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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00577-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00577-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEXTO de la sentencia de 20 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así: “[…] SEXTO: CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien lo presidirá, las partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el término de 3 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […]”. 28 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018- 00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-00577-01 Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00577-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-00577-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO

TESIS: EL MUNICIPIO ES EL COMPETENTE PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN SU JURISDICCIÓN Y, EN
CONSECUENCIA, DESPLEGAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE
RUIDO Y USO DEL SUELO, ASÍ COMO DETERMINAR E IMPONER LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES. LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA POLICÍA
NACIONAL, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, DEBEN EJERCER
FUNCIONES DE CONTROL Y COLABORACIÓN EN RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DESEMPEÑAN LOS MUNICIPIOS EN MATERIA
AMBIENTAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MUNICIPIO DE BELLO1, el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE

DE ABURRÁ 2 y la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - POLICÍA NACIONAL3, contra la sentencia de 20 de

junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia4.

1 En adelante el Municipio
2 En adelante AMVA
3 En adelante la Policía Nacional
4 En adelante El Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2025-00577-01
Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 5 , presentó

demanda ante el Tribunal, contra el MUNICIPIO, el AMVA, la

POLICÍA NACIONAL y las CURADURÍAS URBANAS PRIMERA y

SEGUNDA DE BELLO, tendiente a obtener la protección del derecho

colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo

establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones

reglamentarias.

I.2. Hechos

Sostuvo que, desde hacía varios años, los habitantes del barrio San

José Obrero del MUNICIPIO, específicamente del sector

denominado «zona rosa», afrontaban una problemática relacionada

con el consumo de bebidas embriagantes dentro de los

5
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».

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establecimientos de comercio, tales como bares, tabernas, licoreras

y discotecas, entre otros, los cuales generan un alto ruido que afecta

la tranquilidad de la comunidad.

Adujo que, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial -

POT del MUNICIPIO, Acuerdo 033 de 2009, los establecimientos de

comercio denominados «BAR BOULEVAR OBRERO», «SANTÍSIMO

BAR», «SIN LEY BAR», «LOBO BAR» y «CABRON BAR», se

encontraban en zona residencial; y la «DISTRIBUIDORA DE LICORES

J&G» tenía autorizada la distribución de licor, pero no su consumo

dentro del establecimiento o frente a él.

Señaló que las autoridades locales no dieron una solución a la citada

problemática, pese a las diversas solicitudes de intervención que se

le presentaron, fueron permisivas y omisivas.

Cuestionó que la administración municipal expidiera el Decreto

202304000489 de 5 de octubre de 2023, a través del cual amplió los

horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio del

barrio Obrero, pues afectaba la calidad de vida y derecho a un

ambiente sano de los habitantes del sector.

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I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Que se declare la afectación del derecho o interés
colectivo consagrado en el artículo 4 literal a.

SEGUNDO: Que le sea ordenado a la administración municipal de
Bello esté en cabeza de quien esté, que se tomen las medidas
necesarias y efectivas para que el ambiente sano, sea protegido en
beneficio de los habitantes del Barrio San José Obrero del Municipio
de Bello – Antioquia.

TERCERO: Que se le ordene al señor alcalde municipal, que prohíba
y/o controle que las actividades que allí se están desarrollando, se
hagan bajo la legalidad sin afectar el derecho a un ambiente sano y
tranquilo […]».

I.4. DEFENSA

I.4.1.- El MUNICIPIO indicó que en ejercicio de sus competencias

adelantó los procesos policivos pertinentes para atender las

diferentes quejas que le fueron presentadas, por lo que los

establecimientos de comercio son los llamados a responder en caso

de advertirse alguna vulneración.

Sostuvo que resultaba necesaria la vinculación de los

establecimientos de comercio ubicados en el barrio San José Obrero,

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pues según la demanda eran los responsables de la vulneración de

los derechos de la comunidad residente en el sector.

Indicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley

1801 de 2016, dentro de los requisitos para ejercer actividades

económicas se encontraban los de cumplir con las normas referentes

al uso del suelo y los niveles de intensidad auditiva, los cuales le eran

exigibles en forma exclusiva a cada uno de los comerciantes que se

encontraban en el barrio San José Obrero.

Señaló que en los certificados de uso del suelo relacionados con los

establecimientos de comercio ubicados en el barrio San José Obrero

se enfatizó en que no estaba permitido el consumo de licor dentro de

los mismos, por lo que en aquellos casos «la Inspección Primera de

Bello ha actuado acuciosamente adelantando los procesos abreviados

pertinentes conforme a lo reglado en la Ley 1801 de 2016».

Respecto de la problemática de la contaminación auditiva sostuvo

que expidió el Decreto 202004000516 de 19 de noviembre de 2020,

a través del cual creó el Comité Municipal de Gestión del Ruido, con

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el cual se pretendía realizar la sensibilización, pedagogía y

actualización de instrumentos de planificación del territorio.

Sostuvo que con la expedición del decreto idem pretendía crear

políticas relativas al ruido, su vigilancia y regulación, para el

cumplimiento de las disposiciones locales, así como aplicación de las

respectivas medidas correctivas y preventivas para minimizar el

impacto del ruido en la calidad de vida de los ciudadanos.

Relacionó las actividades ejecutadas durante el año 2023 para evitar

la contaminación por ruido, dentro de las que se encontraba el

desarrollo de un aplicativo en línea para la gestión del ruido, basado

en mediciones de los mapas de ruido, mediciones efectuadas por la

empresa Metrología Legal S.A.S. en puntos neurálgicos del

MUNICIPIO y los respectivos procesos sancionatorios6.

6
En este punto, agregó lo siguiente:

«[…] De las quejas recibidas en la inspección octava con funciones de control en medio ambiente, 77
fueron remitidas a la policía nacional para la verificación de las condiciones de funcionamiento y la
documentación requerida según artículo 87 de la ley 1801 de 2016.

De las 35 quejas restantes al realizar las visitas correspondientes se determinó no iniciar proceso a 11
por no encontrar mérito para continuar, a 24 se abrió proceso verbal abreviado de los cuales 14 aún
están abiertos. De los 10 que se cerraron, 7 están relacionados con actividades económicas, surgieron
las siguientes órdenes de policía: 1 suspensión definitiva de la actividad, 1 orden de insonorización, 1
no se impuso medida correctiva por hecho superado dada la suspensión voluntaria de quien ejercía la
actividad, 4 no se impuso medida correctiva se dan recomendaciones para mitigar los impactos por
ruido. Los 3 procesos restantes están relacionados con ruido emitido por animales domésticos, al
realizar la verificación se determina que el ruido no es ocasionado por algún tipo de maltrato por lo cual
se dan recomendaciones para la mitigación […]».

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I.4.2.- El AMVA adujo que no vulneró, ni amenazó el derecho

invocado, pues no era la competente para vigilar y controlar el ruido

de los establecimientos de comercio, lo cual correspondía a las

entidades territoriales.

Aclaró que sí tenía competencia en materia de ruido frente a las

empresas o establecimientos respecto de los cuales dicha autoridad

ambiental ejerciera control y vigilancia al contar con algún permiso o

licencia, por lo que los demás casos eran de competencia del

MUNICIPIO.

I.4.3.- La POLICÍA NACIONAL sostuvo que no era la responsable

de la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados

dentro del proceso, dado que no le era atribuible alguna acción u

omisión que estuviere en el margen de sus competencias.

Adujo que, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política

y la Ley 1801 de 2016, realizó controles y operativos en el sector

objeto del proceso con el fin de proteger los derechos colectivos de

la comunidad.

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Señaló que en lo corrido del año 2023 realizó 153 órdenes de

comparendo, entre ellos, 11 que «correspondían a los artículos 38 y

… 92 de la ley 1801 del 2016, como se evidencia en la comunicación

oficial No. GS-2024-009672-MEVAL».

Destacó que el control del uso del suelo era competencia de la

inspección de policía, de conformidad con lo previsto en el inciso 2,

del parágrafo 7°, del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, por lo que

en ese tipo de situaciones la Policía Nacional realizaba era una labor

de acompañamiento.

Sostuvo que no era el competente para efectuar el control de ruido

proveniente de establecimientos públicos, dado que ese control se

debía de realizar con criterios técnicos, razón por la que era necesario

un sonómetro debidamente calibrado por personal idóneo que

actuara en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del

MUNICIPIO.

I.4.4.- El CURADOR URBANO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE

BELLO adujo que no era el responsable de la presunta vulneración

de los derechos colectivos invocados por la demandante, pues entre

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la nomenclatura correspondiente a «Calle 37 entre la Carrera 50 y

53» solo expidió el concepto del uso del suelo del establecimiento de

comercio «LOBO DRINKING CLUB», en el que se expresó que «Desde

el punto de vista de usos del suelo la actividad se permite en el

sector. EL USO DE LICORERAS, ESTANCOS, AGENCIAS DE LICORES,

NO ADMITE EL CONSUMO INMEDIATO DE LICOR EN EL MISMO

ESTABLECIMIENTO, NI EN EL ESPACIO PÚBLICO».

Sostuvo que no tenía la capacidad legal para adoptar medidas

tendientes a garantizar un ambiente sano en el Barrio San José

Obrero del MUNICIPIO, pues lo que le era exigible era expedir

licencias urbanísticas, conceptos de usos del suelo e informar las

actividades comerciales que se podrían desarrollar en el sector7.

7
Al respecto, precisó lo siguiente:

«[…] El análisis que se efectúa para emitir concepto de usos del suelo se ciñe a los polígonos en los
cuales se divide el territorio municipal consagrados en el Acuerdo 033 de 2009 (POT). En este acuerdo
está dispuesto el régimen de interrelación de cada zona y se determina aquellos usos que son
principales, complementarios, restringidos o prohibidos. En el caso del Barrio San José Obrero del
Municipio de Bello se le informa que aquellos establecimientos abiertos al público con venta y consumo
de licor, y que generan alto impacto, como es el caso de bares, discotecas, entre otros, tienen asignado
en su mayoría un uso restringido, que corresponde regularlo a la Secretaría de Planeación del Municipio
de Bello conforme lo dispone el artículo 369 del Acuerdo 033 de 2009.
(…)
De acuerdo a lo anterior, en aquellos casos de uso restringido el Curador Urbano no conceptúa
favorablemente el uso del suelo, al no ser competente para imponer o levantar restricciones al
desarrollo de actividades comerciales que tengan asignado ese uso del suelo y que dependen
exclusivamente del trámite que se surta en la Secretaria de Planeación del Municipio de Bello para el
levantamiento de las restricciones conforme al estudio que de manera previa efectúe el interesado y
en el cual se determine el impacto a los componentes ambientales que podrían verse afectados con el
desarrollo de la actividad comercial. Este trámite es del resorte exclusivo de la autoridad municipal y el
interesado sin que en ello intervenga el Curador Urbano […]».

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Finalmente, adujo que en los anexos de la demanda se identificaron

dos presuntos conceptos de uso del suelo de los establecimientos de

comercio «CABRÓN» y «MEMORIAS VIDEO BAR 3», los cuales

correspondían a trámites «opuestos a un uso del suelo que se

surtieron ante este despacho como licencias urbanísticas», por lo que

al no corresponder a actuaciones administrativas adelantadas por

esa curaduría se vio en la obligación de poner ese hecho en

conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para lo de su

competencia.

I.4.5.- La CURADORA SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE BELLO

señaló que los hechos y pretensiones de la demanda no guardaban

relación con el ejercicio de sus funciones, ni se advertía una

vulneración o amenaza de derechos colectivos con motivo de una

acción u omisión que le resultara atribuible.

Sostuvo que dentro de la función pública asignada no se encontraba

la de verificar el cumplimiento de normas urbanísticas en

establecimientos de comercio, pues ello le correspondía a la

autoridad de policía, de conformidad con lo previsto en el artículo

135 de la Ley 1801 de 2016.

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Indicó, respecto de la contaminación auditiva que presuntamente

generaban los establecimientos de comercio que ejercían su

actividad en la zona objeto del proceso, que era el AMVA, en el caso

del MUNICIPIO, la competente para ejercer las funciones de

autoridad ambiental, de conformidad con lo previsto en el artículo 7°

de la Ley 1625 de 2013.

Señaló que el concepto de uso de suelo que emite se limitaba a

informar el uso autorizado en un inmueble específico, de acuerdo con

las normas urbanísticas definidas en el POT, el cual tenía carácter

informativo y no constituía una autorización para el desarrollo de una

actividad específica8.

Concluyó que los conceptos de uso del suelo se limitaban a verificar

e informar los usos que permitía el POT de acuerdo con la ubicación

8
En este punto, agregó lo siguiente:

«[…] Frente al particular, se resalta que el único instrumento normativo en el cual se puede establecer
como requisito previo para la autorización de una actividad comercial especifica es en la Ley y existe
una carga general establecida en el artículo 87 Ley 1801 de 2016 de comunicar la apertura al
comandante de la policía, actividades que no están asignadas a la función pública que realiza esta
dependencia, pues el control que ejerce es formal y no material, estando este último a cargo de la
administración municipal con apoyo de las funciones asignadas a la policía nacional según el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Como se define en la norma, el concepto que se emite es exclusivamente informativo y no otorga
derechos, permisos de funcionamiento o similares, por tal motivo, la expedición del concepto de uso de
suelo, no tiene la capacidad de producir efectos jurídicos por si sólo y mucho menos trasgredir los
derechos colectivos invocados […].

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del inmueble, pero no se estudiaban las condiciones de tiempo, modo

y lugar de funcionamiento de los establecimientos de comercio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 20 de junio de 2025, declaró la

vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un

ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,

la ley y las disposiciones reglamentarias y a la seguridad y salubridad

públicas. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

«[…] Segundo: Ordenar al municipio de Bello (Antioquia), para que:

a) Adelante dos visitas técnicas mensuales en el sector objeto de la
acción popular, con el fin de imponer las medidas preventivas a que
haya lugar contra los establecimientos que se encuentren
incumpliendo la normativa sobre emisión de ruido y las disposiciones
del Plan de Ordenamiento Territorial, al tratarse de una zona en la
cual no es permitida la actividad de consumo de bebidas alcohólicas
dentro del establecimiento de comercio.

b) Realice, en el término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, un censo de establecimientos
comerciales ubicados en el barrio San José Obrero de Bello, en
especial en la zona conocida como la «zona rosa», y proceda al
estudio de los conceptos de otorgamiento de usos de suelo de cada
uno de los establecimientos de comercio ubicados en este sector, en
aras de asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el Plan
de Ordenamiento Territorial, relacionadas con los usos permitidos del
suelo en la zona y, en consecuencia, proceda a abrir los
procedimientos administrativos correspondientes, aplicando las
sanciones a que haya lugar en caso de que, en ejercicio de las visitas
mensuales, encuentre infractores de las normas sobre emisión de

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ruido y de ordenamiento territorial, de ser posible, con la vinculación
de los propietarios y/o arrendatarios de los establecimientos
correspondientes, respetando y garantizando el debido proceso de
estos y adelante y culmine de manera célere los procedimientos
sancionatorios ya iniciados.

c) Gestione dentro del plazo anterior, la construcción de un archivo
material y digital completo (acción que según la entidad territorial en
la contestación de la demanda afirmó que ya fue aprobada) de los
establecimientos de comercio del barrio San José Obrero del
municipio de Bello (Antioquia), de fácil acceso y disponible para las
autoridades policivas (Policía Nacional e Inspecciones de Policía), que
contenga la información encontrada en el censo y en general sobre
los usos del suelo permitidos en esta zona, con el propósito de hacer
un seguimiento continuo a los establecimientos de comercio,
actividades, medidas correctivas impuestas por no cumplir con los
requisitos exigidos y, con el fin de que las autoridades policivas
puedan ejercer con mayor claridad y facilidad los controles a la
actividad económica y ruidos en este sector.

d) Abstenerse de renovar u otorgar permisos de uso del suelo a los
propietarios, dueños y/o representantes legales de los
establecimientos de comercio que ejerzan su actividad comercial en
el sector objeto de la acción popular, que no cumplan con los
requisitos legales previstos en la Ley 1801 de 29 de julio de 2016.

Tercero: Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, disponga de los agentes de policía necesarios para
acompañar a los servidores públicos del municipio de Bello, con el fin
de que realicen las visitas técnicas y la imposición de medidas
preventivas; además se exhorta a la citada entidad a adelantar, en
ejercicio de sus funciones, operativos policiales constantes en la zona,
con el fin de verificar el cumplimiento de las normas policivas y de
sancionar a los infractores.

Cuarto: Ordenar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que,
con el acompañamiento del municipio de Bello (Antioquia), realice dos
visitas al mes a los establecimientos ubicados en el barrio San José
Obrero de Bello, en especial al lugar conocido como la «zona rosa»,
con el objeto de realizar mediciones a los niveles de ruido y verificar
el cumplimiento de las normas ambientales sobre la materia. En caso
de ser necesario, adopte las medidas preventivas a que haya lugar en
relación con los establecimientos que se encuentren incumpliendo la
normativa mencionada, priorizando aquellos que se encuentren
ubicados en cercanía a las zonas residenciales.

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Las visitas deberán llevarse a cabo por el término de 6 meses, sin
perjuicio de que, en cumplimiento de las obligaciones legales y
constitucionales radicadas en cabeza del Municipio, éste continúe
realizando verificaciones periódicas con posterioridad a dicho plazo,
para garantizar el cumplimiento de los derechos e intereses colectivos
de los habitantes del sector.

Quinto: Instar a los propietarios de los establecimientos de comercio
e inmuebles ubicados en el barrio San José Obrero de Bello, en
especial el lugar conocido como la «zona rosa» y lugares aledaños, a
evitar el despliegue de actividades económicas con consumo de licor
dentro del establecimiento, sin licencia para ello, la producción de
ruido que pueda afectar o alterar la salud y el bienestar de las
personas y, en caso de contar con licencia, que implementen sistemas
necesarios para el control de ruido con el fin de asegurar los niveles
sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Lo anterior
en aras de hacer efectivos los principios de solidaridad y
responsabilidad tal como lo ha precisado el Consejo de Estado –
Sección Primera – en su jurisprudencia.

Sexto: Ordenar la integración de un comité de verificación
integrado, además del Magistrado Ponente, por un representante de
la parte actora, la Procuraduría General de la Nación, un delegado y/o
representante del municipio de Bello, un delegado y/o representante
de la Policía Nacional –Metropolitana– del Valle de Aburrá, para que
se encarguen de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el
presente fallo. Este Comité deberá rendir ante esta Corporación un
informe cada tres (3) meses sobre las gestiones adelantadas, a fin de
verificar el cumplimiento total y efectivo a las ordenes aquí impartidas
[…]».

El Tribunal sostuvo que los establecimientos de comercio que se

encontraban en la denominada «zona rosa» de Bello, Antioquia,

sobre la calle 37, entre las carreras 50 y 53 del barrio San José

Obrero realizaban la actividad económica de consumo de licor dentro

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del establecimiento o frente a este, a pesar de que el uso del suelo

únicamente permitía su venta9.

Advirtió que los establecimientos de comercio denominados «Bar

Boulevard Obrero», antes «Bar Shupa Shots», «Santísimo Bar», «Sin

Ley Bar», «Lobo Bar» y «Cabron Bar», ubicados en la calle 37 entre

las carreras 51 y 52 del Barrio San José Obrero del MUNICIPIO se

encontraban en zona de comercio y servicios, y zona residencial, por

lo que estaban prohibidos en ese sector, de conformidad con lo

previsto en el POT.

Adujo que el certificado de uso del suelo que se expidió para el

establecimiento de comercio «La bodeguita», ubicado en la carrera

53 35-83 del barrio Obrero del MUNICIPIO «da cuenta que está

clasificada como comercio y servicios; comercio minorista básico (C-

9
En este punto, el Tribunal agregó lo siguiente:

«[…] De igual manera, se acreditó que en el barrio San José Obrero se han expedido certificados de
uso del suelo en relación con los establecimientos de comercio abiertos al público con consumo de licor,
en los cuales se ha especificado que «el régimen de interrelación se clasifica como comercio y servicios;
comercio minorista básico (C 1), lo cual es compatible con el uso complementario siendo permitido,
pero sin consumo de licor dentro del establecimiento o frente a el (sic)», según lo establecido en el
anexo “usos del suelo codificación y clasificación de actividades para el Municipio de Bello”, del Acuerdo
033 de 2009, artículos 219 a 223.

Entonces, desde el punto de vista de usos del suelo, la actividad que se permite en el sector es el de
licoreras, estancos, agencias de licores, pero no admite el consumo inmediato de licor en el mismo
establecimiento, ni en el espacio público, tal como lo ha certificado la Curaduría Urbana Primera de
Bello, al expedir los conceptos de uso de suelo, entre ellos, el expedido para el establecimiento de
comercio denominado «lobo drinking club», ubicado en la nomenclatura urbana CL 37 CR 51 -26, para
que se ejerzan actividades económicas de estanco, o licorera, sin consumo en el establecimiento […]».

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1), lo cual es compatible con el uso complementario siendo permitido

pero sin consumo de licor dentro del establecimiento o frente a él,

según oficio del 13 de septiembre de 202347, expedido por la

Secretaría de Planeación de Bello (Antioquia)».

Señaló que, en el sector objeto de los hechos expuestos en la

demanda, además de realizarse una actividad no permitida incumplía

con los niveles máximos permitidos en materia de emisiones de

ruido, según lo advirtió el informe que elaboró la sociedad Metrología

Legal S.A.S.

Consideró que los medios de prueba aportados al proceso

acreditaban la vulneración de los derechos e intereses colectivos al

goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas,

pues en el sector objeto del proceso se realizaban actividades no

permitidas por el uso del suelo, como lo era el consumo de bebidas

alcohólicas dentro de los establecimientos de comercio; además, el

ruido que dichos establecimientos producían superaba los niveles

permitidos.

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Adujo que las acciones que adelantó el MUNICIPIO, a través de sus

secretarías e inspecciones de policía, fueron insuficientes para

superar la vulneración de los derechos colectivos, dado que la

problemática objeto del proceso era de su conocimiento desde hacía

tiempo atrás.

Agregó que los establecimientos de comercio que se encontraban en

el sector objeto del proceso continuaban funcionando en las mismas

condiciones que dieron lugar a que se adelantaran en su contra

distintos procesos sancionatorios.

Señaló que a pesar de actividades de control que realizó la Policía

Nacional a dichos establecimientos, lo que se evidenciaba al

momento de los operativos era que el nivel de ruido resultaba normal

dado que al advertirse la presencia de la autoridad ambiental en el

sector bajaban el volumen de la música.

Manifestó que ante la problemática objeto del proceso, algunos

establecimientos cerraban y volvían a abrir con otra razón social o,

en su defecto, empezaban a funcionar nuevos establecimientos en el

sector, lo cual acreditaba la grave afectación que padecían los

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habitantes del barrio San José Obrero, pues eran múltiples las quejas

de la comunidad por la presencia de discotecas, bares, tabernas y

licoreras que permitían el consumo de licor dentro de los

establecimientos, a pesar de que ello no estaba autorizado.

Respecto de la responsabilidad de las demandadas en la vulneración

de derechos colectivos, el Tribunal consideró lo siguiente:

«[…] La Sala precisa que, contrario a lo manifestado por algunas de
las accionadas, las órdenes impartidas a las autoridades no obedecen
a la determinación de la existencia de una acción u omisión por parte
de ellas, que implique amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados y, por ende, por un lado, habría
responsabilidad en ese sentido, sino que su comparecencia al proceso
y las órdenes impartidas se fundamentan en su condición de entidad
administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado y en que el ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en los términos explicados, son necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho
o del interés colectivo o, al menos, superar la situación evidenciada
en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
pronunciamiento, tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado en
casos similares […]».

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El MUNICIPIO sostuvo que dentro del proceso no se probó

el «daño colectivo supuestamente amenazado», pues no se acreditó

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que la infracción por la que se demandó fuera permanente o

constante10.

Adujo que para acreditar la transcendencia de la afectación al medio

ambiente era necesario contar con mediciones técnicas que

acreditaran la existencia de niveles de ruido superiores a los

estándares que se definieron para el sector objeto del proceso.

A su juicio, las mediciones aisladas y descontextualizadas no

permitían sustentar la conclusión del Tribunal respecto de la

vulneración de los derechos colectivos.

10
Respecto de la valoración de las pruebas aportadas al expediente, el Municipio indicó lo siguiente:

«[…] Es que como reconoce el a quo, las medidas correctivas a las actividades económicas implican
una medición técnica de decibeles, con un sonómetro, que debe manipular el personal certificado con
instrumento calibrado, por lo que, siendo evidente que, no existe dicha medición, no es posible
determinar que haya existido el daño colectivo que se pregona.

Ahora bien, en relación con la prueba obtenida el 30 de octubre de 2023, por parte de la empresa
Metrología Legal SAS, la cual actuó por petición del Área Metropolitana del Valle de Aburra, cuando esta
conocía de las supuestas infracciones ambientales al ambiente sano libre de ruido, en realidad no
corrobora acreditación de forma fehaciente y regular de la afectación como derecho colectivo invocada,
siendo claro que policivamente se actuó acuciosamente frente a las entidades que presuntamente
generaron la afectación.

Ahora bien, como al plenario se presentó un informe detallado de algunas mediciones realizadas a cada
establecimiento, con el resultado final de la medición de ruido de 83,6 dB(A), 74,6 dB(A), 74,1 dB(A),
72,4 dB(A), 75,5 dB(A), 85,5 dB(A) y 79,2 dB(A), sin una especificación concreta e individualizada y
con carácter de continuidad, no es dable darle validez al hecho de que con fundamento en dichas
mediciones se comprobó el daño al bien colectivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios
(dB). En concreto, define la OMS que el ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir
de los 120 db […]».

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Sostuvo que no desconocía la obligación que le asistía en materia de

contaminación por ruido, al igual que la relacionada con el uso del

suelo, por lo que en caso de confirmarse la sentencia de primera

instancia resultaba fundamental, no solo instar a los comerciantes,

como lo hizo el Tribunal, sino brindar órdenes claras y concretas,

pues a pesar de no estar vinculados al proceso, eran los directos

involucrados en la vulneración de los derechos colectivos.

Sostuvo que antes de ejecutar las órdenes previstas en los numerales

primero y segundo de la sentencia objeto de recurso, era necesario

requerir a los comerciantes del sector, pues estos tenían la obligación

de tomar medidas claras y contundentes frente al manejo del ruido

y el uso adecuado del suelo, lo cual «permitirá que exista un

acomodamiento o control en el sector que impida mayores

afectaciones frente a los mismos comerciantes, pues se les

garantizara un debido proceso para que eviten sanciones».

Estimó que debía darse, mediante una orden judicial, un término

prudencial para que los comerciantes adoptaran las medidas

correspondientes en sus establecimientos; además de no afectar a la

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comunidad en general y terminar cualquier actividad contraría a los

usos permitidos del suelo.

Solicitó, por lo anterior, adecuar las órdenes que le impuso el

Tribunal, en el sentido de que fueran subsidiarias a las que se les

impusieran a los comerciantes, quienes, reiteró, eran los verdaderos

causantes de las afectaciones a la comunidad de barrio Obrero.

III.2.- El AMVA sostuvo que la orden cuarta del Tribunal estaba

fuera de sus competencias, dado que las mediciones de ruido en los

establecimientos de comercio les correspondían a los MUNICIPIOS,

a través de la Secretaría de Salud, de conformidad con lo previsto en

la Ley 1801 de 2016 y la Resolución 8321 de 4 de agosto de 1983,

expedida por el Ministerio de Salud.

Adujo que la Resolución 0627 de 7 de abril de 2006, «Por la cual se

establece la norma nacional de emisión del ruido y ruido ambiental»,

expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, estableció como obligación de las autoridades

ambientales la de hacer mediciones de ruido ambiental para realizar

los mapas de ruido, razón por la que contaba con una red de

monitoreo de ruido acreditada, que operaba a través del proyecto
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SIATA y contaba con 7 estaciones fijas ubicadas en los municipios de

Itagüí, Sabaneta, Bello y el Distrito de Medellín.

Agregó que en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 0627 de

7 de abril de 2006, para la medición de ruido ambiental «los

sonómetros se encuentran instalados en estructuras fijas a cuatro

(4) metros de altura del suelo. La Entidad no cuenta con equipos

adicionales para la realización de mediciones».

Concluyó que, con lo anterior, cumplió con las obligaciones previstas

en la Resolución 0627 de 7 de abril de 2006, respecto de la

elaboración y actualización de los mapas de ruido para los municipios

de su jurisdicción, por lo que solicitó revocar la decisión del Tribunal

respecto de las obligaciones que le fueron impuestas.

III.3.- La POLICÍA NACIONAL manifestó que hizo presencia en el

sector objeto del proceso y que el Tribunal no cuestionó sus

actividades, pues incluso las referenció en la sentencia.

Destacó que en ejercicio de sus competencias impuso medidas

correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia y la

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seguridad ciudadana, por lo que se demostró el despliegue de la

policía en el sector.

Adujo que atendió los requerimientos de las personas que habitaban

el sector, razón por la cual solicitó que, en lo que le respecta, se

revocara la sentencia de primera instancia, pues no resultaba

procedente imponerle una obligación dado que cumplió con sus

obligaciones a cabalidad.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL

MINISTERIO PÚBLICO

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
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contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

V.2.- Problemas jurídicos

La Sala considera que los problemas jurídicos a resolver, conforme a

los planteamientos expuestos por los recurrentes en sus recursos de

apelación, consisten en determinar lo siguiente:

i.- Si se acreditó la vulneración de los derechos colectivos de los

habitantes del barrio San José Obrero, específicamente del sector

denominado «zona rosa», con motivo del presunto uso indebido del

suelo y la contaminación auditiva que generaban los establecimientos

de comercio ubicados en ese sector.

En el evento de que se advierta la vulneración de derechos colectivos

resulta necesario establecer lo siguiente:

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ii.- Si la vulneración de derechos colectivos le resulta atribuible a las

demandadas, y si es necesario adecuar las órdenes que impuso el

Tribunal, en el sentido de que fueran subsidiarias a las que se les

dieran a los establecimientos de comercio que incumplan las normas

de uso de suelo y contaminación por ruido;

iii.- Si es procedente la orden cuarta de la sentencia del Tribunal, en

la que se dispuso que el AMVA debía realizar en compañía del

MUNICIPIO mediciones de ruido en el sector de los hechos objeto

del proceso; y

iv.- Determinar si la Policía Nacional es la competente para realizar

labores de apoyo y acompañamiento a las autoridades territoriales,

en el marco de los operativos de control de ruido y verificación de los

usos de suelo, en la denominada «zona rosa» del MUNICIPIO.

V.2.1.- De la vulneración de derechos colectivos

La parte actora sustentó la presunta vulneración de derechos en las

afectaciones que sufrían los habitantes del barrio San José Obrero,

específicamente en el sector denominado «zona rosa», con motivo

del consumo de bebidas embriagantes dentro de los establecimientos

de comercio y la contaminación por ruido, lo que desconocía los usos

autorizados del suelo y los niveles de ruido permitidos en la zona.
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El Tribunal, en la providencia objeto de recurso, consideró que sí se

acreditó la vulneración de derechos colectivos, pues en el sector

objeto del proceso se realizaban actividades no permitidas por el uso

del suelo, como lo era el consumo de bebidas alcohólicas dentro de

los establecimientos de comercio o frente a él; además, el ruido que

dichos establecimientos producían superaba los niveles permitidos.

Por su parte, el MUNICIPIO DE BELLO en el recurso de apelación

interpuesto sostuvo que no se probó la vulneración de derechos

colectivos, pues para ello era necesario contar con mediciones

técnicas que acreditaran la existencia de niveles de ruido superiores

a los estándares que se definieron para el sector objeto del proceso,

lo que no ocurrió. De igual forma, estimó que las órdenes de

protección debían dirigirse a los establecimientos de comercio

involucrados en la presunta vulneración.

Para resolver la controversia en comento, a continuación, se

relacionan los medios de prueba relevantes:

-. Acuerdo 033 de 3 de septiembre de 2009, «REVISIÓN Y AJUSTE

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BELLO».

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-. Oficio de 2 de marzo de 2020, a través del cual el AMVA le indicó

al MUNICIPIO, lo siguiente:

«[…] Los resultados del mapa de ruido para el municipio de Bello,
muestra que los niveles de ruido en horario diurno están dados en su
mayoría por la dinámica del tráfico vehicular, encontrando valores por
encima de 80 dB(A) en las vías principales, estos valores también son
alcanzados por las industrias, pero en puntos focalizados. Para el
horario nocturno los niveles de ruido por tráfico vehicular se
encuentran en una escala de calificación de “Muy baja” calidad en
términos de ruido, según el Índice de Calidad Ambiental Urbana
(ICAU); por lo tanto, el municipio debe implementar medidas para
reducir las áreas que hoy presentan conflicto y evitar que se generen
nuevas zonas de conflicto.

A partir de la actualización de los mapas, se formuló el Plan de Acción
para la Prevención y Control de Contaminación por Ruido del Valle de
Aburrá, adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019,
cuya implementación requiere de la participación, vinculación y
articulación del municipio. El plan busca la incorporación efectiva de
acciones orientadas a la prevención, mitigación, monitoreo,
seguimiento y control de impactos generados por el ruido, para
mejorar el impacto sonoro y preservar la salud y bienestar de los
ciudadanos que son afectados directa e indirectamente por el ruido
[…]».

• Decreto de 19 de noviembre de 2020, «POR MEDIO DEL CUAL SE

CONFORMA EL COMITÉ DE GESTIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE

BELLO», expedido por el MUNICIPIO.

-. Acta de reunión de 9 de noviembre de 2022 del MUNICIPIO la

cual tuvo como objetivos: i) socialización de acciones de las

dependencias partícipes con respecto al ruido; ii) socialización datos

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preliminares obtenidos de las dependencias que reciben quejas por

ruido; y iii) Identificación de acciones conjuntas desde el comité –

cierre año 2022 y año 2023, en la que se indicó que:

«[…] 1.1.6. Secretaría de seguridad y convivencia, socializa el
profesional David Mejía Ocampo.

Desde la secretaria de seguridad y convivencia realizan operativos dando
respuesta a las quejas de la comunidad, inspeccionado los establecimientos y
revisando si existe una perturbación ambiental por el ruido. En el año 2021 se
realizaron 61 visitas, es destacable el hecho que no todas las quejas son por
ruido, sino también por temas de espacio público o alteración a la convivencia
ciudadana, por tema del ruido fueron 8 visitas en el municipio y representan
el 14 % de las multas del año 2021, también se presentan quejas por maltrato
animal correspondientes a un 18 % y en lo trascurrido del año 2022 se
realizaron 48 visitas y se realizaron capacitaciones con los establecimientos
pero la comunidad manifiesta que las capacitaciones no causan efecto, porque
es un problema que lleva más de 40 años en los sectores de Prado y Barrio
Obrero. Se han tomado medidas para el control de ruido en las comunas del
municipio.

1.1.7. Equipo calidad de aire Área Metropolitana, socializa el
profesional Enrrique Córdoba.

Desde la entidad se acompañan los municipios y el Comité Regional en los
temas de ruido, pero como entidad siguen acompañando para minimizar el
impacto del ruido, a través de acciones como las consideradas en el convenio
con la Universidad San Buenaventura sobre establecimientos de comercio
nocturnos, con la finalidad de darle gestión a la problemática del ruido. Así
mismo, como Área Metropolitana se adelanta un plan de acción que es el
Acuerdo Metropolitano 024 de 2019, que es mitigar, prevenir, monitorear y
dar y seguimiento y control de los impactos por el ruido, y el bienestar de los
ciudadanos que habitan el territorio […]».

-. Guía de Buenas Prácticas para la Mitigación del Ruido en el sector

comercio de diciembre de 2022 «Guía elaborada bajo el convenio No.

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234 de 2022 celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de

Aburrá y la Universidad San Buenaventura Medellín».

-. Informe anual de gestión de ruido de 2022 del MUNICIPIO.

-. Oficio de 7 de marzo de 2023 de la Policía Nacional Metropolitana

del Valle de Aburrá en el que, respecto de la verificación de requisitos

para el desarrollo de la actividad económica de múltiples

establecimientos en el MUNICIPIO, se indicó lo siguiente:

«[…] Dentro de las actividades de verificación de los establecimientos
abiertos al público, durante el pasado fin de semana, se aplicó medida
correctiva a seis (6) establecimientos de comercio en diferentes zonas
del municipio de Bello, por desarrollar la actividad económica sin
cumplir los requisitos establecidos en la ley 1801 del 2016, así:

• Licorera Ángel, ubicada en la carrera 44ª 31-10
• Babalu Discoteca ubicada en la Calle 33 Nro. 52-02
• Sinrazón social ubicado en la calle 49ª Nro. 57-70
• Gato por liebre Calle 52 KR 46 86
• Discoteca Éxtasis Cocktails ubicada en la Calle 20 E KR 44 36
• Sanebrio Cocktails Carrera 43 CL 20 E 36

(…)

Si después de la visita realizada por los uniformados, la problemática
persiste, lo invito a intentar el diálogo con los propietarios o
administradores de los establecimientos generadores de ruido, con el
fin de buscar estrategias que los beneficien a todos, si no funciona,
deberá instaurar querella de policía ante la inspección primera de
Policía, ubicada en la calle 26 A número 58DD-06 en Barrio Nuevo,
para que realice el correspondiente análisis al documento de Uso
Reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación,
destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación,
como lo señala el parágrafo 7 del artículo 92 de la ley 1801, esta labor
“es competencia exclusiva de los Inspectores de Policía”,
mediante el inicio del proceso verbal abreviado, bajo las

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formalidades del artículo 223, dentro de las competencias otorgada
en el artículo 206 de la norma en cita.

Para nosotros como institución es importante que la ciudadanía sepa,
que la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana (1801 de
2016), dicta funciones y competencias para nuestros uniformados de
la Policía Nacional, para los inspectores de policía, alcaldes
municipales, entre otros, de igual manera nos limita en
determinados asuntos, caso específico, el tema relacionado con el
uso de suelo, documento expedido por las curadurías en extensión
de la oficina de planeación, en el cual se delimitan las zonas y se
determina el tipo de actividades económicas que puede funcionar en
el sector o área, en apego al POT municipal y como se señaló en el
inciso anterior, este análisis es competencia exclusiva de los
inspectores de policía, por ello la importancia de llevar este asunto
ante el inspector de policía de su jurisdicción.

El tema de control de sonido, ruido o volumen etc. La Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá no cuenta con los instrumentos, ni
el personal cualificado para realizar las mediciones de sonido, labor
que corresponde a la administración municipal por intermedio del
inspector de medio ambiente, motivo por el cual se ha solicitado al
inspector de policía número ocho, quien tiene las funciones de medio
ambiente, que realice los controles al respecto y en respuesta
allegadas a esta unidad policial el pasado 26 de diciembre de 2022,
bajo radicado 20222194130, el señor inspector JUAN GUILLERMO
MARTÍNEZ TORRES, envía comunicado a la personería de Bello, con
copia a esta unidad policial […]».

-. Decreto de 5 de octubre de 2023, «POR MEDIO DEL CUAL SE

ADOPTA EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTOS AL PÚBLICO EN EL

MUNICIPIO DE BELLO, PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023

INCLUYENDO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA», expedido por el

alcalde del MUNICIPIO.

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-. Oficio de 20 de octubre de 2023, suscrito por el secretario de

Planeación del MUNICIPIO, dirigido a la parte actora, el cual tuvo

como asunto «Respuesta a solicitud con Radicado 20231093369 del

26 de septiembre de 2023», en la que se indicó lo siguiente:

«[…] Sea lo primero expresar que la Secretaría de Planeación analiza
y sustenta jurídicamente los conceptos de Uso del Suelo para los
establecimientos abiertos al público en el Barrio Obrero, de
conformidad con lo señalado en el Acuerdo 033 de 2009, Plan de
Ordenamiento Territorial “POT” vigente para el Municipio de Bello.

En segundo lugar, es importante aclarar que el Barrio Obrero, ubicado
en la Comuna dos (2) del Municipio de Bello, no es considerado
netamente residencial, en razón a que en dicho sector existen
diferentes tipologías de uso o categorías, según el nivel de afinidad y
consecuente caracterización de las diversas zonas en que se
estructura el suelo urbano, según lo precisa el artículo 219 del
Acuerdo 033 de 2009 citado, el cual reza:

“De las categorías. Las categorías de uso determinan las actividades
urbanas que pueden localizarse en cada zona y sus condiciones de
localización. Se han definido cinco (5) categorías de uso que
diferencian las zonas del municipio de acuerdo con su función en el
modelo de ordenamiento territorial: Residenciales, de Comercio y
Servicios, Industriales, Dotacionales e Institucionales y Actividades
Especializadas, cuyas características se definen en el presente título”.

En este orden de ideas, en el Barrio Obrero donde se exterioriza la
contaminación auditiva, debido al ruido que diariamente generan los
establecimientos abiertos al público, confluyen las cinco (5)
tipologías, lo cual podemos visualizar en el mapa PL-03 Usos
Generales del Suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial,
especialmente las de Comercio Servicio, con la residencial, donde
precisamente se ubican los sitios generadores de la problemática para
la comunidad en general. Así:

(…)

Ahora bien, los Certificados de Uso del Suelo, solicitados para el Barrio
Obrero, en relación directa con los establecimientos abiertos al
público con consumo de licor, que ha expedido la Secretaría de

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Planeación, han enfatizado que el régimen de interrelación se clasifica
como COMERCIO Y SERVICIOS; COMERCIO MINORISTA
BÁSICO (C-1), lo cual es compatible con el uso complementario
siendo PERMITIDO, PERO SIN CONSUMO DE LICOR DENTRO
DEL ESTABLECIMIENTO O FRENTE A ÉL, según lo establecido en
el anexo Usos del Suelo codificación y clasificación de actividades para
el Municipio de Bello. Artículo 223 del Acuerdo 033 de 2009, tal como
se indicó en el acápite inicial […]».

-. Oficio de 23 de octubre de 2023 del AMVA, a través del cual le

indicó a la Personería Municipal de Bello que:

«[…] Conforme a la información suministrada por nuestra
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
nos permitimos informarle que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá como autoridad ambiental, debe actualizar los mapas de ruido
ambiental cada cuatro años en los municipios de jurisdicción con
poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Entendiendo la
problemática y la importancia del mismo, en 2019, con año base
2018, se actualizaron los mapas de ruido ambiental de los diez (10)
municipios del Valle de Aburrá.

(…)

Es importante señalar, que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
no es la entidad competente para el control de establecimientos de
comercio, según el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, con
radicado No. 05011233100020070240700, que “(…) Se dirime el
conflicto de competencias administrativas, surgido entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín, en el
sentido de atribuir la competencia al Municipio de Medellín para
conocer y tramitar las quejas, derechos de petición y demás
solicitudes relacionadas con la emisión de ruido que afectan la salud
y el bienestar de las personas (…)”. En ese sentido, la Entidad expidió
el Concepto No. 2 de 2019 que concluye lo siguiente. “(…) La Oficina
Asesora Jurídica Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
reitera y actualiza nuestra línea interpretativa en materia de
“Competencias de las diferentes autoridades en materia de atención
de denuncias por presuntas afectaciones derivadas del
funcionamiento de establecimientos de comercio, entendidos estos
como cualquier actividad, comercial, industrial, de servicios, social,
cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión, entre otras;

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con o sin ánimo de lucro o que siendo privadas, en caso del ruido en
sus actividades, este trascienda a lo público u otras zonas privadas;
que se desarrollan o no a través de establecimientos abiertos o
cerrados al público”. Donde se sentó la posición de que son los
municipios los entes encargados de conocer y tramitar quejas,
derechos de petición y demás solicitudes relacionadas con la emisión
de ruido que afecte la salud y el bienestar de las personas. Dado lo
anterior, deben los entes territoriales municipales, a través de sus
órganos de Gobiernos, Planeación y Salud, aplicar los procedimientos
de ley que en cada caso le son propios. Bajo el principio de
corresponsabilidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro
de los principios de armonía regional y coordinación administrativa;
la responsabilidad por afectaciones por ruido que exclusivamente se
generen de procesos objeto de permisos, licencias, concesiones u otro
tipo de autorizaciones ambientales que hubiere otorgado en calidad
de autoridad ambiental urbana (…).

No obstante, lo anterior, dentro de las competencias de
acompañamiento a los municipios, en el año 2022 el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en convenio con la Universidad de
San Buenaventura Medellín suscribieron el convenio No. 234 de 2022
con la finalidad de fortalecer la gestión del ruido y avanzar en el
seguimiento e implementación del Plan de Acción para la Prevención
y Control de la Contaminación por Ruido en el Valle de Aburrá […]».

-. Oficio de 20 de noviembre de 2023, suscrito por el secretario de

Planeación de MUNICIPIO, dirigido a los «VECINOS CON

DERECHOS VULNERADOS EN EL BARRIO OBRERO», en que se les

indicó lo siguiente:

«[…] Sea lo primero expresar que la Secretaría de Planeación no
omite ningún trámite frente a las solicitudes presentadas para la
expedición del certificado de uso del suelo y particularmente a los
establecimientos de comercio relacionados con la venta de licor en el
sector del Barrio Obrero, los cuales por lo general en la zona
residencial y de comercio y servicio, son restringido o prohibido, y así
se le hace saber al comerciante, de conformidad con la codificación
de la actividad en el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio
de Bello, Acuerdo 033 de 2009 vigente.

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En segundo lugar, hay que observar que, de los establecimientos de
comercio relacionados por los peticionarios, no se encuentra archivo
físico, en razón que los mismos no han solicitado certificado, o les ha
sido expedidos por las Curadurías Urbanas, que también tienen
competencia para expedir los certificados de uso del suelo en el
municipio de Bello; sin embargo, como la idea es expedir certificado
en caso de no poseerlo, nos permitimos certificar que:

Los Establecimientos de Comercio, Bar Boulevard Obrero, antes
Bar Shupa Shots; Sin Ley Bar; Lobo Bar y Cabron Bar, ubicados
respectivamente en la Calle 37 entre Carreras 51 y 52 del Barrio San
José Obrero del Municipio de Bello, según el Plano PL-03 del citado
Acuerdo 033 de 2009, Plan de Ordenamiento Territorial, los predios
donde se localizan se encuentran en la zona de comercio y servicios
(ZCS-2C2) y Zona residencial (ZR-3-C2), la cual según los Artículos
220 y 223 del Acuerdo, define lo siguiente:

(…)

Dado lo anterior los establecimientos comerciales anteriormente
mencionados se clasifican como servicios personales especiales (S-
6), los cuales se encuentran prohibidos en el sector, según lo
establecido en el anexo Usos del Suelo codificación y clasificación de
actividades para el uso urbano del Municipio de Bello, de Acuerdo
3033 de 2009, Plan de Ordenamiento Territorial.

Por otra parte, el establecimiento comercial “DISTRIBUIDORA J&G”
ubicado en la Calle 38 entre Carreras 50 A y 52 primer piso del Edificio
Torre Dubai del Barrio San José Obrero del Municipio de Bello,
presenta un uso de comercio minorista básico (c-1), EL CUAL SE
PERMITE EN EL SECTOR COMO DISTRIBUIDORA, PERO SIN
CONSUMO DE LICOR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO O
FRENTE A ÉL […]».

-. Informe de 24 de noviembre de 2023 de la sociedad Metrología

Legal S.A.S., el cual tuvo como asunto «Informe de medición

inmisión de ruido al interior de residencia ubicada en la Calle 37 #

51-22, apto 2301, edificio Dubái», en el que se indicó que:

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«[…] 1.4. Descripción del lugar de medición

La afectación por ruido se identifica desde la residencia de la persona
presuntamente afectada, esta residencia se encuentra ubicada en la
Calle 37 #51-22, apto 2301 del municipio de Bello (Antioquia). Las
siguientes son características durante la medición:

• La medición se realizó al interior de la sala de estar de la residencia,
desde donde se percibió la presión sonora generada por las fuentes
fijas, identificadas como establecimientos comerciales CABRÓN BAR,
LOBO DRINK, SIN LEY BAR entre otros.

• Los establecimientos comerciales antes mencionados distan de la
residencia desde donde se realiza la medición en aproximadamente
sesenta y nueve (69 m) estando ubicados en el primer piso.

• La vivienda de la presunta afectada se ubica en el piso 23 sobre
el nivel del suelo.

• Las paredes de la residencia están construidas en mampostería
tradicional, puertas de madera, piso en porcelana, ventanas en cristal
y techo en losa. Desde el interior de la residencia se puede percibir
las fuentes generadoras de presión sonora antes mencionadas.

• El área de la zona donde instaló el sonómetro tiene las siguientes
dimensiones: tres metros de ancho y cuatro metros con cincuenta
centímetros de largo (3,00 m x 4,50 m).

La medición se realizó el día 23 de noviembre de 2023 a partir de las
23 h 06 min, el equipo técnico fue recibido por la presunta persona
perjudicada. Previo a la medición del ruido, se realiza un recorrido por
la residencia con el fin de identificar el punto de mayor incidencia;
teniendo en cuenta que los establecimientos comerciales identificados
como fuentes se encontraron emitiendo presión sonora (fuente
activa); en tal sentido se procedió con la medición técnica, la cual
finalizó a las 23 h 54 min del día 23 de noviembre de 2023.

(…)

1.5. Descripción de la fuente

Las fuentes generadoras de ruido se identifican como
establecimientos comerciales dedicados al ocio y esparcimiento con
venta de bebidas alcohólicas, los establecimientos comerciales
mencionados son las fuentes fijas generadoras de presión sonora y el

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ruido percibido desde el lugar de medición, el cual se compone de las
siguientes fuentes:

• Reproducción de música.
• Cantos y conversaciones de personas.
• Circulación de vehículos sobre las vías circundantes.

(…)

4. CONCLUSIONES

• Los resultados obtenidos en ruido intra – domiciliario de 66 Db(A)
sobrepasan los niveles máximos permisibles por la Resolución 8321
de 1983 del Ministerio de Salud para el sector citado en el horario
nocturno.

• Se identifica un factor de riesgo a la salud para las personas
que habitan donde se realiza la medición, ya que están
expuestos a la presencia de componente tonal neto. Estos
componentes afectan la calidad del sueño de las personas,
particularmente con referencia al tiempo que se tarda en tener
plenitud en su sueño reparador.

(…)

6. RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BELLO

• Realizar el seguimiento del caso, dado que se identifica afectación
sonora a la residencia de la persona que presenta la queja.

• Desarrollar una reunión con cada uno de los responsables de los
establecimientos que están generando la afectación a los residentes
del edificio DUBAI, en el cual se comprometan a acatar las
recomendaciones técnicas realizadas por el personal de Metrología
Legal SAS y funcionarios de la administración municipal. Las
recomendaciones técnicas se realizan a través de visitas al
establecimiento comercial.

• Estudiar la posibilidad de limitar el funcionamiento del
establecimiento con parlantes en la zona de espacio público […]»
(Resaltado fuera del texto).

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-. Informe de 30 de octubre de 2023 de la sociedad Metrología Legal

S.A.S., el cual tuvo como asunto «INFORME DE VISITAS DE

MEDICIÓN DE RUIDO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA

MITIGAR EFECTOS DE LA EMISIÓN DE PRESIÓN SONORA A

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE BELLO», en

el que se indicó lo siguiente:

«[…] En desarrollo de las intervenciones realizadas a establecimientos
de comercio por afectaciones generadas como consecuencia de la
emisión de presión sonora en el sector del barrio Obrero, el 20 de
octubre de 2023 se realizan visitas de orden técnico con la finalidad
de realizar mediciones de ruido tipo tamizaje, para determinar
técnicamente las afectaciones y establecer recomendaciones técnicas
tendientes a mitigar los efectos producidos a los habitantes de la zona
de influencia de los establecimientos comerciales y que impactan
negativamente en la salud y bienestar de la comunidad.

1. Descripción de las fuentes:

Las fuentes generadoras de presión sonora y el ruido que es percibido
desde las zonas residenciales aledañas son:

(…)
9.1. OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES TÉCNICOS GESTIÓN
DEL RUIDO

Las personas encargadas de los establecimientos comerciales y
quienes reciben la visita se muestran dispuestos a seguir las

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recomendaciones dadas y manifiestan que cumplirán el plazo
estipulado. De otro lado, solicitan reunión con la señora secretaria de
seguridad y convivencia, con la inspección ambiental y con los
delegados de su agremiación para la sensibilización de las medidas a
tomar y las acciones correctivas propuestas.

9.2. RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DE BELLO

• Realizar seguimiento a los casos, dado que se identifica afectación
sonora en las residencias aledañas a los establecimientos
comerciales.
• Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte
de los comerciantes, una vez cumplidos los plazos pactados.
• Realizar reunión de sensibilización con los comerciantes y
agremiaciones de las zonas intervenidas […]».

-. Informe de 30 de noviembre de 2023 del AMVA, el cual tuvo como

asunto «INFORME ANUAL GESTIÓN DE RUIDO PARA LA JUNTA

METROPOLITANA», en el que se señaló:

«[…] 4. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Durante el año 2023 el Comité Municipal de Gestión del Ruido llevó a
cabo acciones correspondientes a la capacidad de acción de sus
delegados, las cuales tuvieron relación con la vinculación a la agenda
metropolitana liderada por el equipo de calidad del aire. Dicha agenda
se relacionó con el Comité Regional De Gestión Del Ruido, las
investigaciones y procesos de apropiación del conocimiento producido
por estas, constituyendo un aporte de alto valor para los distintos
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Así mismo, se hizo visible el tema de ruido dentro de las diversas
dependencias parte, y en esta medida se fortaleció en su
incorporación dentro de los procesos de gestión y apropiación de
conocimiento, vigilancia y control. En casos como el uso de
información de los mapas de ruido por parte de la Secretaría de
Planeación y la contratación de servicios de medición o metrología
legal por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

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Del mismo modo, se pusieron en marcha acciones de difusión y
comunicación sobre el ruido y sus diversas expresiones en el tráfico
vehicular, en las actividades comerciales, en las actividades
industriales y en las viviendas; sus características e impactos en la
salud, así como los mecanismos para contar con la intervención de
las autoridades.

Se organizó una jornada de acción interinstitucional en el parque
principal y sus alrededores, que permitió acercar la oferta institucional
a la comunidad; permitiendo conocer a las entidades parte, la
pertinencia y el valor de este tipo de actividades para promover
conciencia sobre el tema.

En el siguiente período de gobierno local, Bello debe avanzar con
aumentar el alcance y el impacto de este tipo de actividades descritas,
contando con un presupuesto propio para el tema, que brinde soporte
a los avances que se han venido construyendo desde la gestión del
comité y desde el compromiso de los y las funcionarias desde sus
espacios de ejercicio en las diferentes secretarías parte […]».

-. Oficio de 13 de enero de 2024 de la Policía Nacional Metropolitana

del Valle de Aburrá en el que se indicó lo siguiente respecto de la

verificación de requisitos para el desarrollo de la actividad económica

de múltiples establecimientos en el MUNICIPIO:

«[…] Me permito informar que se verifico la respectiva documentación
de los establecimientos mencionados en el derecho de petición, así:

Establecimiento de comercio llamado SIN LEY BAR, ubicado en la calle
37 51-18, Barrio Obrero, como lo establece el artículo 87 de la ley
1801 de 2016, Así mismo nos entrevistamos con el señor (…), al cual
se le aplicó el artículo 92, numeral 16, con orden de comparendo 05-
088-6-2023-5970.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

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Establecimiento LAKASA RESTAURANTE BAR, ubicado en la calle 37
51 27, barrio obrero, propietario (…) el cual no cuenta con el concepto
de uso de suelos, ya que es categoría (ZCS-2-C2).

Tipología C-2 Comercio minorista de índole cotidiana.

El cual no admite el consumo inmediato de alcohol dentro del
establecimiento, y cumple con los demás documentos establecidos en
la presente ley.

(…)

Establecimiento SANTÍSIMO BAR, ubicado en el barrio obrero (…).

El cual no cuenta con el concepto de uso de suelos, ya que es
categoría (ZCS-2-C2).

Tipología C-2 Comercio minorista básico de índole cotidiana.

El cual no admite el consumo inmediato de alcohol dentro del
establecimiento, y cumple con los demás establecidos en la presente
ley.

Establecimiento LOBO DRINKING CLUB (…)

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El cual no cuenta con el concepto de uso de suelos, ya que es
categoría (ZCS-2-C2).

Tipología C-2 Comercio minorista básico de índole cotidiana.

El cual no admite el consumo inmediato de alcohol dentro del
establecimiento, y cumple con los demás documentos establecidos en
la ley.

Establecimiento CABRON, ubicado en la calle 37 51 28, barrio Obrero
(…).

El cual no cuenta con el concepto de uso de suelos, ya que es
categoría (ZCS-2-C2).

Tipología C-2 Comercio minorista básico de índole cotidiana.

El cual no admite el consumo inmediato de alcohol dentro del
establecimiento, y cumple con los demás documentos establecidos en
la ley […]».

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-. Oficio de 15 de enero de 2024 de la Policía Nacional Metropolitana

del Valle de Aburrá en el que se indicó lo siguiente respecto de la

verificación de requisitos para el desarrollo de la actividad económica

de establecimientos de comercio en el MUNICIPIO:

«[…] En atención al tema de control de sonido y exceso de volumen
a los establecimientos de comercio abiertos al público, me permito
informar que esta unidad policial no es la competencia de las unidades
policiales manipular este tipo de instrumentos, ya que este personal
debe ser idóneo para hacer esta medición en coordinación con la
administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Medio
Ambiente, quienes deben contratar de un tercero que cumpla con los
parámetros técnicos y con el sonómetro debidamente calibrado a
través empresa de Metrología y Calibración, para poder determinar
que cumplan con todas las especificaciones técnicas y dar legitimidad
al procedimiento, a lo cual este comando de Estación se encuentra
con la plena disposición para realizar acompañamiento a operativos
de control que haya lugar […]».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que dentro del

proceso se acreditó que los habitantes de la zona objeto de la acción

afrontan una problemática relacionada con el consumo de bebidas

embriagantes dentro de los establecimientos de comercio, tales como

bares, tabernas, licoreras y discotecas, entre otros, lo que genera un

alto ruido que afecta la tranquilidad de la comunidad.

En efecto, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, junto con

los argumentos expuestos por las partes, la Sala advierte la

existencia de establecimientos de comercio que incumplen las

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normas relativas al uso del suelo, dado que permiten el consumo de

bebidas alcohólicas en su interior o frente a él; amén de que su

actividad genera afectaciones por ruido a la comunidad.

A juicio de la Sala, la manifestación del MUNICIPIO según la cual

no se acreditó una infracción por ruido de forma permanente o

constante no está respaldada probatoriamente, pues, por el

contrario, se demostró que la comunidad aledaña a los

establecimientos sufre afectaciones constantes por dicha causa, lo

que evidencia la transgresión de los derechos colectivos amparados,

pese a la existencia de planes de manejo de ruido y de las labores

de control en los establecimientos que permiten el consumo de licor

dentro del establecimiento o frente a él, cuyas medidas no son lo

suficientemente efectivas.

En ese sentido, la Sala observa que la actividad administrativa del

MUNICIPIO no ha sido contundente para garantizar unas

condiciones mínimas de convivencia frente al ejercicio de las

actividades económicas desplegadas por los establecimientos de

comercio identificados dentro del proceso, situación que incide en el

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ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de los habitantes

aledaños a dichos establecimientos.

Ahora, si bien le asiste razón al MUNICIPIO al señalar que los

establecimientos de comercio deben de cumplir las normas previstas

para el uso del suelo, conforme se les advierte en las respectivas

autorizaciones de funcionamiento, también lo es que aquel es el

competente para adelantar las acciones de vigilancia y control

orientadas al cumplimiento de dichas disposiciones.

Sobre el particular, esta Sección en un asunto de similares

características indicó lo siguiente11:

«[…] 54. Esta Sección pacíficamente ha sostenido que los municipios
desempeñan un rol fundamental en el control de la contaminación
auditiva, la invasión del espacio público y el respeto de los usos
previstos en el ordenamiento territorial por parte de los
establecimientos de comercio de alto impacto12.

55. Conforme a los numerales 6.°, 7.° y 9.° del artículo 65 de la Ley
99 de 22 de diciembre de 1993, los alcaldes, como primera autoridad
de policía, ejercen funciones de control y vigilancia del ambiente y los
recursos naturales, con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA).

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio
de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2022-01296-01, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 4 de abril de 2019, C.P.: Oswaldo Giraldo
López, radicación núm. 17001-23-33-000-2013-00423-02(AP); de 11 de abril de 2019, C.P.: Hernando
Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23 31-000-2012-00258-01(AP); de 5 de mayo de 2019, C.P.:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 05001-23-33 000-2015-02397-01(AP), entre otras.

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56. Aquellas entidades territoriales no solo ejecutan programas de
control de las emisiones contaminantes del aire; sino coordinan y
dirigen, con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales,
actividades de control y vigilancia encaminadas a evitar la
degradación de aquel recurso.

57. En el componente de salud y salubridad, la Ley 715 de 21 de
diciembre de 200113 explicó que los municipios son los encargados de
vigilar, inspeccionar y controlar: i) los factores de riesgo de la salud
humana presentes en el ambiente14; ii) las condiciones ambientales
que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por
ruido15; iii) el adecuado funcionamiento de los bares y las tabernas16;
y iv) las emisiones contaminantes al aire17 […]».

Para la Sala, carece de asidero jurídico el argumento del

MUNICIPIO orientado a cuestionar la exigibilidad de los numerales

primero y segundo de la sentencia apelada bajo la premisa de que

se requería una orden judicial previa que otorgara un término a los

comerciantes para la adecuación de las condiciones, pues el ente

territorial —como responsable de la vigilancia y control— es el

llamado a garantizar el cumplimiento del POT, debiendo adelantar de

oficio las actuaciones administrativas contra los infractores de las

normas de uso del suelo y niveles de ruido sin necesidad de

condicionamientos adicionales.

13
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
14
Ley 715 de 2001, artículo 44, numeral 44.3.3.
15
Ibidem, numeral 44.3.3.3.2.
16
Ibidem, numeral 44.3.5.
17
Ibidem, artículo 76, numeral 76.5.1 y ss.

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En efecto, al acreditarse el uso indebido del suelo en el sector objeto

del medio de control, resulta pertinente que las autoridades realicen

las visitas técnicas requeridas, con el fin de imponer las medidas

preventivas a que hubiere lugar contra los establecimientos que

incumplan las disposiciones del POT.

Ahora, respecto de las afectaciones de la comunidad por el ruido en

los establecimientos de comercio que permiten el consumo de

bebidas alcohólicas dentro de sus instalaciones o frente a él, la Sala

encuentra que dichas afectaciones sí se acreditaron dentro del

proceso, pues existe un informe que así lo acreditó.

Si bien el MUNICIPIO cuestionó «la prueba obtenida el 30 de

octubre de 2023, por parte de la empresa Metrología Legal SAS, la

cual actuó por petición del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,

cuando esta conocía de las supuestas infracciones ambientales al

ambiente sano libre de ruido», dicha entidad territorial no aportó

medios de prueba tendientes a controvertir las conclusiones de ese

informe.

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Siendo ello así, la valoración en su conjunto de los medios de prueba

aportados al proceso permite inferir que sí se presentan las

afectaciones por ruido, pues establecimientos de comercio que tenía

autorización únicamente para venta de licor permitían su consumo

dentro de las instalaciones o frente a él, lo que incrementaba la

contaminación auditiva en horas de la noche, situación que se

corrobora con el informe de ruido que se aportó al proceso.

Frente al argumento de las garantías al debido proceso de los

presuntos infractores de las normas relativas a los niveles de ruido

permitidos en el sector objeto del proceso, la Sala advierte que son

las autoridades, en el marco de los procesos administrativos

sancionatorios, las que deben de dar aplicación a las mismas,

máxime si lo que se cuestiona en el asunto sub examine es la falta

de control de las autoridades competentes, cuya conducta omisiva y

complaciente ha perpetuado y facilitado la vulneración de los

derechos colectivos aquí comprobada.

Comoquiera que sí se acreditó la afectación de derechos colectivos

con motivo de la omisión de las autoridades en el control efectivo

frente al uso del suelo y la contaminación auditiva por parte de los

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establecimientos de comercio, la Sala procederá a pronunciarse

respecto de los demás problemas jurídicos planteados.

V.2.2.- De las competencias del AMVA

El AMVA en su recurso de apelación sostuvo que la orden cuarta del

Tribunal estaba por fuera de sus competencias, dado que las

mediciones de ruido en los establecimientos de comercio les

correspondían a los municipios; además de que cumplió con su

obligación de elaborar y actualizar los mapas de ruido para los

municipios de su jurisdicción.

Para resolver, la Sala pone de manifiesto que el Tribunal dispuso en

el numeral cuarto de la sentencia apelada lo siguiente:

«[…] Cuarto: Ordenar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá
que, con el acompañamiento del municipio de Bello (Antioquia),
realice dos visitas al mes a los establecimientos ubicados en el barrio
San José Obrero de Bello, en especial al lugar conocido como la «zona
rosa», con el objeto de realizar mediciones a los niveles de ruido y
verificar el cumplimiento de las normas ambientales sobre la materia.
En caso de ser necesario, adopte las medidas preventivas a que haya
lugar en relación con los establecimientos que se encuentren
incumpliendo la normativa mencionada, priorizando aquellos que se
encuentren ubicados en cercanía a las zonas residenciales […]».

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Teniendo en cuenta que la citada orden se dio en el marco del

acompañamiento que debe realizar al MUNICIPIO, de conformidad

con la competencia en materia ambiental prevista en el literal j) del

artículo 7° de la Ley 1625 de 201318, la Sala encuentra procedente

confirmar la orden del Tribunal, pues en su calidad de autoridad

ambiental donde se sitúa el municipio de Bello, debe ejercer las

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las

conductas que transgredan las normas de emisión de ruido y de ruido

ambiental contenidas en la Resolución 627 de 7 de abril de 2006 y,

en consecuencia, aplicar las medidas sancionatorias

correspondientes19.

En ese sentido, la Sala encuentra que el AMVA es competente para

ejecutar la orden del Tribunal, pues a pesar de haber realizado

18
Artículo 7: “Funciones de las Áreas Metropolitanas. De conformidad con lo establecido en el artículo
319 de la Constitución Política, son funciones de las Áreas Metropolitanas, además de las conferidas
por otras disposiciones legales, las siguientes:
[…]
j) Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad
a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993;[…]”.

19
“Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”. Cfr.: “[…] Artículo
28. Competencia: Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley
768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en
la presente resolución, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias.

Artículo 29. Sanciones: En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en la
presente resolución, las autoridades ambientales competentes, impondrán las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones
a que hay lugar. […]”.

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diversas mediciones de ruido y formulado recomendaciones para que

fueran implementadas en las fuentes de ruido, lo cierto es que no

ejerció sus atribuciones legales para conminar el cumplimiento

efectivo de esas recomendaciones, ni desplegó oportunamente su

potestad sancionatoria en atención a las infracciones ambientales

que se evidenciaron.

Sobre el particular, esta Corporación en la sentencia en cita

consideró20:

«[…] 77. La Ley 99 de 1993 precisó que las corporaciones
autónomas regionales deben: i) asesorar a los municipios en la
definición de los programas de protección del medio ambiente21;
ii) ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos y emisiones al aire 22 ; y iii) imponer y
ejecutar a prevención las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental 23 . Como refuerzo de lo anterior, la Ley
1333 de 21 de julio de 200924 confirió a esas autoridades una
potestad sancionatoria prevalente en materia ambiental.

78. En este contexto normativo, es claro que Corantioquia, como
máxima autoridad ambiental del territorio donde se sitúa el
municipio de Segovia, debe ejercer “[…] las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental […]” de las
conductas transgresoras de las normas de emisión de ruido
contenidas en la Resolución núm. 627 de 2006 y, en

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio
de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2022-01296-01, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
21
Artículo 31, numeral 4).
22
Ibidem, numeral 12).
23
Ibidem, numeral 17).
24
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
Cfr. artículo 1.

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consecuencia, aplicar las medidas sancionatorias
correspondientes.

79. Finalmente, la Sala recuerda que esta Sección, al resolver
un caso con similares supuestos fácticos, en las sentencias de 4
de abril de 2019 25 y 11 de abril de 2019 26 ordenó a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas y a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, respectivamente que, junto con los municipios
demandados, efectuaran acciones de medición y control de los
niveles de contaminación auditiva.

D. Conclusiones sobre las responsabilidades concurrentes
de las entidades demandadas

80. El citado régimen de competencias demuestra que
Corantioquia es responsable de participar en la restauración de
los derechos colectivos transgredidos por la situación fáctica
expuesta en la causa petendi. Las corporaciones autónomas
regionales son las autoridades encargadas de vigilar la
conservación del medio ambiente en el territorio de su
jurisdicción. Por lo tanto, deben propender por el cumplimiento
de la normativa vigente sobre contaminación, manejo y
aprovechamiento del aire27 […]».

En consecuencia, los cargos sobre el particular no prosperan.

V.2.3.- De la competencia de la POLICÍA NACIONAL

Por su parte, la POLICÍA NACIONAL aseguró que en ejercicio de

sus competencias impuso medidas correctivas por comportamientos

25
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 17001 23 33 000
2013 00423 02.
26
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-
31-000-2012-00258 01(AP), actor: Hernando Rueda Díaz y Mauro Serrano Escobar.
27
Ley 99 de 1993, Cfr. artículos 23 y 30.

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contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana, por lo que se

demostró el despliegue en el sector.

Respecto de lo anterior, la Sala precisa que la orden de disponer de

los agentes de policía necesarios para acompañar a los servidores

públicos del MUNICIPIO, con el fin de que realicen las visitas

técnicas y la imposición de medidas preventivas; y de adelantar, en

ejercicio de sus funciones, operativos policiales constantes en la

zona, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas policivas

y de sancionar a los infractores, deriva de sus funciones legales y

constitucionales.

En efecto, la Sala advierte que la orden que se le impartió de apoyar

a las entidades territoriales, en el marco de sus competencias, tiene

como fundamento lo previsto en el numeral 6 del artículo 65 de la

Ley 99 de 1993, el cual prevé lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 65. Funciones de los Municipios, de los
Distritos y del Distrito Capital de Santafé de
Bogotá. (Adicionado por el art. 12, Decreto 141 de 2011).
Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le
deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio

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Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las
siguientes atribuciones especiales:

(…)

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía
con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las
demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de
control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y
de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano […]»
(Resaltado de la Sala).

En consecuencia, la Sala considera que, en aplicación del principio

constitucional de coordinación administrativa, las órdenes que dio el

Tribunal para que, en ejercicio de las competencias atribuidas a la

Policía Nacional, a los municipios y a las autoridades ambientales, se

solucionen los problemas de convivencia relacionados con la

contaminación auditiva producto de establecimientos de comercio,

resultan adecuadas para superar la vulneración de los derechos

colectivos invocados.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 20 de junio de

2025, a través de la cual el Tribunal declaró la vulneración de los

derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la

seguridad y salubridad públicas, por las razones expuestas en la

parte considerativa de la presente providencia.

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Finalmente, comoquiera que en la sentencia apelada se omitió

precisar a quien correspondería presidir el Comité de Verificación, y

de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia

de la Sección28 esta función compete al Juez que conoció del asunto

en primera instancia, se modificará el numeral sexto del acápite

resolutivo del fallo cuestionado en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEXTO de la sentencia de 20

de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia, el cual quedará así:

“[…] SEXTO: CONSTITUIR el comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente
del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien lo presidirá, las
partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el
término de 3 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia,
un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones
adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia
[…]”.

28
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-
00361-01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).

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TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por

las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDO MANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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