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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2020-04091-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2020-04091-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 24 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará de la siguiente manera: CUARTO. - ORDENAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA adelantar las siguientes gestiones: […] 2. El MUNICIPIO DE COPACABANA atenderá las recomendaciones del DAGRAN en Informe Técnico correspondiente a la visita que efectuó el 29 de marzo de 2021 al lugar de los hechos, así: “Cualquier intervención en los terrenos de alta pendiente debe estar basada en rigurosos estudios geológicos –geotécnicos que contemplen todas las modificaciones que se harán en ellos, las obras civiles, que se deben realizar previamente para mitigar y corregir cualquier tipo de daños en los predios vecinos. Se deben realizar cálculos rigurosos de los factores de seguridad en las condiciones naturales de la ladera de alta pendiente antes de su intervención y otros cálculos rigurosos de los nuevos factores de seguridad con la proyección de lo que se pretende modificar de los terrenos naturales, teniendo en cuenta los pesos adicionales que se instalarán allí con las nuevas construcciones. La viabilidad de cualquier proyecto en zonas habitadas que se incluyan en laderas pendientes, debe tener factores de seguridad mayores de 2.5”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 24 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará de la siguiente manera: SEXTO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará presidido por el magistrado ponente y conformado por el Procurador 26 Ambiental y Agrario e integrado, además, por un representante de los actores populares, por los demandados: señores ANDREA CASTRO CARMONA y/o JORGE FERNANDEZ DUQUE o quien los representante y por un representante de cada una de las siguientes entidades: MUNICIPIO DE COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –DAGRAN- Y CORANTIOQUIA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2020-04091-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2020-04091-01
Demandante: Ramón Elejalde; Nelly López, Carlos Enrique Gallego, María
Isabel Robledo Velásquez, Harol Andrés Montoya, Margarita
María Ochoa Cano
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia, Departamento de
Antioquia-Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo
de Desastres de Antioquia (DAGRAN)
Vinculados: Andrea Castro Carmona y Jorge Fernández Duque
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Se pretende la protección de los derechos colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
y realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el departamento de
Antioquia contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022, emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la cual se ampararon los derechos colectivos al medio
ambiente sano, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 16 de diciembre de 2020, los señores Ramón Elejalde, Nelly López, Carlos
Enrique Gallego, María Isabel Robledo Velásquez, Harold Andrés Montoya y Margarita
María Ochoa Cano presentaron el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos contra el municipio de Copacabana, la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia -en adelante Corantioquia y el Departamento de Antioquia-
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia, en adelante DAGRAN1,
para obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
1 Esta sigla obedece al nombre de Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia, entidad

que antes era denominada Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y
Recuperación de Desastres y se identificaba con la sigla DAPARD.

Radicado: 05001 23 33 000 2020 04091 01
Demandantes: Ramón Elejalde y otros
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia y otros

jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes y al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Específicamente, la parte actora
formuló las siguientes pretensiones:

[…]

1. Solicitamos respetuosamente señor Juez se protejan los derechos colectivos a:

• El Ambiente Sano
• El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
• La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

2. Que se declare que el titular del Inmueble, el Municipio de Copacabana, el DAPARD,
CORANTIOQUIA han vulnerado estos derechos al permitir que se consoliden situaciones
de riesgo para los habitantes de la vereda El Zarzal-La Luz habiendo conocido los
movimientos en masa y antecedentes ambientales del predio.

3. Se protejan definitivamente los recursos naturales y se garantice que la intervención
urbanística que se realice en el predio cuenta con el respaldo técnico y científico de un
estudio que permita determinar las verdaderas condiciones de riesgo y las consecuencias
ambientales que se producen de acuerdo con la presión que pretende ejercerse sobre el
recurso hídrico y el suelo. […]2

Como sustento de las anteriores pretensiones, la parte actora manifestó que en la vereda
El Zarzal- La Luz del municipio de Copacabana en el año 2019 hubo un movimiento en
masa en el predio de propiedad del señor Juan Enrique Monroy.

Indicó que como consecuencia de lo anterior Corantioquia realizó una visita el 22 de mayo
de 2019, de la cual surgió el informe 120IT 1906-6846 en el que se documentó el
movimiento en masa derivado de las aguas subterráneas y la potencialidad de los
terrenos altos de generar movimientos hacia los predios de la parte baja de la vereda.

Dijo que en el informe se le recomendó a la alcaldía de Copacabana tomar las decisiones
necesarias para evitar el crecimiento urbanístico, especialmente en zonas de altas
pendientes, así como, realizar las correcciones al actual sistema de acueducto que
abastecía a la comunidad.

Aseguró que el municipio no acató ninguna de las recomendaciones de Corantioquia, y
que, contrario a ello en el mes de noviembre de 2022 solicitó un permiso para remoción
de tierra en el predio 344 de propiedad de la señora Andrea Castro Carmona ubicado
arriba del predio del señor Juan Monroy.

Afirmó que, mediante la Resolución núm. 166 de 2020, emitida por el municipio de
Copacabana otorgó la licencia para movimiento de tierra en el predio de la señora Andrea
Castro Carmona.

Indicó que el terreno se encontraba con una inclinación superior a 45º y que el uso del
suelo no permitía que allí se efectuaran construcciones que implicara grandes
movimientos de tierra, teniendo en cuenta que se trataba de una zona de uso principal
forestal protector.

2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Narró que se le otorgó la licencia mencionada con una clasificación de uso del suelo
diferente – agrícola- cuando era forestal y se omitió advertir que estaba restringida la
construcción que implicara grandes movimientos de tierra.

Señaló que de acuerdo con los planos presentados ante el Departamento Administrativo
de Planeación de Copacabana, la señora Castro Carmona solicitó permiso para hacer
tres excavaciones de movimiento de tierra, construir una vivienda de 2 niveles y 16
parqueaderos, una cancha y una piscina, lo cual implicaba un riesgo ante el movimiento
a realizar.

Contó que el 20 de febrero de 2020, en el predio de la señora Castro Carmona se inició
movimiento de tierra, el cual ocasionó un desprendimiento de dos rocas “del tamaño de
un balón de baloncesto”3, las cuales desembocaron en los predios de los señores Juan
Enrique Monroy y de la familia Elejalde López, lo que produjo las visitas de Corantioquia
y el DAGRAN.

Citó el informe 160AN-COI2002-3317 de la visita del 21 de febrero de 2020 de
Corantioquia. Destacó que en este, la entidad describía la existencia de una vaguada
recolectora de un caudal representativo con características de torrencialidad en época de
lluvia, con escenarios de riesgo para el sector ante la obstrucción por el depósito de
materiales. Así mismo, manifestó que el informe también recomendaba evitar el
crecimiento urbanístico.

Precisó que el 21 de febrero de 2020, la Inspectora Tercera de Policía Urbana realizó una
visita al predio de la señora Castro Carmona y selló la obra para salvaguardar la vida de
la familia Elejalde López. Mientras que el 25 de febrero de 2020, el DAGRAN y el
municipio de Copacabana realizaron una visita al predio de la familia Elejalde López y la
señora Castro Carmona en la que advirtieron el riesgo inminente por el movimiento de
tierra y la precipitación de lluvias.

Después de narrar una serie de irregularidades en el marco de la expedición de la
Resolución núm. 166 de 2020, señaló que el Departamento Administrativo de Planeación
revocó esa resolución, por medio de la núm. 337 del 13 de marzo de 2020.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 16 de diciembre de 20204, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda, ordenó notificar a las entidades demandadas, a los procuradores
judiciales ante el Tribunal, al defensor del pueblo, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y vinculó a la señora Andrea Castro Carmona, en su condición de
propietaria del inmueble en construcción.

2.2. En providencia del 18 de diciembre de 20205, el a quo decretó medida cautelar de
urgencia, la cual no fue recurrida y ordenó:

3 Ibidem.
4 El auto admisorio no tiene fecha. Al consultar el sistema de consulta SAMAI en el índice 00002 de la

primera instancia se observa como fecha de registro de la actuación del auto admisorio de la demanda el
16 de diciembre de 2020.
5 El auto que decretó las medidas cautelares no tiene fecha. Al consultar el sistema de consulta SAMAI en

el índice 00006 se observa como fecha de registro de la actuación el 18 de diciembre de 2020.
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PRIMERO. COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, se ORDENA AL MUNICIPIO
DE COPACABANA que adelante las siguientes gestiones:

1.1 En caso de que la señora ANDREA CASTRO CARMONA haya solicitado licencia
de construcción en relación con el predio 344, con matrícula inmobiliaria No 012-22520,
se otorgue a los actores populares, a partir del día siguiente a la notificación de la presente
providencia, el término de diez (10) días para que puedan presentar las objeciones,
observaciones, pruebas y efectuar las demás intervenciones que consideren (sic)
pertinente para que la autoridad municipal conozca los informes y eventuales violaciones
al PBOT municipal.

1.2 Vencido dicho plazo, el municipio adoptará la decisión que en derecho
corresponda, de conformidad con lo planteado y probado por los interesados.

1.3 EL MUNICIPIO DE COPACABANA dará cumplimiento a las ordenes (sic)
impartidas por la INSPECTORA URBANA de dicho ente territorial en Audiencia celebrada
el día 09 de marzo de 2020 que buscan mitigar el riesgo.

SEGUNDO. Exhortar a los actores populares para que dentro del plazo otorgado, se
hagan parte dentro del trámite urbanístico que se adelanta por los hechos que ocupan la
atención de la Sala y, de considerarlo pertinente, presenten ante la administración las
objeciones y pruebas que consideren pertinentes a fin de asegurar la protección de los
derechos colectivos que alegan.

2.3. El departamento de Antioquia-DAGRAN contestó la demanda. Al referirse a los
hechos señaló que el DAPARD realizó una visita al predio y recomendó la construcción
de obras de contención contempladas en el estudio geotécnico y la construcción de
barrera de protección en el límite inferior del predio que lindaba con el de propiedad de
la señora Paula Elajalde.

Al oponerse a las pretensiones alegó la imposibilidad de imputar la vulneración de
derechos colectivos a la entidad y la falta de legitimación en la causa por pasiva por
cuanto las acciones y omisiones alegadas eran imputables al municipio en su calidad de
máximo responsable dentro de la gestión del riesgo. Adujo la falta de cumplimiento de la
carga de la prueba en cabeza de los actores populares.6

2.4. Corantioquia, en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que no estaba legitimada para ser demandada porque era
responsabilidad del municipio la ordenación del territorio, así como en materia de
prevención de desastres. Manifestó que había cumplido las funciones que le habían
otorgado y no había vulnerado los derechos colectivos alegados.

Adujo la inexistencia del nexo de causalidad entre las acciones u omisiones reclamadas
en relación con la corporación y sus funciones. Argumentó la configuración del hecho de
un tercero para exonerar su responsabilidad, porque a pesar de tener el deber de
vigilancia, inspección y control solo debía constatarse si existían infracciones contra las
normas ambientales, atribuyéndole la responsabilidad tanto al municipio como a la señora
Andrea Castro Carmona, como dueña del predio donde se hicieron las intervenciones
que presuntamente pusieron en riesgo los derechos colectivos reclamados.7

2.5. El municipio de Copacabana contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones.
Propuso como medios exceptivos la falta de legitimación en la causa porque las

6 Índice de SAMAI 00002.
7Índice de SAMAI 00002.

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actuaciones del municipio no fueron las que dieron origen a la presunta vulneración y
tampoco sus acciones u omisiones podrían hacer cesar el peligro o restituir las cosas a
su estado anterior.

Manifestó que, si bien el municipio era el que detentaba el control urbanístico, los hechos
que originaban la vulneración no tenían que ver con el hecho de la concesión,
desistimiento o negación de las solicitudes o aprobaciones de la autorización para
movimiento de tierras, tampoco con las obras de mitigación preliminares en el predio ni
con el permiso de cerramiento.

Alegó la inexistencia de responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos
reclamados, porque el municipio había cumplido las disposiciones urbanísticas. Sostuvo
que en las Resoluciones núms. 1751 y 1752 del 30 de diciembre de 2020 se pretendió
una mayor estabilidad a la pendiente y evitar un movimiento en masa que pudiera afectar
a los predios colindantes del sector.

Argumentó que, en su condición de autoridad urbanística, había revocado su propio acto
administrativo al observar falencias y ejecuciones erróneas por parte de la señora Andrea
Castro Carmona e inició ante la Inspección Tercera del municipio una acción urbanística
sancionatoria para proteger la vida e integridad de los habitantes del sector y, además,
ordenó la realización de obras de mitigación para prevenir el daño contingente.

Resaltó que solo existían dos peticiones de la señora Andrea Castro Carmona
consistentes en una solicitud de licencia para construcción en la modalidad de
cerramiento y obras de mitigación definitivas para el predio con matrícula núm. 012-22520
y otra para el movimiento de tierras y la construcción de obras de mitigación preliminares
en el mencionado predio. Defendió el hecho de no haber otorgado licencias para la
construcción de una casa de dos niveles, 16 parqueaderos y una piscina como se había
narrado por los accionantes.

Adujo la inexistencia del daño contingente, peligro amenaza, vulneración o agravio sobre
los derechos reclamados a cargo de la entidad, comoquiera que las afectaciones
presentadas ocurrieron dentro de predios de propiedad privada y las causas eran
atribuibles al propietario, y que, en el caso del desprendimiento de tierras por causa de
un movimiento, el municipio había ordenado la suspensión, las obras de mitigación y los
muros de contención.8

2.6. Por auto del 21 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia fijó fecha
para celebrar audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida el 17 de mayo
de 2022.9

2.7. En providencia del 10 de agosto de 2022, se abrió el proceso a su etapa probatoria.10

2.8. El 7 de octubre de 202211, el Tribunal Administrativo de Antioquia corrió el traslado
para los alegatos de conclusión. Durante el término correspondiente Corantioquia, el
municipio de Copacabana, el departamento de Antioquia- DAGRAN, la señora Andrea
Castro Carmona y los demandantes se pronunciaron al respecto.

8 Índice 2 de SAMAI. Anexo96ED_CONTESTACIONACC.pdf.
9 Índice 2 de SAMAI. Anexo152_0137ACTAPACTOCUMPL.pdf.
10 Índice 2 de SAMAI. Anexo 154ED_0139ABREAPRUEBASP.pdf.
11 Índice 2 de SAMAI. Anexo238ED_0224CORRETRASLADOA.pdf.

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia amparó los derechos colectivos a: el goce de un ambiente sano, a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. A
continuación, se transcribe la parte resolutiva:

[…]PRIMERO. - DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por CORANTIOQUIA y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN-, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- CONCEDER el amparo a los derechos colectivos al medio ambiente sano y a
la seguridad y previsión (sic) de desastres previsibles técnicamente y la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas,
de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, invocados por los señores RAMON ELEJALDE Y OTROS, quienes habitan la
Vereda El Zarzal La Luz del Municipio de Copacabana, (Antioquia), en virtud del principio
de precaución.

TERCERO. - Levantar la medida cautelar decretada. toda vez que, tal como se indicó
en la parte motiva de la providencia, no existe licencia de construcción ni trámites
pendientes para adelantar obras en los predios de la señora ANDREA CASTRO CARMONA
y/o JORGE FERNÁNDEZ DUQUE.

Sin embargo, SE PREVIENE a los señores ANDREA CASTRO CARMONA y/o al (sic)
JORGE FERNANDEZ DUQUE para que, previo adelantar cualquier gestión relacionada
con licencias de construcción en el predio 344, identificado con matrícula inmobiliaria No.
012-22520 ubicado en la Vereda El Zarzal- La Luz- del Municipio de Copacabana
(Antioquia), adelanten el trámite legal correspondiente; esto es, obtener permisos de las
autoridades competentes y se abstengan de realizar actividades que puedan desestabilizar
el predio.

CUARTO. - ORDENAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA adelantar las siguientes
gestiones:

1.El MUNICIPIO DE COPACABANA implementará un plan de prevención y mitigación del
riesgo, respecto de los predios de la Vereda el Zarzal – La Luz- del municipio de
Copacabana que hacen parte de la cuenca del río Aburrá, conforme a las recomendaciones
efectuadas en el Informe Técnico 120- IT-1906-6846 del 17 de junio de 2019 elaborado por
CORANTIOQUIA.

En consecuencia, en el término de seis (6) meses, evaluará y adoptará las medidas
necesarias para evitar el crecimiento urbanístico, especialmente en zonas de alta pendiente
y ejercerá control a las aperturas de las vías (incluidas al interior de los predios privados)
entre los que se incluyen los que corresponden a la señora: ANDREA CASTRO CARMONA
y/o JORGE FERNÁNDEZ DUQUE y los de los accionantes que habitan el sector de la
Vereda el Zarzal- La Luz. Del municipio de Copacabana.

Además, se encargará de que los predios, cuenten con sistemas de captación y conducción
de aguas integrados al alcantarillado, a costa de los propietarios mismos, para evitar riesgos
tanto al interior de cada predio como de los predios vecinos.

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2. El MUNICIPIO DE COPACABANA atenderá las recomendaciones del DAGRED en
Informe Técnico correspondiente a la visita que efectuó el 29 de marzo de 2021 al lugar de
los hechos, así:

“Cualquier intervención en los terrenos de alta pendiente debe estar basada en rigurosos
estudios geológicos –geotécnicos que contemplen todas las modificaciones que se harán
en ellos, las obras civiles, que se deben realizar previamente para mitigar y corregir
cualquier tipo de daños en los predios vecinos. Se deben realizar cálculos rigurosos de los
factores de seguridad en las condiciones naturales de la ladera de alta pendiente antes de
su intervención y otros cálculos rigurosos de los nuevos factores de seguridad con la
proyección de lo que se pretende modificar de los terrenos naturales, teniendo en cuenta
los pesos adicionales que se instalarán allí con las nuevas construcciones. La viabilidad de
cualquier proyecto en zonas habitadas que se incluyan en laderas pendientes, debe tener
factores de seguridad mayores de 2.5”

QUINTO. - CORANTIOQUIA y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- DAGRAN (sic)
adelantaran, cada cuatro (4) meses, tareas de asesoramiento y acompañamiento al
MUNICIPIO DE COPACABANA y/o la comunidad, en asuntos relacionados con el manejo
adecuado de las fuentes hídricas.

SEXTO. – Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución
de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la
Ley 472 de 1998, el cual estará presidido por el Procurador 26 Ambiental y Agrario e
integrado además por un representante de los actores populares, por los demandados:
señores ANDREA CASTRO CARMONA y/o JORGE FERNANDEZ DUQUE o quien los (sic)
representante y por un representante de cada una de las siguientes entidades: MUNICIPIO
DE COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –DAGRAN- Y CORANTIOQUIA.

SÉPTIMO. En firme la presente decisión, remítase por secretaría, copia de la demanda, del
auto admisorio y del fallo a la Defensoría del Pueblo para que sea incluido en el registro
público centralizado de acciones populares y de grupo, previsto en el artículo 80 de la ley
472 de 1998.
[…]

Al amparar los derechos, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que se
demostraron dos eventos que tuvieron incidencia en la solicitud de protección de los
derechos colectivos de los propietarios y residentes de la vereda EL Zarzal- La Luz del
municipio de Copacabana.

En primer lugar, el movimiento de masa del año 2019 en el lote del señor Juan Enrique
Monroy y, en segundo lugar, el movimiento de tierra en el lote de la señora Carmona que
provocó el rodamiento de una piedra en el año 2020.

De acuerdo con el análisis probatorio, encontró que, a pesar de las recomendaciones de
la Corantioquia, el municipio de Copacabana expidió licencia de construcción a la señora
Carmona. En ese predio se generó inestabilidad en el terreno ladera arriba con
repercusiones en las viviendas ubicadas en la parte de abajo de la ladera que se
materializó en la semana del 17 al 23 de febrero de 2020, con el desprendimiento de una
roca sobre el predio de propiedad de la señora Elejalde.

Conforme a lo anterior, según el informe de DAGRAN se recomendó tener en cuenta las
obras de contención del estudio geotécnico presentado por el dueño para el otorgamiento
de la licencia de construcción; y la construcción inmediata de una barrera de protección
en el predio de la señora Elejalde. El informe citado señaló que hasta tanto no se

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realizaran ambas medidas, se debía desalojar el predio de la señora Paula Andrea
Elejalde López como medida preventiva.

Señaló que no se había probado que el movimiento de tierra se iniciara para la
construcción de una vivienda de dos niveles, 16 parqueaderos, una cancha y una piscina,
y que, si bien esta pudo ser la proyección de la obra, por las solicitudes realizadas en
planeación municipal por parte de la señora Carmona, no podía olvidarse la
recomendación de Corantioquia a la administración municipal para evitar el crecimiento
urbanístico en el sector, especialmente en zonas de altas pendientes.

Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que, según el concepto del uso
del suelo para el inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 012-22520, se trataba de un
bien cuyo uso principal era forestal protector, con usos complementarios agrícolas, de
vivienda e institucionales cuya construcción tenía un uso restringido para vivienda que
implicara grandes movimientos de tierra, cultivos sin prácticas de conservación de suelos,
ganadería sin práctica de manejo y con prohibición de uso para minería en zonas de
recarga de aguas, deforestación, ganadería extensiva y apertura de vías.

Sostuvo que verificadas las coordenadas del predio de la señora Andrea Castro se
identificó que se encontraba ubicado en la cuenca del Río Aburrá- NSS, contaba con un
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca –POMCA aprobado por el Acuerdo núm. 002
de diciembre 6 de 2007, actualizado por la Resolución núm. 040-RES18811-6712 del 30
de noviembre de 2018 de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
por tanto, le correspondía al municipio de Copacabana atender esta particularidad al
momento de expedir licencias.

Además, señaló que, si bien Corantioquia y el DAGRAN habían actuado en forma
oportuna frente a los requerimientos hechos por la comunidad respecto a las visitas e
informes que se habían rendido en relación con este caso; un adecuado manejo de las
fuentes hídricas ameritaba la participación de Corantioquia y el DAGRAN para adelantar
en forma permanente tareas de asesoramiento y acompañamiento al municipio de
Copacabana y/o a la comunidad en los asuntos de su competencia, en virtud del principio
de precaución, habida cuenta que la acción del estado en defensa no podía estar siempre
supeditada a la demostración de los peligros que conlleva una determinada actividad,
producto o tecnología.

Así mismo, se amplió la aplicación del principio de precaución para que los señores
Andrea Castro Carmona y Jorge Fernández Duque se abstuvieran de realizar actividades
que desestabilizaran sus predios con repercusiones de los lotes inferiores.12

3.2. Mediante el auto del 13 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
aclaró el numeral quinto del fallo y dispuso que quedaría así:

[…]

QUINTO. CORANTIOQUIA y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-DAGRAN, cada cuatro
(4) meses, y durante el tiempo necesario para la implementación “del plan de prevención y
mitigación del riesgo” de que trata el numeral cuarto, ordinal 1º de esta sentencia,
adelantará tareas de asesoramiento y acompañamiento al MUNICIPIO DE COPACABANA
y/o la comunidad, en asuntos relacionados con el manejo adecuado de las fuentes hídricas
existentes en la Vereda el Zarzal- La Luz del Municipio de Copacabana”.

12 Índice de SAMAI 2. Anexo 115_050012333000202004091001SENTENCUA20221124113921.pdf

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Demandantes: Ramón Elejalde y otros
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia y otros

Se consideró necesario precisar la orden en cuanto al tiempo que debía entenderse la
obligación de la asesoría y acompañamiento al municipio de Copacabana y las fuentes
hídricas a las cuáles debía dirigirse la medida. Se dispuso un plazo de cada cuatro meses
durante la implementación del plan de prevención y mitigación del riesgo y las delimitó a
las fuentes hídricas de la Vereda el Zarzal- La Luz del municipio de Copacabana.13

IV. RECURSO DE APELACIÓN

4.1. El departamento de Antioquia- DAGRAN interpuso recurso de apelación.
Manifestó como razones de inconformidad que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible era la máxima entidad a nivel nacional encargada de orientar y regular el
ordenamiento ambiental del territorio, definir las políticas y regulaciones a las que se
sujeta la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.

A su vez, señaló que son las Corporaciones Autónomas Regionales las encargadas de
la administración, protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como de
las fuentes hídricas en sus territorios, por lo tanto, no podía atribuírsele responsabilidad
al departamento de Antioquia dentro de la presente acción popular sino al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo que atañe al nivel nacional y Corantioquia en lo
de su jurisdicción.

Señaló que el ordenamiento del recurso hídrico era competencia de las autoridades
ambientales y no del departamento, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2.2.3.3.1.4
del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 50 de 2018.

Expuso que mediante el Decreto núm. 2020070002567 de 2020, por el cual se organiza
la estructura administrativa de la gobernación de Antioquia se asignaron a la DAGRAN
las siguientes funciones:

1) Coordinar el sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres, haciendo
uso de las facultades y competencias que le son otorgadas por el ordenamiento jurídico.

2) Dirigir el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y los
diferentes Comités al interior de este.

3) Administrar el sistema departamental de información para la gestión del riesgo de
desastres, garantizando permanentemente la sistematización de información, su
interoperatividad con los sistemas nacionales y municipales, aplicando los estándares
establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD.

4) Adoptar e impartir políticas, protocolos y mecanismos para el conocimiento y reducción
del riesgo y el manejo de desastres, incluyendo acciones de análisis, monitoreo y
comunicación del riesgo, de planificación e intervención correctiva y prospectiva y de la
preparación y ejecución de la respuesta, rehabilitación y reconstrucción post desastre.

5) Formular el plan departamental para la gestión del riesgo de desastres y la estrategia
departamental para la respuesta a emergencias, en concertación con el Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y en armonía con el plan de gestión del riesgo y la
estrategia de respuesta nacional.

13 Índice de SAMAI 2. Anexo268ED_0249AUTOACLARASEN.pdf.

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Demandantes: Ramón Elejalde y otros
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia y otros

Con fundamento en lo anterior, concluyó que, el departamento de Antioquia- DAGRAN
no era la entidad encargada de prestar asesoramiento en asuntos relacionados con el
manejo de fuentes hídricas, al no detentar calidad de autoridad ambiental y la
administración del recurso hídrico en el departamento de Antioquia estaba a cargo de
Corantioquia, como máxima autoridad ambiental encargada de ejecutar las políticas,
planes, programas y proyectos específicos para manejar, proteger, regular y controlar la
disponibilidad, calidad y uso del agua.14

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 16 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación promovido
por el departamento de Antioquia-DAGRAN y se prescindió de los alegatos de
conclusión.15

5.2. El 17 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia remitió a esta
Corporación memoriales con documentos anexos radicados por Corantioquia en donde
se presentan las gestiones realizadas en cumplimiento de la sentencia de primera
instancia.16

5.3. En providencia del 7 de febrero de 2024 se corrió traslado de los documentos
aportados por Corantioquia remitidos a esta corporación.17

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.

6.2 Delimitación de la segunda instancia

Del recurso de apelación se extraen dos cargos que formula el departamento de
Antioquia; en primer lugar, considera que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Corantioquia son las entidades encargadas de brindar asesoría al municipio
de Copacabana en lo relacionado con el manejo de las fuentes hídricas en la vereda el
Zarzal- La Luz, por ostentar la calidad de autoridades ambientales.

Por otro lado, controvierte la competencia que le asiste al DAGRAN para asesorar y
acompañar en la implementación del plan de prevención y mitigación del riesgo ordenado
al municipio de Copacabana en los asuntos relacionados con el manejo adecuado de las
fuentes hídricas existentes en la vereda el Zarzal- La Luz, si se afirma que no es una
autoridad ambiental.

14 Índice de SAMAI 0002. Anexo 11ED_0253RECURSODEAPELACI.pdf.
15 Índice 00004 SAMAI.
16 Índice 00023 SAMAI.
17 Índices 00025 y 00029 de SAMAI.

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Sobre los documentos allegados por el Tribunal Administrativo de Antioquia a esta
Corporación, la Sala se abstendrá de pronunciarse, como quiera que estos han sido
radicados en calidad de informes de avance al cumplimiento de la sentencia, siendo
materia de la verificación del cumplimiento.18

6.3 Competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Corantioquia

6.3.1. Le corresponde a la Sala resolver si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Corantioquia son las entidades encargadas de asesorar a una entidad
territorial, para la implementación del Plan de Gestión del Riesgo en lo relacionado con
el manejo de las fuentes hídricas.

Conforme al artículo 5 de la Ley 99 de 199319 y el Decreto 3570 de 201120, le fueron
otorgadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras, las funciones
para formular y diseñar la política nacional en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables. En las precitadas normas no se encuentra que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puntualmente deba prestar la asesoría
que fue ordenada en el fallo de la primera instancia, por tanto, aunque en el recurso se
indica que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad encargada de
orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio, definir las políticas y
regulaciones a las que se sujeta la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente, de ello no es posible inferir que funcionalmente deba prestar
la asesoría como autoridad ambiental señalada en la sentencia.

Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no fue demandado en el
presente proceso, dos razones suficientes para que este cargo no prospere.

6.3.2. En cuanto a las obligaciones de Corantioquia como autoridad ambiental, es
suficiente con indicar que el parágrafo 3º del artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 la encarga
de apoyar a las entidades territoriales que existan en su respectiva jurisdicción en la
implementación de los procesos de gestión de riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y es corresponsable en la implementación, conforme a los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, sin importar cual sea el
hecho generador, que en este caso es el manejo de la fuente hídrica.

En esa vía fue reconocida su participación que la orden dada en el numeral quinto de la
parte resolutiva de la sentencia así lo dispuso, al ordenarle también adelantar tareas de
asesoramiento y acompañamiento al municipio de Copacabana y/o la comunidad, en
asuntos relacionados con el manejo adecuado de las fuentes hídricas existentes en la
Vereda el Zarzal- La Luz del Municipio de Copacabana, suficiente razón para desestimar
este cargo.

18 Índices 111 a 114 de SAMAI.
19 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
20 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

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6.4. La competencia del departamento de Antioquia- DAGRAN

En cuanto a la competencia que le asiste al departamento de Antioquia- DAGRAN para
asesorar y acompañar en la implementación del plan de prevención y mitigación del
riesgo ordenado al municipio de Copacabana en los asuntos relacionados con el manejo
adecuado de las fuentes hídricas existentes en la vereda el Zarzal- La Luz, si en el
recurso se afirma que no es una autoridad ambiental. Se tienen las siguientes
consideraciones:

Previo a resolver el anterior cuestionamiento, la Sala pone de presente el Informe Técnico
120-1906-6846 del 22 de mayo de 2019 de la Corantioquia, en el cual se precisó que los
movimientos en masa que se estaban presentando en el área motivo de protección eran
generados por el paso del agua proveniente de la parte alta de la ladera. Veamos:

[…]

Esquema de la problemática.

Durante la visita de campo se identificó que (sic) un movimiento de masa de dimensiones
pequeñas, sin embargo, con el objetivo de evaluar las condiciones en que se encuentra el
área y los predios aledaños, se realiza un desplazamiento desde la parte alta de la ladera
hacia la parte media donde ha ocurrido el hecho.

A lo largo de recorrido se han identificado varios sitios de interés, de los cuales se han
reconocido problemáticas asociadas con el agua, es por eso que se hace un seguimiento
a éstas.

[…]

En este lugar se identifica y evalúa las condiciones de un sistema artesanal de conducción
de agua potable que provee las viviendas de la parte inferior de la ladera.

La versión de los acompañantes indica que el agua es traída desde el municipio de San
Pedro de los Milagros. Es (sic) este lugar se encuentra una caneca cuya función es permitir
el paso del agua. Ésta presenta un rebose de gran cantidad de agua, la cual tiene terrenos
adyacentes saturados y corriendo en diferentes direcciones

[…]

Al seguir los cursos del agua en superficie, se identifica que parte de estos, luego de 8
metros, se dispersan y se filtran en el suelo, mientras que la mayor cantidad del rebose es
transportado por la superficie de terreno, a través de una zanja artesanal (hecha en el suelo
y sin revestimiento o ductos que eviten infiltración del agua […]. El agua de la zanja corre
en dirección al sitio 2 […]

Sitio 2: […] Se identifica el sitio en donde, parte del agua que está corriendo por la zanja
artesanal, es captada por una tubería que la conduce hasta una caja de paso. Se debe
indicar que la técnica artesanal del sistema de conducción hace que solo una parte del agua
sea captada por la tubería y el resto continúe circulando por la superficie de potreros […]

Sitio A: En el Sitio A: se identifica un paso vial artesanal que carece de obras de captación
y de conducción de aguas como zanjas, cajas y/o canaletas tecnificadas. Sobre el costado
(sic) derecha de la vía se identifica una zanja artesanal, por la cual baja constantemente
agua (teniendo presente que en los últimos días ha llovido). Al evaluar el trazo vial, se puede
identificar que las posibles aguas lluvias provienen de zonas que no pertenecen a la cuenca
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y, aun así, son vertidas sobre las zonas altas del sitio de interés, es decir, hacia el Sitio 3
de la figura No 2. […] se identifica el paso de una manguera la cual presenta goteo y
además, que por las condiciones del paso vial artesanal, la infiltración del agua en el suelo
puede ser aún mayor.

[…]

Sitio 3: […] Se identifica un tanque proveedor de agua, el cual recibe el agua que proviene
del Sitio 2 donde se encuentra la caja de paso. En el tanque proveedor no se identifican
fugas […]

Importancia del Sitio 3. A una distancia de 7 metros al sureste del tanque proveedor se
reconoce o propone un punto crítico, dado que:

1) Cerca del punto se encuentra el tanque proveedor del agua de las viviendas ubicadas
en la parte inferior.
2) Es un lugar al cual están siendo conducidas aguas provenientes de otra cuenca a través
de la vía.
3) Se identifica paso de mangueras con fugas.

Finalmente, la importancia de éste punto crítico radica en que las diferentes aguas
reportadas que han corrido por superficie logran filtrarse en el suelo, en donde
aproximadamente 60 metros hacia el suroeste, descendiendo por la pendiente, se reúnen
y afloran de nuevo en superficie […]. La importancia de lo anterior radica en el hecho de
que el terreno donde se ha filtrado al agua, tiene una forma de vaguada, la cual presenta
evidencias antiguas de haber generado movimientos en masa y es latente la posibilidad de
que se puedan reactivar o generar movimientos en masa nuevos.

Sitio 4: […] es el punto donde presenta el cambio más abrupto de la pendiente. La
particularidad del Sitio 4 es que sobre la superficie se reconocen varios surcos y fuentes de
humedades que afloran y descienden por la ladera en dirección oeste. Como parte de la
metodología empleada se hace el seguimiento al curso del agua, con el fin de identificar las
zonas donde puede estar impactando.

Sitio B: […] se identifica una vaguada diferente a la que se ha estado describiendo
anteriormente, aunque las aguas también descienden en dirección oeste. Por esta zona
desciende agua, especialmente en temporadas de lluvias y son conducidas por la zanja
artesanal […] Las lluvias ocurridas en los últimos días alcanzaron niveles tan importantes
de precipitación para un lugar tan restringido, que superaron la capacidad de la zanja. […]
dadas las evidencias de las últimas lluvias y las versiones del propietario del predio, el señor
Juan Enrique Monroy, parte del caudal del agua se desvió por el camino cercano y las
condujo directamente a la vivienda de su propiedad, lo que perjudicó el terreno circundante
y generó el movimiento en masa superficial.

[…]

El movimiento en masa reportado presenta una corona que mide 2.5 metros
aproximadamente desde la cual el material desplazado se movió hacia el oeste obstruyendo
el paso vial que se encuentra en la parte inferior, el cual comunica dos familias con la vía
principal […]. El material involucrado es poco ya que la superficie de falla no es profunda.
Debe indicarse que el movimiento en masa se generó por el agua que descendió por el
camino, por lo tanto, no representa un peligro para los predios vecinos siempre y cuando
se realicen los correctivos necesarios y no vuelva a desviarse el agua y a pasar por este
lugar ya que éste fue detonado por la intensidad de la erosión del agua.

Sitio 5: […] es el punto en que se encuentra una obra insuficiente de captación y de
conducción de aguas. Ésta es una obra transversal a la dirección en que llegan las aguas
de la parte alta de la ladera. Dicha obra es insuficiente dado que tan solo tiene 5 metros de
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longitud (aprox), cuando debería de recibir por completo los diferentes cursos de agua,
Dicha obra consta de un pequeño muro transversal y de un pequeño muro transversal y de
un tubo de concreto de diámetros de 36 pulgadas (aprox), […] se debe reiterar que el agua
que desciende por la ladera es recibida por la obra transversal, desviando el agua y
cambiando su dirección 90º en dirección sur, hacia la vía.

[…]

Los habitantes del sector indican que, durante lluvias intensas, el agua supera la capacidad
del tubo y el muro, produciendo reboses de agua y afectaciones al paso vial y en casos más
extremos hasta podría generar problemáticas […]

Conclusiones.

[…]

• Los predios ubicados en la parte alta constan principalmente de pastos por lo que
dichos terrenos son más susceptibles a generar procesos erosivos y/o movimientos
en masa.
• Para el movimiento en masa en cuestión se define que el factor desestabilizante fue
el paso del agua proveniente de la parte alta de la ladera, donde la erosión y
saturación del suelo fue tan alta que generó un movimiento en masa súbito de poca
profundidad.
• El movimiento en masa ocurrido es del tipo desgarre. Dado que el plano de ruptura
es superficial fue poco el material desplazado.
• El depósito relacionado con el movimiento en masa ha obstruido parcialmente el
paso vial que comunica dos viviendas con la vía principal de la vereda.
• Debe indicarse que el movimiento en masa se generó por el agua que al descender
se desvió por un camino interior del predio y golpeó intensamente el terreno, por lo
tanto, no representa un peligro futuro para los vecinos y el involucrado, siempre y
cuando se realicen los correctivos necesarios y no vuelva a desviarse el agua.
• Las principales fuentes de agua que ingresan al sistema provienen de la lluvia y del
inadecuado sistema de acueducto, éstas corren por superficie y se infiltran al
descender por la ladera, posteriormente se infiere que la misma aflora a media
ladera, especialmente donde se identifica la presencia de depósitos de vertiente, El
factor antrópico ha sido relevante para la presente situación, dado que el sistema
artesanal del acueducto no es tecnificado y no cuenta con una conducción adecuada
de las aguas, lo que promueve una alta pasa de infiltración del agua en el suelo y
alta presencia de humedad en las partes bajas de la ladera.
• Los lugares donde se ha identificado la infiltración de las aguas son zonas con gran
potencial de generar movimientos en masa ya que además son áreas desprovistas
de cobertura vegetal y gozan de altas pendientes.

[…]”. 21 (Subrayas de la Sala).

Teniendo claro que el hecho generador de la problemática es la fuente hídrica en el sector
afectado; la Sala procede a resolver sobre el reparo relacionado con la competencia del
DAGRAN en el cumplimiento de la orden dada en el numeral quinto de la parte resolutiva
de la sentencia apelada.

En ese sentido, para esta Corporación no hay duda de que, el departamento de Antioquia-
DAGRAN debe prestar la asesoría y acompañamiento en el manejo del recurso hídrico,
puesto que la orden dada se hizo en el marco de la implementación del plan de
prevención y mitigación del riesgo a cargo del municipio para la vereda el Zarzal- La Luz,

21Índice de SAMAI 0002. Anexo29ED_0018OFICIO-120COI19.pdf.

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tal como quedo ordenado en el ordinal 4 numeral 1 de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia.

Lo anterior en razón a que, el artículo 13 de la Ley 1523 de 2012, en relación con las
funciones de la administración departamental en gestión de riesgos, la ubican como la
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. La norma
anteriormente mencionada indica lo siguiente:

Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores son agentes del
Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la
gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial.

Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo,
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de
planificación bajo su responsabilidad.

Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de
coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo
de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de
los municipios de su departamento.

En consecuencia, a los departamentos les es encomendado, las proyecciones de las
políticas desde el Gobierno Nacional en materia de gestión del riesgo; la implementación
de procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres; mantener
la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio e integrar
en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
esa materia para lo cual están previstos los planes de desarrollo departamental y otros
instrumentos de planificación y coordinar los municipios de su territorio de manera
concurrente y con subsidiariedad positiva.

Bajo esa misma línea, el artículo 116 del Decreto núm. 2020070002567 de 202022, que
fue derogado por el artículo 247 del Decreto núm. 2024070003913 del 5 de septiembre
de 2024, definió las funciones del DAGRAN. Las cuales son:

1. Coordinar el sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres, haciendo
uso de las facultades y competencias que le son otorgadas por el ordenamiento jurídico.
2. Dirigir el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y los
diferentes comités al interior de éste.

3. Administrar el sistema departamental de información para la gestión del riesgo de
desastres, garantizando permanentemente la sistematización de información, su
interoperatividad con los sistemas nacionales y municipales, aplicando los estándares
establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD.

4. Adoptar e impartir políticas, protocolos y mecanismos para el conocimiento y reducción
del riesgo y el manejo de desastres, incluyendo acciones de análisis, monitoreo y

22 “Por el cual se determina la estructura administrativa de la administración departamental, se definen las

funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones”.
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comunicación del riesgo, de planificación e intervención correctiva y prospectiva y de la
preparación y ejecución de la respuesta, rehabilitación y reconstrucción post desastre.

5. Formular el plan departamental para la gestión del riesgo de desastres y la estrategia
departamental para la respuesta a emergencias, en concertación con el Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y en armonía con el plan de gestión del riesgo y la
estrategia de respuesta nacional.

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, la administración departamental, a través
de su máxima autoridad – gobernador-, es la encargada de mantener la continuidad de
los procesos de gestión del riesgo de desastres en los municipios que integran su
territorio. Asimismo, les compete la coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva
de estos.

Al respecto, esta Sección en sentencia del 17 de octubre de 202423, analizó lo relacionado
con las competencias de los entes territoriales – departamentos y municipios-, resaltando
que estos deben actuar de manera articulada, cada uno desde su marco funcional para
adelantar los planes, programas y ejecución de obras en el caso de los municipios y la
implementación de procesos de conocimiento y reducción del riesgo, por parte del
departamento; veamos:

54. En suma, el ordenamiento jurídico propende porque las actuaciones de las
autoridades departamentales y municipales referentes a la planificación y ejecución de
obras de prevención y atención de desastres se desplieguen de manera articulada, en el
marco de las competencias administrativas que la ley le asigna a cada uno de estos entes
territoriales, puesto que, por una parte, es a los municipios a los que en primera instancia
y de manera directa les corresponde adelantar todos los planes y programas, así como la
ejecución de las obras y, por la otra, a los departamentos les corresponde responder por
la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo
de desastres y coordinar y complementar la gestión que desarrollan los municipios que
hacen parte de su territorio.

(…)

56. Corolario de lo anterior, los municipios son los responsables directos de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la
planeación, la ejecución de obras de reducción del riesgo y el manejo de desastres y, en
concordancia, a los departamentos les corresponde desarrollar funciones especiales de
planeación, conocimiento, seguimiento, asesoría, orientación, acompañamiento y
asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios.

En ese orden, tal como se expresó en párrafos anteriores, el departamento de Antioquia
– DAGRAN sí es competente para asesorar y acompañar al municipio de Copacabana
en la implementación del plan de manejo de riesgo en la vereda el Zarzal- La Luz en
asuntos relacionado con el manejo de las fuentes hídricas, ya que esta es la entidad
territorial encargada de orientar las políticas de gestión del riesgo en los municipios, de
conformidad con los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad positiva, es decir, le corresponde actuar de manera conjunta con el citado
municipio, concretamente en el sector de la problemática por integrar parte de su
territorio.

23 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm. 05001 23 33
000 2023 00646 02.
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Adicionalmente, cabe precisar que, si bien, el recurrente acude al argumento de la falta
de competencia en asuntos hídricos, es de advertir que esta temática no se puede
disgregar de la gestión del riesgo. Más bien, confluye en un capítulo mayor: “el riesgo en
la gestión integral del recurso hídrico”, el cual tiene que ver con el manejo y la gestión del
déficit y del exceso del agua, la gestión de fuentes hídricas, el comportamiento hidrológico
del país y las acciones adecuadas para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales
que aumentan la vulnerabilidad del recurso. Por todo lo anterior, el cargo no está llamado
a prosperar.

6.5. Ahora, sobre el argumento relativo al parágrafo 1 del artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto
1076 de 2015, modificado por el Decreto 50 de 2018, se pone de presente que la Sala
no desconoce que el DAGRAN no es una autoridad ambiental, sino que la orden deviene
de la responsabilidad que le asiste en el marco de la gestión del riesgo, por ser la entidad
encargada funcionalmente dentro de la estructura del departamento como máxima
autoridad encargada de adoptar e impartir políticas, protocolos y mecanismos para la
reducción del riesgo, que en este caso es el que se generó con el mal manejo de las
fuentes hídricas en la vereda El Zarzal- La Luz en el municipio de Copacabana.

6.6. Por último, si bien la Sala está de acuerdo con la decisión del A quo, como quiera
que en la sentencia apelada se omitió precisar a quien correspondería presidir dicho
Comité, cuya función, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia
de la Sección24, le compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia, se
modificará la orden relacionada con dicho aspecto del acápite resolutivo del fallo
cuestionado en tal sentido.

Además, se observa que en el numeral 2° del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, hizo referencia al “DAGRED” como entidad que rindió el Informe
Técnico correspondiente a la visita que efectuó el 29 de marzo de 2021. Sin embargo, de
la revisión del expediente se extrae que la autoridad encargada fue el DAPARD hoy
DAGRAN.

En consecuencia, será modificado en ese aspecto.

6.7. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto en
los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de
agosto de 201925, no se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su
causación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

24 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, consejero

Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-
01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
25Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2020 04091 01
Demandantes: Ramón Elejalde y otros
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia y otros

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del 24 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el cual quedará de la siguiente manera:

CUARTO. - ORDENAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA adelantar las siguientes
gestiones:

[…]

2. El MUNICIPIO DE COPACABANA atenderá las recomendaciones del DAGRAN en
Informe Técnico correspondiente a la visita que efectuó el 29 de marzo de 2021 al lugar de
los hechos, así:

“Cualquier intervención en los terrenos de alta pendiente debe estar basada en
rigurosos estudios geológicos –geotécnicos que contemplen todas las modificaciones
que se harán en ellos, las obras civiles, que se deben realizar previamente para mitigar
y corregir cualquier tipo de daños en los predios vecinos. Se deben realizar cálculos
rigurosos de los factores de seguridad en las condiciones naturales de la ladera de alta
pendiente antes de su intervención y otros cálculos rigurosos de los nuevos factores de
seguridad con la proyección de lo que se pretende modificar de los terrenos naturales,
teniendo en cuenta los pesos adicionales que se instalarán allí con las nuevas
construcciones. La viabilidad de cualquier proyecto en zonas habitadas que se incluyan
en laderas pendientes, debe tener factores de seguridad mayores de 2.5”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 24
de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual
quedará de la siguiente manera:

SEXTO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución
de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la
Ley 472 de 1998, el cual estará presidido por el magistrado ponente y conformado por el
Procurador 26 Ambiental y Agrario e integrado, además, por un representante de los
actores populares, por los demandados: señores ANDREA CASTRO CARMONA y/o
JORGE FERNANDEZ DUQUE o quien los representante y por un representante de cada
una de las siguientes entidades: MUNICIPIO DE COPACABANA, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA –DAGRAN- Y CORANTIOQUIA.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 24 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2020 04091 01
Demandantes: Ramón Elejalde y otros
Demandados: Municipio de Copacabana, Corantioquia y otros

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia 19
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