Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2014-01265-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2014-01265-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2014-01265-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-01265-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
TESIS: LOS NIVELES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS CUYA
FLUCTUACIÓN SUPERE EN DETERMINADOS PERÍODOS LOS
LÍMITES DE CONTAMINACIÓN PERMITIDOS, REPRESENTAN UNA
AMENAZA PARA LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS QUE
HACEN PROCEDENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN
VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O SUSTITUCIÓN
Y A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 7 de julio de 2023, proferida por la Sala Tercera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia1.
1 En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
El señor RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó
demanda contra la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.3,
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA4 y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA5 tendiente a que se protegieran
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y a la seguridad y salubridad
públicas.
I.2. Hechos
Manifestó que en el barrio San Javier del Municipio de Medellín opera
una cantera de explotación de materiales de construcción y una
planta de producción de asfaltados, la cual inicialmente era de
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 En adelante EL CONDOR S.A.
4 En adelante CORANTIOQUIA.
5 En adelante el DEPARTAMENTO.
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Agregados San Javier y, posteriormente, mediante Escritura Pública
núm. 2868 de 30 de noviembre de 2009, fue cedida a Construcciones
El Condor, junto con todos los permisos y autorizaciones en los que
figuraba como beneficiaria la sociedad absorbida.
Adujo que la Secretaría de Minas y Energía de Antioquia, mediante
Resolución núm. 2240 de 1994, otorgó la licencia minera de
exploración a la cantera Fase I, radicada con Registro minero núm.
0398 de 15 de junio de 1994 y, posteriormente, mediante Resolución
núm. 102 de 8 de marzo de 2004, el DEPARTAMENTO aprobó el
programa de obras para la conversión a título de explotación, para
lo cual se le advirtió al titular que no podía iniciar trabajos sin contar
con la licencia ambiental.
Expuso que CORANTIOQUIA precisó inicialmente que para la Fase
I de explotación de la cantera se requería licencia ambiental; sin
embargo, Agregados San Javier presentó un Estudio de Impacto
Ambiental -EIA que no cumplía los estándares requeridos, luego de
lo cual la autoridad estableció que solo se requería Plan de Manejo
Ambiental, que fue aceptado mediante Resolución núm. 130AN-2528
de 21 de septiembre de 2004.
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Sostuvo que, además del Plan de Manejo Ambiental -PMA, se
exigieron permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas
dispersas correspondientes a explotación a cielo abierto de
materiales de construcción y para fuente fija de la planta de
producción de mezclas asfálticas, así como la concesión de aguas.
Afirmó que, pese a que las Fases I, II y III de la Cantera San Javier
requiere licencia ambiental, EL CONDOR no la ha obtenido, y desde
el año 2001 ha venido ejecutando actividades de explotación, según
las conclusiones de los Informes Técnicos AB0100479 de 14 de
agosto de 2001 y ABN0100757 de 2001 elaborados por
CORANTIOQUIA.
Aseguró que la operación de la cantera causa graves daños al
ambiente y a la salud de los habitantes de la zona, por generar altas
cantidades de material particulado que es emitido a la atmósfera,
afectando la calidad del aire; además, la explotación implica corte de
terreno, movimiento de tierra, conformación de llenos, operaciones
de cargue y descargue de materiales pétreos, asfaltos, tierra y
escombros, beneficio de materiales de construcción, alto flujo
vehicular de camiones pesados afectación de flora y fauna.
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Sostuvo que el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Antioquia realizó en el 2003 un
muestreo de la calidad del aire en la zona de influencia de la cantera
San Javier, según el cual, al menos en un punto los niveles de
material particulado del aire superaban los permitidos anualmente
por la normatividad.
Agregó que según el Estudio de Material Particulado, Dióxido de
Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno en Fuente Fija, (Chimenea Plana
de Mezcla Asfáltica Ciber) realizado por la firma Gestión y Servicios
Ambientales –GSA Ltda. de 29 de marzo de 2011, las emisiones
atmosféricas generadas por la planta de producción de mezclas
asfálticas de dicha cantera son de 1959.89 mg, lo que se encuentra
por encima de lo permitido por la norma de emisiones en un
1206.60%.
Manifestó, de otra parte, que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá -AMVA ha iniciado procesos sancionatorios por el vertimiento
industrial ilegal realizado a la quebrada El Hueso con ocasión de la
explotación y beneficio de la cantera que, a su turno, ha llevado al
descapote de áreas arboladas.
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Indicó que la actividad minera requiere de escombrera para el
depósito del material removido, pero el manejo y mantenimiento
dado ha sido negligente, causando erosión del suelo, daño a la flora,
desplazamiento de fauna, perturbación al paisaje y a la calidad del
aire.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados, lo siguiente:
“[…] 1. Que se ordene a la demandada la terminación inmediata de
las actividades de explotación y beneficio minero que llevan a cabo
sin la indispensable licencia ambiental.
2. Que se ordene a la demandada a realizar un Estudio de Impacto
Ambiental en el que se definan los impactos ambientales y sociales
ocasionados con los años de explotación minera, se establezca el plan
de abandono de la Cantera San Javier y se determine cómo han de
ser reparados los daños ambientales reparables y cómo han de ser
indemnizados los daños ambientales consolidados.
3. Que se condene a la demandada a ejecutar las medidas
resarcitorias y el plan de abandono señalados en el Estudio de
Impacto Ambiental y a pagar las indemnizaciones correspondientes al
daño ambiental consolidado, imposible de resarcir de otra manera.
4. Que se condene a la demandada a pagar a favor del actor la
recompensa entre una décima y una tercera parte de las obras de
recuperación de la zona afectada y las indemnizaciones
correspondientes a los daños recuperables, según lo fije el Juez de
conformidad con lo establecido en el artículo 1005 del Código Civil.
5. Que se condene a la demandada a pagar una pena pecuniaria como
castigo por la negligencia de sus actuaciones, con las que causaron
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amenaza y daño a los recursos naturales, tal y como indica el artículo
1005 del Código Civil.
6. Que se condene a la demandada a pagar al demandante la mitad
de la pena pecuniaria a que fuere obligada, según lo establece el
artículo 1005 del Código Civil.
7. Que se condene a la demandada a pagar las costas y agencias en
derecho […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El DEPARTAMENTO indicó que a través de su Secretaría de
Minas ejerce la fiscalización a los títulos que otorga en su jurisdicción;
sin embargo, en este caso, CORANTIOQUIA es la que debe efectuar
los requerimientos ambientales e imponer las sanciones a que haya
lugar.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y “ausencia de nexo causal para demandar”, porque la
responsabilidad frente a la explotación es del titular de la concesión,
según la cláusula 8ª del contrato y la Ley 685 de 2011, amén de que
la actividad fiscalizadora que ejerce como delegada del Ministerio de
Minas (hoy Agencia Nacional Minera) recae sobre las obligaciones
técnicas y económicas derivadas del contrato y según convenio entre
el Ministerio y la Gobernación de Antioquia, toda vez que no funge
como autoridad ambiental.
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I.4.2.- CORANTIOQUIA sostuvo que la Fase I no requiere licencia
ambiental sino PMA, por tratarse de un proceso anterior a la Ley 99
de 1993, el cual fue aprobado mediante Resolución 130AN-2528 de
21 de septiembre de 2004 y actualizado mediante Resolución 130AN-
1407-15211 del 15 de julio de 2014 para el desarrollo de las
actividades de la Mina “Agregados San Javier”, amparado en el
contrato de concesión minera núm. 398 con registro minero nacional
GBTF-05 para mineral de arena y arcilla.
Adujo que verificó el área según la información suministrada por la
Secretaría de Minas, estableciendo las coordenadas del polígono
correspondiente al contrato de concesión minera núm. C4068005 con
registro nacional GHMO-03, lo que permitió evidenciar que los
informes técnicos corresponden a la Fase I, en tanto que las
operaciones de la Fase II solo iniciaron en marzo de 2015, de acuerdo
con la visita de verificación de 18 de junio de ese año, que dio origen
al Informe Técnico 160AN-1507-29484 de 31 de julio de 2015.
Manifestó que en cualquier actividad puede generarse alteración del
ambiente; sin embargo, estas han sido identificadas y valoradas en
cada uno de los EIA y PMA que fueron presentados y aprobados.
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Refirió que en las actividades de explotación es necesario el
descapote y la intervención del componente arbóreo para lo cual la
sociedad cuenta con los respectivos permisos de aprovechamiento
forestal, dentro de las actividades de compensación establecidas en
las licencias, por lo que, una vez terminada la explotación, la zona
intervenida quedará en igual o mejores condiciones a las iniciales.
Expuso que conforme con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en
concordancia con el literal b del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005,
es competente para otorgar la respectiva licencia ambiental que
ampara la actividad minera censurada en esta acción, en la que se
fijan las obligaciones que debe cumplir su titular para el desarrollo
de tal actividad con el fin de minimizar el deterioro del ambiente y
los recursos naturales. Sin embargo, la misma no puede ser otorgada
hasta tanto el DEPARTAMENTO no otorgue el título minero, pues
este es quien determina si es o no procedente el desarrollo de la
minería en el sitio solicitado por el respectivo peticionario.
Adujo que tiene a su cargo funciones muy precisas en materia
ambiental que ha cumplido, de manera que la autorización de llenos
o escombreras no es un asunto de su competencia sino de los
Municipios, conforme con la Resolución núm. 541 de 1994.
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Propuso las excepciones que denominó “cumplimiento de las
funciones propias de la corporación”, falta de legitimación en la causa
por pasiva, “sujeción de CORANTIOQUIA a las funciones señaladas
en la Ley 99 de 1993”, “CORANTIOQUIA ha dado cumplimiento a
la normatividad que regula las licencias ambientales”, “la
competencia para otorgar la concesión minera es del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, no de CORANTIOQUIA”.
I.4.3.- La sociedad EL CONDOR S.A. adujo que la Cantera viene
operando desde aproximadamente el año 1987 y, en la actualidad,
cuenta con todos los permisos de explotación económica dado que
se encuentra vigente el contrato de concesión núm. 0398 de
diciembre de 2009.
Manifestó que la planta de asfaltos tiene los permisos de emisión
atmosféricas para fuentes fijas y dispersas obtenidos desde el año
2004.
Explicó que la Cantera tiene 3 fases, respecto de las cuales explicó:
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i) Fase I6: cuenta con una planta de producción de asfalto con su
respectivo permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas
vigente
ii) Fase II7, y iii) Fase III8: al no estar en régimen de transición si
requieren licencia ambiental, la cual se encontraba en trámite ante
CORANTIOQUIA, por lo que, contrario a lo afirmado en la demanda,
no habían entrado en operación.
Explicó que, aunque la Autoridad Minera dispuso la entrega de
licencia ambiental, CORANTIOQUIA aclaró que en razón a que la
explotación inició antes de la expedición de Ley 99, la Cantera San
Javier no necesitaba licencia ambiental sino PMA, de acuerdo con el
Decreto núm. 2666 de 1988, aprobado con título C298005 mediante
Resolución AN-2528 de 21 de septiembre de 2004 vigente y en
trámite de renovación.
Afirmó que en los lugares donde se evidencia material particulado ha
sembrado barrera viva en límite con zonas vecinas para mitigar la
6 Contrato de Concesión núm. 0398 con Registro Minero RMN GBTF-05 del 14 de junio de
1994.
7 Contrato de concesión núm. 4068 con Registro Minero RMN GHMO-03 de 16 de septiembre
de 1998
8 Contrato de concesión núm. 5781 con Registro Minero RMN HEPO 13 de 31 de agosto de
1994.
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emisión, cuando los aspersores no dan los resultados esperados e
incluso va más allá de lo que la normativa exige como la instalación
del tanque clarificador que permite reutilizar la totalidad del agua sin
generar vertimientos, como lo pruebas los informes ambientales
allegados.
Sostuvo que el descapote se realizó de acuerdo con los permisos
otorgados por la autoridad ambiental y la afectación del paisaje es
un impacto identificado que será compensado en su momento,
conforme lo aprobado por la autoridad ambiental.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 22 de
octubre de 2015, declarándose fallida por ausencia de fórmulas de
acuerdo entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 7 de julio de 2023, amparó los derechos
e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
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los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible y a la
seguridad y salubridad pública, en virtud del principio de precaución
y la necesidad de proteger el ambiente.
Destacó que conforme con el material probatorio, en la actualidad,
las 3 Fases del proyecto minero cuestionado corresponden a 3 títulos
mineros otorgados por la Secretaría de Minas del DEPARTAMENTO,
a saber, los números 0398, 4068 y 5781, que han sido objeto de
conversión a contratos de concesión minera núms. 03989, 0406810 y
578111.
Precisó que el DEPARTAMENTO, en acatamiento de su función de
fiscalización tiene la obligación de verificar las condiciones técnicas y
económicas, así como las normas de seguridad e higiene minera, en
la ejecución de los contratos de concesión minera que suscribe; sin
embargo, la verificación de asuntos relacionados con el medio
ambiente corresponde a la autoridad ambiental.
9 Para la explotación de arenas, el cual fue celebrado entre el Gobernador del Departamento
de Antioquia y la Sociedad Agregados San Javier S.A. el 09 de diciembre de 2009.
10 Para la explotación de una mina de materiales de construcción el cual fue celebrado entre
el Gobernador del Departamento de Antioquia y la Sociedad Agregados San Javier S.A. el
27 de agosto de 2003.
11 Para la exploración y explotación de una mina de materiales de construcción el cual fue
celebrado entre el Gobernador del Departamento de Antioquia y la Sociedad Agregados San
Javier S.A.
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Aclaró que lo pretendido en la demanda es la protección de derechos
colectivos relacionados con el medio ambiente sano y el equilibrio
ecológico, a raíz de la afectación de la calidad del aire con material
particulado, por lo que los demás asuntos técnicos y económicos de
los contratos de concesión, cuya competencia de fiscalización
corresponde al DEPARTAMENTO, no están en entredicho y, por
ende, no existe vulneración atribuible a este último.
Encontró acreditado que la Fase I del proyecto minero no requería
licencia ambiental y al contar con PMA vigente, no le asistía la razón
al actor popular, por lo que las pretensiones al respecto no
prosperaban, además porque las Fases II y III si contaban con la
licencia ambiental que les era exigible.
Destacó que lo anterior no era óbice para que CORANTIOQUIA
exigiera el cumplimiento de los requisitos para el manejo,
recuperación o restauración ambiental como, en efecto, lo hizo al
aprobar el PMA mediante la Resolución núm. 130AN-2528 de 21 de
septiembre de 2004, así como su actualización, mediante Resolución
núm. 130 AN-1407-15211 de 15 de julio de 2014.
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Sostuvo que los informes técnicos sobre la calidad del aire dan cuenta
que en la Fase I se presentan más altos niveles que aquellos medidos
en la Fase II, en la cual la medición de los años 2015 a 2017 arrojó
buenos resultados.
Agregó que aunque algunos de los testigos afirmaron que EL
CONDOR realiza estudios de monitoreo del aire para cumplir con los
estándares máximos de contaminantes autorizados para la
actividades mineras, presenta en forma periódica los estudios y
documentación requerida por CORANTIOQUIA y ha implementado
en forma permanente diferente tecnología y estrategias para
satisfacer los requerimientos hechos por la autoridad ambiental e
impactar lo menos posible el ambiente, en algunos eventos se han
superado los topes máximos permisibles para contaminantes, por lo
tanto, en observancia del principio de precaución, era del caso
proteger el derecho al ambiente sano y al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible.
Agregó que la condena prevista en el artículo 1005 del Código Civil
no era procedente por cuanto la finalidad de las acciones populares
no es indemnizatoria.
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En virtud de lo anterior, dispuso:
“[...] PRIMERO. DECLARAR no prospera la falta de legitimación por
pasiva propuesta por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y
CORANTIOQUIA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.
SEGUNDO. CONCEDER el amparo a los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible y a la seguridad y salubridad
públicas en favor del señor RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ, en virtud del
principio de precaución, para proteger la afectación del ambiente.
TERCERO. En razón de lo anterior, se ORDENA: 3.1.
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. cumplirá en forma permanente
la normatividad vigente en lo que respecta a mantener los niveles
máximos permisibles para contaminantes en la Cantera. En
consecuencia, allegará a CORANTIOQUIA en el período febrero-
marzo de cada año, y mientras continúe en funcionamiento la
cantera, un INFORME ANUAL que dé cuenta de la calidad de
aire en el área de influencia de la Planta de Agregados San
Javier- Medellín, de conformidad con los requisitos que para el efecto
exige el artículo 97 del Decreto 948 de 1995 y demás normas
concordantes, y en los que tendrá en cuenta además los
requerimientos que CORANTIOQUIA le hubiere realizado sobre el
asunto. En caso de no haber presentado el Informe en febrero-marzo
de 2023, deberá allegarlo en un término máximo de dos (2) meses
para que sea evaluado por CORANTIOQUIA. 3.2. CORANTIOQUIA,
evaluará el INFORME ANUAL contentivo del estudio de la calidad del
aire en el área de influencia de la Planta de Agregados San Javier –
Medellín, presentado por CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA, en
febrero-marzo de 2023, y dentro de los tres (3) meses siguientes
emitirá las órdenes necesarias para garantizar la protección del
ambiente.
3.3. El CONDOR S.A. contará con el término de dos (2) meses,
siguientes a la notificación de las decisiones que emita
CORANTIOQUIA, para dar cumplimiento a las mismas.
CUARTO. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda.
QUINTO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el
cual estará integrado por: El actor de la presente acción popular,
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señor RUBEN DARIO ORTIZ LOPEZ o quien este designe, la señora
Procuradora Agraria y un representante de CORANTIOQUIA. Así como
por la Magistrada ponente en esta Sala de decisión […]”.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor sostuvo que las actividades de explotación sí requerían
licencia ambiental previa, comoquiera que la solicitud de permiso
para su ejecución fue tramitada después de la Ley 99 de 1993 e
incluso con posterioridad al Decreto núm. 1180 del 2003.
Afirmó que el amparo debió concederse no sólo en virtud del principio
de precaución, sino por los daños ambientales consolidados, teniendo
en cuenta que el Tribunal determinó que en la cantera se han
superado los topes máximos permisibles para contaminantes del
recurso aire, y aun así no ha existido sanción ambiental por parte de
CORANTIOQUIA.
Expuso que el Tribunal incurrió en error al argumentar su decisión y,
por lo tanto, en la medida adoptada para garantizar la protección del
derecho colectivo, al estar probado: i) la superación de los límites
permisible de contaminación del aire durante todos los años de
operación de la cantera; ii) existir evidencias científicas de los daños
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
a la salud que supone la inhalación de material particulado; iii) la
cantera lleva casi dos décadas operando sin cumplir el PMA ni
sembrar la barrera viva alrededor de la zona de operación.
Indicó que las anteriores circunstancias dan cuenta de la existencia
efectiva de la vulneración de derechos colectivos desde hace 20 años
y no de su amenaza.
Adujo que las medidas adoptadas para garantizar los derechos son
erradas, porque la orden dada a EL CONDOR S.A. en relación con la
presentación de informes anuales sobre la calidad del aire es ineficaz,
toda vez que CORANTIOQUIA ha requerido a la empresa por más
de 20 años con la misma finalidad, pues se trata de una obligación
prevista en el PMA que no ha sido atendida.
Agregó que tales informes en modo alguno logran resarcir los daños
generados por décadas al aire, es decir, la orden en mención no
propende por la reparación integral de los daños ambientales
reparables ni por la indemnización de aquellos consolidados, así
como tampoco busca exigir la obligación atinente a la siembra de
barreras vivas, como medida para proteger la salud de los vecinos
del sector.
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
Manifestó que debió ordenarse la realización de un estudio de
impacto ambiental para definir las actividades de reparación e
indemnización de los daños ambientales ocasionados, teniendo en
cuenta que la actividad de la cantera se viene desarrollando sin
cumplir los compromisos ambientales y sin verificarse su nivel de
impacto sobre el medio ambiente y los vecinos del sector.
Cuestionó el que no se haya declarado la responsabilidad de
CORANTIOQUIA, puesto que, conforme con lo probado, su
actividad en materia de inspección, vigilancia y control en la
operación de la cantera “deja mucho que desear”, pues “ha sido
complaciente” frente al incumplimiento de las obligaciones fijadas en
el PMA y las emisiones de PM10, PST y O3 que superan los niveles
permisibles, al punto que no ha iniciado el procedimiento
administrativo sancionatorio que corresponde.
Cuestionó el que no se ordenara el pago de una pena pecuniaria a
título de daño punitivo al corroborarse que EL CONDOR S.A. ha
excedido los límites permisibles de contaminación del aire y
desatendido los compromisos del PMA durante los años de operación
del proyecto, pena que debe pagarse al actor popular, conforme con
el artículo 1005 del Código Civil.
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Indicó que cuando las acciones populares versan sobre daños
consolidados a los derechos colectivos que no pueden ser reparados,
debe procederse con una indemnización a favor de la entidad pública
encargada de la protección del derecho colectivo o al fondo de
protección de derechos e intereses colectivos y, en aplicación del
artículo 1005 en mención, debió pagarse también una recompensa al
demandante como resarcimiento del daño.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199812, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos, como los invocados en el
presente asunto.
12 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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IV.2.- Problemas jurídicos
Conforme con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
a la Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:
i) ¿Las actividades de explotación correspondientes a la Fase I del
proyecto minero requerían licencia ambiental?
ii) ¿El amparo de los derechos colectivos invocados, en aplicación del
principio de precaución, es acorde con lo probado en el proceso?
iii) ¿Le asiste responsabilidad a CORANTIOQUIA por la afectación
de los derechos colectivos invocados?
iv) ¿Las medidas adoptadas por el Tribunal resultan adecuadas y
eficaces de cara a la protección de los derechos conculcados?
IV.2.1.- De la amenaza de los derechos colectivos: de
exigencia de la licencia ambiental y del principio de
precaución
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IV.2.1.1 De la exigencia o no de licencia ambiental
De la revisión de las pruebas allegadas, en particular, la Resolución
núm. 0102 de 8 de marzo de 200413, se advierte que la sociedad EL
CONDOR S.A. requería tramitar licencia ambiental para llevar a cabo
las actividades de explotación económica de arcilla en la cantera
respecto de la cual le fue otorgado título minero núm. 0398, bajo la
normativa del Decreto 2655 de 1988.
En efecto, mediante dicha Resolución el DEPARTAMENTO aprobó el
Programa de Trabajos y Obras allegado en el marco del trámite de
conversión del título minero de exploración a explotación, bajo la Ley
685 de 2001, para lo cual estableció de forma expresa que:
«[...] ARTÍCULO 3: Se advierte al titular que para iniciar labores de
explotación debe acreditar ante esta dependencia la obtención de la
respectiva Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 281 de la Ley 685 de 2001 [...]».
No obstante lo anterior, dentro del acervo no reposa prueba alguna
en cuanto al otorgamiento de la licencia que, desde el punto de vista
ambiental, viabilizara la ejecución del proyecto de explotación
minera; por el contrario, CORANTIOQUIA en la parte considerativa
13 Fl. 46, cdno. 1, expediente físico.
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de la Resolución núm-AN-2528 de 21 de septiembre de 2004, por la
cual aceptó el plan de manejo ambiental allegado por el entonces
beneficiario del título minero otorgado en 1994, destacó que la
misma no resultaba exigible, con fundamento en lo siguiente:
«[...] Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1180 de
2003, los proyectos, obras o actividades que de acuerdo con las
normas vigentes antes de la expedición del mencionado decreto,
obtuvieron los permisos concesiones, licencias y autorizaciones de
carácter ambiental que se requerían, continuaran sus actividades
sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los
actos administrativos así expedidos [...].
Que según el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994, los proyectos,
obras o actividades que con anterioridad a la expedición de la Ley 99
de 1993 iniciaron actividades no requerirán licencia ambiental. Lo que
no obsta para que dichos proyectos, obras o actividades cumplan con
la normatividad ambiental vigente, como por ejemplo el Plan de
Manejo Ambiental [...]».
Siendo ello así, la Sala considera que en el presente asunto, más allá
de establecer si la licencia ambiental constituía o no un requisito para
iniciar las actividades de explotación, en tanto ello comportaría el
escrutinio de la legalidad de las actuaciones y decisiones adoptadas
por la autoridad ambiental como administradora de los recursos
naturales, lo que compete al juez en este escenario constitucional se
circunscribe a determinar si la ausencia de tal instrumento de control
y gestión ambiental conlleva la afectación de los derechos colectivos.
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Siendo ello así, de la revisión de los medios de convicción
incorporados al proceso se advirtió que las actividades de explotación
en la Fase I estaban amparadas en el Plan de Manejo Ambiental
aprobado por CORANTIOQUIA en la referida Resolución núm. 2528
de 21 de septiembre de 200414, en el cual se establecieron el conjunto
de medidas y acciones vinculantes que debía ejecutar el titular
minero con el fin de prevenir, mitigar, controlar e incluso,
compensar, los impactos ambientales asociados a sus labores de
explotación.
Es decir, si bien es cierto que el proyecto no estuvo desprovisto de
un instrumento de gestión, manejo y control ambiental adecuado,
también lo es que durante su vigencia -8.5 años- el beneficiario tenía
a su cargo la obligación de presentar informes semestrales acerca
del estado de avance de las actividades y medidas allí previstas; sin
embargo, la información incorporada al acervo es concluyente acerca
del incumplimiento de tal obligación, pese a que en el marco del
seguimiento al permiso de emisiones, concretamente en el acto de
su prórroga15 que data del año 2009, se dispuso:
«[…] ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la SOCIEDAD AGREGADOS
SAN JAVIER […] para lo siguiente:
14 Fls. 50 a 53, cdno. 1.
15 Resolución núm. 9476 de 25 de septiembre de 2009.
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[…] 1. Presentar un informe del quinquenio (septiembre 2004
a septiembre de 2009), sobre la implementación y avance de
las actividades y medidas contenidas en el numeral 2.2.
“Medidas de Manejo Ambiental para el recurso aire”, que
muestre el cumplimiento a satisfacción de todas las
obligaciones requeridas en la Resolución 130AN-2525 de
septiembre 21 de 2004 (sobre permiso de emisiones
atmosféricas) y la 130AN-2528 de septiembre 21 de 2008
(acepta el Plan de Manejo Ambiental) […]».
En efecto, dentro del expediente administrativo AN3-2000-96 bajo el
cual CORANTIOQUIA tramitó el PMA y su seguimiento, solo obra el
informe relativo a las actividades que ejecutó en el primer semestre
de 201316 y entre noviembre de 201217, documento que allegó junto
con la solicitud de prórroga de la vigencia de dicho Plan, de acuerdo
con lo precisado por CORANTIOQUIA en Informe Técnico núm.
10AN 1309-24802 de 12 septiembre de 2013, en el que se concluyó:
16 Conforme con lo expuesto por CORANTIOQUIA en los considerandos de la Resolución 130
AN-1407-15211 de 15 de julio de 2014, en los siguientes términos: “[...] Que mediante
radicado número 130AN-12123359 de 3 de diciembre de 2012, la empresa allega a la
Corporación informe de gestión ambiental correspondiente al año 2012.
Que mediante radicado número 130AN-1308-2530 del 23 de agosto de 2013, la empresa
allega a la CORPORACIÓN informe de gestión ambiental correspondiente al período 2013 I
[...]» (CD #7, cdno. 2, «AN3-2000-96 TOMO 4 PARTE 1.pdf».
17 Fls. 143 a 184, CD #7, cdno. 2, «AN3-2000-96 TOMO 3 PARTE 1.pdf».
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Entonces, aun cuando la obligación de presentar informes
semestrales fue desatendida durante los 8 años de la vigencia del
Plan, la autoridad ambiental no realizó ningún tipo de requerimiento
para conminar a la sociedad a que se ajustara a los deberes que le
asistían según el PMA del año 2004, y mucho menos se advierte que
por parte de CORANTIOQUIA se hubieren promovido los trámites
administrativos de orden sancionatorio que resultaban procedentes.
Incluso dicha autoridad aprobó la actualización del PMA mediante
Resolución 130AN-1407-15211 de 15 de julio de 201418, para una
vigencia de 8.5 años, sin consideración alguna referente al
incumplimiento recurrente de EL CONDOR S.A. -antes Agregados
San Javier.
Así las cosas, para la Sala es claro que la situación expuesta denota
con suficiente nivel de certeza y convicción la configuración de una
18 Fls. 134 a 140, cdno. 2, CD #7, «AN3-2000-96 TOMO 4.pdf»
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vulneración de los derechos colectivos que amerita la intervención
del juez constitucional, asunto que será abordado con mayor detalle
en el acápite subsiguiente relacionado con los hechos constitutivos
de la afectación alegada en la demanda.
IV.2.1.2 Del principio de precaución
La Sala, con miras a resolver el cuestionamiento sobre la aplicación
del principio de precaución por parte del Tribunal, hará referencia a
los elementos de prueba que dan cuenta de los niveles de
contaminación observados en la operación de la cantera, para luego,
a partir de su análisis y valoración, determinar la validez del
razonamiento del Tribunal en cuanto a la contaminación del aire en
la zona de influencia del proyecto minero.
Así las cosas, cabe precisar que para la Fase I del proyecto minero
correspondiente al contrato de concesión No. 0398, la sociedad
AGREGADOS SAN JAVIER S.A. – ahora CONSTRUCCIONES EL
CONDOR S.A.- solicitó permiso de emisiones atmosféricas para la
operación de la cantera, para lo cual allegó el Informe de Muestreo
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de Material Particulado en el área de influencia del proyecto19, que
data de diciembre de 2003, en el cual se indicó:
“[…] – En los cuatro (4) puntos donde se realizaron las mediciones
del material particulado […] cumplen con la norma diaria, ya que no
sobrepasaron los 400 ug/m3 en ninguno de ellos 10 días de muestreo
[…].
• No se lleva a cabo una comparación de las concentraciones
obtenidas en campo con la norma anual (100up/m3) ya que el período
de muestreo fue de solo 10 días; sin embargo, si los valores de
concentración de material particulado tienen el mismo
comportamiento durante un período de 12 meses, las
concentraciones promedio obtenidas al final de dicho período no
sobrepasarán la norma anual de calidad del aire en los puntos 2, 3 y
4, pero para el punto 1 [entrada principal de la empresa, frente de
las oficinas administrativas] estaría por encima del valor
establecido […]”.
Al evaluar la información reportada en dicho documento,
CORANTIOQUIA determinó la viabilidad de otorgar el permiso,
pero con observancia de las siguientes medidas de manejo
ambiental20:
19 Folios 147 a 160, cuaderno 1, expediente físico.
20 En informe obrante a folio 78 a 80 del expediente físico.
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Por consiguiente, mediante la Resolución núm. AN-2525 de 21 de
septiembre de 200421 se otorgó el respectivo permiso por una
vigencia de cinco (5) años, en los siguientes términos:
<[…] ARTÍCULO 2. El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento
a todas y cada una de las medidas y obligaciones ambientales
consignadas en la parte motiva de la presente providencia [sic] y en
el Informe Técnico 3466 de 10 de agosto de 2004, que hace parte
integral de esta providencia.
ARTÍCULO 3. El permiso de emisiones atmosféricas tendrá una
vigencia de 5 años prorrogables si se solicita durante el último año de
su vigencia.
ARTÍCULO 4. El beneficiario del permiso de emisiones atmosféricas
tiene las siguientes obligaciones:
21 Fls. 286 a 289, expediente físico.
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• El titular del permiso deberá dar cumplimiento a
satisfacción de todas las obligaciones descritas en el informe
técnico 3466 de 10 de agosto de 2004, en el numeral 4.
“Medidas de manejo Ambiental para el recurso aire”.
• Deberá presentar informes semestrales sobre la implementación
y avance de las actividades y medidas contenidas en el plan señalado
[…]> (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
Luego, mediante comunicación de 10 de agosto de 2009, la sociedad
Agregados San Javier S.A., para ese entonces titular del permiso,
solicitó su prórroga. En consecuencia, CORANTIOQUIA emitió el
Informe Técnico núm. 130AN-13142 de 18 de septiembre de 200922,
en el que precisó:
“[…] Del Informe Técnico 130 AN No. 11.532 de 23 de junio de 2008,
de la simulación al área de la influencia de las actividades de
Agregados San Javier, se localizan varias actividades productivas, con
procesos de extracción minera, beneficio de minerales y depósitos de
escombros. Se extraen las siguientes observaciones:
• Los impactos ambientales causados por las descargas atmosféricas
de las actividades productivas en el sector frente al componente AIRE
y como principales agentes contaminantes se identifican:
✓ Actividades de explotación minera.
✓ Beneficio de minerales y materiales de construcción,
✓ Cargue y descarga de materiales pétreos, asfaltos, tierras y
escombros,
✓ Operación y conformación de escombreras y llenos,
✓ Cortes de terrenos y movimientos de tierra del sector constructivo
✓ Quemas abiertas forestales y de desechos,
✓ Alto flujo vehicular de camiones pesados, rutas de buses, tránsito
de motos y vehículos particulares por las escasas vías del sector,
✓ Ruidos generados por el tráfico vehicular, los establecimientos
comerciales y operación de equipos de sonido sin volumen
moderado,
22 Fls. 110 a 114, CD 7.
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✓ Emisiones biogénicas (la vegetación libera Compuestos Orgánicos
volátiles-coV),
✓ Políticas de usos del suelo,
✓ Condiciones topográficas y atmosféricas.
[…]
2.2 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Durante el período de vigencia del permiso de emisiones
atmosféricas, se hizo revisión de la información que reposa en
los expedientes AN6-03-2 y AN3-0096 se encuentra:
a) El usuario no ha entregado los informes semestrales de
avance de las medidas de manejo ambiental.
b) Sobre las Medidas de Manejo Ambiental para el recurso aire
requeridas […] no hay certeza de su cumplimiento […].
3. CONCLUSIONES
3.1. Existe incumplimiento del usuario de las obligaciones
requeridas en las Resoluciones 130 AN No. 2525 de
septiembre de 21 de 2004, que otorga el permiso de emisiones
atmosféricas y la 130 AN No. 2528 de septiembre 21 de 2004
que acepto el Plan de Manejo Ambiental, ya que no obran en
el expediente informes de actividades del usuario, como
tampoco consta en los informes técnicos realizados a la zona.
3.2. Teniendo en cuenta los resultados de los dos estudios de calidad
de aire realizados en zona de influencia del proyecto minero Fase I en
el 2003 y 2008, no existen afectaciones ambientales significativas en
la calidad del aire del sector.
3.3. Luego de la evaluación realizada se considera técnicamente
viable prorrogar el Permiso de Emisiones Atmosféricas de una fuente
fija dispersa (cantera), por una vigencia de cinco (5) años para la
explotación minera a cielo abierto de los materiales de construcciones
amparados en la licencia minera No.0398 (Fase I) a nombre de la
Sociedad Agregados San Javier S.A., en jurisdicción del municipio de
Medellín.
4. RECOMENDACIONES
Se sugiere al área Jurídica de la Dirección Territorial de Aburra Norte:
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4.1 Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de una fuente fija
dispersa (cantera), por una vigencia de cinco (5) años para la
explotación minera a cielo abierto de los materiales de construcción
amparados en la licencia minera No. 00398 (Fase 1 a nombre de la
Sociedad Agregados San Javier S.A.).
4.2. Requerir al Representante Legal de Agregados San Javier
(Explotación minera Fase I) para que proceda a:
✓ Presentar un informe del quinquenio (septiembre de 2004 a
septiembre de 2009) en un plazo de 60 días, sobre la
implementación y avance de las actividades y medidas
contenidas en el numeral| 2.2. "Medidas de Manejo Ambiental
para el recurso aire", donde muestre el cumplimiento a
satisfacción de todas las obligaciones requeridas en la
Resoluciones 130 AN No_ 2525 de septiembre 21 de 2004
(sobre permiso de emisiones atmosféricas) y la 130 AN No.
2528 de septiembre 21 de 2004 (acepta el Plan de Manejo
Ambiental) […]”23 (Negrillas fuera del texto original).
En consecuencia, por medio de Resolución núm. 9476 de 25 de
septiembre de 200924 se prorrogó el permiso en mención, dejando
sentado en la parte considerativa lo siguiente:
“[…] Que el 10 de agosto de 2009 […] la SOCIEDAD AGREGADOS SAN
JAVIER, solicita la prórroga del permiso de emisiones atmosféricas
dentro del término legal para su solicitud, la cual fue evaluada en el
Informe Técnico 130AN-13142 del 18 de septiembre de 2009, donde
se manifiesta que durante el período de vigencia del permiso
de emisiones atmosféricas el usuario no ha entregado los
informes semestrales de avances de medidas de manejo
ambiental, por lo que no hay certeza de su cumplimiento […]”.
(Negrillas fuera del texto original).
23 Folios 97 a 114, expediente digital, “CD C2 FL 860”, “AN6-2003-2 TOMO 1.pdf”.
24 “Por la cual se prorroga un permiso de emisiones atmosféricas”.
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De esta manera, en la parte resolutiva de dicho acto administrativo,
se dispuso:
“[…] ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la SOCIEDAD AGREGADOS
SAN JAVIER […] para lo siguiente:
[…] 1. Presentar un informe del quinquenio (septiembre 2004
a septiembre de 2009), sobre la implementación y avance de
las actividades y medidas contenidas en el numeral 2.2.
“Medidas de Manejo Ambiental para el recurso aire”, que
muestre el cumplimiento a satisfacción de todas las
obligaciones requeridas en la Resolución 130AN-2525 de
septiembre 21 de 2004 (sobre permiso de emisiones
atmosféricas) y la 130AN-2528 de septiembre 21 de 2008
(acepta el Plan de Manejo Ambiental) […].
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de lo requerido en el numeral 1 se
otorga un plazo de sesenta (60) días […]”25 (Negrillas fuera del texto
original).
Así las cosas, pese a que durante la vigencia del permiso de
emisiones el titular no acató las exigencias que le fueron impuestas
CORANTIOQUIA resolvió otorgar la respectiva prórroga
estableciendo a cargo de aquél la presentación de un informe acerca
del estado de avance de las acciones previstas en las resoluciones
130AN núm. 2525 de septiembre de 21 de 200426 y 130AN núm.
2528 de septiembre 21 de 200427.
25 Fls. 291 y 292, cdno. 1, expediente físico.
26 Por la cual se otorgó el permiso de emisiones atmosféricas para la operación de la cantera
en el año 2004.
27 Por la cual se aprobó el Plan de Manejo Ambiental.
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No obstante, en la información que reposa en el expediente
administrativo en el cual se tramitó dicho permiso28, la Sala no
encuentra elementos demostrativos para concluir que, en efecto,
dicho requerimiento fue atendido, además, tampoco se advierten los
informes sobre la calidad del aire que de forma central debían
allegarse desde la expedición de la Resolución 130AN-2525 y los 5
años que estuvo vigente.
Ahora, por medio de Resolución núm. 130AN1411-15881 de 20 de
noviembre de 201429, nuevamente se otorgó prórroga del permiso de
emisiones, en virtud del cual EL CONDOR S.A. allegó en abril del
año 2015 el Estudio de Calidad del Aire, cuyos apartes pertinentes
se transcriben a continuación:
“[…] 3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos para los puntos de muestreo serán
comparados con la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 […].
4.8. CONCLUSIONES GENERALES
• Para material particulado PM10 en los tres puntos muestreados se
cumple con lo establecido en la norma diaria de 100ug/m3
proseándose (sic) que los valores máximos son de 50,1ug/m3 para el
Punto No 1, 61,9 ugm3 para el punto No 2, y 72,8ug/m3 para el Punto
No. 3. Por otro lado, solo un punto cumpliría con el promedio
anual establecido por la norma de 50ug/m3, para este
28 Expediente administrativo AN6-2003-2, obrante en CD 7.
29 Por la cual se resuelve una prórroga por un término de 5 años del permiso de emisiones
atmosféricas a Construcciones El Condor S.A., obrante a folios 355 a 3655, CD 7 “AN6-
2003-2 TOMO 1.pdf”.
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contaminante, evidenciándose concentraciones de 43,3
ug/m3 para el Punto No. 1 52,8 ug/m3 para el punto No. 2, y
53,2 ug/m3 para el Punto No. 3.
• Para el material particulado PST en los tres puntos muestreados se
cumple lo establecido en la norma diaria de 300 ug/m3, pero para
el punto ubicado en el barrio Eduardo Santos se superaría la
norma promedio anual de 100ug/m3, presentándose el valor
promedio de 120,93ug/m3 […].
4.9. RECOMENDACIONES
Tener presente los resultados obtenidos en este estudio para futuras
mediciones, con el fin de verificar el incremento o decremento de las
concentraciones analizadas a medida que avance el proyecto, o que
se generen cambios en la producción actividades propias en
Agregados San Javier para verificar la afectación que puede generar
este en la calidad del aire en este sector específico […]”30 (Negrillas
fuera del texto original).
Según el citado estudio, de los demás elementos contaminantes,
valga decir, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Monóxido de
Carbono y Ozono, las mediciones que arrojó el estudio en los 3
puntos de muestreo, durante los 7 días en los que se llevó a cabo el
monitoreo, se ajustaron a los rangos permitidos por la norma
reglamentaria sobre la materia.
Posteriormente, en el Estudio de Calidad del Aire de septiembre de
201631 para la Fase I32, se indicó que las mediciones de material
30 Folios 718 a 744, cuaderno 2, expediente físico.
31 Obrante a folios 992 a 1060, cuaderno 3, expediente físico; incorporado como prueba
mediante auto de 8 de octubre de 2018 visible a folios 1107 y 1008, ídem.
32 Cuyo permiso para emisiones atmosféricas fue otorgado mediante Resolución AN-2525
de 21 de septiembre de 2004, prorrogado por Resolución No. 130AN-9476 de 25 de
septiembre de 2009.
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particulado y demás elementos contaminantes realizadas durante 7
días se ajustaban a los rangos permitidos en la Resolución 610 de
2010; sin embargo, en esa oportunidad el muestreo fue realizado
solo en 2 estaciones, obviando aquella correspondiente al barrio
Eduardo Santos, en la que en el año 2015 se había observado que
los niveles allí registrados superaban los máximos permitidos
anualmente.
Ahora, según lo consignado en el Acto Administrativo núm. 160AN-
ADM1803-1471 de 22 de marzo de 201833, en Informe Técnico núm.
160AN-IT1802-1238 de 9 de febrero de 2018, rendido por
CORANTIOQUIA al evaluar la información aportada por EL
CONDOR sobre las mediciones de calidad del aire para los años 2015
a 2017 en la Fase I, se indicó:
“[…] 3. Análisis de documentación aportada
Mediante Radicados 160 AN-1602-764 del 24 de febrero de 2016,
1060AN-COE1703-10329 del 28 de marzo de 2017 y 160AN-
COE1710-32723 del 02 de octubre de 2017, el usuario allega los
informes semestrales de gestión ambiental para el recurso aire 2015-
II, 2016-II y 2017-I.
[…] Radicado 160AN-COE1708-26514 del 14 de agosto 2017, por
medio del cual el usuario allega estudio de calidad del aire […].
Análisis de resultados
33 Tenido como prueba en auto de 10 de julio de 2019, folio 1234 y 1235, ídem.
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Partículas Suspendidas Totales (PST): las evaluaciones realizadas
en el punto 1 superan los límites máximos permisibles para
este contaminante establecidos por la Resolución 610 de 2010
para períodos de evaluación de 24 horas en 4 ocasiones, de
continuar la tendencia, se superaría el promedio geométrico
anual para PST establecidos en la misma normatividad como
límite máximo de exposición de 100 mg/m3.
Material particulado PM10: Las concentraciones de PM10
evaluadas para los puntos 1, 2 superan los límites máximos
permisibles para exposición a 24 horas en dos ocasiones, de
seguir la tendencia mostrada, se superan los límites máximos
anuales establecidos en el artículo 4 de la resolución 610 de
2010 para la norma anual de 50mg/m3.
Ozono (O3): Las concentraciones de ozono evaluadas para los
puntos 1, 2 superan los límites máximos permisibles para el
período de exposición de 24 horas de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4 de la Resolución 610 de 2010 para la norma
horaria de 120 mg/m3.
Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2) y Monóxido de
carbono (CO): Las concentraciones medidas durante los días del
muestreo no superan los límites establecidos en el artículo 4 de la
Resolución 610 de 2010.
[…] 6. Recomendaciones
Requerir al usuario para que de forma inmediata implemente una
serie de medidas y/o actividades encaminadas al cumplimiento de los
estándares de calidad de aire establecidos en la nueva Resolución
2254 de 2017 (tabla 1 artículo 2) […].
Que en los términos de la evaluación agotada a la información
que de manera periódica debe presentar la sociedad
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. […] de la actividad que se
desarrolla en las instalaciones ubicadas en el a vereda La Loma,
Corregimiento de San Cristóbal, jurisdicción del Municipio de Medellín,
se concluye que en cuanto a la medición de calidad de aire, se viene
incumpliendo con los estándares de emisión para los
parámetros Partículas Suspendidas Totales (PST), Material
Particulado PM10 y Ozono (O3).
Que en tal sentido, se procederá a requerir a la sociedad
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. […] para que de forma
inmediata implemente una serie de medidas y/o actividades
encaminadas al cumplimiento de los estándares de calidad de
aire establecidos en la Resolución 2254 de 2017, por la cual se
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adopta la norma de calidad del aire ambiente […]” (Negrillas fuera
del texto original).
Así las cosas, si bien es cierto que no ha existido continuidad en el
acatamiento de las obligaciones impuestas al titular del permiso en
relación con la presentación del monitoreo periódico de la calidad del
aire en las oportunidades fijadas por la autoridad ambiental, también
lo es que la evaluación de estos por parte de CORANTIOQUIA,
concretamente la realizada en el Informe Técnico de 9 de febrero de
2018, evidencia que los niveles de agentes contaminantes presentes
en la atmósfera del entorno de la cantera han venido presentado
fluctuaciones que arrojan valores superiores a los rangos admisibles
legalmente, alterando así las condiciones normales de su
composición y la calidad óptima del aire.
Entonces, el análisis y valoración integral de la información
incorporada mediante el cúmulo de pruebas documentales
reseñadas, conduce a concluir que, en el presente asunto, se tiene
la certeza mínima requerida, desde el punto de vista técnico, para
resolver la problemática sometida a su consideración bajo la óptica
del principio de precaución ambiental34, considerando lo precisado
34 La Corte Constitucional en sentencia C- 292 de 2010, estableció las condiciones bajo las
cuales opera el principio de precaución ambiental, a saber: (i) que exista peligro de daño,
(ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así
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por esta Sección en anteriores oportunidades en los siguientes
términos:
“[…] 5.3.3. Del principio de precaución.
Es un principio de derecho ambiental que ha tomado auge en los
últimos años, en la medida en que se ha presentado como una
solución a los problemas de incertidumbre que son tan comunes en
esta área del derecho.
Así, supone la necesidad de que la Administración no tome la falta de
certeza científica absoluta como una excusa para impedir o dilatar la
adopción de medidas tendientes a la protección del ambiente y los
recursos naturales. Su consagración en el ordenamiento jurídico
colombiano la encontramos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993,
[…] Por su parte, la jurisprudencia nacional ha establecido algunos
requisitos paraque pueda operar el principio de precaución como se
pasa a señalar:
“Al leer detenidamente el artículo acusado, se llega a la conclusión de
que, cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones
específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar
con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las
políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la
Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de
arbitrariedad o capricho.
Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes
elementos:
1. Que exista peligro de daño;
2. Que éste sea grave e irreversible;
3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea esta
absoluta;
4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir
la degradación del medio ambiente.
5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.
no sea absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la
degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.
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[…] Así las cosas, es claro que la aplicación del principio de precaución
debe hacerse de manera que se observen los requisitos antes
mencionados pues no hacerlo puede derivar en la adopción de
decisiones arbitrarias, e incluso contrarias a derecho, que se toman,
por ejemplo, bajo esquemas de incertidumbre total o en ausencia de
un peligro de daño grave e irreversible.
En efecto, y como también lo ha sostenido la doctrina, “(e)l análisis
racional inicial debe hacerse sobre los riesgos que existen para la
actividad, no siendo oponible la simple ignorancia, que no es
asimilable a la incertidumbre. En otras palabras: el juicio racional no
parte de una falta total o absoluta de elementos sobre los que se
pueda discernir para establecer qué riesgos en el ambiente se
producen, asumen y concilian al momento de enfrentarlos; por el
contrario, tiene en cuenta un mínimo de conocimiento racional que
siendo insuficiente, incompleto o débil en sus presupuestos de
certeza, genera, en función de cierta doctrina, una “duda hiperbólica”.
En ese orden de ideas, se destaca que uno de los elementos
esenciales del principio de precaución es la existencia de un mínimo
de certeza que, aunque insuficiente e incompleto, permite partir de
un punto cierto y no de una ignorancia absoluta. Esto, además, sirve
para diferenciar el principio de precaución del de prevención, los
cuales son muchas veces utilizados indistintamente.
Como se indicó, el principio de precaución parte de que exista un
mínimo de seguridad sobre los efectos de la actividad, mientras que
el de prevención parte de que se produzca certidumbre en ellos […]”35.
En efecto, los hechos demostrados atinentes a la alteración de las
condiciones normales del aire en la zona de influencia de la actividad
minera a raíz de material particulado y agentes contaminantes que
en determinados períodos han excedido los rangos permitidos,
constituye un claro indicio del potencial riesgo y/o amenaza de daño
grave que, de materializarse, generaría en la atmósfera y en el aire
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del
25 de enero de 2019. Proceso radicado número: 85001 23 33 000 2014 00218 02. Consejero
Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 25 de enero de 2019.
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afectaciones irreversibles, cuyos efectos se proyectan,
necesariamente a la salud humana de la población impactada de
forma directa e indirecta por dicha actividad productiva.
Tal amenaza, encuentra asimismo sustento en el análisis de lo
acreditado a la luz de la normativa ambiental sobre los límites de
contaminación atmosférica, vigente para la época de los hechos que
motivaron esta acción constitucional, en particular, la Resolución
núm. 909 de 5 de junio de 200836 de cuya motivación se extrae que
el establecimiento de los valores máximos de agentes contaminantes
permitidos obedece a la gravedad e impacto negativo que
representaría el excederlos para la preservación del medio ambiente.
Ahora bien, pese a que en el marco del permiso de emisiones
concedido mediante la Resolución núm. AN 1209-13429 de 14 de
36 “Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”, de la que se
destaca lo siguiente: “[…] Que según el artículo 73 del Decreto Ley 2811 de 1974,
corresponde al Gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o
daños o interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los
recursos naturales renovables.
Que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo
con los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, determinar las
normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las
actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar
regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en
el territorio nacional y establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que
pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables.
Que de conformidad con el artículo 137 del Decreto 948 de 1995, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial procede a establecer mediante la presente resolución las
normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera para fuentes fijas […]”.
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septiembre de 201237, para la operación de la planta de producción
de asfalto, las mediciones de la calidad del aire no han superado los
límites permitidos, lo cierto es que dicha información no resulta
suficiente para desvirtuar la procedencia del principio de precaución
en este asunto.
Lo anterior, es así porque, en contraposición al seguimiento de las
obligaciones fijadas en el permiso de emisiones correspondiente a la
cantera otorgado inicialmente en el año 2004, en el expediente
administrativo en el que fue tramitado este último (planta de
producción) se observó mayor grado de cumplimiento de las acciones
a cargo del titular, al tiempo que el control por parte de la autoridad
ambiental.
En ese orden, la Sala mantendrá incólume la decisión del a quo de
amparar los derechos bajo la égida del citado principio, tal y como
quedará establecido en la parte resolutiva de esta providencia.
IV.2.2.- De la responsabilidad de CORANTIOQUIA
37 Fls. 358 a 373, CD 7, “AN6-2012-4 TOMO 1.pdf”.
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Al respecto, la Sala ha de resaltar que las pruebas reseñadas en el
acápite anterior, atinentes a las actuaciones surtidas dentro del
expediente AN6-2003-2, correspondientes al permiso inicial otorgado
mediante Resolución 2525, dan cuenta que durante los cinco (5)
años de su vigencia, paralelamente al incumplimiento del titular del
permiso de las obligaciones a su cargo, en cuanto al monitoreo
periódico de los agentes contaminantes y la calidad del aire por parte
de CORANTIOQUIA, se omitió ejecutar las acciones de seguimiento
y control que le eran exigibles; y aún más reprochable que, pese al
desconocimiento de lo ordenado en el citado acto administrativo, la
autoridad ambiental resolvió prorrogarlo.
Ahora, en la Resolución núm. AN 1209-13429, antes referida, por la
que se otorgó el permiso de emisiones para la operación de la planta,
se estableció que el primer muestreo de material particulado debía
realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes, al cabo del cual la
sociedad solicitó un plazo adicional; sin embargo, dentro del
expediente administrativo allegado no obra pronunciamiento expreso
de la autoridad ambiental al respecto y mucho menos requerimiento
alguno tendiente a lograr el acatamiento de dicha obligación, incluso,
lo que se advirtió fue que el 5 de abril de 2013 el titular del permiso
allegó nueva solicitud de ampliación del plazo.
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En ese orden, solo hasta el 2 de julio de 201338 el titular informó a
CORANTIOQUIA que el muestreo se llevaría a cabo el 10 de julio
de esa anualidad39 del cual allegó el respectivo informe40, empero su
análisis y evaluación por parte de la autoridad ambiental no fue
acreditado41.
Con posterioridad, en Informe Técnico núm. 1411-27536 de 7 de
noviembre de 2014, CORANTIOQUIA evaluó los Informes
Isocinéticos realizados en marzo de ese año en las instalaciones de
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., en el marco del Convenio
235/AMVA-910 CORANTIOQUIA 201342 y, el 6 de febrero de 2015, la
sociedad allegó Informe de Monitoreo de Material Particulado
correspondiente al mes de diciembre de 2014, hechos que denotan
con suficiente nivel de claridad la inobservancia de los tiempos fijados
por la autoridad ambiental para allegar dicha información
En efecto, aunque conforme con la citada Resolución, los informes
sobre monitoreo de la calidad del aire debían presentarse
trimestralmente, solo se allegaron los correspondientes a marzo y
38 Fls. 1 y 2, “AN6-2012-4.pdf”, CD 7.
39 Fls. 1 y 2, “AN6-2012-4 TOMO 2”, CD núm. 7, cdno. 2.
40 Fls. 30 a 112 ídem.
41 Conforme con los documentos obrantes en el expediente administrativo AN6-2012-4.
42 Fls. 123 a 127, ídem.
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diciembre de 2014 que, por demás, fueron extemporáneas, empero
ello no motivó requerimiento alguno por parte de CORANTIOQUIA.
Aunado a lo anterior, tampoco reposa el Informe Técnico que
correspondía realizar a CORANTIOQUIA luego de evaluar los datos
reportados por la sociedad en el Monitoreo del mes de diciembre de
2014, omisión que aconteció, asimismo, respecto de los informes
presentados entre 2015 y 2017 en el marco del permiso otorgado
para la explotación de la cantera que, como quedó expuesto de
manera precedente, solo fueron evaluados hasta el año 2018,
impidiendo así adoptar oportunamente las medidas correctivas que
resultaran necesarias en pro de conservar la calidad óptima del aire.
En igual sentido, se advirtió que pese al incumplimiento recurrente
de EL CONDOR S.A. en cuanto a los informes semestrales sobre la
implementación del Plan de Manejo Ambiental, dentro del expediente
administrativo AN3-2000-96 solo obran informes a partir del
segundo periodo de 2014, es decir, que aun cuando tal obligación
fue desatendida durante los 8 años de la vigencia del Plan inicial, ello
no motivó el inicio de actuaciones administrativas de orden
sancionatorio que resultaban procedentes por parte de la autoridad
ambiental.
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En igual sentido, se advirtió que pese al incumplimiento recurrente
de EL CONDOR S.A. en cuanto a los informes semestrales sobre la
implementación del PMA, dentro del expediente administrativo AN3-
2000-96 solo obran informes de las actividades ejecutadas en el año
2012 y primer semestre del año 2013, es decir, que aun cuando tal
obligación fue desatendida durante los 8 años de la vigencia del Plan
inicial, ello no motivó el inicio de actuaciones administrativas de
orden sancionatorio que resultaban procedentes.
Bajo tales razonamientos, resulta evidente que al tiempo que EL
CONDOR S.A. se sustrajo de acatar las exigencias que le fueron
impuestas en los permisos de emisiones, CORANTIOQUIA también
lo hizo en relación con las competencias que le asisten al fungir como
máxima autoridad ambiental en esa área, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a saber:
“[…] ARTÍCULO 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
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los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de daños causados […]”.
Las irregularidades y omisiones advertidas comportan, asimismo, el
desconocimiento de la normativa prevista en el Decreto núm. 948
de 5 de junio de 200543 que, en materia de emisiones atmosféricas,
impone a las autoridades ambientales lo siguiente:
“[…] Artículo 66º.- Funciones de las corporaciones Autónomas
Regionales y de los Grandes Centros Urbanos. Corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales y a los Grandes Centros
Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su
jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación
del aire, las siguientes:
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire;
[…]
d) Realizar la observación y seguimiento constantes, medición,
evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire y
definir los programas regionales de prevención y control;
[…]
43 “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75
y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire”.
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j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan
por la comisión de infracciones a las normas sobre emisión y
contaminación atmosférica […]”.
Adicionalmente, a juicio de la Sala, las deficiencias observadas en el
seguimiento y control ejercido por CORANTIOQUIA frente a las
actividades inherentes al proyecto minero desarrollado por EL
CONDOR S.A, tienen incidencia directa en la amenaza que cierne
para los derechos e intereses colectivos cuyo amparo depreca y, en
esa medida, contrario a lo considerado por el TRIBUNAL, la
responsabilidad de dicha entidad resulta incuestionable.
IV.2.3.- De la procedencia del resarcimiento económico
A juicio del actor popular, debe imponerse a EL CONDOR S.A. una
pena de carácter sancionatorio e indemnizatorio por operar
desconociendo los límites permisibles de contaminación del aire y
por los daños consolidados no susceptibles de ser reparados,
respectivamente, invocando como fundamento el artículo 1005 del
Código Civil.
Sobre el particular, la Sala precisa que al tenor de lo previsto en la
Ley 472 de 1998, concretamente en el artículo 45, el legislador
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consignó con absoluta claridad que las acciones ejercidas bajo esa
normativa, como ocurrió en este caso, se tramitarán por el
procedimiento previsto en dicho cuerpo legal, excluyendo de plano
la procedencia de aplicar la disposición civil en comento.
Como argumento adicional de su improcedencia, es pertinente hacer
referencia a lo puntualizado por esta Sección en sentencia de 7 de
mayo de 201544, en los siguientes términos:
“[…] El artículo 1005 del Código Civil, consagraba que quien en
ejercicio de la acción popular logrará la protección de bienes
de uso público sería recompensado, a costa del querellado, con
una suma de dinero no inferior a la décima parte ni una que
exceda de la tercera de lo que cueste la sanción impuesta.
Esta acción al ser elevada a rango constitucional con la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991 (Art. 88), buscó la
protección de los derechos colectivos de la comunidad por intermedio
de cualquier persona en cumplimiento del principio de solidaridad y
no de intereses individuales.
En esos términos, el incentivo económico creado en favor de
quien promoviera la acción por el artículo 39 de la Ley 472 de
1998 (5 de agosto), remplazó la recompensa prevista en el
Código Civil.
Adicionalmente, el artículo 45 de la citada Ley determinó que las
acciones populares reguladas por el Código Civil, la ley de reforma
urbana y el estatuto financiero continuarían vigentes, pero “trámite y
procedimiento se sujetarán a lo dispuesto en esta ley”45.
No obstante lo anterior, el precitado incentivo fue derogado
por el Congreso de la República mediante el artículo 1° de la
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
radicación número: 25000-23-24-000-2011-00006-01(AP).
45 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-215 de 1999 (14
de abril), con ponencia de la doctora Martha Victoria Sáchica Moncaleano.
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
Ley 1425 de 2010 (29 de diciembre) “Por medio de la cual se
derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y
Grupo”.46
En este sentido, la Sala considera que se debe confirmar la
negativa del incentivo, pues se debe atender el criterio
adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2013 (M.P.
Mauricio Fajardo Gómez), en la que en virtud del mecanismo eventual
de revisión señaló la improcedencia de reconocer el incentivo
económico a partir de la vigencia de la Ley 1425 de 2010 […]”
(Negrillas fuera del texto original).
Ahora bien, frente a la indemnización pretendida, la Sala reitera su
posición en relación con la improcedencia del resarcimiento
económico por los daños que sean acreditados en el escenario de la
acción popular47, cuya finalidad es ajena a este medio de control y
está más a fin con el de las acciones de grupo48.
IV.2.4.- De la idoneidad de las órdenes impartidas
Para resolver tal reparo, a continuación, se relacionan las órdenes
impartidas por el Tribunal en la sentencia impugnada:
46 Diario Oficial N° 47.937 de 2010 (29 de diciembre).
47 Ver entre otras: Sentencia de 30 de junio de 2017, radicado 08001-23-31-000-2010-
01160-02(AP), Sentencia de 21 de mayo de 2020, radicado 25000-23-24-000-2011-00407-
01(AP).
48 “Ley 472 de 1998, Artículo 3o. ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones interpuestas
por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto
de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios […]”.
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
“[…] TERCERO. En razón de lo anterior, se ORDENA:
3.1. CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. cumplirá en forma
permanente la normatividad vigente en lo que respecta a mantener
los niveles máximos permisibles para contaminantes en la Cantera.
En consecuencia, allegará a CORANTIOQUIA en el periodo
febrero-marzo de cada año, y mientras continúe en
funcionamiento la cantera, un INFORME ANUAL que dé cuenta
de la calidad de aire en el área de influencia de la Planta de
Agregados San Javier- Medellín, de conformidad con los requisitos
que para el efecto exige el artículo 97 del Decreto 948 de 1995 y
demás normas concordantes, y en los que tendrá en cuenta además
los requerimientos que CORANTIOQUIA le hubiere realizado sobre el
asunto. En caso de no haber presentado el Informe en febrero-marzo
de 2023, deberá allegarlo en un término máximo de dos (2) meses
para que sea evaluado por CORANTIOQUIA.
3.2. CORANTIOQUIA, evaluará el INFORME ANUAL contentivo del
estudio de la calidad del aire en el área de influencia de la Planta de
Agregados San Javier – Medellín, presentado por CONSTRUCCIONES
EL CONDOR SA, en febrero-marzo de 2023, y dentro de los tres (3)
meses siguientes emitirá las órdenes necesarias para garantizar la
protección del ambiente […]”.
Así las cosas, atendiendo al incumplimiento de las obligaciones
atinentes al monitoreo periódico de la calidad del aire y las falencias
detectadas en el seguimiento por parte de CORANTIOQUIA del PMA
y de las obligaciones fijadas en los permisos de emisiones
atmosféricas, la Sala considera necesario modificar las órdenes
impartidas por el Tribunal, con el fin de garantizar la implementación
de estrategias eficaces para evitar el acaecimiento de la amenaza
identificada y el ejercicio de un control más estricto de las medidas
adoptadas por parte de la autoridad ambiental, las cuales quedarán
así:
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
“[...] SEGUNDO. CONCEDER el amparo a los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible y a la seguridad y salubridad
públicas, en virtud del principio de precaución y, en consecuencia,
DECLARAR responsables de la amenaza que se cierne sobre estos a
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y CORANTIOQUIA,
conforme con los argumentos expuestos en la parte motiva.
TERCERO: En razón a lo anterior, se imparten las siguientes órdenes:
3.1. CORANTIOQUIA deberá fijar, dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las medidas y acciones
correctivas que resulten idóneas y eficientes para controlar los niveles
de emisiones atmosféricas en el área de influencia del proyecto, y
evitar que superen los límites permitidos en la reglamentación
vigente, considerando para el efecto la procedencia de ajustar la
periodicidad de los monitoreos de la calidad del aire con el objeto de
obtener información oportuna que permita la adopción de decisiones
en pro de la conservación del medio ambiente en el área impactada.
3.2. Dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del anterior
plazo, CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. deberá presentar ante
CORANTIOQUIA el Plan de Manejo Ambiental actualizado conforme
con las acciones establecidas previamente por dicha autoridad.
Una vez aprobada la actualización del plan de manejo ambiental,
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. deberá implementar las
nuevas medidas, para lo cual se concede un plazo de dos meses.
3.3. CORANTIOQUIA, en cumplimiento de los deberes funcionales
que le asisten constitucional, legal y reglamentariamente, deberá
realizar seguimiento, vigilancia y control estricto y oportuno a las
obligaciones que competen a CONSTRUCCIONES EL CONDOR en el
marco del Plan de Manejo Ambiental y los permisos de emisiones
atmosféricas, y de ser necesario, actuar en ejercicio de las facultades
sancionatoria y de policía que le asisten como autoridad ambiental en
esa jurisdicción […]”.
IV.3.- Disposiciones finales
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación el 6 de agosto de 201949, en la que se precisó el alcance
del artículo 38 de la Ley 472, no se condenará en costas, pues dentro
del plenario no obra prueba alguna de actuaciones procesales para
su causación durante el trámite de esta instancia.
Finalmente, y comoquiera que en la sentencia apelada se omitió
precisar a quien correspondería presidir dicho Comité, cuya función,
de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia
de la Sección50, le compete al Juez que conoció del asunto en primera
instancia, se modificará el numeral QUINTO del acápite resolutivo
del fallo cuestionado en tal sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente Rocío
Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.
50 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007
01, consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm.
52001-23-33-000-2018-00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO, TERCERO y
QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de julio de 2023,
los cuales quedarán así:
“SEGUNDO. CONCEDER el amparo a los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible y a la seguridad y salubridad
públicas, en virtud del principio de precaución y, en consecuencia,
DECLARAR responsables de la amenaza que se cierne sobre estos a
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y CORANTIOQUIA,
conforme con los argumentos expuestos en la parte motiva.
TERCERO: En razón a lo anterior, se imparten las siguientes órdenes:
3.1. CORANTIOQUIA deberá fijar, dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las medidas y acciones
correctivas que resulten idóneas y eficientes para controlar los niveles
de emisiones atmosféricas en el área de influencia del proyecto, y
evitar que superen los límites permitidos en la reglamentación
vigente, considerando para el efecto la procedencia de ajustar la
periodicidad de los monitoreos de la calidad del aire con el objeto de
obtener información oportuna que permita la adopción de decisiones
en pro de la conservación del medio ambiente en el área impactada.
3.2. Dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del anterior
plazo, CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. deberá presentar ante
CORANTIOQUIA el Plan de Manejo Ambiental actualizado conforme
con las acciones establecidas previamente por dicha autoridad.
Una vez aprobada la actualización del plan de manejo ambiental,
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. deberá implementar las
nuevas medidas, para lo cual se concede un plazo de dos meses.
3.3. CORANTIOQUIA, en cumplimiento de los deberes funcionales
que le asisten constitucional, legal y reglamentariamente, deberá
realizar seguimiento, vigilancia y control estricto y oportuno a las
obligaciones que competen a CONSTRUCCIONES EL CONDOR en el
marco del Plan de Manejo Ambiental y los permisos de emisiones
atmosféricas, y de ser necesario, actuar en ejercicio de las facultades
sancionatoria y de policía que le asisten como autoridad ambiental en
esa jurisdicción.
[…]”
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
QUINTO: Se CONFORMA un Comité de Verificación para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el
cual estará integrado por: El actor de la presente acción popular,
señor RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ o quien este designe, la señora
Procuradora Agraria y un representante de CORANTIOQUIA. Así como
por la Magistrada ponente en esta Sala de decisión, quien lo presidirá
[…]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las
consideraciones.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 19 de marzo de 2026.
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Actor: RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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