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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00646-02

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00646-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.1.4 del ordinal cuarto de la sentencia de 7 de junio de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 65 Núm. único de radicación: 050012333000202300646-02 “[…] 4.1.4. Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana, cuyas viviendas fueron construidas atendiendo la normativa vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo el procedimiento previsto para el efecto, el municipio de Uramita tendrá en cuenta; por un lado, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9ª. de 1989 y normas concordantes, y por el otro, aquellas normas relacionadas con perspectiva de género, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia. En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Anta se rehúsen a abandonar el sitio, el alcalde de Uramita deberá ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en el marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia de 7 de junio de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto a la conformación del Comité de Verificación de la Sentencia, el cual quedará así: “[…] QUINTO. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento de esta sentencia por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien lo presidirá; el actor popular; un delegado y/o representante del Municipio de Uramita; un delegado y/o representante del Departamento de Antioquia - DAGRAN; un delegado y/o representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABÁ; un delegado y/o representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD; y un delegado del Ministerio Público. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00646-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 050012333000202300646-02
Actor: Personero Municipal de Uramita - Antioquia
Demandado: Municipio de Uramita; Departamento de Antioquia – Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia; Nación-Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres- UNGRD; Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá -
CORPOURABÁ

Tema: Derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; al goce a un
espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público; a la
seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que
garanticen la salubridad pública; a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Departamento de
Antioquia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD,
contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

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Núm. único de radicación: 050012333000202300646-02

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El Personero Municipal de Uramita - Antioquia presentó demanda en ejercicio
del respectivo medio de control, contra el Municipio de Uramita; el Concejo
Municipal de Uramita, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá –
CORPOURABA, el Departamento de Antioquia – Departamento de Gestión del
Riesgo de Desastres – DAGRAN, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD y la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con
el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de
un ambiente sano; al goce a un espacio público y la utilización y la defensa de los
bienes de uso público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública; seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las
construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1- PROTEGER los derechos e intereses colectivos invocados como
transgredidos por el suscrito, relacionados con el goce a un ambiente sano, la
seguridad y salubridad pública, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública y La realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, previstos en
los literales a), d), g), h), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

2- ORDENAR QUE DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O SOLIDARIA las
entidades accionadas, ejecuten las medidas de carácter administrativo, financiero,
presupuestal o de cualquier índole, acudiendo al principio de subsidiariedad con las
entidades del orden Nacional, para:

A- Continuar la canalización que se dejó en etapa 1 entre los años 2011 y 2012 en
el barrio Santa Ana de Uramita, finalizándola hasta donde esta desemboca en
el Riosucio.

B- Realizar mantenimiento preventivo a la canalización que se dejó en etapa 1 entre
los años 2011 y 2012 en el barrio Santa Ana de Uramita, a fin que no se siga
deteriorando y previniendo que se pueda derrumbar.

C- Realizar los estudios que sean necesarios, para identificar las viviendas que
están en alto riesgo conforme los hechos de la demanda, para proceder a
reubicar aquellas que el estudio determine, que lo ameritan, además que dicha

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reubicación sea en condiciones de la reubicación (sic), sea en iguales o mejores
viviendas a las que hoy tienen cada ciudadano a reubicar.

3- Las demás ordenes (sic) que el honorable despacho considere pertinentes y
necesarias, para la protección de los interés (sic) colectivos amenazados […]”1.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Indicó que el territorio presenta un alto riesgo de torrencialidad e inestabilidad
alta, así como un riesgo medio por inundaciones, tal como se menciona en el oficio
640 del 29 de mayo de 2023 dirigido a la Personería Municipal.

3.2. Manifestó que el barrio Santa Ana, con aproximadamente 450 habitantes, se
construyó sobre un depósito aluvial, lo que ha llevado a múltiples inundaciones
debido al comportamiento de la quebrada La Encalichada, que aumenta su caudal
al cerrarse en un embudo al llegar a la zona.

3.3. Expresó que entre 2011 y 2012, se ejecutó una canalización de la quebrada
que quedó inconclusa, limitándose a una parte del barrio y dejando áreas
vulnerables, lo que ha agravado el problema de socavaciones en las viviendas
adyacentes.

3.4. Afirmó que la falta de mantenimiento a la canalización realizada hace más de
once años ha deteriorado su estructura, lo que plantea la urgencia de implementar
un mantenimiento preventivo para evitar colapsos en períodos de creciente.

3.5. Señaló que desde 2018 la administración municipal ha reconocido la
necesidad de concluir la canalización, como se evidencia en un reporte periodístico
donde el alcalde de ese entonces abordó el tema.

3.6. Reportó que aproximadamente 45 viviendas en el margen izquierdo de la
quebrada se encuentran en riesgo constante, siendo amenazadas por la corriente
hídrica y desprendimientos de rocas, lo que llevó a una recomendación de
reubicación emitida en un estudio de 2017.

1
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 002Demanda.

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3.7. Reiteró que, a pesar de la determinación de reubicar las viviendas,
transcurridos seis años, no se han tomado acciones efectivas para mitigar los
riesgos que enfrentan las familias en Santa Ana.

3.8. Destacó que las viviendas adyacentes a la carretera principal también están
en peligro debido a la ubicación bajo una montaña, donde se han registrado
desprendimientos de rocas que han causado daños materiales y riesgos a la
integridad de los residentes.

3.9. Documentó que la comunidad ha presentado múltiples quejas y derechos de
petición, sin respuestas satisfactorias, incluyendo un requerimiento en 2019 que
resultó en una acción de tutela, donde la Alcaldía reconoció la falta de financiación
para proyectos de mitigación.

3.10. Aclaró que, aunque el Municipio comunicó en 2023 su intención de continuar
con la canalización de la quebrada, no se han observado acciones concretas desde
2012 ni se ha iniciado la reubicación de las viviendas en riesgo, evidenciando una
falta de acción por parte de la administración y otras entidades.

Contestaciones de la demanda

4. El Municipio de Uramita contestó la demanda, se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

4.1. Indicó que cuenta con aproximadamente ocho mil habitantes, destacando
que la mayoría del territorio está en zona de alto riesgo, debido a la presencia de
dos ríos y la quebrada La Encalichada. Asimismo, confirmó que se ha realizado la
primera etapa de canalización de dicha quebrada, específicamente en el barrio
Santa Ana.

4.2. Manifestó que, a pesar de las socavaciones que se han presentado en
algunos tramos, el municipio está atendiendo las observaciones de la Gobernación
de Antioquia para continuar con el proyecto de canalización. En 2022, se llevó a
cabo la construcción de gaviones revestidos en concreto en la ribera de la quebrada,
lo que demuestra un compromiso activo con la mitigación del riesgo en la
comunidad.

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4.3. Expresó que, aunque los recursos son limitados, el municipio no ha
desconocido la situación de la quebrada y ha tomado medidas para mejorarla,
incluyendo jornadas de capacitación y limpieza. Reiteró su disposición para avanzar
en acciones que beneficien a los habitantes de Santa Ana, a pesar de las
limitaciones que enfrenta la administración actual.

4.4. Reiteró que el municipio se encuentra en total disposición para la realización
de las actuaciones que permitan dar una solución definitiva a la comunidad. En el
año 2022 se adelantó la construcción de gaviones revestidos en concreto en la
ribera de la quebrada La Encalichada en el Barrio Santa Ana, de conformidad con
el informe de supervisión del contrato núm. 215 de 2022.

4.5. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de daño
antijuridico”; y “La Genérica”2.

5. El Departamento de Antioquia contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

5.1. Indicó que no le constan los hechos primero, segundo y tercero, y tampoco
se tiene conocimiento sobre el cuarto hecho. En cuanto al quinto hecho, se
reconoció parcialmente la construcción de una canalización en el barrio Santa Ana,
la cual fue iniciada por el Municipio de Uramita con el apoyo del DAPARD, ahora
DAGRAN.

5.2. Manifestó que, aunque se inició la canalización, esta no ha sido culminada
debido a que el municipio no ha gestionado adecuadamente los ajustes requeridos
por DAGRAN. Se subrayó que, según la ley, la responsabilidad de la prevención y
atención de desastres recae en el municipio, y la intervención de otras entidades
solo se activa ante la incapacidad del mismo para hacerlo.

5.3. Expresó que no se tiene constancia de los hechos indicados en los numerales
octavo al décimo tercero, aunque se reconoció que el DAPARD ha realizado
actividades en respuesta a las solicitudes del municipio, incluyendo una visita
técnica para documentar las problemáticas del barrio Santa Ana y sus conclusiones.

2
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 045ContestacionMpioUramita.

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5.4. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimidad en
la causa por pasiva”; y “Cualquier otra excepción diferente a las del artículo 282 del
Código General del proceso, que el fallador encuentre probada” 3.

6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Manifestó que no le constan los hechos y sea tiene a lo que resulte probado
dentro del proceso.

6.2. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”; y “Falta de demostración de la afectación de los derechos
por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”4.

7. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Indicó que no es la autoridad competente para aportar económicamente en
la mitigación de la erosión generada por la quebrada o en la construcción de otra
obra de mitigación porque a nivel municipal y departamental, existen los consejos
municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres encargados de
gestionar los riesgos, en cabeza del alcalde y el gobernador, al interior de sus
jurisdicciones territoriales.

7.2. Indicó que la UNGRD que no se opone a las pretensiones del demandante,
sin embargo, aclaró que carece de competencias legales para proteger los intereses
colectivos presuntamente vulnerados. Destacó que la responsabilidad de la gestión
del riesgo de desastres recae directamente en las entidades territoriales
demandadas dentro de su jurisdicción.

7.3. Manifestó que para que la UNGRD pueda aportar técnica o financieramente
a las entidades territoriales, es necesario agotar todos los procedimientos
establecidos en la Ley 1523 de 2012. Esta ley establece que la intervención de la

3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado:035ContestacionDptoAntioquia.
4
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado:037ContestacionMinvivienda.

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UNGRD solo se activa tras superar la capacidad económica de las entidades
municipales, departamentales o distritales.

7.4. Expresó que, según el análisis de las pretensiones del demandante, no se
vincula a la UNGRD en una obligación de actuar. Resaltó que la intervención de
esta entidad solo es posible si los entes territoriales presentan solicitudes
específicas relacionadas con la ejecución de obras, basadas en estudios de riesgo.

7.5. Afirmó que las entidades territoriales tienen la obligación legal de formular,
ejecutar, seguir y evaluar los procesos de gestión del riesgo de desastres, que
incluyen el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de
desastres. La UNGRD desconoce si existen estudios de riesgo que identifiquen si
el área mencionada por el demandante está en una zona de alto riesgo.

7.6. Señaló que antes de realizar obras de mitigación, es fundamental contar con
estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que identifiquen el nivel de
riesgo en el municipio y determinen las intervenciones necesarias para superarlo.

7.7. Concluyó que los insumos pertinentes deben ser incluidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, donde se deben prever contingencias
y respuestas adecuadas para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en la
zona afectada.

7.8. Finalmente, propuso la excepción que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”5.

La audiencia de pacto de cumplimiento

8. El Tribunal, mediante audiencia de 24 de noviembre de 2023, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes6.

5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo

denominado:042ContestacionGestionDelRiesgo.
6
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado:105ActaAudienciaPactoCumplimiento.

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Sentencia proferida, en primera instancia

9. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia de 7 de junio de 2024, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Departamento de Antioquia-DAGRAN y la
UNGRD, en consideración a lo señalado en el presente proveído.

SEGUNDO. Declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
aducida por la Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la
motivación precedente.

TERCERO. Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; goce
del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público; seguridad
y salubridad públicas; acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y
a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, los cuales se declaran vulnerados por el
municipio de Uramita, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá-
CORPOURABA-, el Departamento de Antioquia-DAGRAN y la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior se ordena:

4.1. El municipio de Uramita y el departamento de Antioquia-DAGRAN con la
asesoría, orientación y apoyo de CORPOURABÁ y la UNGRD, en el término de
cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberán efectuar
un estudio técnico detallado en el cual se determine si el riesgo y amenaza en el
barrio Santa Ana del municipio de Uramita, es mitigable o no.

4.1.1. En el evento de que el riesgo sea mitigable, el citado estudio técnico deberá
indicar cuáles son las medidas para atenderlo y las obras a ejecutar y, en
consecuencia, el municipio de Uramita y el departamento de Antioquia con la
asesoría, orientación y acompañamiento de CORPOURABÁ y la UNGRD,
deberán realizar todas las gestiones correspondientes y relacionadas con la
formulación y ejecución efectiva del proyecto de intervención para la realización de
las obras de mitigación del riesgo, dentro de los ocho (8) meses siguientes –
contados a partir del estudio para cuya realización se ha fijado plazo – (sic)

4.1.2. En el caso de determinarse en el referido estudio que el riesgo no es
mitigable, el municipio de Uramita, en coordinación con el Departamento de
Antioquia, deberá adelantar, en el término de los cuatro (4) meses siguientes -
contados a partir del estudio para cuya realización se ha fijado plazo - las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las
familias que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una
indemnización equivalente y que estén ubicadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Santa Ana.

El Municipio de Uramita, en coordinación con el Departamento de Antioquia,
deberá reubicar de forma definitiva en un lugar que permita el acceso a los servicios
públicos, por medio de un plan de vivienda subsidiada, a las familias situadas en la
zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana, siempre y cuando no hayan sido
beneficiarias de un subsidio de vivienda. Lo anterior, en el término máximo de diez
(10) meses, contados a partir del estudio para cuya realización se ha fijado plazo y
en el que se establezca que la zona donde se encuentra ubicado el barrio Santa
Ana es de riesgo no mitigable.

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4.1.3. El municipio de Uramita, en el término máximo de quince (15) días,
contados a partir del estudio de detalle que establezca que la zona donde se
encuentra ubicado el barrio Santa Ana es de riesgo no mitigable, deberá efectuar
un censo con el objeto de determinar las características de la población beneficiaria
de la medida de reubicación indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener
la siguiente información mínima:

-El número de familias situadas en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa
Anta (sic), cuyas viviendas fueron construidas en el marco de la normativa que
regula el asunto y autorizadas por las autoridades competentes. -El número de
familias en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana, cuyas viviendas
fueron construidas sin la autorización de las autoridades competentes y
desconociendo la normativa que regula el asunto. -El número de familias situadas
en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana, que no hayan sido
beneficiarias de ningún proyecto de vivienda subsidiada.

4.1.4. Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Santa Ana, cuyas viviendas fueron construidas atendiendo la normativa
vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo el
procedimiento previsto para el efecto, el municipio de Uramita tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9ª. de 1989 y normas
concordantes.

En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Santa Anta (sic) se rehúsen a abandonar el sitio, el alcalde de
Uramita deberá ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía,
en el marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

4.1.5. Ordenar al municipio de Uramita que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y previo al agotamiento del procedimiento
administrativo previsto para el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal
hasta que se lleve a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias del barrio
Santa Ana que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda y que habiten
en la zona de riesgo alto no mitigable, y sin perjuicio de las medidas de urgencia
que se deban adoptar frente a una nueva situación de riesgo.

El municipio de Uramita deberá cumplir esta orden en el término máximo de un
(1) mes, contado a partir del estudio para cuya realización se ha fijado plazo y en el
que se establezca que la zona donde se encuentra ubicado el barrio Santa Ana es
de riesgo no mitigable.

4.1.6. En el evento en que la orden anterior no se pueda ejecutar por la ausencia
de un marco normativo que reglamente la solución de vivienda temporal a favor de
las familias que habitan la zona de alto riesgo no mitigable, el municipio de Uramita
deberá – en un término máximo de tres (3) meses, contados a partir del estudio
para cuya realización se ha fijado plazo y en el que se establezca que la zona donde
se encuentra ubicado el barrio Santa Ana es de riesgo no mitigable: - Realizar las
gestiones necesarias con el objeto de obtener la reglamentación correspondiente. -
Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse en
caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la vida e integridad de las
personas que habitan en ese sector, en el marco de la estrategia municipal para la
gestión del riesgo de desastres. Adicionalmente, deberá el municipio de Uramita
brindar asesoría y orientación completa y eficaz, así como apoyo administrativo a
las familias que habitan la zona de riesgo no mitigable, en la obtención de una
alternativa de vivienda temporal y digna, lo que deberá hacer en el término máximo
de diez (10) días, contados a partir del estudio para cuya realización se ha fijado
plazo y en el que se establezca que la zona donde está ubicado el barrio Santa Ana
es de riesgo no mitigable.

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Núm. único de radicación: 050012333000202300646-02

• Realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener la reglamentación
correspondiente.

• Elaborar un programa o un plan de reubicación temporal que pueda ejecutarse
en caso de presentarse un desastre que ponga en peligro la vida e integridad de
las personas que habitan en ese sector, en el marco de la estrategia municipal
para la gestión del riesgo de desastres.

Adicionalmente, deberá el municipio de Uramita brindar asesoría y orientación
completa y eficaz, así como apoyo administrativo a las familias que habitan la zona
de riesgo no mitigable, en la obtención de una alternativa de vivienda temporal y
digna, lo que deberá hacer en el término máximo de diez (10) días, contados a partir
del estudio para cuya realización se ha fijado plazo y en el que se establezca que
la zona donde está ubicado el barrio Santa Ana es de riesgo no mitigable.

QUINTO. En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

SEXTO: Ordenar al municipio de Uramita que, a través de la Unidad de Gestión del
Riesgo Municipal (UGRM) o dependencia que haga sus veces, adelante monitoreo
permanente en el barrio Santa Ana, y en caso de que la situación lo amerite,
disponga las acciones necesarias para la protección de la vida de los habitantes y
transeúntes, incluyendo la posible evacuación de las viviendas, conforme al marco
de sus competencias y dado que para ejercer estas no requiere de orden judicial
conforme al mandato de los artículos 2 y 6 Superiores.

SÉPTIMO. SE EXHORTA al Alcalde del municipio de Uramita para que si aún no
lo hubiere hecho, adopte un mecanismo idóneo, efectivo y trazable, dirigido a evitar
que de ejecutoriarse sentencia estimatoria dentro de la presente causa, personas o
familias que no habiten en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana, se
hagan acreedoras de las medidas de amparo. Para tal efecto, aplicando los
principios de planeación, valoración de contingencias, responsabilidad y
prevención, deberá fijar criterios administrativos y probatorios que le permitan
verificar que las familias beneficiarias hubiesen habitado permanentemente en ese
territorio durante el período corrido entre la presentación de la demanda popular y
la emisión de la presente sentencia. Se precisa que ante el indicador probatorio de
que siguen construyéndose nuevas viviendas en la zona, muy a pesar de las
condiciones de riesgo y sin que se active ningún control urbanístico por parte del
municipio, es necesario poner un límite temporal al amparo colectivo aquí definido,
en guarda de los principios de responsabilidad y transparencia y para efectos de
evitar conductas fraudulentas e inescrupulosas de quienes al conocerse la
sentencia de primera instancia, tengan como una opción habitar en las zonas en
riesgo para acceder a eventuales beneficios. En sintonía con lo anterior, y como un
acto de dirección del juzgador de la presente acción popular, dictado el fallo de
primera instancia, se librará oficio al señor alcalde municipal de Uramita.

OCTAVO. Exhortar a la comunidad del barrio Santa Ana para que acaten lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 y atiendan las recomendaciones
que se impartan por las autoridades en relación con el riesgo y además, para que
colaboren con las autoridades en la gestión dirigida a ejercer la vigilancia requerida
para evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en zona de riesgo, según
ha quedado motivado.

NOVENO. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO. Sin condena en costas, de conformidad con la parte motiva.

DÉCIMO PRIMERO. Ejecutoriada la presente providencia, se remitirá copia de la
misma a la Defensoría del Pueblo - artículo 80 de la Ley 472 de 1998 – y se librará

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comunicación a las entidades a las que se ha impuesto la ejecución de órdenes de
amparo, para efectos de la rendición de los informes a que se alude en el acápite
de la parte motiva titulado “Cumplimiento de las medidas de amparo de los derechos
colectivos”.

DÉCIMO SEGUNDO: Por secretaría, repórtese en su oportunidad legal al despacho
ponente, téngase en cuenta que es un asunto constitucional sujeto a perentorios
términos en su trámite […]”7.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver era el siguiente: “[…]
Corresponde a la Sala establecer si fueron vulnerados o amenazados por las
demandadas los derechos colectivos señalados en los numerales a), d), g) h), l) y
m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 […]”.

10.1. El Tribunal señaló la naturaleza, las características y procedencia de la
acción popular; el marco normativo y jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos; determinó las competencias de las autoridades demandadas en materia
de gestión del riesgo; y resolvió a favor de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

10.2. El Tribunal consideró en su análisis fáctico y probatorio que el barrio Santa
Ana en Uramita enfrenta graves riesgos debido a la quebrada La Encalichada, que
provoca inundaciones y desprendimientos de rocas, poniendo en peligro tanto las
viviendas como la vida de sus habitantes. Se corroboró que las amenazas
documentadas desde 2016 persisten y no se han tomado acciones efectivas para
mitigar estos riesgos. Que el informe del DAPARD reveló un aumento de las
problemáticas de riesgo en la zona, sugiriendo la reubicación de las viviendas
afectadas y la necesidad de un plan de acción integral que incluya intervenciones
estructurales y no estructurales. Esta reubicación es crucial para recuperar la ronda
hídrica y garantizar la seguridad de los residentes.

10.3. Consideró que, a pesar de las gestiones realizadas por la administración
municipal para obtener recursos y apoyo para la canalización de la quebrada y la
reubicación de las viviendas, los esfuerzos han sido infructuosos. Se señalaron
inconsistencias en los estudios presentados, lo que ha dificultado la consecución de
financiamiento necesario para llevar a cabo las obras requeridas. Además, la falta
de acciones efectivas por parte de las entidades competentes, lo que ha llevado a

7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 136Sentencia.

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la comunidad a continuar en una situación de vulnerabilidad ante fenómenos
naturales. La falta de recursos y la dependencia de la cooperación interinstitucional
han obstaculizado la implementación de soluciones definitivas.

10.4. Concluyó el informe que es imperativo que se adopten medidas urgentes y
coordinadas entre el municipio, el departamento y el gobierno nacional para abordar
la problemática de riesgo en el barrio Santa Ana, asegurando la protección de sus
habitantes y la infraestructura afectada.

10.5. El Tribunal determinó que el DAGRAN planteó la necesidad de llevar a cabo
obras de mitigación del riesgo en la quebrada La Encalichada, evidenciando la
persistencia de inconsistencias en el proyecto presentado por el municipio, que no
atendió las observaciones anteriores y carecía de actualizaciones pertinentes.

10.6. Identificó que, aunque se realizaron algunas obras, como la construcción de
gaviones, estas no eran suficientes frente a los procesos erosivos y de socavación
que afectan la infraestructura en el barrio Santa Ana. Se destacó que la situación
geotécnica y topográfica del área favorece la ocurrencia de amenazas naturales.

10.7. Determinó que, a pesar de las revisiones realizadas en 2021 y 2023, el
municipio aún no había enviado las subsanaciones requeridas para avanzar en la
gestión del proyecto ante la UNGRD. Se evidenció que el proyecto actual seguía
siendo muy similar al de 2017, sin haber incorporado las observaciones solicitadas.

10.8. Además, recomendó la realización de un estudio detallado de Amenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) para actualizar el Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) y proponer intervenciones correctivas. Asimismo, se sugirió
considerar el reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo y la extensión del
canal de concreto reforzado.

10.9. También enfatizó la importancia de que el municipio ejerza control urbanístico
para evitar nuevas construcciones en áreas de riesgo y que cumpla con los
requisitos ambientales, promoviendo la revisión de los lineamientos de planificación
territorial vigentes, en línea con las normativas de gestión del riesgo.

10.10. Consideró que la quebrada La Encalichada presenta una canalización parcial
de 140 metros en el barrio Santa Ana, junto con obras puntuales como muros tipo

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gavión. Indicó que existen procesos erosivos y socavación en ambas orillas, lo que
agrava la situación de vulnerabilidad en la zona. Expresó que las características
topográficas y geológicas del barrio generan amenazas de caída de rocas desde las
laderas, además de que muchas construcciones no cumplen con los requerimientos
técnicos necesarios. Demostró que se siguen realizando obras en la base de la
ladera sin el control urbanístico adecuado, lo que aumenta el riesgo de desastres.

10.11. Determinó que el Municipio de Uramita está gestionando recursos para la
construcción de obras de mitigación y la segunda etapa de la canalización. Adjuntó
certificaciones que confirman que esta obra es prioridad en los planes de gestión de
riesgo del municipio. Resaltó que la segunda etapa de la canalización figura en el
banco de programas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, asegurando su
inclusión en el plan de desarrollo municipal. Confirmó que se están realizando
esfuerzos coordinados para abordar la problemática de la quebrada.

10.12. Se presentó un estudio hidrológico de la quebrada La Encalichada que
incluye el análisis hidráulico e hidrológico, destacando puntos críticos que podrían
afectar las condiciones del cauce. También incluyó un recorrido para identificar esos
puntos y se recomendó adoptar medidas para prevenir futuras afectaciones.
Detectó secciones específicas para la evaluación hidráulica de la quebrada y el
dimensionamiento de las obras proyectadas. Enfatizó que, aunque se reportaron
inundaciones en viviendas contiguas durante las crecientes, el estudio no tiene
como objetivo establecer los riesgos generados por la quebrada. También un
estudio geotécnico para la construcción de la segunda etapa de la canalización de
la quebrada en el barrio Santa Ana, en el que determinó la imposibilidad de
establecer la probabilidad de un fenómeno destructivo, pero evidencia la existencia
de socavación dadas las características del cauce.

10.13. Consideró que se presenta una amenaza real y actual a los derechos
colectivos que se ha prolongado en el tiempo desde el año 2016 sin que se
presenten algunas soluciones a fondo y sin que se hubiere gestionado
efectivamente la mitigación del peligro, amenaza o evento generador de
vulnerabilidad relatado por los demandantes, agravándose aún más la problemática
por la falta de medidas urbanísticas que pongan contención a nuevas
construcciones de viviendas en la zona.

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10.14. Señaló que el riesgo procede de dos fuentes; i) de la socavación producida
por la quebraba la Encalichada en el barrio Santa Ana y las crecientes que afectan
a las viviendas aledañas a las orillas (ambas) y ii) de las rocas o material que se
desprende de la ladera y que afecta a las viviendas contiguas a estas.

10.15. Reconoció las gestiones adelantadas por las diferentes entidades
principalmente por el municipio y, subsiguientemente por el departamento de
Antioquia – este último ante los pedimentos efectuados por el ente territorial
municipal -, empero ello, en nada desvanece o desvirtúa que a la postre se tornan
mínimas y de incidencia casi nula, dada la complejidad y magnitud de la situación y
la falta de determinación para atenderla bajo parámetros de seriedad, idoneidad y
proporcionalidad.

10.16. Concluyó que es indudable que está estructurada la afectación de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, así como a
la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes8.

Recurso de apelación presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - UNGRD

11. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó escrito
por medio del cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, en los siguientes términos:

11.1. Indicó como argumento de apelación la indebida valoración de las normas
que definen las competencias de los entes territoriales dentro del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, por cuanto se ordena en el numeral 4 de la sentencia,
responsabilidad a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, por la vulneración del derecho colectivo antes indicado, sólo por el hecho
de ser parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin detallar de manera

8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo

denominado: 136Sentencia.

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clara y precisa cual fue la acción u omisión de esta entidad pública que haya dado
lugar a la vulneración que se le endilga. Además, no existe prueba alguna que
determine respecto de la UNGRD tal vulneración.

11.2. Manifestó que las órdenes impugnadas desconocen el marco jurídico que
regula las funciones de la UNGRD, resaltando que esta entidad no tiene
competencias para ejecutar obras en los municipios ni gestionar recursos para su
financiación. Afirmó que es responsabilidad del municipio, en colaboración con el
departamento y la Corporación Autónoma Regional, llevar a cabo las acciones
necesarias para mitigar el riesgo en su territorio, en virtud de lo estipulado en la Ley
1523 de 2012, que establece un Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

11.3. Consideró que la creación de un Fondo Territorial para la Gestión del Riesgo
es esencial, ya que estos recursos deben ser utilizados específicamente para la
implementación de medidas de conocimiento, reducción y manejo de desastres.
Afirmó que la ley exige que las entidades territoriales incluyan en su presupuesto
las partidas necesarias para cumplir con sus funciones en este ámbito, advirtiendo
que la UNGRD no debe asumir la gestión de recursos destinados a obras que son
de competencia municipal.

11.4. Determinó que la UNGRD, en su rol de coordinadora del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, carece de funciones operativas y no puede
ejecutar las obligaciones impuestas por la sentencia en apelación, que incluye la
ejecución de obras de mitigación del riesgo y la obtención de recursos. Enfatizó que
la potestad de asignación de recursos internacionales es exclusiva de los actores
internacionales y debe ser gestionada a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

11.5. Subrayó que, según la legislación vigente, los entes territoriales son los
responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo en su
jurisdicción. Sostuvo que, aunque la UNGRD puede ofrecer asesoría técnica y
apoyo, no tiene la obligación de financiar ni ejecutar obras, las cuales deben ser
llevadas a cabo por los municipios con la colaboración de los departamentos y otras
entidades pertinentes.

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11.6. Concluyó que la interpretación y aplicación de las competencias de la
UNGRD deben respetar el ordenamiento jurídico y la división de funciones
establecidas por la ley, asegurando que los municipios asuman la responsabilidad
que les corresponde en la gestión del riesgo de desastres en sus territorios.

11.7. Consideró que el fallo impugnado también desconoce los mecanismos de
financiación en la gestión del riesgo de desastres que poseen los entes territoriales.
Además de los fondos territoriales establecidos en el artículo 54 de la Ley 1523 de
2012, la Constitución Política de 1991, en sus artículos 356 a 358, crea el Sistema
General de Participaciones, destinado a garantizar recursos económicos para el
adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a departamentos, distritos y
municipios.

11.8. Manifestó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-921/07, dejó claro
que el Sistema General de Participaciones se implementa para financiar
adecuadamente los servicios a cargo de los entes territoriales, priorizando
especialmente el sector salud y la educación. Estos recursos, considerados como
transferencias territoriales, son parte del presupuesto nacional y requieren una
regulación que establezca las autorizaciones necesarias para su manejo y
distribución.

11.9. Determinó que la descentralización territorial implica también una
descentralización fiscal, lo que requiere una clara distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales. Esta estructura permite que los entes
locales, como personas jurídicas de derecho público, accedan a recursos para
atender los servicios básicos, estableciendo así un vínculo fiscal entre la Nación y
dichos entes.

11.10. Resaltó que la Ley 715 de 2001 desarrolla el Sistema General de
Participaciones, asignando a los municipios la responsabilidad directa de gestionar
asuntos medioambientales y de prevención de desastres. De esta manera, se
reafirma la obligación de los entes territoriales de utilizar tanto recursos propios
como los provenientes del Sistema para llevar a cabo estas funciones.

11.11. Subrayó que, por lo tanto, el ordenamiento jurídico vigente establece
claramente que las entidades territoriales son responsables de financiar y ejecutar

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las acciones de gestión del riesgo en su territorio, lo que refuerza la necesidad de
respetar estas competencias en el contexto de la apelación.

11.12. Fundamentó su recurso de apelación con las siguientes sentencias
proferidas por esta Sección, NUR 52001-23-33-000-2021-00320-01,
170012331000201100424-03, 13001-23-33-000-2015-00052-01. Destacó el objeto
de las decisiones mencionadas en el que se ratificó que los Alcaldes municipales
como conductores del desarrollo local, son los responsables directos en su
jurisdicción, de la implementación, desarrollo y ejecución de la política pública y los
procesos de gestión del riesgo de desastres, como son: el conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo de desastres, para lo cual deberá prever las partidas
presupuestales necesarias para que con sus fondos territoriales y sistema general
de participación, fortalecer la política de gestión del riesgo en su territorio.

11.13. Retiró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, conforme sus
competencias legales, brinda el apoyo técnico necesario que requieran los entes
territoriales para la implementación de la política de gestión del riesgo en su
territorio, además la asesoría para la inclusión de tal política en sus planes de
ordenamiento territorial, pero no incluye o incorpora la norma, y menos por
sentencia, que la UNGRD deba conseguir recursos para ejecutar obras en los
municipios.

11.14. Solicitó la revocatoria de la sentencia en lo que respecta a la orden impartida
a la UNGRD, la cual contraría las funciones legales que fueron asignadas mediante
el Decreto 4147 de 20129.

Recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia

12. El Departamento de Antioquia presentó escrito por medio del cual interpuso
el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:

12.1. Consideró que la Ley 1523 de 2012 establece la gestión del riesgo de
desastres como un proceso social integral, donde se define la responsabilidad de
todos los entes y habitantes del territorio colombiano. El artículo 1º de esta ley
señala que la gestión del riesgo tiene como propósito contribuir a la seguridad y

9
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Expediente digital del Tribunal, archivo denominado:

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bienestar de la población. En este contexto, el DAGRAN, como entidad
departamental, tiene un rol de apoyo y no de ejecución directa de proyectos.

12.2. Indicó que, según el artículo 14 de la Ley 1523, los alcaldes son los
responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo dentro de
sus municipios. El DAGRAN debe apoyar la actualización de diagnósticos, como el
del barrio Santa Ana en Uramita, pero no está facultado para formular proyectos,
función que no está contemplada en su reglamentación. Se enfatizó que el
DAGRAN, al ser un órgano consultor, debe limitarse a brindar recomendaciones y
no asumir competencias que son propias del municipio.

12.3. Manifestó que el municipio, a través de su Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), tiene la obligación de integrar las valoraciones de riesgo en su planificación.
Se argumentó que la gestión del riesgo es una competencia exclusiva del municipio,
que debe concertar con la Corporación Autónoma Regional para incorporar las
evaluaciones pertinentes en sus decisiones.

12.4. Determinó que la sentencia impugnada confunde las funciones del DAGRAN,
asignándole responsabilidades que no le corresponden, creando así un marco
normativo no acorde con la realidad de la gestión del riesgo en el departamento. El
DAGRAN puede ofrecer apoyo subsidiario en la formulación de proyectos, pero
nunca sustituir la iniciativa territorial que corresponde al municipio.

12.5. Concluyó que la sentencia ignora el contexto histórico de los problemas de
riesgo en el barrio Santa Ana, ya que las necesidades no son nuevas y la urgencia
de las medidas cautelares no se justifica. Solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, exonerando al ente territorial de las órdenes impuestas,
reafirmando que su rol es de acompañamiento y no de ejecución directa10.

Actuaciones en segunda instancia

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 202411, ajustó al
efecto devolutivo los recursos de apelación interpuestos; mediante auto de 9 de
septiembre de 202412 admitió los recursos de apelación. El Ministerio Público no

10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5_13_13_730012333000201600607024EXPEDIENTEDIGI20230810125211 páginas 839 a 845.
11
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004. Archivo denominado:
022AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION.
12
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00010. Archivo
denominado:027AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.

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rindió concepto, ni las partes se pronunciaron en relación con los recursos de
apelación.

II. CONSIDERACIONES DE SALA

14. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del derecho colectivo al goce
al ambiente sano; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce de un espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de
uso público; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo
al acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; viii) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; x) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la seguridad y salubridad públicas; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199813, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201914, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15015 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201116, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

13
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
14 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
15 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
16
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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16. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 7 de junio de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Antioquia, de conformidad con los artículos 32017 y
32818 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201219, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Los problemas jurídicos

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar las competencias de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres – UNGRD y el Departamento de Antioquia para atender la
situación de riesgo que se presenta en el barrio Santa Ana del Municipio de Uramita
en relación con; i) la socavación producida en ambas orillas por la quebrada la
Encalichada y ii) las rocas o material que se desprende de la ladera y que afecta a
las viviendas contiguas a estas.

17.1. Específicamente, respecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD se determinará si es competente en el marco de sus
funciones de prevención y atención del riesgo de desastres para brindar asesoría,
orientación y acompañamiento al Municipio de Uramita y al Departamento de
Antioquia para la determinación del riesgo mitigable y la posterior realización de las
obras de mitigación.

17.2. También se determinará si el Departamento de Antioquia es competente para
realizar la formulación de proyectos y la posterior ejecución del proyecto de
intervención para la realización de las obras de mitigación del riesgo y para la
reubicación definitiva de las familias que no hayan sido beneficiarias de subsidios o
indemnizaciones y que se encuentren en la zona de riesgo no mitigable del barrio
Santa Ana.

18. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 7 de junio de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia.

17
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
18
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones […]”
19
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

19. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

19.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

19.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

19.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

19.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”20.

19.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental

20. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.

20.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.

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20.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201521 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.

20.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.

20.4. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.

21
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en
contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial), de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano

21. En el orden internacional22 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

21.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.23

21.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

21.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"24, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199625 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200126, estableció:

22
Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación 270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
23
Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones.
24
El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en su artículo 21,
numeral 3.
25
Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San Salvador el 17de noviembre de
1988.
26
Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de
1988.

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“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).

21.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional27 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

21.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

21.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.

21.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional28 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y

27
Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 22 de
noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-
431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
28
Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

21.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199929 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

21.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197330 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197431, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

21.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras

29
M.P. Hernando Herrera Vergara.
30
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
31
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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27

Núm. único de radicación: 050012333000202300646-02

disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

21.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201932, en los siguientes términos:

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo33. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]34

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de

32
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01 (AP).
33
Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de
inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01 (AP)

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protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”35.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)

[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente36. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523

35
Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
36
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia de 17 de agosto
de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).

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de 201237, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.

En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”38.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”39.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201440, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni

37
"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
38
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
39
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas
Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
40
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01(AP).

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deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

22. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198941 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200242; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199843 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 44, sobre el uso y goce del espacio
público.

23. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.

24. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del

41
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
42
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
43
“[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
44
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.

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amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]”.

25. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional45 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).

26. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

27. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.

28. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.

28.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.

45
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda Espinosa.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

29. Vistos los artículos 365 y 366 de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.

29.1. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.

29.2. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

29.3. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”46 (Destacado
fuera de texto).

29.4. La Sección Primera recientemente47 consideró que la vulneración del
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna implica acciones u omisiones concretas de la demandada que pongan en

46
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
47
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número
único de radicación: 170012333000201800493-01.

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evidencia la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia
en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.

29.5. En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a
la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la
participación del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo
24° de la constitución política, según el cual todo colombiano puede circular
libremente por el territorio nacional, define este servicio como “[…] una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica […]”.

29.6. Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de
servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio
y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas residentes en Colombia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes

30. Visto el literal “m” del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

30.1. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades

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competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de
ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que
estén fuera de su marco normativo […]”48.

30.2. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 2011 49,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad50; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii)
respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio51; y iv) atención de
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible52.

30.3. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal “m” del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar los preceptos jurídicos
que rigen la materia urbanística; es decir, la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras
a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

30.4. En efecto, esta Sección53 en relación con el derecho colectivo mencionado
ha manifestado que:

“[…] abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad
de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio
público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto
de los derechos ajenos y el acatamiento de la ley de ordenamiento territorial, planes
de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del
suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan
las autoridades para construir […]”.

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de 2008; C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; número único de radicación 250002324000200500901-01.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011, número
único de radicación 630012331000200400688-01.
50 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
51 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
52 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
53 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta,
providencia de 19 de noviembre de 2009, NUR 170012331000200401492-01(AP).

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30.5. En suma, el desconocimiento por parte de las autoridades públicas y/o los
particulares de la normativa que regula las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos vulnera el derecho colectivo mencionado.

30.6. Adicionalmente, el precedente de la Corporación indica que para que se
entienda vulnerado o amenazado el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, no es suficiente con que se
incumplan las normas urbanísticas, sino que es necesario demostrar el daño o la
amenaza de daño al interés general 54.

30.7. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir en
relación con el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, por un lado, que busca proteger el adecuado uso, transformación
y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes y particulares
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces;

30.8. Por el otro, que busca garantizar las dimensiones de respeto y acatamiento
del principio de función social y ecológica de la propiedad; protección del espacio
público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida y derechos
de los demás habitantes; el respeto de los derechos ajenos y no abuso del derecho
propio; y que los procesos de cambio en el uso del suelo garanticen el interés
común, la función social y ecológica de la propiedad ecológica y el desarrollo
sostenible;

30.9. Por último, que se trata de un derecho que se sustenta en la primacía del
interés general y que es transversal a otros derechos, como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros.

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Vellilla Moreno,
providencia de 29 de noviembre de 2010, NUR 250002326000200401474-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

31. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política55.

31.1. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.

31.2. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

31.3. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201256, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

31.4. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación57, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no

55
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
56
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
57
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-
23-31-000-2011-00315-01(AP)

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solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

31.5. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.

31.6. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir,
por un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.

Marco general de la competencia de los departamentos y de los municipios
en materia de prevención de desastres

32. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política,
el Estado colombiano se define como una República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, en
la cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

33. La Constitución a su vez en sus artículos 298 y 300 asignó a los
departamentos autonomía para la administración de los asuntos seccionales y
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.
Asimismo, les encomendó funciones administrativas, de coordinación y

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complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios determinados en la Constitución y en la
ley.

34. Con respecto a la función de complementariedad de la acción municipal,
establece el artículo 300 de la norma en cita:

“[…] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas:
[…]

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y
el desarrollo de sus zonas de frontera […]” (Destacado fuera de texto).

35. En el mismo sentido la Ley 715 de 21 de diciembre de 200129, estableció en
cuanto a la función de complementariedad:

“[…] ARTÍCULO 74. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN OTROS
SECTORES. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social
dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
[…]

74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los
Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las
competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar. […]” (Destacado de
la Sala).

36. Ante las situaciones de vulnerabilidad por las condiciones del suelo o
amenazas similares, el Estado ha promovido un sistema, el cual tiene como objetivo
crear una política pública sólida para la identificación y evacuación de tales zonas,
con miras a garantizar los derechos y los bienes de sus habitantes.

37. El artículo 2 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201230 establece que la gestión
del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano. La norma dispone en su tenor literal:

“[…] En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión
del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo

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personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades
[…]”.

38. En virtud del principio de responsabilidad, la ley determinó como integrantes
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a: i) las entidades
públicas, ii) entidades privadas y iii) la comunidad, de allí que disponga que la
gestión del riesgo debe desarrollarse bajo los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad de todos los agentes que intervienen.

39. Particularmente en materia de prevención de desastres, la Ley 1523 asigna a
las autoridades departamentales las siguientes funciones:

“[…] Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento
y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial.

Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento […]”
(Destacado fuera de texto).

40. De conformidad con esta norma, a los departamentos les corresponde: i)
proyectar la política del Gobierno Nacional en materia de gestión del riesgo; ii)
responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del
riesgo y de manejo de desastres; iii) poner en marcha y mantener la continuidad de
los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio; iv) integrar en la
planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y v)
coordinar los municipios de su territorio de manera concurrente y con subsidiariedad
positiva.

41. Por su parte, los municipios fueron instituidos en los artículos 311 y 313 de la
Constitución Política como la entidad fundamental de la división político-

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administrativa del Estado, a la cual corresponde ordenar el desarrollo de su
jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes, y a los concejos municipales como los encargados de
reglamentar el uso del suelo.

42. Un primer referente en materia de gestión del riesgo es la Ley 9 de 11 de
enero de 198931 que establece, dentro de los planes de desarrollo municipal, la
reserva de tierras para la reubicación de asentamientos humanos ubicados en
sectores de alto riesgo y la posibilidad de expropiación de tierras con esa finalidad,
para lo cual, los alcaldes deben levantar un inventario sobre los asentamientos
que se encuentren en alto riesgo, y tomar las medidas de precaución y de
reubicación.

43. La Ley 388 complementó el anterior mandato y dentro de sus objetivos
señaló: “[…] establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes […]” y “[…] [g]arantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios,
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección
del medio ambiente y la prevención de desastres […]”.

44. A su vez, el literal “d” del artículo 10 de la Ley 388 prevé la necesidad de que
los municipios establezcan dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial
políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales, en especial en lo que a la zona urbana y su
expansión se refiere.

45. Más recientemente, la Ley 715 reiteró la responsabilidad de los municipios
conrespecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:

“[…] Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: […]

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76.9. En prevención y atención de desastres

Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.

76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación
de asentamientos […]”.

46. La Ley 1523 asigna a la administración distrital y municipal, dentro del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la directa e inmediata
responsabilidad de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el
manejo de los desastres, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
yel manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública […]” (Destacado fuera de texto).

47. Esta Sección58, con ocasión de una acción popular interpuesta por hechos
similares que se verificaron en el Municipio de Dosquebradas, abordó ampliamente
el análisis de las competencias de los municipios en lo que tiene que ver con la
atención y prevención de desastres, en los siguientes términos:

“[…] Como bien lo expresa la jurisprudencia constitucional, ese deber genérico ha
sido concretado en distintos preceptos de carácter legal, de manera específica y
en relación con la materia que nos ocupa, la Ley 715 de 2001
[…]

Las anteriores normas se complementan con los diferentes mandatos contenidos
en la Ley 388 de 1997 los cuales destacan la importancia de la prevención de
desastres dentro de la planeación del ordenamiento territorial municipal.

El artículo 1º señala entre los objetivos de la Ley el establecimiento de los
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la
ejecución de acciones urbanísticas eficientes; garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del
espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de noviembre de
2014; proceso identificado con número único de radicación 17001-23-33-000-2012-00286-01, C.P. María Elizabeth García
González.

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prevención de desastres; promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el artículo 8º establece que la función pública del ordenamiento del
territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento
del territorio y la intervención en los usos del suelo y menciona entre las
acciones urbanísticas “localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de
conservación y recuperación paisajística”.

En el mismo sentido el artículo 10º supra prescribe que “en la elaboración y
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los Municipios y distritos
deberán tener en cuenta como determinantes, que constituyen normas de superior
jerarquía las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales”.

Así pues, los entes Municipales cuentan con sendas competencias específicas en
la prevención y atención de desastres, las cuales pueden ser financiadas con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones o de otros recursos.
Estas competencias no se limitan a las zonas de alto riesgo ni se agotan con la
reubicación de asentamientos […]”.

48. Administrativamente, son los municipios las entidades territoriales que
ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de
desastres, de allí que los alcaldes como máximas autoridades son los encargados
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo su
conocimiento y reducción y, el manejo de los desastres en el área de su jurisdicción,
en la forma señalada por el artículo 14 de la Ley 1523.

Aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en
las funciones municipales y departamentales

49. La Constitución Política establece que las competencias de los diferentes
niveles de la administración se ejercerán conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiaridad, así:

“[…] Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”.

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50. El concepto de estos principios fue establecido por la Ley 136 de 2 de junio
de 199459, en el siguiente tenor:

“[…] a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los Municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer
en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los Municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente […]”.

51. En unos términos más específicos, la Ley 1523 describe de manera especial
estos principios, orientadores en materia de gestión del riesgo, de la siguiente
manera:

“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios
especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o
cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre
entidadesnacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario
que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar
cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión
de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de
algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el
respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para
alcanzarlas.

Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía delas
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser
de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las

59
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.

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autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el
deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada […]”.

52. La Corte Constitucional ha destacado la importancia de estos principios como
un medio a través del cual se cumplen de una forma más eficiente los fines,
cometidos y metas estatales, de manera que los diferentes niveles de la
administración deben mantener una comunicación constante y una planificación
conjunta en el ejercicio de sus funciones; en síntesis, esa Corporación estableció lo
siguiente34:

“[…] En este orden de ideas, juega un papel importante el principio de
coordinación. Este principio se relaciona de manera estrecha con el principio de
subsidiariedad y podría considerarse como una derivación del mismo. Implica,
entre otras cosas, una comunicación constante entre los distintos niveles
para armonizar aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, con la garantía
de protección de los derechos constitucionales fundamentales así como aquellos
asuntos vinculados con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del Estado.
La Corte Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que:
[…]

En este respecto, el principio de concurrencia desempeña un papel fundamental.
La Nación no puede dejar de estar pendiente de la suerte de las Entidades
Territoriales y de apoyar a aquellas que lo necesitan más.
[…]

El principio de concurrencia – conectado estrechamente con el principio de
subsidiariedad - no solo invoca la atención de la Nación sino que apela también a
la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes
pueden ir a una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas. Al
respecto de los principios contenidos en el artículo 288 de la Constitución Nacional
ha dicho la Corte Constitucional:

“El artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos
constitucionales y legales. El primer principio, indica que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades
territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica
un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de
modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y
proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva
de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de
descentralización y autonomía territorial."

Así las cosas, los tres principios contenidos en el artículo 288 no pueden verse de
manera aislada. Los tres deben ser aplicados de consuno. Colombia es un Estado
social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales. Esto implica la necesidad de
concurrencia de l[o]s distintos niveles para la solución de ciertos problemas que
vanmás allá de las fronteras de las Entidades Territoriales o que ellas mismas no

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están en posibilidad de solucionar y, en especial, para la realización de los
cometidos sociales del Estado. La Ley establece los criterios o elementos para
que las diferentes dependencias gubernamentales tanto a nivel nacional como a
nivel territorial trabajen de manera coordinada. Este exigente trabajo en
conjunto no puede soslayarse porque la Constitución radique en cabeza de
una entidad territorial determinada – por ejemplo en cabeza de los municipios
la prestación de los servicios básicos y en especial el cubrimiento del servicio
públicode educación y salud […]” (Destacado fuera de texto).

53. De esta providencia se extrae: i) la importancia de que exista una
comunicación constante entre los departamentos y los municipios; ii) los
departamentos como entes territoriales de nivel superior deben hacer seguimiento
y estar pendientes del estado y de la gestión de los municipios, respetando
naturalmente el principio de autonomía; iii) deben haber procesos de participación
de modo que los departamentos apoyen e intervengan en la planeación de los
programas y proyectos, sin que ello implique que necesariamente deban participar
en la ejecución; y iv) el hecho de que la ley radique en cabeza de los municipios
determinada función, no puede soslayar el trabajo conjunto que deben desarrollar
con los departamentos.

54. En suma, el ordenamiento jurídico propende porque las actuaciones de las
autoridades departamentales y municipales referentes a la planificación y ejecución
de obras de prevención y atención de desastres se desplieguen de manera
articulada, en el marco de las competencias administrativas que la ley le asigna a
cada uno de estos entes territoriales, puesto que, por una parte, es a los municipios
a los que en primera instancia y de manera directa les corresponde adelantar todos
los planes y programas, así como la ejecución de las obras y, por la otra, a los
departamentos les corresponde responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres y coordinar y
complementar la gestión que desarrollan los municipios que hacen parte de su
territorio.

55. De manera concreta, las funciones concatenadas y coordinadas de los entes
territoriales están previstas en la Ley 1523, entre otras normas, de la siguiente
manera:

“[…] Artículo 32. Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar
y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco
de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del
desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para
realizar su seguimiento y evaluación […]”.

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56. Corolario de lo anterior, los municipios son los responsables directos de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento,
la planeación, la ejecución de obras de reducción del riesgo y el manejo de
desastres y, en concordancia, a los departamentos les corresponde desarrollar
funciones especiales de planeación, conocimiento, seguimiento, asesoría,
orientación, acompañamiento y asistencia técnica, administrativa y financiera a los
municipios.

Sobre las competencias de las corporaciones autónomas regionales
ambientales y su obligación de asesoramiento y acompañamiento en materia
ambiental

57. La Constitución de 1991 atribuye al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía60 con identidad propia e independencia.

58. Así, la Ley 99 reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y definió a
dichas corporaciones autónomas regionales en el artículo 23, como:

"[…] entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

59. En lo concerniente a su objeto, la Ley establece que éste se circunscribe a la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”61

60. Finalmente, en cuanto a sus funciones de asesoramiento y acompañamiento,
el artículo 31 de la Ley 99, establece:

60
El artículo 150, numeral 7 de la Constitución señala: “[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir
o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta […]”.
61
Cfr. artículo 30.

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“[…] 1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción;

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables;

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el
área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por
las distintas entidades territoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito desu jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones
que se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras
entidadespúblicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;

7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de
apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no
formal, conforme a las directrices de la política nacional;
[…]

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósitode los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
locual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de

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los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes,la reparación de daños causados;

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación
de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado
manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas
y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;
[…]

26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional
de Regalías o con otros de destinación semejante;
[…]

29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales
y a los concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de
planificación que les otorga la Constitución Nacional;

30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la
presente ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.

Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313
numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a
las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en
cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará
a la conservación de la vegetación nativa existente. […]” (Destacado fuera de texto).

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61. Esta Corporación ha considerado que, de acuerdo con las disposiciones de
la ley 99 de 1993, las corporaciones autónomas regionales son “entes corporativos
de carácter público”, sometidas al derecho público y, por tanto, a los principios de
legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia, según los cuales ésta sólo
puede ejercer las funciones públicas que la Constitución o el legislador le
autorizan. Así las cosas, al ser autoridades ambientales, definen las políticas del
medio ambiente, lo planifican y ejercen poder de policía en los casos de permisos,
concesiones o por incumplimiento de normas ambientales.

62. Como se observa, las corporaciones autónomas regionales están facultadas
para, entre otras: i) ejecutar las políticas, planes y programas en materia ambiental
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el área de su
jurisdicción; ii) ejercer las funciones de máxima autoridad ambiental de acuerdo
con los criterios y directrices del ministerio; y, iii) labores de inspección, vigilancia,
seguimiento y control de los recursos renovables y no renovables.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

63. La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de la
calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual fija
como un objetivo prioritario para las entidades del estado la solución de las
necesidades insatisfechas en materia de salud.

64. La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, ha
sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15 de mayo de 2014,
la cual determinó:

“[…] La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada
gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a la
vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la dignidad
humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366 de la Carta,
que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental de su actividad la
solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación,
saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial se plasma también en
el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la responsabilidad de
asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos el deber de “procurar el
cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo de esta última previsión es
lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la Ley Fundamental, que erige en
deber ciudadano, expresión del principio de solidaridad, responder con acciones
humanitarias “ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas”. Finalmente, debe también resaltarse el hecho que el artículo 78 de la
Constitución haga reconocimiento expreso de la responsabilidad que deben afrontar
los productores de bienes y servicios que, entre otras, atenten contra la salud y la

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seguridad de los consumidores o usuarios; la cual, por virtud de lo previsto en la
parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.

La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del
derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener
que: “(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general
implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones,
los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad,
la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al
control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el
estado de sanidad comunitaria.”62

Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta
Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde
una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción
(activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones
esenciales de salud pública”63. En consecuencia, es claro para la Sala que su
vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones,
reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las
autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]64”

Análisis del caso concreto

65. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes de acuerdo con los cuales se plantearon los problemas
jurídicos de esta providencia.

65.1. El Tribunal consideró que de acuerdo a lo probado se presenta una amenaza
real y actual a los derechos colectivos, la cual es de vieja data y se ha prologado en
el tiempo, pues los elementos suasorios previamente analizados, exhiben sin lugar
a dubitación alguna que las situaciones de riesgo a las cuales se ve sometido el
barrio Santa Ana del Municipio de Uramita, datan como mínimo desde el inicio del
año 2016. Bajo ese escenario estima la Sala que carece de todo sentido que ocho
años después, la situación de riesgo a la cual se ven sometidos los habitantes del
citado sector y de las viviendas allí ubicadas, persista sin solución de fondo, sin que
se hubiere gestionado efectivamente la mitigación del peligro, amenaza o evento
generador de vulnerabilidad relatado por los demandantes, agravándose aún más
la problemática por la falta de medidas urbanísticas que pongan contención a
nuevas construcciones de viviendas en la zona.

62
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de octubre de 2009, Rad. No. 19001-23-31-000-200500067-01. C.P.
Marco Antonio Velilla Moreno.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre
de 2013, Rad. No. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). C.P.: Enrique Gil Botero.
64
Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala,
quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación Número: 25000 23 24 000 2010 00609 01(Ap)

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65.2. Se demostró que el riesgo procede de dos fuentes, es decir, i) de la
socavación producida por la quebraba la Encalichada en el barrio Santa Ana y las
crecientes que afectan a las viviendas aledañas a las orillas (ambas) y ii) de las
rocas o material que se desprende de la ladera y que afecta a las viviendas
contiguas a estas. Que las actuaciones desplegadas por las entidades públicas en
cuanto a la entidad de la amenaza han sido ínfimas y que después de muchos años
la situación no presenta una mejora, por el contrario, se evidenció una falta de
determinación para atender la situación bajo parámetros de seriedad, idoneidad y
proporcionalidad.

65.3. Por su parte los recursos de apelación tienen como objetivo discutir las
competencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el
Departamento de Antioquia para la determinación del riesgo; la formulación de
proyectos de intervención; la ejecución de obras de mitigación del riesgo; la
reubicación definitiva de familias que se encuentren en la zona de riesgo no
mitigable en el barrio Santa Ana del Municipio de Uramita.

En relación con la situación de amenaza que padece el barrio Santa Ana por
la quebrada La Encalichada y el desprendimiento de rocas de la ladera de la
montaña

66. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, se
tiene que, no se discute el hecho que el barrio Santa Ana se encuentra en una
situación de amenaza con ocasión de diversos fenómenos de la naturaleza que no
han sido mitigados. Que se han efectuado diferentes gestiones ante autoridades del
orden departamental y nacional para llevar a cabo las obras de mitigación, además
de las actividades desplegadas por el Municipio de Uramita. Igualmente, el barrio
tiene características especiales tanto topográficas como geológicas que propician
la caída de rocas procedentes de las laderas. También en el sector se presentan
construcciones sin cumplir con los requerimientos técnicos y las zonas de retiro
hídrico y se continúan realizando obras en la base de la ladera sin el
correspondiente control urbanístico y se siguen realizando cortes en el talud.

66.1. No obstante, la unidad en su recurso de apelación indicó que en el numeral
4 de la sentencia proferida en primera instancia se le endilgó responsabilidad por la
vulneración de los derechos colectivos invocados “[…] sin detallar de manera clara
y precisa cual fue la acción u omisión de la entidad pública que haya dado lugar a
la vulneración [...]”.

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66.2. Por lo anterior, esta Sala, para resolver este punto, realizará un recuento de
los elementos probatorios relevantes que evidencian la situación de peligro a la que
se expone la comunidad del barrio Santa Ana del Municipio de Uramita descrita en
la demanda en relación con las competencias de la unidad independiente de su
intervención o no en los hechos que derivaron este medio de control65.

66.3. Copia del informe de asesoría y asistencia técnica de 22 de febrero de 2016
del Departamento de Antioquia- Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres-DAPARD de abril de 2016 en el
que se expuso: i) las viviendas se ubican en ambos costados del cauce de la
quebrada; ii) la quebrada es de comportamiento torrencial; iii) muchas de las
viviendas del costado izquierdo- oriental se ubican en la base de la colina de alta
pendiente donde se observa el afloramiento de rocas; iv) las rocas con los procesos
de meteorización se van disgregando y desprendiendo del talud contiguo a las
viviendas; v) se reportó un desprendimiento que afectó a 7 viviendas; vi) se
realizaron recomendaciones como la reubicación de las viviendas para la
recuperación de la ronda hídrica y un plan de acción integral del municipio para
realizar intervenciones estructurales y no estructurales.

66.4. Copia del oficio núm. 2016030084522 de 21 de abril de 2016 suscrito por el
director de la DAPARD en el que indicó: i) que no está dentro de su competencia la
gestión de proyectos para reubicación de viviendas; ii) está dispuesto a prestar
asesoría técnica para la verificación de la situación de riesgo para la consecución
de recursos ante las entidades del orden departamental o nacional.

66.5. Copia del oficio núm. 2016030085870 de 22 de abril de 2016 suscrito por el
director de DAPARD en el que indicó: i) que el DAPARD no cuenta con presupuesto
aprobado en el Plan de Desarrollo para cofinanciar el proyecto presentado para la
canalización de la segunda etapa de la quebrada La Encalichada; ii) sugirió corregir
el proyecto para gestionar recursos ante el departamento y la Nación; iii) encontró
incongruencias por una supuesta copia de un estudio realizado en otro municipio; y
iv) el estudio es de fecha 2010 por lo que no es posible hacer un diagnóstico actual
de la situación.

66.6. Copia del oficio núm. 139 de 29 de noviembre de 2019 suscrito por la técnica
administrativa de la Secretaría de Planeación del Municipio de Uramita, el que se
indicó: i) que han realizado gestiones ante el DAPARD, la Unidad Nacional de

65
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado: OneDrive_2024-09-
23.

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Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación con la finalidad de
adelantar las acciones pertinentes para la elaboración de las obras de mitigación y
la atención definitiva con la construcción de la canalización de la quebrada la
Encalichada; ii) que las obras deben realizarse de manera conjunta con las
entidades mencionadas ya que exceden la capacidad presupuestal y económica de
la administración municipal; y iii) señaló que ha realizado obras de mantenimiento y
limpieza de la quebrada.

66.7. Copia del oficio núm. 140.05.08 de 17 de agosto de 2016 suscrito por el
Alcalde del Municipio de Uramita que tiene como asunto: “Presentación proyecto
“SEGUNDA ETAPA DE CANALIZACIÓN QUEBRADA LA ENCALICHADA
MUNICIPIO DE URAMITA – ANTIOQUIA” en los siguientes términos:

66.8. Copia del oficio de 17 de septiembre de 2017, dirigido a la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, suscrito por el Alcalde del Municipio de
Uramita, con asunto: “Presentación y solicitud de recursos” en los siguientes
términos:

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66.9. Del anterior recuento probatorio, se tiene que tanto el Departamento de
Antioquia como el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgos de Desastres conocen de la situación que se presenta en el barrio Santa
Ana, debido a las gestiones que ha realizado el municipio para la consecución de
apoyo financiero y técnico para realizar las obras de mitigación y la reubicación de
las familias en riesgo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres como integrante
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

67. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres alegó como
argumento de apelación que se le ordenaron en la sentencia proferida en primera
instancia acciones fuera del ámbito de sus funciones legales relacionadas con: i) la
ejecución de obras en los municipios; ii) la gestión para la obtención de recursos
para financiar obras que deban ejecutar los entes territoriales; iii) la ejecución de
obras para mantener el equilibrio ecológico de la zona.

67.1. La Ley 1523 de 24 de abril de 201266 establece que la gestión del riesgo está
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.

67.2. La gestión del riesgo implica el conocimiento y la reducción. En el artículo 8°
de la mencionada ley se determinan los integrantes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, dentro de ellos se encuentran las entidades públicas por
su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión. En el artículo 15 se establecen las instancias de orientación
y coordinación, que tienen como propósito optimizar el desempeño de las entidades
en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y dentro de ellas se señala a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

67.3. El artículo 18 determina las funciones de la mencionada unidad y las
establecidas en el Decreto-ley 4147 de 3 de noviembre de 201167 dentro de las
cuales se destacan: “[…] 6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y
territoriales en su fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres
y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en

66 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
67
“Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura”.

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los Planes Territoriales. […] 8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que
requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD. 9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la
implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país [...]”.

67.4. Dentro de la estructura de la unidad se destacan 3 subdirecciones para el
conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres68, las cuales tienen
como funciones “[…] 3. Promover, en coordinación con las autoridades competentes
en la materia, a nivel nacional y territorial, la identificación de las amenazas y de la
vulnerabilidad, como insumos para el análisis del riesgo de desastres, así como
coordinar el diseño de guías y el uso de lineamientos y estándares para este
proceso. […] 9. Generar insumos técnicos que apoyen la gestión de recursos para
la financiación de estudios e investigaciones orientadas al conocimiento del riesgo
de desastres por parte de las entidades del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres -SNPAD, así como para la creación de sistemas de
monitoreo o el fortalecimiento de los existentes. […] 14. Asesorar y brindar
asistencia técnica a departamentos y municipios en la formulación de proyectos
tendientes a mejorar el conocimiento del riesgo de desastres […]”.

67.5. Por su parte la Subdirección de Reducción del Riesgo tiene como funciones
entre otras: “[…] 7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la gestión de
recursos para la financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres. […]
9. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y municipios en la
formulación de proyectos para la reducción del riesgo de desastres [...]”.

67.6. En cuanto a las funciones de la subdirección para el manejo de desastres se
destacan las funciones de: “[…] 11. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD en la
gestión de recursos para la financiación de proyectos de manejo de desastres. […]
13. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y municipios en la
formulación de proyectos para el manejo de desastres [...]”.

67.7. La mencionada ley estableció unos principios generales que orientan la
gestión del riesgo, específicamente están relacionados con las competencias de las
entidades que integran el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de

68
Art. 10.

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Desastres -SNPAD; el principio de coordinación que es la actuación integrada de
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y
diferenciados que tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el
ejercicio de las funciones, el principio de concurrencia entre entidades nacionales y
territoriales para la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las
autoridades involucradas.

67.8. Además, el principio de subsidiariedad que “[…] se refiere al reconocimiento
de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias y
puede ser de dos tipos, la negativa cuando la autoridad territorial de rango superior
se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las
autoridades de rango inferior, si estas tienen medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de
acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no
tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando
esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada [...]”.

67.9. De acuerdo con lo anterior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres es una instancia de orientación y coordinación que tiene funciones de
apoyo a las entidades nacionales y territoriales desde el punto de vista técnico,
informativo y educativo, además de la gestión para la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres. Es
relevante señalar que en materia de coordinación es competente para la
identificación de las amenazas y de la vulnerabilidad, asimismo para brindar
asesoría técnica a los municipios en la formulación de proyectos tendientes a
mejorar el conocimiento del riesgo.

67.10. En consecuencia, esta Sección69 ha determinado que en materia de gestión
del riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente al
municipio en cabeza de su alcalde. No obstante, ello no indica que se deba dejar de
lado que la misma Ley 1523 y el Decreto 4147, establecieron un trabajo coordinado
y armónico con las demás entidades, dentro de las que se encuentra el Gobernador,
la UNGRD y las Corporaciones Autónomas Regionales, a quienes se les asignan

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente Nubia Margoth Peña

Garzón, sentencias de 29 de julio de 2021, NUR 81001-23-39-000-2018-00043-01, 28 de noviembre de 2019, NUR 13001-
23-33-000-2015-00052-02, y de 5 de octubre de 2023, NUR 17001233300020170052401.

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especiales funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades territoriales
de distinto orden en materia de gestión del riesgo.

67.11. En el caso concreto, a la UNGRD en la sentencia proferida en primera
instancia se le ordenó en el numeral 4.1 del ordinal cuarto, que prestara asesoría,
orientación y apoyo al municipio y al departamento para que estas realizaran un
estudio técnico en el que se determine si el riesgo y amenaza en el barrio Santa
Ana es mitigable o no, y en el caso de ser mitigable prestaría asesoría, orientación
y acompañamiento a esas entidades para realizar las gestiones correspondientes y
relacionadas con la formulación y ejecución efectiva del proyecto de intervención
para realizar las obras de mitigación.

67.12. En relación con lo anterior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres argumentó en su recurso de apelación que “[…] conforme sus
competencias legales, brinda el apoyo técnico necesario que requieran los entes
territoriales para la implementación de la política de gestión del riesgo en su
territorio, además la asesoría para la inclusión de tal política en sus planes de
ordenamiento territorial, pero no incluye o incorpora la norma, y menos por
sentencia, que la UNGRD deba conseguir recursos para ejecutar obras en los
municipios […]”.

67.13. Al respecto, el Decreto núm. 4147 de 2011 establece que la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, por un lado, tiene la función de “[…]
[c]oordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo,
reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los procesos
de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD […]”70; por el otro, “[…] [g]estionar,
con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la
consecución de recursos para fortalecer la implementación de las políticas de
gestión del riesgo de desastres en el país […]”71; y, por último, a través de la
Subdirección de Reducción del Riesgo de la Unidad, tiene como función la de: “[…]
[a]poyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD en la gestión de recursos para la
financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres […]”72
(Destacado fuera de texto).

70 Artículo 4, numeral 2 del Decreto núm. 4147 de 2011.
71 Artículo 4, numeral 9 del Decreto núm. 4147 de 2011.
72 Artículo 18, numeral 7 del Decreto núm. 4147 de 2011.

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67.14. En consecuencia, para la Sala no es de recibo el argumento referido por la
entidad apelante por cuanto, en el marco de competencias de la precitada Unidad
se establece como función, no solo la de gestionar la consecución de recursos para
financiar proyectos de reducción del riesgo -incluso a nivel internacional a través de la
Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- sino también la de
apoyar a las entidades del orden territorial, integrantes del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, en la gestión de recursos para financiar
proyectos de reducción del riesgo, lo cual resulta relevante en este caso concreto
en tanto se encuentra probado que el Alcalde del Municipio de Uramita solicitó el
apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, mediante Oficio de 17 de
septiembre de 2017, con el objeto de construir “GAVIONES REVESTIDOS EN
CONCRETO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA RIVERA DEL RIO SUCIO, EN EL
BARRIO LOURDES EN EL MUNICIPIO DE URAMITA”.

67.15. Ello implica que la Unidad, sin perjuicio de las principalísimas obligaciones
en materia de gestión del riesgo a cargo del respectivo ente territorial, ostenta
precisas competencias de apoyo técnico, asesoría y de gestión de recursos para la
mitigación del riesgo.

67.16. Por lo tanto, esta Sala considera que las órdenes impartidas en la sentencia
proferida, en primera instancia, en relación con la precitada Unidad, no solamente
se acompasan con sus funciones como directora y gestora a nivel nacional y
territorial en materia de Gestión del Riesgo de Desastres para el conocimiento y
reducción del riesgo, sino con los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad. Por ende, en el marco de las funciones de asesoría, orientación,
gestión, apoyo y acompañamiento, la Sala considera que las órdenes impartidas,
en primera instancia, se encuentran ajustadas al marco de competencias de la
entidad apelante, por lo cual serán confirmadas.

En relación con el recurso de apelación presentado por el Departamento de
Antioquia

68. Ahora bien, el Departamento de Antioquia indicó en su recurso de apelación
que no es el llamado a ejecutar las órdenes que se imponen en la sentencia en
cuanto a la formulación de proyectos, por cuanto el Departamento Administrativo
para la Gestión del Riesgo de Desastres no tiene esa función.

68.1. Se tiene que la responsabilidad frente a la gestión del riesgo de desastres es
de los gobernadores y alcaldes, estos últimos son los responsables directos de la

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implementación de los procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, no
obstante, los gobernadores también deben responder por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo.

68.2. En este orden de ideas, en la gestión del riesgo de desastres en los territorios
concurren las competencias de los alcaldes y los gobernadores, las cuales deben
atender los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva que
impone a los gobernadores la obligación de apoyar a los alcaldes cuando no tengan
los medios para enfrentar el riesgo y su materialización o cuando esté en riesgo un
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que
acude en ayuda de la entidad afectada.

68.3. Esta Sección, con fundamento en lo anterior, ha considerado que los
departamentos deben participar en el cumplimiento de las órdenes judiciales
dirigidas a proteger los derechos e intereses colectivos respecto a los desastres o
riesgos de desastres. En efecto, esta Corporación, mediante sentencia proferida el
19 de julio de 2018, manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el artículo citado, los Gobernadores deben responder por la
implementación de procesos dirigidos a la reducción del riesgo73, en el ámbito de su
competencia territorial, trabajando de manera coordinada en los municipios de su
jurisdicción, en ejercicio de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva.

[…]

De acuerdo con lo anterior, al ser los departamentos y los municipios los encargados
de desplegar acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en sus territorios,
es procedente que el departamento del Valle del Cauca coadyuve al municipio de
Sevilla en la ejecución de las obras dirigidas a mitigar el riesgo en los barrios
Monserrate y Cafetero […]”74 (Destacado del texto).

68.4. La Sección Primera de esta Corporación, mediante auto proferido el 29 de
agosto de 2019, consideró que los departamentos tienen competencias específicas
en materia de gestión de riesgos de desastres:

“[…]
5.3.1. Visto el panorama normativo y jurisprudencial, lo que evidencia la Sala es
que el Departamento de Caldas no carece de legitimación en la causa en el presente
caso, por el contrario, lo que se destaca es que a dicha entidad territorial le han sido
asignadas competencias específicas en materia de gestión del riesgo de desastres.
73
El artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, define la reducción del riesgo en los siguientes términos: “[…] 21. Reducción del
riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la
exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los
recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La
reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo
y la protección financiera. […]”
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 19 de junio de 2018, núm. único de radicación 760012331000201100212-01.

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5.3.2. Ahora bien, teniendo en consideración que la acción departamental está
regulada bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, lo que
supone es que el Municipio de La Dorada (Caldas) es el primer llamado a ejercer las
labores de monitoreo técnico en la ribera del río Magdalena dentro de su jurisdicción,
así como ejecutar las acciones necesarias para evitar inundaciones y socavamiento
de la margen izquierda del mencionado cuerpo de agua; sin embargo, ello no es óbice
para que el Departamento de Caldas deba entenderse exento de las
responsabilidades que en materia de gestión del riesgo le corresponden.

5.3.3. En este sentido, para la Sala no son de recibo los argumentos
expuestos en el recurso de apelación referidos a la falta de legitimación del
Departamento, dado que, como se destacó en el auto apelado, la problemática
de inundaciones en el casco urbano del municipio de La Dorada por el
desbordamiento del río Magdalena genera riesgo para la vida de las personas
que habitan en ese territorio y cuya acción requiere la concurrencia y
coordinación de todas las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, incluido por su puesto, el Departamento de
Caldas […]”75 (Destacado fuera de texto).

68.5. En el caso concreto, el Tribunal ordenó, al Municipio de Uramita y al
Departamento de Antioquia – DAGRAN: i) realizar un estudio técnico para
determinar si el riesgo y amenaza en el barrio Santa Ana es mitigable o no; ii) en
caso de ser mitigable: debe realizar todas las gestiones correspondientes y
relacionadas con la formulación y ejecución efectiva del proyecto de intervención,
iii) y si no es mitigable debe brindar apoyo al municipio para realizar las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las
familias que no hayan sido beneficiarias de subsidios de vivienda o una
indemnización equivalente y que estén ubicadas en la zona de riesgo no mitigable
del barrio Santa Ana.

68.6. El Departamento de Antioquia, incluso en su recurso de apelación indicó que
podría apoyar de manera subsidiaria, la formulación o montaje del proyecto que
sería presentado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para
acudir a los recursos, pero aclara que debe ser una iniciativa territorial, porque el
departamento no puede arrogarse competencias del municipio.

68.7. Sin embargo, es reiterativo que el Departamento Administrativo para la
Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRAN es un órgano consultor y de apoyo a
los entes municipales y no cuenta con personas dentro de su planta de cargos que
cumplan con la función de formulación de proyectos. No obstante, esa dependencia
indicó en el oficio núm. 2016030084522 de 21 de abril de 2016 que “[…] está
dispuesto a apoyar al municipio mediante una visita de asesoría técnica que
verifique la situación de riesgo de las viviendas, con el fin de que el respectivo

75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, auto de 29
de agosto de 2019, núm. único de radicación 170012333000201800232-01(AP)A

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informe sirva de soporte para la consecución de recursos ante las entidades del
orden departamental o nacional […]”, posteriormente el 10 de mayo de 2017 realizó
la revisión del proyecto denominado “Construcción de la canalización quebrada La
Encalichada Municipio de Uramita” en el que se refirió en relación con: i) el estudio
de suelo; ii) los estudios hidráulicos y diseños; iii) el presupuesto; y iv) la gestión del
riesgo).

68.8. Por lo anterior, la Sala considera que las órdenes se encuentran en el marco
de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias de los
departamentos y no desconocen los principios que rigen el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres. En efecto, el Municipio de Uramita, para el
cumplimiento de la sentencia, debe acudir al Departamento de Antioquia en virtud
del principio de coordinación que exige la actuación integrada de servicios de los
entes territoriales respecto a las competencias para la atención del riesgo de
desastres y garantizar los fines del sistema.

68.9. Como ha quedado expuesto, los departamentos tienen competencias
especificas frente a la gestión del riesgo, cuyo incumplimiento no puede excusarse
en la responsabilidad directa de los alcaldes y tampoco en la falta de personal dentro
de su planta de cargos. En el caso, la Asamblea Departamental de Antioquia expidió
la Ordenanza núm. 41 de 1995, por la cual se crea el DAPARD hoy DAGRAN,
teniendo como base los mandatos contenidos en la Ley 1523 de 2012, en la que se
destacan funciones como: “[…] 3. Orientar y asesorar a los municipios del
departamento en la elaboración de los planes y proyectos para la prevención,
atención y recuperación en caso de desastre, con base en los lineamientos dados
por el Comité Regional para la prevención y atención de desastres. 8. Fortalecer y
gestionar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento y desarrollo de
planes y proyectos de prevención de desastres. 9. Planear, organizar, dirigir y
evaluar las actividades necesarias para el desarrollo del Sistema de acuerdo con
las necesidades regionales y sectoriales. […] 13. Estructurar y garantizar el
funcionamiento del Fondo departamental para la prevención y atención de
desastres [...]”.

68.10. Además, se expidió el Decreto 2020070002567 de 5 de noviembre de
202043 , en especial, de sus artículos 93, numeral 3.4; 116 y 117, sobre estructura
de la administración pública departamental de Antioquia y funciones y estructura
orgánica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de
Antioquia que establece que ese Departamento Administrativo integra el precitado

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ente territorial y que en el marco de sus direcciones de “Conocimiento y Reducción
del Riesgo” y de “Manejo de Desastres”, no solamente actúa como coordinador y
director del “[…] sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres,
haciendo uso de las facultades y competencias que le son otorgadas por el
ordenamiento jurídico […]”, sino que tiene competencias específicas, entre otras,
para “[…] implementar […] mecanismos para el conocimiento y reducción del riesgo
y el manejo de desastres, incluyendo acciones de análisis, monitoreo y
comunicación del riesgo […]” en el área de su jurisdicción.

68.11. En consecuencia, se probó que el municipio precisamente en consonancia
con el principio de subsidiariedad conoció del riesgo de desastres al que se
encuentra sometida la comunidad del barrio Santa Ana por las diferentes
situaciones que se han mencionado y que acudió al departamento para solicitar su
apoyo técnico y de gestión de recursos para la mitigación del mismo, lo cual
materializa también el principio de autonomía territorial, en efecto, el Municipio de
Uramita76 acudió al Departamento de Antioquia en la búsqueda de asesoría y
asistencia técnica desde el año 2016 como se desprende de los documentos
allegados como material probatorio.

68.12. Por las razones expuestas, no prospera el recurso de apelación presentado
por el Departamento de Antioquia y en efecto, se confirmarán las órdenes proferidas
por el Tribunal en la sentencia de primera instancia.

69. Por último, esta Sala considera relevante precisar que, en las órdenes
proferidas por el Tribunal, relacionadas con la reubicación de las familias situadas
en la zona de riesgo no mitigable del barrio Santa Ana y si a ello hubiere lugar, se
recomendará a las autoridades para tener en cuenta de manera transversal en todas
las acciones previstas la perspectiva de género.

69.1. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el objetivo núm.
5 sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas, el cual indica que la desigualdad de género prevalece y estanca el
progreso social, dentro de las metas del objetivo mencionado, se destacan: i) poner
fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo; ii) asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad

76
Es un municipio de 6 categoría según información del DNP chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Car
acterizacion%20Territorial/Antioquia_Uramita%20ficha.pdf

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de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública; y iii) emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad
de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control
de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales77.

69.2. En consonancia, se modificará el numeral 4.1.4. para que se tenga en cuenta
la perspectiva de género en los procesos de reubicación, el cual quedará así:

69.3. 4.1.4. Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Santa Ana, cuyas viviendas fueron construidas atendiendo la
normativa vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes,
siguiendo el procedimiento previsto para el efecto, el municipio de Uramita tendrá
en cuenta; por un lado, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley
9ª. de 1989 y normas concordantes, y por el otro, aquellas normas relacionadas con
perspectiva de género, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia.

70. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

71. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, amparó los derechos colectivos invocados y en la
parte considerativa se estableció que se conformaría un comité de verificación, esta
Sala de decisión ordenará la conformación del mencionado comité para la
verificación de las órdenes impartidas en esta sentencia, que, por un lado, será
integrado y presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de

77
El marco normativo colombiano ha evolucionado significativamente en cuanto a los derechos de la mujer y de las personas
con género diverso desde la época anterior a la Constitución de 1991.
Este proceso se puede dividir en varias etapas clave: Primeras Conquistas (1921-1954):
Ley 83 de 1921: permitió que las mujeres casadas recibieran sus salarios directamente.
Ley 124 de 1928: autorizó a las mujeres a disponer libremente de sus depósitos bancarios.
Ley 28 de 1932: igualó los derechos patrimoniales de mujeres y hombres en la administración de bienes.
Decreto 227 de 1933: reguló la educación secundaria para mujeres y su acceso a estudios superiores.
Acto Legislativo 03 de 1954: otorgó el derecho al sufragio activo y pasivo a las mujeres, permitiendo su participación política.
Fortalecimiento de Derechos (1970-1991):
Decretos 1260 de 1970 y 2820 de 1974: establecieron igualdad de derechos y obligaciones entre géneros.
Ley 51 de 1981: ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
Leyes 50 y 54 de 1990: ampliaron derechos en materia de maternidad y reconocimiento del trabajo doméstico.
Desarrollo Post-1991:
La Constitución de 1991 sentó las bases para una legislación más robusta en defensa de los derechos de género.
Se promulgó una serie de normas que aseguran el trato igualitario, medidas especiales de protección para mujeres, y acceso
a servicios públicos, destacando la atención a mujeres y niñas.
Nuevos tipos penales y garantías de acceso a la justicia han sido creados para abordar la violencia de género.

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Antioquia; y, por el otro, será integrado adicionalmente por el actor popular; un
delegado y/o representante del Municipio de Uramita; un delegado y/o
representante del Departamento de Antioquia - DAGRAN; un delegado y/o
representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá –
CORPOURABÁ; un delegado y/o representante de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD; y un delegado del Ministerio Público.

Conclusiones

72. La Sala modificará el numeral 4.1.4 del ordinal cuarto y el ordinal quinto de
la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia y confirmará en lo
demás la sentencia de 7 de junio de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia en cuanto declaró la vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; al goce a un espacio
público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y
salubridad públicas; a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la
salubridad pública; y, a la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la
comunidad del barrio Santa Ana, por el riesgo derivado de dos fuentes: i) la
socavación producida por la quebrada la Encachilada y ii) las rocas o material que
se desprende de la ladera y que afecta a las viviendas contiguas a estas, y en el
que las entidades demandadas y apelantes; Departamento de Antioquia y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tienen competencia para concurrir
con el Municipio de Uramita en la toma de medidas de mitigación porque la situación
de amenaza se mantiene y las medidas no han sido contundentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.1.4 del ordinal cuarto de la sentencia de 7 de
junio de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, el cual quedará así:

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“[…] 4.1.4. Para la reubicación de las familias situadas en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Santa Ana, cuyas viviendas fueron construidas atendiendo la
normativa vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes,
siguiendo el procedimiento previsto para el efecto, el municipio de Uramita tendrá
en cuenta; por un lado, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley
9ª. de 1989 y normas concordantes, y por el otro, aquellas normas relacionadas con
perspectiva de género, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia.

En caso de que los habitantes de los inmuebles situados en la zona de riesgo no
mitigable del barrio Santa Anta se rehúsen a abandonar el sitio, el alcalde de Uramita
deberá ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en el
marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia de 7 de junio de 2024,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
en cuanto a la conformación del Comité de Verificación de la Sentencia, el cual
quedará así:

“[…] QUINTO. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de
Cumplimiento de esta sentencia por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia, quien lo presidirá; el actor popular; un delegado y/o
representante del Municipio de Uramita; un delegado y/o representante del
Departamento de Antioquia - DAGRAN; un delegado y/o representante de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABÁ; un delegado
y/o representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD; y un delegado del Ministerio Público.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye
todas las órdenes de la sentencia […]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 7 de junio de 2024, proferida
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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