Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2019-00500-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2019-00500-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2019-00500-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2019-00500-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C. cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 13001-23-33-000-2019-00500-01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena
Demandados: Distrito de Cartagena D.T y C.; Ministerio de Defensa Nacional-
Armada Nacional-Base Naval ARC Bolívar
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Derechos al goce de un ambiente sano; a la seguridad y salubridad
pública; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
Decisión: Modifica los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de incluir una orden al
Distrito de Cartagena de acompañamiento en la gestión del riesgo y
que el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar sea
quien presida el Comité de Verificación y en lo demás confirma la
providencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena y el Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional en contra de la
sentencia del 19 de noviembre de 2021 del Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 31 de octubre de 2019, la Personería Distrital de Cartagena promovió la acción
popular de la referencia, para obtener la protección de los derechos colectivos al goce
del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad
y salubridad pública y a la defensa del patrimonio público.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] se ordene a la entidad accionada DISTRITO TURISTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL
DE CARTAGENA DE INDIAS Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA DE
COLOMBIA- BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” y en general todas las entidades que su
Despacho considere tengan relación con la problemática aquí expuesta, a ejecutar todas
las acciones necesarias tendientes a obtener la protección y salvaguarda de los derechos
colectivos que se consideren vulnerados, de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Primero. - Se declare el AMPARO de los DERECHOS COLECTIVOS DE LA
COMUNIDAD DEL BARRIO LOS CARACOLES relativos a “El goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público”; “La seguridad y salubridad públicas”;
“La defensa del patrimonio público” con motivo de la CONDUCTA NEGLIGENTE
adoptada por las entidades Accionadas.
Segundo. - Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la (sic) Y MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- ARMADA DE COLOMBIA- BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” a
realizar las GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS para
efectuar INMEDIATA SOLUCIÓN, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y/O DEMOLISION (sic)
DE LAS VIVIENDAS MILITARES UBICADAS EN EL BARRIO LOS CARACOLES.
Tercero. - Se ordene a la ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS a realizar las
GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS para efectuar
INMEDIATA SOLUCIÓN (sic) INMEDIATA SOLUCIÓN, REPARACIÓN, ADECUACIÓN
Y/O DEMOLISION (sic) DE LAS VIVIENDAS MILITARES UBICADAS EN EL BARRIO
LOS CARACOLES. 1
1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones, la parte actora informó que el
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Caracoles radicó un
derecho de petición ante esa entidad, con el propósito de denunciar la situación de
abandono y deterioro de las casas militares ubicadas en el barrio Los Caracoles.
Asimismo, elevó solicitud ante la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas de
Colombia - Armada Nacional, para que dieran solución a la problemática que presentaban
los mencionados inmuebles.
Afirmó que las viviendas se encontraban en estado de abandono y generaban presencia
de personas en situación de calle, actos de vandalismo, consumo de sustancias
alucinógenas o estupefacientes; depósito de basuras de manera inadecuada, desplome
de paredes –que ponían en riesgo a los civiles y militares–; y actos contra las buenas
costumbres en medio de la soledad y oscuridad de los inmuebles.
Señaló que los conductos de los servicios públicos de agua y gas estaban deteriorados,
y que la Armada Nacional no había dado cumplimiento a los compromisos establecidos
en el Comunicado núm. 0290-/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-JVBV-CBN1 del 2 de
abril de 2013, según el cual el comandante de la base naval ARC Bolívar se comprometió
a fortalecer e incrementar los esquemas de seguridad ciudadana en el barrio militar del
barrio los Caracoles.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 3 de febrero de 20202, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió
la demanda y ordenó la notificación personal al Distrito de Cartagena y a la Nación
Ministerio de Defensa - Armada Nacional- Base Naval ARC Bolívar.
2.2. Mediante escrito del 16 de septiembre de 20203, la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional-Armada Nacional contestó la demanda.
1Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Anexo ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fl. 4 del expediente digitalizado.
2Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2. Fl.
81 del expediente digitalizado.
3Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2.
Folio 89 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Al oponerse a las pretensiones, adujo que no era cierto que el representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio Los Caracoles hubiera presentado derechos de
petición o queja alguna ante el Comando de la Base Naval ARC “Bolívar”. Asimismo,
sostuvo que las casas militares, si bien se encontraban deshabitadas, contaban con
cerramientos y avisos que indicaban que eran de propiedad de la Armada Nacional.
Agregó que, ante la existencia de espacios abiertos y el deterioro de las infraestructuras,
dichos inmuebles serían incluidos en el presupuesto de mantenimiento del Departamento
de Alojamientos Militares de la Base Naval ARC “Bolívar”, toda vez que su adecuación
requería una inversión significativa de recursos.
Indicó que el mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios era responsabilidad
de las empresas prestadoras. Sin embargo, dijo que presentaría las solicitudes
correspondientes ante las entidades, para coadyuvar la petición de la Junta de Acción
Comunal del Barrio Los Caracoles.
Adujo que, a través de la Base Naval ARC Bolívar, la Armada Nacional adelantó las
diligencias necesarias para garantizar el cuidado y buen estado del predio de su
propiedad, para lo cual dio aviso a las entidades encargadas del alumbrado público del
sector y alertó a la Policía Nacional para que asumiera la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad.
Argumentó que la entidad se encontraba sometida a los procesos de planeación y
ejecución del presupuesto anual. Señaló que los bienes respecto de los cuales se
exponía la problemática tenían la naturaleza de bienes fiscales, por lo que su uso y goce
eran exclusivos de las Fuerzas Armadas de Colombia y, en consecuencia, no podían ser
considerados bienes de uso público, lo que evidenciaba que no se había incurrido en la
vulneración de los derechos colectivos invocados.
Narró que la Armada Nacional- Base Naval ARC Bolívar había realizado una serie de
actividades para el cuidado y buen estado del predio, las cuales fueron: (i) reuniones con
los vecinos del sector, (ii) acompañamiento ante las entidades que prestan los servicios
públicos domiciliarios y la Policía Nacional y (iii) cerramientos que se encontraban en
perfecto estado e impedían el ingreso de personas de dudosa procedencia.
Hizo un recuento sobre la génesis de la problemática. Contó que el deterioro se debía a
la ampliación y construcción de la transversal 54, que desarrolló la Concesión Vial de
Cartagena en la altura de la ubicación de los inmuebles destruidos, donde construyó un
muro de contención que causó el deterioro de las casas al punto de volverlas inhabitables.
2.3. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 4, el 17 de septiembre
de 2020 contestó la demanda. Indicó que se oponía a las pretensiones por carecer de
fundamento legal y de respaldo probatorio, y sostuvo que no se acreditaban los supuestos
sustanciales para la procedencia de la acción popular.
Formuló como excepciones: (i) “la falta de integración del litisconsorcio necesario”. En
ese sentido, adujo que la Policía Nacional debía integrar la parte pasiva de la demanda,
comoquiera que era el garante de la seguridad y convivencia, a través de los
comandantes de estación, subestación y centros de atención inmediata de la policía y
sus delegados; (ii) “Inexistencia de la acción u omisión presuntamente vulneradora de los
4Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2. Fls.
127 a 129 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
derechos colectivos invocados”, en la cual se limitó a citar la normativa atinente a la
naturaleza de las acciones populares; (iii)“ Procedencia de la acción popular”, en la que
señaló que no existía acción u omisión que vulnerara los derechos reclamados en el
amparo colectivo, dado que el Distrito siempre había velado por la seguridad de sus
habitantes, realizado campañas preventivas en materia de salubridad pública, lo que
desvirtuaba el amparo solicitado, además, alegó que no se demostró la vulneración.5
2.4. Mediante auto del 27 de abril de 20216, el Tribunal Administrativo de Bolívar fijó
fecha para la celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró
fallida el 7 de mayo del mismo año7.
2.5. El 19 de mayo de 2021, se abrió el proceso a la etapa probatoria 8 y el 17 de junio
de la misma anualidad se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión9.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 19 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar
amparó los derechos colectivos. Específicamente, en la parte resolutiva señaló10:
PRIMERO: Declarar al Distrito de Cartagena y a la Nación- Ministerio de Defensa- Armada
de Colombia- Base Naval A.R.C Bolívar, responsables de la vulneración de los derechos
colectivos de los habitantes del conjunto de viviendas fiscales de propiedad de la Armada
Nacional en el Barrio Los Caracoles de la ciudad de Cartagena, y los transeúntes del sector,
al patrimonio público, y al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público.
SEGUNDO: Para asegurar el respeto de los derechos públicos antes referidos, se ordena:
2.1. Al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena que, de manera directa o a través del
funcionario que delegue para el efecto:
-Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, inicie las
gestiones administrativas y, de ser necesario, presupuestales y contractuales, para
asegurar que en un plazo no mayor de tres meses se preste de manera eficiente el servicio
de alumbrado público en el sector descrito en el numeral primero.
-Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, iniciar la
elaboración de una campaña educativa que deberá cumplirse dentro de los dos meses
siguientes, a la notificación de la presente sentencia, orientada a lograr un buen uso de los
contenedores de basuras ubicados alrededor de las viviendas fiscales descritas
previamente, y ejercerá control sobre la empresa que tenga a su cargo la recolección de
residuos sólidos en el sector. En los mismos plazos, en coordinación con la Policía Nacional,
deberá tomar medidas correctivas correspondientes contra los ciudadanos infractores, de
conformidad con el artículo 111 y concordantes de la Ley 1801/16.
5Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fls. 127 a 129 del expediente digitalizado.
6Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fl. 137 del expediente digitalizado.
7Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fl. 145 del expediente digitalizado.
8Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fls. 147 y 148 del expediente digitalizado.
9Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fl. 177 del expediente digitalizado.
10Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. ED_02SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
2.2. A la Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional que, dentro de los 2 meses
siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice los estudios de ingeniería
necesarios que den cuenta del estado de vulnerabilidad de las viviendas, así como deberá
realizar estudios geotécnicos orientados a establecer el riesgo de expansividad del terreno.
Dependiendo del resultado de los estudios, dicha entidad deberá i) ejecutar las respectivas
reparaciones estructurales y/o mampostería que se recomiende en los estudios, así como
sus mantenimientos preventivos y correctivos; o ii) proceder a la demolición de las casas
fiscales, previas las autorizaciones exigidas por las autoridades competentes.
Los estudios deberán haberse concluido transcurrido tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia y en caso de que aconsejen la ejecución de obras orientadas
a superar el riesgo en que se encuentran los habitantes de las viviendas y transeúntes del
sector, deberán estar concluidas en un término que no supere los ocho (8) meses a partir
del vencimiento del plazo anterior.
TERCERO: Se conforma un comité de para (sic) la verificación de cumplimiento de la
sentencia en el cual participarán, además del Magistrado ponente, las partes, el Agente del
Ministerio Público, y un miembro designado por la Junta de Acción Comunal que opere en
el sector.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Déjense las constancias de rigor en el sistema de Gestión Siglo XXI.
Advirtió que había constatado que las viviendas militares de la Armada Nacional,
ubicadas en el barrio Los Caracoles se encontraban en mal estado, circunstancia que
ponía en riesgo los derechos colectivos invocados y que imponía la obligación de adoptar
medidas para su protección, pues de no hacerlo, el eventual colapso o la destrucción de
dichas edificaciones podrían generar afectaciones tanto a los usuarios de los inmuebles
como a las personas que transitan por el sector.
Resaltó que, conforme a la inspección judicial realizada, se pudo verificar que mientras
algunos de los inmuebles se encontraban encerrados con mallas metálicas altas sin
riesgo de ingreso de personas, otros no estaban cerrados y protegidos de ninguna
manera. Estimó que, alrededor del conjunto de viviendas se encontraron varios
contenedores de basura, lámparas, reflectores en los postes de servicio de energía
eléctrica, avisos de prohibición para depósito de basuras y alarma de seguridad instalada
por los habitantes de las casas, y que durante la diligencia se pusieron en funcionamiento.
Así mismo, narró que el apoderado del Ministerio de Defensa-Armada Nacional explicó
que el problema de las aguas servidas y los factores de inseguridad eran producto de la
concurrencia de personas al establecimiento de comercio denominado El Koreano. Por
lo que, los miembros de la comunidad pusieron barreras de ingreso de vehículos con
mecanismos como llantas incorporadas al suelo para limitar el paso.
Aseguró que durante la diligencia se constató que en el recorrido por el sector se
observaron basuras depositadas por fuera de los contenedores destinados a la
recolección y la existencia de escombros en la calle que colindaban con las viviendas
fiscales.
Señaló que el Distrito de Cartagena remitió un oficio –solicitado por la Oficina Asesora de
la Gestión de Riesgo de Desastres de Cartagena al Ingeniero Luis Arráez Sánchez– en
donde relacionó el estado actual de las casas fiscales. Contextualizó las características
del terreno, el plano de susceptibilidad de riesgo como un terreno con área de
expansividad. Describió que en la mayoría de casas se pudo evidenciar patologías en la
mampostería, el piso y los elementos estructurales, como fisuras y grietas entre 0.1 y 2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
cm; además, se observaron algunas viviendas desocupadas, otras en estado de
cerramiento de seguridad que fueron demolidas conservando solo el piso y los cimientos
y otras habitadas.
Adujo que las casas fiscales, como lo reconocía la Armada Nacional, estaban bajo su
administración y destinadas para el uso por parte de sus empleados. Expuso la
naturaleza jurídica de los bienes fiscales y dijo que, si bien estos no eran destinados al
uso de los habitantes en general, las calles sobre las cuáles se encontraban construidos
junto con los espacios destinados para la recreación y satisfacción de necesidades
comunes, sí eran considerados como espacio público, dado su uso y destinación.
Ratificó el estado de deterioro de las viviendas, la falta de cuidado y protección sobre los
bienes del patrimonio público y las consecuencias de que se presentaban en esas
condiciones, así como la falta de medidas de intervención efectivas sobre su estructura
y mampostería, lo cual ponía en peligro a los habitantes del sector y a los transeúntes, lo
cual comprometía el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
Manifestó que se había demostrado la proliferación de basuras por fuera de los
compartimientos destinados para su recolección, así como la presencia de escombros
producto de la demolición de viviendas, circunstancias que implicaban el riesgo de
proliferación de insectos y roedores y, en consecuencia, la afectación de la salud de los
ciudadanos que viven y se movilizan en el sector. A ello se sumaba la deficiente
prestación del servicio público de alumbrado, lo que en conjunto configuraba la
vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano y a la salubridad pública.
Bajo ese sentido, concluyó que como las situaciones descritas se hacían en vías públicas
y espacios destinados a la recreación de los residentes se vulneraba el derecho colectivo
al espacio público y a su utilización y defensa.
Resaltó que, de acuerdo con el informe técnico efectuado por un ingeniero civil las casas
fiscales objeto del presente proceso, se encontraban ubicadas en una zona de riesgo de
expansividad, por lo que tiene fisuras y grietas, situaciones que pone en riesgo la
seguridad y la vida de las personas que habitan la zona, por lo que dichas amenazas
debían ser superadas por las autoridades competentes.
Al pronunciarse sobre las autoridades a las que les compete solucionar la problemática,
afirmó que al ser bienes fiscales administrados por el Ministerio de Defensa- Armada
Nacional le correspondía a este tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro del
patrimonio público, teniendo en cuenta que las viviendas y las personas que las habitan
corrían riesgos de seguridad y salubridad y que el espacio público que las rodeaban
estaba siendo afectado por acumulación de basuras y falta de iluminación.
Anotó que el Distrito de Cartagena estaba ligada a la problemática, bajo el sentido de que
el alcalde es el responsable de la prestación del servicio de alumbrado público, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 2 del
Decreto 2424 de 2006 y la Ley 142 de 1994. Por lo que, la deficiente iluminación del
sector debía ser superada por el alcalde distrital de Cartagena por su conducto o por
quien hubiere contratado para garantizar la prestación del mismo.
En cuanto a la seguridad, adujo que los artículos 198 y 205 de la Ley 1801 de 2016 eran
el sustento para exigirle al distrito como máxima autoridad de policía y al Ministerio de
Defensa- Policía Nacional para ejercer las funciones administrativas y operativas para
brindar seguridad a los miembros de la comunidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Finalmente, en relación con la disposición de basuras en lugares contiguos a las casas,
señaló que, el Ministerio de Defensa- Armada Nacional, los habitantes de las viviendas y
la empresa prestadora del servicio de aseo eran los responsables de solucionar la
problemática relativa al mal manejo de residuos.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
4.1. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena11 dijo que el demandante solicitó la
demolición de las casas militares ubicadas en el barrio Los Caracoles, sólo porque eran
la fuente de la presencia de indigentes, de personas que protagonizan conductas contra
la moral y las buenas costumbres, con ocasión de su estado de abandono.
Resaltó que el Tribunal, a pesar de haber concluido que los bienes eran fiscales, procedió
al estudio de fondo, bajo el argumento de que las calles son bienes de uso público y que
lo que se estaba demandando era la vulneración de los derechos por la existencia de las
casas de la Armada Nacional.
Precisó que, en la sentencia se afirmó que la vulneración de los derechos colectivos se
encontraba demostrada, con fundamento en el mal estado de los bienes fiscales,
argumento que ratifica la improcedencia del medio de control, tal como se expuso desde
la contestación de la demanda.
Asimismo, manifestó que no se acreditaron los elementos para la procedencia del
amparo, ya que no se evidenció la amenaza, vulneración o peligro de los derechos
invocados; más cuando en la inspección judicial se encontró que los lotes estaban limpios
y cercados y las casas agrietadas estaban cerradas.
Sostuvo que, aunque estuviera demostrada la vulneración de los derechos colectivos al
goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público; la
seguridad y salubridad pública y la defensa del patrimonio público, el amparo decretado
frente a la entidad no era coherente con la vulneración, porque las casas militares son
bienes fiscales ajenos al ente territorial.
Además, dijo que no estaba demostrado que el alumbrado público no funcionara
adecuadamente, ya que en la inspección judicial se había destacado, no solo la
instalación del sistema de alarma, sino de reflectores que había mejorado la iluminación
del sector, fuera de las lámparas que ya existían. Por lo tanto, no se había probado que
el mencionado servicio no estuviera en funcionamiento o funcionara de manera
deficiente.
Destacó que el servicio se prestaba conforme a la definición legal a los bienes de uso
público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal y como lo
que hay es unos lotes y no viviendas, la iluminación del barrio solo se brindaba por
lámparas de alumbrado público y la de nuevos reflectores.
En cuanto a la orden de iniciar la elaboración de una campaña educativa para el
adecuado uso de los contenedores de basuras señaló que, durante el año anterior, el
Distrito había adelantado diversas campañas ambientales en la ciudad, tales como
11Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED_04APELACIONDISTRITOD(.pdf) NroActua2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
“Veolia en tu barrio” y “Cero puntos críticos”12, las cuales se encontraban registradas en
la página web de la empresa. Añadió que la propia sentencia reconoció que la inadecuada
disposición de basuras obedecía a una mala práctica de los ciudadanos, al depositar
escombros y residuos en lugares no autorizados, por lo que no podía predicarse el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del distrito.
Por último, concluyó que al distrito no le correspondía la demolición, el cercamiento y
desmonte de las casas que se encuentran en estado de desplome que son de propiedad
de la Armada Nacional y tampoco, debió ordenar que se resolviera la problemática del
alumbrado público y de aseo, pues no se logró demostrar que existiera una afectación
sin que estas fueran necesarias para el amparo de los derechos reclamados.
4.2. Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional, señaló que la entidad de
derecho público se encontraba sujeta a la planeación y ejecución del presupuesto anual.
Afirmó que los bienes a los que hace referencia la problemática planteada eran de
naturaleza fiscales, los cuales no eran del uso de todos los habitantes; por tanto, al no
ser de uso público no procedía su amparo. Señaló que, como no eran bienes de uso
público, la Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional no había vulnerado los
derechos colectivos amparados.
Argumentó que la Base Naval ARC Bolívar realizó todas las acciones de cuidado y buen
estado del predio; se reunió con los vecinos del sector, hizo acompañamiento y gestionó
solicitudes de intervención ante las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y la Policía Nacional, y ejecutó un cerramiento que impedía el ingreso de
personas para evitar la concreción de comportamientos que atentaban contra los
habitantes.
Reiteró lo sostenido en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que el
deterioro de las casas fiscales de los alojamientos militares en el barrio Los Caracoles se
produjo con la ampliación y construcción de la Transversal 54, en cabeza de la Concesión
Vial Cartagena, que a la altura de donde están ubicados los inmuebles destruidos, levantó
un muro de contención que afectó la estabilidad del terreno y deterioró los inmuebles
hasta volverlos inhabitables.
Adujo que, en la inspección judicial “se pudo comprobar directamente por parte del
despacho las buenas condiciones en que se encuentra el sector donde están ubicados
los inmuebles, existen luminarias en perfecto estado, el cerramiento en buenas
condiciones, recipientes para la recolección de basuras a lo largo y ancho del predio,
frente de seguridad en conexión directa con la Policía Nacional y además un sistema de
alarmas manejado por los residentes”.13 Concluyó que no había razones para reclamar
los derechos colectivos que no estaban vulnerados.
Replicó los siguientes argumentos del Distrito: (1) Al no encontrar demostrada la
vulneración de los derechos invocados con el mal estado de las casas militares, de
naturaleza fiscal, se concedía la razón de la improcedencia de la acción por la naturaleza
del bien, planteada desde la contestación de la demanda; (2) que no se encontraban
acreditados los elementos para la procedencia de las acciones populares, principalmente
la amenaza, vulneración o peligro de los derechos invocados, lo cual versaba sobre el
12Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED_04APELACIONDISTRITOD(.pdf) NroActua2. Esta
afirmación se realiza en la página 2 párrafo 9 (sin foliatura) del recurso de apelación.
13Índice 002 de SAMAI. ED_05APELACIONMINDEFENS(.pdf) NroActua 2. Esta afirmación se hace en el
folio 5 sin paginar del escrito de apelación párrafo 5.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
mal estado de las casas fiscales, cuando en la inspección judicial se verificó que los lotes
se encontraban limpios y cercados, las casas agrietadas se encontraban cerradas; (3)
aun cuando se demostrara la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad
pública y la defensa del patrimonio público, el amparo decretado no era coherente con la
supuesta vulneración, porque las casas militares son bienes fiscales.
Finalmente, indicó que reprochaba las órdenes emitidas, por la falta de coherencia con
lo pedido y principalmente con la causa de la vulneración argumentada por el Tribunal.14
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. En proveído del 13 de febrero de 2023 se admitió el recurso de apelación15 y se
prescindió del traslado para alegar de conclusión.
5.2. El 20 de febrero de 2023, la apoderada del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
allegó un memorial que ratificó los argumentos de la apelación.16
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La procuradora delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que advirtió
que estaban demostradas las deficiencias en la prestación del servicio público de
alumbrado en el Barrio Los Caracoles, ya que no se adelantaron actuaciones para
garantizar los derechos colectivos afectados.
Consideró que estaba demostrado, especialmente, con la inspección judicial, el mal
estado de las casas que estaban en ruina o amenaza de ruina, poniendo en riesgo a las
personas que habitan y a los transeúntes, lo cual conllevaba al amparo del derecho
colectivo al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público.
En consecuencia, concluyó que las acciones tomadas por el tribunal no fueron arbitrarias,
sino que se fundamentaron en las pruebas del proceso y las consideró adecuadas; en
ese sentido, solicitó la confirmación de la providencia recurrida.17
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
7.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia
De la lectura de los recursos de apelación, la Sala observa que: (i) ambos apelantes
coinciden en afirmar que no hubo vulneración de los derechos colectivos amparados al
patrimonio público, y al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
14 Índice 0002 de SAMAI. ED_05APELACIONMINDEFENS(.pdf) NroActua 2.
15 Índice 4 de SAMAI.
16 Índice 0008 del aplicativo SAMAI.
17 Índice 0010 del aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
de uso público; (ii) la acción era improcedente por la naturaleza de los bienes –fiscales-,
y (iii) las órdenes dadas no se compadecían con las acciones que cada entidad ha
emprendido frente a las problemáticas: en cuanto a la Armada Nacional, en cumplimiento
de las actividades realizadas como propietarios; y frente al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena, como administración pública territorial. En ese marco y orden, la Sala
abordará el análisis.
7.3. Para el análisis de la vulneración de los derechos colectivos, en el expediente obran
los siguientes medios de prueba:
7.3.1 Los derechos de petición del 22 de julio de 2019, de la Personería de Cartagena a
las Fuerzas Militares de Colombia y a la Alcaldía de Cartagena por medio de los cuales
se les solicitó realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para
efectuar la reparación, adecuación de las viviendas militares ubicadas en el barrio Los
Caracoles, y se informaran las gestiones administrativas adelantadas por el Distrito para
solucionar la situación.18
7.3.2. El oficio núm. 2019425115037781/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
COLOGNA-CBN1-JDAMIL- JOFJUR FNC- 1.9 del 20 de agosto de 2019 de la
comandancia de la Base Naval ARC “Bolívar”. Del documento se extrae lo siguiente:
AL PUNTO PRIMERO: Presunto abandono y deterioro de los alojamientos militares
originando vulneración de los habitantes:
[…]Son bienes de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional- Armada de Colombia-
Base Naval ARC Bolívar”, los cuales son asignados a los usuarios de acuerdo a lo
establecido en la Resolución No 0933 del 26 de octubre de 2015 […] los cuales se entregan
con actas de recepción […], sin embargo, se han presentado casos en que los usuarios y/o
asignatarios incumpliendo con los reglamentos y las normas militares, salen de la unidad
[…] dejando el bien inmueble en estado de abandono. […] viviendas que lamentablemente
el Comando de la Base Naval ARC “Bolívar” no puede restituir de manera unilateral […]
AL PUNTO SEGUNDO: Solicitud de solución inmediata a inmuebles sin habitar y lotes
baldíos.
[…] los bienes inmuebles que a la fecha se encuentran en estado de abandono, ya se
encuentran inmersos en procesos administrativos con el fin de lograr ser restituidos y
recuperados por el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval ARC “Bolívar”
dentro del marco de sus competencias […]
Es de señalar, que efectivamente dentro del barrio se encuentran unos predios
deshabitados, pero estos cuentan con encerramientos y avisos que indican ser de
propiedad de la ARMADA NACIONAL […] no obstante, ante la posible futura existencia de
espacios abiertos, debido al deterioro de los inmuebles, estos serán incluidos en el
presupuesto de mantenimiento del Departamento de Alojamientos Militares de la Base
Naval ARC “Bolívar”, toda vez que la adquisición e inversión representa una cuantía
onerosa.
AL PUNTO TERCERO: Deterioro de los conductos de agua y gas.
Es necesario aclarar que la prestación, control, inspección y manejo de los servicios
públicos domiciliarios, está supeditada a las entidades prestadoras de los mismos, y son
los usuarios los que supeditan lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios […].
18 Índice 0002 del aplicativo SAMAI. Fls 13 a 22 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
AL PUNTO CUARTO: Situación de abandono de lotes e inmuebles que se han convertido
en botaderos de basura, vandalismo y alojo de consumidores de sustancias alucinógenas.
[…]
Dentro de las acciones preventivas y correctivas realizadas por la comunidad las cuales
han permitido de manera directa impactar en el entorno del núcleo de viviendas fiscales,
reduciendo significativamente las acciones que perturban la armonía y tranquilidad del
barrio, se encuentran:
Jornadas de mantenimiento y aseo general.
Reuniones con los miembros de la Policía Nacional orientadas a la instalación y desarrollo
de un Frente de Seguridad.
Fumigaciones contra la maleza y plagas de las áreas del barrio.
Reunión con el personal del Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval ARC
“Bolívar”.
Instalación del sistema de alarmas pertenecientes al Frente de Seguridad.19
7.3.3. El oficio del 4 de julio de 2019, de la Jefatura de Prensa de la Personería Distrital
de Cartagena en el que reposa el resultado de una inspección ocular y captura del registro
fotográfico del estado de las casas militares. Del documento se destaca:
Siendo las 4:58 Pm del 04 de julio de 2019, me desplacé a inmediaciones del barrio los
caracoles en el sector de las casas militares de la ciudad de Cartagena de indias, una vez
allí, pude observar que la precaria situación que viene generando como consecuencia los
lotes baldíos e inmuebles que se encuentran en estado de abandono del sector militar del
barrio los caracoles generan a la vista la indigencia, vandalismo, el alojo de consumidores
de sustancias alucinógenas o estupefacientes, la oscuridad reinante, botadero de basuras,
nos embarga el alto grado inmundicia y suciedad, constante desplome de paredes que
ponen en inminente riesgo de peligro de vida y salud de los interinos civiles y militares.
[…]
19
Índice 0002 del aplicativo SAMAI. Fls 23 a 25 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
20
7.3.4. Artículo de la cadena Caracol Radio, que fue aportado con el oficio del 17 de mayo
de 2019 de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Caracoles:
21
7.3.5. El oficio núm. 290/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-JDBV-CBN1 del
comandante Base Naval ARC “Bolívar”. En el documento se establece:
[…]Con toda atención me permito notificarle los graves problemas de seguridad que
actualmente se están teniendo en el Barrio Militar Los Caracoles, los cuales se encuentran
afectando no solo al personal de la Fuerza Pública sino también al personal civil que vive
en la comunidad de los Alojamientos Militares ubicados en el Barrio Los Caracoles, esto
con el fin de su pronta y oportuna respuesta e intervención en dicha problemática. Se le
20 Índice de SAMAI 00002 Folios 27 a 30 del expediente digitalizado.
21 Índice de SAMAI 002. Folios 30 a 32 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
solicita el fortalecimiento y/o incremento de los esquemas de Seguridad Ciudadana en el
Barrio Militar Los Caracoles teniendo en cuenta los reportes recibidos por parte de los
miembros de la Armada Nacional, quienes habitan en la actualidad los Alojamientos
Militares' en dicho barrio. Según los informes verbales recibidos, se ha incrementado la
presencia de personal civil no identificado a quienes han visto consumiendo sustancias
alucinógenas, siendo esto motivo de preocupación por el impacto que esta situación podría
generar en términos de seguridad para los habitantes del sector.
[…].22
7.3.6. El Oficio núm. 356 MD- CGFM- CARMA-SECAR-JOLA-CBN1-AYGBN-OFJUR-
OFRN1-9 del 21 de febrero de 2012, del Comando Base Naval ARC Bolívar. Del
documento se extrae:
[…] este Comando solicitó al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena- EPA, una
inspección al sitio para verificar la problemática relacionada con posibles filtraciones de
aguas residuales, La inspección se llevó a cabo el día 08 de febrero de 2012 por parte del
Área de Vertimientos Líquidos, donde se concluyó, que las filtraciones de aguas residuales
proceden del sistema de alcantarillado sanitario por una posible rotura de redes, situación
de responsabilidad de Aguas de Cartagena, igualmente, que el muro de contención
construido por la Concesión Vial, no presenta sistema de drenajes por donde se pueda
evacuar el exceso de aguas filtradas por el sistema de alcantarillado.
Si bien este Comando elevará los requerimientos necesarios ante las entidades
correspondientes, se recomienda, teniendo en cuenta que la problemática de filtración de
aguas (sic) de residuales no es atribuible a la Armada Nacional, que la comunidad a través
de sus representantes efectúe los requerimientos ante las entidades responsables.
Aunado a lo anterior, se ordenó realizar unas jornadas de aseo en los predios de la Armada
Nacional, la primera jornada se llevó a cabo en el presente mes.23
7.3.7. El Oficio núm. 0358 MD- CGFM-CARMA-SECAR-JOLS-CBN1-AYGBN1-OFJUR-
OFRBN1-9 del 21 de febrero de 2012, del Comando Base Naval ARC al Brigadier General
Carlos Enrique Rodríguez González de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
a la comunidad del barrio Los Caracoles, por el cual se puso en conocimiento la
problemática de seguridad por presencia de ladrones y consumidores de droga, para
solicitar el apoyo a la comunidad.24
7.3.8. El Oficio núm. 374 MDN- CGFM-CARMA-JOLA-CBN1-AYGBN1-FRBN1-09 del 19
de marzo de 2015 de la comandancia de la Base Naval ARC “Bolívar” a la comandancia
de la Policía Metropolitana de Cartagena. Del documento se destaca:
[…] Teniendo en cuenta que actualmente asumo la Administración de los bienes Inmuebles
de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional, asignados a la Armada
Nacional- Base Naval ARO “Bolívar” para el cumplimiento de sus funciones, de manera
atenta me permito poner en conocimiento la problemática de inseguridad que registra el
barrio denominado “ Los Caracoles”, sobre el cual se tiene el dominio y uso de (80) predios
destinados para uso habitacional del personal militar, los cuales están siendo afectados por
los constantes hurtos y la afectación de las viviendas que son despojadas de los contadores
o medidores de agua y gas natural de los servicios públicos domiciliarios, así como la
presencia de consumidores de alucinógenos.
22. Índice de SAMAI 002. Fl. 49 del expediente digitalizado.
23. Índice de SAMAI 002. Fl. 37 del expediente digitalizado.
24. Índice de SAMAI 002. Fl.40 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
[…] resulta necesario contar con el apoyo de esa prestigiosa institución […] me permito
solicitar el incremento en las rondas del cuadrante del sector que puedan garantizar la
tranquilidad a los residentes del barrio, toda vez que el flagelo e inseguridad se agrava por
cuanto no se cuenta con un adecuado alumbrado público y la colindancia del mismo al muro
de contención que fue construido para la ampliación de la avenida principal del Bosque25
7.3.9. El oficio núm. 0377 MDN-CGFM-CARMA-JOLA-CBN1-AYGBN1-FRBN-09 del 19
de marzo de 2015 a la Electrificadora del Caribe S.A ESP, por el cual solicita la instalación
de luminarias del Barrio Los Caracoles. En el documento se señala:
[…] en virtud de su competencia para atender las actividades de suministro de energía
al sistema de alumbrado, como una forma de contribuir a la seguridad ciudadana, me
permito solicitar se estudie la viabilidad de ampliar el sistema de iluminación del barrio
[…]
Lo anterior surge, con ocasión al incremento de inseguridad y problema social que
perturba la tranquilidad directa de los residentes de este sector debido a los
constantes delitos de hurto y presencia de consumidores de alucinógenos en
diferentes áreas del barrio quienes aprovechan la oscuridad para perpetrar sus ilícitos
de la misma manera que las viviendas están siendo despojadas de los contadores o
medidores de agua y gas natural de los servicios públicos domiciliarios., novedades
que se han evidenciado en las viviendas militares que se encuentran allí
levantadas[…].26
7.3.10. El oficio núm. 0850/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-CFNC-CBN1-JDAML-9
del 23 de junio de 2015 del Capitán Encargado de las funciones de Comando Base Naval
ARC Bolívar. Del documento se rescata:
[…] Los inmuebles de los que trata la petición señalada, se refieren a 31 lotes de propiedad
del Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional, que son producto de la demolición
de las casas que se encontraban allí construidas debido a la inestabilidad del suelo y a su
estado de inhabitabilidad. De conformidad con el concepto emitido por la Contraloría
General de la República […] sobre la no viabilidad de reparación de las viviendas […]
derivado de las fallas estructurales […]
Ahora bien, desde la demolición de las 31 viviendas, los lotes se encuentran cerrados con
malla eslabonada, PVC, así mismo han sido objeto de constante cuidado y vigilancia por
parte del personal militar que habita el barrio […]
Desde el año 2007 hasta la fecha, se han adelantado una serie de acciones encaminadas
a combatir los problemas de inseguridad en el sector a pesar de que somos conscientes
que el flagelo de la inseguridad es un problema que aqueja toda la ciudad y no son
precisamente los lotes y las viviendas desocupadas en el (sic) bario los Caracoles, la causa
determinante para su existencia, siendo la Policía Nacional la entidad llamada a garantizar
este derecho a la comunidad […].27
7.3.11. El oficio núm. 20204268602626273 /MDN- CGFM-CARMA- SECAR-JOLA-CBN1-
JAD-LOS CARACOLES del 7 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la Junta
Administradora del Barrio Los Caracoles a la Jefatura de Alojamientos Militares BN1, en
el cual se plasmaron las actividades de mantenimiento, embellecimiento, tratamiento de
basuras y adecuaciones que se realizaron en ese periodo de la Junta Administradora del
Barrio Naval Los Caracoles.
25Índice de SAMAI 002. Pág 37 del expediente digitalizado.
26Índice de SAMAI 002. Pág 82 del expediente digitalizado.
27Índice de SAMAI 002. Pág 122 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
En el documento se destacaron actividades como: la coordinación con la empresa Veolia
para la limpieza del barrio del 4 de enero de 2020, actividades recreativas con los niños
del barrio; trabajos de encerramiento con llantas en la manzana 56, y trabajos de
sellamiento de la casa 56-13 por temas de inseguridad en el sector de la manzana 53;
gestión en la empresa Aguas de Cartagena por taponamiento de alcantarilla a causa de
malos olores en la manzana 53; jornada de limpieza a lotes y predios por parte del
personal de Veolia; recolección de basuras por parte de Veolia; la gestión para la
consecución de contenedores de basuras; encerramiento del parque Manzana 54 para
evitar focos de inseguridad y consumo de alucinógenos, limpieza de escaleras y de
contenedores de basuras.28
7.3.12. El Oficio MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN1-JDAMIL-38-10
del 21 de octubre de 2019 dirigido a Jefatura del Departamento de Alojamientos Militares
BN1. En el documento se describe:
[…] con el objetivo de mejorar la situación actual del barrio Los Caracoles, sobre los puntos
críticos y aspectos vulnerables del sector en materia de seguridad y embellecimiento de
zonas verdes, con el fin de mantener la integridad del personal militar y sus familias. Así
mismo, proteger los espacios asignados a la Armada Nacional, por tal motivo se adquirió
un sistema de seguridad y se hicieron las siguientes mejoras así:
• Se efectuaron coordinaciones con la Policía Nacional de los Caracoles para la creación
del frente de seguridad con el objeto de mejorar la seguridad del barrio.
• Se adquirió un sistema de alarma (sirenas) como elemento de seguridad pasiva,
cumpliendo así una función disuasiva frente a posibles problemas de inseguridad o
situación que sea anormal para los usuarios.
• Fumigación en zonas verdes para el control de malezas y pastos mediante herbicidas
sistémicos.
• Recuperación de zonas verdes y embellecimiento del barrio para la conservación y
preservación de los recursos naturales, (sic) mencionado proyecto se realizó con
recursos propios de la Administración del Barrio porque se observaba gran deterioro por
falta de mantenimiento de estas zonas, llegando al punto de actuar sobre éste un
impacto recuperable y darle un buen aspecto físico al barrio militar.
• Coordinación de limpieza general con la empresa VEOLIA, prestando los servicios de
recolección, transporte de residuos sólidos urbanos, barrido y limpieza de áreas públicas.
• Tala de árbol en riesgo de colapso.
• Se realizó mejoramiento en andenes.
• Trabajos de recolección y transporte de escombros de las viviendas militares demolidas
en la manzana 57 y llevadas a centros de acopio.
• Se realizó actividades en coordinación con la empresa VEOLIA, para fortalecer la cultura
ambiental de los usuarios, realizando una jornada para recolectar inservibles, evitando
que sean arrojados en puntos críticos.
• Integración con el personal civil del Barrio los Caracoles
[…].29
7.3.13. La respuesta al oficio No EXT- AMC-20-0051123 –y anexos– donde se relacionan
las campañas adelantadas en salud pública por parte del Distrito. En la respuesta al oficio
se informó:
[…] sobre la ejecución de las acciones para la protección de los derechos colectivos
específicamente en el Barrio Los Caracoles donde están ubicadas las casas militares que
28Índice de SAMAI 002. Pág 111 a 116 del expediente digitalizado.
29Índice de SAMAI 002. Pág 117 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
se encuentran desocupadas, los técnicos de la Dirección Operativa en Salud Pública, del
(sic) programas Salud Ambiental realizaron una jornada de DESRATIZACIÓN […]
Esta actividad se realizó en cuarenta (40) casas abandonadas y en dos (2) casas
habitadas.30
7.3.14. El oficio AMC-PQR-0003783-2015 del 19 de mayo de 2015 de la Secretaría del
Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena al
comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, en donde remitió por competencia
un derecho de petición de la comunidad del barrio Los Caracoles para su intervención
dentro de la problemática de seguridad y afectaciones al medio ambiente.31
7.3.15. El informe técnico que tenía como objeto evaluar el estado de las viviendas
militares desocupadas del barrio Los Caracoles, dio cuenta de los siguientes aspectos:
De conformidad con la citada definición, técnicamente, la condición del riesgo en el
asentamiento humano puede percibirse estrechamente coligada a los siguientes factores:
[…]
Expansividad X
Afectación Estructural x
En la visita de inspección se observó un conjunto de patologías en los pisos, muros y parte
de algunos elementos estructurales, efectos propios de tensiones y/o esfuerzos del terreno
que han producido movimientos diferenciales en la cimentación, producto de cambios
volumétricos del subsuelo afectando la mampostería y estructura de las edificaciones
existentes, hecho que se confirma con el plano de susceptibilidad de riesgo POT20001, en
el que el área donde se encuentra (sic) la edificaciones de referencia corresponde a un
terreno con Riesgo de expansividad (Ver Anexo A-1, Mapa de Susceptibilidad de
Riesgo). Las patologías evidenciadas se producen al existir inconsistencias en los
procedimientos constructivos, ausencia de diseños de ingeniería de acuerdo al Código
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 y ausencia de mantenimiento
preventivo y correctivo toda vez que dichas construcciones fueron realizadas antes de la
actualización y publicación del actual Código Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR10.
[…]
RECOMENDACIONES
Se solicita al propietario la realización de los estudios de ingeniería de acuerdo al Código
Colombiano NSR10 acordes al estado de las edificaciones observadas en la visita. Tal
como estudios de Patología y Vulnerabilidad en edificación; estudios geotécnicos
orientados al riesgo de Expansividad del terreno de acuerdo al Riesgo descrito en el mapa
de susceptibilidad del POT en el área.
Se recomienda al propietario ejecutar las respectivas reparaciones estructurales y/o a
mampostería que se recomiende en los estudios de ingeniería acordes al Código
Colombiano NSR10, así como sus mantenimientos preventivos y correctivos.
Se recomienda a CORVIVIENDA, Participación y Desarrollo Social y Plan de Emergencia
(PES), una visita de verificación para establecer programas de mejoramiento de las
condiciones de los ocupantes de estas viviendas, si pueden aplicar a ello, por ser
30Índice de SAMAI 002. Pág 132 del expediente digitalizado.
31Índice de SAMAI 002. Pág 134 del expediente digitalizado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
asentamiento en una zona con riesgo de expansividad según mapa de susceptibilidad de
Riesgo observado en el Plan de Ordenamiento (Plataforma MIDAS CARTAGENA) […]32
7.3.16. En el proceso se practicó una inspección judicial el 16 de junio de 2021, con la
finalidad de constatar el estado de las viviendas y demás hechos alegados en la
demanda. De la inspección se destacan los siguientes apartes33:
Explica el abogado Juan Fernando Royelo Arroyo, apoderado del Ministerio de Defensa
Armada Nacional: […] Dentro de la acción popular se habla de las aguas servidas, acá en
la esquina tenemos un sitio de recreación que se llama “el Koreano” […] y cuando eso está
muy lleno, mire que hay vestigios de que las aguas residuales corren por el […]
Nada tiene que ver la parte de la construcción de las viviendas fiscales con las aguas
servidas que pasan por esta calle […]34.
[…] se observaron unas casas y unos lotes contiguos sin sellamiento] en el segundo 43 al
45 se observa un lote sellado35. […] y se observó la existencia de una casa desocupada.
Desde el segundo 00 al 0038, el magistrado dejó constancia de la existencia de una casa
desocupada […] pidió que se acercaran a la casa para constatar el estado […] y preguntó
si estaba bajo la administración de la Armada Nacional, a lo cual, contestaron que sí. […]36
En el minuto 1:04 de la grabación, se observó un lote con sellamiento y en el video, y se
explicó que las casas fueron “derruidas” y se hizo el cerramiento37.
Se observó un lote abandonado contiguo a una casa sin sellamiento y con pastizales largos
sin podar. Al pasar la vía pública del otro lado se observó un lote cerrado con malla38.
[…] se observó una caneca de basura con basuras desbordadas a la calle39.
Inmediatamente sonó una alarma y se explicó que es un sistema de alarma del barrio40.
Posteriormente la apoderada del distrito preguntó qué días recogían la basura, a lo cual
contestaron: lunes, miércoles y viernes. [explicaron] lo que pasa es que si te das cuenta la
mayor cantidad de gente trae bloques […]41.
7.4. Análisis de la Sala
Para resolver los puntos en común de ambas apelaciones, se estiman pertinentes unas
consideraciones y precisiones:
En primer lugar, sobre la improcedencia de la acción por la naturaleza de los bienes
–Fiscales–, la Sala ha de aclarar que, conforme a los artículos 2 y 9 de la Ley 472 de
1998, las acciones populares se ejercen como mecanismos para evitar un daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos
e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Bajo
esa teleología, la precitada ley dispone que las acciones populares proceden contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o
amenacen violar derechos e intereses colectivos.
32Índice de SAMAI 002. Páginas 161 a 165 del expediente digitalizado.
33Índice 0004 de la primera instancia.
34Segundo 01 a 43 de la grabación titulada WhatsApp video 2021-11-26 at 10.50.41.
35Segundo 14. De la grabación titulada WhatsApp video 2021-11-26 at 10.50.41 AM (3).
36Verificable en el video titulada WhatsApp video 2021-11-26 at 10.50.41 AM (4).
37Minuto 1:10 y 1:15 WhatsApp video 2021-11-26 at 10.50.41 AM (4).
38Minuto 1:10 y 1:15 WhatsApp video 2021-11-26 at 10.50.41 AM (4).
39Segundo 0: 16 del video titulado “WhatsApp 2021-11-26 at 10.50.42 AM (1)”.
40Segundo 19 y 20 de la grabación. “WhatsApp 2021-11-26 at 10.50.42 AM (1)”.
41Segundo 19 y 20 de la grabación. “WhatsApp 2021-11-26 at 10.50.42 AM (1)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Así las cosas, con el fin de resolver sobre la procedencia del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, se procederá a analizar la naturaleza de
los bienes fiscales. Al respecto, la Constitución Política y la legislación civil distinguen dos
tipos de bienes que, dada su naturaleza, están sometidos a regímenes jurídicos
diferentes: los privados y los públicos. Los privados –previstos en el artículo 58 de la C.
Política y regulados por el Código Civil–son aquellos que están bajo el dominio de sus
propietarios quienes los usan, gozan y disponen con las limitaciones de la ley y del
derecho ajeno (art. 669 del Código Civil). Los públicos, por su parte, son aquellos de los
que se sirve la comunidad42 y están destinados al cumplimiento de las funciones
públicas43 (artículos 63, 82 y 102 de la C. Política). Esta doble finalidad –y naturaleza–
trae consigo una segunda subdivisión: bienes de uso público y bienes fiscales (artículo
674 del C. C.)44.45
Los bienes fiscales pertenecen a entidades de derecho público y, por lo general, están
destinados al cumplimiento de las funciones públicas, es decir, son aquellos que están
destinados para la ejecución de las actividades estatales.
A su vez, los de uso público son aquellos que tienes como finalidad el uso, goce y disfrute
de la colectividad y están al servicio de ésta en forma permanente, con las limitaciones
jurídicas en cuanto a su utilización como son: las calles, plazas, parques, puentes,
caminos, etc.; frente a estos el Estado cumple una función de protección, administración,
mantenimiento y apoyo financiero y se caracterizan por ser inalienables, inembargables
e imprescriptibles (artículo 63 del C.C. en concordancia con el 107 de la C. Política y 407
del C.P.C –hoy 375 del CGP).
Por su parte, el Consejo de Estado respecto de la definición clásica de los bienes fiscales
y de uso público ha comprendido que estos, sin importar su naturaleza, siempre que le
sirvan al Estado para el cumplimiento de sus finalidades constituyen patrimonio público.
Así las cosas, ha identificado una naturaleza dual, porque desde una dimensión subjetiva,
implica que en su connotación de derecho posibilita a que cualquier ciudadano pueda
solicitar su protección mediante la acción popular, y bajo una dimensión objetiva, la
responsabilidad de administrar el uso eficiente y adecuado de estos. 46
De cara al caso en concreto, la finalidad y uso de las casas de la Armada Nacional están
destinadas al giro de las actividades estatales en tanto sirven de alojamiento para sus
funcionarios y familiares. Este aspecto no ha sido discutido dentro del proceso.
Dicho lo anterior, no hay ninguna limitación para que, por la naturaleza del bien, no se
admita un análisis de cara a la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, por lo
que, de entrada, se desechan aquellos argumentos de las entidades apelantes que
42NARANJO MESA, Vladimiro. “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”. Séptima Edición. Editorial
Temis.1997. Bogotá D.C. Pág. 144.
43Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 16.596 de 16 de
febrero de 2001.
44Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. “Si además su uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, puentes y caminos se llaman bienes
de la Unión de uso público o bienes del territorio. “Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.
45Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo
de 2004, rad, 52001-23-31-000-2002-1750-01(AP).
46
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 8 de junio de 2011, número único de radicación
2004-00540, C.P. Enrique Gil Botero. Éste criterio también ha sido usado por la Sección Primera del
Consejo de Estado. Al respecto Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera, providencia del 23 de junio de
2023. Radicado: 2019-00043-01. C.P Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
buscan restarle la eficacia al medio de control por el simple hecho de que el origen
alegado recae sobre un bien fiscal, más cuando se trata de inmuebles que están bajo el
dominio y administración de la Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional, entidad
de derecho público. Asimismo, la Sala resalta que la finalidad de la controversia se centra
en la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, al goce del espacio público y a la
seguridad y salubridad pública, con ocasión de las afectaciones que se están
presentando en el barrio Los Caracoles, por el estado de abandono de la citada entidad
que ha generado el expendio de sustancias alucinógenas, inseguridad y el inadecuado
manejo de residuos.
Bajo ese entendimiento, este cargo no está llamado a prosperar.
7.5.1 De la vulneración de los derechos colectivos
Ahora bien, le corresponde a la Sala definir si se vulneraron los derechos colectivos
amparados al patrimonio público, al goce del espacio público, a la utilización y defensa
de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, con ocasión del estado de las casas fiscales del barrio Los Caracoles en
el distrito de Cartagena.
Con el fin de desatar el anterior cuestionamiento, se traerán a colación la definición y
esencia que esta Sección le ha dado cada uno de los derechos y a su vez, serán
analizados a la luz del material probatorio; veamos:
7.5.1.1. Patrimonio público
Al referirse al patrimonio público, en su dimensión de derecho colectivo, esta Corporación
lo ha comprendido como la facultad que se ejerce, no solo sobre los bienes
inembargables, imprescriptibles e inalienables del Estado (bienes de uso público), sino
que abarca todos aquellos bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es titular,
y que se destinan al cumplimiento de las funciones que le asigna el ordenamiento, de
cuya protección se busca que la administración sea eficiente, transparente y responsable,
conforme a las reglas previstas por la ley, con acento en las normas de carácter
presupuestal47, así mismo, este derecho comporta un derecho autónomo del derecho de
la moralidad pública, tal como lo unificó esta Corporación48 y requiere para la constatación
de su vulneración, la configuración de un elemento objetivo y un elemento subjetivo.
Desde la perspectiva subjetiva exige un análisis de gestión de ese patrimonio a cargo del
funcionario, para constatar que su administración no se haga de manera, corrupta,
arbitraria, irresponsable, deshonesta o negligente, y, además, en la dimensión objetiva el
se verifica que no exista un quebrantamiento en el deber de las entidades de gestionar
el patrimonio público conforme criterios de eficiencia y transparencia. 49
Entonces, de la lectura de los medios probatorios, en especial del documento enunciado
en el numeral 7.3. de esta providencia, en el que la comandancia de la Base Naval ARC
Bolívar señaló que se presentaban casos en que los usuarios –refiriéndose a los militares
47Ver sentencia del Consejo de Estado. Radicado: 13001-23-33-000-2018-00501-01 (65711) (AP).
Consejera Ponente: María Adriana Marín.
48Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala Plena del Consejo de Estado- Sala 14 de decisión. Radicado:
20001-33-31-000-2007-00042-01 (AP). 31 de mayo de 2022. Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.
49Ver sentencia del Consejo de Estado. Consejo de Estado del 23 de junio de 2023 Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Primera. Radicado 88001-23-33-000-2019-00043-01. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
y sus familias– incumplían e incumplen los reglamentos y las normas militares, y dejaban
abandonados los inmuebles (lo que, a su vez estaba sujeto a un procedimiento
administrativo) está demostrado, precisamente, el estado de abandono de esos bienes y
la desidia de la entidad de solucionar la problemática.
Lo anterior, aunado a los registros fotográficos, documentos auxiliares a los medios de
prueba documentales que sirven para contextualizar, tal como se puede evidenciar en el
numeral 7.3.4 de esta providencia, la situación de abandono.
Pues bien, como dio cuenta la inspección judicial, si bien existen unos cerramientos en
algunos de los lotes, no ocurre lo propio con otros de ellos, en los que las casas se
encuentran en mal estado –desde el punto de vista estructural–, abandonadas y
pendientes de procedimientos administrativos (cuando ya están prácticamente destruidas
y con daños estructurales importantes). En efecto, en la diligencia se dejó constancia de
la existencia de una casa desocupada. Y, cuando el magistrado pidió acercarse a la casa
para constatar el estado, se observó en una situación “casi de ruina”. Justamente, en ese
instante, se preguntó si estaba bajo la administración de la Armada a lo que se contestó
que sí.
Sobre el estado estructural de las viviendas, el informe técnico corroboró esta
circunstancia. En efecto, fue enfático en que las edificaciones existentes estaban en
“estado de susceptibilidad riesgo” por mampostería, estructura; inconsistencias en
procesos constructivos y de diseño, sin sismo resistencia y sin mantenimiento preventivo
y correctivo con riesgo de expansividad.
Bajo el análisis de los anteriores medios probatorios, la Sala encuentra acertado que se
hubiera amparado el derecho colectivo al patrimonio público pues denota el cumplimiento
de los dos elementos, el subjetivo, comoquiera que el deterioro constatado muestra la
ineficiente labor en la preservación de ese patrimonio, y el objetivo, en la medida que
estos bienes destinados, en principio, para que la Armada Nacional a través de sus
miembros pueda cumplir con su misión y funciones, se hace bajo una administración
ineficiente, que a pesar de demostrar algunos sellamientos y labores sociales en la
comunidad, no termina por resolver el problema estructural, que tiene que ver con el
estado de estas casas y la forma en que irradia otras problemáticas como: la inseguridad
del sector, la inadecuada disposición de residuos, la ejecución de actos indecorosos, la
propagación de roedores y el consumo de sustancias psicoactivas.
Estos bienes, que conforman el patrimonio del Estado, permiten que los miembros de las
fuerzas armadas, que no son oriundos de la ciudad de Cartagena, o incluso sí, tengan un
lugar para ubicar a sus familias mientras desempeñan sus funciones. Este razonamiento
conforme a las reglas de la experiencia que demuestran el uso y destinación que se les
ha dado a las llamadas “casas militares”. De manera que se reitera, verificada la
vulneración a este derecho colectivo, estuvo ajustada la decisión de primera instancia en
este primer aspecto.
7.5.2. El goce del Espacio Público y Utilización y Defensa de los bienes de Uso
Público
En relación con la vulneración del derecho colectivo al espacio público, más allá de que
las casas estén sobre las vías –lo cual es un razonamiento adecuado del Tribunal–, de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
la propia definición del espacio público50, confrontado con los medios probatorios
aportados al proceso, se tiene que, efectivamente, el derecho debe ser amparado.
La Constitución Política de Colombia consagra los bienes de uso público como parques
naturales, tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
En armonía con esta consagración constitucional el Decreto 1504 del 4 de agosto de
199851, compilado en el Decreto 1077 de 2015, sobre el espacio público y la forma para
la que se destina establece que el Estado debe velar por la protección de la integridad y
la destinación a su uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En esa vía,
en cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deben dar
prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público
sobre los demás usos del suelo.
La Corte Constitucional ha dicho que la búsqueda de la calidad de vida de los habitantes
en protección de los derechos y libertades es fundamento sobre el que se edifica el
estado social de derecho y que conforme al artículo 82 de la Constitución Política, la
integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos
demandables al Estado, para asegurar el acceso de los ciudadanos de los espacios
colectivos.52
Justamente, al corroborar la definición, hay una amenaza de deterioro que trasciende del
espacio físico de las casas. En ese sentido, se debe entender que, el derecho de la
propiedad no se inicia y se agota en sus límites físicos o linderos , sino que la propiedad
pública o privada tiene una función social conforme el artículo 58 de la Constitución
50[…]Constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal
como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad
ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas
verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos,
para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones,
para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del
entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales,
los terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente
y que constituyen por consiguiente zonas para el uso y el disfrute colectivo. El Decreto 1504 de 1998, acoge
en su artículo 2° la definición antes trascrita y en el su artículo 3°, ibídem, precisa que comprende los
siguientes aspectos: a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo
uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo; b) Los
elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su
naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; c) Las áreas requeridas para la
conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este decreto.[…] Consejo de
Estado, Sala Plena del Consejo de Estado-Sección Primera radicado 680001-23-15-000-2004-00848-02
(AP) sobre el concepto de espacio público.
51“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
52Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. M.P: Alejandro Martínez Caballero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Política53; y quedó plasmado en el artículo 5º de la Ley 9ª de 198954, en el sentido en que
el espacio público lo conforman las áreas requeridas para la circulación y el tránsito
tranquilo de los ciudadanos, por tanto, mientras la locomoción se vea interferida a causa
del estado de estas viviendas fiscales se está vulnerando el derecho colectivo al goce del
espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público.
Bajo esa lógica, al cotejar el registro videográfico de la inspección judicial para ver el nivel
de deterioro de las franjas de retiro de las casas, los andenes, los tránsitos destinados a
la libre locomoción de la comunidad –donde debe imperar la seguridad y tranquilidad
ciudadana– se pudo verificar que la falta de medidas administrativas eficaces de la
Armada Nacional (para apropiarse eficazmente de los recursos que les fueron dados)
trascendió a la esfera del espacio público y limita la locomoción tranquila y segura de los
habitantes.
Como refuerzo de lo anterior, de manera complementaria a las demás pruebas del
proceso obra una noticia55 –a través de un medio de comunicación–, la cual fue aportada
con la demanda y decretada mediante auto del 19 de mayo de 2021,56 en la que se narró
que “en el sector militar del Barrio Los Caracoles, al suroccidente de Cartagena, en el
cual solo quedan habitadas poco más de diez casas. El resto, quedaron abandonadas, y
53Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos
de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
54Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de
los intereses individuales de los habitantes. “Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas
requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o
pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías,
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y
mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos
del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y
de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus
elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.”
55Sobre el valor probatorio de las noticias ver Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa Administrativa.
Sentencia del 29 de mayo de 2012. C.P. Susana Buitrago Valencia (E). “…son indicadores sólo de la
percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “…son susceptibles de
ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio
representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información
que contienen”. Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes,
noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir
de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a
constatar la certeza de los hechos.
56El documento fue decretado como prueba, tal como se lee en la providencia, la cual señaló: “De
conformidad con el artículo 185 del C.G.P., se tendrán como pruebas los documentos aportados con la
demanda visibles a folios 13 a 78 del expediente, así como los aportados por la Nación - Min. Defensa -
Armada Nacional, visibles a folios 107 a 126, y los aportados por el Distrito de Cartagena, visibles a folios
127 a 134 del expediente, a los cuales se les dará el mérito probatorio que legalmente corresponda al
momento de dictar sentencia”, siendo que el documento está visible a folio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
por el paso del tiempo, se han convertido en un refugio de delincuentes, e inclusive se
han derrumbado. […] Nos están atracando, a las ocho de la noche, nos tenemos que
encerrar. Hace más de diez años dejaron estas casas abandonadas, se derrumbaron, y
se ha convertido en un nido de delincuentes, de atracadores y drogadictos […].
De las pruebas del expediente se concluye la imposibilidad que tienen los ciudadanos
para transitar libremente por el sector por razones de seguridad y por las condiciones
mismas del terreno, lo cual devela una propiedad fiscal desprotegida que supera sus
límites, irrumpe en el espacio público y no permite trazar un límite natural entre esta
propiedad y la zona común y por tal razón, la decisión del Tribunal fue acertada, en ese
aspecto.
7.5.3 Sobre los demás argumentos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
En el recurso se dijo que no estaba demostrado que el alumbrado público no funcionara
adecuadamente, porque en la inspección judicial se había destacado, no solo la
instalación del sistema de alarma, sino de reflectores que había mejorado la iluminación
del sector –fuera de las lámparas que ya existían–. Por lo tanto, no se probó que el
alumbrado público del sector fuera inadecuado o deficiente.
De cara a este argumento, conforme a las pruebas del proceso y bajo la óptica del
derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público
• como la facultad que tiene el colectivo de transitar de manera tranquila por dicho
espacio- se encontró demostrado que la propia comandancia de la Base Naval ARC
Bolívar le solicitó a la Electrificadora del Caribe S.A ESP la instalación de alumbrado
público en el Barrio Los Caracoles para ampliar el sistema de iluminación del barrio, por
el incremento de inseguridad y el aprovechamiento de la oscuridad para realizar actos
inapropiados. De ello se puede dar cuenta en el numeral 7.3.8 de la presente providencia.
Igualmente se constató que se pidió apoyo a la Policía Metropolitana de Cartagena para
incrementar la seguridad del barrio, comoquiera que las falencias en el alumbrado público
implicaban un riesgo para la comunidad. Ello está probado y es verificable en el numeral
7.3.7 de la presente providencia.
Al observar estas solicitudes, las cuales no fueron desvirtuadas como pruebas
documentales dentro del proceso, cuyo decreto y práctica fueron válidamente
incorporados dentro del plenario, y al cotejarlas con el argumento de la apelación, según
el cual “el servicio se presta conforme a la definición legal a los bienes de uso público y
demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal. Y que, como lo que
hay es unos lotes y no viviendas, la iluminación del barrio solo se brinda por lámparas de
alumbrado público, y la de nuevos reflectores”, no será modificada la orden dada por el
Tribunal, bajo el siguiente entendimiento:
El artículo 1º de la Resolución CREG núm. 043 de 199557 definió el alumbrado público
como “la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre
circulación que se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho
privado o público, diferente del municipio con el propósito de proporcionar la visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como
peatonales”
57
Esta Resolución fue derogada por el artículo 30 de la Resolución 123 de 2011, sin embargo, la definición
de alumbrado público se puede extraer de la misma, comoquiera que en ella se estableció el concepto de
este servicio público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
En primer lugar, el hecho de la existencia de unos lotes y no de viviendas no conlleva
desconocer que frente a estos lugares inhabitados no hay lugar a prestar el servicio de
alumbrado público, cuando el criterio que lo define es el suministro de visibilidad
adecuada para el paso de vehículos y de peatones. De aceptar este razonamiento, las
vías, avenidas que colindan con lotes y no con centros de comercio o habitacionales no
tendrían derecho a acceder a este. Este justamente es un servicio que se estructura sobre
la necesidad de visibilidad para permitir una locomoción adecuada.
En segundo lugar, en cuanto a las responsabilidades, basta con reiterar que la obligación
recae y es competencia del municipio. Sobre este tema, esta Sección ya ha aclarado que
conforme al artículo 2º de la precitada resolución es responsabilidad de dichas entidades
territoriales la prestación de este servicio en su jurisdicción, sin importar la ruralidad o que
se materialice en sectores urbanos. Dicho suministro se presta, pues, o porque el
municipio tiene la infraestructura o por medio de una empresa distribuidora o
comercializadora de energía, previa autorización del Concejo. Conforme al artículo 388
de la Constitución Política puede autorizar al alcalde para establecer las respectivas
tarifas, en cuyo caso, la empresa será la responsable de la adecuada prestación del
servicio.58
Sobre el reparo de la orden de iniciar la elaboración de una campaña educativa para el
buen uso de los contenedores de basuras y que el distrito había realizado diversas
campañas ambientales en la ciudad como “Veolia en tu barrio” y “Cero puntos críticos”,
verificables en la página web de la empresa –lo que corroboraría el cumplimiento de las
obligaciones del prestador–. El hecho de haber adelantado campañas ambientales, no
limita al juez para pedirle enfatizar en ellas y no denota un cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, pues esto, sería tanto como habilitar a las entidades que le pidan
al juez verificar en las páginas oficiales todas las actuaciones que adelanta la
administración pública para constatar el cumplimiento de sus funciones. Esta lógica,
desplazaría el ejercicio y cargas probatorias dentro de los procesos judiciales.
En relación con el cargo de que al distrito no le correspondía la demolición, el cercamiento
y desmonte de las casas que se encuentran en estado de desplome, y aun así se le
ordenó que resolviera la problemática del alumbrado público y de aseo, sin que estas
fueran necesarias para el amparo de los derechos reclamados. La Sala no hará mayor
referencia, en el entendido que las órdenes de primera instancia no conminaron a la
entidad a la demolición y cercamiento sino a la prestación adecuada de los servicios
públicos de alumbrado y aseo, como quedó expuesto en párrafos anteriores.
En consecuencia, esta Sala confirmará en estos aspectos las órdenes dadas al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena.
7.5.4 Sobre los demás argumentos de la Nación- Ministerio de Defensa- Armada
Nacional
En el recurso señaló que la entidad de derecho público se encontraba sujeta a la
planeación y ejecución del presupuesto anual.
58Ver sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Radicado:
41001-23-31-000-2003-00900-01 (AP). Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Sobre este punto, esta Sección ha reiterado59 que no se pueden alegar razones
presupuestales y financieras, para sustraerse de las obligaciones que tienen que ver con
problemáticas susceptibles de amparo de derechos colectivos. Al respecto ha sostenido:
[…] los trámites presupuestales y de planeación, la falta de disponibilidad presupuestal o
de recursos económicos, no es de ninguna manera un argumento válido para desvirtuar
la afectación de los derechos colectivos y mucho menos para cohibir al juez de la acción
popular de adoptar las medidas de amparo que las circunstancias ameriten en aras de la
protección de tales derechos. (En consecuencia, es obligación de la alcaldía municipal de
Yopal) desplegar, dentro del marco jurídico establecido, todas las gestiones técnicas y
administrativas pertinentes en materia de planeación y programación presupuestal, a fin
de ejecutar las obras, proyectos o actividades necesarias para salvaguardar los derechos
colectivos afectados60.
Por otra parte, argumentó que la Base Naval ARC Bolívar había desplegado todas las
acciones de cuidado y buen estado del predio; había realizado reuniones con los vecinos
del sector, el acompañamiento ante las entidades que prestan servicios públicos
domiciliarios y la Policía Nacional, y que se había hecho un cerramiento que se
encontraba en perfecto estado de funcionamiento e impedía el ingreso de personas con
comportamientos inadecuados.
Si bien es cierto en el plenario se observan algunas actividades de cuidado de carácter
social y de impacto en las comunidades, como sellamientos parciales, instalación de
alarmas, mecanismos de defensa contra la invasión del espacio público como
llantas adheridas al piso, no es menos cierto que el problema estructural no ha sido
solucionado de fondo.
Así mismo, se observó y se hizo saber de las dificultades para administrar correctamente
y con eficacia ese patrimonio público que representan las casas y lotes durante el
transcurso de la inspección judicial. De ello da cuenta el oficio No
2019425115037781/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN1-JDAMIL-
JOFJUR FNC- 1.9 del 20 de agosto de 2019 de la comandancia de la Base Naval ARC
“Bolívar” a la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica de la Personería Distrital de
Cartagena de Indias, en donde respondió a la solicitud de solución por el detrimento,
inseguridad y abandono de las viviendas militares del barrio “Los Caracoles”, el cual vale
la pena traer:
AL PUNTO PRIMERO: Presunto abandono y deterioro de los alejamientos militares
originando vulneración de los habitantes:
[…]Son bienes de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional- Armada de Colombia-
Base Naval ARC Bolívar”, los cuales son asignados a los usuarios de acuerdo a lo
establecido en la Resolución No 0933 del 26 de octubre de 2015 […] los cuales se entregan
con actas de recepción […], sin embargo, se han presentado casos en que los usuarios y/o
asignatarios incumpliendo con los reglamentos y las normas militares, salen de la unidad
59Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
noviembre de 2023, Rad 2019-00102-02.
60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre
de 2001. Rad. N.º 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002,
Rad. N.° 2001-00303-01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. N.° 2001-01961-01,
C. P: María Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011, Rad. N.° 2004-01241-01 y 22 de enero de
2015 Rad. N.° 2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre de 2016, C. P: Roberto
Augusto Serrato Valdés (E); 11 de mayo de 2020, Rad. N.° 2010-01363-01, C. P: Oswaldo Giraldo López;
26 de junio de 2020, Rad. N.° 2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio de
2021, Rad. N.° 2010-01320- 01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
[…] dejando el bien inmueble en estado de abandono. […] viviendas que lamentablemente
el Comando de la Base Naval ARC “Bolívar” no puede restituir de manera unilateral […]
AL PUNTO SEGUNDO: Solicitud de solución inmediata a inmuebles sin habitar y lotes
baldíos.
[…] los bienes inmuebles que a la fecha se encuentran en estado de abandono, ya se
encuentran inmersos en procesos administrativos con el fin de lograr ser restituidos y
recuperados por el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval ARC “Bolívar”
dentro del marco de sus competencias […]
Es de señalar, que efectivamente dentro del barrio se encuentran unos predios
deshabitados, pero estos cuentan con encerramientos y avisos que indican ser de
propiedad de la ARMADA NACIONAL […] no obstante, ante la posible futura existencia de
espacios abiertos, debido al deterioro de los inmuebles, estos serán incluidos en el
presupuesto de mantenimiento del Departamento de Alojamientos Militares de la Base
Naval ARC “Bolívar”, toda vez que la adquisición e inversión representa una cuantía
onerosa.
De manera que, a pesar de los ingentes impactos de otro orden, se requiere un mayor
compromiso de la Armada Nacional en contribuir en la solución de la problemática con
una solución de fondo. De allí que, se encuentre acertado que el Tribunal hubiere
considerado la necesidad de un estudio previo, para que de manera técnica se
comprenda y efectúe una solución que enerve la vulneración a los derechos colectivos
amparados proveniente de la entidad y por ello fue acertada la decisión del A quo.
Por otra parte, sobre la reiteración del argumento de la fuente del deterioro de las casas
por la ampliación y construcción de la Transversal 54, en cabeza de la Concesión Vial
Cartagena, que a la altura de donde están ubicados los inmuebles destruidos, levantó un
muro de contención que afectó la estabilidad del terreno y deterioró los inmuebles hasta
volverlos inhabitables, no se observa ninguna demostración técnica de lo dicho, y en todo
caso, bajo la finalidad de proteger los derechos colectivos, es la Armada Nacional a quien
le corresponde enervar la causa de la vulneración, por ser la propietaria de los bienes, al
margen del origen de los daños, materia de otro escenario judicial.
7.5.5 La Congruencia del amparo frente a la vulneración de los derechos colectivos
amparados
Ahora bien, procede la Sala a resolver si las órdenes impartidas por el Tribunal son
congruentes con lo solicitado en la acción popular, si el amparo recae sobre bienes
fiscales.
Se traen a colación las pretensiones de la demanda:
Primero: Se declare el AMPARO de los DERECHOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD
DEL BARRIO LOS CARACOLES relativos a “El goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público”; “La seguridad y salubridad públicas”; “La defensa
del patrimonio público” con motivo de la CONDUCTA NEGLIGENTE adoptada por las
entidades Accionadas.
Segundo. - Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la (sic) Y MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- ARMADA DE COLOMBIA- BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” a
realizar las GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS para
efectuar INMEDIATA SOLUCIÓN, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y/O DEMOLISION (sic)
DE LAS VIVIENDAS MILITARES UBICADAS EN EL BARRIO LOS CARACOLES.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Tercero. - Se ordene a la ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS a realizar las
GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS para efectuar
INMEDIATA SOLUCIÓN (sic) INMEDIATA SOLUCIÓN, REPARACIÓN, ADECUACIÓN
Y/O DEMOLISION (sic) DE LAS VIVIENDAS MILITARES UBICADAS EN EL BARRIO
LOS CARACOLES.
Se cotejan con el amparo de la sentencia apelada:
PRIMERO: Declarar al Distrito de Cartagena y a la Nación – Ministerio de Defensa –
Armada de Colombia - Base Naval A.R.C, Bolívar, responsables de la vulneración de los
derechos colectivos de los habitantes del conjunto de viviendas fiscales de propiedad de la
Armada Nacional en el Barrio Los Caracoles de la ciudad de Cartagena, y los transeúntes
del sector, al patrimonio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, a la defensa del
patrimonio público, y al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público. SEGUNDO: Para asegurar el respeto de los derechos públicos antes referidos,
se ordena:
SEGUNDO: Para asegurar el respeto de los derechos públicos antes referidos, se ordena:
2.1. Al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena que, de manera directa o a través del
funcionario que delegue para el efecto:
• Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, inicie las
gestiones administrativas y, de ser necesario, presupuestales y contractuales, para
asegurar que en un plazo no mayor de tres meses se preste de manera eficiente el servicio
de alumbrado público en el sector descrito en el numeral primero.
• Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, iniciar la
elaboración de una campaña educativa que deberá cumplirse dentro de los dos meses
siguientes, orientada a lograr un buen uso de los contenedores de basuras ubicados
alrededor de las viviendas fiscales descritas previamente, y ejercerá control sobre la
empresa que tenga a su cargo la recolección de residuos sólidos en el sector. En los
mismos plazos, en coordinación con la Policía Nacional, deberá tomar las medidas
correctivas correspondientes contra los ciudadanos infractores, de conformidad con el
artículo 111 y concordantes de la Ley 1801/16.
2.2. A la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional que, dentro de los 2 meses
siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice los estudios de ingeniería
necesarios que den cuenta del estado de vulnerabilidad de las viviendas, así mismo deberá
realizar estudios geotécnicos orientados a establecer el riesgo de expansividad del terreno.
Dependiendo del resultado de los estudios, dicha entidad deberá i) ejecutar las respectivas
reparaciones estructurales y/o mampostería que se recomiende en los estudios, así como
sus mantenimientos preventivos y correctivos; o ii) proceder a la demolición de las casas
fiscales, previas las autorizaciones exigidas por las autoridades competentes.
Los estudios deberán haberse concluido transcurridos tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta sentencia y en caso de que aconsejen la ejecución de obras orientadas
a superar el riesgo en que se encuentran los habitantes de las viviendas y transeúntes del
sector, deberán estar concluidas en un término que no supere los ochos (8) meses a partir
del vencimiento del plazo anterior.
Para acceder a las pretensiones formuló como problema jurídico: “determinar si las
viviendas militares de la Armada Nacional, ubicadas en el Barrio los Caracoles de la
ciudad de Cartagena, se encuentran físicamente en mal estado y su entorno en el grado
de deterioro que describe el accionante; y si ello constituye un riesgo para los miembros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
de la comunidad del sector que amerite el amparo de sus derechos colectivos al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y
salubridad pública y la defensa del patrimonio público.”
Después del análisis probatorio, se concluyó que las viviendas militares de la Armada
Nacional en el barrio Los Caracoles y la zona adyacente eran la fuente de las diversas
problemáticas presentadas, y, por tanto, se encontró que dichos bienes fiscales eran los
generadores de las vulneraciones.
En el transcurso del proceso, encontró probado además que se comprometió el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, conclusión
a la que arribó por los medios de convencimiento que demostraron que el nivel de
deterioro de las casas ponía en riesgo, sobre el particular indicó que: “para la Sala no hay
duda de que el evidente deterioro y mal estado de las viviendas descritas revela una falta
de cuidado y protección sobre bienes que integran el patrimonio público y cuya
destrucción afecta el derecho colectivo que impone su protección. Y la ausencia de
medidas de intervención efectivas sobre su estructura y mampostería que impidan
el colapso o la completa destrucción de dichos bienes amenaza de manera notoria
el derecho colectivo de los usuarios de dichas viviendas y de los ciudadanos que
por allí transitan, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnica”61
(Resaltado por fuera del texto original)
En este tipo de acciones populares no está vedado al juez que se pueda referir a
derechos que se hayan decantado durante el trámite procesal, siempre que se haya
permitido la contradicción y el debido proceso y no implica un desconocimiento de la
congruencia62, lo que explica que en este caso, además se haya considerado el amparo
del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
pues desde el inicio se sometió al proceso el mal estado de las casas, circunstancia que
no fue debatida y tomó fuerza bajo la tesis del riesgo por expansividad y así fue declarado
por el A quo en la parte resolutiva:
De tal suerte que, no hay distancia entre la problemática planteada, las pretensiones
iniciales, el ejercicio de constatación del juez en el transcurso del proceso y la forma de
los amparos concedidos, con la posibilidad que le es dada a este para ordenar
prudentemente la fórmula para enervar las problemáticas. Es tan así que, las
pretensiones se encontraban encaminadas a buscar que el Ministerio de Defensa –
Armada Nacional y el Distrito de Cartagena gestionaran administrativamente y
presupuestalmente soluciones para reparar, adecuar o demoler los bienes fiscales que
venía presentando afectaciones o que estaban causando incidiendo en el daño que
padece la comunidad del barrio Los Caracoles. Por lo tanto, la orden impartida por el
Tribunal es congruente con lo solicitado, pues se conmina a realizar los estudios técnicos
que determinaran el estado de vulnerabilidad que está generando las casas fiscales, para
posteriormente definir la ruta que debe acoger la Armada Nacional para resolver el daño.
De igual forma, es necesario reiterar tal como se expuso en párrafos anteriores, que, si
bien la controversia recae sobre bienes de naturaleza fiscal, los mismo son bienes
públicos que son administrados por la Armada Nacional; por lo tanto, no le asiste razón
al apelante cuando afirma que por recaer la protección en dicha clase de inmuebles no
procede el amparo.
61Ver página 13 de la sentencia de primera instancia.
62
Ver sentencia del Consejo de Estado. Radicado: 25000-23-25-000-2003-01252-02 (AP) Consejero
Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
Sin embargo, la Sala advierte que es necesario adicionar en la parte resolutiva de la
sentencia apelada, lo relacionado con la obligación que le asiste al Distrito de Cartagena
como principal responsable de la gestión del riesgo en la medida que fue constatado y
amparado por el A quo después de evidenciar el potencial peligro por expansividad y los
problemas estructurales de la vivienda que amenazan a habitantes y transeúntes. En ese
sentido, se ordenará a dicha entidad en virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Ley
1523 de 201263 para que en el marco de sus funciones dentro del sistema de gestión de
riesgo haga un acompañamiento, desde la ejecutoria de la presente sentencia y hasta
que se defina la situación vulneradora, a la Armada Nacional implementando un proceso
de gestión del riesgo, que contenga el conocimiento y la reducción del riesgo en el barrio
Los Caracoles con ocasión de las viviendas militares de las que trata el presente caso.
Lo anterior, en la medida que las pretensiones de la demanda solicitaron que se le
ordenara al distrito realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias
para dar solución, reparación, adecuación y/o demolición de las viviendas militares
ubicadas en el barrio los caracoles; y de acuerdo con la norma que antecede lo que
corresponde exigir es estar al tanto, a partir, de un proceso interno dentro de la gestión
de riesgo para profundizar en el conocimiento del mismo y su reducción, sin que ello
implique, y que quede claro, que las gestiones administrativas y presupuestales para
proveer la solución, sea la que resulte del estudio ordenado están a cargo de la Armada
Nacional, que es quien tiene a cargo estos bienes públicos.
7.6. Por otra parte, observa la Sala que se dejó de especificar que quien preside el
Comité es el magistrado sustanciador conforme al artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección64, por lo tanto, procederá a modificar el numeral tercero de
la sentencia de primera instancia, para incluir esa precisión.
En cuanto a las costas, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201965, no se condenará por este
concepto porque, aunque el recurso de apelación fue resuelto desfavorable, no se
acreditó su causación a lo largo del trámite del proceso en segunda instancia.
7.7. Reconocimiento de personería
Mediante memoriales visibles en los índices 12 del Sistema de Gestión Judicial Samai,
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena le confirió poder al abogado Álvaro Edmundo
Mendoza Medina para que ejerciera la representación jurídica de la entidad. Por lo tanto,
la Sala le reconocerá personería al apoderado en virtud de lo previsto en el artículo 74
del Código General del Proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
63Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local
representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo
local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción.
64Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, magistrado
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-
01, magistrado Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
65Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araujo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo y tercero de la sentencia del 19 de
noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que en su
lugar se lea:
SEGUNDO: Para asegurar el respeto de los derechos públicos antes referidos, se ordena:
2.1. Al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena que, de manera directa o a través del
funcionario que delegue para el efecto:
• Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, inicie las
gestiones administrativas y, de ser necesario, presupuestales y contractuales, para
asegurar que en un plazo no mayor de tres meses se preste de manera eficiente el servicio
de alumbrado público en el sector descrito en el numeral primero.
• Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, iniciar la
elaboración de una campaña educativa que deberá cumplirse dentro de los dos meses
siguientes, orientada a lograr un buen uso de los contenedores de basuras ubicados
alrededor de las viviendas fiscales descritas previamente, y ejercerá control sobre la
empresa que tenga a su cargo la recolección de residuos sólidos en el sector. En los
mismos plazos, en coordinación con la Policía Nacional, deberá tomar las medidas
correctivas correspondientes contra los ciudadanos infractores, de conformidad con el
artículo 111 y concordantes de la Ley 1801/16.
• El Distrito de Cartagena, en el marco de sus funciones dentro del sistema de gestión de
riesgo, tendrá que hacer un acompañamiento a la Armada Nacional implementando un
proceso de gestión del riesgo, a partir de la ejecutoria de la presente sentencia y hasta que
se defina la situación vulneradora, que contenga el conocimiento y la reducción del riesgo
en el barrio Los Caracoles con ocasión de las viviendas militares de las que trata el presente
caso.
2.2. A la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional que, dentro de los 2 meses
siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice los estudios de ingeniería
necesarios que den cuenta del estado de vulnerabilidad de las viviendas, así mismo deberá
realizar estudios geotécnicos orientados a establecer el riesgo de expansividad del terreno.
Dependiendo del resultado de los estudios, dicha entidad deberá i) ejecutar las respectivas
reparaciones estructurales y/o mampostería que se recomiende en los estudios, así como
sus mantenimientos preventivos y correctivos; o ii) proceder a la demolición de las casas
fiscales, previas las autorizaciones exigidas por las autoridades competentes.
Los estudios deberán haberse concluido transcurridos tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta sentencia y en caso de que aconsejen la ejecución de obras orientadas
a superar el riesgo en que se encuentran los habitantes de las viviendas y transeúntes del
sector, deberán estar concluidas en un término que no supere los ochos (8) meses a partir
del vencimiento del plazo anterior.
TERCERO: Se conforma un comité para la verificación de cumplimiento de la sentencia en
el cual participarán, además del Magistrado ponente, que lo presidirá, las partes, el Agente
del Ministerio Público, y un miembro designado por la Junta de Acción Comunal que opere
en el sector.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00500 01
Demandante: Personería Distrital de Cartagena de Indias
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional y otro
CUARTO: RECONOCER personería al profesional del derecho Álvaro Edmundo
Mendoza Medina, para actuar en representación del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena, en los términos y para los fines del poder a él otorgado.
QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.