Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00173-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00173-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2023-00173-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 15001-23-33-000-2023-00173-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL BOYACÁ
TESIS: CONFIRMA SENTENCIA APELADA. LAS ACCIONES DE LA USPEC
NO BRINDAN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CÁRCEL EL BARNE, POR
LO QUE RESULTAN ADECUADAS LAS ÓRDENES IMPARTIDAS POR EL
TRIBUNAL.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE UN
AMBIENTE SANO, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, ACCESO A
UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA, REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA Y
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC1
contra la sentencia de 16 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá2.
1
En adelante USPEC.
2
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 15001-23-33-000-2023-00173-01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL BOYACÁ
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL BOYACÁ, en ejercicio
de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983,
presentó demanda contra el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC4-, la USPEC y la
CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD
EL BARNE5 tendiente a obtener la protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad
pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante INPEC.
5
En adelante EPC.
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I.2. Hechos
Precisó que las instalaciones del área correspondiente al rancho del
EPC, ubicado en jurisdicción del municipio de Cómbita, Boyacá,
actualmente enfrenta una grave problemática relacionada con: i) el
estado actual, daños y deterioros de cada uno de los espacios de la
infraestructura; y ii) las medidas de seguridad, salubridad y
sanitarias para su adecuado funcionamiento.
Precisó que, según visita y acta de Inspección Sanitaria de 22 de
febrero de 2022 llevada a cabo por la Secretaria de Salud de Boyacá,
existen problemas relacionados con: i) la seguridad y salubridad en
la preparación de los alimentos, pues la infraestructura presenta
deterioro y no se están implementando adecuadamente los
protocolos de saneamiento; ii) los equipos y utensilios empleados
están deteriorados; iii) las calderas y equipos destinados a la cocción
representan alto riesgo de explosión o accidentes laborales; iv) la
proliferación de plagas en el área interna y externa del rancho por
inadecuada recolección y disposición de residuos sólidos y líquidos;
y v) no hay insumos para lavado de manos ni elementos para
procesos de limpieza y desinfección.
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Adujo que el 1o. de abril de 2022, la Dirección de Promoción y
Prevención en Salud de la Secretaría de Salud de Boyacá realizó
nuevamente una visita en el rancho del EPC en el que encontró la
misma situación antes descrita y resaltó el incumplimiento de los
requerimientos efectuados ante los hallazgos reiterativos que
representan alto riesgo, especialmente, en las condiciones locativas,
de equipos, utensilios, personal manipulador, requisitos higiénicos y
saneamiento básico.
Indicó que, igualmente, los problemas de infraestructura se
encuentran ampliamente detallados en el informe de visita y
concepto técnico de 3 de agosto de 2022, realizado por profesionales
de la Unidad Administrativa Especial de la Gestión del Riesgo de
Desastres -UAEGRD6- del departamento de Boyacá, el cual
evidenció: i) grietas de gran tamaño en pisos y losas de contrapiso;
ii) deterioro de sellos en juntas de dilatación; iii) empozamiento y
filtraciones de agua; iv) posible obstrucción de tuberías de drenaje;
v) corrosión en carpintería metálica; y vi) desprendimientos de
superficies, entre otros.
6
En adelante UAEGRD.
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Sostuvo que pese a que les solicitó a los directores de la USPEC, del
INPEC y del EPC que realizaran las obras y/o adecuaciones
necesarias en el penal y tomaran medidas de prevención urgentes,
con el fin de evitar accidentes o problemas en la preparación de los
alimentos y garantizar los derechos de la población privada de la
libertad, no se han adoptado las correspondientes acciones, ni
correctivos que protejan los derechos colectivos invocados.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos colectivos invocados
como vulnerados, lo siguiente:
“[…] SEGUNDA: Ordenar a las entidades accionadas, que dentro de
un término perentorio que su despacho disponga, previos los estudios
técnicos y demás que sean necesarios, procedan de manera conjunta
y bajo el principio de coordinación, a adoptar las medidas
administrativas, presupuestales, contractuales, técnicas, de gestión
del riesgo y demás, requeridas para brindar una solución a la
problemática referida al ESTADO ACTUAL, DAÑOS, DETERIOROS
Y DEMÁS DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA O INSTALACIONES DEL DENOMINADO
RANCHO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y
MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE, ubicada en jurisdicción del
municipio de Cómbita, por lo que en consecuencia se solicita se les
ORDENE implementar TODAS LAS MEDIDAS Y ACTIVIDADES
IDENTIFICADAS en el numeral 7º del Informe de visita técnica y
concepto técnico Radicado No S-2022-003374-UGRD de fecha 03 de
Agosto de 2022, suscrito por DIEGO ALBERTO FUQUEN TIBATA,
DIEGO DARIO BARON NUÑEZ y NUBIA M. PEREZ, profesionales de
apoyo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo
de Desastres- UAEGRD- del Departamento de Boyacá; así como todas
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las RECOMENDACIONES contenidas en el numeral 8 del citado
informe de visita técnica y concepto técnico de fecha 03 de Agosto de
2022, entre ellas:
1. Efectuar mantenimiento correctivo a las instalaciones y redes para
superar el rebose aguas residuales a través de las estructuras de
drenaje producto posiblemente de la obstrucción de las mismas y
evitar así que se presenten empozamientos de agua.
2. Realizar un inventario detallado de las losas de contrapiso que
presentan grietas de gran tamaño y realizar la respectiva
intervención: sellado de grietas de ser procedente o reconstrucción
de las losas de contrapiso.
3. Instalar soportes adecuados para la tubería de suministro de agua
potable, para lo cual se deberán tener en cuenta las propiedades
físicas de las tuberías y las recomendaciones dadas por el fabricante
de estas; evitando así que se presenten deflexiones excesivas que
puedan derivar en la rotura de estas.
4. Llevar a cabo sondeos y mantenimiento de las tuberías de
drenaje, que permita corregir las posibles obstrucciones que se
presentan garantizando así́ un adecuado funcionamiento.
5. Llevar a cabo el remplazo de la carpintería metálica afectada por
corrosión.
TERCERA: Ordenar a las entidades accionadas, que dentro de un
término perentorio que su despacho disponga, previos los estudios
técnicos y demás que sean necesarios, procedan de manera conjunta
y bajo el principio de coordinación, a adoptar las medidas
administrativas, presupuestales, contractuales, técnicas, de gestión
del riesgo y demás, requeridas para brindar una solución a la
problemática relacionada con las MEDIDAS DE SEGURIDAD,
SALUBRIDAD, SANITARIAS Y DEMÁS PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES actuales del
RANCHO de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD EL BARNE, según visitas y actas de Inspección Sanitaria
de fechas 22 de febrero y 01 de abril de 2022, llevadas a cabo por la
Dirección de Promoción y Prevención en Salud de la Secretaría de
Salud de Boyacá, implementado TODAS LAS OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES efectuadas por dicha dirección, entre ellas:
Cambio y reposición de materiales, insumos, equipos y utensilios,
etc., que se encuentran en deterioro o que han agotado su vida útil,
control integrado de plagas, limpieza y desinfección de áreas,
superficies y tanques de almacenamiento de agua, manejo de
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residuos sólidos y líquidos, plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos, entrenamiento en procesos de limpieza y
desinfección de instalaciones, cambio y reposición de pisos, techos y
muros que se encuentre en alto grado de deterioro, personal
manipulador, requisitos higiénicos y saneamiento básico.
CUARTA: Las demás declaraciones y órdenes que de oficio considere
a sala proveer.
QUINTA: Condenar en costas a la parte accionada e imponer las
multas e incentivos a que haya lugar y para el Fondo para la Defensa
de los Derechos e intereses Colectivos […]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1. El INPEC propuso como excepción la “Falta de legitimación
por pasiva”, para lo cual aseguró que para garantizar los derechos
colectivos de la población recluida en la cárcel El Barne se deben
realizar gestiones administrativas, técnicas de planeación,
contractuales y presupuestales que escapan de su órbita funcional y
que por disposición legal le corresponden a la USPEC, quien,
además, cuenta con personería jurídica propia.
Sostuvo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
65 de 18 de agosto de 19937, modificado por el artículo 3° del Decreto
2636 de 19 de agosto de 20048, sus funciones están dirigidas,
7
"Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".
8
"Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002".
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principalmente, a la ejecución de la pena privativa de la libertad, el control
de las medidas de aseguramiento, el mecanismo de seguridad electrónica
y de la ejecución del trabajo social no remunerado.
Explicó que la USPEC tiene a su cargo «el suministro de bienes y servicios
relacionados con infraestructura, servicios de salud y servicio de
alimentación» y, en desarrollo de este último y de conformidad con la Ley
1709 de 20 de enero de 20149, es la responsable de suministrar los
alimentos a los privados de la libertad, suscribir contratos relacionados
con la adquisición de insumos, contratar el personal que elabora los
alimentos, suministrar todo el menaje necesario para tales fines y dar el
manejo adecuado a los residuos generados en los ranchos de los
establecimientos carcelarios, por lo que es quien tiene a cargo el completo
manejo del rancho de la EPC, incluido la disposición de los residuos
generados.
Señaló que la operación, contratación, supervisión y la interventoría de
los contratos de alimentación es de exclusiva competencia de la USPEC
conforme está estipulado en el Decreto 4150 de 3 de noviembre de 201110
9
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
10
“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto
y estructura”.
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y, por ende, no se le puede endilgar el deficiente servicio carcelario alegado,
pues tal actividad y funciones no se encuentran a su cuidado.
I.4.2. La USPEC afirmó que, en el marco de sus competencias, ha venido
realizando actuaciones con el fin de garantizar los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad del EPC, razón por la que solicitó su
desvinculación del presente trámite, debido a que no se ha configurado una
conducta activa u omisiva que le sea imputable y que vulnere los derechos
invocados.
Adujo que, de conformidad con las funciones que le fueron asignadas
mediante el Decreto 4150 de 2011, no tiene responsabilidad alguna respecto
de los alimentos que se permiten ingresar al centro carcelario, lo cual es una
función del INPEC.
Puso de presente que, en relación con el mejoramiento y atención a las
necesidades de la infraestructura del EPC, con el fin de satisfacer las mismas,
ha suscrito los siguientes contratos:
“[…] 1. CERTIFICACIÓN INICIO DE OBRAS RANCHO ALTA COMBITA.
2. Informe de la Dirección de Infraestructura.
3. REGISTRO EJECUCION DE OBRA […]”.
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Resaltó que únicamente puede realizar inversiones para futuras
ampliaciones en terrenos de propiedad del INPEC y los predios donde se
encuentra el EPC son propiedad del municipio de Tunja, aunado a que el
artículo 17 de la Ley 65 de 1993 señala que los entes territoriales
(departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito capital)
deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad.
Propuso como excepciones «Demanda sin requisitos formales» y
«Genérica o innominada», bajo el fundamento de que en el escrito de la
demanda no se realizó un desarrollo mínimo de la manera como se
configura la violación de los derechos colectivos alegados y, además,
solicitó declarar cualquier excepción que se encontrara probada.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 16 de mayo
de 202411, la cual se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio entre
las partes.
11
Visible en el índice núm. 41 del expediente del Tribunal.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, mediante sentencia de 16 de octubre de 2025, declaró
no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por el INPEC y amparó los derechos colectivos
invocados a excepción del derecho a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida, por las condiciones físicas y de
insalubridad presentadas en el rancho de alta seguridad del EPC. En
consecuencia, ordenó lo siguiente:
“[…] TERCERO: Para la protección de los derechos colectivos
invocados, IMPARTIR las siguientes órdenes:
3.1. ORDENAR a la Uspec que, dentro de los 3 meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, si aún no lo ha hecho:
a) PONGA en funcionamiento el nuevo rancho de la estructura de
alta seguridad de la CPAMSEB. Para el efecto, deberá realizar todas
las gestiones administrativas, técnicas, presupuestales y demás
acciones que sean necesarias, para el óptimo funcionamiento del
rancho. Tales gestiones deberán contemplar la construcción del muro
o habitación del cuarto de equipos y almacenamiento de agua potable
para abastecimiento del rancho, la instalación de equipos de bombeo
y, en general, la solución al problema de abastecimiento de agua
potable contemplado como compromisos en el acta de entrega del
contrato USPEC-CTO-314-2022. Así mismo, la verificación por parte
de personal profesional en seguridad y salubridad, que dé cuenta de
que el nuevo rancho cumple a cabalidad con los requisitos técnicos
para su operación, aspecto frente al cual se deberá presentar la
certificación correspondiente ante este Tribunal.
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b) ELABORE un plan de saneamiento respecto del nuevo rancho,
ajustado a las condiciones del mismo, con objetivos claramente
definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir riesgos
de contaminación en los procesos de preparación y servicio de
alimentación del rancho de alta seguridad de la CPAMSEB, que debe
incluir mínimo cronogramas, registros, listas de chequeo y
responsables de los programas de (i) limpieza y desinfección, (ii)
desechos sólidos, (iii) control de plagas y abastecimiento o suministro
de agua potable. Esto de conformidad con el artículo 26 de la
Resolución 2674 de 2013.
c) GARANTICE que se cumpla con las medidas sanitarias, educación
y capacitación, plan de capacitación, prácticas higiénicas y medidas
de protección previstas en los artículos 11 a 14 de la Resolución
2674/13.
3.2. ORDENAR al Inpec que, dentro del mes siguiente a la puesta
en funcionamiento del nuevo rancho de alta seguridad de la
CPAMSEB, verifique las condiciones de infraestructura, seguridad y
salubridad de esa instalación y en caso de encontrar anomalías frente
a dichos aspectos, informarlas a la Uspec a fin de que sean resueltas.
De encontrarse funcionando el nuevo rancho, tal verificación deberá
hacerse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, que estará integrado por el defensor
del pueblo Regional Boyacá o quien ese funcionario delegue; la
Procuraduría 46 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja; un
delegado de la Uspec, del Inpec y de la CPAMSEB, respectivamente.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.
Para el efecto, precisó que, de conformidad con el material probatorio
obrante en el expediente, el rancho del EPC no cumple con las
especificaciones exigidas en la norma y, pese a los contratos
celebrados por la USPEC y la ENTerritorio y la remodelación y
cambio de utensilios contratada, no se acreditó que las condiciones
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de riesgo identificadas en los primeros informes de la citada unidad
y de la Secretaría de Salud de Boyacá se hayan superado.
Sostuvo que los informes técnicos de febrero y marzo de 2025
allegados al plenario demuestran que el rancho del EPC operaba en
un espacio distinto al remodelado e inspeccionado por la UAEGRD
de Boyacá, respecto del cual se certificaron buenas condiciones. Al
respecto, destacó que las accionadas no probaron el traslado efectivo
de las operaciones a la instalación remodelada tras la emisión de
tales informes.
Indicó que estaba demostrado que el rancho utilizado no cumple con
las condiciones de seguridad y salubridad previstas en la Ley 9ª de
24 de enero de 197912 y la Resolución 2674 de 22 de julio de 201313,
porque presenta deterioro y características no aptas para la actividad
allí desarrollada, relacionada con el almacenamiento, manipulación y
preparación de alimentos, condiciones físicas que pueden causar
accidentes, equipos y utensilios deteriorados que generan riesgo de
accidentes laborales para quienes trabajan en el rancho, así como
12
“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
13
“Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.
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riesgo de enfermedades para los destinatarios de los alimentos
preparados.
Afirmó que, tal y como lo expuso el agente del Ministerio Público,
pese a que se han adelantado acciones para el restablecimiento de
los derechos colectivos invocados, como las mejoras al rancho del
EPC, estas no han sido suficientes debido a que las instalaciones
remodeladas no funcionan y el informe de la Secretaría de Salud de
Boyacá evidencia un avance sanitario solamente del «72%», razón
por la que existe un inminente riesgo para la población privada de la
libertad que se beneficia del rancho y para el personal que allí labora
en actividades relacionadas con la limpieza y manipulación de
alimentos y los demás que hacen uso de ese espacio.
Consideró que se encontraba configurada la vulneración de los
derechos colectivos amparados por cuanto en el EPC; i) se presentan
focos de contaminación consistentes en el manejo no adecuado de
residuos líquidos y sólidos y suciedad en superficies y equipos que
evidencian el riesgo de presencia de plagas y roedores; ii) las
condiciones sanitarias del rancho no son las adecuadas ante los
riesgos de contaminación de los alimentos, lo que da lugar a focos
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de contaminación que atentan contra el bienestar y salud de las
personas privadas de la libertad y de quienes prestan servicios en el
lugar; iii) la infraestructura del rancho no garantiza condiciones
seguras y salubres; y iv) las autoridades accionadas han desconocido
el deber de prevención de desastres que tienen frente a la población
carcelaria, entre otros.
Argumentó que no se vulneró el derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, porque si bien se
habían detectado falencias en la infraestructura del rancho de alta
seguridad del EPC, las mismas no exteriorizan de manera clara la
afectación al desarrollo urbano o el desconocimiento de las normas y
organización político - administrativa del municipio en el que se
encuentra ubicado, relacionadas con el uso del suelo, urbanismo y la
función social y ecológica de la propiedad.
Frente a la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta
por el INPEC, señaló que tiene obligaciones de las que no puede ser
relevada en cuanto a la determinación de necesidades de
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infraestructura de los centros carcelarios y la definición de
lineamientos para su rehabilitación en coordinación con la USPEC,
para que sean superadas y, además, tiene a su cargo la
implementación de estrategias permanentes que mejoren las
condiciones de hábitat, saneamiento básico, calidad del agua, y
control de las enfermedades endemoepidémicas con el fin de
proteger la salud de la población privada de la libertad.
Respecto de la supuesta imposibilidad alegada por la USPEC de
invertir recursos en el EPC por no estar el predio en el que funciona
a nombre del INPEC, adujo que ello carece de fundamento y no es
congruente con sus demás argumentos y las pruebas aportadas,
pues, por el contrario, estos dan cuenta de que ha suscrito y
ejecutado contratos de obra cuyos objetos han comprendido la
intervención de la infraestructura del rancho del EPC en cuestión.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La USPEC sostuvo que debió prosperar su excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto de las pruebas
recaudadas era posible extraer que ha desplegado las gestiones
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necesarias para satisfacer las necesidades presentes en el EPC, en
virtud de las funciones previstas en el Decreto 4150 de 2011.
Sostuvo, para el efecto, que para las vigencias 2021, 2022 y 2023,
con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura del citado
penal, se efectuaron los siguientes procesos contractuales:
Adujo que el a quo omitió dicho material probatorio pese a ser nombrado
en su sentencia y, con ello, le restó mérito a las acciones que realizó en pro
de mejorar las condiciones del personal privado de la libertad en el EPC y
le atribuyó una responsabilidad que, a su juicio, no se encuentra
configurada.
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Resaltó que el a quo también pasó por alto que la ejecución de acciones en
materia de infraestructura en los EPC depende exclusivamente del Plan de
Necesidades que elabore y presente el INPEC, de conformidad con el
procedimiento denominado «Procedimiento para elaborar el Plan de
Necesidades de Infraestructura de los ERON, código pa-la-p07, versión 1 y
formato pa-la-p07-f01-v01». Elaborado dicho Plan, junto con el INPEC
deben realizar una reunión para priorizar las necesidades o falencias que
requieren intervención inmediata para que, con fundamento en ello, y en
el marco de sus competencias, pueda estructurar y ejecutar los procesos
contractuales encaminados a prevenir o corregir las deficiencias
identificadas.
Por lo anterior, solicitó revocar en su integridad la sentencia de primera
instancia.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Las partes no presentaron alegatos. Asimismo, el delegado del
Ministerio Público ante esta Corporación, dentro de la oportunidad
procesal otorgada en esta instancia, no emitió concepto.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
V.2.- Problemas jurídicos
Vistos los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
advierte que la USPEC no controvierte la vulneración de los derechos
colectivos invocados con motivo de la problemática que enfrenta el
rancho del EPC, relacionada con su estado actual, los daños y
deterioros de la infraestructura y las deficientes condiciones de
seguridad, salubridad y sanitarias que impiden su adecuado
funcionamiento.
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Por el contrario, la apelación de la USPEC se sustenta en que: i) no
existe una acción u omisión que permita atribuirle la vulneración
alegada y, por tanto, debió prosperar la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues su actuación en materia de
infraestructura no es autónoma, ya que depende de la previa
elaboración por el INPEC del Plan de Necesidades de Infraestructura
de los ERON y de su posterior priorización conjunta; y ii) porque sí
desplegó actuaciones dentro del marco de sus competencias,
particularmente mediante los procesos contractuales adelantados
durante las vigencias 2021, 2022 y 2023 para intervenir la
infraestructura del establecimiento, pruebas que, a su juicio, fueron
mencionadas pero no debidamente valoradas por el a quo.
En consecuencia, la Sala considera que los problemas jurídicos a
resolver son:
1. ¿La USPEC se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el
presente asunto?
2. ¿Las actuaciones desplegadas por la USPEC para atender las
deficiencias de infraestructura del rancho de alta seguridad del EPC,
así como la circunstancia de que su intervención dependa de la previa
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elaboración y priorización del Plan de Necesidades de Infraestructura
por parte del INPEC, permiten concluir que no le es imputable la
vulneración de los derechos colectivos amparados por el Tribunal?
V.2.1.- De la legitimación en la causa por pasiva de la USPEC
Sobre el particular, la Sala destaca que en materia de acciones
populares el estudio y análisis de esta excepción supone establecer
la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y,
a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o
fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos
colectivos.
En consecuencia, están legitimados por activa y pasiva, según la ley
(artículos 13 y 14 de la Ley 472 de 1998) las personas naturales o
jurídicas que se vean perjudicadas por la violación o amenaza a los
derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u
omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.
Es decir, dicha excepción constituye a su vez un presupuesto procesal
que de no acreditarse conlleva la imposibilidad del juez de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto del sujeto en quien recae la falta
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de legitimación para concurrir al litigio, siendo procedente disponer
su desvinculación del proceso.
Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los
supuestos fácticos de la demanda como sus pretensiones, surge con
claridad que los asuntos ventilados en esta acción constitucional
están relacionados con competencias legalmente atribuidas a la
USPEC, especialmente, en materia de infraestructura y prestación
de servicios penitenciarios y carcelarios, conforme se advierte del
siguiente marco normativo que rige a la entidad:
En efecto, mediante el Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011
se escindieron del INPEC las funciones administrativas y de
ejecución de actividades que le servían de soporte para el
cumplimiento de sus objetivos y se creó la USPEC como una Unidad
Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
El artículo 4º ibidem previó que la USPEC tiene por objeto:
«gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los
servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y
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administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC».
En desarrollo de dicho objeto, el artículo 5º idem le atribuyó, entre
otras, las funciones de: coadyuvar, en coordinación con el Ministerio
de Justicia y del Derecho y el INPEC, la definición de las políticas
en materia de infraestructura carcelaria; desarrollar e
implementar los planes, programas y proyectos en materia
logística y administrativa necesarios para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios;
definir, conjuntamente con el INPEC, los lineamientos que en
materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria
y carcelaria; y adelantar las gestiones que se requieran para
ejecutar los proyectos de adquisición, suministro y
sostenimiento de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y
de infraestructura necesarios para dicha gestión.
Asimismo, corresponde a la USPEC promover, negociar, celebrar,
administrar y efectuar seguimiento a los contratos que tengan
por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento,
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operación y prestación de servicios asociados a la
infraestructura carcelaria y penitenciaria, así como realizar
directamente o contratar con terceros la supervisión, interventoría,
auditoría y, en general, el seguimiento a la ejecución de tales
contratos.
Posteriormente, la Ley 1709 de 20 de enero de 2014, mediante
la cual se reformó el Código Penitenciario y Carcelario, asignó a la
USPEC competencias específicas relacionadas con la prestación del
servicio de alimentación de las personas privadas de la libertad. En
efecto, en su artículo 48, que modificó el artículo 67 de la Ley 65 de
1993, dispuso que la USPEC tendrá a su cargo la alimentación
de las personas privadas de la libertad y estableció que junto
con el INPEC deberán, conforme con sus respectivas competencias,
encargarse de la dotación de los elementos y equipos que deban
suministrarse en los establecimientos de reclusión.
A su turno, el artículo 49 de la misma ley, que modificó el artículo 68
del Código Penitenciario y Carcelario, estableció que corresponde a
la USPEC fijar las políticas y planes de provisión alimentaria,
cuya prestación puede efectuarse mediante administración directa o
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a través de contratos con particulares, y dispuso que los alimentos
suministrados deben reunir condiciones de calidad y cantidad que
aseguren una nutrición suficiente y balanceada de las personas
privadas de la libertad.
Ahora bien, mediante el Decreto 204 de 10 de febrero de 201614,
se delimitaron las competencias del INPEC y de la USPEC para el
adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y
carcelarios.
En ese sentido, el artículo 2.2.1.12.1.2 del Decreto 1069 de 26 de
mayo de 201515 previó el principio de coordinación, según el cual
el INPEC y la USPEC deben coordinar todas sus actuaciones dentro
del marco de sus respectivas competencias, de manera que se
garantice el adecuado cumplimiento de los objetivos para los cuales
fueron creadas. A su vez, el artículo 2.2.1.12.1.3 estableció el
principio de eficiencia, conforme al cual ambas entidades deben
emplear los medios más adecuados para el cumplimiento de sus
14
“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se definen las competencias de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1709 de 2014”.
15
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
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objetivos, de forma que se garantice el goce efectivo de los derechos
de las personas privadas de la libertad.
Para efectos de determinar el alcance de las obligaciones
relacionadas con las instalaciones penitenciarias, el artículo
2.2.1.12.1.5 define la infraestructura como las instalaciones y los
elementos físicos y técnicos necesarios para el funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios.
De manera más específica, el artículo 2.2.1.12.2.6 dispone que se
encuentra a cargo de la USPEC la infraestructura necesaria para «la
efectiva vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad, compuesta, entre otros, por las celdas, los
puestos y mecanismos electrónicos de control y vigilancia, los
espacios requeridos para el trabajo, el estudio y la enseñanza, así
como las áreas administrativas de los centros de reclusión». La
propia disposición aclara que esa enumeración es meramente
ilustrativa y no excluye otros bienes y servicios requeridos para el
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.
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Igualmente, el artículo 2.2.1.12.2.9 distribuyó las competencias
relacionadas con la operación y mantenimiento de los bienes. Si bien,
por regla general, la operación de los bienes dotados por la USPEC
corresponde al INPEC, se exceptúa la operación de la dotación
estructural, dentro de la cual la norma incluye las plantas de
tratamiento de agua potable y residual, subestaciones y plantas de
energía eléctrica, equipos hidroneumáticos y de bombeo, pozos
profundos y las demás acciones propias del objeto misional de la
USPEC. Asimismo, la disposición atribuye a esta última el
mantenimiento de dichos bienes, previo requerimiento del INPEC,
salvo las excepciones previstas en la propia reglamentación.
Finalmente, en cuanto a la forma en que deben articularse las
actuaciones de ambas entidades para la ejecución de las obras, el
artículo 2.2.1.12.4.1 establece que, de conformidad con el Plan de
Necesidades remitido por el INPEC para la elaboración del
anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia fiscal,
corresponde a la USPEC formular los respectivos proyectos y definir
el alcance de la intervención, de acuerdo con el presupuesto que le
haya sido asignado y aprobado. Por su parte, una vez finalizados los
contratos celebrados por la USPEC y recibidas a satisfacción las
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obras, bienes o servicios, el artículo 2.2.1.12.4.2 prevé su entrega
formal al director del respectivo establecimiento de reclusión.
De este marco normativo se desprende que las competencias de la
USPEC y del INPEC en materia de infraestructura penitenciaria se
encuentran diferenciadas, pero son interdependientes y deben
ejercerse de manera coordinada.
Así, si bien corresponde al INPEC identificar y remitir las necesidades
de los establecimientos de reclusión, a la USPEC le fueron asignadas
funciones propias relacionadas con la formulación y ejecución de los
proyectos de infraestructura, la definición del alcance de las
intervenciones, la contratación de las obras y servicios, su
seguimiento y, en los casos previstos normativamente, el
mantenimiento y operación de determinados componentes
estructurales.
Por lo expuesto en precedencia, la Sala considera que la USPEC si
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en tanto el
ordenamiento jurídico le atribuyó competencias directamente
relacionadas con la situación que dio origen a la presente acción
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popular, particularmente, en materia de gestión, intervención y
mantenimiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así
como respecto de la prestación del servicio de alimentación de las
personas privadas de la libertad.
En efecto, como quedó visto, el Decreto 4150 de 2011 le asignó a la
entidad apelante, entre otras funciones, la de gestionar y operar la
infraestructura requerida para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios; y definir conjuntamente con el
INPEC los lineamientos requeridos en esa materia y adelantar las
gestiones necesarias para ejecutar los proyectos relacionados con su
sostenimiento. A su vez, la Ley 1709 de 2014 le atribuyó
específicamente la alimentación de las personas privadas de la
libertad y la fijación de las políticas y planes de provisión alimentaria.
Comoquiera que la controversia que dio origen al presente asunto se
encuentra relacionada, precisamente, con las deficiencias de
infraestructura y las condiciones de seguridad, salubridad y
saneamiento del rancho de alta seguridad del EPC, el espacio
destinado a la preparación de los alimentos de la población privada
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de la libertad, cuyos asuntos son de competencia de la USPEC,
resulta palmaria su legitimación para concurrir al proceso.
Ahora bien, cabe señalar que la circunstancia alegada por la
recurrente relativa a que la ejecución de las intervenciones en
materia de infraestructura depende de la previa elaboración por parte
del INPEC del Plan de Necesidades de Infraestructura de los ERON,
no desvirtúa su legitimación en la causa por pasiva, pues, por el
contrario, la misma normativa que regula la materia prevé una
distribución de competencias entre ambas entidades y les impone un
deber de coordinación para garantizar el adecuado funcionamiento
de los servicios penitenciarios y carcelarios.
Asimismo, el hecho de que la USPEC afirme haber desplegado
distintas actuaciones administrativas y contractuales dirigidas a
solucionar las deficiencias advertidas tampoco conduce a concluir que
carezca de legitimación para integrar el extremo pasivo de la
controversia, pues dicho planteamiento reconoce que ha ejercido
competencias relacionadas directamente con la problemática objeto
de controversia y, además, no atañe a la legitimación en la causa,
sino al análisis de fondo relativo a si las actuaciones que ha
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desplegado resultaron suficientes o no para cumplir las obligaciones
a su cargo y, consecuentemente, si la vulneración de los derechos
colectivos amparados le resulta imputable, cuyo aspecto será
examinado al resolver el segundo problema jurídico.
V.2.2.- De las actuaciones desplegadas por la USPEC y su
responsabilidad frente a los derechos colectivos amparados
En el recurso de apelación, la USPEC sostuvo que el material
probatorio obrante en el expediente da cuenta de que ha desplegado
las gestiones administrativas y contractuales necesarias para
satisfacer las necesidades presentes en el EPC y mejorar las
condiciones del personal privado de la libertad; no obstante, el
mismo no fue tenido en cuenta por el a quo, quien demeritó las
acciones que ha realizado.
El Tribunal, en la providencia objeto de recurso, consideró que, pese
a los contratos celebrados por la USPEC, a la remodelación y al
cambio de utensilios, no se acreditó que las condiciones de riesgo
identificadas en los primeros informes de la citada unidad y de la
Secretaría de Salud de Boyacá se hayan superado y, por el contrario,
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encontró demostrado que el rancho utilizado no cumple con las
condiciones de seguridad y salubridad previstas en la norma.
Para resolver, del material probatorio se destacan las siguientes
pruebas:
-. Convenio interadministrativo núm. 216144 de 29 de
noviembre de 201616 suscrito entre la USPEC y el Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo - FONADE (hoy ENTerritorio), el cual
tuvo por objeto: «realizar la Gerencia para la construcción e
interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la
infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida
por la USPEC, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición,
mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y
ampliación, así como la elaboración del Plan Maestro de
Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con
la información de los diseños que presenta LA USPEC».
-. Contrato de obra núm. 2221106 de 7 de septiembre de
202217 suscrito entre ENTerritorio y la empresa Diseños y
16
Cfr., índice 50, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
17
Cfr., índice 50, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Construcciones en Ingeniería S.A.S., con el objeto de: “[…]
1:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC
CHIQUINQUIRÁ, EPAMCAS CÓMBITA, EPC YOPAL, EPMSC
VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS) A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL PENINTENCIARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°216144 […]”.
-. Contrato de obra USPEC-CTO-314-2022 de 10 de octubre de
202218 celebrado por la USPEC con el CONSORCIO OBRAS MG,
cuyo objeto contractual fue: «MANTENIMIENTO GENERAL
RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO
DEL INPEC. REGIONAL CENTRAL», con fecha de inicio de 17 de
noviembre de 2022.
El anexo técnico del contrato en mención dispuso que el alcance para
el EPC era atender las necesidades priorizadas por el establecimiento
en cuanto al fortalecimiento y el mantenimiento físico de sus
18
Cfr., índice 50, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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instalaciones, para lo cual describió las actividades a realizar, así:
«Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del
Establecimiento penitenciario “CPAMSEB el Barne - Cómbita -
atención prioritaria y cumplimiento a los fallos de tutela y órdenes
judiciales».
-. Certificación de inicio OF-314-1376 de 18 de mayo de 202319
expedida por el director de interventoría, en la que se indicó que la
ejecución de actividades en el rancho del EPC inició el 2 de mayo de
2023 y, para ese momento, se estaban haciendo actividades de
demolición de enchapes, placa de contrapiso, entre otros, para lo
cual aportó registro fotográfico.
-. Contrato de obra USPEC-CTO-355 de 202320 celebrado por la
USPEC con el CONSORCIO OBRAS MG, cuyo objeto contractual
fue: «Adquisición, dotación e instalación de muebles y equipos de
cocina para la puesta en funcionamiento del rancho del
establecimiento penitenciario USPEC-CTO-355-202354 y carcelario
de mediana seguridad de Palmira CPA, la adquisición, dotación e
instalación de muebles y equipos de cocina para la puesta en
19
Cfr., índice 21, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
20
Cfr., índice 50, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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funcionamiento del rancho del establecimiento penitenciario y
carcelario de mediana seguridad EPMS Vélez A C y la adquisición,
instalación, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento y
seguimiento al adecuado funcionamiento y operación, de los muebles
y equipos de cocina, que conforman la dotación” Rancho de Alta
Combita».
-. Memorando I-2023-001582 de 25 de mayo de 202321,
mediante el cual el subdirector de Construcción y Conservación de la
USPEC le informó al jefe de la Oficina Jurídica de la misma entidad
que desde el año 2022 se estaba desarrollando la Mesa de
Seguimiento Interinstitucional para el mantenimiento y adecuación
del rancho del EPC y le indicó que, para ello, se había celebrado el
«CONTRATO DE OBRA N°388 DE 2021: Con el cual se realizó el
Mantenimiento de una caldera de 40 BHP que operan para el rancho
de alta seguridad, y el Mantenimiento correctivo y adecuación de las
redes de vapor y de retorno de condensados, que alimentan el área
de cocción de dicho rancho. Este contrato terminó sus intervenciones
y realizó la respectiva entrega o devolución de la caldera y red de
vapor en óptimo funcionamiento y sin pendientes».
21
Cfr., índice 21, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Igualmente, indicó que el posterior contrato USPEC-CTO-314-2022
«tenía alcance para el mantenimiento y adecuación del rancho de
alta seguridad de la CPAMSEB».
-. Memorando I-2023-001582 de 16 de julio de 202422,
mediante el cual la subdirectora de Construcción y Conservación de
la USPEC le informó a la Oficina Jurídica de la entidad que: «La
USPEC suscribió Contrato 355 de 2023, cuyo objeto es (…) la
adquisición, instalación, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento
y seguimiento al adecuado funcionamiento y operación, de los
muebles y equipos de cocina, que conforman la dotación” Rancho de
Alta Combita».
Del anterior material probatorio se advierte que la USPEC llevó a
cabo diferentes procesos contractuales durante las vigencias 2021,
2022 y 2023 con el propósito de intervenir la infraestructura del
establecimiento penitenciario, circunstancia que, además, contrario
a lo afirmado por la parte actora, sí fue reconocida por el Tribunal
en la sentencia apelada.
22
Cfr., índice 50, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Asimismo, está probada la ejecución de obras relacionadas con la
construcción del nuevo rancho de alta seguridad, así como de los
informes allegados por la Dirección de Infraestructura de la entidad
y de los registros de ejecución correspondientes.
No obstante, tales actuaciones, por sí solas, no permiten concluir que
la vulneración de los derechos colectivos declarada por el Tribunal
no le resulte imputable, razón por la que lo relevante en este caso
no es únicamente establecer si la entidad desplegó alguna actividad
dentro del marco de sus competencias, sino determinar si dichas
actuaciones fueron idóneas y suficientes para superar las condiciones
de infraestructura, seguridad y salubridad que dieron origen a la
presente acción popular. Para el efecto, del material probatorio
restante se destaca el siguiente:
-. Acta de Visita de 22 de febrero de 202223, realizada por la
Secretaría de Salud de Boyacá, en la cual se relacionan entre los
hallazgos encontrados, los siguientes:
23
Cfr., índice 51, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Área de estructura física no diseñada para la preparación
adecuada de alimentos, la cual permite acceso de vectores y focos
de contaminación;
Pisos y paredes en total deterioro con evidente suciedad y
ausencia de mantenimiento;
Techos en total deterioro, escasa iluminación e instalaciones
eléctricas deterioradas;
Instalaciones sanitarias no aptas para su uso, con estructuras
físicas sin mantenimiento y sin adecuada limpieza y desinfección;
Utensilios y equipos deteriorados, falta de mantenimiento y
soporte técnico;
Superficies de contacto con el alimento sin la limpieza y
desinfección adecuada, tablas de picar deterioradas;
Inadecuado almacenamiento de productos y materia prima;
No se observa resultado de potabilidad en el agua que se utiliza
para la preparación de alimentos;
Inadecuado e insuficiente sistema de disposición de residuos
sólidos y líquidos y empozamiento de agua; y,
Acumulación de suciedad y grasa en general.
En dicha visita se recomendó dar cumplimiento inmediato a los
hallazgos encontrados.
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-. Oficios núms. S-2022-001883-SALDPP, S-2022-001882-
SALDPP y S 2022-001881-SALDPP de 3 de marzo de 202224,
mediante los cuales la Secretaría de Salud de Boyacá - Dirección de
Promoción y Prevención en Salud les solicitó a los directores de la
USPEC, INPEC y el EPC, respectivamente, la intervención inmediata
del rancho de dicho establecimiento, debido a los hallazgos
encontrados en la visita de 22 de febrero de 2022.
-. Acta de Visita de 1o. de abril de 202225, realizada por la
Secretaría de Salud de Boyacá, a través del Programa de
Alimentos y Bebidas Alcohólicas y la Dirección de Promoción y
Prevención en Salud, para la verificación de las condiciones higiénico-
sanitarias en las áreas de manipulación, preparación,
almacenamiento, cocción y servido de alimentos del rancho del EPC,
en la cual se tuvo el acompañamiento de la Procuraduría General de
la Nación, la Defensoría del Pueblo y el director de la CPAMSEB.
24
Cfr., índice 3, págs. 50 a 58, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
25
Cfr., índice 51, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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En el respectivo Informe de Inspección y Vigilancia Sanitaria26,
además de reiterar los hallazgos encontrados en la visita anterior, se
indicó lo siguiente:
“[…] OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:
1. La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne-
Rancho Alta Seguridad- Cómbita, es un establecimiento que tiene un
área de preparación, manipulación y almacenamiento de alimentos
de vital importancia ya que se le suministra alimentos a más de 2.000
PPL (personas privadas de la libertad), lo cual hace que el
establecimiento sea de alto riesgo de acuerdo a las actividades
propias de este lugar.
2. Debido a esto, garantizar y mantener la implementación de los
planes de saneamiento y medidas de seguridad para calidad e
inocuidad de los alimentos que allí se preparan para evitar cualquier
tipo de riesgo en la salud para los consumidores.
3. De acuerdo a los continuos incumplimientos sanitarios de estas
áreas de preparación y manipulación de alimentos, a los conceptos
sanitarios emitidos bajos, se hace necesario una corrección y solución
de la problemática encontrada, en lo que tiene que ver con
infraestructura física, ejecución de plan de saneamiento y/o técnicas
de limpieza y desinfección, implementación de adecuados equipos y
utensilios, entre muchos otros.
4. La Inspección y Vigilancia para alimentos, enfocado a Rancho de
CPAMSEB, que por su actividad puede generar riesgo para PPL; busca
promover la calidad, inocuidad e higiene de los alimentos en las
diferentes etapas desde su preparación, manipulación,
almacenamiento y servicio de alimentos, contribuyendo así en evitar
algún tipo de Enfermedad Transmitida por Alimentos por la no
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura.
5. Se hace necesario y prioritario implementar de manera inmediata
un Plan de mejora continua y/o plan de contingencia, en el cual se
incluyan las acciones a corto y mediano plazo, que den cuenta de la
seguridad, calidad e inocuidad dentro de las diferentes áreas y
procesos de manipulación de alimentos.
6. De igual forma, es indispensable garantizar la mejora continua de
los controles, de capacitación y educación del personal manipulador
de alimentos; independiente del proceso en el que intervenga; pues
26
Cfr., índice 3, págs. 79 a 87, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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es evidente que la gran mayoría de este personal son personas
privadas de la libertad, quienes además deben portar indumentaria
adecuada, completa y de manera permanente. Con el fin de optimizar
los buenos procesos y adecuadas prácticas de manufactura de
totalidad de manipuladores de alimentos.
7. El mantenimiento y adecuación de la infraestructura física es un
proceso que debe realizarse eficazmente, de forma ágil y continua ya
que este hallazgo toma prioridad y la mayor relevancia en lo que
corresponde a los incumplimientos sanitarios.
8. La situación estructural y sanitaria de las diferentes etapas desde
su preparación, manipulación, almacenamiento y servicio de
alimentos de este sitio de reclusión, por el alto deterioro e
insuficientes procesos de calidad e inocuidad, representan un alto
riesgo sanitario que puede afectar la salud de las personas privadas
de la libertad que reciben el servicio de alimentación diaria.
9. A este informe, se anexa también el informe técnico de calidad de
agua presentado como recuento de las acciones de inspección,
vigilancia y control del sistema y de la calidad del agua para consumo
humano.
10. Copia de este informe se enviará para conocimiento y fines
pertinentes a Defensoría del Pueblo- Regional Boyacá, Procuraduría
General de la Nación- Regional Boyacá, U.S.P.E.C., I.N.P.E.C. y a la
Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne. […]”.
-. Informe Visita Técnica de 3 de agosto de 202227, elaborado
por la UAEGRD del Departamento de Boyacá, en el que, a partir de
los hallazgos encontrados, indicó que el EPC presentaba un “riesgo
alto” configurado por los empozamientos de agua que puede
conllevar la proliferación de vectores y superficies inadecuadas para
el tránsito del personal, frente a lo cual realizó las siguientes
recomendaciones:
“[…] 8. RECOMENDACIONES.
27
Cfr., índice 3, págs. 20 a 44, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Se recomienda a la penitenciaría de alta seguridad el Barne del
municipio de Cómbita lo siguiente:
• Es necesario llevar a cabo un mantenimiento correctivo de las
estructuras de drenaje de manera que estas operen de manera
adecuada.
• Las losas de contrapiso evidencian grietas de gran tamaño, se
recomienda llevar a cabo un inventario detallado de dichos deterioros
con el fin de poder determinar el tipo de intervención a realizar las
cuales pueden variar desde un sellado de grietas hasta la
reconstrucción de las losas de contrapiso.
• Es necesario la instalación de soportes adecuados para la tubería
de suministro de agua potable, para lo cual se deberán tener en
cuenta las propiedades físicas de las tuberías y las recomendaciones
dadas por el fabricante de estas; evitando así que se presenten
deflexiones excesivas que puedan derivar en la rotura de estas.
• Solicitar apoyo a las entidades pertinentes en el tema de seguridad
en el trabajo y salubridad con el fin de poder determinar el estado
de estas y las posibles acciones que garanticen el adecuado
funcionamiento de dichos espacios […]”.
-. Acta de Visita de 25 de agosto de 202228, realizada por la
Secretaría de Salud de Boyacá en la que se indicó que la
infraestructura no contaba con un diseño ni construcción óptima para
la preparación de alimentos; había acumulación de residuos sólidos
y líquidos en sus accesos y alrededores; estancamiento de aguas e
inadecuado funcionamiento de sistemas de drenaje; pisos y paredes
en materiales no sanitarios; equipos y utensilios en deterioro y sin
mantenimiento; personal que manipula los alimentos sin el
cumplimiento de requisitos de higiene; y presencia de madrigueras
y roedores.
28
Cfr., índice 51, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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Respecto al saneamiento, sostuvo que no se evidenciaron los
certificados de quienes realizaban lavado de tanques de
almacenamiento, fumigación y desratización; que no se aportaba
información de la disposición final de los residuos sólidos orgánicos y
aceites de cocina usados; y no había claridad en la información
registrada en los formatos de los procesos de limpieza, desinfección
y control de plagas.
Finalmente, se dejó constancia de orden y limpieza del rancho en las
áreas implicadas en la preparación de alimentos, pero se advirtió que
el plan de saneamiento presentado no correspondía a los procesos y
soportes evidenciados en la visita, ni se ajustaban a la realidad y
necesidades del rancho.
-. Acta de Visita de 12 de octubre de 202229, realizada por la
Secretaría de Salud de Boyacá, la cual tuvo por objeto efectuar
un seguimiento del cumplimiento de las condiciones higiénico-
sanitarias del comedor del EPC. Según dicho documento se encontró:
presencia de excremento de roedores en áreas internas relacionadas
con la preparación, almacenamiento y servicio de alimentos;
29
Cfr., índice 51, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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presencia de madrigueras y roedores en áreas externas; procesos de
limpieza y desinfección de área general (áreas altas, bajas, de fácil y
difícil acceso); equipos y utensilios no óptimos e insuficientes; y
acumulación de grasa y suciedad en general.
Asimismo, se indicó que, de acuerdo con el informe analítico de frotis
de superficies vivas e inertes emitido por el Laboratorio
Departamental de Salud Pública, se encontró presencia de coliformes
fecales en mesa de pre alistamiento de alimentos y de
Staphylococcus Coagulosa en manipulador de ensalada y, además,
ausencia de protocolos de lavado de manos e implementos
necesarios para la higiene personal (jabón líquido antibacterial y
sistema de secado de manos) y de un punto de agua para lavado
frecuente de manos.
Por las situaciones descritas, en la visita se aplicó la medida sanitaria
de seguridad consistente en la “clausura temporal total” del comedor
del EPC.
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-. Acta de Visita de 14 de octubre de 202230 elaborada por la
Secretaría de Salud de Boyacá, en la que se suscribió acta de
levantamiento de la medida sanitaria de seguridad impuesta en la
visita de 12 de octubre de 2022, por evidenciar el cumplimiento de
las causas de la misma, en la medida en que: i) se retiró el personal
manipulador con resultados desfavorables de frotis de superficies
vivas; ii) se instalaron barreras físicas para evitar el ingreso de
plagas a las áreas destinadas para procesos; y iii) se hizo limpieza y
desinfección en área general, se instaló lavamanos en área externa
a la de preparación y se dotó de gel antibacterial y sistema de secado
de manos desechable. No obstante, se advirtió que los
manipuladores de alimentos no contaban con punto de agua para
lavado frecuente de manos.
-. Informe Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentos
de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –
REGIONAL CENTRAL presentado por el INPEC el 21 de octubre
de 202231. En dicho informe frente al EPC, objeto del presente
estudio, se indicó lo que:
30
Cfr., índice 52, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
31
Cfr., índice 3, págs. 169 a 172, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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“[…] CPAMSEB EL BARNE
Clasificación INPEC: Establecimiento en ALTO RIESGO
Operador de servicio de alimentación: PROALIMENTOS LIBER
Calificación operador en este ERON: ALTO RIESGO
Clasificación del Establecimiento en Infraestructura: ALTO RIESGO
Producción diaria tres tiempos de comida: 3597 PPL
(…)
En materia de requisitos higiénicos-sanitarios para la producción
adecuada de alimentos y que son de obligatorio cumplimiento por
normatividad, se solicita a la USPEC que, en conjunto con su equipo
de profesionales, verifique, corrobore y asigne responsabilidades
(menor y mayor cuantía cuando se habla de mantenimiento de
infraestructura) y de plan de mejora para indicadores de Buenas
Prácticas de Manufactura, de competencia del operador de alimentos.
Se informan las siguientes posibles falencias:
• Las paredes no son lisas, presentan grietas, rugosidades, asperezas.
• En las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos no hay
uniones entre paredes, pisos y techo, y/o no son redondeadas
(mediacañas).
• Las superficies no son de color claro, son impermeables, difíciles de
lavar y son absorbentes.
• No cuenta con la pendiente necesaria para efectos de drenaje.
• Las tuberías y drenajes no están debidamente protegidas.
• Los techos no evitan la acumulación de polvo y suciedad, al igual
permiten el ingreso de plagas.
• Los techos no están construidos en material impermeable,
resistente, liso, y su acceso impiden las labores de limpieza,
desinfección y desinsectación.
• Las ventanas y aberturas no están en adecuado estado de
funcionamiento.
• Las ventanas no cuentan con una malla que evite el ingreso de
plagas en adecuadas condiciones.
• Los extractores se encuentran en regular estado de mantenimiento,
al igual éste es de difícil limpieza. En la estructura 1 no cuenta con
extractores.
• Las puertas no son resistentes, su superficie no es lisa y es
absorbente, al igual su diseño no actúa como barrera de protección
que impida el ingreso de plagas al servicio.
• Las lámparas se encuentran en regular estado de mantenimiento. •
No se dispone de unidades sanitarias exclusivas para la PPL y/o no
son en material higiénico sanitario.
• No se cuenta con vestidores y casilleros en cantidad suficiente para
la PPL que apoya el servicio de alimentación.
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• Las unidades sanitarias no funcionan y/o no se mantienen limpias y
dotadas.
• No se evidencian avisos que indiquen al personal manipulador la
necesidad del lavado de manos.
• Las superficies que entran en contacto directo con los alimentos, son
de difícil acceso para realizar las actividades de limpieza y
desinfección.
• No se implementan medidas preventivas y correctivas ante la
presencia de enfermedad o lesión de los PPL.
• No se cuenta con los certificados médicos de los manipuladores, en
los cuales consta la aptitud de éstos para manipular alimentos.
• No se cuenta con resultados de laboratorio clínico u otros que sean
necesarios para establecer la aptitud del manipulador.
• El operador no provee la dotación y vestimenta de trabajo al
personal manipulador acorde con la actividad.
• El manipulador de alimentos no se cambia de vestimenta cuando
llega al servicio y/o cuando sale de este.
• No se presentan como evidencias las actas de las sesiones de
acuerdo con la programación del plan de capacitación a PPL
manipuladores.
• No se evidencia el cumplimiento del plan con los registros de
asistencia y evaluación de cada uno de los participantes.
• La materia prima ingresada no cuenta con adecuado embalaje y/o
no cuenta con los rotulados según la normatividad sanitaria vigente.
• La materia prima egresada no cumple con las características
organolépticas, temperaturas, condiciones de envase, entre otros,
para garantizar su calidad e inocuidad de estos.
• No se realiza un proceso adecuado de descongelación de la materia
prima y/o esta es nuevamente re congelada.
• Los alimentos que requieren refrigeración no se mantienen en
temperatura menor a 4°C.
• Los alimentos que requieren congelación no se mantienen en
temperaturas menores a 18°C.
• El tanque de almacenamiento no está construido con materiales
sanitarios resistentes y/o dificultan su limpieza y desinfección.
• El servicio no cuenta con sistemas de desagüe en adecuadas
condiciones de mantenimiento.
• El sistema de desagüe no funciona adecuadamente, se presenta
devolución de las aguas servidas. […]”.
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-. Oficio núm. 2022EE0195710 de 8 de noviembre de 202232,
mediante el cual el responsable del Área de Atención y Tratamiento
del EPC requirió a NUTRIUSPEC, encargada del servicio de
alimentación en el establecimiento contratada por la USPEC, para
que adoptara las acciones pertinentes tendientes a corregir las
deficiencias advertidas en el área del rancho y mejorar el servicio de
alimentación a la población privada de la libertad.
Para el efecto, en dicho documento se señaló que en la revisión del
establecimiento carcelario se evidenciaron novedades diarias con el
abastecimiento de productos esenciales para el cumplimiento en la
preparación de los alimentos acordes al menú aprobado, lo que
conllevaba el retraso en el cumplimiento de los horarios de
preparación, distribución y toma de alimentos; afectación en la
seguridad del penal por retraso en los procedimientos de contada y
encerrada de los privados de la libertad; incumplimiento en los
gramajes, especialmente, en la proteína; incumplimiento de los
alimentos solicitados por el médico tratante para los privados de la
libertad que requieren dieta especial; y el mal estado de las canecas.
32
Cfr., índice 3, págs. 182 a 191, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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-. Acta de Inspección de Visita de 3 de mayo de 202333,
efectuada por la Secretaría de Salud de Boyacá - Programa de
Alimentos y Bebidas. En la revisión efectuada se evidenciaron
situaciones críticas en la zona de preparación de alimentos, tales
como: i) residuos líquidos sin sistema de drenaje, de manera que
se impidiera la contaminación de superficies en contacto con
alimentos y rebosamiento de residuos líquidos que generaban malos
olores; y ii) residuos sólidos sin la adecuada disposición y
clasificación, ubicados en espacio abierto dentro del área de
preparación, que generaban malos olores y posible refugio de
animales y plagas. Por lo anterior, y ante el concepto sanitario
desfavorable, se tomaron las siguientes medidas sanitarias de
seguridad, entre las cuales ordenaron la “Clausura temporal
parcial”, así:
33
Cfr., índice 20, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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-. Acta de reunión de 12 de septiembre de 202434 suscrita por
funcionarios del INPEC, la USPEC y el CONSORCIO OBRAS MG,
en la que se realizó la entrega del espacio Rancho de Alta Seguridad
del Contrato 314/2022 al 355/2023 y se informó que:
“[…] Teniendo en cuenta la problemática del Rancho referente al
abastecimiento de agua por colapso de muro del cuarto de tanque de
almacenamiento, el Contratista de obra indicó que es urgente definir
solución, con base en la vigencia de los recursos que corresponde a
2023 y que dentro del presupuesto faltante por gestionar en contrato
314 se encuentra solo el rubro correspondiente a equipos de Bombeo
para Rancho.
Uspec en referencia a la anterior problemática solicita al contratista
de obra del Contrato 314/2021, una propuesta alternativa, en caso
de que el cuarto de Almacenamiento de Agua no esté en correcto
funcionamiento o no sea entregado para instalación de equipos de
Bombeo a Rancho.
Se realiza recorrido en Rancho con contratistas de los dos contratos
y se indica a Contratista de 355/2023 que a partir del presente día el
área de Rancho es responsabilidad de dicho contratista.
Contratista de 355 indica al Contratista de 314 que para la ejecución
de actividades es necesario contar con la información referente a:
Fichas técnicas de Piso de Rancho.
Planos Record de Ranchos.
Contratista de 314 es enfático en que piso instalado en Rancho posee
unas condiciones especiales y que de requerir realizar ajustes o
modificaciones deberá ser consultado con el profesional de (ilegible)
para que se otorgue por parte del mismo las condiciones o el debido
procedimiento a realizar para dichas intervenciones en piso […]”.
Asimismo, se fijaron los siguientes compromisos:
34
Cfr., índice 66, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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“[…] • Entrega de propuesta para solución de abastecimiento de agua
a Rancho por parte del contratista de obra 314/2021 (viernes 20 de
sept./2024).
• Transferir información referente a ficha técnica de piso y planos
récord de Rancho a contratista 355/2023 (Responsable contratista
314/2022 correo electrónico miércoles 18/sept/2024.
• Definir construcción de muro o habitación de cuarto de
almacenamiento de agua para abastecimiento de Rancho de Alta
Seguridad (Responsable Uspec) - viernes 20 de septiembre de 2024
[…]”.
-. Informe Visita Técnica de 3 de febrero de 202535, efectuada
por la UAEGRD del departamento de Boyacá, en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal mediante auto de 19 de septiembre de
2024, en el que se indicó:
“[…] El alcance de la visita técnica e informe está orientado a exponer
la situación actual presente en el área en el marco de la Gestión del
Riesgo de Desastres GRD. (...).
1. Cuál es el estado actual de la infraestructura del rancho de
la CPAMSEB, con respecto al informe S-2022-003374-UGRD
elaborado por esa dependencia de fecha 3 de agosto de 2022.
El rancho de máxima seguridad de la Penitenciaría El Barne está
conformado por un sistema estructural de pórticos en dos direcciones
en concreto reforzado. Durante la inspección, no se evidenciaron
lesiones en los elementos estructurales principales (columnas y vigas)
que comprometan la estabilidad de la edificación.
Se identificaron algunos cambios en la estructura principal con
respecto a la inspección realizada el 3 de agosto de 2022. Entre las
modificaciones más relevantes, se observó que los elementos
estructurales cuentan con un recubrimiento, posiblemente de pintura
epóxica. (…)
Los pisos de la edificación están conformados por losas de contrapiso
en concreto pulido, las cuales presentan una superficie continua y sin
35
Cfr., índice 77, expediente digital 00 obrante en SAMAI.
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desniveles. Con respecto a la visita realizada en agosto de 2022, se
identificó que dichas losas en concreto posiblemente fueron
reconstruidas y actualmente se encuentran en buenas condiciones.
No se evidenciaron lesiones, como fisuras o grietas, que puedan
indicar posibles deficiencias en el piso de la edificación. (…)
Se identificó la construcción de un nuevo sistema de drenaje, el cual
cuenta con un mayor número de rejillas. Durante la inspección visual,
se verificó que dichas rejillas se encuentran en buenas condiciones.
(…)
Se evidenció la reciente reconstrucción del sistema eléctrico, el cual
actualmente está conformado por ductos debidamente anclados que
alojan los cables eléctricos.
Asimismo, se identificó la instalación de nuevos sistemas de control y
cajas de circuitos. Los cuartos fríos destinados al almacenamiento de
alimentos fueron reemplazados por tres nuevas unidades, las cuales
se encuentran en buenas condiciones. Además, estas unidades
cuentan con nuevos circuitos de control. (…)
En términos generales, las instalaciones del rancho de la penitenciaría
de máxima seguridad El Barne fueron objeto de una remodelación, en
la cual se incorporaron nuevos equipos para la cocina y el
almacenamiento de alimentos.
Asimismo, se observa la instalación de nuevos lavaplatos y mesones
en acero inoxidable. Además, se llevó a cabo el reemplazo de calderas
y parrillas, y la reconstrucción de los sistemas eléctrico e
hidrosanitario, evidenciándose elementos debidamente anclados y
sujetos.
Estructuralmente, no se identificaron lesiones que puedan
comprometer la estabilidad de la edificación.
2. Determinen el estado actual, daños, deterioros y demás de
cada uno de los espacios de la infraestructura o instalaciones
del denominado RANCHO de LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE.
No se evidenciaron lesiones, daños ni deterioro en los espacios que
conforman las instalaciones del rancho en la Penitenciaría de Máxima
Seguridad El Barne. Esto se debe a que las instalaciones fueron
sometidas a un proceso de remodelación y a la reconstrucción de
algunos elementos, como las losas de contrapiso, los sistemas
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hidrosanitarios y eléctricos, etc. Asimismo, se llevó a cabo el
reemplazo de todos los utensilios y elementos que conforman el área.
3. Los demás aspectos que se adviertan en la visita y se
consideren relevantes para el proceso.
Las instalaciones que conforman el rancho de la Penitenciaría de
máxima seguridad El Barne presentan buenas condiciones. Sin
embargo, al momento de la visita se evidenció que aún no se
encuentran en funcionamiento, posiblemente debido a que las labores
de remodelación no han sido finalizadas. […]”.
-. Informe de la visita técnica realizada por la Secretaría de
Salud de Boyacá de 10 de marzo de 202536, en el cual se
consignó lo siguiente:
“[…] 1.“El estado actual del rancho de la CPAMSEB, en cuanto
a condiciones locativas, salubridad, equipos y utensilios para
la preparación de alimentos, protocolos de saneamiento,
calderas y equipos destinados para la cocción de alimentos,
control de plagas, procesos de limpieza y desinfección.”
Respuesta: tal como puede corroborarse en el acta de inspección
sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación
de alimentos, al respecto se evidenció:
EDIFICACION E INSTALACIONES:
• El diseño estructural no cuenta con separación física entre procesos
(limpieza, desinfección y preparación), no permite un flujo adecuado
de materias primas, producto y personal manipulador.
• Pisos en material no sanitario y con deterioro, llevando a
empozamiento de agua en áreas de cocción, bodega, calderas y
limpieza. Puertas deterioradas y con presencia de óxido, una de ellas
con cuenta con burlete en el área inferior. Paredes con
desprendimiento de pintura.
• En áreas de calderas, bodega y acondicionamiento de carne se
observan Instalaciones eléctricas sueltas y en mal estado.
• Techos en material no sanitario.
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• No cuentan con ventilación adecuada.
• No cuentan con instalaciones sanitarias para el personal
manipulador de alimentos.
EQUIPOS Y UTENSILIOS:
• Equipos (estufas, congeladores, mesa de manipulación) con
deterioro, desgaste excesivo y presencia de corrosión.
• Estantes en mal estado en cuarto frio y bodega de almacenamiento.
• Manijas de hornos descompuestas.
• Estibas en material no sanitario.
• Sartenes, calderas, olletas y tablas de picado con deterioro.
SANEAMIENTO:
• Sistemas de desagüe con rejillas rotas.
• No cuentas con suficientes recipientes para disposición temporal de
residuos dentro del comedor, en el mismo sentido, se observa que
algunos de estos recipientes, no cuentan con bolsa y tapa.
CALDERA Y EQUIPOS DESTINADOS PARA LA COCCION DE LOS
ALIMENTOS:
• Los equipos para cocción y calderas se observan en condiciones
adecuadas para su uso.
CONTROL DE PLAGAS:
• En el establecimiento no se evidencia presencia ni signos de
contaminación por plagas. Se cuenta con medios de control integral
de tipo preventivo. Se realizan intervenciones de control de plagas
con empresas autorizadas.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
• Los utensilios e instrumentos de limpieza (escobas y recogedores)
con alto grado de deterioro
• Los estantes del área de refrigeración y bodegas no cumplen con la
limpieza y desinfección adecuada.
• Los productos para limpieza y desinfección no cuentan con un área
específica para su almacenamiento.
2. “Si el área, infraestructura, equipos y utensilios cumplen
con condiciones de seguridad y salubridad para su adecuado
funcionamiento.”
Respuesta: En el momento de la inspección, se evidencia que la
infraestructura no cumple con las condiciones de seguridad y
salubridad para el servicio de alimentación, además que la edificación
no cuenta con el tamaño adecuado para la instalación, operación y
mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del
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personal y el traslado de materiales o productos. Estas áreas, no
están ubicadas según la secuencia lógica del proceso (desde la
recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado)
lo cual puede producir retrasos y contaminación cruzada. Además, no
posee la ventilación adecuada durante las operaciones de producción.
3. “Los demás aspectos que se adviertan en la visita y se
consideren relevantes para el proceso.”
Respuesta: Se evidencia y se manifiesta por parte de los encargados
del operador que se cuenta con una nueva edificación para las
actividades del Rancho; sin embargo, en anteriores visitas por parte
de la secretaria de salud de Boyacá ya se tenía conocimiento de esta
estructura. Los hallazgos, el porcentaje de cumplimiento y el concepto
sanitario están plasmados en el acta de Inspección Sanitaria con
enfoque de Riesgo para Establecimientos de preparación de Alimentos
con código M- GS-PP-F-175, según la normatividad vigente, esta acta
de inspección se socializó con el personal del Operador Unión
Temporal Andino Colombiano […]”.
En la respectiva Acta de Visita se señaló que el rancho del EPC
cumple con el 69% de cumplimiento de la última inspección, por lo
que el concepto fue “FAVORABLE con requerimientos”. Asimismo, se
dejó como observación que se está a la espera de la entrega del
nuevo rancho para dar cumplimiento a los hallazgos encontrados
durante la visita.
De lo expuesto en precedencia, se tiene que los informes técnicos de
febrero y marzo de 2025 evidencian que, pese a las intervenciones
ejecutadas por la USPEC, el nuevo rancho de alta seguridad aún no
había entrado en funcionamiento y la preparación de los alimentos
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continuaba realizándose en una instalación distinta, respecto de la
cual persistían las deficiencias de infraestructura, seguridad y
salubridad advertidas desde el inicio de la actuación.
Igualmente, el informe de la Secretaría de Salud de Boyacá dio
cuenta de un avance sanitario del 69 %, circunstancia que evidencia
que las medidas implementadas no habían logrado superar
integralmente la situación que motivó la presente acción popular.
Ahora, la Sala tampoco comparte el argumento según el cual la
intervención de la USPEC se encontraba supeditada a la previa
elaboración y priorización del Plan de Necesidades de Infraestructura
por parte del INPEC, al punto de excluir cualquier responsabilidad
respecto de la vulneración declarada, pues, como se explicó al
resolver el primer problema jurídico, el ordenamiento prevé un
sistema de competencias concurrentes y coordinadas entre ambas
entidades.
En consecuencia, si bien corresponde al INPEC identificar y remitir
las necesidades de infraestructura de los establecimientos de
reclusión, ello no releva a la USPEC de las funciones que
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expresamente le fueron atribuidas en materia de formulación,
contratación, ejecución y seguimiento de los proyectos de
infraestructura, ni desvirtúa las obligaciones que le corresponden
frente a la efectiva puesta en funcionamiento de las obras
ejecutadas.
Así las cosas, la circunstancia de que la USPEC hubiera adelantado
procesos contractuales o que la ejecución de determinadas
intervenciones dependiera de actuaciones previas del INPEC no
desvirtúa la conclusión del Tribunal, pues las pruebas demuestran
que subsisten las condiciones de infraestructura, seguridad y
salubridad que motivaron el ejercicio de la acción popular y que las
actuaciones desplegadas por la entidad no han resultado suficientes
para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos invocados.
Sobre el particular, es importante resaltar que aunque la Sala no
desconoce los esfuerzos administrativos y contractuales desplegados
por la USPEC, los cuales se encuentran acreditados en el expediente,
tales actuaciones constituyen un elemento relevante para valorar el
cumplimiento de sus obligaciones, más no resultan suficientes para
excluir su responsabilidad en la vulneración de los derechos
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colectivos invocados por la problemática de infraestructura y
salubridad que enfrenta el EPC; máxime, cuando las pruebas
demuestran que las condiciones que dieron origen a la acción popular
persisten.
Ahora, la Sala advierte que, en lo que respecta al Comité de
Verificación de la sentencia, el Tribunal omitió referir que el
magistrado ponente de esa providencia debía hacer parte integrante
del mismo en calidad de presidente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección37, por
lo que se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo
recurrido en tal sentido y se confirmará en lo demás la sentencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de
unificación proferida el 6 de agosto de 201938 por la Sala de Decisión
Especial núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en
37
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01,
magistrado Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-
000-2018-00361-01, magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez).
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27,
sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.: Rocío Araújo
Oñate.
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esta instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba
sobre su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 16 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el cual quedará en los siguientes
términos:
“[…]CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, que estará integrado por el
magistrado ponente, quien lo presidirá, el defensor del pueblo
Regional Boyacá o quien ese funcionario delegue; la
Procuraduría 46 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Tunja; un delegado de la Uspec, del Inpec y de la CPAMSEB,
respectivamente[…]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por lo
expuesto en las consideraciones.
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CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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