Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2019-00043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2019-00043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2019-00043-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00043-01
Referencia: Acción Popular – Fallo
Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. NO HABÍA LUGAR A
AMPARAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL
PATRIMONIO INMATERIAL Y CULTURAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y, A LA
PROTECCIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL GRUPO ÉTNICO EN SU
DIMENSIÓN TERRITORIAL, POR NO CORRESPONDER A LA CAUSA
PETENDI, DESCONOCER EL DERECHO DE DEFENSA DE LA
DEMANDADA Y EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS
DECISIONES JUDICIALES.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y PATRIMONIO
PÚBLICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
del señor JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ y la POLICÍA
NACIONAL contra la sentencia de 30 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 que amparó
“[…] el derecho colectivo al patrimonio inmaterial y cultural del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como
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En adelante el Tribunal.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
también a la autonomía del pueblo raizal ancestralmente radicado en
el territorio […]”.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El señor JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ, actuando por
medio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción popular
prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada
por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó demanda ante el
Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos
a la defensa de los bienes de uso público y al patrimonio público,
presuntamente vulnerados por el MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICÍA NACIONAL y el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA3.
I.2. Hechos
Indicó que el CONSEJO DE LA INTENDENCIA ESPECIAL DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA, ISLAS expidió el Acuerdo núm. 027 de
5 de diciembre de 1983, por medio del cual autorizó al Intendente
Especial de San Andrés y Providencia a adjudicar a título gratuito y a
favor de la POLICÍA NACIONAL un lote de terreno ubicado en el
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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En adelante el Departamento.
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sector del relleno de la avenida Francisco A. Newball, bajo la reserva
de restitución del predio si transcurridos dos años desde la expedición
del acto administrativo la adjudicataria no efectuaba edificación
alguna.
Afirmó que, a través de la escritura pública núm. 2740 de 16 de
diciembre de 1986 de la Notaría 37 del Círculo de Bogotá, el
Intendente de las Islas transfirió a título de donación gratuita en
favor de la POLICÍA NACIONAL el derecho de posesión material
sobre el lote de terreno identificado con el número catastral 01-
00090-0004-000 de la calle 5ª núm. 2-25 del perímetro urbano de
la Isla de San Andrés, sector Nixon Point.
Aseguró que en la cláusula segunda de la mencionada escritura
pública se precisó que el lote objeto de donación lo adquirió el
donante en mayor extensión por rellenos que hizo la empresa Vam
Suramericana en el ente territorial, con lo cual se recuperó terreno
del mar en la bahía de San Andrés; asimismo, las cláusulas quinta y
sexta precisaron que la donación se hizo con la finalidad de que el
terreno fuera destinado a la construcción de oficinas, casinos, casas
fiscales y otras instalaciones, de modo que, en caso de efectuarse
una nueva transferencia del terreno, la primera opción debía ser para
la INTENDENCIA.
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Sostuvo que el Intendente que trasladó el dominio del predio dejó
transcurrir tres años y once días para suscribir la escritura pública
por medio de la cual entregó gratuitamente el inmueble a la
POLICÍA, pese a que el Acuerdo núm. 027 de 1983 había indicado
para ese efecto un plazo de dos (2) años.
Manifestó que desde entonces la POLICÍA NACIONAL es la
poseedora del citado inmueble, el cual ha sido utilizado para sus
instalaciones y edificaciones.
Puso de presente que antes de la transferencia del predio, en los
años sesenta, la empresa Vam Suramericana realizó, a expensas de
la INTENDENCIA, rellenos de varios pantanos y de la zona costera,
entre esos el del plurimentado terreno, el cual correspondía a una
franja de tierra que originalmente no existía en la Isla de San Andrés,
pues fue producto del relleno de la porción de mar que antes ocupaba
ese espacio.
Aseveró que el 3 de mayo de 2018 varios integrantes del pueblo
raizal y organizaciones representativas de la etnia solicitaron al
DEPARTAMENTO darle cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley 1551 de 6 de julio de 20124, según el cual “Las entidades
públicas del orden nacional deberán ceder mediante resolución
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Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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administrativa a título gratuito a las entidades del orden municipal o
distrital en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su
propiedad, que actualmente estén destinados o tengan vocación de uso
público o zonas de cesión”; y proceder a conformar una comisión con
el fin de iniciar los trámites respectivos para obtener la restitución
del predio.
En virtud de lo anterior, mediante oficio de 15 de mayo de 2018, el
DEPARTAMENTO solicitó a la POLICÍA NACIONAL la restitución
del inmueble objeto de la presente acción. En respuesta, la
Institución señaló que no era procedente, pues era la titular del
derecho real de dominio.
A su juicio, la POLICÍA NACIONAL y el DEPARTAMENTO son
responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la
defensa de los bienes de uso público, del patrimonio público y la
“protección a la autonomía del grupo étnico en su dimensión
territorial”, debido a que la donación del inmueble por parte del ente
territorial generó la indebida destinación de un bien de uso público,
aunado a que se incumple lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1551.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:
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“[…] 1. Declarar violados los derechos e intereses colectivos a la defensa
de los bienes de uso público y al patrimonio público, protección a la
autonomía del grupo étnico en su dimensión territorial, por parte de los
accionados.
2. Ordénese la cancelación y déjese sin validez la escritura pública No.
2740 de 16 de diciembre de 1986 celebrada en la Notaría 37 del Circuito
de Bogotá, por versar sobre un objeto de uso público, inalienable e
imprescriptible.
3. Ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional la
restitución inmediata al Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia Santa Catalina del inmueble ubicado en la Isla de San
Andrés, ubicado en el sector del relleno de la avenida Francisco A.
Newball, con los siguientes linderos: Por el norte colinda con la vía
pública a Calle 3ª B, en una extensión de 35.30 metros; por el sur en
una extensión de 36.00 metros con terrenos de propiedad de la
Intendencia Especial en una extensión de 20.00 metros; y por el oeste
en una extensión de 24.00 metros colinda con terrenos de propiedad de
la señora Elvia Slim, identificado con matrícula inmobiliaria No. 450-
10008 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés
Isla.
4. Ordenar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se sirva destinar el inmueble conforme a su vocación
para su uso de la comunidad étnica raizal, una vez se efectúe consulta
previa para definir su aprovechamiento.
5. Ordenar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y, como medida compensatoria, al Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, disponer los recursos necesarios para la construcción
o edificación de las instalaciones que se defina en consulta previa por el
grupo étnico raizal sobre el inmueble.
6. Disponer se conforme un comité de verificación para la ejecución de
las órdenes dadas en la sentencia que se profiera, y que se solicita sea
integrado por: el Suscrito, la representante de la Defensoría del Pueblo
– San Andrés, representante de la Procuraduría General de la Nación, y
las autoridades que la Corporación Judicial estime pertinente […]”.
I.4. Defensa
I.4.1. El MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
aseguró que adquirió el predio objeto de debate bajo los parámetros
legalmente establecidos, sobre el cual no recae ninguna limitación
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del dominio, como dan cuenta la matrícula inmobiliaria núm. 450-
10008 y la certificación catastral expedida el 14 de septiembre de
2018 por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI –
IGAC.
Afirmó poseer el bien desde hace aproximadamente 30 años, el cual
ha funcionado como Centro Social, sin que se presentara
inconveniente alguno que permitiera deducir un conflicto con los
predios vecinos y sin que existiera obligación legal de restitución por
razones de construcción o edificación del predio.
Puso de presente los actos que, en su criterio, prueban el justo título
y la propiedad del lote de terreno, a saber:
i.- Escritura pública núm. 2740 de 1986 de la Notaría 37 de Bogotá,
-suscrita por el entonces representante de la INTENDENCIA con base
en el Acuerdo núm. 027 de 5 de diciembre de 1983-, en la que consta
el dominio del predio ubicado en la calle 5 A núm. 2-25, sector
Next Point de la Isla de San Andrés, comprendido entre los
siguientes linderos: i. norte, colinda con la vía pública o calle 3 B
en una extensión de 35.30 metros; ii. sur, colinda con terrenos de
propiedad de la INTENDENCIA, con una extensión de 20 metros;
iii. al oeste, colinda con terrenos de la señora Elvia Slim, en una
extensión de 24 metros;
• Pago del impuesto predial durante los años 2015 a 2018;
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• Pago del servicio público de acueducto;
• Demolición de un centro vacacional en el año 2016 por ruina;
• Destinación del inmueble, la cual, desde el 28 de septiembre de
2017 hasta mayo de 2018, fue como parqueadero provisional de
los vehículos del Comando de Policía de San Andrés y Providencia.
Aseveró que el 3 de mayo de 2018 miembros de la comunidad raizal
de San Andrés ocuparon el inmueble objeto de debate, para lo cual
aprovecharon que estaba abierto para que unos vehículos
ingresaran, pese a tener conocimiento que era de su propiedad.
Como consecuencia de lo anterior, el 1o. de junio de ese mismo año
radicó ante la Gobernación del Archipiélago de San Andrés una acción
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho.
Manifestó que de manera injustificada y en contravía del numeral 2
del artículo 223 de la Ley 1801 de 29 de julio de 20165, la Inspección
de Policía a cargo remitió citación para la audiencia de conciliación el
16 de agosto de 2018, diligencia que fue aplazada varias veces, en
ocasiones por parte de la Inspección sin justificación aparente, y
también por maniobras dilatorias de los querellados, en tanto
recusaron a la Inspectora de Policía, se opusieron a su capacidad
legal para conciliar, e interpusieron una acción de tutela para
cuestionar el mencionado proceso de lanzamiento.
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Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Al respecto, señaló que al resolver dicha acción constitucional, el
Juzgado 3º Civil Municipal consideró que se había incurrido en
violación del debido proceso, por cuanto no se resolvió la recusación
presentada en el marco del proceso policivo.
Aseguró que, por su parte, también promovió acción de tutela por
violación del derecho fundamental al debido proceso en contra de la
Secretaría de Gobierno del Departamento, la Inspección de Policía
del Archipiélago, la Defensoría del Pueblo – Regional San Andrés y la
Procuraduría Regional, la cual le correspondió al Juzgado 1º Civil
Municipal de San Andrés, que profirió sentencia el 4 de septiembre
de 2019 en el sentido de tutelar el derecho invocado y ordenar a la
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL CENTRO realizar las citaciones
correspondientes y llevar a cabo la diligencia de audiencia pública de
que trata el numeral 3 del artículo 223 del Código Nacional de Policía,
así como proferir un acto administrativo por medio del cual se
resolviera de manera definitiva la acción policiva de lanzamiento por
ocupación de hecho radicada bajo el núm. 088, conforme lo dispuesto
en la Ley 1801.
Indicó que con base en lo dispuesto en la mencionada sentencia, la
INSPECCIÓN DE POLICÍA expidió la Resolución núm. 006917 de
16 de octubre de 2019 por medio de la cual declaró perturbadores
de la posesión a los señores CORINE BEVERLY FUFFIS STEEL,
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OFELIA LIVINSGTON DE BARKER, YVONNE PARRA y CARLOS
PUSEY, por lo cual se les impuso medida correctiva de restitución
del bien inmueble ubicado en la calle 5 núm. 2-25, sector Nixon Point,
identificado con la matricula inmobiliaria núm. 145010008 y núm.
catastral 0100090-0004-000 y se ordenó el desalojo de los
ocupantes de hecho de manera inmediata, pacífica y voluntaria.
Manifestó que el 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo la diligencia
de desalojo, la cual se desarrolló de manera pacífica y voluntaria, con
lo cual se dio cumplimiento a la orden impartida por la Inspección.
En consecuencia, se realizó la entrega formal y material del inmueble
al coronel JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL.
Informó que de la revisión de títulos del predio objeto de debate pudo
constatar que, de acuerdo con la información suministrada por el
IGAC, el número catastral 01-00090-0004-000 que aparece en la
matrícula inmobiliaria 450-10008 no corresponde al de su predio sino
al lote remanente de la INTENDENCIA, es decir, al de mayor
extensión, pues el código catastral que identifica su predio es el
número 01-00090-0009-000, motivo por el que recomendó a la
Dirección de Bienestar Social adelantar ante la Oficina de
Instrumentos Públicos la aclaración del código catastral.
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Propuso la excepción que denominó “indebida representación”, para
lo cual argumentó que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 100
del Código General del Proceso -CGP es procedente declarar la
indebida representación de la parte demandante, pues el señor
JEFFERY POMARE MARTÍNEZ debió otorgar poder a su
representante en nombre de una colectividad y no a título personal,
en atención a que lo pretendido era la protección de intereses
colectivos.
I.4.2. EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA manifestó que no se opone a
las pretensiones de la demanda, por resultarle favorables a sus
intereses.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 19 de
febrero de 2020, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes.
I.6. Coadyuvancia
El ciudadano RAFAEL ACHBOLD JOSEPH coadyuvó la demanda y
solicitó que se ampararan los derechos invocados en cabeza de la
comunidad raizal del DEPARTAMENTO.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA6
Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2021, el Tribunal
resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción la falta
de legitimación en la causa por activa y/o indebida representación
de la demandante propuesta por la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional-Policía Nacional, según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPÁRESE el derecho colectivo al patrimonio
inmaterial y cultural del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, como también a la autonomía del pueblo raizal
ancestralmente radicado en el territorio, en los términos expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLÁRASE NO PROBADA la amenaza o vulneración
del derecho colectivo a la protección de los bienes de uso público y
patrimonio público; de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDÉNASE al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas, que en el término de
un (1) mes contado a partir la notificación de esta providencia,
traduzca al creole como lengua oficial y comúnmente hablada el
contenido de esta sentencia, para su publicación en los diarios de
amplia circulación del territorio insular, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este fallo.
QUINTO: ORDÉNASE al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas, que en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia, en ceremonia solemne que tendrá lugar en las
instalaciones de la Institución Policía Nacional de lectura al
contenido de esta sentencia en la lengua oficialmente hablada en
el territorio insular, con la asistencia de algunos miembros
representantes del territorio raizal, de conformidad con lo expuesto
de en la parte motiva de este fallo.
SEXTO: ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Policía Nacional que la construcción que se proyecte realizar en el
inmueble ubicado en el sector del relleno de la Avenida Francisco
A. Newball, identificado con los siguientes linderos y medidas: Por
el Norte colinda con la vía pública a calle 3ª B, en una extensión de
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Expediente digital, índice 2, archivo pdf núm. 50.
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35.30 metros; por el Sur en una extensión de 36. 00 metros con
terrenos de propiedad de la Intendencia Especial, por el Este con
terrenos de propiedad de la Intendencia Especial en una extensión
de 20.00 metros; y por el Oeste en una extensión de 24.00 metros
colinda con terrenos de propiedad de la señora Elvia Slim, con
matrícula inmobiliaria No. 450-10008 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de San Andrés Isla; sea levantada acorde a
la arquitectura tradicional del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, islas, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia. De la edificación que se
construya, se dejará un área en espacio abierto, perfectamente
delimitado, especificado y adecuado, donde los miembros de la
comunidad raizal puedan realizar sus manifestaciones culturales,
representadas en actividades gastronómicas, expresiones lúdicas,
musicales, artísticas, artesanales o cualquier actividad que
fortalezca la idiosincrasia del territorio étnico ancestral, por lo
menos una (01) vez al mes.
SÉPTIMO: ORDÉNESE al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas, que en coordinación
con la Secretaría de Educación, en el término de seis (06) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, expida una
cartilla ilustrativa con base en la ratio decidendi del presente fallo,
que amparó el derecho colectivo al patrimonio inmaterial y cultural
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como
también a la autonomía del pueblo raizal ancestralmente radicado
en el territorio, haciendo relevante la fisionomía de la isla con
anterioridad a la rectificación de la línea costera, cuya socialización
se incluirá en las actividades académicas de los colegios e
instituciones educativas del territorio raizal y de cuya gestión se
realizará mensualmente un informe de avance del estado de
cumplimiento de la sentencia.
OCTAVO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.
[…] DÉCIMO: Para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, CONFÓRMESE un Comité integrado por el Magistrado
Ponente, el accionante, un representante de la entidad territorial -
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un
representante de la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
un representante de la Defensoría del Pueblo Regional y la agente
del Ministerio Público delegado ante este Tribunal7 […]”.
Para el efecto, el a quo se refirió a la legitimación en la causa de las
partes, a la procedibilidad de la acción y a la excepción propuesta, y
7
Numeral adicionado por medio de sentencia complementaria de 12 de octubre de 2021.
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estimó que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 472 la defensa de
los derechos colectivos puede ejercerla cualquier persona natural o
jurídica, sin que exista obligación de probar ningún interés particular
ni que se reside en el lugar donde se amenazó o vulneró el derecho
o interés colectivo, razones por las cuales declaró no probada la
excepción propuesta por la demandada.
Expuso el marco normativo y jurisprudencial de la acción popular y
se refirió al amparo judicial frente a hechos ocurridos con
anterioridad a la Constitución Política de 1991, para lo cual arguyó
que si bien la presente acción se fundamentó en aspectos acaecidos
con anterioridad a la expedición de la Ley 472, los derechos e
intereses colectivos alegados en la demanda están garantizados a
través de diferentes cuerpos normativos previos, los cuales, por
ministerio de la citada ley (artículo 45), continúan vigentes y
sometidos al trámite y procedimiento allí previsto.
Manifestó que los derechos colectivos que se pretendían amparar,
esto es, la protección de bienes de uso y del patrimonio público, ya
estaban definidos antes de la Ley 472 por medio de las acciones
populares previstas en los artículos 1005 y 2359 y siguientes del
Código Civil.
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En relación con el fondo del asunto, puso de presente que de acuerdo
con el artículo 63 Constitucional los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles
e inembargables. En consecuencia, según la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 13 de febrero de 2018 (número
de radicación 2002-02704-01), el hecho de que un bien ostente tales
características implica que puede ser objeto de estudio sin la
limitación que trae la temporalidad.
Expuso: i) la noción de los derechos a la protección de bienes de uso
público, a la defensa del patrimonio público, a la defensa del
patrimonio inmaterial y cultural y a la protección de la autonomía del
grupo étnico en su dimensión territorial; ii) la naturaleza jurídica de
los bienes del Estado; iii) el concepto de tierra y territorio del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas, como
territorio étnico y cultural; iv) el régimen especial del
DEPARTAMENTO; v) la etnia y cultura del territorio raizal con un
enfoque jurisprudencial; y v) el antecedente histórico del
Archipiélago.
Asimismo, analizó las pruebas obrantes en el plenario de lo que
concluyó lo siguiente:
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a.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2113 de 22 de
agosto de 19648, se dieron unas autorizaciones y se previó la cesión
de unos bienes nacionales a la INTENDENCIA, la cual, según la
escritura pública núm. 350 de 9 diciembre de 1966, era la propietaria
de los terrenos recuperados por el relleno y la rectificación de la línea
en la bahía de San Andrés Isla, desde la “Casa Presidencial” hasta la
rada de “Los Icacos”, con un área de 430.000.00 m2, por lo que
poseía la autorización para llevar a cabo el desarrollo de los planes y
proyectos de rectificación de la línea del mar de la bahía de la isla.
b.- Que en la escritura pública núm. 3269 de 20 de junio de 1972
consta que la INTENDENCIA, con fundamento en el Decreto
Legislativo 40 de 1905, contrató con la Compañía Vam Suramericana
Ltda. el relleno y desecación de los pantanos Punta de Hansa y Black
Dog, cuyas obras fueron pagadas en su totalidad por la
INTENDENCIA, y que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ejecutivo 2113 de 22 de agosto de 1964 el Gobierno Nacional, a título
de compensación, transfirió su propiedad a la entidad territorial.
c-. Que por medio del Acuerdo núm. 027 de 1983, el Consejo de la
INTENDENCIA otorgó al Intendente Especial la facultad de
adjudicar a título gratuito a la POLICÍA NACIONAL un lote de
8
Por el cual se dan unas autorizaciones, se provee para la cesión de unos bienes a la Intendencia de
San Andrés y Providencia, y se dictan otras disposiciones.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
terreno ubicado en el sector del relleno de la avenida Francisco A.
Newball, reservándose el derecho de restitución si transcurridos dos
(2) años a partir de la sanción del acuerdo, la entidad cesionaria no
había efectuado edificación alguna; y que en virtud de ello se
suscribió la escritura pública núm. 2740 de 16 de diciembre de 1986,
por medio de la cual se transfirió a título de donación, a favor de la
POLICÍA, el derecho de posesión material que la cedente tenía sobre
el lote identificado con el número catastral 01-00090-0004-00 de la
calle 5ª núm. 2-25 del sector de Nixon Point de la isla de San Andrés.
d.- Que por medio de escrito de 3 de mayo de 2018, miembros de la
comunidad raizal de la Isla solicitaron al DEPARTAMENTO, a la
Contraloría Regional y a la Oficina de Control Poblacional – OCCRE,
la restitución de los predios que pertenecían a la Nación dentro del
territorio insular, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley 1551.
A partir del material probatorio obrante en el proceso, el Tribunal
resolvió los cargos de la demanda, en el siguiente sentido:
CARGO PRIMERO: mencionó que el actor cuestionó el derecho de
dominio que ostenta la POLICÍA sobre el inmueble, debido a que el
acto jurídico por medio del cual se transfirió la propiedad estaba
viciado de nulidad por recaer sobre objeto ilícito, al ser un bien de
uso público.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
Al respecto, manifestó que estaba demostrado que el bien inmueble
ubicado en el sector de Nixon Point, Avenida Francisco A. Newball,
calle 5º A, número 2-25, se desprende de uno de mayor extensión
que antes no existía en la fisionomía de la Isla, y que fue resultado
de la intervención del hombre, con ocasión de los trabajos ejecutados
por la Compañía Vam Suramericana Limitada (relleno y desecación),
contratados por la INTENDENCIA con el objetivo de recuperar
varios pantanos, zonas costeras y rectificar la línea del mar en la
Bahía de San Andrés, como se demuestra con el certificado de
libertad y tradición con matrícula inmobiliaria No. 450-10008 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de San Andrés y la escritura pública
2740 de fecha 16 de diciembre de 1986.
Que, por tanto, su naturaleza jurídica no sería otra que la de bien de
uso público o afectado al uso común, destinado al desarrollo o
cumplimiento de funciones públicas del Estado, en aplicación de los
fenómenos jurídicos definidos en los artículos 713, 719, 723 y 724
de Código Civil.
Que pese a lo anterior, era un hecho cierto que la Nación, como titular
del uso, goce y disposición del mar territorial, mediante Decreto 2113
de 22 de agosto de 1964 ordenó a título de compensación transferir
en favor de la INTENDENCIA, hoy Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas, esos terrenos
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recuperados del mar para su libre destinación dentro de los límites
dispuestos en los numerales 3° y 4° del Decreto ibidem, motivo por
el cual se entiende desafectada la naturaleza jurídica de bien de uso
público otorgada por la intervención del hombre sobre el mar, por la
acción del Estado sobre su destinación, adquiriendo así la calidad de
bienes de uso fiscal, cuya propiedad pública sí está dentro del
comercio y su administración y, generalmente, es utilizada para el
giro normal de sus actividades, incluyendo entre ellas, la celebración
de contratos correspondientes a las obras de urbanización y
construcción de las ciudades.
Encontró igualmente probado el cumplimiento de la condición
establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo núm.
40 de 1905, para la adjudicación de terrenos recuperados del mar,
correspondientes al sector denominado “Black Dog”, a cuya mayor
extensión pertenecía el inmueble cedido a la POLICÍA.
Concluyó que como estaba acreditado que el inmueble sobre el que
recae la controversia fue objeto de tradición a título gratuito por parte
de la INTENDENCIA a la POLICÍA, el cual mutó su condición de
bien de uso público a fiscal por disposición legal, el primer cargo
expuesto por el accionante no estaba llamado a prosperar, pues el
negocio jurídico celebrado por las partes fue posterior al cambio de
naturaleza jurídica del bien.
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SEGUNDO CARGO: indicó que, a juicio del actor, se vulneró el
numeral 2 del Acuerdo núm. 027 de 1983 que autorizó al Intendente
para efectuar la cesión, pues al momento de la celebración de la
correspondiente escritura pública habían transcurridos tres (3) años
y once (11) meses, excediéndose el plazo de dos (2) años dispuesto
para la ejecución de la condición resolutoria establecida en el
mencionado Acuerdo.
Frente a lo anterior, el Tribunal destacó que: i) el Acuerdo núm. 027
de 1987 no era un título válido para transferir el derecho de dominio,
pues su finalidad era facultar al Intendente Especial para enajenar el
bien bajo unas condiciones y plazo que debían exigirse al beneficiario
del bien; ii) el incumplimiento de la condición señalada solo podía
predicarse al vencimiento del plazo dispuesto para la ejecución; y iii)
para efectuar la enajenación de un bien, el ordenamiento jurídico
exige el título, como lo son los contratos de compraventa, permuta y
donación conforme lo prevé el artículo 765 del Código Civil, y el modo
que es la tradición.
Con fundamento en dichos presupuestos, el a quo verificó el
cumplimiento de la condición resolutoria para la enajenación del bien
y señaló que ésta se hizo exigible a partir de la entrega real y material
del inmueble, es decir, el 16 de diciembre de 1986, conforme consta
en la escritura pública núm. 2740 de esa fecha, por lo que no se
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probó la extralimitación del plazo fijado en el acto administrativo que
autorizó la cesión, el cual inició desde la concreción del título y del
modo por medio de cual se trasladó el dominio, más no desde la
sanción del Acuerdo.
TERCER CARGO: advirtió que el demandante cuestionó la legalidad
del Acuerdo núm. 027 de 1983 ya que, a su juicio, no se cumplieron
los requisitos para su promulgación, debido a que para su expedición
solo se surtieron dos de los tres debates señalados en los artículos
51 de la Ley 4ª de 20 de agosto de 19139, 75 del Decreto 1212 de 8
de junio de 199010 y 108 del Decreto 1333 de 25 de abril de 198611,
además de que no contó con sanción intendencial.
En relación con lo alegado por el accionante, el Tribunal explicó que
para la fecha en la que se sancionó el citado Acuerdo, San Andrés
Islas no estaba reconocido territorialmente como un municipio o
departamento, sino como una intendencia y su régimen político
estaba previsto en el Decreto 3272 de 13 de diciembre de 196212, el
cual disponía que en las intendencias debía existir una corporación
llamada “Consejo Intendencial”, cuyos actos se denominaban
acuerdos, los cuales debían ser aprobados en dos debates.
9
Sobre régimen político y municipal.
10
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
11
Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.
12
Por el cual se reglamenta el funcionamiento de los Consejos Intendenciales y se determinan sus
atribuciones.
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Que, siendo ello así, y según las pruebas obrantes en el expediente,
estaba plenamente acreditado que para la promulgación del Acuerdo
núm. 027 de 198 se agotaron dos debates, los cuales una vez
surtidos, conllevaron a la sanción intendencial.
Precisado ello, el a quo estudio si el juez popular estaba facultado
para pronunciarse sobre la legalidad del Acuerdo, frente a lo cual
aseguró que conforme a la ley y la jurisprudencia, dicha posibilidad
estaba vedada, pues para ello existen medios de control idóneos
como el de nulidad y el de nulidad y restablecimiento del derecho.
CUARTO CARGO: señaló que el demandante pretendía el amparo de
los derechos colectivos en cabeza de la comunidad raizal, por lo que
era necesario examinar lo concerniente a la protección de los bienes
de uso público, del patrimonio público, el derecho colectivo al
patrimonio inmaterial y cultural del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, islas, como territorio étnico y la
salvaguarda de la autonomía del grupo étnico en su dimensión
territorial.
Respecto de la protección de los bienes de uso público, el Tribunal
concluyó que dada la calidad de bien fiscal que ostenta el inmueble
objeto de controversia, no había lugar a señalar que se había
transgredido dicho principio, así como tampoco se podría invocar la
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restitución de dicho bien con fundamento en el artículo 48 de la Ley
1551.
Respecto del derecho colectivo al patrimonio público, concluyó que
no resultó vulnerado, si se tiene en cuenta que el bien pertenece al
patrimonio público y su destinación cumple con los fines esenciales
del Estado, solo que mutó por disposición legal a bien fiscal
susceptible de venta, permuta y demás actos de dominio.
Advirtió que las razones expuestas zanjaban la discusión en torno a
la titularidad del bien inmueble objeto de controversia, pero que, sin
embargo, era necesario ocuparse de una “problemática de fondo que
subyace y trasciende la formalización de cualquier título de propiedad
relacionada con los derechos de quienes han poseído el territorio y han
forjado a lo largo de los años la cultura raizal”.
A partir de dicha premisa, el Tribunal examinó la vulneración de los
derechos colectivos al “patrimonio inmaterial y cultural del Archipiélago”
y de la “autonomía del grupo étnico en su dimensión territorial”.
Frete al patrimonio inmaterial y cultural del Archipiélago
mencionó que históricamente ha existido una exclusión de los
intereses de la comunidad raizal en la reconstrucción de su identidad,
así como una ausencia de participación en las políticas públicas
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destinadas a determinar el uso del suelo, lo que ha afectado
primordialmente la autonomía y autodeterminación del pueblo isleño.
Que, en ese sentido, era innegable que la puesta en marcha de los
rellenos sobre los humedales y pantanos realizados por la compañía
VAM Suramericana S.A., por disposición de la Intendencia, si bien
estuvieron legitimados por las facultades otorgadas en instrumentos
normativos, lo cierto es que afectaron el ecosistema y, con ello, el
factor humano, para dar paso a un proceso de urbanización y
desarrollo turístico que afectó la economía de la población,
especialmente los “cocoteros”, todo lo cual imponía el deber de
proteger “el derecho a la tierra y al territorio como forma de preservación
del patrimonio cultural e inmaterial de territorio”.
Respecto de la protección de la autonomía del grupo étnico en
su dimensión territorial señaló que si bien el Archipiélago es un
pueblo reconocido en la Constitución Política como una etnia con
identidad, lengua y cultura propia, no goza de autonomía en su
dimensión territorial.
Precisó que aun cuando quedó demostrado que el bien objeto de
donación por parte de la INTENDENCIA a la POLICÍA es fiscal y,
por tanto, susceptible de libre enajenación, también está acreditada
la afectación que como territorio étnico sufrió la comunidad raizal,
representada en la rectificación de la línea de la bahía, la disposición
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que se hizo de los terrenos recuperados de los pantanos y
humedales, la afectación de la composición arquitectónica,
económica y social, el impacto del pueblo raizal respecto de su tierra,
la limitación de los recursos naturales y las fuentes hídricas que
amenazan la subsistencia y, finalmente, la mutación del espacio físico
en el que esta comunidad desarrolla su cultura, lengua y tradición.
Que, por lo anterior, se hacía necesario disponer de “medidas
restitutivas e indemnizatorias tendientes a restaurar el concepto de etnia
raizal de la comunidad insular”.
Concluyó que en el caso sub judice existió una “doble vulneración al
patrimonio cultural y étnico” que se concretó, de una parte, en la
autorización por parte de la INTENDENCIA del dragado del terreno
controvertido, lo que afectó de manera grave el medio ambiente y el
hábitat de las especies endémicas, así como la relación directa del
hombre isleño con su territorio; y de otra parte, en la destinación de
las nuevas tierras la cual no buscó fomentar el desarrollo progresivo
de la cultura y el patrimonio raizal sino favorecer “intereses de
particulares ajenos a la cultura”.
A juicio del Tribunal, la vulneración advertida era irreversible, porque
el efecto del dragado es permanente, por lo que se debían emitir
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órdenes tendientes a restituir de manera simbólica los derechos
conculcados.
Con fundamento en lo anterior, ordenó:
• Al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, islas: (i) que en el término de un (1) mes contado a partir
la notificación de la providencia, traduzca al creole como lengua
oficial y comúnmente hablada el contenido del fallo; (ii) que en el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la
providencia, en ceremonia solemne en las instalaciones de la
Institución de la POLICÍA NACIONAL de lectura al contenido de
esta sentencia en la lengua oficialmente hablada en el territorio
insular, con la asistencia de algunos miembros representantes del
territorio raizal; y (iii) que en coordinación con la Secretaría de
Educación, en el término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de la providencia, expida una cartilla ilustrativa con base
en la ratio decidendi de la decisión judicial, en la que se exalte la
fisionomía de la isla con anterioridad a la rectificación de la línea
costera, cuya socialización se incluya en las actividades académicas
de los colegios e instituciones educativas del territorio raizal.
• Al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional: que la
construcción que se proyecte realizar en el inmueble ubicado en el
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sector del relleno de la Avenida Francisco A. Newball sea levantada
acorde a la arquitectura tradicional del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, islas, conforme lo dispuesto en el
artículo 51 de la Ley 47 de 1993; y que de la edificación que se
construya se deje un área en espacio abierto, perfectamente
delimitado, especificado y adecuado, en el que los miembros de la
comunidad raizal puedan realizar sus manifestaciones culturales,
representadas en actividades gastronómicas, expresiones lúdicas,
musicales, artísticas, artesanales o cualquier otra que fortalezca la
idiosincrasia del territorio étnico ancestral, por lo menos una vez al
mes.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III. 1. La POLICÍA NACIONAL13 aseguró que la sentencia de primer
grado se apartó de la controversia planteada por el actor popular, la
cual consistió en la presunta vulneración de derechos colectivos
derivada de un supuesto vicio de ilegalidad del negocio jurídico
celebrado con la INTENDENCIA; no obstante ello, el fallador decidió
declarar la vulneración del derecho al patrimonio cultural e inmaterial
del Archipiélago, como consecuencia de la desecación y relleno de los
pantanos conocidos como “Punta Hansa” y “Black Dog”.
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Explicó que se vulneraron sus derechos a la defensa y contradicción,
pues el Tribunal modificó el objeto de la litis al tomar,
deliberadamente, la decisión de efectuar un análisis diferente al
planteado por el accionante y al resolver un problema jurídico
consistente en la presunta vulneración de derechos colectivos por la
desecación y relleno de los mencionados pantanos, con lo cual, la
condenó por hechos y situaciones no planteados en la demanda.
Adujo que pese a que la sentencia reconoció su propiedad sobre el
bien objeto de debate, le impuso un gravamen injustificado,
consistente en realizar una construcción acorde a la arquitectura
tradicional del Archipiélago, sustentado en el daño que habría
causado la desecación y relleno de los pantanos, lo que constituyó
un juicio errado del fallador, debido a que: (i) se le imputa
responsabilidad por el hecho de la desecación de pantanos, en lo cual
no tuvo injerencia alguna, porque fue ejecutado exclusivamente por
la INTENDENCIA; (ii) desconoce el derecho constitucional de
propiedad reconocido en el artículo 58 Superior; (iii) se aparta de lo
acordado en el negocio jurídico por medio del cual recibió el título
traslaticio de dominio, es decir, el Acuerdo 027 de 1983 y la escritura
pública núm. 2740 de 1986, esta última que estipuló con total
claridad que el inmueble sería destinado a “la construcción de
oficinas, casinos, casas fiscales y otras instalaciones que la Policía
Nacional necesite en la Isla de San Andrés y Providencia”; (iv) viola
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el Decreto 2113 de 1964 porque impuso cargas al negocio de la
cesión que no fueron previstas en dicha norma, las cuales, además,
las hizo consistir solo en la mínima parte que le pertenece y no sobre
toda el área que abarca del terreno que equivale a 140.369.335 m2.
Puso de presente que no existen pruebas que indiquen que el
inmueble de su propiedad fue destinado en épocas de antaño para
que los habitantes de la Isla desarrollaran actividades económicas,
de lengua, religiosas, sociales, espirituales, culturales o folclóricas, lo
cual significaba que no es una tierra ancestral, de hecho, señaló que
esa zona era un pantano por lo que no pudo haber sido utilizada para
dichas actividades.
Concluyó que la sentencia no expuso argumentos que evidencien que
con la donación del terreno en el año 1986 se hayan afectado los
derechos colectivos amparados. En consecuencia, solicitó revocar la
providencia de primera instancia, especialmente el numeral sexto de
la parte resolutiva y, en su lugar, denegar la totalidad de las
pretensiones incoadas.
III.2. El ACTOR14 aseguró que con el material probatorio obrante en
el plenario había lugar a acceder a la totalidad de las pretensiones de
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la demanda pues, a su juicio, existe claridad meridiana frente a: i) la
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa de los
bienes públicos y al patrimonio público; ii) la ausencia de la calidad
de titular del derecho real de dominio por parte de la POLICÍA; y iii)
la naturaleza de bienes de uso público de los terrenos sólidos o
consolidados por la acción humana y que antes estaban ocupados
por el mar.
Afirmó que de acuerdo con lo consignado en la cláusula primera de
la escritura pública núm. 2740 de 16 de diciembre de 1986, se
transfirió a título de donación gratuita en favor de la POLICÍA el
derecho de posesión material que la INTENDENCIA tenía sobre el
lote de terreno identificado con el número catastral 01-000-90-0004-
000 de la calle 5 A núm. 2-25 del perímetro urbano de San Andrés
y, por tanto, al haberse cedido la posesión y no la propiedad, el bien
puede retornar al dominio del ARCHIPIÉLAGO.
Precisó que conforme lo dispuesto en los artículos 669 y 762 del
Código Civil, el dominio y la posesión son figuras distintas, tanto en
los elementos que las componen como en las acciones que el titular
del mismo puede desarrollar, sin que la POLICÍA se hubiese
preocupado por ejercer acciones tendientes a obtener el dominio,
acciones que en todo caso serían ilegales, pues se trata de un bien
de uso público y no fiscal, como erróneamente lo concluyó el a quo.
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Insistió en que el Acuerdo por medio del cual se facultó al Intendente
para efectuar la donación objeto de debate, señaló el término de dos
(2) años a partir de la sanción del acto administrativo para que el
beneficiario del negocio realizara una edificación, término que no se
cumplió, como se advierte en la escritura pública núm. 2740 de 1986,
motivo por el cual el negocio no era válido.
Advirtió que en las fotografías aéreas aportadas por el IGAC se
observa que el predio sobre el cual recae la litis está dentro de los
terrenos que por la acción humana fueron rellenados, de manera que
conservan la naturaleza jurídica de mar, es decir, de bien de uso
público.
Manifestó que si bien el debate gira en torno al dominio sobre el
plurimentado bien, lo cierto es que también es objeto de la discusión,
el problema del espacio “robado” del mar, siendo este último parte
central de la vida, cultura, tradición, uso y usufructo de la comunicad
étnica raizal.
Solicitó que se verifique la orden contenida en el numeral sexto de la
sentencia de primera instancia, pues, en su criterio, se dejó un vacío
al no señalar el área o dimensiones de espacio que debe asignarse a
la comunidad étnica de la Isla como “dueños del territorio”, por lo
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que no debe existir condicionamiento ni necesidad de autorización
por parte de la POLICÍA para utilizar ese espacio.
Aseguró que no se precisó en qué calidad debía recibir el grupo étnico
raizal el espacio asignado o su uso, pues el predio también hace parte
de un bien de uso público.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 16 de diciembre de 2021, el Despacho
sustanciador admitió los recurso de apelación interpuestos por los
apoderados del ACTOR y la POLICÍA NACIONAL contra la
sentencia de primera instancia y le advirtió al señor Procurador
Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado
que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que ingresara el
proceso al despacho para sentencia. Asimismo, se indicó que si en el
término de ejecutoria de la providencia las partes no solicitan la
práctica de pruebas en los términos del artículo 327 del CGP, se
prescindirá del traslado para alegar de conclusión y, en consecuencia,
el expediente ingresará al Despacho para fallo, conforme lo ordena
el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, y que, en todo caso, de
acuerdo con el numeral 4 de la norma ídem, los sujetos procesales
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podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación
interpuesto hasta la ejecutoria del auto.
IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron
la práctica de pruebas, razón por la que se prescindió del traslado
para alegar de conclusión.
De igual manera, se advierte que las partes no efectuaron
pronunciamiento alguno respecto del recurso interpuesto contra el
fallo de primera instancia y el Ministerio Público guardó silencio.
IV.3.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO15 intervino en el presente proceso y expuso que:16
Arguyó que en el presente caso no se cumplen los tres requisitos de
procedibilidad de la acción popular, esto es, la existencia de una
acción u omisión por parte de autoridades públicas o particulares, la
existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración
de derechos o intereses colectivos, y la relación de causalidad entre
la acción u omisión y la afectación alegada.
15
En adelante ANDJE
16
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Explicó que el Tribunal concluyó que se vulneró el derecho colectivo
al patrimonio inmaterial y cultural del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, así como la autonomía del pueblo raizal
ancestralmente radicado en el territorio, cuyos argumentos se
apartan de los hechos y supuestos alegados por el actor.
Sostuvo que no existió vulneración del derecho colectivo al uso de
los bienes de uso público y a la protección del patrimonio público,
teniendo en cuenta que la legislación civil distingue entre bienes
fiscales y bienes de uso público -estos últimos pueden ser
desafectados para mutar su naturaleza a un bien patrimonial- ya sea
del Estado o de los particulares.
Indicó que siendo ello así, en el presente caso, el predio objeto de
cesión fue desafectado de conformidad con el ordenamiento jurídico,
en el marco de una política estatal de producir tierra en las zonas de
bajamar, lo que, además, tuvo lugar cuarenta (40) años antes de
que se efectuara la donación del inmueble a la POLICÍA NACIONAL.
Anotó que tampoco se configuró la violación del derecho colectivo a
la protección del patrimonio público, el cual propende por eficiencia,
responsabilidad, honestidad y transparencia en el manejo y
administración de los recursos públicos, aspectos que no fueron
desconocidos porque, según quedó demostrado en el proceso, el
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
negocio de la cesión se hizo en el marco de la legislación aplicable y
al amparo de una figura recurrente en el actuar de la Administración,
-principalmente para la época de los hechos-, que es la cesión de
bienes a favor de entidades del orden nacional por parte de los
municipios y departamentos, lo que descarta que se haya perseguido
favorecer intereses privados y menos aún una actuación de mala fe
por parte de las autoridades.
Agregó que si bien la POLICÍA no utilizó inmediatamente el bien
inmueble donado para el propósito señalado, no existe prueba que
se hubiese destinado para una finalidad diversa a aquella que le
competía a la fuerza pública, la cual ha sido constante por más de 30
años.
Igual conclusión arribó la Agencia respecto de la presunta
vulneración del patrimonio cultural e inmaterial, habida cuenta que
no existe nexo causal entre la conducta desplegada por la POLICÍA
NAICONAL y la INTENDENCIA, respecto del fenómeno que el
Tribunal definió como “desplazamiento a la periferia de las
comunidades raizales”, máxime si se tiene en cuenta que el objeto
de la demanda versó sobre un bien inmueble y no sobre la desecación
de tierras que datan del siglo pasado.
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Expuso que la decisión del Tribunal de centrar la discusión en el
mencionado aspecto fue arbitraria, amén de que tampoco procedió a
vincular a la Presidencia de la República, al Congreso de la República,
al Ministerio del Interior, a la Gobernación de San Andrés y a todos
los particulares que pudieron beneficiarse directa o indirectamente
de ese proceso, para así definir las medidas que supuestamente
conjurarían ese “error histórico”.
Por lo expuesto, aseguró que no era viable la limitación de la
propiedad de la POLICÍA sobre el predio objeto de debate, pues el
hecho de ordenar la creación de un espacio para las comunidades
raizales no se relaciona con la conducta de la demandada.
Afirmó que la orden de levantar una edificación acorde con la
arquitectura tradicional del Archipiélago tampoco está relacionada
con los derechos colectivos conculcados y, por el contrario, es una
clara extralimitación en las funciones del juez popular, pues se arrogó
competencias que sólo están en el Plan de Ordenamiento Territorial
y que, para el caso particular, implican un claro desconocimiento de
las condiciones de seguridad en las que debe operar una instalación
de la POLICÍA NACIONAL para cumplir con las funciones que le han
sido asignadas.
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Estimó que se vulneró el debido proceso de las entidades accionadas
por imposibilidad de aplicación retroactiva del derecho colectivo a la
conservación del patrimonio cultural e inmaterial de la población
étnica raizal, ya que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado no es posible juzgar a la luz de la Ley 472 hechos ocurridos
con anterioridad a su vigencia, cuando se trata de intereses
colectivos que no están previstos como tal en las normas sustantivas
aplicables a la época de los hechos.
Finalmente, arguyó que la sentencia desconoció el principio de
congruencia, pues la demanda estaba encaminada a la restitución del
inmueble de la POLICÍA NACIONAL para lo cual se invocó la
defensa de los bienes de uso público y del patrimonio público; no
obstante, el juez popular amparó el derecho colectivo al patrimonio
inmaterial y cultural del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y la autonomía del pueblo raizal ancestralmente
radicado en el territorio, y no con base en el material probatorio sino
con fundamento en testimonios de personas raizales y libros sobre
historia de la Isla, con fundamento en lo cual impartió una serie de
órdenes a la Institución accionada, tanto simbólicas como materiales,
sin analizar su pertinencia, viabilidad y efectividad en materia de
reparación.
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En consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se denegara las pretensiones de la demanda.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
En ejercicio de la presente acción, el actor, con fundamento en el
artículo 48 de la Ley 1551, pretende la restitución del inmueble
ubicado en el sector del relleno de la avenida Francisco A. Newball
del Archipiélago, que fue donado por la INTENDENCIA a la Nación
• Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en atención
a lo previsto en el Acuerdo 027 de 1983 y la escritura pública núm.
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2740 de 1986. El accionante asegura que el inmueble en mención
debe ser restituido para “uso de la comunidad raizal”.
En primera instancia, el Tribunal denegó el amparo de los derechos
invocados en la demanda, pero estimó vulnerados los derechos
colectivos que denominó “al patrimonio inmaterial y cultural del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” y “la
autonomía del pueblo raizal ancestralmente radicado en el territorio”
y, en consecuencia, ordenó medidas de protección que consistieron
en: traducir a la lengua creole el contenido del fallo y realizar una
ceremonia solemne para su lectura; expedir una cartilla ilustrativa
con base en la ratio decidendi de la decisión judicial; prever que la
construcción que se proyecte realizar en el inmueble sea levantada
acorde con la arquitectura tradicional del Archipiélago; y que de la
edificación que se construya se deje un área en espacio abierto en el
que los miembros de la comunidad raizal puedan realizar sus
manifestaciones culturales.
En el recurso de apelación contra la sentencia, la POLICÍA
NACIONAL adujo que se vulneró el derecho a la propiedad privada,
porque se impuso una limitación al dominio sobre el inmueble sin
justificación constitucional o legal; que el fallador se apartó de la
controversia planteada en la demanda, consistente en la presunta
vulneración de derechos colectivos, para adentrarse en la discusión
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del negocio jurídico de la donación, con lo cual vulneró el derecho al
debido proceso; y que se desconoció que las acciones de desecación
y relleno efectuados en la Isla no le son atribuibles debido a que
fueron realizadas por otra entidad, razón por la cual no podía ser
condenada.
Por su parte, el actor en su recurso alegó que el Tribunal debió
acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto,
a su juicio, resultó acreditada la vulneración de los derechos e
intereses colectivos a la defensa de los bienes públicos y del
patrimonio público; la ausencia de la calidad de titular del derecho
real de dominio por parte de la POLICÍA; la naturaleza de bienes de
uso público de los terrenos sólidos o consolidados por la acción
humana; la falta del cumplimiento de la condición en el negocio de
la cesión; y, por último, que lo cedido a la institución policial fue la
posesión mas no el dominio del bien.
Igualmente, pidió verificar la orden contenida en el numeral sexto de
la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues, en su
criterio, se dejó un vacío al no señalar el área y condiciones en las
que debe dejarse un espacio a la comunidad étnica de la Isla dentro
del inmueble.
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De conformidad con los argumentos expuestos por los recurrentes, a
la Sala le corresponde resolver los siguientes cuestionamientos: ¿se
configuró la vulneración de los derechos colectivos a la defensa de
los bienes de uso público y al patrimonio público, de conformidad con
lo argumentado por el demandante? Y ¿el Tribunal desconoció el
principio de congruencia de las decisiones judiciales y, por ende, las
garantías del debido proceso y defensa de las entidades accionadas?
Para lo anterior, la Sala se ocupará de los siguientes asuntos: (i)
derechos colectivos invocados en la demanda; (ii) derechos
colectivos protegidos en la sentencia de primera instancia; y (iii) el
caso concreto.
i. Derechos colectivos invocados en la demanda
Defensa del patrimonio público
El patrimonio público puede definirse como el conjunto de los bienes
y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, que son propiedad del
Estado y que le sirven para el cumplimiento de sus cometidos,
conforme a la legislación positiva. En ellos se incluyen, además del
territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los
inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de
apreciación pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores
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tangibles e intangibles o no fácilmente identificables tales como el
patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los
bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente 17.
Su protección busca que los recursos del Estado sean administrados
de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el
ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales.
Acerca de la naturaleza del patrimonio público, esta Corporación ha
sostenido que es dual, porque “de un lado puede hablarse de una
dimensión subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho y que
conlleva la posibilidad de que cualquier ciudadano pida su protección
mediante la acción popular; de otro, una dimensión objetiva o de
principio que se traduce en la obligación de las entidades públicas de
gestionarlo de acuerdo con los postulados de eficiencia y
transparencia contemplados en el artículo 209 de la Constitución y
cumpliendo la legalidad presupuestal vigente”18.
Con el fin de identificar una posible infracción del derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público resulta indispensable analizar la
conducta imputada a la parte accionada, para, de esta manera,
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión,
sentencia de 1° de febrero de 2022, número único de radicación AP-73001-33-31-006-2008-00027-
01, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 8 de junio de 2011, número único de radicación
2004-00540, C.P. Enrique Gil Botero.
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Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00043-01
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verificar si su proceder resulta constitutivo de un manejo
irresponsable, negligente o que encarne una destinación diferente de
la legalmente establecida respecto de los bienes y derechos de
titularidad pública19.
Defensa de los bienes de uso público
La Constitución Política se refiere a los bienes de uso público, así:
“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.
“[…] ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de
la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de
199820, sobre el espacio público y su destinación señala en su artículo
primero que “es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el
cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la
función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar
prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección
del espacio público sobre los demás usos del suelo”.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión,
sentencia de 1° de febrero de 2022, número único de radicación AP-73001-33-31-006-2008-00027-
01, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
Sobre el particular la Corte Constitucional21 ha dicho lo siguiente:
“[…] La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas
y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es
uno de los fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto
de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con
el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio
público y su destinación al uso común, son conceptos cuya
protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la
necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y
utilización común de tales espacios colectivos […]”.
Por su parte, el artículo 5° de la Ley 9ª de 1989, prevé sobre el espacio
público:
“Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por
tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas
para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad
ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías,
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las
necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones,
para la preservación de las obras de interés público y de los
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos,
para la conservación y preservación del paisaje y los elementos
naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los
terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas
y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso
o el disfrute colectivo.”
21
Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
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Por su parte, la Sección Primea del Consejo de Estado ha puntualizado
el concepto de bienes públicos así:
“[…] De los artículos 63, 72, 82, 102 y 332 de la Constitución
Política se deduce que se consideran bienes de dominio público los
destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas
del Estado o los que están afectados al uso común. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil se llaman
“Bienes de la Unión” aquellos cuyo dominio pertenece a la
República y se clasifican en bienes patrimoniales o fiscales y en
bienes de uso público. (…) Y los bienes de uso público universal,
igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, son
aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso
pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio
permanente. Como ejemplo de ello se relacionan las calles, plazas,
parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales
características se impone que ninguna entidad estatal tiene sobre
ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un particular, por
estar destinados al servicio de todos los habitantes. Sobre ellos el
Estado ejerce básicamente derechos de administración y de policía,
con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por
motivos de interés general […]”22.
Así, entonces, tenemos que dentro de los bienes de dominio público
están los afectados al uso común, los cuales, constitucional y
legalmente tienen como elemento distintivo, su destinación colectiva,
o lo que es igual, al uso por todos los miembros de la comunidad.
De igual manera, debe destacarse la obligación a cargo del Estado de
proteger los bienes de dominio público y garantizar a todas las
personas la utilización y disfrute de ellos, en prevalencia del interés
general (artículo 1º Constitucional).
22
Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Radicación 2004–00955, Consejero Ponente Marco Antonio
Velilla Moreno.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
ii. Derechos protegidos en la sentencia de primera instancia
Del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural
La Sala advierte que el derecho que denominó el Tribunal como
“patrimonio inmaterial y cultural del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina” se enmarca en el derecho colectivo a
la defensa del patrimonio cultural de la Nación, el cual, además de
estar previsto en el literal f) del artículo 4° de la Ley 472, encuentra
respaldo en varios artículos de la Constitución Política, entre los
cuales destacan los siguientes:
“ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar
el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación,
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación”.
“ARTÍCULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión
artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.
“ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la
Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en
territorios de riqueza arqueológica”.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 397 de 7 de agosto
de 199723, -Ley General de la Cultura- modificada y adicionada por
la Ley 1185 de 12 de marzo de 200824, que definió el patrimonio
cultural de la Nación en los siguientes términos25:
“[…] Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la
Nación. Modificado por el art. 1°, Ley 1185 de 2008. El patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico […]”. (Resaltado fuera del texto
original)
La Ley General de la Cultura previó como objetivos principales de la
política estatal del patrimonio cultural de la Nación la salvaguardia,
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y
divulgación del mismo, con el propósito de que “sirva de
testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente
como en el futuro”26. Para el logro de dichos objetivos, la misma
norma indicó que los planes de desarrollo de las entidades
23
“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan normas sobre
el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan
algunas dependencias”.
24
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones”.
25
Además de la Ley 397 de 1997, existe un conjunto de leyes y tratados internacionales que se refieren
a la protección de la integridad del patrimonio cultural de la Nación, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-742 de 2006.
26
Ley 397, artículo 4°. Modificado por el artículo 1° de la Ley 1185.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y
poblacionales incorporados a estos, deben estar armonizados en
materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional
de Desarrollo y asignar los recursos para el cabal cumplimiento de
los objetivos de la política.
Autonomía del pueblo raizal y su territorio
Los artículos 1º, 7º y 70 de la Constitución reconocen la existencia
de distintas etnias y culturas dentro del territorio, ordenan proteger
esa diversidad y declaran la igualdad.
Específicamente, el artículo 310 Superior estableció un régimen
especial destinado a la protección del pueblo raizal del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según esta disposición,
la entidad territorial se regiría, además, de la Constitución y las leyes,
por normas especiales que incluyen temas de administración,
fiscales, financieros, restricción del derecho de circulación y
residencia para controlar la densidad poblacional de las islas,
regulación del suelo para proteger la identidad cultural de las
comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos
naturales.
La jurisprudencia constitucional ha emitido diversos
pronunciamientos relacionados con la protección de los grupos
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
étnicos, abordando asuntos de diversidad cultural, control
poblacional y participación en el territorio, entre otros27.
Una de las garantías que ha merecido copiosos pronunciamientos de
la Corte Constitucional es la referida a la consulta previa como
derecho fundamental de las comunidades raizales28. En este sentido,
la Corte acuñó el concepto de “afectación directa” para explicar
cuando una medida administrativa o legislativa “altera el estatus de
la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere
beneficios”29.
Se destaca que la protección de los derechos fundamentales de los
grupos tribales, afrocolombianos y raizales tiene una amplia
cobertura en la jurisprudencia constitucional, la cual reconoce estos
grupos como sujetos de especial protección. Específicamente frente
a la comunidad Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
la Corte Constitucional ha enfatizado que, en virtud de lo señalado
en el Convenio 169 de la OIT30, merece especial protección del
Estado, en razón a las obligaciones internacionales de proteger a las
minorías étnicas y raizales. Asimismo, ha sostenido que esta
27
Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional T-308 de 2018.
28
Al respecto puede consultarse la sentencia T-800 de 2014 como precedente relevante en materia de
consulta previa al pueblo raizal.
29
Sentencia C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
30
Aprobado mediante Ley 21 de 4 de marzo de 1991 y promulgado mediante Decreto 1024 de 19 de
mayo de 1994.
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
población es destinataria de un trato preferente31 y le ha otorgado el
carácter singular de grupo étnico raizal resaltando su especial
protección por parte del Estado32.
iii. Caso concreto
1. Lo probado en el proceso
Por medio del Decreto núm. 2113 de 22 de agosto de 1964 el
Gobierno Nacional autorizó la cesión de unos bienes nacionales a la
INTENDENCIA y dictó otras disposiciones.
El Decreto en su parte motiva, indicó lo siguiente:
“[…] Que el Decreto Legislativo número 40 de 1905 ratificado como
Ley permanente de la República por la Ley 6ª de ese mismo año,
ordena al Gobierno Nacional proceder a deslindar los lagos,
lagunas, ciénagas y pantanos de propiedad nacional de los predios
ribereños pertenecientes a particulares, a promover el desagüe de
los mismos, y lo autoriza para dar en propiedad, a las personas
naturales o jurídicas que hagan la obra de desecación, en todo o
parte de los terrenos que queden en seco después de ejecutada y
que pertenezcan a la Nación;
Que la intendencia de San Andrés y Providencia ha realizado, a sus
exclusivas expensas, la desecación y relleno de los pantanos
conocidos con los nombres de “Punta de Hansa” y “Black Dog”,
situados dentro del área urbana del Municipio de San Andrés (Isla),
habiendo quedado en seco dos terrenos con una extensión de
setenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro metros con
setecientos sesenta y cinco milímetros cuadrados (76.674.765.
M2), y sesenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro metros con
quinientos setenta milímetros cuadrados (63.694.570 M2),
respectivamente, comprendidos dentro de las líneas y mojones
establecidas por la Secretaría de Obras Públicas de la Intendencia,
en los planos topográficos levantados al efecto, y de conformidad
31
Sentencia T-422 de 1999.
32
Sentencia C-530 de 1993.
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con los planos de niveles realizados por la Compañía Vam
Suramericana Limitada, ejecutora, por cuenta de la intendencia, de
las mencionadas obras,
Decreta
Artículo 1° Autorízase al Gobierno Intendencial de San
Andrés y Providencia para que, con la intervención de los
funcionarios que designen los Ministerios de Gobierno, Agricultura
y Obras Públicas, y con la colaboración técnica del Instituto
Geográfico de Colombia "Agustín Codazzi", efectúe a nombre de
la Nación, el deslinde, con los predios colindantes, de los
terrenos de propiedad nacional que estaban comprendidos
por los pantanos llamados "Punta de Hansa" y "Black Dog",
situados en el área urbana del Municipios de San Andrés
(Isla), determinados por los siguientes linderos, según planos
topográficos levantados por la Secretaria Intendencial de Obras
Publicas […]
Artículo 2° Verificado el deslinde, y con base en la facultad
establecida en el artículo 2° del Decreto legislativo número 40, de
1905, y sin prejuicio de los derechos de las personas que posean
títulos suficientes y legalmente eficaces frente al Estado para
acreditar propiedad privada, el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Obras Públicas, traspasará contractualmente
a la Intendencia de San Andrés y Providencia a título de
compensación, por las inversiones efectuadas por esta en las
obras de desecación y relleno, los terrenos de propiedad
nacional que han quedado en seco una vez terminadas
aquellas en los pantanos "Punta de Hansa" y "Black Dog",
identificados y delimitados en el artículo anterior.
Artículo 3° La Intendencia destinará los terrenos, así: el de
"Punta de Hansa", a la ejecución de un plan de desarrollo
urbano y atracción turística, permitiéndose solamente
construcciones de primera clase, y de conformidad con el
plan regulador de la ciudad de San Andrés; el de "Black Dog"
para la construcción, también de acuerdo con el mismo plan
regulador, de un Centro Administrativo Intendencial, pudiendo
vender los lotes no necesarios […]” (Destacado de la Sala).
Posteriormente, con base en lo establecido en el Decreto transcrito,
se celebró la escritura pública núm. 350 de 9 de diciembre de 1966,
en la que consta que la INTENDENCIA es la dueña absoluta de los
terrenos recuperados por el relleno y la rectificación de la línea de la
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playa en la bahía de San Andrés desde la Casa Presidencial hasta la
rada de los Icacos, con una extensión de 430.000.00 m2. Igualmente,
se celebró la escritura pública núm. 3269 de 20 de junio de 1972 en
la Notaría 7ª de Bogotá, en la que se consignó lo siguiente:
“[…] SEGUNDO (2º): Que la Intendencia Nacional de San Andrés y
Providencia, con fundamento en lo preceptuado por el Decreto
Legislativo número cuarenta No. 40 de mil novecientos cinco
(1905), ratificado como permanente por la República por la ley
sexta (6ª) del mismo año y como una obra fundamental para la
sanificación de la isla de San Andrés contrató con la Compañía
Contratista Vam Suramericana Limitada, el relleno y desecación de
los Pantanos “Punta de Hansa” y “Black Dog”. – TERCERO (3º): -
Que los trabajos de desecación y rellenos a que se refiere el punto
anterior fueron pagados en su totalidad por la Intendencia de San
Andrés y Providencia de sus propios recursos y están en la
actualidad terminados. – CUARTO (4º): - Que con motivo de los
trabajos de relleno y desecación se recuperó en el Pantano de
“Black Dog” un terreno con un área de sesenta y cinco mil
doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados (65.253.69 m2) según el plano topográfico
levantado por la Secretaría de Obras Públicas de la Intendencia.
[…] SEXTO (6º): - Que con fundamento en lo anterior, en nombre
y representación del GOBIERNO NACIONAL transfiere a la
INTEDENCIA NACIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA,
a título de compensación por las inversiones efectuadas en los
trabajos de relleno y desecación del Pantano Black Dog, el
derecho de dominio que la Nación tiene sobre el terreno allí
recuperado, sin perjuicio de los derechos de las personas que
posean títulos suficientes y legalmente eficaces frente al Estado,
para acreditar propiedad privada […]” (Destacado de la Sala).
Mediante el Acuerdo núm. 027 de 6 de diciembre de 1983,
sancionado por el Intendente Especial el día 12 del mismo mes y año,
el CONSEJO DE LA INTENDENCIA concedió al Intendente la
siguiente autorización:
“[…] PRIMERO.- Autorízase al Intendente Especial de San Andrés
y Providencia, Islas, para adjudicar a título gratuito un lote de
terreno a la Policía Nacional dependiente del Ministerio de
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Defensa Nacional en San Andrés Islas, ubicado en el sector
del relleno de la avenida Francisco A. Newball, con los
siguientes linderos: por el norte colinda con la vía pública a calle
3ª B, en una extensión de 35.30 metros; por el sur en una
extensión de 36.00 metros con terrenos de propiedad de la
Intendencia Especial; por el este con terrenos de la Intendencia
Especial en una extensión de 20.00 metros y por el oeste en una
extensión de 24.00 metros colinda con terrenos de propiedad de la
señora Elva Slim.
SEGUNDO.- La Intendencia Especial de San Andrés y Providencia,
Islas, se reserva la restitución del predio si transcurridos (2) años
calendario a partir de la sanción del presente Acuerdo, la
mencionada entidad no ha construido edificación alguna.
TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción […]” (Destacado de la Sala).
Con fundamento en la referida autorización, se suscribió ante la
Notaría 37 de Bogotá la escritura pública núm. 2740 de 17 de
diciembre de 1986 por parte del representante de la INTENDENCIA,
a través de la cual se transfirió a título de donación gratuita en favor
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL el derecho de posesión material que la entidad tenía
sobre un lote de terreno identificado con el núm. catastral 01-00090-
0004-000 de la calle 5 A núm. 2-25 del perímetro urbano de la Isla
de San Andrés, ubicado en el sector de Nixon Point, con los siguientes
linderos:
“[…] NORTE: Colinda con la vía pública o calle tercera B (3ª.B) en
una extensión de treinta y cinco metros con treinta centímetros
(35.30 mts.); SUR, colinda con terrenos de propiedad de la
Intendencia Especial en una extensión de veinte metros (20.00
mts.) y por el OESTE, colinda con terrenos de propiedad de la
señora Elvia Slim en una extensión de 24.00 mts.) […]”.
Adicionalmente, se destaca de la escritura pública, lo siguiente:
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“[…] SEGUNDO: Que el lote materia de esta donación lo adquirió la
donante en mayor extensión por rellenos que hizo la empresa Vam
Suramericana, recuperando terrenos del mar en la Bahía de San
Andrés, mediante los pormenores descritos en la escritura pública
número trecientos cincuenta (350) de la Notaría de San Andrés del
nueve (9) de diciembre de mil novecientos sesenta y seis (1966),
registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
San Andrés Islas, en el libro segundo (2º) […]
CUARTA: […] Que desde la presente fecha le hace entrega real y
material a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL del inmueble que dona,
cuyos linderos se encuentran descritos en el punto primero (1º)
[…]
QUINTO: Que la donación se hace con el fin de que el terreno
sea destinado para la construcción de oficinas, casinos,
casas fiscales y otras instalaciones que la Policía Nacional
necesita en la Isla de San Andrés, sin que puedan cambiarse
estos fines para los cuales se efectúa la donación sin el
consentimiento del donante […] (Destacado de la Sala)”.
Mediante oficio de 3 de mayo de 2018, el pueblo raizal y sus
organizaciones representativas se hicieron presentes de manera
pacífica en un predio aledaño a la Gobernación del
DEPARTAMENTO, oficinas de la Contraloría General y de la OCCRE
para solicitar que el Gobernador, conforme lo dispuesto en la Ley 47
de 19 de febrero de 199333, solicitara a las entidades del orden
nacional la cesión de los bienes o terrenos de su propiedad en el
Archipiélago para obras públicas.
Los predios identificados fueron, entre otros, el que poseía la
POLICÍA cerca de la OCRE y de la Contraloría Departamental, el cual
le fue cedido por la otrora INTENDENCIA.
33
Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina.
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Con base en la mencionada solicitud, la Gobernadora de la época, en
nombre del pueblo raizal, le solicitó a la POLICÍA, por medio de
oficio del año 2018, estudiar la posibilidad de restituir el predio
identificado con la matricula inmobiliaria núm. 450-10008 al
DEPARTAMENTO.
La anterior solicitud fue contestada por parte de la POLICÍA, a
través de escrito del 7 de junio 2018, en forma negativa, en los
siguientes términos:
“[…] 1. El predio identificado con el número catastral 01-00090-
0004-000, fue trasferido a la Policía Nacional por la Intendencia
Especial de San Andrés y Providencia, dese 1986, como consta en
la matricula inmobiliaria 450-10008, ejerciendo su derecho real de
dominio y posesión desde su tradición.
2. Por lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el
artículo 79 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia”, el 23 de mayo de 2018, se
presentó acción policiva radicada bajo el número 15286, ante el
Inspector de Policía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, solicitando se garantice el derecho real de dominio
y posesión que tiene la Policía Nacional, sobre el inmueble lote de
terreno identificado con el número catastral 01-00090-0004-000.
Es importante anotar que la Policía Nacional como entidad estatal,
es respetuosa de las decisiones jurisprudenciales, y por ello
procederá a dar estricto cumplimiento a la decisión adoptada por
la autoridad competente […]”.
Precisados los hechos probados, corresponde resolver sobre los
cuestionamientos efectuados por las partes en sus respectivos
recursos de apelación.
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2. Del recurso de apelación de la parte actora
A juicio de la parte actora, resultó acreditada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos a la defensa de los bienes públicos y
del patrimonio público, debido a que el inmueble objeto de
controversia era un bien de uso público no susceptible de donación.
Al respecto, la Sala observa que con la expedición del Decreto núm.
2113 de 1964 el Gobierno Nacional autorizó a la INTENDENCIA para
que efectuara en su nombre, el deslinde de los terrenos de su
propiedad que estaban comprendidos por los pantanos “Punta de
Hanza” y “Black Dog”, luego de lo cual se realizaría el traspaso de las
zonas que hubiesen quedado en seco al ente territorial a título
compensación por las intervenciones efectuadas.
Para tener claridad sobre la naturaleza jurídica del predio objeto de
debate, la Sala se referirá a las normas que estaban vigentes para la
época de los hechos y que habilitaron al Gobierno Nacional para
transferir los predios producto de los trabajos de relleno y desecado
realizados en la Isla de San Andrés por parte de la INTENDENCIA,
entre los que se encontraba el terreno objeto de debate.
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Para lo anterior, el Gobierno Nacional tuvo en cuenta que el Decreto
40 de 14 de enero de 19053435 permitió el deslinde y posterior desagüe
de lagos, lagunas, ciénagas y pantanos de propiedad nacional, con
miras a entregarlos en propiedad “a los individuos o empresas que
hagan la obra el todo o parte de los terrenos que queden en seco después
de ejecutada”. Así lo señaló el mencionado Decreto:
“Art. 1°. El Gobierno procederá a hacer deslindar los lagos,
lagunas, ciénagas y pantanos de propiedad nacional, de los predios
ribereños pertenecientes a particulares.
Parágrafo. Para los efectos del deslinde de que trata el
presente artículo, se declaran de propiedad de la Nación los
terrenos que hayan estado inundados u ocupados por las
aguas en los últimos diez años.
Art. 2°. El Gobierno promoverá el desagüe de los lagos, lagunas,
ciénagas y pantanos que juzgue conveniente, y para este efecto
puede dar en propiedad a los individuos o empresas que
hagan la obra el todo o parte de los terrenos que queden en
seco después de ejecutada y que pertenecen a la Nación.
Parágrafo. Si la obra se hiciere por contrato, el contratista o
concesionario podrá emitir bonos o cualquier clase de documentos
de crédito garantizados con los productos de la empresa, como las
dispone la Ley 104 de 1892, para empresas constructoras de
ferrocarriles" (Destacado de la Sala).
Lo anterior pone de manifiesto que los terrenos que resultaran de los
procesos de deslinde de los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos de
propiedad de la Nación podrían ser transferidos a quienes ejecutaran
las obras, sin más requisitos, lo que evidencia que los mismos tenían
una libre destinación.
34
Sobre desecación de lagunas, ciénagas y pantanos.
35
Este decreto fue ratificado como Ley permanente de la República de Colombia, por medio de la Ley
6ª de 5 de abril de 1905.
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Ahora bien, para efectos de determinar la naturaleza jurídica de esos
bienes es preciso referirse a lo establecido en artículo 674 del Código
Civil sobre los bienes públicos, el cual dispone:
“ARTICULO 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman
bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de
la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los
habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.
La norma ibidem clasifica los bienes públicos en bienes de uso público
y bienes fiscales. Sin embargo, esta Corporación ha sostenido que
dicha distinción, aunque vigente, en la actualidad es insuficiente,
dada la multiplicidad de bienes que, siendo de la Nación, no se
enmarcan en esa dualidad36, por lo que es del caso dar paso a una
denominación única de bienes públicos, en la que el factor
diferenciador sea la posibilidad de disposición del Estado en atención
al grado de afectación al interés general37. Sobre el particular, en
sentencia de 19 de julio de 2018, se consideró que:
“[…] En el sistema jurídico colombiano los bienes públicos se han
clasificado tradicionalmente en bienes de uso público y en bienes
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014, consejero ponente Álvaro
Namén Vargas, expediente núm. 11001-03-06-000-2013-00364-00.
37
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, providencia de 14 de julio de 2022, expediente núm. 20001-23-33-000-2021-
00335-01.
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fiscales38; sin embargo, esta Corporación ha considerado que, a
pesar de que dicha clasificación continúa vigente, actualmente ella
resulta insuficiente, por lo que se debe dar paso a una
denominación única de bienes públicos, en “donde el factor de
diferenciación entre ellos sea la posibilidad de disposición del
Estado, en atención al grado de afectación al interés general”39, lo
que determina el régimen jurídico con miras a concluir si un bien
específico está o no dentro del comercio y las consecuencias
respectivas.
En este orden de ideas, se ha señalado que los bienes de uso
público son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado y se
hallan destinados al uso, goce y disfrute de todos los
habitantes del territorio, están sometidos al régimen de
derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de
administración y de policía, con miras a garantizar y
proteger su uso y goce común, por motivos de interés
general40.
Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona
jurídica de derecho público de cualquier naturaleza, que por
regla general están destinados a servir como instrumentos
materiales para el ejercicio de funciones públicas o para la
prestación de servicios a cargo de las entidades estatales, el
Estado los posee y los administra de conformidad con el régimen
jurídico que prevea el derecho común […]41” (Resaltado de la Sala).
Conforme lo expuesto, la Sala concluye que como el terreno objeto
de cesión por parte de la INTENDENCIA a la POLICÍA le fue a su
vez cedido por la Nación luego de haber adelantado las obras de
desecación y relleno de que trata el Decreto 40 de 1905, norma en
la que, como se indicó, se precisó que esos terrenos eran de
propiedad de la Nación y tenían libre destinación al establecerse que
38
Clasificación que se deriva del texto del artículo 674 del Código Civil, a cuyo tenor:
“Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes
y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la
Unión o bienes fiscales”.
39
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2154 del 18 de junio de 2014.
40
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de marzo de 2018, expediente:
0500123310002006-03673-01.
41
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 19 de julio de 2018, expediente:
2500023260002005-00821-01, CP Carlos Alberto Sambrano Barrera.
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el dominio podía transferirse a quien hubiese adelantado las
mencionadas obras, resulta forzoso concluir que en ningún momento
fueron catalogados como bienes de uso público, pues para que esos
terrenos fueran considerados como tal debieron ser concebidos con
destino al uso, goce y disfrute de la colectividad, es decir, debieron
estar al servicio de todos los habitantes de forma permanente.
Es por esto que la Sala estima que no es acertado sostener, como lo
indicó el Tribunal, que el inmueble objeto de la litis mutó su condición
de bien de uso público a fiscal, puesto que nunca tuvo tal naturaleza,
sino que desde su desagüe fue considerado de propiedad de la Nación
para ser otorgado en propiedad al responsable de ejecutar la
respectiva obra de desecación.
En consecuencia, es evidente que las normas que habilitaron el
deslinde y transferencia de los terrenos que quedaron en seco luego
de los procesos de relleno, no previeron la posibilidad de que todos
los habitantes del territorio hicieran uso de los mismos para su
beneficio. Por el contrario, se habilitó al Gobierno Nacional para que
los transfiriera incluso a particulares, lo que pone en evidencia que
no fueron concebidos para el uso público y, por tanto, no gozaban de
dicha naturaleza.
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Ahora bien, teniendo en cuenta la noción de bien fiscal expuesta,
para que sea considerado como tal, es necesario que le pertenezca a
una entidad pública y sea usado para el cumplimiento de funciones
públicas, presupuestos que se cumplen en el presente caso, habida
cuenta que el lote objeto de reclamación fue transferido a título de
donación a la POLICÍA para que lo destinara para la construcción de
oficinas, casinos, casas fiscales y otras instalaciones que necesitara
en la Isla.
De lo dicho es dable concluir que la naturaleza jurídica del bien objeto
de la litis es fiscal y, por tanto, su dominio le pertenece a una entidad
pública, pero su uso no le corresponde a todos los habitantes, razón
por la que la donación efectuada por parte de la INTENDENCIA no
vulneró ni podía vulnerar el patrimonio público ni el espacio público
y los bienes de uso público.
Ahora, el demandante también señala que la negativa de la POLICÍA
NACIONAL de ceder el inmueble en virtud de lo establecido en el
artículo 48 de la Ley 1551, vulneró los derechos de la comunidad
raizal.
A fin de determinar la responsabilidad que se le atribuye a la
POLICÍA NACIONAL por estos hechos, es preciso hacer referencia
al artículo 48 de la Ley 1551, el cual dispone:
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“ARTÍCULO 48. Las entidades públicas del orden nacional deberán
ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a las
entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen
ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público
o zonas de cesión.
La entidad pública deberá expedir la resolución dentro de los tres
meses siguientes a la solicitud que presente el Alcalde municipal,
vencido este término operará el Silencio Administrativo positivo a
favor del municipio. La declaración del silencio hará las veces de
título de propiedad del inmueble […]” (Resaltado de la Sala).
La norma establece dos supuestos para que haya lugar a que
entidades públicas del orden nacional efectúen la cesión de bienes o
terrenos a título gratuito a entidades del orden municipal o distrital:
1. Que los bienes o terrenos se encuentren ubicados en el territorio
del ente que efectúe la petición; y 2. Que esos bienes o terrenos
estén destinados o tuvieran vocación de uso público o zonas de
cesión.
Así las cosas, se tiene que si bien en el caso concreto el predio
controvertido está ubicado en la Isla y su posesión la ostenta el
MINISTERIO DE DEFENSA, como consta en el certificado de
Tradición – Matricula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de San Andrés el 22 de mayo de 2018, lo
cierto es que, como ya se indicó, el bien no nació a la vida jurídica
como de uso público ni mucho menos como zona de cesión, sino
como un bien de uso fiscal, por lo que no es dable concluir, como lo
pretende el actor, que la no aplicación del artículo 48 de la Ley 1551
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afectara los derechos colectivos invocados, puesto que no se
cumplen los requisitos allí señalados para su procedencia,
específicamente, la exigencia de que la naturaleza del bien o terreno
cuya cesión se pretende sea de uso público o zona de cesión.
En este orden, la Sala concluye que le asistió razón al a quo al
declarar no probada la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos a la protección de los bienes de uso público y patrimonio
público, comoquiera que no era procedente la aplicación del artículo
48 de la cita Ley, como fue solicitado por la comunidad raizal.
En lo que concierne al argumento de la apelación del actor según el
cual la INTENDENCIA no cumplió el término previsto en el Acuerdo,
por medio del cual se facultó al Intendente para efectuar la donación
del predio, la Sala prohijará lo concluido por el a quo al respecto,
pues dichos argumentos se encuentran ajustados a derecho, amén
de que el recurrente no expuso razón alguna que desvirtuará la
conclusión a la que llegó el Tribunal. Sobre el particular, en la
sentencia apelada se indicó:
“[…] Aduce el actor popular, que de la fecha en que se sancionó el
acuerdo a la que se suscribió el contrato trascurrieron alrededor de
tres (03) años y once (11) meses, excediendo el plazo dispuesto
para la ejecución de la condición resolutoria, conforme se lee de la
escritura pública otorgada por el donante.
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Al respecto, corresponde determinar si se cumplió o no con la
condición resolutoria y para dar respuesta, esta colegiatura
considera conveniente hacer las siguientes precisiones:
Cabe recordar i) que la expresión de la voluntad de la otrora
intendencia contenida en el Acuerdo No. 027 del 05 de diciembre
de 1.983, no es un título válido para transferir el derecho de
dominio, su finalidad era facultar al Intendente Especial para
realizar la enajenación del predio alinderado, bajo unas condiciones
y plazo que debían exigirse al beneficiario del bien en los términos
en que así lo dispone la ley, ii) que, el incumplimiento de la
condición estipulada solo puede predicarse al vencimiento
del plazo dispuesto para su ejecución, contados a partir de
la exigibilidad de la misma respecto de la parte a quien le
corresponde cumplirla iii) tratándose de la enajenación de
bienes inmuebles en Colombia no solo se requiere de un título, sino
también de un modo para trasferir el derecho de dominio; iv) que
los contratos de compraventa, permuta y donación, entre otros son
títulos traslaticios de dominio según lo dispuesto en artículo 765
del Código Civil159 y v) que la tradición es el modo por excelencia
de adquirir el derecho de dominio a voluntad de quien ostenta el
uso, goce y disposición para transferirlo.
En efecto, está probado que entre las partes se celebró el 16 de
diciembre de 1986 un contrato de donación, que se perfeccionó de
acuerdo con lo ordenado por la ley (arts. 756 y 759 C.C.), mediante
la escritura pública No. 2740 de la Notaría 37 del Círculo de Bogotá,
sobre el bien inmueble ubicado en el sector del relleno de la
Avenida Francisco A. Newball, distinguido en la nomenclatura
urbana como calle 5º A, número 2-25, barrio Nixon Point. Es decir,
se acreditó la existencia de una donación como título traslaticio del
derecho real de dominio y el cumplimiento de la obligación
unilateral del donante respecto del donatario con la escritura
pública de donación bajo la solemnidad exigida por la ley para la
tradición de bienes inmuebles.
Igualmente, se acreditó que el donante cumplió su obligación
principal de entregar el predio objeto de la donación, mediante su
tradición por medio de la inscripción de la respectiva escritura
pública en la oficina de registro de instrumentos públicos (arts. 756
y ss. C.C.), y también con la entrega real y material del inmueble
el 16 de diciembre de 1986, tal y como se deduce de lo manifestado
expresamente tanto por el donante en la escritura pública, como
del certificado de libertad y tradición, correspondiente al folio de
matrícula inmobiliaria No. 450-10008 expedido el 22 de mayo de
2018, con folio activo desde su apertura el 15 de mayo de 1987,
cuya descripción de cabida y linderos reposa en la escritura pública
No. 2740 de fecha 16 de diciembre de 1986, complementada en
escritura No. 350 del 09 de diciembre de 1966.
Del mismo modo, se demostró que entre la fecha de la sanción
Intendencial del acuerdo y la suscripción de la escritura pública de
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donación, transcurrieron tres (03) años y once (11) días y que ese
lapso no corresponde al plazo para cumplir con la condición,
sino al tiempo que le tomó a la Intendente satisfacer en la
forma debida las prestaciones que le concernían. En ese
sentido, siendo inescindible para la prosperidad del cargo, la
demostración de la extralimitación del plazo para la ejecución de la
condición resolutoria en los términos fijados por el Consejo
Intendencial pero, a partir de que dichas obligaciones fueran
exigibles a la Nación-Policía Nacional, el segundo cargo
invocado por el actor tampoco estaría llamado a prosperar, habida
consideración a que dicho plazo inició, no desde la sanción del
acuerdo sino con la concreción del título y modo por medio del cual
se trasladó el dominio del bien sujeto a condición […]”. (Resaltado
fuera del texto original).
Finalmente, respecto de los argumentos de la apelante dirigidos, de
una parte, a cuestionar la titularidad que ostenta la POLICÍA
NACIONAL sobre el inmueble controvertido y, de otra, a solicitar
que se modifique el numeral sexto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, para precisar la orden consistente en designar
un área dentro del predio destinada al uso de la comunidad étnica de
la Isla, la Sala se referirá a los mismos una vez resueltos los
argumentos del recurso de apelación interpuesto por el
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.
3. Del recurso de apelación del MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL
La entidad recurrente estima que la sentencia de primer grado se
apartó de la controversia planteada por el actor popular, la cual
consistió en la presunta vulneración de derechos colectivos a la
defensa de los bienes de uso público y al patrimonio público derivada
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de un supuesto vicio de ilegalidad del negocio jurídico celebrado entre
la INTENDENCIA y la Institución; no obstante ello, el fallador
decidió declarar la vulneración de los derechos colectivos al
patrimonio cultural e inmaterial del Archipiélago y la autonomía del
pueblo raizal, como consecuencia de la desecación y relleno de los
pantanos conocidos como “Punta Hansa” y “Black Dog”,
desconociendo así el principio de congruencia de las decisiones
judiciales y el debido proceso.
Para resolver, se observa que la decisión de primera instancia se
ocupó de dos aspectos principalmente. El primero, relativo a la
presunta vulneración de los derechos a la defensa de los bienes de
uso público y del patrimonio público, la cual desestimó en atención a
que no resultó acreditada la calidad de bien de uso público del predio
objeto de controversia; y el segundo, referido al patrimonio cultural
y la autonomía del pueblo raizal en relación con su territorio, los
cuales, a juicio del a quo, se vieron afectados por “la exclusión de los
intereses de la comunidad raizal en la reconstrucción de su identidad
y la ausencia de su participación en la políticas públicas destinadas a
determinar el uso del suelo”.
Bajo dicha óptica, el Tribunal estimó que era necesario proteger
todos los contenidos del derecho a la tierra como forma de
preservación del patrimonio cultural e inmaterial del territorio, razón
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por la cual se debían buscar mecanismos efectivos para enfrentar las
situaciones de vulneración, “como desplazamientos injustificados o
forzados a las periferias”.
Apartes de la sentencia en los que el a quo sustentó su tesis, señalan:
“[…] Aun cuando se encuentra resuelto el conflicto legal que originó
el presente asunto, en torno a la titularidad del bien inmueble
identificado en los antecedentes procesales, este Tribunal evidencia
una problemática de fondo que subyace y trasciende la
formalización de cualquier título de propiedad relacionada con los
derechos de quienes han poseído el territorio, y han forjado a lo
largo de los años la cultura raizal, pues ese ejercicio de posesión,
es otra forma de relación jurídica con los bienes, la cual se reitera,
traspasa la discusión legal sobre el derecho real dominio, toda vez,
que “la ausencia de protección específica de la tierra y el territorio
ocasiona graves perjuicios en la vida de la comunidad, como la
inequidad, la desigualdad social y la pérdida de cultura.”
[…]
La afectación se concreta en la exclusión de los intereses de la
comunidad raizal en la reconstrucción de su identidad y la ausencia
de su participación en la políticas públicas destinadas a determinar
el uso del suelo, que obligó a quienes se valían de esa porción de
mar para buscar su sustento, conservar sus tradiciones y construir
su proyecto de vida a migrar a nuevos espacios, adaptarse a otras
costumbres y vivir un estilo de vida impuesto que no le es propio,
siendo lo más preocupante desde el punto de vista constitucional,
el no disponer de normas de ese rango que le otorguen y
reconozcan el derecho a la autonomía y autodeterminación que le
permita autogestionarse y participar de manera activa en las
decisiones que afecten su proyecto de vida.
[…]
A pesar de los diferentes títulos y reconocimientos atribuidos legal
y constitucionalmente al Departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina; el Archipiélago se encuentra ante una indefinición
sobre el sentido y alcance de ser distinguido como territorio étnico,
hecho que limita el despliegue de los medios y recursos necesarios
para garantizar la protección de su cultura e idiosincrasia, pues no
es suficiente una protección reforzada, como ya lo ha mencionado
la Corte Constitucional: “pues sólo con un máximo de autonomía
se puede asegurar la supervivencia cultural.” Dejando una
sensación de inconformidad entre los raizales por la impotencia que
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permea el espíritu isleño ante la dificultad de preservar la relación
con su tierra y el derecho a decidir el uso que se haga de ella.
El acervo probatorio aportado al expediente, da cuenta de los
motivos que impulsan la reclamación de los territorios que
ancestralmente pertenecieron a la comunidad y que demandan ser
restituidos, que no es otro, más que la defensa del patrimonio
cultural de carácter inmaterial que como “etnia” resienten
vulnerado, por el ejercicio masivo de explotación de la tierra con
desconocimiento del uso que durante años el isleño hizo del suelo
como espacio físico, para el desarrollo de sus actividades
económicas, lengua, religión y folklore, pues este ejercicio de
rectificación de la línea marina no solo cercenó el paisaje natural
del entorno, sino que modificó en gran medida su identidad y su
cotidianidad.
En este punto cabe precisar, que para esta Corporación se
encuentra plenamente acreditado que la puesta en marcha de los
rellenos sobre los humedales y pantanos realizados por la
compañía VAM Suramericana S.A., por disposición de la
Intendencia Especial de San Andrés y Providencia, se encuentran
legitimados por las facultades otorgadas en los instrumentos
normativos estudiados y es clara la legalidad del contrato de
donación que en favor de la Nación- Ministerio de Defensa - Policía
Nacional se hizo de una porción de los terrenos disecados. Empero,
también lo es, que toda acción que modifique las condiciones del
entorno generará una reacción que altere sus condiciones
naturales. En ese sentido, considerando que las decisiones
tomadas, afectaron y afectan al territorio insular al
intervenir el ecosistema y los sistemas que interactuaban en
él, las consecuencia irreversibles e irreparables provocadas
vulneraron el derecho colectivo a la conservación del
patrimonio cultural e inmaterial del población étnica que lo
habitaba alterando la relación del raizal con su tierra y por
ello, dicha vulneración debe ser restaurada e indemnizada al no
poder ser reintegrada al estado anterior conforme lo dispuesto en
la Ley 472 de 1998, debido al grado de afectación progresivo,
sistemático y continuo que se causó al obligar al nativo a migrar a
la periferia a fin de conservar su forma de vida y su interacción con
el mar.
[…]
Por lo tanto, este derecho de desarrollo constitucional entendido
como la facultad de los grupos étnicos de diseñar su proyecto
integral de vida, en el que deciden su destino, considerando su
pasado cultural y su realidad actual para prever un futuro
sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. También,
considerado como la facultad que tienen de organizar y dirigir su
vida interna de acuerdo con sus propios valores, instituciones y
mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte y
tienen en la acción popular su protección y defensa, tal como se
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Actor: JEFFREY ROBERT POMARE MARTÍNEZ
estableció en precedencia, solo estaría llamado a prosperar bajo el
siguiente argumento:
Que, si bien se encuentra acreditado que el inmueble que fue
objeto de donación por parte de la otrora Intendencia de San
Andrés y Providencia a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional, es un bien fiscal susceptible de venta, permuta y demás
actos considerados de dominio y su enajenación esta revestida de
legalidad, también se encuentra plenamente probada la afectación
que como territorio étnico se causó con la rectificación de la línea
de la bahía y con la disposición de que de los terrenos recuperados
de los pantanos y humedales se hizo, en el sentido en que alteró
la composición arquitectónica, económico y social del raizal
respecto del uso de la tierra, del pescador con su mar, limitó los
recursos naturales y las fuentes hídricas que hoy por hoy ponen en
riesgo su subsistencia y mutó el espacio físico en que se
desarrollaba su cultura, lengua y tradición […]”. (Resaltado fuera
del texto original).
Para resolver lo pertinente, la Sala estima necesario referirse a la
sentencia de 5 de junio de 201842, en la que la Sala Especial de
Decisión núm. 6 del Consejo de Estado, analizó el principio de
congruencia de las sentencias en materia de acciones populares, así:
“(…)[J]urisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el
juez popular profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de
amparar derechos colectivos diferentes a los invocados por el actor
popular en la demanda; estudiar hechos adicionales a los
planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las pedidas
por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los
términos de la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo
anterior, siempre que se guarde relación con el hecho generador
del daño planteado en la demanda y en términos generales con la
causa petendi.
(…)
Sin embargo, en los eventos que la parte demandada no haya
podido ejercer su derecho de defensa porque, por ejemplo,
los derechos amparados no tienen relación alguna con la
demanda inicialmente planteada, se estaría frente a un
desbordamiento del ámbito de protección lo que se traduce
42
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia de 5 de junio de 2018, número único
de radicación: 15001-33-31-001-2004-01647-01. C.p. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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en una clara violación del debido proceso de la parte
demandada, toda vez que se estaría cercenando la
posibilidad de defensa respecto de aquellos.
En este punto, se reitera que los amplios poderes del juez popular
no pueden exceder los límites establecidos en la demanda por el
actor a la hora de establecer la causa petendi a la cual queda atada
el proceso en general.
En conclusión, dentro de los procesos de acción popular, la
flexibilización del principio de congruencia en beneficio de
la protección de derechos e intereses colectivos no puede
implicar el desconocimiento del derecho de contradicción y
de defensa de la parte demandada.
Por lo tanto, el juez popular puede pronunciarse respecto de
derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda como
vulnerados o amenazados siempre y cuando, éstos guarden
una estrecha y directa relación o conexidad con los derechos
respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de
protección por parte del actor popular y frente a los cuales
la parte demandada haya tenido la oportunidad de
pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los
cuales pueda verificarse que conoció y pudo presentar
argumentos de defensa”. Resaltado fuera del texto original).
Entonces, para determinar si en el asunto sub judice la sentencia de
primer grado desconoció el principio de congruencia de las decisiones
judiciales, es necesario analizar la causa petendi de la presente
acción.
Los hechos que motivaron la presente acción están relacionados con
la presunta vulneración de los derechos colectivos a la defensa de los
bienes de uso público, del patrimonio público y a la “protección de la
autonomía del grupo étnico en su dimensión territorial”, atribuida al
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL y al
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, con ocasión de la cesión que
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efectuara el Departamento a la Policía Nacional, sobre un predio que,
a su vez, le había sido cedido por la Nación, en compensación por las
inversiones efectuadas en la obra de desecación y relleno, que datan
del siglo pasado (década del 60).
Para el actor, el mencionado inmueble debe ser restituido al
DEPARTAMENTO, a fin de destinarlo para “uso de la comunidad
étnica raizal”, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la
Ley 1551. Así lo indicó, en las pretensiones del libelo introductorio:
“[…] 1. Declarar violados los derechos e intereses colectivos a la defensa
de los bienes de uso público y al patrimonio público, protección a la
autonomía del grupo étnico en su dimensión territorial, por parte de los
accionados.
2. Ordénese la cancelación y déjese sin validez la escritura pública No.
2740 de 16 de diciembre de 1986 celebrada en la Notaría 37 del Circuito
de Bogotá, por versar sobre un objeto de uso público, inalienable e
imprescriptible.
3. Ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional la
restitución inmediata al Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia Santa Catalina del inmueble ubicado en la Isla de San
Andrés, ubicado en el sector del relleno de la avenida Francisco A.
Newball, con los siguientes linderos: Por el norte colinda con la vía
pública a Calle 3ª B, en una extensión de 35.30 metros; por el sur en
una extensión de 36.00 metros con terrenos de propiedad de la
Intendencia Especial en una extensión de 20.00 metros; y por el oeste
en una extensión de 24.00 metros colinda con terrenos de propiedad de
la señora Elvia Slim, identificado con matrícula inmobiliaria No. 450-
10008 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés
Isla.
4. Ordenar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se sirva destinar el inmueble conforme a su vocación
para su uso de la comunidad étnica raizal, una vez se efectúe consulta
previa para definir su aprovechamiento.
5. Ordenar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y, como medida compensatoria, al Ministerio de Defensa
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– Policía Nacional, disponer los recursos necesarios para la construcción
o edificación de las instalaciones que se defina en consulta previa por el
grupo étnico raizal sobre el inmueble.
6. Disponer se conforme un comité de verificación para la ejecución de
las órdenes dadas en la sentencia que se profiera, y que se solicita sea
integrado por: el Suscrito, la representante de la Defensoría del Pueblo
– San Andrés, representante de la Procuraduría General de la Nación, y
las autoridades que la Corporación Judicial estime pertinente […]”
(Resaltado fuera del texto original).
Como se aprecia, las pretensiones del actor estaban encaminadas a
la restitución del inmueble objeto de debate, para ser destinado al
“uso de la comunidad étnica raizal”, por ser un bien de uso público,
que otrora conformaba la parte marítima del Departamento.
De manera que la litis que planteó el actor se encaminó, de una parte
a la protección de los derechos colectivos a la (i) defensa de los
bienes de uso público y (ii) del patrimonio público, y (iii) a la
salvaguarda de “autonomía del grupo étnico en su dimensión
territorial”; y, de otra, a la restitución de un bien de uso público.
Nótese como el actor no discutió la responsabilidad que le asiste a
las entidades demandadas por los “hechos históricos” ampliamente
narrados en la sentencia de primer grado, que condujeron a que “la
comunidad perdiera cada vez más el territorio” y fuera excluida “de
la reconstrucción de su identidad” y de la “participación en la políticas
públicas destinadas a determinar el uso del suelo, que obligó a
quienes se valían de esa porción de mar para buscar su sustento,
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conservar sus tradiciones y construir su proyecto de vida a migrar a
nuevos espacios”, como lo concluyó el Tribunal, para lo cual trajo a
colación documentos, libros y testimonios de los cuales infirió que las
obras de relleno y secado afectaron el modo de vivir y de relacionarse
de los raizales con su entorno.
Por la misma razón de que tales hechos no fueron puestos de
presente en la demanda, la controversia tomó la dirección que
resultó en el ejercicio de defensa desplegado por la entidad
demandada y que consistió en demostrar la legalidad del negocio
jurídico de la cesión del predio y la titularidad sobre el mismo.
Sin embargo, la sentencia de primera instancia, una vez analizados
los cargos de responsabilidad por la indebida destinación de un bien
de uso público y luego de determinar que el predio controvertido no
tenía tal calidad y que su posesión radicaba de manera legal y
pacífica en el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL, estimó necesario abordar el estudio del derecho a la
tierra como forma de preservación del patrimonio cultural e
inmaterial de la comunidad raizal para concluir que el mismo
resultó vulnerado porque la Administración menoscabó de
manera manifiesta el derecho inmaterial de la comunidad. Así
lo reseñó el a quo:
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“[…] En el caso que nos ocupa, se observa una doble vulneración
al patrimonio cultural y étnico. De un lado, el dragado en sí
mismo considerado, que afectó de manera grave el medio
ambiente y el hábitat de las especies endémicas, la relación
directa del hombre isleño con su mar, sus costumbres, su
quehacer cotidiano, así como su propia supervivencia, todo lo cual
forzó a que se replegara hacia otras zonas de la isla más acorde
con su modo de ser; y de otro lado, que la destinación de las
nuevas tierras no se utilizaron para fomentar o favorecer la
realización del desarrollo progresivo de la cultura y del
patrimonio histórico del pueblo raizal, sino para otras
finalidades quedándose estos terrenos en la mayoría de los casos
en manos de particulares ajenos a dicha cultura.
Esta Sala, encuentra que, en el caso concreto, la administración
menoscabó de manera manifiesta el derecho inmaterial,
habida consideración, que un inmueble de las
características anotadas tiene un interés cultural ínsito por
su valor histórico y social para la isla de San Andrés, pues si el
mar, le pertenecía al isleño no se concibe que, por acciones
antrópicas, le deja de pertenecer, siendo connatural al pueblo raizal
[…]” (Resaltado fuera del texto original).
De la lectura de la sentencia, es posible advertir la incongruencia
alegada por la entidad recurrente y, por esa vía, la transgresión de
su derecho al debido proceso y a la defensa.
Adviértase como los argumentos en los que el fallador basó su
decisión giraron en torno a la afectación del medio ambiente por el
dragado y a la no destinación de la tierra para el fomento de la
cultura, cuestiones que no eran objeto de la controversia y, por tanto,
no son explicación satisfactoria de la responsabilidad endilgada ni de
las medidas ordenadas por el Tribunal.
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El giro que da el fallador de primer grado no se advirtió en ninguna
de las etapas procesales: no fue planteado por el actor, no fue objeto
de oposición por las demandadas, no se incluyó en la audiencia de
pacto de cumplimiento, ni tampoco se solicitó o decretó prueba
alguna tendiente a demostrar dichos hechos.
Al respecto, la diligencia de pacto de cumplimiento, -que se declaró
fallida-, mencionó sobre el objeto de la litis que:
“[…] Luego de analizado el libelo introductorio y sus anexos, el
Despacho observa que en el presente asunto, previo a la
presentación de esta demanda, representantes del Pueblo raizal y
sus organizaciones han solicitado al Gobierno Nacional y
departamental la restitución de algunos bienes de uso público
ubicados en el territorio del archipiélago, especialmente en
San Andrés Isla, en cumplimiento del artículo 48 de la ley 1551,
petición que se hizo en fecha 3 de mayo de 2018 y respecto de la
cual la entidad territorial demandada, a través de su representante
legal en turno, solicitó a la Policía Nacional estudiar la viabilidad
de restituir el predio identificado con matrícula […]”. (Resaltado
fuera del texto).
Tampoco el acervo probatorio estuvo encaminado a decantar la
problemática de la defensa del patrimonio inmaterial y la autonomía
del territorio, por lo que tampoco se cumpliría con el principio de la
carga de la prueba previsto en el artículo 30 de la Ley 472.
Por el contrario, las aspiraciones del actor se circunscribían a la
aplicación de un texto legal cuyo único fin es el de “modernizar la
normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la
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autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley,
como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y
funciones”43 y cuyo contenido establece la posibilidad de cesión entre
entidades públicas de bienes o terrenos actualmente destinados o
con vocación de uso público o zonas de cesión. El referido texto
señala:
“Artículo 48. Las entidades públicas del orden nacional deberán
ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a las
entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen
ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que
actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o
zonas de cesión.
La entidad pública deberá expedir la resolución dentro de los tres
meses siguientes a la solicitud que presente el Alcalde municipal,
vencido este término operará el Silencio Administrativo positivo a
favor del municipio. La declaración del silencio hará las veces de
título de propiedad del inmueble.
Facúltese a las Entidades Públicas Nacionales para cancelar
mediante resolución administrativa, los gravámenes que
actualmente recaen sobre los inmuebles a ceder a las entidades
territoriales.
Para efectos de la cancelación y liberación de gravámenes en lo
referente al cobro de la tarifa de derechos de registro, se entenderá
como acto sin cuantía.
En las resoluciones administrativas de cancelación de gravámenes
no se requerirá indicar el valor del gravamen que se cancela, ni el
monto por el que fue constituido.
Los municipios podrán invertir recursos públicos en las áreas
públicas que aparecen en los asentamientos humanos de origen
ilegal constituidos por viviendas de interés social, con el fin de
asegurar los derechos fundamentales de las personas que allí viven
y garantizará que se presten los servicios públicos.
43
Ley 1551, artículo 1°.
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En los casos en los que las entidades nacionales, departamentales
o de cualquier orden exigen como requisito para financiar o
cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, prueba de la
propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención,
bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público
por parte de la entidad territorial o de la comunidad a través de
junta de acción comunal, mientras no exista oposición de un
tercero”. (Resaltado fuera del texto original).
Es decir que la disposición normativa que sirvió de eje a las
pretensiones del actor se ocupa del régimen legal de organización
territorial, en lo concerniente al funcionamiento y competencias de
los municipios, mas no así distingue prerrogativas relacionadas con
el patrimonio inmaterial, el derecho a la tierra, o el reconocimiento
de la autonomía del pueblo raizal, aspectos cuyo marco normativo
descansa en diferentes instrumentos que garantizan su protección, a
través del ejercicio de los diversos mecanismos judiciales y
administrativos que establece el ordenamiento jurídico al alcance de
los ciudadanos.
Las razones expuestas conducen a la Sala a concluir que en el caso
sub lite existió un desbordamiento del ámbito de protección porque
el juez trajo discusiones ajenas a la controversia, que si bien implican
la defensa de un interés colectivo como lo es el patrimonio cultural
no corresponden a la causa petendi de este proceso.
Es por ello que no puede tenerse como válida la condena judicial
impuesta con desconocimiento del derecho de defensa y
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contradicción y del principio de congruencia, no solo por sorprender
a una de las partes procesales con argumentos frente a los que no
pudo defenderse, sino también por endilgarle responsabilidad por
hechos ajenos a sus actuaciones y a sus fines estatales.
Así lo preceptúa precisamente el artículo 281 del CGP, al disponer
que “no podrá condenarse al demandado (…) por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”;
de manera que no es admisible, en el caso sub judice, una condena
sobre el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por
asuntos relacionados con la exclusión de los intereses de la
comunidad raizal, la falta de participación en las decisiones sobre el
uso del suelo y la no garantía del patrimonio inmaterial, cuando el
supuesto sobre el que descansó la condena fue uno diferente, esto
es, la desecación y relleno de la zona marítima del Departamento, en
el cual no tuvo parte dicha entidad.
Ahora, la Sala no desconoce la preocupación evidenciada en la
sentencia de primer grado relacionada con el respeto por la
autonomía, autodeterminación, participación y diferencia cultural del
pueblo raizal; no es ajeno al reconocimiento nacional la situación
histórica del Archipiélago, tampoco es posible ignorar que la relación
pesca - navegación - cultura del nativo raizal se ve seriamente
afectada al reducirse el espacio vital donde ha desarrollado su
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relación y devenir cultural y productivo, pero, se repite, no es la
presente actuación judicial la llamada a reivindicar esos intereses,
porque no guardan directa relación o conexidad con los derechos
respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección
por parte del actor popular y, además, no son del resorte de la
competencia de la entidad demandada, la cual tampoco pudo
presentar argumentos de defensa frente a los mismos.
Son estas las razones que conducen a la Sala a acoger los
argumentos expuestos por la entidad recurrente, motivo por el cual
accederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
a denegar las pretensiones de la demanda.
Asimismo, la Sala destaca que las anteriores consideraciones se
predican respecto del argumento del recurso de apelación de la parte
actora dirigido a cuestionar la titularidad que ostenta la POLICÍA
NACIONAL sobre el inmueble controvertido, pues éste no fue
señalado desde la demanda, razón por la que las partes ni el Tribunal
se pronunciaron sobre el mismo y, por ende, le está vedado al juez
de segunda instancia emitir pronunciamiento alguno sobre dicho
asunto, conforme se explicó en precedencia.
Finalmente, comoquiera que lo procedente en el asunto sub examine
es revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegar las
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pretensiones de la demanda, por sustracción de materia no hay lugar
a pronunciarse sobre la solicitud del actor apelante de verificar la
orden contenida en el numeral sexto de la parte resolutiva del fallo
de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su
lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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