Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2021-00320-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2021-00320-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 52001-23-33-000-2021-00320-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 52001-23-33-000-2021-00320-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: LUZ DARY MEDINA SARRIAS Y JAIME HERNANDO
GAVIRIA VALLEJO
TESIS: LA UNGRD, AL SER PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO Y CUMPLIR FUNCIONES DE APOYO TÉCNICO
A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, PUEDE SER VINCULADA EN LA
PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO QUE AMPARA EL DERECHO
COLECTIVO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TECNICAMENTE.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES1
contra la sentencia de 19 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño2, que dispuso la protección de los
derechos colectivos invocados.
1 En adelante UNGRD.
2 En adelante el Tribunal.
2
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VALLEJO
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
Los ciudadanos LUZ DARY MEDINA SARRIAS y JAIME
HERNANDO GAVIRIA VALLEJO, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la
Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de
19983, presentaron demanda ante el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Mocoa4, contra el MUNICIPIO DE
MOCOA5, el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO6 y la UNGRD por
estimar que vulneraron los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
I.2. Hechos
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 El Juzgado mediante auto de 26 de julio de 2021 declaró su falta de competencia para
conocer del asunto y, en consecuencia, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Nariño, que en auto de 6 de septiembre del mismo año avocó el conocimiento del proceso.
5 En adelante, EL MUNICIPIO.
6 En adelante, EL DEPARTAMENTO.
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Afirmaron que residen en el Barrio Olímpico de la ciudad de Mocoa,
en un inmueble de su propiedad, que colinda con la Institución
Educativa Pío XII, cuyo muro de cerramiento perimetral presenta
afectación en su estructura por debilitamiento del terreno, causado
por aguas lluvias.
Señalaron que lo anterior fue advertido al MUNICIPIO para que
tomara las medidas necesarias tendientes a evitar daños a los
estudiantes de la Institución Pio XII, la cual fue resuelta por la
Secretaría de Infraestructura y Gestión del Riesgo, mediante
comunicación núm. SOI-CMGRD 1160/2019 de 9 de octubre de 2019,
en el sentido de informarles acerca de la realización de una visita
técnica para determinar el tipo de intervención procedente. Dicha
Solicitud fue reiterada a la Alcaldía el 25 de noviembre de 2019.
Sostuvieron que el 17 de marzo de 2020 el MUNICIPIO llevó a cabo
la visita técnica a las instalaciones de la Institución Pio XII, al cabo
de la cual se suscribieron unos compromisos de gestión y mitigación
y que el 4 de agosto del mismo año, la autoridad Departamental
rindió informe de otra visita técnica, que puso de presente el riesgo
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inminente del deslizamiento del talud, la urgencia de construcciones,
la necesidad de adelantar una consultoría en geotecnia, demoler el
muro actual y complementar con un cerramiento en malla
eslabonada.
Indicaron que la Secretaría de Gestión del Riesgo Municipal respondió
a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo en el sentido de
informar sobre su participación en la demolición del muro y la
obligación de la autoridad Departamental de contratar la consultoría;
sin embargo, transcurrieron más de 8 meses sin avance alguno en la
toma de medidas de mitigación del riesgo.
Mencionaron que la Defensoría requirió nuevamente a las
autoridades territoriales, pero hasta la fecha de presentación de la
demanda no han dado solución a la problemática descrita.
I.3. Pretensiones
Formularon sus pretensiones en los siguientes términos:
“[…] que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se
declare que se encuentran vulnerados, expuestos y en alto riesgo
de afectación los derechos e intereses colectivos de los
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demandantes señores LUZ DARY MEDINA SARRIAS y JAIME
HERNANDO GAVIRIA VALLEJO, en cuanto tienen que ver con la
moralidad administrativa y la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, para lo cual se servirá efectuar los
siguientes pronunciamientos: Se sirva ordenarle a las demandadas
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES;
ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño contingente, y
hacer cesar el peligro, la vulneración y el agravio sobre los
derechos colectivos de los señores LUZ DARY MEDINA SARRIAS y
JAIME HERNANDO GAVIRIA VALLEJO, mediante la implementación
de las medidas financieras, técnicas, administrativas y jurídicas
que en el marco de su función legal y constitucional, sean
necesarias para la inmediata puesta en marcha de las obras de
mitigación del daño y prevención del desastre que requiera la
estabilidad y seguridad del muro de cerramiento de la IE PÍO XII
de Mocoa.”
I.4. Defensa
I.4.1.- La UNGRD señaló que, en materia de prevención de
desastres, su competencia es subsidiaria, pues, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 1523 de 24 de abril de
20127, los alcaldes son los conductores del desarrollo local y los
responsables directos de los procesos de gestión del riesgo, quienes
7 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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deben solicitar su intervención mediante peticiones específicas, lo
cual no ha ocurrido en el caso concreto.
Trajo a colación la jurisprudencia de esta Sección8, en la cual se
precisó que, en materia del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, las autoridades tienen competencias específicas; de
manera que, a nivel territorial, los alcaldes y gobernadores son los
encargados de implementar, ejecutar o desarrollar las políticas en
esa materia, mientras que sus funciones son de asesoría, orientación
y apoyo a las entidades territoriales.
Estimó que, en tales circunstancias, carece de legitimación en la
causa por la parte pasiva, razón por la cual solicitó ser desvinculada
de la controversia.
Agregó que no se opone a las pretensiones de la demanda, pero no
es competente para adoptar medidas en relación con las mismas y
aclaró que sólo puede concurrir al desembolso de recursos, previas
8 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
2 de agosto de 2017, proferida en el expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-01.
C.P. Dra. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
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peticiones y estudios técnicos radicados por los entes territoriales
demandados.
Propuso la excepción de mérito que denominó “FALTA DE
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS PARA
CONOCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, CUANDO UNA DE LAS
DEMANDADAS ES UNA ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL”, en
atención a que el Decreto 4147 de 3 de noviembre de 20119, le otorgó
naturaleza de autoridad pública del nivel nacional, descentralizada
por servicios, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio propio, del nivel Ejecutivo, cuyo director
general será el Agente del Presidente de la República, razón por la
cual la competencia para conocer de la presente acción popular
corresponde al Tribunal Administrativo de Nariño en primera
instancia, por haberse dirigido contra una autoridad del orden
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del
CPACA.
9 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece
su objeto y estructura”.
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Mencionó que a la luz de lo dispuesto en la Ley 388 de 18 de julio
199710 y el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201511, el mantenimiento
de la infraestructura y la garantía del espacio público es competencia
de los municipios, en este caso, el de Mocoa.
I.4.2.- El MUNICIPIO manifestó que ha cumplido con las funciones
asignadas por la ley y que, en el caso examinado, se dan los
presupuestos que configuran la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues una vez fue notificado de la admisión de la demanda,
intervino el muro objeto de la acción.
I.4.3. El DEPARTAMENTO señaló que ha adelantado acciones
tendientes a garantizar la seguridad de los estudiantes de la
Institución Pío XII en cumplimiento de los compromisos adquiridos
en diferentes reuniones y comités, frente a los cuales no tiene
pendientes y agregó que está presto a atender las solicitudes que le
formule el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.
10 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
11 “"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad
y Territorio".
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Propuso la excepción previa de “Falta de competencia” porque la
demanda se presentó contra una autoridad del orden nacional, a
saber, la UNGRD; y la excepción de mérito denominada “Hecho
Superado”, pues, a su juicio, realizó acciones de intervención
inmediata del muro de cerramiento perimetral, en coordinación con
el MUNICIPIO, que dieron lugar al cese de la vulneración de los
derechos colectivos invocados como violados.
I.5.- Pacto de cumplimiento
Por auto de 16 de septiembre de 202112, el Tribunal declaró fallida
la audiencia de pacto de cumplimiento por no haber comparecido la
parte actora.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
I.- El TRIBUNAL, mediante sentencia de 19 de abril de 2021,
concedió la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y la prevención técnica de desastres, en los siguientes
términos:
12 Visible en archivo ED-30 del Expediente Digital del SAMAI.
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“[...] PRIMERO: Amparar los intereses colectivos de los
demandantes, relacionados con la moralidad administrativa y la
prevención técnica de desastres, vulnerados por el Municipio de
Mocoa y el Departamento del Putumayo, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de Mocoa y al Departamento
del Putumayo, que de manera coordinada y conjunta, adelanten las
obras de ingeniería e infraestructura necesaria para evitar que el
talud ubicado entre el I.E. Pío XXI y las viviendas que se ubican al
pie, se deslice. Para tal efecto, deberán tener en cuenta lo
siguiente:
a) En el término de dos meses siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, el Municipio de Mocoa y el Departamento del
Putumayo deberán adelantar las gestiones técnicas,
administrativas y presupuestales, tendientes a la suscripción de un
convenio interadministrativo entre las dos entidades territoriales,
con el objeto de aunar esfuerzos y recursos tanto presupuestales,
técnicos y humanos para realizar los estudios que determinen cuál
es la estructura necesaria para contener el talud antes referido. De
acuerdo a los resultados de dicho estudio, el Municipio de Mocoa y
el Departamento del Putumayo deberán adelantar los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para la ejecución de
las obras que se determinen realizar, dentro de los cuatro meses
siguientes a la obtención del resultado de los estudios. El término
de duración de las obras no podrá superar la vigencia fiscal 2023.
b) Mientras se adelantan los trámites administrativos previos y se
ejecutan las obras, el Municipio de Mocoa, junto con la Unidad
Especial de Gestión del Riesgo, dentro de los quince días siguientes
a la ejecutoria de la presente providencia, deberá determinar el
nivel de riesgo de las viviendas que se ubican al pie del talud/ muro
que amenaza con el deslizamiento.
c) En el evento de encontrar que existe riesgo de deslizamiento que
amenace con cubrir las viviendas aledañas a dicha zona o causar
algún tipo de daño a las mismas, el Municipio de Mocoa deberá
reubicar a las familias de las viviendas que se encuentran en riesgo,
dentro del mes siguiente a la culminación del término concedido en
el literal b), y hasta la culminación de las obras.
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TERCERO.- Condenar en costas al Municipio de Mocoa y al
Departamento del Putumayo, en partes iguales, a favor del Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la
Defensoría del Pueblo, las cuales se liquidarán por Secretaría en los
términos de los artículos 365 y 366 del CGP.
CUARTO.- Remítase por Secretaría a la Defensoría del Pueblo
copia del presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo previsto en el
artículo 80 de la ley 472 de 1998 […]”.
Como fundamento de la anterior decisión, de las pruebas aportadas
al proceso, en particular, los informes de visitas técnicas realizadas
por el MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO, encontró que: i) el
terreno en el que se encuentra ubicada la Institución Pío XII presenta
inestabilidad por efecto de las aguas lluvias y existe riesgo inminente
de deslizamiento del talud, lo cual requiere una intervención
constructiva urgente alrededor del perímetro del plantel; ii) ante
dichas circunstancias las entidades territoriales adoptaron una serie
de compromisos, que incluyeron la viabilidad de construir un muro
provisional; iii) la secretaría de Educación Departamental aportó
prueba documental en la que consta que en el banco de proyectos
del Putumayo se encuentra el de mejoramiento para la Institución
Educativa por valor de $1.999’432.506,91, el cual prevé la malla
eslabonada para la construcción del muro de cerramiento; y iv) el
dinero en comento se giró a la Institución Educativa a través del
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Fondo de Servicios Educativos mediante la Resolución núm. 0499 de
12 de mayo de 2021, pero fue revocada mediante Resolución núm.
3544 de 6 de septiembre de 2021.
Estimó que desde la fecha en que los demandantes presentaron la
primera solicitud a las autoridades demandadas, la situación de
riesgo no ha sido atendida adecuadamente por las mismas, pues aún
persiste la probabilidad de colapso del talud y la caída del muro
perimetral de la Institución Pío XII.
Mencionó que únicamente se ha adelantado la demolición de 6.5
metros del muro, pero no se han acatado las recomendaciones de los
informes técnicos rendidos por la Secretaría de Educación
Departamental; tampoco se ha dado manejo a las aguas lluvias ni se
ha instalado la malla eslabonada y no obra prueba alguna del
cumplimiento o ejecución del proyecto de “Mejoramiento de
infraestructura educativa en la Institución Educativa Pio XII, sede
principal, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo”.
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Precisó que la construcción del muro de contención no está a cargo
de los demandantes por el beneficio que les reporta dicha obra, como
lo afirma la Secretaría de Educación, pues quien está obligado a
garantizar la seguridad de la comunidad es la autoridad pública.
Arguyó que no hay carencia actual de objeto, porque es evidente la
vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda por
la omisión de las autoridades en dar solución definitiva a la
problemática expuesta y que, en consecuencia, “[…] tanto el
Municipio, el Departamento del Putumayo, así como la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, desde sus competencias, están
obligadas a materializar las medidas pertinentes y necesarias
orientadas a la protección de los derechos y a la superación del riesgo
[…]”.
Aseguró que al MUNICIPIO le corresponde adelantar todas las
gestiones precontractuales, contractuales y post contractuales
destinadas al estudio y búsqueda de la medida más efectiva para
contener el talud; que el DEPARTAMENTO y la Institución Pío XII
deben suscribir un convenio interadministrativo con el objeto de
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aunar esfuerzos de tipo presupuestal, técnico y humano para la
ejecución del proyecto que se encuentra en el banco de datos de ese
ente territorial; que tanto éste como el MUNICIPIO deben adelantar
los trámites administrativos y presupuestales necesarios para la
ejecución de las obras que se determinen realizar, dentro de los
cuatro meses siguientes a la obtención del resultado de los estudios
geotécnicos y de estructura necesarios, y que la UNGRD junto con
el ente territorial municipal, dentro de los quince días siguientes a la
ejecutoria del fallo, deben determinar el nivel de riesgo de las
viviendas que se ubican al pie del talud que amenaza con el
deslizamiento.
II.2.- La UNGRD solicitó al Tribunal la aclaración y corrección de la
sentencia en cuanto a la expresión “junto con la Unidad Especial de
Gestión del Riesgo” contenida en el literal b) del numeral segundo de
la parte resolutiva del fallo, a lo cual accedió el a quo mediante auto
de 24 de mayo de 2022 en el sentido de señalar a la “Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
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III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
La UNGRD llamó la atención en el hecho de que el a quo, al resolver
su solicitud de corrección y aclaración de la sentencia, únicamente
corrigió un error de transcripción, pero no aclaró el punto que
generaba duda en cuanto a la autoridad que debía concurrir al
cumplimiento de las órdenes de protección impuestas.
Estimó que la sentencia de primera instancia no se ajusta al principio
de congruencia interna y externa en los términos precisados por la
jurisprudencia del Consejo de Estado13, esto es, que no solo debe
haber correspondencia entre lo pedido en la demanda y lo decidido,
sino también entre las conclusiones y las valoraciones fácticas.
Señaló que, en lo que le respecta, la parte motiva del fallo no guarda
relación con lo dispuesto en la parte resolutiva porque, al resolver los
problemas jurídicos planteados, el a quo señaló como responsables
de la vulneración de los derechos colectivos al MUNICIPIO y al
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de 1o. de marzo de 2018, consejero ponente César Palomino Cortés,
expediente núm. 11001-03-25-000-2013-00838-00 [1763-2013].
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DEPARTAMENTO sin hacer alusión alguna a una conducta que le
fuera imputable, pero sí la vinculó a las medidas de protección
contenidas en el literal b) del numeral segundo de la parte resolutiva.
Agregó que aun cuando en las consideraciones de la sentencia
recurrida se mencionaron sus competencias o deberes legales, lo
cierto es que no se informó cuál es la conducta activa u omisiva
vulneradora de derechos colectivos que le concierne, lo que
constituye un error de derecho que hace improcedente la acción
popular en su contra.
Alegó que el Tribunal le endilgó deberes, con el argumento de que
“…la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres es de
todas las autoridades conforme a la Ley 1523…” y que es su
obligación prestar apoyo técnico a las entidades territoriales en esa
materia, lo cual, a su juicio, no es de recibo pues en el proceso no se
demostró el incumplimiento de sus competencias, razón por la cual,
también estimó que el a quo no hizo una debida valoración
probatoria.
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Realizó un análisis de los documentos que obran en el expediente
para concluir que no tuvo conocimiento ni parte en la actuación
administrativa durante la cual los demandantes solicitaron al
MUNICIPIO, al DEPARTAMENTO y a la Defensoría del Pueblo la
intervención del muro en la Institución Pío XII, pues no fue informada
al respecto, por lo que no participó en los diferentes compromisos
adquiridos por las demás demandadas, como tampoco en las
actividades de demolición parcial adelantadas por el ente territorial
municipal y la destinación de dinero con ocasión del banco de
proyectos del DEPARTAMENTO para la Institución Educativa.
Alegó que el Tribunal aplicó en forma incorrecta el principio de
subsidiariedad, previsto en el numeral 14 del artículo 3° de la Ley
1523, comoquiera que el mismo opera cuando los municipios carecen
de los medios necesarios para atender los riesgos y desastres, caso
en el cual deben ser apoyados por el departamento en cuya
jurisdicción se ubican y, a su vez, si éste no puede atender tales
situaciones, debe concurrir la Nación a través de la UNGRD, en lo
que se conoce como subsidiariedad positiva.
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Adujo que, en el presente asunto, los directos responsables -el
MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO- están actuando en forma
coordinada para resolver el asunto correspondiente a la Institución
Pío XII, tal como lo demuestra el material probatorio y que, por lo
tanto, no había lugar a aplicar el principio de subsidiariedad como
pretexto para vincularla a las órdenes de la parte resolutiva del fallo
impugnado.
Agregó que la orden que le fue impartida por el a quo “…conlleva la
atribución de responsabilidad objetiva…”, lo cual es contrario a lo
dispuesto en el artículo 9° de la Ley 472.
Solicitó revocar parcialmente el fallo recurrido en cuanto a excluirla
de la parte resolutiva del mismo.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1. Mediante auto de 25 de julio de 2022, el Despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la
UNGRD contra la sentencia de primera instancia y le advirtió al señor
Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el
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Consejo de Estado que, de conformidad con el numeral 6 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que
ingresara el proceso al despacho para sentencia. Asimismo, se indicó
que si en el término de ejecutoria de la providencia las partes no
solicitan la práctica de pruebas en los términos del artículo 327 del
CGP, se prescindiría del traslado para alegar de conclusión y, en
consecuencia, el expediente ingresaría al Despacho para fallo,
conforme lo ordena el numeral 5 del artículo 247 del CPACA; y que,
en todo caso, de acuerdo con el numeral 4 de la norma idem, los
sujetos procesales podrían pronunciarse en relación con el recurso
de apelación interpuesto hasta la ejecutoria del auto.
IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron
la práctica de pruebas, razón por la que se prescindió del traslado
para alegar de conclusión, así como tampoco se pronunciaron
respecto del recurso interpuesto por la UNGRD.
IV.3.- Por su parte, la PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO solicitó confirmar el fallo recurrido
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por estimar que de las pruebas aportadas al proceso se pudo
constatar que la infraestructura de la Institución Pío XII se encuentra
altamente deteriorada, con riesgo de deslizamiento del talud, por
afectación del terreno a causa de las aguas lluvias, sin que las
autoridades territoriales hayan adelantado acción alguna en concreto
para mitigar o superar la situación de peligro.
Estimó que los motivos de inconformidad de la apelante son
infundados, comoquiera que, pese a estar demostrado que no
participó en las actuaciones de las entidades territoriales que
comportan la vulneración de los derechos colectivos y, por tanto, le
es dable alegar que no tuvo responsabilidad al respecto, lo cierto es
que el fallo impugnado en manera alguna la condenó como
responsable, no se le impuso condena en costas y atribuyó la
transgresión de los derechos al MUNICIPIO y al DEPARTAMENTO,
frente a los cuales dirigió las órdenes de protección.
Encontró ajustado a derecho que el a quo haya conminado a la
UNGRD a cumplir con sus funciones de asesoría, gestión y apoyo a
los entes territoriales y que, en esa medida, le haya impuesto la
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tarea, junto con el MUNICIPIO, de establecer el nivel de riesgo que
sufren las viviendas cercanas a la Institución Pío XII, como medida
preventiva, mientras se adelanta la actuación administrativa
tendiente a solucionar en forma definitiva la situación de peligro.
Precisó que se deben analizar las funciones de la recurrente, no en
razón de su responsabilidad por acción u omisión en el caso concreto,
sino porque al formar parte del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos “…su ayuda y cooperación en conjurar el riesgo resulta
indispensable…”, conforme lo ordenan los numerales 2°, 6°, 7° y 8°
del artículo 4º y los artículos 17 y 18 del Decreto 4147 de 2011.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
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contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Caso concreto
Visto los argumentos expuestos por la apelante única, quien no
discutió el hecho de que la comunidad educativa de la Institución Pío
XII y los vecinos colindantes se encuentran en riesgo de sufrir
desastres por deslizamiento del talud, pues su inconformidad se
centró en que no debía ser llamada a responder porque no tuvo
conocimiento de la situación y porque el Tribunal entendió
erróneamente el principio de subsidiariedad positiva, aunado a que
omitió efectuar el correspondiente análisis probatorio respecto de su
conducta frente a sus deberes legales, el problema jurídico a
resolver consiste en verificar el alcance de sus funciones de
prevención y atención del riesgo de desastres en casos como
el examinado y si, a partir de las mismas, le es exigible prestar
el apoyo técnico al MUNICIPIO, tal como se lo impuso el a
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quo14, aún cuando no haya participado en la actuación
administrativa que dio lugar a la vulneración de los derechos
colectivos.
Para efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se
referirá al material probatorio relevante que pone de manifiesto las
circunstancias de peligro que enfrenta la comunidad descrita en la
demanda, respecto de las cuales le es exigible o no a la UNGRD el
cumplimiento de sus deberes legales, independientemente de su
falta de conocimiento o participación en los hechos denunciados y/o
conductas de las demás demandadas.
De la situación de riesgo por deslizamiento de muro
perimetral y talud en la IE Pío XII de Mocoa.
Del expediente se destacan las siguientes pruebas15:
14 En orden a “determinar el nivel de riesgo de las viviendas que se ubican al pie del talud/
muro que amenaza con el deslizamiento”.
15 Todas las cuales obran en el Expediente Digital visible en el SAMAI, bajo los archivos que
se indicarán al citar cada documento.
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.- Oficio de 16 de agosto de 202016, suscrito por el Secretario de
Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa,
dirigido al Defensor del Pueblo, por medio del cual da respuesta al
Requerimiento núm. 6026-31-2020067249, en el cual se indicó lo
siguiente:
“Ahora bien, con el informe realizado por el profesional especialista
de la Secretaría de Educación Departamental y que se remite a
nuestro despacho bajo la solicitud del asunto, este despacho
procederá como acciones concretas, a informar a la Unidad de
Planeación, Gestión y Evaluación del Municipio del resultado del
mismo, con el fin de adelantar las verificaciones en campo y las
posibles actuaciones administrativas para ordenar la demolición del
muro y demás estructuras que están generando peso sobre el talud
que colinda con la vivienda de la señora Luz Dary Medina. De
considerarse viable y realizar los procedimientos pertinentes, junto
con la Secretaría de Educación Departamental y los directivos de la
IE Pio XII, se pondrá a disposición, siempre que las
condiciones técnicas lo permitan (es decir que se pueda hacer
de forma segura manualmente), al personal que labora para la
Secretaría de Obras municipal dentro de esta actividad.
Es de conocimiento, que la Secretaría de Educación Municipal,
genera recursos para el mantenimiento de instituciones educativas,
pero estas inversiones deben impactar al mayor número de las
mismas dentro del municipio y solventar necesidades primordiales
para el bienestar y funcionamiento de los establecimientos
educativos, más no permiten generar inversiones para el
pago de consultorías para obras de mayor envergadura
como obras de contención. Es por esto que como segunda
medida, instaremos al departamento desde el consejo
municipal de gestión del riesgo, para que se generen las
respectivas solicitudes hacia la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo, en el ámbito de la complementariedad y
subsidiaridad que enmarca la ley 1523 y poder ejecutar
16 ED_01ACCIONPOPULAR(.pdf) NroActua2 del Expediente Digital que se encuentra en el
SAMAI.
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consultorías especializadas en geotecnia y estructuras que
determinen una obra de contención definitiva a ejecutar”
(Las negrillas y subrayas son de la Sala).
.- Oficio sin fecha suscrito por el Defensor del Pueblo17, por
medio del cual se pronuncia frente a la respuesta dada en
precedencia, de la siguiente manera:
“[…] Así las cosas, esta Dependencia, con el ánimo de evitar un
riesgo inminente para toda la población, insta a la Administración
Municipal que de forma inmediata realicen actuaciones
provisionales y de mitigación en el muro (ibid.), esto no obsta para
que se realicen las actuaciones necesarias para una solución
definitiva. Ante una solución pronta y en razón a su respuesta, para
esta Agencia le es indispensable conocer, de manera puntal lo
siguiente:
1. ¿En qué fecha se adelantarían las verificaciones de campo por
parte de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación del
Municipio? 2. ¿Cuáles sería las posibles actuaciones administrativas
para ordenar la demolición del muro y demás estructuras que están
generando peso sobre el talud que colinda con la vivienda de la
señora Luz Dary Medina y en qué fechas probable se ejecutarían?
O ¿Qué otra medida preventiva y de corto plazo se adelantaría para
solucionar esta problemática, en qué fecha se ejecutaría?
Conforme a las facultades concedidas en los artículos 14, 15, 16 y
17 de la ley 24 de 1992, y dada la urgencia que el caso amerita,
en pro de garantizar los derechos fundamentales de la población,
solicitamos se dé respuesta a esta intervención en un término TRES
(3) días a partir de su notificación […]”
17 ED_01ACCIONPOPULAR(.pdf) NroActua2 del Expediente Digital que se encuentra en el
SAMAI.
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.- Oficio de 22 de octubre de 202018, emanado de la Secretaría de
Educación Municipal, por medio de la cual da respuesta a lo solicitado
por la Defensoría, de la manera que sigue:
“Con respecto a la problemática de la Institución Educativa Pio XII,
nos permitimos informar que hemos recibido de manera formal un
oficio el día 18 de febrero de 2020, por parte de la secretaria de
obras e infraestructura Municipal y gestión del riesgo de Desastres
Municipal, en cabeza del señor Jhoser Barrera Arciniegas. Con el
objeto de solicitar una reunión [...] Fruto de esa reunión, se dieron
unas pautas para mitigar el riesgo, quedando constancia en el acta
de visita técnica, con registro en la Secretaria de Infraestructura
Municipal de Mocoa, posterior a esa visita se realizó otra visita
técnica por parte del equipo técnico del Área de Planeación y
Finanzas, de la Secretaria de Educación Departamental, el día 31
de agosto de 2020, realizando seguimiento al problema de la
inestabilidad, por lo tanto, se elabora un informe de diagnóstico
técnico, con pautas importantes para disminuir el riesgo.
[…]
Se propone que oficie al coordinador de Consejo Departamental
de Gestión del Riesgo para que convoque a reunión de
Consejo Departamental y se exponga la problemática
solicitando, en el espacio de la reunión, el apoyo del Consejo
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, para la
realización del estudio. Es importe se invite a la Dra. Marta
Calvache Directora y la Coordinadora Gloria Ruiz, del Área de
Amenazas del Servicio Geológico Colombiano, para el apoyo
en el estudio de amenaza y vulnerabilidad que se requiere.
En las reuniones que se realicen en adelante, solicitamos que se
nos inviten para estar presentes y estar informados […]”.
.- Oficio de 30 de octubre de 202019, suscrito por el Director de la
Unidad de Planeación Gestión y Evaluación Municipal, dirigido al
18 ED_01ACCIONPOPULAR(.pdf) NroActua2 del Expediente Digital que se encuentra en el
SAMAI.
19 ED_01ACCIONPOPULAR(.pdf) NroActua2, ibídem.
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Defensor del Pueblo, a través de la cual le informa sobre los
compromisos adquiridos por el ente territorial para tomar medidas
de mitigación del riesgo y solución definitiva a la situación que padece
la IE Pío XII y la comunidad aledaña. En lo pertinente dijo:
“[…] 1. La SED de putumayo se compromete a tener viabilizado el
proyecto de mejoramiento de la SED donde se contemplan el muro
provisional para un aproximado de 15 días a partir de hoy, es decir
para el día viernes 13 de noviembre.
2. El municipio de Mocoa se compromete a radicar proyecto para
la demolición del muro existente, en un aproximado de 15 días, es
decir, hasta el día viernes 13 de octubre. Para este compromiso la
secretaría de educación informa que este proyecto se gestionarán
los recursos de su financiación ante el señor gobernador del
departamento del Putumayo.
3. El municipio de Mocoa se compromete a expedir la licencia de
demolición, en el momento que se dé inicio a esta actividad y los
costos son asumidos por el municipio.
4. El municipio se compromete a hacer extensiva la
problemática ante el consejo de gestión municipal del riesgo
para tratar el tema de las obras grandes de mitigación […]
(resaltado de la Sala)”
-. La UNGRD20, con la adición de la contestación de la demanda,
aportó el Informe Técnico Medida Cautelar dirigido al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, elaborado por el
equipo técnico de la Oficina para la Reconstrucción de Mocoa
de dicha entidad, compuesto por Geólogo, Ingeniero Ambiental,
Especialista Hidráulico y Líder Técnico, en el cual consta lo siguiente:
20 ED_21DOCUMENTOENVIAJUZ(.pdf) NroActua 2 del Expediente Digital visible en el SAMAI.
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“[…] 1. En las imágenes se observa el muro que está ubicado al sur
del colegio PIO XII, el cual colinda con el Barrio Bolívar en el sector
de afectación, en estas se puede evidenciar un mal manejo de las
aguas lluvia que proceden de la placa deportiva de la sede primaria
del colegio, además se observa un deterioro significativo sobre el
muro con fisuras y asentamientos diferenciales en el mismo.
2. Desde la parte trasera del predio de la Señora Luz Dary Medina,
ubicado en el barrio bolívar, se evidencia que el muro de
cerramiento de la sede primaria del colegio Pio XII, se encuentra
cimentado sobre un muro en Concreto ciclópeo, el cual ya perdió
el sustento y presenta disgregación de sus materiales; igualmente
se presentan filtraciones de agua que genera la remoción del
material no consolidado
3. En la izquierda se observa la parte superior del socavamiento
generado en el predio de la señora Luz Dary Medina, donde se
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presenta un hundimiento en la placa deportiva y fisuras en el muro
de cerramiento de la Sede primaria del Colegio; en la imagen
derecha se señalan en líneas de color naranja los esfuerzos
generados por el peso del muro de cerramiento, el cual genera un
riesgo inminente sobre la propiedad colindante en la parte baja y
de igual forma el cráter generado por el posible desprendimiento
del muro genera un alto riesgo para la población estudiantil de la
sede primaria del Colegio PIO XII,
Una vez analizada la situación encontrada se concluye y
recomienda: 1. La Situación encontrada por el equipo técnico
tiene un alto grado de riesgo inminente, tanto para la
propiedad privada, como para Institución Educativa PIO
XII, Sede primaria.
2. En la visita se detecta inexistencia del manteniendo en la
totalidad de la infraestructura (muro, placa en concreto, canales de
aguas lluvia, cunetas, cajillas y demás estructuras relacionadas con
el manejo y disposición final de las aguas lluvia), acelerando el
deterioro de la infraestructura debido a la infiltración de las
aguas de escorrentía; lo anterior de única responsabilidad de la
secretaria municipal de educación de Mocoa, quien es responsable
del mantenimiento de la IES.
3. Así mismo se evidencia que existe una afectación del talud,
que al perfilarlo para ampliar el área del patio de la vivienda cambió
considerablemente su pendiente desestabilizándolo; esta actividad
debió ser atendida en su momento tanto por la unidad de
planeación municipal como por la secretaria de obras,
infraestructura y gestión del riesgo municipal.
4. Dentro de las competencias de la UNGRD, enmarcadas en la ley
1523 del 2012, actúa con principios de subsidiaridad se indica “…La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango
superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango
inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar
el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo
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un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada…”
5. Se sugiere seguir las recomendaciones planteadas en el informe
técnico de la Secretaria de Educación Departamental, de fecha 4
de agosto del 2020, denominado “Talud natural con Riesgo de
Deslizamiento Institución Educativa PIO XII”, en donde según su
tercera conclusión indica “Se debe demoler el muro de cerramiento
existente en el sentido sur del predio de la IE PIO XII, debido a que
este está en inmediaciones del borde del talud, lo anterior, con el
fin de aliviar las cargas al talud y de que este no colapse por falta
de soporte y genere daños a las propiedades privadas adyacentes.
Para complementar, se debe realizar un cerramiento en
malla eslabonada a diez metros (10m) del muro, para que
aislé a los estudiantes del precipicio, de esta manera evitar
accidentes” […]” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).
La Sala observa que los documentos mencionados, además de
demostrar la existencia del alto riesgo de deslizamiento del talud con
ocasión de las aguas lluvias y de escorrentía y la precariedad del
muro que separa la Institución Pío XII del predio de los demandantes,
por desgaste en su infraestructura y la necesidad de realizar labores
de demolición y reemplazo del muro por malla eslabonada para
garantizar la seguridad de los estudiantes y miembros de la
comunidad educativa, expuestos al precipicio presente entre la
Institución y el predio de particulares, ponen de manifiesto que las
entidades territoriales demandadas no han brindado una solución
concreta, eficaz ni definitiva a la problemática existente, razón por la
que el Tribunal impartió las medidas pertinentes para la protección
del derecho colectivo amenazado.
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Ahora bien, tal como quedó visto al plantear el problema jurídico del
caso concreto, la UNGRD alegó que no le es exigible la orden que le
fue impuesta por el a quo, consistente en que, junto con el
Municipio, determine “el nivel de riesgo de las viviendas que se
ubican al pie del talud/ muro que amenaza con el deslizamiento” ,
porque, a su juicio, no existe nexo causal entre su actuar y la
vulneración de los derechos colectivos invocados por los actores
populares, habida cuenta de que no participó ni tuvo conocimiento
de las omisiones administrativas que dieron lugar a la demanda.
En consecuencia, la Sala analizará el alcance de las funciones de la
UNGRD en materia de gestión del riesgo y prevención de desastres,
pero no de manera aislada, sino dentro del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo, el cual está integrado por un número plural de
autoridades públicas, que, dicho sea de paso, se rigen por los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva,
dentro de las cuales se encuentran las entidades territoriales, las
Corporaciones Autónomas Regionales, la apelante e, inclusive, los
habitantes del territorio como portadores del deber de
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autoprotección. Al respecto, esta misma Sección21 ha tenido
oportunidad de recoger el marco normativo que orienta la materia en
cuanto a las funciones de cada una de las autoridades señaladas, de
la manera en que se transcribe, in extenso, a continuación:
“[…] De las autoridades competentes en materia de gestión
del riesgo
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres
como “[…] un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era
una política de desarrollo indispensable para garantizar, entre
otros, la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos
de las poblaciones y las comunidades en riesgo, razón por la que
debe estar intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible,
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población22.
La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y
11 del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en
el caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio
climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad
o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios
observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 29 de julio de 2021, expedienten núm.
81001-23-39-000-2018-00043-01.
22 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.
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también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,
que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación
entendida como rehabilitación y reconstrucción.
Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio. En
consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las
entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y
ejecución de los procesos de gestión del riesgo que comprenden
conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el
marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los
hizo corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben
actuar con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las
autoridades23.
En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el
conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que
se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del
riesgo en el país.
En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de
Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el
Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus
respectivas jurisdicciones. Dicho órgano es el encargado de
orientar el Sistema y, entre otras funciones, de “[…] Propender por
la armonización y la articulación de las acciones de gestión
ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo […]”
y “[…] Orientar y articular las políticas y acciones de gestión
ambiental, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y
23 Ley 1523 Artículo 2°.
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adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del
riesgo de desastres […]”24.
En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó
funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los
alcaldes y gobernadores, las cuales se indicarán a continuación.
Para los Gobernadores las funciones, conforme lo establecido en
el artículo 13 de la Ley 1523, son las siguientes:
[…]
De modo que es deber de los Departamentos, en cabeza de su
Gobernador, implementar procesos de conocimiento y de reducción
del riesgo, así como acciones tendientes al manejo de desastres en
su territorio, garantizando la puesta en marcha y mantenimiento
de los procesos que propendan por la gestión del riesgo en su
territorio.
Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del
desarrollo departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en
cuanto a la gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de
desarrollo departamental y demás instrumentos a su disposición,
para de esa manera darle cuerpo y aplicación a las competencias
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los
Municipios del respectivo Departamento.
Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,
el Departamento en asocio con los Municipios de su territorio,
deben aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación que
se esté causando a un valor, interés o bien jurídico protegido como
es la mitigación del riesgo de desastres.
En cuanto a los alcaldes, les fueron asignadas las funciones
descritas a continuación:
1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”25.
24 Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.
25 Ley 1523. Artículo 14.
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2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos
de gestión pública [...]”26.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones
sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del
riesgo y, por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios
para estos fines, en particular, “[…] incluirán las previsiones de la
Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las
sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento
de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos
naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales,
incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de
tierras para hacer posibles tales reasentamientos y la utilización de
los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de
inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en
alto riesgo, entre otros […]”27.
Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es,
gobernadores y alcaldes, deberán:
-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como
parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para
realizar su seguimiento y evaluación [...]”28.
• “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de
gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de
desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias
de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de
gestión del riesgo y la estrategia de respuestas nacionales.
26 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.
27 Ley 1523, artículo 40
28 Ley 1523. Artículo 32
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El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el
caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la
fecha en que se sancione la presente ley […]”29.
• Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el
uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar
la configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un
plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la
Ley 1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento
territorial y de desarrollo municipal y departamental vigentes que
no hubiesen incluido la gestión del riesgo.30
Ahora, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4147 de 3 de
noviembre de 201131 creó la UNGRD con el fin de que una entidad
del orden nacional se encargue de asegurar la coordinación y
transversalidad en la aplicación de las políticas de gestión
de riesgo de desastres para lograr su optimización.
El artículo 3° de dicha normativa previó que el objetivo de la
UNGRD era dirigir la implementación de la gestión del riesgo de
desastres en atención a las políticas de desarrollo sostenible, así
como coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –
SNPAD-.
Las funciones de la UNGRD están contenidas en el artículo 4°
ibidem que ordena lo siguiente:
“Artículo 4°. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes:
1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su
funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los
niveles nacional y territorial.
2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el
conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de
29 Ley 1523. Artículo 37
30 Ley 1523. Artículo 39.
31 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se
establece su objeto y estructura”.
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desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en
los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.
3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes,
programas, proyectos y procedimientos nacionales de
gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD
y actualizar el marco normativo y los instrumentos de
gestión del SNPAD.
4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales
como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional
Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas de su
competencia.
5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la
gestión del riesgo de desastres, realizar el seguimiento y evaluación
del mismo.
6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales
en su fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo
de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de
gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales.
7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en
materia de su competencia.
8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que
requieran los miembros del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.
9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del
riesgo de desastres en el país.
10. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado
de información de que trata el artículo 7° del Decreto-ley 919 de
1989 o del que haga sus veces, que posibilite avanzar en la gestión
del riesgo de desastres.
11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan
a la naturaleza de la entidad […]”. (Resaltado de la Sala)
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En armonía con lo dispuesto, el artículo 17 ibidem estableció las
funciones de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
de la UNGRD, de las cuales se destacan las siguientes:
“Artículo 17. Funciones de la Subdirección para el Conocimiento del
Riesgo. Son funciones de la Subdirección para el Conocimiento del
Riesgo, las siguientes:
[…]
3. Promover, en coordinación con las autoridades
competentes en la materia, a nivel nacional y territorial, la
identificación de las amenazas y de la vulnerabilidad, como
insumos para el análisis del riesgo de desastres, así como
coordinar el diseño de guías y el uso de lineamientos y
estándares para este proceso.
[…]
9. Generar insumos técnicos que apoyen la gestión de recursos para
la financiación de estudios e investigaciones orientadas al
conocimiento del riesgo de desastres por parte de las entidades del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –
SNPAD, así como para la creación de sistemas de monitoreo o el
fortalecimiento de los existentes.
[…]
14. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y
municipios en la formulación de proyectos tendientes a
mejorar el conocimiento del riesgo de desastres.
15. Determinar, en coordinación con la Oficina Asesora de
Planeación e Información, las necesidades estratégicas de
información en materia de Conocimiento del Riesgo para el
país y priorizar las necesidades de inversión para su
elaboración, captura, actualización y consolidación.
[…]” (Resaltado de la Sala)
De igual forma, la Subdirección de Reducción del Riesgo, según el
artículo 18 de la normativa en comento, tiene a su cargo las
siguientes funciones:
“Artículo 18. Funciones de la Subdirección de Reducción del Riesgo.
Son funciones de la Subdirección de Reducción del Riesgo, las
siguientes:
[….]
3. Generar insumos para la promoción de políticas que
fortalezcan el proceso de reducción del riesgo de desastres
en los niveles nacional y territorial.
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[…]
6. Promover a nivel nacional y territorial, la intervención
correctiva y prospectiva del riesgo, y la protección financiera
frente a desastres, así como coordinar el diseño de guías y el
uso de lineamientos y estándares para este proceso.
7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
–SNPAD en la gestión de recursos para la financiación de
proyectos de reducción del riesgo de desastres.
[…]
9. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y
municipios en la formulación de proyectos para la reducción
del riesgo de desastres.
[…]
11. Promover y generar insumos para la incorporación de
acciones de reducción del riesgo en los diferentes
instrumentos de planificación del desarrollo, el
ordenamiento territorial, la gestión ambiental y los proyectos
de inversión en los ámbitos sectorial y territorial, integrando
las directrices del Gobierno Nacional de adaptación y
mitigación ante el cambio climático […]” (Resaltado de la Sala).
[…]
Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada
uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma
Ley 1523 de la siguiente manera:
“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de
competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales
como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en
el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias
entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público,
privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de
gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los
procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos
y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de
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todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las
metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para
alcanzarlas.
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento
de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer
sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en
el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los
medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda
de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas,
no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su
materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor,
un interés o un bien jurídico protegido relevante para la
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada […]” (Resaltado de la Sala).
Tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la
Constitución Política como rectores en el ejercicio de las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y
fueron desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199432, que
en su artículo 4° dispuso:
“Artículo 4º.- Principios rectores del ejercicio de
competencia. Modificado por el art. 3, Ley 1551 de 2012.
Los municipios ejercen las competencias que les atribuye la
Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley
orgánica de ordenamiento territorial y en especial con sujeción a los
siguientes:
a) COORDINACIÓN: En virtud de este principio, las autoridades
municipales al momento de desarrollar y ejercitar sus propias
competencias deberán conciliar su actuación con el principio
armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad
en ejercicio de sus atribuciones;
b) CONCURRENCIA: Cuando sobre una materia se asignen a los
municipios, competencias que deban desarrollar en unión o relación
directa con otras autoridades o entidades territoriales, deberán
ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá
32 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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del límite fijado en la norma correspondiente, buscando siempre el
respeto de las atribuciones de las otras autoridades o entidades;
c) SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios
pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales
o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a
ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones
establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los
límites y plazos fijados al respecto.
Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero
debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los
servicios que les impone la Constitución y la Ley, las entidades
territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán
contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud
del respectivo municipio. Las gestiones realizadas en desarrollo de
este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia
competencia y en procura de fortalecer la autonomía local.”
De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley
1523 identifica al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo
local, como el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres
en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 199433, que definen al Municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población de su territorio.
En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le
corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,
principalmente, al municipio en cabeza de su alcalde. No
obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que la
misma Ley 1523 y el Decreto 4147, establecieron un trabajo
33 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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coordinado y armónico con las demás entidades, dentro de
las que se encuentran el Gobernador, la UNGRD y
CORPORINOQUÍA, a quienes se les asignan especiales
funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades
territoriales de distinto orden en materia de gestión del
riesgo34” (Las negrillas y subrayas son de la Sala).
Resulta suficientemente claro que en materia de implementación de
los procesos de gestión del riesgo los directamente responsables son
los alcaldes, quienes, en todo caso, pueden y deben buscar aunar
esfuerzos de tipo técnico y presupuestal con los gobernadores de los
departamentos de cuya jurisdicción forman parte, en aras de evitar
o hacer cesar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en
cuanto a la prevención de desastres.
Pero ocurre que tal obligación, específica de los alcaldes y
gobernadores, no excluye el ejercicio y cumplimiento de los deberes
legales de los demás miembros del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, menos aún si se tiene en cuenta que todos ellos se
encuentran unidos en virtud de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva, mencionados en
precedencia.
34 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
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En el caso concreto, la UNGRD fue parte demandada en el proceso
de la referencia, dentro del cual ejerció en debida forma su derecho
de defensa, con el argumento central de que, a su juicio, no le es
exigible ninguna medida de protección por no haber participado en
los hechos y actuaciones que motivaron la demanda, lo cual no es de
recibo para la Sala, pues sus funciones de “…asegurar la coordinación
y transversalidad en la aplicación de las políticas de gestión de riesgo
de desastres para lograr su optimización…”, dentro de las cuales se
incluyen, entre muchas otras orientadas a reducir el riesgo de
desastres a nivel territorial y nacional, las de “…Asesorar y brindar
asistencia técnica a departamentos y municipios en la
formulación de proyectos para la reducción del riesgo de
desastres…”, operan ipso iure y en virtud del principio de
concurrencia, de tal suerte que con la sola existencia de la necesidad
de apoyo técnico que requieran las entidades territoriales que forman
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es suficiente para
que se cumpla la consecuencia jurídica señalada en la normativa
aludida, a saber: prestar la ayuda, asesoría o apoyo técnico, o, como
bien lo indicó el a quo, para el caso concreto, determinar “…el nivel
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de riesgo de las viviendas que se ubican al pie del talud/ muro
que amenaza con el deslizamiento…”.
La Sala conviene en que dicha orden es coherente y apropiada con
la necesidad de conocimiento del riesgo para efectos de adoptar las
medidas de mitigación y soluciones definitivas, las cuales
corresponden al MUNICIPIO y al DEPARTAMENTO según la Ley,
así como las órdenes de consecución de recursos y realización de
obras impuestas por el a quo que, claramente, no cobijan a la
UNGRD.
La entidad apelante no puede, entonces, sustraerse de ejecutar su
función de asesoría técnica, toda vez que el ordenamiento jurídico se
lo impone ante la necesidad de conocimiento del riesgo, la cual se
encuentra plenamente establecida en el caso concreto como se
desprende del material probatorio relacionado.
Asimismo, se advierte que respecto de la aplicación de los principios
de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, la Sala, al estudiar
un argumento similar al ahora expuesto por la UNGRD para
sustraerse del cumplimiento de sus funciones, consideró lo siguiente:
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“[…] Debe la Sala pronunciarse acerca de si, como lo indica la
UNGRD, es competencia de los departamentos, y no de ella, apoyar
a los municipios en la gestión del riesgo, en virtud de los principios
de concurrencia, coordinación y subsidiariedad positiva. Para
resolver este interrogante, es necesario remitirse a la normativa
consagrada en el Decreto 4147 de 2011, 25 así como en la Ley
1523 de 2012, disposiciones que versan sobre la gestión del riesgo
en el país. En lo que hace al alcance de las funciones en materia
de gestión de desastres, la Sala se pronunció mediante auto del 2
de agosto de 2017, proferido en el expediente de radicación
número 13001 23 33 000 2015 00052 01, a través del cual señaló
que los Departamentos tienen a su cargo el apoyo a los municipios
en la gestión del riesgo. De ahí que una de las afirmaciones de la
recurrente sea cierta. Sin embargo, respecto de esa Unidad
también son predicables los principios de concurrencia,
coordinación y subsidiariedad. Ello debido a que dicha entidad hace
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
cuyas funciones están regidas por los mencionados postulados.
Siendo ello así, la Sala resalta el contenido del principio de
concurrencia consagrado en la Ley 1523, que se refiere al conjunto
de competencias que recaen en la totalidad de las entidades que
constituyen el aludido Sistema y que se ejercen de forma
simultánea. Dicho en otras palabras, ese principio hace
referencia a funciones que están en cabeza de todos los
responsables de la gestión del riesgo, de conformidad con
sus atribuciones, y no dejan de serles exigibles porque otras
estén desarrollando las que les corresponden. Lo anterior,
con el propósito de que los procesos, acciones y tareas se
logren mediante la colaboración entre todos los miembros
del SNGRD.
En ese orden, es competencia de la UNRGD como miembro del
Sistema, y no solo de los departamentos, apoyar a los municipios
en la gestión del riesgo, en virtud del principio de concurrencia.
Conclusión a la que ya se había llegado en el proveído que se cita
[…]”35 (Resaltado de la Sala).
35Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López, auto de 13 de julio de 2023, expediente
núm. 47001-23-33-000-2022-00173-01.
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En ese orden de ideas, los argumentos esgrimidos por la recurrente
para ser excluida de la parte resolutiva del fallo impugnado carecen
de sustento jurídico, lo cual conduce a que el mismo sea confirmado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de abril de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 31 de agosto de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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