencia de vegetación
y la imposibilidad de observación directa impiden determinar con precisión la
magnitud del fenómeno.

198.Tampoco se demostró que el sector objeto del debate judicial cuente con
estudios detallados a efectos de definir cuáles son las medidas necesarias de
gestión integral del riesgo.

199.Esos estudios son necesarios para establecer si dicho sector presenta un riesgo
no mitigable derivado de los dos puntos críticos de desbordamiento señalados por
el actor popular (calle 94 y la margen derecha del río en el Malecón de Juanchito),
junto con el alcance real de su impacto sobre la población y las actividades
económicas del área.

47

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

200.Además, esos estudios guardan una relación directa con el proceso de revisión
y actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que
actualmente adelanta el municipio, en la medida en que constituyen un insumo
indispensable para la adecuada planificación del territorio y la adopción de
decisiones orientadas a la reducción efectiva del riesgo.

201.Por lo tanto, resulta necesario ordenar al municipio de Candelaria que, con el
apoyo del departamento y la CVC, elabore los estudios técnicos detallados que
permitan caracterizar de manera integral la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo y
definir las medidas idóneas de intervención. Para ello, se deberá delimitar el terreno
que puede verse afectado por los fenómenos de erosión e inundación conforme a
la causa petendi, y en los sectores en donde el riesgo no sea mitigable, se elaborará
un censo con el propósito de adelantar las medidas de reubicación y recuperación
exigibles85.

202.Además, la Sala ordenará al municipio de Candelaria que, con el apoyo del
departamento del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, una vez elabore los estudios detallados, formule un plan de acción con
el propósito de adelantar las intervenciones necesarias en los sectores en riesgo
mitigable y no mitigable. Los plazos previstos en el Plan de Acción para la ejecución
de las medidas serán aprobados por el tribunal para garantizar que sean razonables
y serán objeto de verificación por parte del comité de verificación de cumplimiento
de la presente sentencia.

203.Finalmente, se pone de presente que no se impartirán medidas inmediatas de
traslado o evacuación preventiva de los habitantes del sector, hasta que se finalicen
los estudios detallados, pues la prueba allegada en segunda instancia acredita que
estas aún no son necesarias. En contraste, se ordenará al municipio que
implemente un sistema de monitoreo y alerta temprana mientras se elaboran los
estudios y se ejecutan las acciones respectivas, y que adopte las medidas
transitorias y urgentes que se identifiquen durante ese periodo en el marco del
monitoreo.

V.3.3. La prueba sobre la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente por las condiciones de
riesgo presentes en la vía cuestionada

204.El municipio afirmó que el tribunal de primera instancia no analizó la
responsabilidad del departamento del Valle del Cauca respecto de la vía Cali -
Candelaria, pese a que esta entidad es la encargada del mantenimiento y cuidado
de esa infraestructura vial.

85
Siguiendo el precedente de esta Sección contenido en la providencia de 1.° de agosto de 2024, radicación núm. 68001-23-
33-000-2023-00509-01, una vez efectuado el traslado o evacuación preventiva de la comunidad, el municipio deberá: a)
señalizar el sector; b) realizar obras de limpieza, recolección de residuos, manejo de aguas, cobertura y protección de la
corona, las grietas y el terreno expuesto del talud; c) disminuir la carga actual que existe sobre el terreno de la ladera; y d)
adoptar las determinaciones del caso ante el incumplimiento de las restricciones establecidas.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó en la sentencia de 17 de
205.
marzo de 2025 sobre el particular lo siguiente:

“[…] 89. El paso del río Cauca por el malecón del corregimiento de Juanchito
perteneciente al municipio de Candelaria presenta dos fenómenos naturales que
amenazan el bienestar, la integridad y la tranquilidad de la comunidad y con ello el
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Estos fenómenos son el riesgo por inundaciones – no mitigable – y la erosión de la
orilla.

90. Se trata de situaciones independientes y autónomas que deben ser atendidas con
medidas particulares para cada una de ellas, pues la erosión de la orilla no es
necesariamente la causante de las inundaciones, incluso antes de que se identificara
el fenómeno ya se presentaban inundaciones en el sector.

91. Así como tampoco lo es la construcción de la segunda calzada Cali – Candelaria
adelantada por el Concesionario Rutas del Sol (sic), pues como quedó claro, el río se
separa de la calzada por el malecón y la franja forestal protectora del río y no hay
prueba que permita establecer que la erosión está cerca de impactar la capa asfáltica
o que las labores realizadas y la maquinaria utilizada para la construcción de la
calzada sea la causante del daño. Pues se insiste se trata de fenómenos naturales.
[…]”.

206. Frente a esa decisión, la Sala advierte que, de conformidad con el literal b) del
artículo 2.° de la Ley 105 de 1993, “[…] corresponde al Estado la planeación, el
control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas
[…]”. Para ello, los artículos 19 y 20 de dicha ley asignan a la Nación y a las
entidades territoriales la responsabilidad de construir, conservar y planificar la
infraestructura de transporte de su competencia.

207. La Ley 1682 de 22 de noviembre de 201386 dispone en su artículo 287 que esa
infraestructura se caracteriza “[…] por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura,
de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al
cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a
facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos […]”.

208.En materia de gestión del riesgo, el artículo 2.4.9.2.2. del Decreto 1079 de 26
de mayo de 201588 establece que las entidades públicas y los particulares
encargados de estructurar, administrar o ejecutar planes y proyectos viales, “[…]
deberán evaluar las condiciones de riesgo a través de sus principales factores,
como amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad, para prever las actividades
preventivas, correctivas y prospectivas tendientes a reducir o mitigar los riesgos que
puedan generar daños en la infraestructura de transporte […]”.

86
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
87
“[…] la infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles
y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de
manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes
zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]”.
88
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte […]”.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

209.El parágrafo de la misma norma señala que “[…] deberá incorporarse la
reducción de riesgos de desastres en los planes y proyectos de infraestructura de
cada una de las entidades del sector, contando, entre otros, con metodologías de
planificación y con normas técnicas de diseño a lo largo del ciclo de formulación y
ejecución de proyectos […]”.

Ahora, dentro del expediente obran las copias de los contratos de obra números
210.
0111-18-10-5007 de 2017 y 1.310.02-59.8-5447 de 2018, suscritos por la
Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto es el siguiente:

“[…] Contrato No. 0111-18-10-5007
(22 DIC 2017)
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO
CANDELARIA 2018

[…] Que mediante la resolución 010-61-1380 del 13 de diciembre de 2017, se adjudicó
el contrato de obra pública de la Licitación Pública No. LP-SIV-003-2017 al
proponente CONSORCIO CANDELARIA 2018. 6. Que la actividad a contratar se
encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, las partes
celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA 1 -OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete para
con el DEPARTAMENTO a REALIZAR “LA CONSTRUCCION BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LA SEGUNDA CALZADA
CAVASA- CRUCERO CANDELARIA, QUE HACE PARTE DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA".
PARAGRAFO -ALCANCE DEL OBJETO. La obra pública a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas en las normas enunciadas en los documentos del Proceso
de la Licitación Pública LP-SIV-0032017, en especial el llamado "ANEXO. -
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" y Anexo No 1 Especificaciones técnicas.
CLÁUSULA 2 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Contrato
es de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL
CIENTO VEINTIUN PESOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($48.106.104.121,46,)

[…]

CLÁUSULA 5-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. a) Desarrollar el
objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo el Pliego de Condiciones. b) Entregar el
Cronograma estimado de obra para su aprobación por parte del interventor. c)
Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que le hagan. d)
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y la oferta presentada al
DEPARTAMENTO. e) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones. f) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecución del Contrato. g) Elaborar, suscribir y presentar al
DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de
Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato, para el pago deberá
anexar certificación (expedida por su contador, representante legal y/o revisor fiscal)
en la cual acredite encontrarse al día en los pagos de seguridad social y parafiscales

50

Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

de sus empleados. h) Entregar al contratante los informes que solicite. i) Certificar
previo a cada pago y para la liquidación del presente contrato el cumplimiento de los
pagos a seguridad social y parafiscal a que haya lugar de sus trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecución de la obra.

[…]

Contrato No. 1.310.02-59.8-5447
(19 NOV 2018)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRITO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS Y
EQUIPOS CANDELARIA 2020

[…] 7. Que mediante la resolución 1.310.02-59.8-1312 del 07 de noviembre de 2018,
se adjudicó el contrato de obra pública de la Licitación Pública No. LP-SIV-013-2018
al proponente CONSORCIO VIAS y EQUIPOS CANDELARIA 2020. 8. Que la
actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo
anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA 1 -OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se
compromete para con el DEPARTAMENTO a realizar "EL MEJORAMIENTO
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA CALI -
CANDELARIA, SECTOR CALI-CAVASA, VALLE DEL CAUCA. PARAGRAFO -
ALCANCE DEL OBJETO. La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones
técnicas en las normas enunciadas en los documentos del Proceso de la Licitación
Pública LP-SIV-0132018, en especial el llamado "ANEXO. - ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS" y sus Anexos y Especificaciones técnicas. CLÁUSULA 2
• VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Contrato es de
SESENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA PESOS ($64.472.544.960.00) MCTE,

[…]

CLÁUSULA 5- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. a) Desarrollar el
objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo el Pliego de Condiciones. b) Entregar el
Cronograma estimado de obra para su aprobación por parte del Interventor. c)
Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que le haga. d)
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al
DEPARTAMENTO. e) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones. f) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecución del Contrato. g) Elaborar, suscribir y presentar al
DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de
Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato, para el pago deberá
anexar certificación (expedida por su contador, representante legal y/o revisor fiscal)
en la cual acredite encontrarse al día en los pagos de seguridad social y parafiscales
de sus empleados. h) Entregar al contratante los informes que le solicite. i) Certificar
previo a cada pago y para la liquidación del presente contrato el cumplimiento de los
pagos a seguridad social y parafiscales a que haya lugar de sus trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecución de la obra […]” (negrilla
fuera de texto).

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Demandante: Rubén Amu Sierra

211.Sobre la situación del terreno en el sector del Malecón de Juanchito, el
Consorcio ICC del Valle, mediante certificación del 8 de julio de 202289, precisó que
en el área objeto de discusión no ha existido Jarillón, sino un socavón que
eventualmente podría comprometer la calzada sur; no obstante, aclaró que su
intervención se limita a la construcción de la calzada norte, por lo que la situación
identificada no pone en riesgo la inversión realizada en esa obra.

212.Con posterioridad, en el marco del cumplimiento de la medida cautelar, el
departamento informó que ha venido adelantando labores de rocería en el sector.
Sin embargo, indicó que, una vez entregada la vía a la concesionaria Rutas del
Valle, será esta la encargada de asumir las actividades de mantenimiento.

213.El informe del estado de la vía correspondiente al periodo entre el 1.° de agosto
y el 1.° de octubre de 202490 evidenció que la calzada sur se encuentra en buen
estado, construida en pavimento flexible asfáltico, sin fallas estructurales y en
adecuado funcionamiento. Asimismo, se constató la existencia de una borda entre
la orilla del río Cauca y el Malecón de Juanchito, que cumple una función de
protección contra inundaciones en la curva de las Córdobas, y se verificó que no
existe un muro de contención. De igual manera, se observó el avance en la
construcción de la segunda calzada en el costado norte, sin que ello genere
afectaciones sobre la calzada sur, lo que permite concluir que la infraestructura vial,
en sí misma, no presenta deterioro estructural asociado a las obras ejecutadas.

214.Finalmente se tiene que la Concesionaria Rutas del Valle el 23 de enero de
2025, en su escrito de alegatos de conclusión de primera instancia91, informó que
el 16 de octubre de 2024 suscribió el acta de entrega y recibo del tramo Cali -
Candelaria con la ANI. No obstante, precisó que dicha entrega no fue total, en la
medida en que contiene observaciones, limitaciones de responsabilidad y
exclusiones respecto de ciertos tramos de la infraestructura que no hacen parte del
alcance contractual de la concesión. Del escrito se destaca el siguiente apartado:

“[…] La vía Cali – Candelaria fue entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI a Concesionaria Rutas del Valle S.A.S, previo recibo de la Agencia por parte de
la gobernación del Valle del Cauca, el 16 de octubre de 2024. Dicha entrega se hizo
con las observaciones que se incorporaron en el texto del Acta.

Actualmente y producto de lo acordado en el Acta suscrita en octubre pasado,
actualmente nos encontramos con ANI, apoyado en la interventoría que designó para
el contrato de Concesión No. 001 de 2021, en revisión y consolidación del texto de un
Acta de Condición de Obra, “(…) donde se dejará constancia de la entrega por parte
de la ANI o quien esta indique, de la totalidad de información social, ambiental, predial
y técnica necesaria que permita a la CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S,
tener certeza de las condiciones técnicas de la segunda calzada construida en el
marco de los contratos de obra No. 0111-18-10-5007 y No. 1.310.02-59.8-5447

89
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “19_MemorialWeb_Anexos(.pdf)
NroActua 23” página 33.
90
Cfr. Índice 149 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “227_MemorialWeb_Anexos-
ANEXOSMEMORIALSEA(.pdf) NroActua 149”.
91
Cfr. Índice 178 del expediente digital de primera instancia.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

suscritos por la Gobernación del Valle del Cauca, sin que esto implique la asunción
de riesgos adicionales para la CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S o para
la ANI, quien podrá repercutir contra la Gobernación del Valle del Cauca (…)”, en los
términos descritos en el Acta de entrega y recibo suscrita entre ANI y Concesionaria.
[…]”.

215.Esta autoridad judicial resalta que, en el presente caso, no se acreditó que se
haya superado la problemática asociada al fenómeno erosivo y de inundaciones
que colinda con esa infraestructura vial. Las pruebas recapituladas en el anterior
acápite dan cuenta de la persistencia de dichos fenómenos y de la ausencia de una
intervención integral que permita afirmar su mitigación definitiva.

216.Si bien se verificó que la infraestructura vial, particularmente la calzada sur, se
encuentra en buen estado y en funcionamiento, ello no desvirtúa la existencia de un
riesgo latente y progresivo asociado a la dinámica del río Cauca, el cual continúa
generando procesos de erosión y potenciales afectaciones sobre el entorno y la
propia vía.

217.En esa misma línea, se advierte que subsiste un debate en torno a las
responsabilidades sobre el cabal funcionamiento del tramo colindante, pues no se
encuentra plenamente acreditado si la infraestructura fue transferida en su totalidad
por el departamento a la ANI o si dicha entrega se encuentra condicionada por
observaciones, limitaciones o exclusiones respecto de determinados sectores.

218.En este orden de ideas, como la acción popular no puede ser utilizada para
obtener la declaratoria de nulidad de contratos o actos administrativos, ni para
debatir aspectos relacionados con su validez o con el cumplimiento de obligaciones
contractuales, es necesario adoptar una medida que mitigue la amenaza al derecho
colectivo amparado que persiste en este punto, sin que ello implique resolver las
controversias propias de competencia del juez ordinario.

219. Por lo tanto, la Sala le ordenará al municipio de Candelaria, al departamento
del Valle del Cauca, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y a
la Agencia Nacional de Infraestructura que, en el marco de sus competencias en
materia de gestión del riesgo, en el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta sentencia, realicen una visita técnica conjunta al tramo de la
vía a Candelaria, en el sector donde se encuentra el Malecón de Juanchito y las
discotecas Chango y Agapito, en la que se evaluará si existe alguna medida de
mitigación y/o prevención del riesgo pendiente para el adecuado funcionamiento de
la vía; igualmente se identificará si el departamento o la ANI son los responsables
de dicho tramo, así como los tiempos necesarios para su cumplimiento por parte de
la entidad responsable. Esos plazos serán objeto de seguimiento por el comité de
verificación y se entenderán incorporados a la presente sentencia.

220.En ese contexto, la Sala además modificará el ordinal primero de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la falta de

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

legitimación en la causa por pasiva de la ANI, toda vez que, ante la incertidumbre
existente sobre la distribución de responsabilidades en el tramo de la carretera
objeto de análisis y la persistencia de una situación de riesgo acreditada, resulta
necesario reconocer que dicha entidad cuenta con competencias que justifican su
vinculación al presente asunto.

221. La ANI, conforme al Decreto 4165 de 3 de noviembre de 201192, es responsable
de “[...] planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para
el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro
tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno
Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo,
dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y
competencias y su asignación [...]”.

222. Entre otras funciones, esta entidad se encarga de: i) identificar, analizar, valorar,
distribuir y administrar los riesgos de los proyectos de concesión; ii) verificar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes93; y iii) prevenir riesgos y daños
antijurídicos94.

223.Por lo tanto, su participación resulta relevante para efectos de intervenir en la
elaboración de los estudios técnicos que permitan determinar la naturaleza y
alcance del riesgo existente y establecer si, en el marco de sus competencias, debe
implementar acciones específicas frente a la situación evidenciada. Aun así, la Sala
no modificara esa orden respecto concesionario, en tanto ello desbordaría el objeto
de la presente acción popular al existir una controversia contractual.

V.3.4. La responsabilidad de los apelantes en la transgresión de los derechos
colectivos

224.Los recurrentes señalaron que el tribunal de primera instancia desconoció sus
competencias en materia de gestión de riesgos, y que las demás entidades del
SNGRD, especialmente el municipio de Candelaria, son quienes deben cumplir con
las órdenes de amparo.

225.El artículo 2.° de la Ley 1523 señaló que la gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por ende, “[…]
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo […] en el marco de sus competencias, su ámbito de

92
“[...] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) [...]”.
93
Artículos 4, numeral 11; 15, numeral 6 del Decreto 4165 de 2011.
94
Artículo 16, numeral 10 ibidem.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.

226. El artículo 10 de la Ley 1931 de 27 de julio de 201895 estableció que la “[…]
articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo de desastres, se basará fundamentalmente en lo
relacionado con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo asociados a
los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales
modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio
climático. […]”.

227.Conforme a lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° de la Ley 1523 y 4.° de la Ley
1931 las entidades demandadas, como miembros del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SNGRD), del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del
Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), orientan y coordinan actividades
de gestión ambiental, ordenación del territorio, planificación del desarrollo,
adaptación al cambio climático y conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades.

228.En este contexto, la Sala estudiará las responsabilidades de los apelantes en la
transgresión de los derechos colectivos amparados, conforme a lo acreditado en el
plenario y teniendo en cuenta los planteamientos de cada apelación.

i) La responsabilidad del municipio en el caso concreto

229.El municipio de Candelaria señaló que la responsabilidad por la vulneración del
derecho colectivo amparado recae en las demás entidades demandadas
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, porque
adelantó las acciones de su competencia conforme a sus capacidades
presupuestales.

230. Para garantizar el ordenamiento seguro del territorio, los artículos 8, 9, 12, 13,
14, 15 y 16 de la Ley 388 explicaron que el municipio en el instrumento de
ordenamiento territorial define el suelo de protección no apto para la localización de
los asentamientos humanos, por estar catalogado bajo riesgo no mitigable. Además,
debe señalar el inventario de las zonas que presentan alto riesgo por amenazas
naturales para la localización de viviendas, así como “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres […]”.

231.En el ejercicio de la función urbanística, los municipios y distritos deben tener
en cuenta las “[…] políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”, como normas de superior jerarquía,

95
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO […]”.

55

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Demandante: Rubén Amu Sierra

en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo
10 de la Ley 388.

232.Los artículos 37 al 41 de la Ley 1523 señalaron que las autoridades municipales
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión un plan de
gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias
en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar armonizado con el plan o esquema
de ordenamiento territorial.

233.Según los artículos 121 de la Ley 388 de 1997, 76 de la Ley 715 de 2001 y la
Resolución 448 de 17 de julio de 201496, los alcaldes deben: i) promover, cofinanciar
o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa
contra inundaciones y regulación de cauces en coordinación con otras entidades; ii)
reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos en suelo urbano, rural y
de expansión urbana; y iii) evitar que áreas de riesgo no recuperable desalojadas
vuelvan a ocuparse con viviendas.

234.La Sala no desconoce que, en el caso concreto, el municipio ha adelantado
gestiones en el marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y
ha solicitado apoyo a distintas entidades. Sin embargo, el acervo probatorio
demuestra que la problemática reviste una gravedad estructural, conocida y
prolongada en el tiempo, frente a la cual no se han adoptado medidas eficaces para
su solución definitiva.

235. Desde el estudio elaborado en el marco del Convenio CVC 040 de 2014 se
advirtió que el área del Malecón de Juanchito presenta un riesgo alto de inundación,
tanto mitigable como no mitigable, con antecedentes históricos de afectaciones
reiteradas desde 1949 y con una exposición significativa de población,
infraestructura y actividades económicas.

236. A ello se suma que el PBOT del municipio reconoció expresamente que las
zonas de riesgo alto no mitigable serían objeto de reubicación. Ese instrumento de
ordenamiento territorial se encuentra actualmente en fase de revisión y ajuste, lo
que evidencia que el propio ente territorial reconoce la necesidad de actualizar y
fortalecer la planificación frente a estos riesgos.

237.Adicionalmente, la responsabilidad del municipio se configura porque no se ha
logrado estructurar ni ejecutar una intervención integral basada en estudios técnicos
detallados que permitan definir con precisión las acciones de mitigación del riesgo.
Por el contrario, las actuaciones se han limitado, en gran medida, a diagnósticos,

96
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para que los
municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos en alto
riesgo de desastres […]”.

56

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Demandante: Rubén Amu Sierra

visitas y recomendaciones de la CVC, sin que exista claridad sobre una solución
concreta, técnicamente sustentada y financieramente estructurada.

238.En relación con la falta de recursos económicos, esta Sección reiteró, en
sentencia proferida el 16 de mayo de 201997, que las autoridades no pueden
excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía de los derechos con
fundamento en la falta de recursos.

239.De hecho, aún no se cuenta con información suficiente sobre la magnitud del
socavamiento, la dinámica subterránea del fenómeno o la alternativa de
intervención más adecuada, lo que ha impedido avanzar hacia la ejecución de obras
efectivas.

En consecuencia, los reparos del recurrente aquí estudiados no cuentan con
240.
vocación de prosperidad.

ii) La responsabilidad del departamento del Valle del Cauca

241.El artículo 298 de la Constitución Política prevé que “[…] los departamentos
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación
de los servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”.

242. Según los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de
200198 y la Resolución 448 de 17 de julio de 201499, los alcaldes deben: i) promover,
cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra inundaciones y regulación de cauces en coordinación con
otras entidades; ii) reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario
de asentamientos en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos en
suelo urbano, rural y de expansión urbana; y iii) evitar que áreas de riesgo no
recuperable desalojadas vuelvan a ocuparse con viviendas.

243.En este contexto, el sistema jurídico de gestión de riesgos facultó a los
municipios que no están en la capacidad de asumir sus competencias, para solicitar
la concurrencia del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

244.De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, los gobernadores “[…]
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo,
lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia

97
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, radicación
170012333000201700452-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
98
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
99
“[…] Por la cual se establecen los lineamientos para que los municipios y distritos recojan y suministren la información para
conformar el inventario nacional de asentamientos en alto riesgo de desastres […]”.

57

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las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo
de desastres en el ámbito de su competencia territorial […]”.

245.Los gobernadores, al fungir como jefes de la administración, tienen el deber de
poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo
de desastres en su territorio, e integrar la gestión del riesgo en la planificación del
desarrollo departamental. Igualmente, están a cargo de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios que
integran su departamento.

246.El artículo 74100 de la Ley 715 reiteró el deber de apoyo financiero, técnico y
administrativo encomendado al departamento, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.

Frente al cumplimiento de esos mandatos legales, en el proceso se demostró
247.
que la problemática objeto de análisis superó la capacidad de respuesta del
municipio.

248. En ese contexto, la magnitud del riesgo, la insuficiencia de la capacidad técnica
y financiera del municipio y la necesidad de estructurar una respuesta integral y
coordinada imponen la participación efectiva del nivel departamental. A ello se suma
que el departamento ha participado en espacios interinstitucionales orientados a la
formulación de soluciones, lo que refuerza su deber de intervenir de manera activa.

249.Por lo tanto, las responsabilidades del departamento no son como autoridad
ambiental, sino desde sus funciones legales y reglamentarias en materia de gestión
del riesgo.

iii) La responsabilidad de la CVC

250.La autoridad ambiental sostiene que adelantó todas las acciones de su
responsabilidad desde antes y durante el desarrollo del proceso y que, por lo tanto,
la Sala debe revocar las órdenes a su cargo y declarar que cumplió sus deberes
legales.

100
“[…] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo
económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
Competencias: […]
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de
estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y
vigilancias ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
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251.Frente al planteamiento, se pone de presente que los principios de
gradualidad101, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, sistémico102,
autogestión103, corresponsabilidad y responsabilidad guían el funcionamiento del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional del
Cambio Climático, conforme a los artículos 209 de la Constitución Política, 6.° de la
Ley 489 de 29 de diciembre de 1998104, 3.° de la Ley 1523 y 2.° de la Ley 1931 de
2018.

252.Estos principios permiten la articulación de las entidades demandadas en el
ejercicio de sus competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la
gestión del riesgo, en la conservación del entorno natural y en la adaptación al
cambio climático.

253. Concretamente, las corporaciones autónomas regionales, según los artículos
10105, 23 y 24106 de la Ley 388 de 1997 y el numeral 5° del artículo 31 de la Ley 99,
asesoran a los municipios en el ejercicio de la función urbanística respecto del
componente ambiental. En consecuencia, esas autoridades participan en los
procesos de planificación y ordenamiento del territorio.

254. En virtud de los numerales 12, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99, las
corporaciones autónomas regionales, como máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción, ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; imponen
y ejecutan a prevención las medidas de policía; sancionan la transgresión de las
normas ambientales; y coordinan con las entidades territoriales la realización de
proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente y los
recursos naturales renovables.

255.Las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del SNGRD, son
corresponsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y
apoyan a las entidades territoriales en la elaboración de los estudios necesarios

101
“[…] La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que
se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en
el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad
que se beneficia […]”.
102
“[…] La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades
estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de
competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración […]”.
103
“[…] Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del
cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
104
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
105
“[…] ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU ORDEN DE PREVALENCIA […]”.
106
“[…] ARTÍCULO 24.- Instancias de concertación y consulta. (…) 1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la
Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o
distrito concierten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y
sustentadas en estudios […]”.

59

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para el conocimiento y la reducción de este, integrando dicha información a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo107.

256. En el caso concreto, se acreditó que la CVC identificó una amenaza alta de
inundación, así como un proceso erosivo, derivados del comportamiento de la
cuenca y las condiciones geológicas y morfodinámicas del terreno, lo que evidencia
un conocimiento técnico de la situación de riesgo. No obstante, dicha actuación se
limitó esencialmente a la fase de diagnóstico, sin que se advierta la adopción de
medidas adicionales orientadas a la reducción efectiva de la amenaza, ni el impulso
de acciones concretas de coordinación interinstitucional con el municipio y el
departamento.

257. La función de la autoridad ambiental no se agota en la producción de
información técnica, sino que comprende también el deber de orientar, acompañar
y articular la gestión del riesgo dentro de su ámbito de competencias, especialmente
cuando se trata de fenómenos asociados a condiciones ambientales del territorio.

258.En ese contexto, si bien la CVC cumplió parcialmente con la fase de
conocimiento del riesgo mediante la elaboración de estudios técnicos, no se
evidencia que haya avanzado de manera efectiva hacia la concertación e
implementación de medidas de mitigación.

Finalmente, la Sala no se pronunciará sobre los reparos expuestos por el
259.
departamento frente a los deberes legales de la autoridad ambiental en el caso
concreto, dado que el tribunal de primera instancia la declaró corresponsables en el
marco de sus competencias en materia ambiental y de gestión de riesgo.

iv) La responsabilidad de la UNGRD en el caso concreto

260.La UNGRD explicó que no tiene competencia ni responsabilidad directa en la
ejecución de medidas locales de gestión del riesgo, pues su función es coordinar,
asesorar y fortalecer las capacidades de los entes territoriales, siendo los municipios
y departamentos los responsables exclusivos de implementar las acciones de
prevención, reducción y manejo de desastres en sus jurisdicciones.

261. Agregó que no gestiona recursos para la implementación de proyectos de
gestión de riesgo o para la ejecución de obras. La Ley 1523 de 2012 asignó aquellas
obligaciones a las entidades territoriales y a las corporaciones autónomas
regionales, mientras que la Ley 715 de 2001 determinó que los municipios se
encargan directamente de atender los asuntos medioambientales y de prevenir y
gestionar los desastres con recursos propios o del Sistema General de
Participaciones.

107
Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.

60

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262.Valga precisar que, según las competencias previstas en el artículo 18 de la Ley
1523 de 2012, y en los numerales 2.°, 3.°, 6.°, 8.° y 9.° del artículo 4.º108 del Decreto
Ley 4147 de 2011, la UNGRD además de coordinar el SNGRD, apoya a las
entidades territoriales en la formulación e implementación de sus planes de gestión
del riesgo, propone y articula proyectos, y gestiona recursos con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

263.En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la gestión del
riesgo es principalmente responsabilidad del municipio, pero si el ente territorial no
puede cumplir con esta tarea, podrá solicitar ayuda de la UNGRD, siguiendo los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

264.De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que los argumentos de apelación
formulados por la UNGRD no desvirtúan los fundamentos de la decisión de primera
instancia. Si bien la entidad actúa como órgano coordinador del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, su papel no se agota en la simple asesoría
técnica o acompañamiento institucional, sino que comporta un deber activo de
coordinación y apoyo a las entidades territoriales cuando estas carezcan de la
capacidad operativa o financiera para atender adecuadamente situaciones de
emergencia, conforme a los principios de subsidiariedad positiva, concurrencia y
coordinación previstos en la Ley 1523 de 2012.

265. En el caso concreto, se demostró que desde el año 2022 la entidad conocía de
la problemática cuando participó en la reunión del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres del municipio de Candelaria, realizada el 27 de octubre de
2022109, por lo que el reparo sobre la falta de prueba de la radicación del oficio de
1.° de septiembre de 2022, carece de objeto.

266.En ese contexto, las actuaciones acreditadas en el plenario en materia de
asesoría y apoyo al municipio resultan insuficientes frente a las obligaciones
derivadas de los artículos 18 de la Ley 1523 de 2012 y 4.º del Decreto Ley 4147 de
2011, que atribuyen a la UNGRD la responsabilidad de gestionar recursos,
coordinar la atención de desastres y fortalecer las capacidades locales.

108
La norma prevé las siguientes funciones: “[…] 1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y
territorial.
2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de
desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.
3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión
del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD y
actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD.
(…) 6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento institucional para la gestión
del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes
Territoriales.
(…) 8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD.
(…) 9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país. […]” (Negrilla fuera de texto).
109
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “12. Acta No. 01. MESA TECNICA
PARA ATENCION DE PROBLEMATOCA DE EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RIO CAUCA CANDELARIA”.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

267.En consecuencia, se confirma la responsabilidad declarada en la sentencia de
primera instancia, en cuanto reconoce a la unidad un papel esencial dentro de la
estrategia nacional de gestión del riesgo, no solo como ente orientador, sino también
como agente de coordinación interinstitucional y apoyo subsidiario efectivo frente a
desastres previsibles técnicamente, siguiendo el precedente de esta Sección de 30
de octubre de 2025110.

V.3.5. El desconocimiento de los mecanismos legales de financiación de
proyectos de gestión de riesgo

268. La UNGRD insistió que el juez de la primera instancia no consideró que el
municipio cuenta con el Fondo Territorial, entre otros mecanismos creados para
financiar los proyectos de gestión del riesgo de desastres.

269.En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los artículos 47 y
54 de la Ley 1523 ordenaron la creación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos objetivos generales,
de interés público, son “[…] la negociación, obtención, recaudo, administración,
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los
recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política
de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastre […]”.

270.En los términos del parágrafo 2 del artículo 47 ibidem, el precitado Fondo
Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa
subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad […]”. Igualmente, “[…] Las administraciones
departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar
sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

271. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley 1523
estableció que las “[…] entidades del orden nacional, regional, departamental,
distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán […] las partidas
presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le
competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres […]”.

110 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 68001-23-33-000-
2021-00112-01.

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Radicación núm. 76001-23-33-000-2022-00987-02
Demandante: Rubén Amu Sierra

272.De esta manera, se resalta que, aunque el municipio sea el principal
responsable de la gestión del riesgo de desastres en su territorio, en los eventos en
que no esté en capacidad de asumir la respectiva competencia, podrá solicitar la
concurrencia del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

273.Este apoyo se extiende al componente financiero, independientemente de la
existencia de los Fondos Territoriales, cuando los recursos allí previstos no son
suficientes para atender las problemáticas.

V.3.6. La pertinencia de las órdenes de amparo

274.Los apelantes consideran que las órdenes impartidas por el a quo son
impertinentes porque: i) no están respaldadas en un dictamen técnico que justifique
su necesidad y alcance; ii) desconocen la distribución legal de competencias entre
las entidades involucradas, iii) los plazos son insuficientes; y iv) resultan
indeterminadas o de difícil ejecución en términos prácticos, técnicos y
presupuestales dado que debería precisarse el porcentaje de ejecución de cada
entidad.

275.Para resolver, la Sala resalta que, según el artículo 34 de la Ley 472, la
sentencia que acoja las pretensiones de la demanda en el trámite de las acciones
populares podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración si es posible.

276.La norma establece adicionalmente que la orden de hacer o de no hacer deberá
definir de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de la demandante.

277.Lo anterior cobra relevancia en la medida en que, para el cumplimiento de la
sentencia, las entidades públicas deben realizar ciertas actividades presupuestales
y contractuales y, en consecuencia, las órdenes deben tener en cuenta el tiempo
necesario para la ejecución de dichos trámites.

278. En el caso concreto se ordenó:

“[…] TERCERO: Bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta
sentencia y los principios de precaución, coordinación, concurrencia, y
subsidiaridad (sic) positiva ORDENAR:

• Que el municipio de Candelaria dentro de los seis (06) meses siguientes a la
notificación de esta providencia adelante todas las gestiones administrativas y

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Demandante: Rubén Amu Sierra

presupuestales necesarias y materialice la reubicación inmediata de cualquier
asentamiento humano de esta zona y el traslado de toda actividad industrial,
comercial y agrícola que se desarrolle sobre la misma, según los parámetros
establecidos en el Convenio Interadministrativo 040 de 2014 y el PBOT 2015.

• Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en el término
de tres (03) meses contados a partir de la notificación de esta providencia actualice
el diagnóstico y defina la solución, conforme lo planteado en el Convenio
Interadministrativo 040 de 2014, el concepto técnico emitido por la CVC, con ocasión
de la visita que llevó a cabo el 7 de junio de 2022 y demás informes de visita allegados
al expediente, para atender la erosión del río Cauca en el sector del Malecón del
Juanchito.

• Que el municipio de Candelaria, el Departamento del Valle del Cauca, la Unidad
Nacional para Gestión del Riesgo y Atención de Desastres - UNGRD y la Corporación
Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC, en el término de seis (6) meses
contados a partir de la actualización y diagnóstico de los estudios a cargo de la CVC,
adelanten todas las gestiones administrativas y presupuestales necesarias y ejecuten
la solución técnica definida que mitigue la erosión de la orilla del Río Cauca en el
sector conocido como el Malecón de Juanchito. […]” (negrilla del texto).

279.En este contexto, la Sala pone de presente que, si bien el artículo 34 de la Ley
472 de 1998 faculta al juez popular para exigir la materialización de conductas
necesarias que pongan fin a la vulneración de los derechos colectivos, dicha
potestad debe armonizarse con los principios de planeación y programación
integral.

280.Además, esta Sección ha sostenido que las órdenes impartidas en el marco de
una acción popular no pueden desconocer la realidad administrativa de las
entidades públicas111. Aun así, esto no significa que esta autoridad judicial pueda
imponer porcentajes de cumplimiento financiero como lo solicita el departamento,
pues esto desconocería los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad que guían el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional del Cambio Climático,

281.Conforme a este criterio jurisprudencial y a lo acreditado en el plenario, la Sala
modificará las órdenes impartidas en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, con el propósito de ajustarlas tanto al marco
competencial de las entidades involucradas como a la necesidad de contar
previamente con estudios técnicos integrales que permitan identificar las causas del
fenómeno y los responsables de adoptar las medidas correctivas correspondientes.

282. Además, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la referida
sentencia, para que el magistrado ponente del tribunal de primera instancia presida
el comité de verificación de cumplimiento de la presente sentencia, conforme al
criterio jurisprudencial adoptado por la Sección en la materia112.

111
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm. 17001-23-33-000-2019-00188-01, demandante: Enrique Arbeláez Mutis.
112
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López. radicación núm.
6300123330002020-00407-01 (AP).

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Demandante: Rubén Amu Sierra

283.Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre los demás
argumentos de las apelaciones relacionados con la pertinencia de las órdenes de
amparo.

284.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012113 y atendiendo el criterio sostenido por la
Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019114, no
se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, tercero y quinto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, los cuales quedarán así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Concesionario Rutas del Valle S.A.S., conforme las
consideraciones expuestas.

[…]

TERCERO: Bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia y
los principios de precaución, coordinación, concurrencia, y subsidiariedad positiva:

3.1. ORDENAR al municipio de Candelaria que, con el apoyo del departamento del
Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y dentro
del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
elabore los estudios técnicos detallados que permitan caracterizar de manera integral
la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y definir las medidas idóneas de intervención
en el sector del Malecón de Juanchito afectado por los dos puntos críticos de
desbordamiento señalados por el actor popular (calle 94 y la margen derecha del río
en el Malecón de Juanchito).

Para ello, se deberá delimitar el terreno que puede verse afectado por los fenómenos
de erosión e inundación conforme a la causa petendi, y en los sectores en donde el
riesgo no sea mitigable, se elaborará un censo con el propósito de adelantar las
medidas de reubicación y recuperación exigibles.

3.2. ORDENAR al municipio de Candelaria que, con el apoyo del departamento del
Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, una vez
elabore los estudios detallados, formule un plan de acción con el propósito de

113
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
114
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

adelantar las intervenciones necesarias en los sectores en riesgo mitigable y no
mitigable. Los plazos previstos en el plan de acción para la ejecución de las medidas
serán aprobados por el tribunal para garantizar que sean razonables y serán objeto
de seguimiento por parte del comité de verificación de cumplimiento de la presente
sentencia.

3.3. ORDENAR al municipio de Candelaria, al departamento del Valle del Cauca, a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y a la Agencia Nacional de
Infraestructura que, en el marco de sus competencias en materia de gestión del
riesgo, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, realicen una visita técnica conjunta al tramo de la vía a Candelaria, en el
sector dónde se encuentra el Malecón de Juanchito y las discotecas Chango y
Agapito, en la que se evaluará si existe alguna medida de mitigación y/o prevención
del riesgo pendiente para el adecuado funcionamiento de la vía; igualmente se
identificará si el departamento o la ANI son los responsables de dicho tramo, así como
los tiempos necesarios para su cumplimiento por parte de la entidad responsable.
Esos plazos serán objeto de seguimiento por el comité de verificación y se entenderán
incorporados a la presente sentencia.

3.4. ORDENAR al municipio de Candelaria que implemente un sistema de monitoreo
y alerta temprana mientras se elaboran los estudios y se ejecutan las acciones
respectivas, y que adopte las medidas transitorias y urgentes que se identifiquen
durante ese periodo en el marco del monitoreo.

3.5. ORDENAR a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD
que cumpla con sus funciones de coordinación y apoyo técnico y financiero en la
gestión del riesgo objeto del debate judicial.

[…]

QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación del cumplimiento de la presente
sentencia, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del tribunal de
primera instancia, quien lo presidirá; por el actor popular; por el delegado del
municipio de Candelaria; por el delegado del departamento del Valle del Cauca; por
el delegado de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres; por el delegado
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; por el delegado de la
Agencia Nacional de Infraestructura y por el agente del Ministerio Público [...]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 17 de marzo de
2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

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Demandante: Rubén Amu Sierra

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
.

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