Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2018-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2018-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2018-00007-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de enero de 2023
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Radicado: 85001 23 33 000 2018 00007 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 85001 23 33 000 2018 00007 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Demandado: La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Acuatodos S.A.
E.S.P., Departamento de Casanare y el Municipio de Hato Corozal
Tesis: Es cierto que en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida se dejó a discreción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la
posibilidad de cofinanciar las medidas definitivas impuestas por el Tribunal
No es cierto que en la sentencia de primera instancia no se hubieran aplicado los
esquemas diferenciales para la provisión de agua potable en las veredas de La Capilla,
Altagracia, la Maraure y San Rafael del Municipio de Hato Corozal.
No es procedente adoptar sentencia extra petita a efectos de ordenar a las entidades
demandadas ejecutar obras que permitan la prestación de los servicios de
alcantarillado y aseo en las veredas de La Capilla, Altagracia, la Maraure y San Rafael
del Municipio de Hato Corozal.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial
del Municipio de Hato Corozal – Casanare, en contra de la sentencia del 20 de mayo
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 31 de octubre de 2017, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa Departamental de Servicios
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Radicado: 85001 23 33 000 2018 00007 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Públicos de Casanare (en adelante Acuatodos), el Departamento de Casanare y el
Municipio de Hato Corozal – Casanare, solicitando la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico
y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de
las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente; la seguridad y salubridad pública; el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna.1
1.2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
“PRETENSIONES
Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expuestas,
efectuar los siguientes pronunciamientos:
PRIMERA: Declarar la vulneración de los siguientes derechos colectivos, por parte
de las entidades accionadas:
1. (a) El goce de un ambiente sano.
2. © La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales
y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
3. (g) La seguridad y salubridad públicas.
4. (h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública.
5. (j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
SEGUNDA: Ordenar a las entidades demandadas ejecutar las acciones tendientes
a evitar el daño contingente, y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos ya enunciados.
TERCERA: Proteger los derechos vulnerados ordenando al Departamento de
Casanare, la Alcaldía Municipal de Hato Corozal, a la empresa de Servicios
Públicos Acuatodos S.A E.S.P y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
adelantar todos los trámites administrativos y financieros con el fin de garantizar el
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suministro de agua potable a las veredas La Capilla, Altagracia, La Mauraure y San
Rafael en el sur occidente del Municipio de Hato Corozal.
CUARTA: Ordenar al Municipio de Hato Corozal que a partir de la fecha en que se
entregue la infraestructura de acueducto del sector veredal garantice operación de
la obra, conforme a sus competencias.
QUINTA: Que se establezca la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de sentencia, comité conformado por las personas pertenecientes a
la comunidad.
SEXTA: Que se imponga la condena establecida en el artículo 39 de la Ley 472
de 1998.”2
1.3. Como sustento fáctico de las pretensiones, adujo lo siguiente:
Manifestó que, en las Veredas La Capilla, Altagracia, La Maraure y San Rafael,
ubicadas al sur occidente del Municipio de Hato Corozal, residen ochocientos veinte
(820) habitantes, que sufren de desabastecimiento de agua potable y que, en épocas
de verano, éstos se ven obligados a recorrer largos trayectos para encontrar ese
líquido vital, debido a que el carro tanque que surte ocasionalmente a la escuela del
sector lleva cantidades muy pequeñas. Agregó que, inclusive, los ciudadanos han
tenido que beber aguas estancadas, que presentan altas concentraciones de bacterias
y contaminantes, poniendo en peligro su salud.
Señaló que el 15 de febrero de 2017, a través de Oficio identificado con número de
radicado MAH-201791-133 de 2017, requirió a Acuatodos S.A ESP, a la Alcaldía de
Hato Corozal y al Departamento de Casanare, para que informaran qué gestiones
estaban realizando para la construcción del “Macro Acueducto del Sector la Capilla de
Hato Corozal”.
En consecuencia, aseveró que la Gobernación del anotado Departamento, en
memorial del 20 de ese mismo mes y año, respondió indicándole que el Municipio
debía gestionar el citado proyecto ante las autoridades competentes, a efectos de que
pueda ser financiado o cofinanciado por el Sistema General de Regalías. Por otro lado,
informó que Acuatodos S.A ESP le manifestó que, junto con la administración
municipal, han realizado los estudios y diseños para la construcción del macro
acueducto del sector de la Capilla y que, inclusive, los radicaron ante el Ministerio de
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Ibídem.
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Vivienda, Ciudad y Territorio como requisito previo para obtener recursos económicos
para su elaboración, pero que la citada cartera ministerial solicitó que se realizaran
diferentes ajustes, los cuales estaban siendo resueltos. Finalmente, dijo que, en
memorial del 28 de febrero de 2017, la Alcaldía de Hato Corozal dio respuesta,
aduciendo que con carrotanques estaba suministrando agua potable a las veredas
afectadas.
Aseguró que, en escrito del 14 de marzo de ese mismo año, requirió nuevamente a la
Alcaldía de Hato Corozal para que informara sobre el trámite que había dado al
proyecto para la construcción del macro acueducto. Dijo que la Secretaría de
Planeación de ese municipio dio respuesta en oficio del 27 de marzo de 2017 y sobre
éste alegó que se “evidencia la gestión y el interés de la Administración, y que de la
misma manera se encuentra integrada al proyecto de construcción del macro
acueducto del sector la capilla, pidiendo disculpas y aclarando que por falta de
comunicación entre las secretarias general de gobierno y la de planeación que es
donde se encuentran copias de los documentos adelantados a la fecha”3
Concluyó que, mediante oficio del 26 de julio de 2017, le pidió al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, que le informara respecto del anotado proyecto, pero que dicha
entidad guardó silencio.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción popular fue presentada el día 31 de octubre de 20174 y, mediante auto
del 22 de enero de 20185, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Yopal declaró su falta de competencia funcional y ordenó remitir la demanda al Tribunal
Administrativo de Casanare.
2.2. El expediente ingresó al Tribunal el 31 de enero de 2018 y, en providencia del 8
de febrero del mismo año, se resolvió admitir el proceso de la referencia, notificar a los
demandados y vincular de oficio a la Procuraduría 23 Judicial Ambiental y Agraria6.
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Visible a folio 3 del Cuaderno del Tribunal
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Ibídem
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Visible a índice 2, Tomo 1 del Sistema de Gestión Judicial Samai
6
Visible a folios 51 a 53 del Cuaderno del Tribunal
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2.2. El 19 de febrero de 2018, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio
contestación al escrito demandatorio, en los siguientes términos:
2.2.1. Se opuso a los hechos y las pretensiones aduciendo que carecían de sustentos
fácticos y jurídicos y elevó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
bajo el argumento que dicha cartera ministerial no es la encargada de velar por la
prestación de los servicios públicos o construir un acueducto, ya que esto era
responsabilidad de la Administración Municipal. En ese sentido, aseveró que sus
funciones en la materia se circunscribían a implementar convenios interadministrativos
para apoyar financieramente a los territorios que pretenden ejecutar proyectos de agua
potable y que, a su vez, el artículo 2º del Decreto 3571 de 2011 le otorgó las funciones
concernientes a formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes
y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano del país.
Expuso que, en virtud de lo previsto en los artículos 311 de la Constitución Política, 5
de la Ley 142 de 1994 y 6 de la Ley 1551 de 2012, corresponde a los municipios
garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, la construcción
de obras, el ordenamiento territorial, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y realizar las gestiones necesarias
para la formulación de proyectos y la obtención de los recursos correspondientes, dado
que el Gobierno cuenta con políticas de apoyo financiero para los territorios.
Anotó que no ha tenido injerencia en los hechos que dieron lugar a la interposición de
la acción popular de la referencia y solicitó que se la desvincule del presente trámite.
2.3. A través de memorial del 21 de febrero de 20187, la Alcaldía de Hato Corozal
contestó la demanda, teniendo en cuenta las razones que pasan a esgrimirse:
Adujo que no propondría ningún medio de defensa, pues la acción popular estaba
encaminada a la búsqueda de un beneficio de los habitantes de las Veredas La Capilla,
Altagracia, La Maraure y San Rafael de ese ente territorial. No obstante, expuso que
ha realizado actuaciones tendientes a solucionar la falta de suministro de agua potable,
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tales como la consecución de recursos para el financiamiento de la macro obra del
acueducto veredal.
Afirmó que, a través de la Secretaría de Planeación, ha realizado las gestiones
correspondientes para el desarrollo del proyecto y se ha encargado de cumplir con
cada uno de los requerimientos realizados por Corporinoquia, la Secretaría de Salud
Departamental y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asimismo, indicó que
está efectuando la reubicación de las estructuras preliminares de topografía con el
objeto de cumplir los pedimentos realizados por Acuatodos S.A., demostrando así el
interés que tiene el Municipio con la ejecución de la obra.
2.4. En memorial del 23 de febrero de 2018, el Departamento de Casanare
contestó la demanda bajo los siguientes términos8:
Aseguró que las pretensiones contra el Departamento no están llamadas a prosperar,
pues Acuatodos y el Municipio de Hato Corozal eran los responsables de la prestación
del servicio de acueducto en el sector objeto de controversia. Indicó que, mientras se
encuentra una solución definitiva a dicha problemática, las mencionadas entidades
deben encargarse de suministrar el líquido a los habitantes, a través de carrotanques
o sistemas individuales o colectivos para el aprovisionamiento de agua, en virtud de lo
previsto en los artículos 298 y 311 Superiores, 5-5.1. de la Ley 1412 de 1994, 76 de la
Ley 715 de 2001 y 2.3.7.1.2.1. del Decreto No. 1898 de 2016.
En consecuencia, propuso las excepciones de “Improcedencia de la acción contra el
departamento de Casanare” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva” explicando
que, de la documentación aportada con la demanda, no se logró evidenciar la
vulneración de los derechos colectivos por parte del Departamento de Casanare, pues
los llamados a responder son el Municipio de Hato Corozal y la Empresa de Servicios
Públicos del municipio, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la
Ley 136 de 1994 y 142 de 1994.
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2.5. Por su parte, la Empresa Departamental de Servicios Púbicos de Casanare
– Acuatodos S.A ESP se opuso a los hechos y las pretensiones, en los siguientes
términos:
Indicó que es una empresa de orden departamental, de carácter oficial, que tiene como
función la prestación de servicios públicos y actuar como gestor dentro del Plan
Departamental de Aguas (en adelante PDA) en Casanare. Agregó que, pese a que
opera en algunos acueductos del Departamento de Casare a través de convenios
suscritos con varios Municipios, ello no acontecía en Hato Corozal.
Expuso que, en virtud de lo previsto en los artículos 365 y 366 de la Constitución
Política, 3.5. de la Ley 136 de 1994, 5 de la Ley 142 de 1994, 76 de la Ley 715 de
2001, 2.3.7.1.2.1. del Decreto 1898 de 2016, corresponde a los municipios prestar los
servicios públicos, construir obras para el progreso local, el ordenamiento de su
territorio y el mejoramiento social, por lo que los competentes para la prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado en el sector objeto de controversia, eran la
Alcaldía y la empresa de servicios públicos de ese Municipio.
Expuso que, en su rol de gestor del PDA, de forma conjunta con el Municipio de Hato
Corozal, han adelantado estudios y diseños para la construcción del Sistema de
Acueducto veredal y que ese proyecto ya fue radicado ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, con el fin de obtener la viabilidad técnica y gestionar las fuentes de
financiación para su ejecución. Agregó que esa cartera ministerial emitió un listado de
requerimientos los cuales estaban siendo resueltos por parte de la Administración
Municipal y dicha entidad.
Por último, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, esgrimiendo que
no es el sujeto responsable de la violación de los derechos conculcados en la
demanda, iterando que la obligación de prestar el servicio público de acueducto recae
en el Municipio de Hato Corozal a través de su empresa de servicios públicos.
2.6. El 19 de julio de 2018, se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento,
debido a que las partes no acordaron ninguna forma de arreglo9.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare dictó sentencia el día 20 de mayo de
2021, en cuya parte resolutiva dispuso:
“RESUELVE:
PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
departamento de Casanare y Acuatodos S. A. ESP, por las razones señaladas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos amenazados al goce de un ambiente
sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna de los habitantes de las veredas La Capilla, Maraure, Altagracia y San
Rafael del municipio de Hato Corozal, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, imponer a las demandadas las siguientes medidas
definitivas:
Medidas definitivas Plazo Responsable
s
FASE DIAGNÓSTICO
i) En aplicación de los principios de coordinación
y subsidiariedad, el alcalde de Hato Corozal,
pondrá en conocimiento del departamento de Dos (2) meses para el
Casanare y del Ministerio de Vivienda, municipio de Hato Municipio de Hato
Ciudad y Territorio, las necesidades reales Corozal, a partir de la Corozal
relacionadas con el servicio de acueducto y ejecutoria de la
alcantarillado de las veredas La Capilla, sentencia
Altagracia, Maraure y San Rafael, con el fin de
concertar y acordar la obtención del apoyo
financiero, logístico y técnico que serequiera.
El departamento de Casanare y el Ministerio Tres (3) meses, Departamento de
de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán dar contados apartir de Casanare y Ministerio
respuesta concreta a la solicitud de la vencimiento del plazo deVivienda, Ciudad y
entidadmunicipal. anterior. Territorio
ii) Realizar un censo de las personasque residen
en las veredas antes enunciadas,
discriminándolas por edad sexo y si existen Un (1) mes, a partir de la Municipio de Hato
personas de especial protección, así como ejecutoria de la Corozal
recopilar la información necesariapara orientar la sentencia
dotación de infraestructura básica de agua y
saneamiento básico o de las soluciones
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alternativas en zonas rurales.
3. Realizar el respectivo diagnóstico,teniendo en Tres (3) meses, a partir Municipio de Hato
cuenta las normas establecidas en el artículo dela ejecutoria de la Corozal,
2.3.7.1.4.1 del Decreto 1898 de 2016, el censo sentencia departamentode
realizado por el ente municipal y el mapa de Casanare y
riesgos que se advierte enel sector. Acuatodos S. A. E. S.
P.
4 Adquirir, perfeccionar la adquisición o legalizar
el poder de disposición o realizar las actuaciones
administrativas, incluidas las contractuales que
se requieran para garantizar el terreno o sitio
donde se pretendan construir las instalaciones, Seis (6) meses, a partir
dependencias y anexidades para el sistema de dela ejecutoria de la
acueducto con los diagnósticos técnicos para las sentencia Municipio de Hato
veredas La Capilla, Altagracia, Maraure y San Corozal
Rafael.
FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1. Con el resultado del diagnóstico, se debe
efectuar la planificación y elaboración del
proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos
y realizados por el Ministerio deVivienda, Ciudad Tres (3) meses,
y Territorio en el proyecto denominado “DISEÑO una vez se haya Municipio de Hato
, SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS legalizado el Corozal y Acuatodos S.
LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN predio donde se A. ESP.
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, pretende
DEPARTAMENTO DE CASANARE”, etapa en construir el
la que se deben evaluar las necesidades acueducto.
advertidas en el diagnóstico, presupuesto,
logística y demás criterios que se requieranpara
dar viabilidad al proyecto, etapa que culminará
con la presentación del proyecto ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Un (1) mes,
2. Presentar el proyecto con los ajustes sugeridos contado apartir Municipio de Hato
por el Ministerio deVivienda, Ciudad y Territorio. del vencimiento Corozal y Acuatodos S.
delplazo anterior A. ESP.
c. 1. Realizar la correspondiente revisión al
proyecto con prioridad, emitiendo las Dos (2) meses,
observaciones, requerimientos de ser contados a partir
necesarios o dar curso al mismo sin de la Ministerio de Vivienda,
dilaciones, prestando la asistencia técnica presentación del Ciudad y Territorio.
que requieran dichas entidades, para que proyecto.
se logre el buen curso del
proyecto.
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c. 1. De manera coordinada, teniendo
definidos los recursos y/o apoyos de
cofinanciación, deben realizar los estudios Cuatro (4) meses,
previos para el diseño del acueducto contados a partir Municipio de Hato
veredal o del sistema definitivo que garantice de la aprobación Corozal y Acuatodos S.
el suministro de agua potable de manera del proyecto. A. ESP.
constante y de calidad, incluyendo:
i) plan los estudios de factibilidad,
ii) plan de presupuesto, iii) mapa riesgos y iv)
trámites de permisos
ambientales a que haya lugar.
FASE DE CONTRATACIÓN
Adelantar los trámites de contratación y Cuatro (4) meses,
ejecución, con miras a materializar la contados a partir
construcción de la obra establecida en el del vencimiento del Municipio de Hato
proyecto y en los estudios previos, actuación plazo establecido Corozal y Acuatodos S.
que está a cargo de Hato Corozal y Acuatodos en el numeral A. ESP.
S. A. ESP, previo cumplimiento de los anterior.
permisos
ambientales
FASE DE EJECUCIÓN
Doce (12) meses, Municipio de Hato
a partir del Corozal y Acuatodos S.
Ejecutar el contrato y recibo de obra. vencimiento del A. ESP.
plazo establecido
en el numeral
anterior.
c. 1. Adoptar una medida alternativa, en
aplicación del artículo 2.3.7.1.3.2 del Decreto
1892 de 2016, a través dela cual se garantice
el suministro de 50 litros diarios de agua De manera Municipio de Hato
potable a cada habitante de las veredas La inmediata Corozal
Capilla, Maraure, San Rafael y Altagracia de
Hato Corozal, a través de cualquier medio
idóneo para resolver las necesidades
básicas dedicha comunidad.
La medida alternativa debe permanecer hasta
que los sectores afectados cuenten con el
servicio regular o convencional de
acueducto y alcantarillado.
Ejercer actividades de apoyo y coordinación, Dentro de los
cuando el municipio de Hato Corozal efectúe la cinco (5) días
correspondiente solicitud (apoyo económico, siguientes a la Departamento de
financiero, logístico, solicitud Casanare y Acuatodos
etc.) efectuada por el S. A. ESP
municipio de Hato
Corozal.
CUARTO: ORDENAR el apoyo constante de las entidades del orden
departamental y nacional así:
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4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dará curso prioritario a los
proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para las veredas La Capilla,
Altagracia, Maraure y San Rafael, brindará asistencia técnica al municipio de Hato
Corozal, en caso de que la entidad así lo requiera y contratará el seguimiento de
los proyectos de acueducto, en caso de brindarse apoyo financiero.
4.2.En todas las fases ̧ el gobernador de Casanare y Acuatodos S. A. ESP
deben mantener una labor de coordinación y comunicación permanente con el
alcalde de Hato Corozal, para acordar las medidas y apoyo que se requiera para
implementar el sistema de acueducto en las veredas previamente señaladas
dando aplicación a los principios de coordinación y subsidiariedad. El
departamento de Casanare informará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
los avances que se adelanten, solicitando de requerirse, la asistencia y/o
acompañamiento de la citada cartera, cuando se advierta la insuficiencia de
recursos para dar cumplimiento a las órdenes dispuestas en esta providencia.
QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el defensor
del Pueblo Regional Casanare quien lo presidirá, el gobernador del departamento
de Casanare o su delegado, el representante legal de Acuatodos S. A. ESP, el
alcalde de Hato Corozal, el delegado del Ministerio Público, el Procurador 23
Judicial II Ambiental y Agraria y el magistrado ponente de esta Corporación, cuyo
procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta
providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando
ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, declarar terminadas las medidas
cautelares, momento en el cual se archivará el referido cuaderno.
SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.
OCTAVO: Remítase copia de esta providencia, así como de la demanda y del auto
admisorio a la Defensoría del Pueblo –Registro Público de Acciones Populares y
de Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80de la Ley 472 de 1998.
NOVENO: Por Secretaría insértese copia de esta providencia en el cuaderno de
medidas cautelares, con las constancias de notificaciones.”10
3.2. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva que
propusieron el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento de
Casanare y Acuatodos S.A ESP, en sus respectivos escritos de contestación a la
demanda, resolvió declararlas como no probadas, por las siguientes razones:
3.2.1. Respecto de la cartera ministerial, indicó que los artículos 162 de la Ley 142 de
1994, el artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 y 2 de Decreto 3571 de 2011, determinaron
que esa entidad debe prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y a las
empresas de servicios públicos domiciliarios y, además, debe diseñar y promover
10
Visible a folios 52 a 56 de la sentencia recurrida
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programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural.
Precisó que, si bien el Ministerio evaluó la propuesta elaborada por el Municipio de
Hato Corozal para resolver la problemática de agua potable en las veredas objeto de
controversia, lo cierto era que ese ente territorial aún requería de apoyo económico,
logístico y financiero.
3.2.2. Respecto del Departamento de Casanare, advirtió que, en virtud de lo previsto
en los artículos 2, 288, 305 y 365 de la Constitución Política, 7 de la Ley 142 de 1994
y el 2.3.7.1.4.3 del Decreto 1898 de 2016, debe prestar apoyo para garantizar el
consumo de agua potable a la población vulnerable, cuando los municipios de su
jurisdicción no cuenten con los recursos para hacerlo. Expuso que, como en el
presente asunto el Municipio de Hato Corozal manifestó que no cuenta con los medios
para la construcción del acueducto veredal y que el Departamento se ha encargado
de apoyarlo dotándolo de carrotanques, conductores y logística para suministrar agua
potable a las veredas afectadas, era claro que era necesaria su permanencia en el
proceso.
3.2.3. Frente Acuatodos S.A ESP, mencionó que el objeto principal de esa empresa
es la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, así como
desempeñar el papel de gestor o rol que su junta directiva determine en el PDA de
Casanare. De igual forma, advirtió que esa sociedad está conformada por todos los
Municipios de Casanare, entre ellos el de Hato Corozal, en virtud, de lo previsto en el
Acuerdo nro. 200-02-017 de junio 21 de 2009.
Indicó que, a través de la Ordenanza No. 010 del 18 de noviembre de 2013, esto es,
el Plan de Desarrollo Departamental, se contempló el programa denominado calidad,
cantidad, continuidad en el agua potable y saneamiento básico, mediante el cual se
pretende garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios y saneamiento
básico, priorizando el sector rural; y concluyó que, en virtud de éste, la citada empresa
ha estado dando apoyo al Municipio de Hato Corozal en la elaboración del proyecto
denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA
CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, de manera que debía seguir vinculada en el
expediente de la referencia.
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3.4. Por otro lado, señaló como problema jurídico principal, el siguiente:
“3.4. Problema jurídico principal:
¿Las entidades demandadas están vulnerando los derechos e intereses colectivos
de los habitantes de las veredas La Capilla, Altagracia, La Maraure y San Rafael
del municipio de Hato Corozal – Casanare por no garantizarse la prestación
efectiva del servicio de acueducto y suministro de agua potable en dichos
sectores?”11
3.5. Luego de enumerar los hechos que encontró probados en el proceso, se refirió,
de manera general, a la naturaleza de los derechos al agua potable, de acceso a los
servicios públicos y a la prestación de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en
zonas rurales. Descendió al caso en concreto, y aseguró que en las Veredas La
Capilla, Altagracia, Maraure y San Rafael del Municipio de Hato Corozal no se ha
implementado un sistema de acueducto y alcantarillado.
Alegó que la citada zona cuenta con una población de setecientos treinta y dos (732)
personas a quienes la entidad territorial y el Departamento de Casanare les suministra
agua potable a través de carrotanques, y advirtió que, si bien ese es un mecanismo
transitorio para resolver la problemática, no podía convertirse en la solución definitiva.
Aseguró que estaba acreditado que el 26 de agosto de 2014, el Municipio de Hato
Corozal y Acuatodos S.A. había presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio un proyecto denominado “DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL,
VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO
CORAZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE” por un valor de once mil doscientos
diecinueve millones novecientos noventa y dos mil seiscientos diecisiete millones de
pesos ($11.219.992.617), pero que esa cartera ministerial había efectuado
observaciones y, en consecuencia, solicitó que se hicieran ajustes, sin que en el
plenario conste que se hubiera adelantado alguna de éstas.
Aseveró que no se ha realizado ninguna obra encaminada a la implementación del
acueducto veredal y adujo que la ausencia de recursos o de trámites para iniciar el
11
Ibídem
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proyecto no es una justa causa para omitir la prestación de un servicio público de
acueducto y alcantarillado de calidad.
Concluyó que se evidenciaba una omisión por parte del Municipio de Hato Corozal, al
no garantizar el suministro de agua potable a través de la implementación de un
sistema de acueducto en las veredas afectadas, vulnerando así los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública y a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; por ende, ordenó a las entidades demandadas implementar las
medidas definitivas determinadas en la parte resolutiva del fallo censurado, para lo
cual tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la Sección 4 del Decreto 1898 de
2016.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. El Municipio de Hato Corozal presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, esgrimiendo los siguientes argumentos12:
4.1.1. Expresó que no desconoce la necesidad de abastecimiento de agua potable en
las Veredas La Capilla, Altagracia, Maraure y San Rafael y que comparte el amparo
de los derechos colectivos a dichas comunidades. De igual forma, indicó que se
encuentra de acuerdo con la vinculación al proceso del Departamento de Casanare y
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero advierte que es necesario que se
hagan ciertas aclaraciones y modificaciones al fallo de primera instancia, debido que
no se consignó de manera específica la fuente de los recursos requeridos para cada
fase.
Señaló que las demás entidades demandadas se encuentran en la libertad de negarse
a cofinanciar las medidas definitivas impuestas por el Tribunal y recalcó que el
Municipio no cuenta con los recursos necesarios para realizar dichas acciones. En ese
sentido, reprochó que, frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el
numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión censurada únicamente se le ordenó
que debía brindar apoyo financiero en caso de que ese ente territorial lo requiera, por
12
Ibídem.
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lo que dicha cartera ministerial estaría al libre arbitrio de cofinanciar el acueducto
ordenado por el Tribunal
Por otro lado, discutió que se haya dejado de lado la posibilidad de acudir a los
esquemas diferenciales definidos para la prestación del servicio, que para el caso en
concreto, resultarían menos costosos en la construcción y optimización, y permiten su
operación por las comunidades organizadas. En ese sentido, cuestionó que el Tribunal
dejó de aplicar los esquemas diferenciales previstos en la “Resolución 0844 del 8 de
noviembre de 2018, que reglamenta los requisitos técnicos para los proyectos de agua
y saneamiento básico de las zonas rurales que se adelante bajo los esquemas
diferenciales definidos en el capítulo 1, del Título 7, pate 3, del libro 2 del decreto 1077
de 2015 en concordancia además, de lo dispuesto en el decreto 1688 de 2020 que
igualmente modifica decreto 1077 de 2015 y reglamenta el artículo 279 de la Ley 1955
de 2019 en lo relacionado con la dotación de infraestructura de agua para consumo
humano y doméstico o de saneamiento básico en zonas rurales y a su entrega directa
a las comunidades organizadas beneficiarias, de acuerdo con los esquemas
diferenciales definidos por el Gobierno Nacional”.
Anotó que los aludidos esquemas eran aplicables al presente asunto, si se tiene a
consideración que la zona objeto de controversia abarca cuatro (4) veredas dispersas
en la zona rural y en las cuales no existen más de seiscientas (600) viviendas.
Reprochó que con el presente medio de control se pretendía que se declarara la
vulneración de derechos colectivos a las Veredas de La Capilla, Altagracia, la Maraure
y San Rafael del Municipio de Hato Corozal, por la falta de suministro de agua potable,
pero que el Tribunal en la sentencia recurrida resolvió en algunas de las fases que,
para la adopción del sistema de acueducto, debían realizarse actividades orientadas a
la prestación del servicio de alcantarillado y aseo.
Concluyó que, aunque tiene la obligación de resolver la falta de abastecimiento de
agua potable en las veredas objeto de controversia, era necesario que las órdenes
impartidas por el a quo sean claras y coherentes con la realidad de la situación de la
comunidad, se determine la fuente de financiación y deje abierta la posibilidad a dar
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aplicación a la Resolución 0844 del 8 de noviembre de 2018 y el Decreto 1688 de
2020, con relación a esquemas diferenciales definidos por el Gobierno.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El 24 de junio de 202113, el expediente de la referencia fue repartido al
Despacho del consejero Roberto Augusto Serrato quien, en proveído del 30 de julio
del mismo año, manifestó encontrarse incurso en la causal de impedimento del
numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
En auto de 18 de agosto de 202114, la Sala de la Sección Primera declaró
fundado el impedimento presentado por el citado consejer
5.2. o.
Mediante auto del 20 de septiembre de 2021, el Despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación15 y, en proveído del 2 de diciembre de ese
año, se resolvió prescindir del traslado para alegar de conclusión16
5.3. .
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en
las acciones populares.
c.2.5. Hecho1. En las Veredas La Capilla, Altagracia, Maraure y San Rafael del
Municipio de Hato Corozal, Casanare, no existen redes de acueducto, razón
13
Visible a índice 3 ibídem.
14
Visible a índice 9, ibídem.
15
Visible a índice 15 ibídem.
16
Visible en el índice número 24 ibídem.
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por la que los habitantes de dicho sector padecen de desabastecimiento de
agua.
6.2.2. El 26 de agosto de 2014, la Alcaldía de Hato Corozal y Acuatodos S.A ESP,
presentaron ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto denominado
“DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA,
MARAURE Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO
CASANARE”, el cual fue objeto de estudio por parte de esa cartera ministerial, quién
solicitó se realizaran ajustes a éste.
6.2.3. La Defensoría del Pueblo Regional Casanare instauró el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Hato Corozal y
Acuatodos S.A ESP, solicitando la protección de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y
vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la
seguridad y salubridad pública; el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, que fueron vulnerados con ocasión de la falta de
suministro de agua potable en las veredas de La Capilla, Altagracia, la Maraure y San
Rafael del Municipio de Hato Corozal.
6.2.4. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Casanare amparó los derechos colectivos invocados en la demanda.
6.2.5. En contra de dicha decisión el Municipio de Hato Corozal presentó recurso de
apelación.
6.2. Planteamiento
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Al respecto, la Sala observa que las partes concuerdan sobre: (i) la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda, (ii) la obligación que tiene el Municipio
de Hato Corozal de suministrar y prestar el servicio de agua potable a las veredas de
La Capilla, Altagracia, la Maraure y San Rafael de la zona rural de ese territorio, y (iii)
la necesidad de vincular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento
de Casanare y a la empresa Acuatodos, como entidades de apoyo y coordinación para
la ejecución del proyecto de acueducto veredal.
Sin embargo, para el memorialista, el Tribunal dejó a discreción del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio la posibilidad de financiar las medidas definitivas
impuestas en la decisión recurrida, por lo que ésta podría negarse a aportar recursos,
sin que dicho ente territorial se encuentre en capacidad de asumirlos.
Por otro lado, discuten sobre la aplicación de los sistemas diferenciales para el
suministro de agua potable, pues, para el apelante, éstos no fueron tenidos en cuenta
por el Juzgador de Primera Instancia, lo que generaría un menor costo y, además,
podrían ser administrados por la comunidad; mientras que, para el Tribunal, lo
apropiado es que el Municipio desarrolle un proyecto de acueducto, con base en las
fases señaladas en el Decreto 1898 de 2016, que se refiere precisamente a esos
esquemas.
Finalmente, presentan discrepancia sobre el alcance de las órdenes adoptadas por el
Tribunal, pues, para el recurrente, involucran la prestación del servicio de alcantarillado
y aseo cuando la demanda iba dirigida únicamente a solicitar la protección de los
derechos colectivos que estaban siendo vulnerados a causa de la falta de
abastecimiento de agua potable en las veredas del Municipio de Hato Corozal.
La controversia será resuelta en el orden que sigue enseguida.
6.3. Generalidades de la acción popular
De acuerdo con su definición constitucion–l - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
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agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades o particulares que hayan
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo
dispuesto por los artículos 2 y 9 ibidem, la acción popular se ha calificado como un
medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.
6.4. De la controversia sobre la financiación de las obras ordenadas por el
Tribunal
Sobre el particular, tendrá que definirse si es cierto que en el numeral cuarto de la
parte resolutiva de la sentencia recurrida se dejó a discreción del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio la posibilidad de cofinanciar las medidas definitivas
impuestas por el Tribunal.
A efectos de resolver lo anterior, resulta oportuno traer a colación la citada orden:
“CUARTO: ORDENAR el apoyo constante de las entidades del orden
departamental y nacional así:
4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dará curso prioritario a los
proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para las veredas La Capilla,
Altagracia, Maraure y San Rafael, brindará asistencia técnica al municipio de Hato
Corozal, en caso de que la entidad así lo requiera y contratará el seguimiento de
los proyectos de acueducto, en caso de brindarse apoyo financiero.
4.2.En todas las fases ̧ el gobernador de Casanare y Acuatodos S. A. ESP
deben mantener una labor de coordinación y comunicación permanente con el
alcalde de Hato Corozal, para acordar las medidas y apoyo que se requiera para
implementar el sistema de acueducto en las veredas previamente señaladas
dando aplicación a los principios de coordinación y subsidiariedad. El
departamento de Casanare informará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
los avances que se adelanten, solicitando de requerirse, la asistencia y/o
acompañamiento de la citada cartera, cuando se advierta la insuficiencia de
recursos para dar cumplimiento a las órdenes dispuestas en esta providencia.”
(Subrayas de la Sala).
Así las cosas, el Tribunal ordenó a la cartera ministerial demandada prestar la
asistencia técnica que requiera el Municipio de Hato Corozal para la realización del
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proyecto que le fue encargado y, además, contratar el seguimiento de éste, en caso
de brindarse el apoyo financiero. Ahora, aunque en principio podría pensarse que
no existe un mandato expreso que haga imperativo al citado Ministerio la financiación
de las obras ordenadas por el Tribunal, lo cierto es que, como quedó acreditado en el
trámite de primera instancia, para esos efectos es necesario que se cumplan los
requisitos técnicos que se encuentren determinados en el orden jurídico para el efecto,
de manera que, sólo cuando el ente territorial observe y cumpla esas condiciones, es
posible la entrega recursos públicos para su realización.
Sobre el particular, resulta oportuno indicar que los artículos 1 a 3 de la Resolución
661 de 2019 prevén:
“Artículº 1o. Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el
mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y
expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico que sean presentados por las entidades territoriales que
soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación y
evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.
Artículº 2o. Mecanismo de viabilización de proyectos. Es el proceso mediante
el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico, emite conceptos sobre los proyectos del sector de
agua potable y saneamiento básico presentados por las entidades que soliciten
apoyo financiero de la Nación, así como las reformulaciones que estos requieran.
Artículº 3o. Alcance de la viabilización. El proceso de viabilización corresponde
a la verificación de los parámetros requeridos de conformidad con el reglamento
técnico del sector, los requisitos establecidos en la presente resolución y la Guía
de presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (contenida
en el Anexo I) y se realiza a nivel documental de acuerdo con la información
presentada por la entidad formuladora, no implica visita de verificación en campo
al proyecto, ni la revisión y verificación detallada de la calidad de los estudios y
diseños, ni la aprobación de su cumplimento normativo, dado que los mismos
deben venir aprobados por el interventor y avalados por la entidad responsable del
proyecto.
En ningún caso el Mecanismo de Viabilización de Proyectos suplirá las funciones
o responsabilidades de los formuladores del proyecto; consultores encargados de
estudios, diseños e interventoría; de los contratistas de obra, interventoría de obra
y de los supervisores de los contratos en sus diferentes etapas” (Subrayas de la
Sala).
Mientras que, el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1898 de 2016, modificado por el
Decreto 1688 de 2020, dispuso:
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“Artículo 2.3.7.1.2.3. Plan de gestión para la prestación del servicio de
acueducto o alcantarillado en zonas rurales. Los prestadores que deseen
acogerse a cualquiera de las condiciones diferenciales del artículo 2.3.7.1.2.2. del
presente capítulo, deberán formular un plan de gestión que deberá ajustarse a los
contenidos, exigencias y plazos que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
El plan de gestión deberá sustentarse en los siguientes documentos:
c. 1. El plan de aseguramiento previsto para el prestador del servicio, en el que
se establezca el fortalecimiento requerido.
c. 2. El plan de obras e inversiones previsto para el sistema o sistemas de
acueducto, alcantarillado, o para el servicio de aseo, en el que se indiquen los
plazos en los que se ejecutarán los componentes de infraestructura requeridos
para alcanzar los estándares de prestación de estos servicios y las fuentes de
financiación previstas para ejecutar dicho plan.
c. 3. El plan de cumplimiento de acciones a corto mediano y largo plazo, de
conformidad con las disposiciones vigentes sobre calidad de agua para
consumo humano.
Parágrafo 1°. Una vez formalizado el plan de gestión, el prestador deberá
reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y deberá
incluir en el contrato de condiciones uniformes para la prestación de los respectivos
servicios, la manera en que dará cumplimiento progresivo a las condiciones
diferenciales.
Parágrafo 2°. Los municipios y distritos, acorde con su obligación constitucional y
legal de asegurar la prestación de los servicios a todos los habitantes de su
territorio, deberán apoyar técnicamente y mediante la financiación de proyectos a
los prestadores de su jurisdicción y en la formulación e implementación de los
planes de gestión a los que se refiere el presente artículo.” (Subrayas de la Sala).
De ahí que, aunque no sea posible imponer un deber al aludido Ministerio en el sentido
de financiar las obras que fueron impartidas en la sentencia recurrida, pues, se insiste,
en el evento en que las entidades accionadas no realicen los ajustes que sean
requeridos para esos fines, no sería posible algún desembolso, tal y como ocurrió con
el proyecto denominado “DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS LA
CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,
DEPARTAMENTO CASANARE”, lo cierto es que la orden objeto de controversia sí puede
resultar ambigua y, por ende, se precisará el numeral 4.1. de la providencia recurrida,
en el entendido de que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio otorgará la
financiación del proyecto, cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos previstos
para ese fin.
6.5. Sobre la controversia relacionada con los esquemas diferenciales para la
provisión de agua potable
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6.5.1. En este punto tendrá que absolverse si en la sentencia recurrida no se aplicaron
los esquemas diferenciales para la provisión de agua potable en las veredas de La
Capilla, Altagracia, la Maraure y San Rafael del Municipio de Hato Corozal. En caso
de que la respuesta a dicho interrogante sea afirmativa, tendrá que definirse si debe
revocarse la decisión censurada y en su lugar, ordenar a las entidades accionadas
adoptar el anotado sistema.
Resolver dicho interrogante, impone referir al numeral tercero de la parte resolutiva de
la decisión enjuiciada; veamos:
Medidas definitivas Plazo Responsables
FASE DE DIAGNÓSTICO
i) En aplicación de los principios de
coordinación y subsidiariedad, el alcalde de
Hato Corozal, pondrá en conocimiento del
departamento de Casanare y del Ministerio Dos (2) meses para el
de Vivienda, Ciudad y Territorio, las municipio de Hato Municipio de Hato
necesidades reales relacionadas conel servicio Corozal, a partir de la Corozal
de acueducto y alcantarillado de las veredas La ejecutoria de la
Capilla, Altagracia, Maraure y San Rafael, con sentencia
el fin de concertar y acordar la obtención del
apoyo financiero, logístico y técnico que se
requiera.
c) i) Realizar un censo de las
personas que residen en las
veredas antes enunciadas,
discriminándolas por edad sexo Un (1) mes, a partir de la Municipio de Hato
y si existen personas de especial ejecutoria de la Corozal
protección, así comorecopilar la sentencia
información necesaria para
orientar la dotación de
infraestructura básica de agua y
saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en zonas
rurales.
3. Realizar el respectivo diagnóstico, teniendo
en cuenta las normas establecidas en el artículo
2.3.7.1.4.1del Decreto 1898 de 2016, el censo Tres (3) meses, a partir de Municipio de Hato
realizado por el ente municipal y el mapa de la ejecutoria de la Corozal,
riesgos que se advierte en el sector. sentencia departamentode
Casanare y
Acuatodos S. A. E. S.
P.
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4 Adquirir, perfeccionar la adquisición o
legalizar el poder de disposición o realizar las
actuaciones administrativas, incluidas las
contractuales que se requieran para garantizar
el terreno o sitio donde se pretendan construir las Seis (6) meses, a partir de
instalaciones,dependencias y anexidades para la ejecutoria de la
el sistema de acueducto con los diagnósticos sentencia Municipio de Hato
técnicos para las veredas La Capilla, Corozal
Altagracia, Maraure y San Rafael.
FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1. Con el resultado del diagnóstico, se debe
efectuar la planificación y elaboración del
proyecto, teniendo en cuenta los
requerimientos y realizados por el Ministerio
deVivienda, Ciudad y Territorio en el proyecto
denominado “DISEÑO SISTEMA DE
ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS LA
CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN Tres (3) meses, una Municipio de Hato
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO vez se haya Corozal y Acuatodos S.
COROZAL, DEPARTAMENTO DE legalizado el predio A. ESP.
CASANARE”, etapa en la que se deben donde se pretende
evaluar las necesidades advertidas en el construir el
diagnóstico, presupuesto, logística y demás acueducto.
criterios que se requieranpara dar viabilidad
al proyecto, etapa que culminará con la
presentación del proyecto ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
2. Presentar el proyecto con los ajustes Un (1) mes, contado Municipio de Hato
sugeridos por el Ministerio deVivienda, Ciudad y apartir del Corozal y Acuatodos S.
Territorio. vencimiento delplazo A. ESP.
anterior
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
1. Realizar la correspondiente revisión al
proyecto con prioridad, emitiendo las
observaciones, requerimientos de ser
necesarios o dar curso al mismo sin Dos (2) meses, Ministerio de Vivienda,
dilaciones, prestando la asistencia técnica contados a partir de Ciudad y Territorio.
que requieran dichas entidades, para que la presentación del
se logre el buen curso del proyecto. proyecto.
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c. 1. De manera coordinada, teniendo
definidos los recursos y/o apoyos de
cofinanciación, deben realizar los
estudios previos para el diseño del Cuatro (4) meses, Municipio de Hato
acueducto veredal o del sistema definitivo contados a partir de Corozal y Acuatodos S.
que garantice el suministro de agua potable la aprobación del A. ESP.
de manera constante y de calidad, proyecto.
incluyendo:
i) plan los estudios de factibilidad,
ii) plan de presupuesto, iii) mapa riesgos y iv)
trámites de permisos
ambientales a que haya lugar.
FASE DE CONTRATACIÓN
Adelantar los trámites de contratación y
ejecución, con miras a materializar la
construcción de la obra establecida en el Cuatro (4) meses, Municipio de Hato
proyecto y enlos estudios previos, actuación contados a partir del Corozal y Acuatodos S.
que está a cargo de Hato Corozal y vencimiento del A. ESP.
Acuatodos S. A. ESP, previo cumplimiento plazo establecido
de los permisos en el numeral
ambientales anterior.
FASE DE EJECUCIÓN
Doce (12) meses, a Municipio de Hato
partir del Corozal y Acuatodos S.
Ejecutar el contrato y recibo de obra. vencimiento del A. ESP.
plazoestablecido en
el numeral
anterior.
c. 1. Adoptar una medida alternativa, en
aplicación del artículo 2.3.7.1.3.2 del
Decreto 1892 de 2016, a través dela cual se
garantice el suministro de De manera Municipio de Hato
50 litros diarios de agua potable a cada inmediata Corozal
habitante de las veredas La Capilla, Maraure,
San Rafael y Altagracia de Hato Corozal, a
través de cualquier medio idóneo para
resolver las necesidades básicas de dicha
comunidad.
La medida alternativa debe permanecer hasta
que los sectores afectados cuenten con el
servicio regular o convencional de
acueducto y alcantarillado.
Ejercer actividades de apoyo y coordinación, Dentro de los cinco
cuando el municipio de Hato Corozal efectúe (5) días siguientes a
la correspondiente solicitud (apoyo lasolicitud efectuada Departamento de
económico, financiero, logístico, por elmunicipio de Casanare y Acuatodos
etc.) HatoCorozal. S. A. ESP
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“17 (Negrillas dentro del texto, Subrayas de la Sala).
De lo anterior se colige que, para el Tribunal, debe ser elaborado un sistema de
acueducto que tenga en cuenta los requerimientos que fueron definidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al proyecto denominado como “DISEÑO
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE”. Por
ende, es claro para la Sala que el Tribunal sí eligió uno de los esquemas diferenciales
previstos en el Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto 1688 de 2020, que
adicionaron al Decreto 1077 de 2015, para solventar la problemática en el lugar objeto
de controversia, esto es, el relacionado con el suministro de agua a través de una red
de acueducto.
En efecto, en el artículo 2.3.7.1.1.1. ibidem, señaló:
“Artículo 2.3.7.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano
y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional, en
armonía con las disposiciones de ordenamiento territorial aplicables al suelo rural,
acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 33 de la Ley 388 de 1997 o aquellas
disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.”
En esa línea, el artículo 2.3.7.1.3.2. ibidem determinó que las soluciones alternativas
para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en las zonas
rurales debían observar las siguientes condiciones:
“Artículo 2.3.7.1.3.2. Soluciones alternativas para el aprovisionamiento de
agua para consumo humano y doméstico. Las soluciones alternativas para el
aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en zonas rurales
deberán cumplir con las siguientes condiciones:
c. 1. El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse
mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde
la fuente, acorde con la normatividad aplicable a la materia y con las
necesidades de la comunidad.
c. 2. El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá
realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento.
c. 3. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará
mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será
17
Visible a folios 51 a 53 de la sentencia recurrida
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requerido para los inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro
que entreguen agua apta para consumo humano.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que los administradores de abastos de agua y de
puntos de suministro no son personas prestadoras del servicio público de
acueducto, la autoridad sanitaria que compete realizará la vigilancia diferencial que
privilegie las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
de conformidad con los lineamientos que para dicho fin expida el Ministerio de
Salud y Protección Social. Los abastos de agua y los puntos de suministro deberán
contar con los permisos y autorizaciones ambientales que les sean exigibles según
las normas vigentes.” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 24 de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, al
reglamentar el Decreto 1898 de 2016, previó los siguientes tipos de sistemas de agua
para consumo humano y doméstico:
c) “Artículo 24. Tipos de sistemas de agua para consumo humano y
doméstico. Los sistemas de suministro de agua para consumo humano y
doméstico en zona rural se clasifican en los siguientes tipos1. Sistemas de
acueducto (incluyen el consumo humano y doméstico), con las siguientes
opciones tecnológicasa) Distribución por redes con conexión domiciliaria.
b) Distribución por pila pública. En este caso, el tratamiento puede realizarse
directamente en la pila, o puede transportarse agua tratada hasta la pila por
medio de redes físicas o carrotanques.
c) Soluciones alternativas colectivas de agua (incluyen el consumo humano y
doméstico y el volumen para la subsistencia de la familia rural), con las
siguientes opciones tecnológicasa) Abastos de agua, con distribución de
agua cruda o parcialmente tratada mediante redes físicas hasta la vivienda.
b) Puntos de suministro para la entrega de agua cruda o parcialmente tratada.
c) Captación de aguas lluvias.
2. Soluciones alternativas individuales de agua (incluyen el consumo humano y
doméstico que se requiere para viviendas dispersas que no pueden ser
conectadas a un sistema de acueducto o a una solución alternativa colectiva de
agua), según las opciones tecnológicas definidas en los artículos 36 y 37 de esta
resolución.
Parágrafo 1. El aprovisionamiento de agua por soluciones alternativas, sean
individuales o colectivas, debe incluir lo necesario para la captación, el
almacenamiento y el tratamiento de agua para consumo humano y doméstico.
Parágrafo 2. Todos los sistemas de agua para consumo humano y doméstico,
deberán utilizar métodos de estimación de consumo; o dispositivos de medición;
o mecanismos de control de los volúmenes de agua, independientemente del uso
que se dé a la misma.
Parágrafo 3. En todas las opciones tecnológicas definidas en este artículo, se
podrá incluir en el uso de dispositivos o técnicas de tratamiento de agua a nivel
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domiciliar, cuando se evidencie que el agua suministrada a través del sistema
representa algún riesgo para la salud.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, la Sala es del criterio que, la orden adoptada por el Tribunal es suficiente para
solventar la problemática que se presenta en las veredas de La Capilla, Altagracia, la
Maraure y San Rafael del Municipio de Hato Corozal, pues en ésta se busca darle
impulso a la propuesta de acueducto, que el mismo ente territorial presentó ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su financiamiento y que por ende,
estimó como adecuada y viable para suministrar agua potable a los aludidos territorios.
Pero que, valga señalar, fue inadmitida por esa cartera ministerial al no cumplirse con
la totalidad de requisitos previstos para esos efectos, sin que en la actualidad conste
que ya se hayan subsanado los mismos.
Sobre el particular, téngase en cuenta que en la lista de chequeo elaborada por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al cumplimiento de los requisitos previstos
en la Resolución 379 de 2012 para la financiación del proyecto denominado “DISEÑO
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL, VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE”, fueron
encontradas las siguientes deficiencias:
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Ahora, debe advertirse que la aludida propuesta debe ser actualizada de acuerdo con
los componentes técnicos definidos en el Decreto 1898 de 2016, en el Decreto 1688
de 2020 y en la Resolución 0844 del 8 de noviembre de 2018, debido a que fue
elaborada en el año 2014, de modo que, para el momento de su estructuración no
existían los esquemas diferenciales, pues estos fueron concebidos en el año 2016 por
el citado Decreto; circunstancia que impone definir las órdenes de amparo a la luz del
citado marco normativo, ya que, por demás, el Tribunal tampoco resolvió con
fundamento en este.
6.5.1.1. Así, para la ejecución de la citada obra, los lineamientos a aplicar son
los establecidos en el artículo 8 de la mencionada Resolución; veamos:
Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas rurales.
Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta Resolución deberán
tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la organización secuencial de
los proyectos:
1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
4. Administración, operación y mantenimiento (…)”
Para un mejor entendimiento, se explicará al detalle cada una de las aludidas etapas:
A) Perfil del proyecto
Normas que contemplan la Responsable Objetivo
etapa
Luego de reunir la
Artículos 9 y 10 de la Entidad pública que información requerida en el
Resolución No. 0844 de promueva el proyecto, para artículo 9 ibídem, se debe
2018 el caso, el ente territorial. tener certeza sobre los
problemas de agua y
saneamiento y se debe
identificar, preliminarmente,
el esquema diferencial a
desarrollar en un posible
proyecto y las propuestas de
solución.
Es necesario indicar que el artículo 9 ibidem, señaló que en dicha fase se debía reunir
la siguiente información:
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“Artículo 9o. Formulación del perfil de proyecto. Las entidades públicas y/o
privadas que promuevan inversiones del sector de agua potable y saneamiento
básico en zonas rurales, deberán formular perfiles de proyecto con información
suficiente en la que se identifique, la posible zona de actuación, las condiciones
particulares de dicha zona, y posibles soluciones identificando el esquema
diferencial aplicable. Para ello, cada perfil de proyecto deberá contener, como
mínimo, la siguiente información para su zona de influencia:
a) Identificación del uso y clasificación del suelo rural: cabeceras de
corregimientos, centros poblados rurales, parcelaciones campestres, u otros
núcleos de población aunque no hayan sido incluidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), u otras viviendas dispersas.
b) Número de viviendas y entornos, y descripción del área en que habita la
comunidad, con datos estimados o aproximados si no existen datos precisos.
c) Información, cualitativa o cuantitativa, sobre alertas sanitarias o incidencia de
enfermedades asociadas al agua o al saneamiento básico en la localidad.
d) Identificación de los sistemas de agua o saneamiento básico que ya existan
en la comunidad, cualquiera que sea su estado de operación actual.
e) Identificación de personas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo que atiendan zonas urbanas o rurales próximas a la
comunidad y posible disponibilidad para abastecerla.
f) Identificación preliminar de posibles fuentes abastecedoras.
g) Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la
localidad.
h) Para los proyectos de aseo, identificar los componentes del servicio público
de aseo que se están prestando en la localidad.
El perfil de proyecto deberá contener las siguientes conclusiones:
1. La descripción de los problemas de agua y saneamiento de la posible zona de
actuación.
2. La identificación preliminar del esquema diferencial a implementar en un
posible proyecto, y propuestas de solución, de acuerdo con el artículo 6o de la
presente Resolución.
Parágrafo. Los municipios y distritos, acorde con su responsabilidad de atender
las necesidades básicas y el aseguramiento de los servicios de agua y
saneamiento básico, identificarán y priorizarán las inversiones para mejorar el
acceso a estos servicios en las zonas rurales de jurisdicción, de acuerdo con los
perfiles de proyecto definidos en este artículo.
Cuando no se cuente con información de fuentes oficiales para elaborar un perfil
de proyecto, el respectivo municipio o distrito deberá recopilar información, con
sustento en otras fuentes secundarias confiables o mediante visita de campo.”
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B) Etapa de planeación
Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
Artículos 11 a 17 de la Entidad pública encargada Determinar acciones para
Resolución No. 0844 de del proyecto una adecuada formulación
2018 del proyecto de esquemas
diferenciales.
Ahora, el artículo 11 ibidem determinó que, a su vez, la etapa de planeación se dividía
en las fases de preparación, verificación en campo, diagnóstico integral e identificación
de alternativas tecnológicas. La norma en contexto dispuso:
“Artículo 11. Fases de la etapa de planeación. La planeación de proyectos de
agua para consumo humano y doméstico -con volumen para subsistencia de la
familia rural cuando aplique- o de saneamiento básico, incluye acciones
orientadas a una adecuada formulación de proyecto de acuerdo con los
esquemas diferenciales aplicables para cada servicio, organizadas
secuencialmente para facilitar la toma de decisiones, con observancia de los
principios orientadores del artículo 4o de esta resolución.
Las fases a seguir en la etapa de planeación son:
1. Preparación
2. Verificación en campo
3. Diagnóstico Integral
4. Identificación de alternativas tecnológicas
5. Selección participativa de alternativas
6. Estudios y diseños.
El director del equipo técnico de la etapa de planeación debe ser ingeniero civil,
o ambiental, o sanitario, con mínimo tres (3) años de experiencia general y
experiencia específica en dos (2) proyectos de agua y saneamiento básico.
Los profesionales en ciencias sociales que participen en el equipo técnico, deben
contar con experiencia específica en mínimo dos (2) proyectos rurales.
El equipo técnico mínimo para la fase de verificación en campo estará
conformado por:
a) Un (1) ingeniero civil, o ambiental, o sanitario.
b) Un (1) profesional en áreas sociales encargado de los aspectos
socioeconómicos y culturales.
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c) Un (1) topógrafo.
d) Un (1) geotecnista.
e) Un (1) interventor o supervisor, que represente los intereses del financiador
del proyecto.
f) El responsable de proyecto deberá convocar a delegados de la comunidad que
puedan suministrar información útil para el proyecto, como miembros de la Junta
de Acción Comunal (JAC) o comunidad organizada, fontaneros locales u otras
personas que conozcan la zona.
Dependiendo de la escala, complejidad y naturaleza del proyecto, el director del
equipo técnico definirá la participación de otros profesionales con competencias
específicas.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, en la fase de preparación se debe recopilar la información necesaria
para precisar o complementar el perfil de la obra requerida y establecer condiciones
territoriales que pueden tener impacto en las fases posteriores del proyecto (artículo
12 ibidem); verificación en campo, allí se debe efectuar una caracterización geográfica,
técnica y predial, de las comunidades y de las fuentes abastecedoras (artículo 13
ibidem); diagnóstico integral que busque que se identifiquen las razones
socioeconómicas que justifiquen el esquema diferencial aplicable, los componentes
del proyecto, la identificación de alternativas, el estado de la infraestructura existente
y los factores de riesgo que podrían afectar su operación (artículo 14 ibidem); en la
identificación de alternativas tecnológicas se deben establecer las diferentes
herramientas que permitan construir, operar y mantener al proyecto, cumpliendo con
las normas vigentes (artículo 15 ibidem); para la selección participativa de alternativas
el responsable del proyecto debe seleccionar la alternativa tecnológica más favorable
para la zona de actuación (artículo 16 ibidem); y en la fase de estudios y diseños se
determinó que se debe tener en cuenta lo dispuesto en las fases previas en relación
con la alternativa seleccionada y se advirtió que el responsable del proyecto
únicamente puede iniciar sus estudios y diseños luego de la suscripción del acta de
aceptación de la comunidad (artículo 17 ibidem).
C) Etapa de construcción y puesta en marcha
Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
Entidad pública encargada Dicha etapa comprende las
del proyecto actividades requeridas para
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Artículo 18 a 21 de la la construcción y entrega de
Resolución No. 0844 de las obras, con base en los
2018 estudios y diseños.
Entre tanto, de conformidad con el artículo 18 ibidem, la etapa de construcción y puesta
en marcha, a su vez, comprende las fases de alistamiento y construcción, de ejecución
de obras y puesta en marcha y entrega de la infraestructura. La norma en cuestión
dispone:
“Artículo 18. Etapa de construcción y puesta en marcha. Comprende las
actividades requeridas para la construcción y entrega de obras, con sustento en
los estudios y diseños, en las siguientes fases:
1. Alistamiento de la construcción.
2. Ejecución de obras.
3. Puesta en marcha y entrega de la infraestructura.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, la fase de alistamiento tiene por finalidad revisar el cumplimiento de los
requisitos de la obra, previo a la construcción, así como definir los presupuestos y
cronogramas para su entrega y formular los pliegos de condiciones para la
contratación cuando ello se requiera de acuerdo con la fuente de financiación (artículo
19 ibidem); la ejecución de la obra debe ser efectuada por parte del contratista,
asegurando la participación de las comunidades en el seguimiento y veeduría de la
misma (artículo 20 ibidem) y, por último, la puesta en marcha y entrega de la
infraestructura, que prevé que el contratista deba observar los artículos 233, 234, 235,
236, 237 y 238 de la Resolución 330 de 2017; así como aportar la documentación
sobre los aspectos detallados de que tratan los artículos 27, 240 y 241 ibidem (artículo
21 ibidem).
6.5.1.2. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, la Sala modificará el numeral
tercero de la decisión enjuiciada y en su lugar ordenará a las entidades demandas que,
en el marco de su competencia y en aplicación del Decreto 1898 de 2016, modificado
por el Decreto 1688 de 2020 y de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018,
impulsen y ejecuten el proyecto denominado como “DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO
VEREDAL, VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO
DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE”.
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Así las cosas, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, para que el Municipio de Hato Corozal y la empresa
Acuatodos cumplan los lineamientos requeridos por el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio para la financiación de la obra y, además, adecuen el proyecto, a los
componentes técnicos a los definidos en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas
concordantes. En el mismo plazo. deberán radicar los resultados de dichos estudios
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su aprobación.
Dentro del término de treinta (30) días la citada cartera ministerial deberá pronunciarse
sobre su aprobación y, en caso de ser afirmativa, tendrá la obligación de cofinanciar la
obra junto con el Departamento de Casanare y el Municipio de Hato Corozal. De
requerirse información adicional al proyecto o de solicitarse correcciones en el mismo,
éstas deberán ser subsanadas o allegadas por el anotado municipio y la empresa
Acuatodos, dentro de los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de dieciocho
(18) meses, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe,
para que el Municipio de Hato Corozal o la persona que se contrate para ese fin, la
lleve a cabo cumpliendo con la etapa construcción y puesta en marcha, en los términos
de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018.
Ahora, en atención a que los lapsos de tiempo señalados para la construcción del
citado sistema pueden resultar dispendiosos y a que ello llevaría que las personas que
residen en las aludidas veredas no tengan acceso a agua potable, se ordenará al
Municipio de Hato Corozal, al Departamento de Casanare y a la empresa Acuatodos
que, en el marco de sus competencias y de forma inmediata, suministren agua potable
en carrotanques en cantidad no menor a cincuenta (50) litros persona día a los
habitantes de las veredas de La Capilla, Altagracia, la Maraure y San Rafael,
disponiendo para esos efectos de un esquema tarifario acorde con las disposiciones
que regulan la materia.
Lo anterior, atendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha
reconocido que el Juez en los eventos en los que se acredite la falta de suministro de
agua potable, deberá adoptar las medidas urgentes y eficaces que propendan por la
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prestación de dicho servicio en un mínimo de cincuenta litros (50 lts.) diarios por
persona, a través de un medio que resulte idóneo, dentro de los cuales se encuentra,
que el mismo sea efectuado a través de carrotanques.
Sobre el particular el Tribunal Constitucional en sentencia T-475 de 2017, al estudiar
una acción de tutela interpuesta por habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua
del Municipio de la Mesa – Cundinamarca, como consecuencia de la falta de prestación
de agua potable en dichos entes, sostuvo:
“En este orden de ideas, la Sala decide que las entidades accionadas vulneraron
el derecho al agua para consumo humano de los demandantes, en tanto no
garantizaron con oportunidad y eficacia la disponibilidad mínima del agua conforme
a sus competencias constitucionales, legales y contractuales. Específicamente, la
Sala encontró:
(i) Que los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima no cuentan con un
programa articulado al Plan Maestro de Aguas, sostenible en el tiempo y que
cuente con medidas de financiación que permita avanzar en la garantía del
derecho fundamental al agua para las comunidades demandantes. Entonces, la
Sala evidencia la falta de un documento de política pública, que aunque
progresivamente lleve a la satisfacción del derecho, de manera que actualmente
no es posible asegurar que los accionantes cuenten con una expectativa a futuro
de que su situación será superada. La simple afirmación de incorporar las
necesidades de los accionantes en el Plan Departamental de Aguas o de estar en
proceso de financiamiento el referido acueducto no exime a los demandados de
contar con verdaderas estrategias de diseño e implementación de la prestación del
servicio de acueducto que impacten en el plano material el goce efectivo del
derecho al agua.
(ii) Que los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima incumplieron sus deberes
constitucionales al no adoptar medidas efectivas tendientes a garantizar la
reparación del Acueducto Regional una vez se presentó la avería del mismo,
dejando así a los habitantes que se beneficiaban de dicha infraestructura sin una
cantidad mínima de agua para satisfacer sus necesidades básicas tales como el
asearse, la alimentación y disposición de los residuos, los accionados además no
contemplaron otro sistema de provisión diaria tales como carro tanques u
optimización de los sistemas de almacenamiento existentes con el fin de mitigar el
impacto que generó la interrupción en la prestación del servicio.
(iii) Que en virtud de la situación descrita en los dos numerales anteriores, las
personas que habitan en las veredas El Espino y Ojo de Agua, han visto
seriamente comprometidos sus derechos fundamentales al agua, a la salud y a la
vida en condiciones dignas, comunidades en las cuales se encuentra probada la
presencia de menores y adultos mayores, que merecen una especial protección
constitucional.
8.2.5. En atención a lo expuesto, esta Sala revocará el fallo proferido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 23 de febrero de 2017, en
el asunto de la referencia y, en su lugar confirmará parcialmente la sentencia
emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Cundinamarca el 13 de diciembre de 2016, en tanto protegió los derechos de los
actores al agua potable, a la salud, a la vida digna y a la dignidad humana, no
obstante, en aras de procurar a los accionantes una efectiva garantía a sus
derechos fundamentales, la Sala considera necesario modificar las órdenes que
adoptó el juez de primera instancia.
Así las cosas, se adoptarán medidas en tres niveles a saber. Primero, se ordenará
una protección inmediata del derecho fundamental al agua de las comunidades
demandantes, mediante el abastecimiento del líquido por parte del municipio de La
Mesa y demás municipios accionados, ya que en virtud de la obligación a cargo de
los municipios de garantizar la prestación de servicios públicos, es claro que estos
deben hacerse cargo, por lo menos temporalmente de la situación que afecta a los
accionantes; segundo, teniendo en cuenta que la responsabilidad por la garantía
de éste derecho corresponde directamente a los entes territoriales y de llegar el
caso en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad a la Gobernación de Cundinamarca, se les ordenará a dichas
entidades que alleguen al juez de primera instancia dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de este fallo un cronograma sobre la forma en la que
asumirán la prestación del mínimo vital del agua a las comunidades demandantes.
Este empezará a ejecutarse de manera inmediata y deberá estar en consonancia
con el Plan Maestro de Aguas.
Para ello deberá programar que por lo menos una vez al día se tenga acceso a
este preciado líquido. La cantidad de agua a proveer será de 50 litros de agua
diarios por persona18; para el efecto, podrá hacer uso de cualquier sistema
tecnológico que garantice el abastecimiento de agua diariamente a las
comunidades, como por ejemplo, la implementación del servicio de carro tanques
o adecuar los sistemas individuales de almacenamiento con los que cuentan los
actores.
Así mismo, ordenará a la Gobernación de Cundinamarca, a las Empresas Públicas
de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al
Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima, a los Municipios de La Mesa,
Quipile y Anapoima, al Ministerio de Vivienda (Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento Nacional de Planeación que conformen un “comité permanente para
la garantía de agua potable del Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y
Anapoima”. El objetivo de dicho comité será el diseño e implementación de una
política pública para lograr progresivamente la completa satisfacción del derecho
fundamental al agua de los habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua. En
la integración y conformación de este comité, las entidades accionadas deberán
incorporar y vincular en la gestión y construcción de las soluciones a corto,
mediano y largo plazo, a otras entidades nacionales, departamentales y
territoriales que se consideren necesarias, al igual que a distintos representantes
de las veredas que se han visto afectados por la avería del acueducto regional. La
ciudadanía podrá de forma activa realizar veeduría sobre el cumplimiento de las
órdenes proferidas.
En dicha política pública se deberán adoptar las medidas que sean necesarias
para garantizar la disponibilidad de éste derecho a las comunidades accionantes,
tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión a otros
acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento
18
Esta Corte en sentencias T-641 de 2015, T-242 de 2013 y T-740 de 2011 adoptó el estándar de 50
litros de agua por persona propuesto por la organización mundial de la salud en su informe sobre “La
cantidad de agua domiciliaria, el nivel de servicio y la salud”
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con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo, se deberá realizar las
apropiaciones presupuestales a que haya lugar y, una vez diseñado el plan deberá
iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma
incluido en él. En todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar a
más tardar un año después de la notificación de ésta sentencia.”19 (Subrayas de la
Sala).
Asimismo, en sentencia T-058 del 2021, la Corte Constitucional al abordar una acción
de tutela promovida por los miembros del Cabildo Indígena Tezhumake en contra del
Municipio de Valledupar – Cesar, indicó:
“En el presente caso, la Sala reconoce las limitaciones técnicas que existen para
definir el sistema de solución permanente al suministro de agua potable que mejor
se adecúe a las necesidades propias de la comunidad indígena Tezhumake.
Además, en aras de respetar las competencias institucionales propias de la
Alcaldía de Valledupar en la apropiación de recursos y contratación para la
ejecución del proyecto, estima necesario crear un espacio de diálogo entre las
partes que tome en consideración estos dos aspectos.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala emitirá órdenes de carácter impositivo y de
protección urgente, por cuanto el derecho fundamental al agua potable cuenta con
un núcleo esencial amparable de forma inmediata. A su vez, de conformidad con
el carácter progresivo de la obligación de satisfacer las necesidades de agua
potable, se adoptarán remedios de mediano y largo plazo a partir del método
dialógico.
De esta forma, a mayor sentido progresivo en la garantía del derecho, menor será
la precisión impositiva de los remedios adoptados y mayor deberá ser, a su vez, el
sentido dialógico y de interacción consensuada entre las partes del proceso. Por
el contrario, la satisfacción inmediata del derecho al agua potable requiere la
imposición de remedios fuertes y de inmediato cumplimiento.
De conformidad con lo anterior, a continuación, se emitirán las órdenes que
permitirán construir los remedios más adecuados para garantizar de manera
permanente y efectiva el derecho fundamental al agua potable de la comunidad
Tezhumake, las cuales deben cumplirse en paralelo a partir de la notificación de
esta providencia.
En todo caso, según se precisará a continuación, la extensión y vigencia de las
medidas de corto plazo dependerá de la actuación diligente del Municipio de
Valledupar en la ejecución de una solución permanente y salubre a la necesidad
de agua potable de la comunidad.
Órdenes de corto plazo
De acuerdo con los estándares de análisis del componente de disponibilidad del
derecho al agua potable, especificados a partir de lo manifestado por el Relator
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
(fundamento jurídico 40), su determinación puede variar, de acuerdo con las
circunstancias particulares de acceso a fuentes de suministro de agua potable o
19
Corte Constitucional, sentencia T-475 del 21 de julio de 2017. Magistrado ponente (e): Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
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de agua no tratada, y del consumo de las personas. En este sentido, 25 litros
pueden ser suficientes para consumo humano, si se tiene acceso a agua para
labores domésticas y de saneamiento.
En el análisis presentado en esta providencia sobre el cumplimiento del
componente de disponibilidad, se encontró que los miembros de la comunidad
Tezhumake cuentan con fuentes hídricas de agua no tratada, y un sistema de
almacenamiento básico con un volumen de 10.000 litros. No obstante, esto no les
permite satisfacer sus necesidades de agua para consumo humano y labores
domésticas.
De esa forma, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de acceso al agua
potable acordes con los presupuestos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, se
ordenará a la Alcaldía de Valledupar que: i) garantice, mediante carrotanques, el
suministro diario de 50 litros de agua potable para cada uno de los 1,462 habitantes
de la comunidad Tezhumake; y, de igual forma ii) deberá adquirir y entregar a la
comunidad Tezhumake tanques con un almacenamiento de volumen de 20.000
litros o construirlos con esas características.
En este punto es pertinente resaltar que, si bien la entidad accionada señaló que
el principal obstáculo para proveer agua potable a la comunidad mediante
carrotanques es la dificultad topográfica de ubicación del asentamiento, durante el
trámite de revisión se constató que la Alcaldía de Valledupar ha realizado esta
gestión en repetidas ocasiones y, por ende, se acredita su capacidad para llevar a
cabo dicha tarea.
En todo caso, esta Sala advierte que esta medida responde a la necesidad urgente
de suministrar el líquido con una calidad mínima, y que la eficiencia del Municipio
en el impulso de las órdenes de mediano y largo plazo permitirá que no se
prolongue el cumplimiento de esta obligación.
Estos remedios de corto plazo deberán hacerse efectivos dentro de los cinco (05)
días hábiles posteriores a la notificación del presente fallo, y el suministro mediante
carrotanques deberá mantenerse vigente hasta tanto se materialicen las medidas
de mediano plazo.
La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría
del Pueblo (Regional Cesar) deberán enviar, por separado, un informe bimensual
al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar, y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con
el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de esta orden. El informe deberá
contener el número de ocasiones en las que se entregó agua potable a la
comunidad y la cantidad. Con base en dicha información, la Corte podrá adoptar
las medidas de cumplimiento a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 2591 de 1991.”20
6.5.2. De la controversia relacionada con los servicios de alcantarillado y aseo
En este punto, tal y como se dijo en el planteamiento, para la recurrente el Tribunal
desbordó el objeto del litigio al ordenar a las entidades demandadas que realizaran
20
Corte Constitucional, Sentencia T-058 del 12 de marzo de 2021. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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acciones tendientes a garantizar la prestación de los citados servicios en la zona objeto
de controversia, pese a que lo que se discutió era la provisión de agua potable en ese
sector. Dicho en otras palabras, la controversia gira en relación a determinar si era
posible adoptar un fallo extra petita sobre esa materia y si se cumplieron los requisitos
para esos efectos.
Así las cosas, se deberá absolver si es procedente adoptar sentencia extra petita a
efectos de ordenar a las entidades demandadas ejecutar obras que permitan la
prestación de los servicios de alcantarillado y aseo en las veredas de de La Capilla,
Altagracia, la Maraure y San Rafael del Municipio de Hato Corozal.
En ese orden, es preciso indicar que el artículo 144 del CPACA permite que el Juez
adopte un fallo de esa índole en el curso de dicho medio de control. El artículo en
cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 34. Sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del
demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no
hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho
o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su
cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al
estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa
la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular. (….)”
(Subrayas de la Sala).
Ahora, en múltiples oportunidades, esta Corporación ha desarrollado el alcance de la
mencionada disposición, en los siguientes términos:
“Por lo demás se advierte que la posición sobre el particular ha sido uniforme, ya
que, si bien se reconoce una facultad amplia del juez popular de fallar fuera de lo
pedido, tal atribución encuentra un límite morigerado en los hechos que dan lugar
a la presunta vulneración de los derechos colectivos, así como en las personas a
las cuales se imparten las órdenes respectivas, que deben estar vinculadas al
proceso para la adecuada defensa de sus intereses.
En efecto, en ellas se consagra la facultad que tienen los jueces en este tipo de
procesos de proferir sentencias extra petita pero siempre dentro del margen de la
conducta generadora del daño con el fin de evitar la violación al principio de
congruencia y al derecho de defensa.
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Sentencias como las referenciadas por el demandante proferidas por la Sección
Tercera dan cuenta de ello:
“Así, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, abre la posibilidad al juez
constitucional, de ampliar o superar la causa petendi, mediante fallos extra y
ultra petita, siempre que, con ello se garantice la protección real del derecho
vulnerado:
“ARTÍCULO 34. SENTENCIA. Vencido el término para alegar, el juez
dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La Sentencia que
acoja las pretensiones de la demanda de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su
cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no
hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger
el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder
a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo
para el actor popular.
La condena al pago de los perjuicios se hará ‘in génere’ y se liquidará en el
incidente previsto en el artículo 307 del C. P. C.; en tanto se le dará
cumplimiento a las órdenes y demás condenas. Al término del incidente se
adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena
incluyéndose la del incentivo adicional a favor del actor.
En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la
restauración del área afectada destinando para ello una parte de la
indemnización.
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el
alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el
cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En
dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un Comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental
con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que,
en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el
cumplimiento del fallo”. (resaltado y subrayado fuera de texto)
Como se nota, el juez popular está revestido de amplias facultades, para
definir la protección del derecho, prevenir la amenaza o vulneración y,
procurar la restauración del daño en caso de que éste se produzca, tal como
lo ha advertido esta Sala en diferentes pronunciamientos.21 Lo anterior, sin
exceder las fronteras mismas surgidas de los hechos de la demanda, en
21
Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 10 de abril de 2003 y de 03 de marzo
de 2005.
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tanto es a partir del debate de éstos que se garantiza el derecho de
contradicción y el derecho de defensa. Esto quiere decir que, si bien el juez
constitucional puede apartarse en cierto modo del petitum no está autorizado
para salirse del radio de acción definido por los hechos y pruebas que
soportan sus pretensiones.”22
De igual forma, en el proceso número 25000-2325-000-2004-002418-01, se reiteró
la anterior posición:
“3.1. El principio de congruencia en materia de acciones populares
Si bien es cierto que la acción popular es de naturaleza constitucional, y que
los derechos que se pretenden amparar con su interposición son aquellos de
tipo colectivo, es decir, que pertenecen en principio a toda la colectividad, y
que, por consiguiente, muchos de ellos están igualmente reconocidos
directamente por el texto constitucional, no debe perderse de vista que el
principio de congruencia opera también en este tipo de procesos.
En consecuencia, la jurisprudencia ha reconocido, como lo plantea el
apoderado de la sociedad contratista demandada, que en tratándose del
principio de congruencia en acciones populares, este postulado y garantía
del debido proceso se flexibiliza o relaja, para permitir que el juez no esté
necesariamente vinculado en relación con algunos aspectos que podrían
sistematizarse de la siguiente forma: i) en relación con las medidas
deprecadas en la demanda para proteger los derechos o intereses colectivos
vulnerados o amenazados, toda vez que de conformidad con el artículo 34
de la ley 472 de 1998, el juez adoptará cualquier orden de hacer, de no hacer,
o decretará el pago de perjuicios, con miras a proteger el núcleo del derecho
transgredido, razón por la que, constatada la vulneración o el peligro, el juez
cuenta con una amplia gama o haz de posibilidades para decretar todas las
medidas que estime pertinentes para garantizar el amparo efectivo de los
derechos e intereses afectados, ii) en cuanto concierne a la posibilidad de
amparar derechos colectivos no invocados expresamente en la demanda,
siempre y cuando la acusación de su vulneración se desprenda de las
circunstancias fácticas narradas en la causa petendi de la demanda, y iii) en
relación con hechos que se van presentando a lo largo del proceso, siempre
y cuando estén relacionados con los supuestos fácticos establecidos en la
demanda. En otros términos, el juez de la acción popular podrá abordar el
estudio de nuevos hechos que vayan apareciendo a lo largo del proceso,
siempre y cuando aquellos tengan relación con la causa petendi formulada
en la demanda.
En relación con los aspectos antes precisados, la Sala ha puntualizado23:
“Como es sabido el juzgador debe observar el principio de congruencia
(artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado Decreto 2282 de
1989, art. 1 num. 13524)- el cual reviste, por regla general, un carácter
absoluto en tanto derivación del principio de imparcialidad rigurosa del
22
Sentencia del 16 de mayo de 2007 proferida dentro de la Acción Popular identificada con el número
25000-2325-000-2003-01252-02.2003-01252
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2006, exp. AP 2004-640, M.P. Ruth
Stella Correa Palacio.
24
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”
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funcionario judicial (Aragoneses). Esa consonancia del fallo impone la
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones, imperativo legal, que –
como precisa el profesor Devis Echandía25- está relacionado a la vez con el
derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CP) y con el valor de la cosa
juzgada.
“Sin embargo, tratándose del juicio popular este principio de
congruencia reviste algunos matices que lo tornan menos absoluto,
debido a la naturaleza de la acción y a las particularidades del derecho
objeto de protección. Así, v.gr., para la protección efectiva de los intereses
colectivos invocados la orden del juez consignada en la sentencia (art. 34 ley
472) no está circunscrita a la conducta pedida en el escrito de demanda;
también puede el juez oficiosamente vincular al proceso a otros posibles
responsables (art. 18 eiusdem); del mismo modo la decisión final debe
referirse al curso que vayan tomando los hechos y no se contrae
exclusivamente a los indicados en el escrito de demanda, siempre y
cuando la conducta que se sigue desplegando sea aquella acusada
como trasgresora por el actor popular desde la demanda, tal y como lo
ha señalado la Sala en criterio que hoy se reitera:
“para proteger el derecho o interés colectivo el juez, en los términos del
artículo 34 de la ley 472 de 1998, expedirá orden de hacer o no hacer,
destinada a ser cumplida por la autoridad pública que incurre en la
trasgresión, orden que no está circunscrita a la conducta pedida en la
demanda, porque el juez actúa con total amplitud y discrecionalidad al
momento de disponer lo que corresponda para lograr el amparo del derecho
o interés colectivo vulnerado o amenazado, ello en consideración a que la
congruencia se predica frente a la petición de protección del derecho o
interés colectivo que se afirma vulnerado, y no frente a las conductas que en
criterio del actor son suficientes e idóneas para lograr el amparo solicitado.
“Cabe recordar por otra parte que dado el fin supremo que persigue la acción
popular – protección de derechos e intereses colectivos - , se ha dotado de
amplios poderes al juez popular, tales como que oficiosamente está en el
deber de vincular al proceso a cualquiera otra persona que en el curso del
mismo surja como posible responsable de la infracción al derecho o interés
colectivo, ello siempre que no se haya dictado sentencia de primera
instancia, para que tenga oportunidad de asumir su defensa de manera
adecuada (artículo 18 ley 472 de 1998).
“Esa vinculación también supera los límites tradicionales del principio de
congruencia concebido para las acciones subjetivas y con efecto inter partes,
como quiera que en virtud de tal vinculación, la sentencia de condena bien
puede cobijar también a ese tercero contra quien no se dirigió la demanda.
“Ahora bien, cuando durante el transcurso del proceso el trasgresor
continúa con la realización de las conductas que desde un comienzo el
actor indicó como vulnerantes del derecho colectivo cuya protección
ha demandado, la sentencia debe pronunciarse no sólo en relación con
los hechos de la demanda y los argumentos de la defensa, sino que
además deberá referirse al curso que vayan tomando los hechos, a
efectos de que la decisión tenga la virtualidad de abarcar con
efectividad la protección de los derechos colectivos que encuentre
25
DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo
I, Decimotercera edición, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1994, Pág. 57.
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vulnerados, con la condición de que la conducta que se continúa sea aquella
acusada como transgresora desde la demanda, en aras de garantizar el
debido proceso en una de sus manifestaciones más importantes, el derecho
de defensa. Es decir, no puede el juez juzgar hechos cuya existencia no
le ha sido puesta de presente en las oportunidades de que disponen las
partes dentro del proceso.”26
“Con todo, y aunque el principio de congruencia en sede popular no
tiene la rigidez propia de los procesos ordinarios, también impone
algunas restricciones al fallador, entre ellas que el ámbito de
competencia del fallador está circunscrito a los derechos colectivos
que la demanda acusa como vulnerados (ordinal a) del artículo 18 de la
ley 472), en aras de garantizar el derecho de defensa del demandado.
No se olvide que de conformidad con el inciso segundo del artículo 6º de la
ley 472 el juez popular debe velar por el respeto al debido proceso, las
garantías procesales y el equilibrio entre las partes, precepto que está en
perfecta consonancia con el artículo 9 de la LEAJ, conforme al cual es deber
de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda
de los derechos de quienes intervienen en el proceso. En consecuencia, no
se hará pronunciamiento alguno sobre el derecho invocado en el recurso de
apelación.” (negrillas y subrayado adicionales).
Como se aprecia de los anteriores planteamientos, el juez de la acción
popular puede proferir fallos extra o ultrapetita, así como también dar
aplicación al principio iura novit curia27, para garantizar la protección de los
derechos colectivos vulnerados o amenazados; no obstante, las anteriores
facultades oficiosas del juez constitucional entran en colisión con el principio
al debido proceso y el derecho de defensa de las entidades o personas que
fungen como demandadas en un proceso de esta estirpe.
Y en ese orden de ideas, la Sala a partir de la constatación anterior ha
recurrido a la ponderación para establecer una postura intermedia que
permita atemperar la citada confrontación que existe entre la idónea
protección a derechos colectivos amenazados, y los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa. Por consiguiente, se ha
elaborado una línea jurisprudencial que reconoce la amplitud con que cuenta
el juez de la acción popular para adoptar y determinar todo tipo de medidas
(de dar, hacer o no hacer) encaminadas a la satisfacción y garantía de los
derechos cuya trasgresión se haya verificado; de otra parte, se ha avalado
la posibilidad con que cuenta el juez de la acción popular de estudiar hechos
que se produzcan a lo largo del proceso, y que por lo tanto no fueron
planteados desde el inicio de la demanda, siempre y cuando los mismos
tengan una relación con la causa petendi fijada en aquella, así como la
posibilidad de amparar derechos colectivos disímiles a los precisados en el
libelo introductorio, siempre y cuando, se itera, estén vinculados con los
supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso. En efecto, esta
postura intermedia, en términos del principio de proporcionalidad satisface el
objetivo de las acciones populares, pero de otro lado respeta los parámetros
de los derechos de los demandados en un proceso de esta naturaleza.
26
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
Sentencia de 16 de marzo de 2006, Radicación número: AP-130012331000200300239-01, Actora: Luz
Yolanda Morales Peña, Demandado: Lotería de Bolívar, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
27
Al respecto se pueden consultar las sentencias de: 16 de mayo de 2007, exp. 2005-10005, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, 16 de octubre de 2007, exp. 2002-2714, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre
otras.
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En esa perspectiva, admitir que el juez de la acción popular falle sobre
hechos absolutamente desconocidos y que no fueron objeto del debate a lo
largo del proceso, supone sorprender a los demandados, puesto que es
precisamente en la sentencia donde aparecerían definidos esos supuestos
fácticos que hasta ese momento eran ignorados, por no haber sido, se
insiste, materia del debate jurídico y probatorio.
Así las cosas, la Sala no prohíja una hermenéutica que circunscriba o limite
las facultades reconocidas en el artículo 34 de la ley 472 de 1998, en cabeza
del juez constitucional de la acción popular, a contrario sensu, la
interpretación avalada garantiza que en la sentencia se puedan amparar
derechos colectivos no contenidos o precisados con el escrito de demanda;
que estudie hechos nuevos que han tenido su desarrollo o producción a lo
largo del proceso, siempre y cuando tengan su génesis en la misma conducta
que se censura o reprocha con el libelo introductorio, así como la posibilidad
de que el administrador de justicia decrete diversidad de medidas
encaminadas o tendientes a la garantía efectiva de los derechos colectivos,
sin que se encuentre de manera alguna limitado por el marco trazado en la
demanda.”
La Sección Primera ha seguido el mismo derrotero:
II. De otra parte, en cuanto al segundo problema jurídico antes planteado, la Sala
considera pertinente precisar que de acuerdo al principio de congruencia en materia
de acciones populares la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho:
“La Sala tiene determinado que el juez popular también debe respetar el
principio de consonancia o congruencia que debe informar todo fallo
judicial, en tanto la imparcialidad del juzgamiento exige identidad entre
lo decidido y el petitum (las pretensiones) y la causa petendi (los
hechos que le sirven de fundamento), aunque -también lo ha resaltado-
en sede popular no reviste el carácter absoluto que por regla general tiene,
en razón de la naturaleza de la acción y al particular carácter de los derechos
objeto de amparo. En cuanto hace específicamente a la causa petendi esta
Sala recientemente señaló que el fallador en sede popular, no obstante
sus amplios poderes, tiene restricciones fundadas en el respeto al
debido proceso, pues aunque puede pronunciarse sobre el curso que
los hechos vayan tomando mientras se tramita el proceso, lo que no le
está permitido es invocar otros hechos distintos a los expuestos en el
escrito de demanda, pues ello nada menos que significa modificar motu
proprio la conducta trasgresora en franca violación del derecho fundamental
al debido proceso, a las garantías procesales y al equilibrio entre las partes,
que en sede popular están expresamente protegidos por el artículo 5º de la
ley 472. De modo que en punto de la causa petendi el juez popular
también debe observar el principio de congruencia (art. 305 CPC) según
el cual la sentencia debe estar en consonancia con los hechos aducidos
en la demanda que impone la imparcialidad del juez (Aragoneses).
Identidad jurídica entre lo resuelto y los supuestos fácticos invocados
que impone la garantía del derecho fundamental al debido proceso (art.
29 C.N.). Principio de congruencia que si bien no reviste en sede
popular los visos rígidos y absolutos que lo distinguen en procesos
ordinarios, en todo caso la decisión final debe referirse al curso que
vayan tomando los hechos y no se contrae exclusivamente a los
indicados en el escrito de demanda, siempre y cuando -ha precisado la
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Sala- “la conducta que se sigue desplegando sea aquella acusada como
trasgresora por el actor popular desde la demanda”.28
Entonces, el principio de congruencia implica la consonancia de la sentencia en
relación con la situación fáctica y las pretensiones expuestas en la demanda. Sin
embargo, por las amplias facultades que goza el juez constitucional, la aplicación
del principio en materia de acciones populares es más flexible, pues es viable que
se tengan en cuenta hechos distintos a los que aparecen en la demanda, siempre
que la conducta que se persiga sea la misma que la parte actora indicó como
trasgresora en la demanda. En ese orden de ideas, la sentencia debe ser
coherente con la conducta vulneradora imputada en el escrito de la demanda.
Esta Corporación ha resaltado, en varias ocasiones, el carácter especial que
comportan las acciones populares, en las cuales el Juez cuenta con unas
obligaciones de impulsión oficiosa del proceso y protección de la comunidad en
general.
En efecto, ha expresado:
“La Acción Popular tiene un carácter especial que la diferencia de todas las
demás acciones, idea que se ha establecido por el legislador desde el
momento de creación de la ley de acciones populares:
“Las nuevas acciones populares son por su naturaleza acciones de derechos
humanos y no litis. En cuanto acciones requieren de una regulación a través
de un procedimiento, pero su objeto no es buscar la solución a una
controversia entre dos partes, sino cesar la lesión o amenaza contra un
derecho colectivo, y si es posible restablecer las cosas a su estado anterior.
Un elemento esencial de las nuevas acciones populares es el carácter
oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes y la
discrecionalidad de los mismos con miras a la defensa del interés público”.
(Subrayado fuera de texto).
Posición que también es compartida por la H. Corte Constitucional:
“Finalmente, hay que observar que estas acciones tienen una estructura
especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son
en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses
subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos
colectivos prexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza
de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada
uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial”29.
El carácter de la no controversia entre partes otorga particularidades a la
acción popular, ya que como lo habíamos expresado anteriormente, es por
el carácter público de tal acción y por el derecho colectivo que busca su
protección que se configura tal singularidad.
28
Consejo de Estado. Sección Tercera M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. Núm. 41001 2331 000
2004 00351 02 (AP). Sentencia del 16 de octubre de 2007.
29
Corte Constitucional, Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, Magistrado Ponente: María Victoria
Sáchica.
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Es claro para esta Sala que la acción popular no configura una litis ordinaria
sino que dado su carácter especial se tiene un derecho colectivo que implica
a toda la comunidad que busca su protección30”.
En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia mencionada, es válido
al Juez de las acciones populares proteger más allá de lo pedido por el actor,
pues el fin último de las mismas es resguardar la comunidad que se está
viendo afectada de alguna forma.
Por lo anterior, se colige que, en virtud de la naturaleza de las acciones como
la instaurada en el proceso de la referencia, es dable que el juez profiera
fallos ultra y extra petita.”31.
En otro fallo de la Sección Primera se dijo:
“La Sala advierte que no le asiste razón al impugnante al considerar que
dada la naturaleza de la acción popular no le es posible al juez popular fallar
ultra o extra petita. Todo lo contario, como se ha venido sosteniendo por la
jurisprudencia de esta Sección, la naturaleza constitucional y protectora de
la acción popular permiten este tipo de fallos.
Al respecto, mediante sentencia de 16 de agosto de 2007, M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, esta Sala expresó:
“Cabe recordar igualmente, que en virtud de la naturaleza especial y
prevalente del medio procesal previsto en el artículo 88 de la Carta Política,
resulta válido que el juez de la acción popular profiera fallos ultra o extra
petita cuando de los hechos de la demanda y las pruebas visibles en el
expediente ello se haga necesario para cumplir con el fin esencial del Estado
de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución
(art. 2° C.P.)”32”33
La Sección Segunda en su oportunidad trajo a colación el tema de la
siguiente forma:
“La aplicación de esta figura ya ha sido utilizada por esta Sala en casos
anteriores, en los cuales está en discusión la afectación al derecho colectivo
de la moralidad administrativa (Consejo de Estado, Sección Tercera, EXP:
AP-166, C.P: Alier Hernandez.).34
30
Consejo de Estado Sección Tercera, Exp: 25000-23-26-000-2000-0059. Marzo 22 de 2001. C.P.
Jesús María Carrillo.
31
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 9 de agosto de 2012. Acción Popular número
73001-2331-000-2010-00472-01. Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
32
Sentencia de 16 de agosto de 2007, Rad.: 41001-23-31-000-2004-00925-01, Actor: Diana Constanza
Cubillos Ibata M.P. Marco Antonio Velilla Moreno
33
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de agosto de 2011 proferido dentro de la
Acción Popular 25000-23-25-000-2002-90123-01. C.P: María Claudia Rojas Lasso.
34
“De acuerdo con el artículo 18 de la ley 472 de 1998, para promover una acción popular se debe
presentar una demanda que cumpla, entre otros, con el requisito de indicar el derecho o interés colectivo
amenazado o vulnerado. Ello no significa que el juez deba negar la protección de un derecho colectivo,
sin más, por el sólo hecho de que no fue señalado expresamente en la demanda. El juez no puede
modificar el petitum de la demanda y los hechos que le sirvan de fundamento. Pero, si de tales hechos
se deriva que hay un derecho colectivo comprometido, diferente del que se señaló expresamente, el
juez, en cumplimiento de su deber de administrar justicia y procurar la vigencia de los derechos
consagrados en la Constitución, deberá aplicar la ley a como corresponda a lo alegado en la demanda
y probado en el proceso, protegiendo el derecho colectivo que encuentre amenazado o vulnerado.
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C. Síntesis.
Bien sea que se decida aplicar el principio de la protección prevalente y eficaz
de los derechos o el principio del Iura Novit Curia, las dos vías procesales
convergen en una conclusión sustancial: Es válido al juez de las acciones
populares proteger otros derechos colectivos no alegados por el actor, con
el fin de proteger a una comunidad que está afectada por la decisión jurídica,
más no está representada en su totalidad en la Litis y por ende los principios
constitucionales y demás normas legales son parte de la decisión del juez de
esta acción.”35”36. (Subrayas y negrillas de la Sala)
De lo expuesto, se desprende que el límite para la procedencia de los fallos extra o
ultra petita en acciones populares, lo marca la garantía del derecho al debido proceso
y concretamente el de defensa en lo que atañe al extremo pasivo del litigio, esto es,
que haya contado con la oportunidad de pronunciarse sobre los nuevos hechos y los
derechos colectivos que se ventilan, de tal suerte que no se vea sorprendida por la
decisión adoptada en el correspondiente fallo.
En tal orden, lo que evidencia la Sala es que las partes, particularmente las accionadas,
no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa frente a la falta de
prestación de los servicios de alcantarillado y aseo y, por ende, no han podido explicar
las razones por las cuales creerían que, por ejemplo, no hay vulneración de los derechos
colectivos por dicha circunstancia; o, habiendo aceptado o demostrado tal cuestión, no
deben asumir responsabilidades.
Bajo tal perspectiva, es claro que dicho punto amerita la apertura de un nuevo trámite
procesal en el que, además de contar con la prueba que se estima que no fue valorada,
se ventilen aquellas que los sujetos procesales tengan a bien aportar y las que el juez
incluso decrete de oficio, cuando se den las condiciones para ello en aras de garantizar
Se trata solamente de la aplicación del antiguo principio da mihi factum dabo tibi jus, además de que,
dado que la aplicación de la ley se debe hacer conforme a los hechos expuestos, conocidos por el
demandado, no se vulnera su derecho de defensa.
En otros términos, a juicio de la Sala, resulta imperioso la aplicación del principio iura novit curia a los
procesos de la acción popular. No hay razón para sostener lo contrario, pues si tal principio rige
procesos en donde se pretende la reparación de derechos individuales, como los contencioso
administrativos de reparación directa, y de nulidad y restablecimiento del derecho, estos últimos cuando
se requiere la protección de un derecho fundamental, con mayor razón deberá aplicarse en procesos
por medio de los cuales se protegen derechos colectivos”.
35
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 6 de septiembre de 2001 proferida dentro de la
Acción Popular 13001-2331-000-2000-00005-01 (AP-507). C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros.
36
Sala Plena. Sala Dieciocho (18) Especial de Revisión. Sentencia del 4 de septiembre de 2018.
Proceso número: 11001 33 31 001 2010 00322 01. M.P. Oswaldo Giraldo López.
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un juicio equilibrado y apegado al orden jurídico. Lo mismo que los argumentos sobre
el análisis constitucional de la situación a la luz de los derechos respecto de los que
se reclama una decisión de amparo y, obviamente, frente a las disposiciones de
asignación de responsabilidades, si es del caso.
6.5.3. Del comité de verificación de la sentencia
En este punto, la Sala observa que la sentencia de primera instancia en lo que respecta
a la conformación del Comité de Verificación del cumplimiento del fallo, ordenó lo
siguiente:
“QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el
defensor del Pueblo Regional Casanare quien lo presidirá, el gobernador del
departamento de Casanare o su delegado, el representante legal de Acuatodos S.
A. ESP, el alcalde de Hato Corozal, el delegado del Ministerio Público, el
Procurador 23 Judicial II Ambiental y Agraria y el magistrado ponente de esta
Corporación, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte
motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro (4)
meses; o cuando ocurran novedades que requieran intervención judicial más
temprana.”
Ahora bien, el inciso 4 del artículo 34 de Ley 472 de 1998, indica sobre este preciso
aspecto que:
“Artículo 34. Sentencia.
(…)
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de
sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo
que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del
fallo.” (Subrayas y resaltado de la Sala)
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Conforme a la anterior disposición, esta Sección en reciente jurisprudencia37 definió
que era menester no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió
sentencia de primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo es
el Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión en la
anotada instancia como Ponente de la misma38.
37
Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación
Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación. 167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de un comité
de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones,
dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho
término el juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá
conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además
del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia,
colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto original). 1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el Municipio de
Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –CORPOAMAZONIA-; iii) la
Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el delegado de la Procuraduría General de la
Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de
Nariño, a través de la Magistrada ponente de la sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto
original) (Subrayas de la Sala)
38
“Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos.38
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.38
[…]
10.
Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada.
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En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
quinto de la sentencia de primera instancia, con el fin de que el mencionado Comité
esté presidido por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Casanare.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de sentencia
apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia, el citado numeral quedará así:
TERCERO: ORDENAR a las entidades demandas, que, en el marco de su
competencia y en aplicación del Decreto 1898 de 2016, modificado por el Decreto
1688 de 2020 y de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018, impulsen
y ejecuten el proyecto denominado como “DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO
VEREDAL, VEREDAS LA CAPILLA, ALTAGRACIA, MARAURE Y SAN RAFAEL
DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE”.
Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, para que el Municipio de Hato Corozal y la
empresa Acuatodos cumplan los lineamientos requeridos por el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio para la financiación de la obra y, además, adecuen el
proyecto, a los componentes técnicos a los definidos en el Decreto 1898 de 2016
y sus normas concordantes. En el mismo plazo. deberán radicar los resultados de
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.”38 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)
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dichos estudios ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
aprobación.
Dentro del término de treinta (30) días la citada cartera ministerial deberá
pronunciarse sobre su aprobación y, en caso de ser afirmativa, tendrá la obligación
de cofinanciar la obra junto con el Departamento de Casanare y el Municipio de
Hato Corozal. De requerirse información adicional al proyecto o de solicitarse
correcciones en el mismo, éstas deberán ser subsanadas o allegadas por el
anotado municipio y la empresa Acuatodos, dentro de los dos (2) meses siguientes.
Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de dieciocho
(18) meses, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe,
para que el Municipio de Hato Corozal o la persona que se contrate para ese fin,
la lleve a cabo cumpliendo con la etapa construcción y puesta en marcha, en los
términos de la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre de 2018.
Mientras se efectúa la construcción del aludido sistema, se ordenará al Municipio
de Hato Corozal, al Departamento de Casanare y a la empresa Acuatodos que, en
el marco de sus competencias y de forma inmediata, suministren agua potable en
carrotanques en cantidad no menor a cincuenta (50) litros persona día a los
habitantes de las veredas de La Capilla, Altagracia, la Maraure y San Rafael,
disponiendo para esos efectos de un esquema tarifario acorde con las
disposiciones que regulan la materia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia
apelada, así:
CUARTO: ORDENAR el apoyo constante de las entidades del orden
departamental y nacional así:
4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dará curso prioritario a los
proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para las veredas La Capilla,
Altagracia, Maraure y San Rafael, brindará asistencia técnica al municipio de Hato
Corozal, en caso de que la entidad así lo requiera y dará apoyo financiero cuando
se cumplan con la totalidad de requisitos legales impuestos para esos efectos.
4.2.En todas las fases ̧ el gobernador de Casanare y Acuatodos S. A. ESP
deben mantener una labor de coordinación y comunicación permanente con el
alcalde de Hato Corozal, para acordar las medidas y apoyo que se requiera para
implementar el sistema de acueducto en las veredas previamente señaladas
dando aplicación a los principios de coordinación y subsidiariedad. El
departamento de Casanare informará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
los avances que se adelanten, solicitando de requerirse, la asistencia y/o
acompañamiento de la citada cartera, cuando se advierta la insuficiencia de
recursos para dar cumplimiento a las órdenes dispuestas en esta providencia.
TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto del fallo recurrido, el cual quedará así:
“QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el
defensor del Pueblo Regional Casanare, el gobernador del departamento de
Casanare o su delegado, el representante legal de Acuatodos S. A. ESP, el alcalde
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de Hato Corozal, el delegado del Ministerio Público, el Procurador 23 Judicial II
Ambiental y Agraria y el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Casanare, quien lo presidirá, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas
en la parte motiva la providencia de primera instancia y deberá rendir informes
periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando ocurran novedades que requieran
intervención judicial más temprana.”
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
SEXTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 26 de enero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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