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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2019-00049-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2019-00049-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de los hechos relacionados con la contaminación y destrucción del ambiente marino ante la existencia de embarcaciones siniestradas, abandonadas, secuestradas, decomisadas o retenidas en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2019-00049-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00049-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NEGÓ
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PUES EL ACTOR NO ACREDITÓ
LA VULNERACIÓN O AMENAZA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
INVOCADOS. LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN
Y DESTRUCCIÓN DEL AMBIENTE MARINO, CON MOTIVO DE LA
EXISTENCIA DE EMBARCACIONES SINIESTRADAS, ABANDONADAS,
SECUESTRADAS, DECOMISADAS O RETENIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA FUERON OBJETO DE PROTECCIÓN MEDIANTE OTRA
ACCIÓN POPULAR.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora

contra la sentencia de 15 de diciembre de 2022, proferida por el

Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina1.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00049-01
Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor LEANDRO PÁJARO BALSEIRO, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó

demanda ante el Tribunal, contra el DEPARTAMENTO DE SAN

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, la

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA

CATALINA – CORALINA, los ministerios de TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES, de DEFENSA

NACIONAL, la POLICÍA NACIONAL y la FUERZA AÉREA, la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, la

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE, el FONDO

NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR y COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., tendiente a obtener la

protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa,

al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de

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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

uso público, a la defensa del patrimonio público y a la existencia del

equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su

conservación, restauración o sustitución.

I.2. Hechos

Aseguró que era de conocimiento público la “negligencia” de la

Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE, hoy SAE, en el manejo

de los bienes incautados por narcotráfico, como lo era el caso de las

embarcaciones “TARUD I, TARUD II, MR. GOBY, BETTY LEE”, entre

otras, los cuales se dejaban destruir, al punto de hundirse en la

bahía, ocasionar problemas ambientales y obstaculizar la

navegabilidad.

Señaló que la “percepción ciudadana” es que las edificaciones

pertenecientes a los antiguos hoteles “PALACÉ, GREEN MOON, MARY

LAND, MIRAMAR, LA MANSIÓN, AGUA HALLEY”, en otros, son

monumentos a la “desidia administrativa”, lo cual afectaba los

intereses patrimoniales del Departamento y de los empleados que

prestaban sus servicios en dichas construcciones.
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Aseguró que la Contraloría General de la República, en concepto

publicado el 9 de febrero de 2016, había advertido “un desorden

administrativo total en la administración del Fondo de Rehabilitación,

Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), por

parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), respecto de los

bienes incautados y que están a cargo del Estado”.

Señaló que los bienes a cargo de la SAE se estaban vendiendo por

debajo del avalúo real o comercial; y que “[…] Algunos están siendo

traspasados de manera burda e ilegal a otras empresas privadas sin

el consentimiento de la administración Departamental como lo es el

caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y MOVISTAR,

con los terrenos propiedad del Departamento y cuya guarda les

fueron confiados […]”.

Manifestó que la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil

también disponía de manera irregular de los terrenos de propiedad

del MUNICIPIO, los cuales estaban ubicados en las instalaciones del

aeropuerto y “[…] otro bien que se encuentra al lado del INFOTEP,

zona de baja mar, donde pretenden construir colonias vacacionales

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para las familias de sus funcionarios del orden nacional mediante la

figura de comodato […]”.

Sostuvo que la Policía Nacional disponía de manera irregular de

terrenos del MUNICIPIO “[…] como lo son donde están ubicados las

instalaciones del Comando y otro bien que se encuentra al frente,

tomados a través de la fuerza, en forma ilegal para construir casino

y colonias vacacionales para las familias de los policías, actuaciones

estas consideradas vías de hecho administrativas, y que han

suscitado protestas y movilizaciones públicas por parte de la

comunidad étnica raizal […]”.

Indicó que el gobernador del DEPARTAMENTO expidió la Resolución

núm. 04545 de 17 de julio de 20193 y los decretos núms. 0425 de 22

de julio de 20194 y 0466 de 8 de agosto de 20195, cuyos actos, a su

juicio, vulneran la moralidad administrativa, pues declararon

terrenos baldíos en el territorio del Archipiélago que, en sentir de la

comunidad, estaban destinados a favorecer a la Financiera de

Desarrollo Territorial – FINDETER y a la Fuerza Aérea Colombiana.

3 “Por la cual se declara la propiedad de un bien baldío urbano”.
4 “Por el cual se complementa y ajusta la unidad de planificación urbana - UPI R3 contenida

en el Decreto 0363 de 2007”.
5
“Que modifica las UPI-R10 y la UPI-R11”

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Manifestó que, asimismo, la decisión inconsulta, del entonces

gobernador encargado, de modificar el plan de ordenamiento

territorial -POT, impactó negativamente un área considerable de

especial importancia ecológica.

Indicó que con el fin de “frenar de una vez por todas este sistemático

desglose del territorio insular”, requirió a la administración

departamental, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la

Ley 1551 de 6 de julio de 20126 , para que se incluyera dentro de la

recuperación de bienes, los administrados por la SAE, Telecom,

Seguros Sociales, Ministerio de Defensa, FONTUR, entre otros.

I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

“[…] 1. La presente acción pública constitucional se instaura para
solicitar al Honorable Tribunal, previa evacuación de las etapas
procesales, se digne emitir sentencia exigiendo a la administración
departamental cumplir con su obligación establecida en el artículo 48

6 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.

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de la Ley 1551 de 2012, transcrita en el aparte precedente de la
presente demanda, traducida en la solicitud de la cesión y/o
devolución de todos los bienes bajo la tenencia de las entidades del
orden nacional y las correspondientes reversiones a que den lugar,
comprendiendo las indemnizaciones del caso si hubiere lugar a ello a
favor del Departamento, así como el contenido de los requerimientos
presentados a los accionados, incluyendo a todos los entes
vinculados, sin excepción, sean de economía mixta o privada u
oficiales.

2. Que el Honorable Tribunal se digne a conceder la adecuación típica
legal, tanto a la demanda como a las pretensiones insertadas en ella
a fin de la garantía de la consecución de los logros impetrados, en el
entendido que todos somos interesados, ya que se trata de derechos
e intereses colectivos que afectan a la sociedad en general y que no
permiten la exclusión ni discriminación de sector alguno para su
protección.

3. Que los vinculados suministren toda la información sobre los
terrenos y bienes que posean en el territorio del Departamento
Archipiélago y que los cedan, acorde a la normatividad enunciada.

4. Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AMBIENTAL
(CORALINA) cumpla con sus deberes como autoridad ambiental para
la protección de los ecosistemas localizados en esos predios, y haga
cumplir las obligaciones que impone la Declaratoria de Reserva
Mundial de Biosfera para la preservación de las especies de flora y
fauna del territorio […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1. La SAE señaló que no vulneró los derechos colectivos

invocados, pues cumplió con las obligaciones que le impuso la ley,

obrando con suma diligencia; y que el actor incumplió con la carga

de demostrar la vulneración alegada.

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Puso de manifiesto que el Tribunal estudió otra acción popular

presentada en el año 2010 contra la DIMAR, CORALINA, el

DEPARTAMENTO, la Rama Judicial y la extinta DNE, por el mal

estado de algunas embarcaciones ubicadas en la Isla, con ocasión de

la cual el Tribunal profirió sentencia el 27 de mayo de 2011 en el

sentido de amparar los derechos colectivos invocados, cuya decisión

fue confirmada por el Consejo de Estado el 23 de febrero de 2012;

en consecuencia, se han efectuado diversos comités de verificación

en los que se ha podido constatar el cumplimiento de lo ordenado, lo

que pone de manifiesto que, en el presente caso, no se han vulnerado

los derechos colectivos.

Precisó que en el comité de verificación llevado a cabo el 16 de

diciembre de 2020 dio cuenta de las labores y gestiones que realizó

con el DEPARTAMENTO y que dieron como resultado la remoción

de las siguientes embarcaciones: “[…] Tanya Lee, Chambero, B

Junior, Pamela H, Lissa Collins, San José y además los siguientes

elementos adicionales: 1 potón de acero, 1 montacargas, 1 pilote de

concreto y acero, 1 reja de acero, 1 embarcación fibra de vidrio, 5

pesos muerto en la zona de fondeo de pesqueros, 1 embarcación

Salsipuedes […]”; lo que da cuenta que, junto con las demás

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accionadas, están dando cumplimiento a las órdenes judiciales y, por

tanto, no está demostrada ninguna otra vulneración a los derechos

colectivos relacionados con las embarcaciones que están a su cargo.

Adujo que, en su calidad de administradora del FRISCO7, administra

única y exclusivamente bienes que son objeto de medidas cautelares

en procesos de extinción de dominio o sobre los cuales ya fue

decretada la extinción, por lo que “[…] una vez puestos y entregados

real y materialmente es que ejecuta su función administradora, por

lo tanto, no es conocedora del estado jurídico de los demás bienes

que el accionante ha indicado en la presente acción y desconoce en

su totalidad las acciones realizadas por las demás entidades

accionadas […]”.

Sostuvo que de conformidad con lo previsto en el inciso 6° del

artículo 91 de la Ley 1708 de 20 de enero 20148, modificada y

adicionada por la Ley 1849 de 19 de julio de 20179, una vez decretada

la extinción de dominio de los bienes localizados en el Archipiélago,

7 Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –
FRISCO.
8 “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”
9 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de

Dominio” y se dictan otras disposiciones”.

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éstos deberán ser entregados a la Gobernación, así como sus

rendimientos y frutos generados antes de la declaratoria de extinción

de dominio.

Explicó que, en virtud de lo anterior, la transferencia de dominio de

los bienes inmuebles o muebles ubicados en la Isla se realiza

mediante acto administrativo, de conformidad con las reglas

previstas en el Decreto 1068 de 26 de mayo 201510, esto es, a través

del Comité de Asignaciones.

Relacionó el inventario de los bienes inmuebles asignados

definitivamente al DEPARTAMENTO, así:

FMI RESOLUCIÓN FECHA DE LA ENTIDAD
RESOLUCIÓN
450-12025 146 23/02/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-12511 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-6272 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-13521 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-7710 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-15736 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS

10“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público”

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

450-5044 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-5049 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-5052 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-5866 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-4650 1586 21/12/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-4651 1586 21/12/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-4652 1586 21/12/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-11013 146 23/02/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-11006 146 23/02/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-14846 1146 26/10/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-14847 1146 26/10/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-14606 150 27/02/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-1016 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-18010 146 23/02/2017 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS
450-18433 731 21/07/2016 GOBERNACIÓN
DE SAN ANDRÉS

Reiteró que actuó con cuidado, diligencia y transparencia en el

trámite de asignaciones definitivas de bienes extintos, por lo que

descartó cualquier actividad ilegal alegada por el actor referente a

ventas de dichos bienes.

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Sostuvo que la acción popular era improcedente, dado que no se

cumplió con lo previsto en el artículo 144 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA, pues previamente no recibió solicitudes para la adopción de

medidas concretas y urgentes para la protección de los presuntos

derechos vulnerados.

I.4.2. La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P. indicó que el actor invocó la vulneración de varios derechos

colectivos, pero sus argumentos giraron alrededor del

desconocimiento del artículo 48 de la Ley 1551, el cual impone a la

entidad territorial la obligación de solicitar la restitución de aquellos

predios que tienen vocación de ser de uso público o cesión de zonas,

y que pertenezcan a entidades públicas del orden nacional, para que

a través de un acto administrativo se lleve a cabo esa restitución.

Sostuvo que, con fundamento en lo anterior, la Gobernación no le ha

solicitado la restitución de ningún bien inmueble, amén de que

tampoco es una entidad pública del orden nacional, sino que es una

persona jurídica de derecho privado.

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Sostuvo que lo argumentado por el actor, en lo que le respecta,

desconoce la situación jurídica de sus inmuebles, pues no son bienes

de uso público.

Relacionó los inmuebles de su propiedad que se encuentran en el

departamento, así:

ITEM NOMBRE DIRECCIÓN MUNICIPIO ESCRITURA FOLIO DE
PÚBLICA MATRÍCULA
INMOBILIARIA
1 E/R CERRO PROVIDENCIA ESCRITURA 450-1981
BUENAVISTA BUENAVISTA 220 DEL
25/03/1983
NOTARIA
ÚNICA DE
SAN
ANDRÉS

2 E/R TERRENA CALLE 17 1A 31 SAN ANDRÉS ESCRITURA 450-3070
BR. OBRERO 442 DEL
12/09/1968
NOTARIA
ÚNICA DE
SAN
ANDRÉS

3 CONCENTRA CARRERA 13 18 SAN ANDRÉS ESCRITURA 450-22604
DOR 17 NATANIA ET 5 1177 DEL
NATANIA 5/10/2006
PROYECTO NOTARIA
COMPARTEL ÚNICA DE
SAN
ANDRÉS

4 CENTRO DE AVENIDA DE LAS SAN ANDRÉS ESCRITURA 450-5100
EXPERIENCI AMERICAS # 2A 652 DEL
A SAN 6 29/12/1977
ANDRES JUNTO CON
ESCRITURA
3 DEL
7/04/1971
AMBAS DE
LA
NOTARIA

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

ÚNICA DE
SAN
ANDRÉS
5 CASAS CALLE 16 1A SAN ANDRÉS ESCRITURA 450-3071
FISCALES ZONA 211 DEL
INDUSTRIAL- 11/06/1975
CASAS FISCALES NOTARIA
ÚNICA DE
SAN
ANDRÉS

Agregó que el actor realizó señalamientos subjetivos sin indicar las

razones por las cuales los inmuebles de su propiedad tienen vocación

de ser bienes de uso público, o están sujetos a zonas de cesión y,

además, tampoco se demostró una apropiación indebida de los

mismos, pues las propiedades a su nombre se ajustan a los

lineamientos de manejo y uso del espacio público y del POT, por lo

que no era del caso acceder a las pretensiones de la demanda.

Adujo que CORALINA no le comunicó decisión alguna por conductas

de sus colaboradores que afectaran el medio ambiente en la Isla; y

que la acción popular era improcedente en su contra, porque no se

cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144

del CPACA.

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Por lo anterior, propuso como excepciones: i) no agotamiento del

requisito de procedibilidad, ii) ineptitud sustantiva de la demanda, y

iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.4.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones estimó que el actor no realizó un relato fáctico que

permitiera concluir la vulneración de derechos colectivos, así como

tampoco los probó.

Destacó que lo pretendido por el accionante no se relacionaba con el

proceso de liquidación y supresión de Telecom, pues los bienes

objeto de dicho proceso, dada su naturaleza jurídica, no se

encontraban dentro del supuesto previsto en el artículo 48 de la Ley

1551, en la medida en que no eran bienes que tuvieran vocación de

uso público o zonas de cesión.

Señaló que el proceso de liquidación de Telecom fue sometido al

escrutinio constante de los órganos de control, sin que se haya visto

o demostrado irregularidad alguna constitutiva de ilegalidad, en

especial, para el presente caso, respecto de los valores asignados a

las operaciones de liquidación y traspaso de bienes.

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I.4.4. CORALINA señaló que cumplió con sus funciones como

autoridad ambiental en las diferentes zonas de la Isla, especialmente

el “Marino Tonino”, para lo cual se refirió a todas las actuaciones que

motivaron la imposición de la medida preventiva de suspender toda

actividad que implique la inadecuada disposición de residuos sólidos,

entre otros.

I.4.5. La Aeronáutica Civil sostuvo que no era cierto que dispusiera

de forma irregular de predios, puesto que los terrenos relacionados

en la demanda fueron adquiridos por el entonces Fondo Aeronáutico

en el año 1956, mediante escritura pública registrada en la oficina de

registros públicos de San Andrés en el Libro 1, D tomo 1 folios 152 y

153 No. 190.

Manifestó que los predios del radiofaro fueron adquiridos mediante

escritura pública registrada en el Libro 1D tomo 1, folio 152 núm.

189, bienes que, posteriormente, fueron englobados por escritura

pública núm. 222 del 4 de abril de 1983 de la Notaría Única de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, registrada en la Oficina de

Instrumentos Públicos, bajo la matrícula inmobiliaria No. 450-

00007338.

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Indicó que, por lo anterior, legalmente es propietaria del predio

desde el año 1956, sobre el cual recae la calidad de bienes de uso

público y, por consiguiente, son bienes inalienables, imprescriptibles

e inembargables, pues el aprovechamiento de los aeropuertos

públicos y de la infraestructura aeronáutica pertenece a todos los

habitantes del país, por ser una actividad destinada y afectada al

servicio público esencial de transporte aéreo (artículo 1811 del

Código de Comercio y el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 o Estatuto

Nacional del Transporte).

Precisó que un aeropuerto público o una radioayuda, no es una

unidad de explotación económica en los términos en que estos son

tratados por el derecho privado, porque dichos aeropuertos se

encuentran afectados al servicio y uso público en general y, además,

de conformidad con el artículo 1776 del Código de Comercio, fue

declarada de “utilidad pública”.

I.4.6. La Policía Nacional sostuvo que adquirió el dominio de los

predios bajo los parámetros legales y, además, no se indicó en las

matrículas inmobiliarias núm. 450-10008 y 450-23758, o en

cualquier otro documento, que la tradición tuviere alguna limitación

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al derecho de dominio “el cual posee la Institución hace treinta (30)

años, funcionando hasta hace poco el Centro Social y el Comando del

Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina, a no ser que la que la Dirección de Bienestar Social decida

que no va a desarrollar en el lote proyecto constructivo alguno”.

Destacó que al proceso no se aportaron pruebas para acreditar los

daños causados a las especies que habitan en el DEPARTAMENTO,

ni al lecho marino, ni de la vulneración de los derechos colectivos de

población raizal con motivo de la propiedad y destinación de los

bienes de su propiedad, pues por lo que se tenía era que cumplía su

misión, de conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la

Constitución Política.

Señaló que los lotes objeto de la demanda no son bienes de uso

público, sino fiscales de su propiedad, por tanto, no tiene asidero

jurídico las pretensiones de solicitud de protección de los derechos e

intereses colectivos, ya que al tratarse de un bien de esa naturaleza

puede disponer de él como lo ha hecho durante los últimos 33 años,

desde que fue transferido a título de donación por el

DEPARTAMENTO.

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Finalmente, reiteró que con la demanda no se aportó ningún medio

de prueba que acreditara los daños causados por la Policía Nacional

a la flora y fauna de la isla, ni al lecho marino ni a las especies que

lo habitan.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 26 de

marzo de 202111, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2022,

declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de CORALINA

y negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor

incumplió con la carga de la prueba, pues no acreditó los hechos,

acciones u omisiones que, a su juicio, configuraban la vulneración de

los derechos e intereses colectivos invocados.

11
Visible en el índice núm. 55 del expediente del Tribunal.

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Sostuvo que no era suficiente indicar que determinados hechos

vulneraban derechos e intereses colectivos, para dar por cierta su

afectación o vulneración, pues el demandante tenía la obligación de

probar los supuestos fácticos de sus alegaciones.

Adujo que de la lectura de las pretensiones de la demanda se podía

inferir que a través de la acción popular el actor perseguía: i) el

cumplimiento del mandato legal descrito en el artículo 48 de la Ley

1551; ii) el suministro de información y eventual cesión de los bienes

en posesión de entidades públicas o privadas conforme a la

normatividad referida; y iii) el cumplimiento legal de protección

ambiental por parte de CORALINA.

Al respecto, consideró evidente que las dos primeras pretensiones

formuladas por el actor estaban dirigidas al cumplimiento de un

mandato legal, por lo que su naturaleza se circunscribía a la acción

de cumplimiento y no a la acción popular.

Sin embargo, adujo que se debía analizar lo referente a la

vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público,

dadas las alegaciones respecto del deterioro, traspaso ilegal y

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ocupación de bienes, por lo que consideró que el asunto se debía

limitar “exclusivamente sobre los bienes inmersos entre la relación

de hechos referida por el actor y aquellos descritos en el art 48 de la

Ley 1551 de 2012, es decir, aquellos bienes que actualmente estén

destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión”.

Destacó que la procedencia de la acción popular estaba sujeta a que

de los hechos de la demanda se pudiera deducir una amenaza a los

derechos colectivos invocados, lo cual no se acreditó dentro del

proceso habida cuenta que el actor no probó una acción u omisión

por parte de las demandadas.

Sostuvo que el actor se enfocó en controvertir la Resolución núm.

04545 de 17 de julio de 2019, sin señalar la naturaleza de la violación

o explicar la forma en la que la declaración de la propiedad de un

inmueble a favor del DEPARTAMENTO contrariaba el artículo 48 de

la Ley 1551 de 2012.

Indicó que tampoco se demostró el deterioro de los bienes bajo la

tutela de la extinta DNE, el traspaso “ilegal” de inmuebles y la

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modificación del POT, de los cuales podría estructurarse una

pretensión de protección de derechos colectivos.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor sostuvo que en la sentencia objeto de recurso se

desconocieron los hechos históricos denunciados en la demanda, los

cuales eran de conocimiento de la comunidad y del mismo Tribunal,

el cual había proferido decisiones para su protección “como lo es el

caso de limpieza de la bahía de San Andrés de la cantidad de barcos

y naves hundidas debido a la desidia administrativa de la entonces

DNE y ahora SAE S.A.S., por lo tanto, nos encontramos ante una

incongruencia de sentencias proferidas por un mismo ente judicial”.

Sostuvo que la acción popular era el mecanismo idóneo para resarcir

la “desidia” administrativa por parte de particulares, al igual que las

omisiones de las autoridades competentes, que afectaba a todos los

habitantes de la Isla.

Señaló que los administradores de bienes incautados al narcotráfico

“lo han hecho de manera proterva, explotándolos, sacándoles dinero

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y dejándolos podrir porque nunca invirtieron un solo peso en su

mantenimiento y conservación: más de cien (100) embarcaciones

dejadas podrir debido al inicuo manejo que les dieron, y sin transferir

dividendos o rentas algunas al Departamento, que es el propietario

por mandato de la Ley”.

Indicó que el costo de vida en la isla era el más alto del país, pues la

mayoría de los alimentos provenían del interior, por lo que estimó

que de no presentarse los hechos expuestos en la demanda los

habitantes podrían gozar de mejores condiciones. Al respecto,

explicó que:

“[…] Entonces tenemos: ¿cuánto nos hubiéramos beneficiado en
nuestra economía doméstica y en la canasta familiar de los hogares
isleños, si estas más de cien (100) embarcaciones, en lugar de
dejarlas podrir, las hubieran puesto a disposición para transportar
bienes y servicios, víveres y abarrotes para el territorio archipiélago?
¿Cuántos empleos hubieran podido generar estas más de 100
embarcaciones? ¿Cuánto progreso y desarrollo hubieran podido
generar para nuestra población? ¿Cuánto bienestar hubieran podido
causar? Lo peor de todo, honorables magistrados, es que, después de
dejar podrir las embarcaciones y hundirlas en nuestra bahía, hay que
pagarles más dinero para que las extraigan del fondo de la bahía y
las chatarrice. Es decir, que, además, les tenemos que premiar con
nuestros recursos las nefastas consecuencias de sus inicuas
maquinaciones. De esta situación tiene conocimiento este mismo
Tribunal, ya que, a través de una acción popular, ordenó mediante
sentencia, a la extracción de muchas de estas embarcaciones, que
dejaron podrir los funcionarios de la antigua DNE y que estaban
sumergidas en la bahía de San Andrés y su posterior chatarrización

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en aras de frenar los daños ambientales que estaban causando al
ecosistema […]”.

Cuestionó las actuaciones adelantadas por la DNE, hoy SAE, respecto

de la administración de edificaciones relacionadas con procesos de

extinción del dominio de bienes producto del narcotráfico, pues

señaló que algunas de ellas “las dejaron podrir y hubo que

demolerlas”, amén de que los pagos realizados por los depositarios

de la SAE eran mínimos en comparación con sus rendimientos, lo

que era de conocimiento público.

Sostuvo que debía accederse a las pretensiones de la demanda y, en

consecuencia, ordenar a las accionadas cumplir lo previsto en el

artículo 48 de la Ley 1551.

Argumentó que el Tribunal desconoció lo previsto en el artículo 22 de

la Ley 1849 de 2017, que ordena que “una vez decretada la extinción

de dominio de los bienes localizados en el Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos deberán ser entregados

a la Gobernación Departamental, al igual que los rendimientos y

frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del

dominio”.

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Señaló que de conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley

393 de 29 de julio de 199812, la acción de cumplimiento no excluía el

ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho.

Finalmente, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda en los

siguientes términos:

“[…] Por lo anteriormente expuesto se solicita al Honorable Consejo
de Estado, instancia de acogimiento a la presente apelación, se sirva
proteger todos los derechos clamados en la presente demanda,
revocando la decisión del tribunal de San Andrés, y otorgarle la
prevalencia de que goza el derecho sustancial sobre el procesal, se
sirva recuperar el tiempo perdido, laxitud que aprovecharon los
transgresores de la ley para beneficiarse fraudulentamente de estos
bienes públicos y ordene se cumpla la medida cautelar solicitada de
congelar cualquier transacción financiera o comercial sobre estos
bienes públicos cuya protección se depreca, hasta tanto se decida de
fondo la sentencia merecida acerca de este proceso […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

FONTUR sostuvo que el actor no acreditó la vulneración de los

derechos colectivos invocados; y que si bien el actor en el relato

fáctico que realizó en la acción insinuó la existencia de acciones y

omisiones que implicaran la transgresión de esos bienes jurídicos, no

logró probar ninguna de tales afirmaciones”.

12
“Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”

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Adujo que en el recurso de apelación el actor no señaló cuáles eran

los medios de prueba que acreditaron los hechos expuestos en la

demanda, pues se limitó a indicar que eran “históricos” y

“ampliamente conocidos por la sociedad sanadresana”; además de

que debían de ser de conocimiento del Tribunal.

Señaló que en el recurso de apelación se incluyeron nuevas

manifestaciones, pues se afirmó que la población del departamento

está seriamente afectada, dado que tienen el costo de vida más alto

del país y elevados precios por el transporte de víveres, entre otros,

desde el centro del país, lo que se hubiera podido evitar con una

mejor administración de las embarcaciones del departamento.

Adujo que no era procedente valorar las nuevas situaciones fácticas

señaladas en el recurso de apelación, pues ello debía ser objeto de

estudio en la sentencia de primera instancia, además de que

constituían afirmaciones sin sustento probatorio.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Caso concreto

Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala considera

que se deben resolver los siguientes los problemas jurídicos:

i.- Examinar si se configuró la cosa juzgada respecto de los hechos

relacionados con la contaminación y destrucción del ambiente

marino, ante la existencia de embarcaciones siniestradas,

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abandonadas, secuestradas, decomisadas o retenidas en el

DEPARTAMENTO, con ocasión de la acción popular radicada con el

núm. 88001-23-31-000-2010-00028-01.

ii-. Determinar si dentro del proceso se acreditó probatoriamente la

vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor con

motivo de los hechos expuestos en la demanda, los cuales se

concretan en los siguientes puntos:

a.- Incumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1551,

respecto de la recuperación de bienes administrados por la SAE,

TELECOM, SEGUROS SOCIALES, MINISTERIO DE DEFENSA,

FONTUR, entre otros.

b.- La “desidia” en la administración de las edificaciones

pertenecientes a los antiguos hoteles “PALACÉ, GREEN MOON, MARY

LAND, MIRAMAR, LA MANSIÓN, AGUA HALLEY”, respecto de lo cual

se indicó que “en el sentir de la percepción ciudadana”, constituían

monumentos a la “desidia administrativa”, y afectaban los intereses

patrimoniales del departamento y de los empleados que prestaban

sus servicios en dichas construcciones.

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c.- Detrimento patrimonial del DEPARTAMENTO con motivo de la

venta de bienes a cargo de la SAE, los cuales, se indicó en la

demanda, se estaban vendiendo por debajo del avalúo real o

comercial, algunos de ellos sin consentimiento de la administración

departamental.

d.- Disposición irregular de terrenos por parte de la AERONÁUTICA

CIVIL y la POLICÍA NACIONAL.

e.- Expedición de actos administrativos por parte del

DEPARTAMENTO, los cuales se indicó vulneraban la moralidad

administrativa, dado que declararon terrenos baldíos en el territorio

del Archipiélago, para favorecer a FINDETER y la FUERZA AÉREA

COLOMBIANA, y que impactó negativamente un área considerable

de especial importancia ecológica.

De la cosa juzgada

Para resolver, la Sala precisa que la cosa juzgada fue definida en el

artículo 303 del Código General del Proceso –CGP -, en los siguientes

términos:

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“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión
[…]”.

De la disposición en comento se desprenden tres requisitos para la

configuración de la cosa juzgada, a saber: que (i) el nuevo proceso

verse sobre el mismo objeto; (ii) se funde en la misma causa que el

anterior; y (iii) entre ambos procesos haya identidad jurídica de

partes.

En consecuencia, la Sala determinará si respecto de la acción popular

radicada con el núm. 88001-23-31-000-2010-00028-01(AP) se

cumplen los tres requisitos atrás señalados:

En cuanto al objeto:

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Acción popular 2010-00028 Acción popular 2019-00049

Protección de los derechos Protección de los derechos
colectivos al goce de un colectivos a la moralidad
ambiente sano, a la moralidad administrativa, al goce del
administrativa, al goce del espacio público y la utilización y
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
defensa de los bienes de uso público, a la defensa del
público, a la defensa del patrimonio público y a la
patrimonio público y a la existencia del equilibrio
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
aprovechamiento racional de los recursos naturales para
recursos naturales para garantizar su desarrollo
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
restauración o sustitución.

De lo precedente se observa que ambas acciones populares guardan

identidad de objeto, pues fueron presentadas por la contaminación y

destrucción del ambiente marino, ante la existencia de

embarcaciones siniestradas, abandonadas, secuestradas,

decomisadas o retenidas en el Departamento de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, lo cual vulnera los derechos colectivos

a la moralidad administrativa, al goce de un ambiente sano y los

recursos naturales, al equilibrio ecológico y al goce del espacio

público y la utilización de la defensa de los bienes de uso público.

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En cuanto a la causa:

Acción popular 2010-00028 Acción popular 2019-00049

La Bahía de San Andrés Isla, “negligencia” de la Dirección
conocida como el balneario de Nacional de Estupefacientes -
Los Almendros se ha convertido DNE, hoy SAE, en el manejo de
en un cementerio de barcos. los bienes incautados por
narcotráfico, como lo era el caso
La Fiscalía General de la Nación de las embarcaciones “TARUD I,
junto con la Dirección Nacional TARUD II, MR. GOBY, BETTY
de Estupefacientes -DNE, son los LEE”, entre otras, los cuales se
responsables de realizar los dejaban destruir, al punto de
procesos de extinción de hundirse en la bahía, ocasionar
dominio sobre algunos de los problemas ambientales y
barcos que se encuentran obstaculizar la navegabilidad.
hundidos en la Bahía de San
Andrés Isla.

Abandono y hundimiento de las
motonaves “KARINA”,
“B´JUNIOR”, “PAMELA H”,
“CAPITÁN JONES”, “CAPITAN
GREGORY”, “SARA ISABEL”,
“CAPITAN´S, “PLAY LEWESKI”,
otros.

Las autoridades administrativas
o ambientales no han tomado
las medidas necesarias para
preservar y proteger las playas y
la Bahía de San Andrés Isla,
omisión grave que atenta contra
el derecho colectivo al goce del
espacio público.

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Visto lo anterior, la Sala considera que las acciones populares en

estudio tienen la misma causa, esto es, la presunta afectación

ambiental derivada de la “negligencia” de la SAE, respecto del

manejo de los bienes incautados por narcotráfico, los cuales se

dejaban deteriorar, como lo era el caso de las embarcaciones “TARUD

I, TARUD II, MR. GOBY, BETTY LEE”, entre otras, por lo que se

advierte el cumplimiento de dicho requisito.

Dicha conclusión se refuerza en el hecho de que en el proceso núm.

2010-00028-01, mediante sentencia de 27 de mayo de 2011,

confirmada por esta Sección a través del fallo de 23 de febrero de

2012, se impartieron las siguientes órdenes:

“[…]SEGUNDO: AMPÁRANSE los Derechos Colectivos al goce de un
ambiente sano y los recursos naturales; al equilibrio ecológico; y, el
goce del espacio público y la utilización de la defensa de los bienes de
uso público, vulnerados por la Dirección Nacional de Estupefacientes
–DNE-; el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Andrés Isla;
la Fiscalía General de la Nación; el Ministerio de Defensa Nacional -
Armada Nacional – Dirección General Marítima; la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – CORALINA; el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el Servicio
Nacional de Aprendizaje –SENA, Regional San Andrés; Javier Rafael
Álvarez Quintana; y Delford Brackman Forbes, y/o los secuestres o
depositarios oficiales o particulares que hagan sus veces, de
conformidad con lo consignado en la parte considerativa.

TERCERO: ORDENASE a la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
CORALINA, y a la Dirección General Marítima – DIMAR Capitanía de

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Puerto de San Andrés que realicen de manera conjunta, un
informe técnico donde identifiquen y determinen, una a una
respecto de cada nave, el estado físico y la persona o entidad
responsable de cada una de las demás embarcaciones,
ubicadas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la Isla de
San Andrés, que se encuentran fondeadas, en estado de
abandono y/o siniestradas, secuestradas, decomisadas y/o
retenidas, con el objeto de establecer cuáles de ellas pueden
y deben ser retiradas del mar por constituir algún tipo de
amenaza para el ambiente marino.

El informe deberá efectuarse y entregarse a este Tribunal en un plazo
máximo de un (1) mes contado desde la ejecutoría de esta
providencia, conforme lo razonado.

CUARTO: ORDÉNASE que, una vez se reciban los resultados del
informe técnico, las entidades que tuviesen a su cargo como
depositantes y/o depositarias, alguna motonave (Dirección Nacional
de Estupefacientes-DNE-, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de San Andrés Isla; la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de
Defensa Nacional- Armada Nacional- Dirección General Marítima; el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina; el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-, Regional San
Andrés, Javier Rafael Álvarez Quintana; y Delford Brackman Forbes,
y/o los secuestres o depositarios oficiales o particulares que hagan
sus veces), procedan, en caso de que así lo determine el informe
técnico, a ejecutar la remoción o mantenimiento de la
embarcación que corresponda, en un plazo máximo de tres (3)
meses, contados desde el día siguiente al que se les ponga en
conocimiento su deber. En proceso de remoción y/o
mantenimiento, deberán prestar su colaboración y asesoría técnica la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA-, y la Dirección
General Marítima – DIMAR – Capitanía de Puerto de San Andrés,
conforme lo motivado.

En el caso que no se logre establecer el responsable de una
embarcación o ésta se encuentre en estado de abandono, la carga de
su remoción le corresponderá al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en conjunto con la Dirección
General Marítima – DIMAR – Capitanía de Puerto de San Andrés, para
lo cual las entidades podrán repetir contra los particulares
propietarios, secuestres, depositarios, funcionarios públicos y/o
responsables de las motonaves.

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QUINTO: Dentro del ámbito de la colaboración armónica que
establece la Constitución se PREVENDRÁ a las diferentes entidades
del estado accionadas para que a futuro dentro del marco
constitucional y legal ejerzan, de manera pronta y enérgica, sus
competencias con el objeto de evitar la ocurrencia de los hechos
generadores de la presente acción popular y con ello evitar que se
continúen vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y los recursos naturales, al equilibrio ecológico, y el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público,
por hechos como los aquí tratados...” (Resaltado de la Sala).

En cuanto a los sujetos procesales:

Identidad de la parte actora:

Sobre este aspecto, la Sala precisa que la coincidencia de la parte

actora no es relevante para establecer la identidad de parte13, habida

cuenta que, por tratarse de una acción popular, cualquier persona

podrá acudir a este medio de control para obtener la protección de

los derechos colectivos conculcados, de manera que en el asunto sub

examine resulta inane determinar si las acciones en estudio fueron

promovidas por actores diferentes.

Identidad de la parte demandada

13
Ver providencias de 20 de febrero de 2014 (Expediente núm. 15001233300020130014902, consejera
ponente María Elizabeth García González) y 26 de noviembre de 2015 (Expediente núm. 17001 23 33
000 2013 00313 02, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala).

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En los referidos procesos, intervienen las siguientes partes

demandadas:

Acción popular 2010-00028 Acción popular 2019-00049

• Departamento de San Andrés, - Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Providencia y Santa Catalina.

• Corporación para el Desarrollo - Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de Sostenible del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – CORALINA. Catalina – CORALINA.

• Dirección Nacional de - Sociedad de Activos Especiales
Estupefacientes DNE (Hoy – SAE.
Sociedad de Activos Especiales –
SAE) - Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional.
• Ministerio de Defensa Nacional
— Armada Nacional — Dirección - Ministerio de Defensa Nacional
General Marítima – DIMAR. – Fuerza Aérea Colombiana

• Rama Judicial — Dirección - Ministerio de Tecnologías de la
Ejecutiva de Administración Información y de las
Judicial. Comunicaciones

• Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil

• Fondo Nacional del Turismo –
FONTUR

• Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P.

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Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00049-01
Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que las autoridades

accionadas dentro de la presente acción popular también actuaron

dentro de la referida acción popular, por lo que se advierte el

cumplimiento del citado requisito a pesar de que, como quedó visto,

en la acción popular de la referencia figuren entidades adicionales.

Cabe señalar que esta Sección en un caso de similares

características, consideró lo siguiente14:

“[…] Al respecto, es del caso tener en cuenta que la Sala ha precisado
que en materia de acciones populares la excepción de cosa juzgada
respecto de las partes, aunque estas no sean idénticas en el cotejo,
lo relevante es que tanto los responsables de la vulneración y la
comunidad titular del derecho o el grupo determinado o determinable
sean los mismos. Así lo sostuvo la Sala en providencia 12 de junio de
2008 (Expediente nro. 2005-90013-01(AP), Consejero ponente:
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta):

“[…] Entonces, en materia de acciones populares, la excepción de cosa
juzgada respecto de las partes ocurre aunque ellas no sean idénticas
en los procesos que se cotejan, pues lo relevante es que los
responsables por la afectación al derecho colectivo invocado sean los
mismos, y que no obstante la calidad difusa de la comunidad titular del
derecho, el grupo -determinado o determinable- afectado con la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos comprometidos,
también sea el mismo […]” […]”.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que respecto de los hechos

relacionados con la contaminación y destrucción del ambiente marino

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
octubre de 2017, Expedientes acumulados: 73001-23-33-000-2013-00072-01 y 73001-23-33-006-
2014-00197-00, CP. María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00049-01
Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

ante la existencia de embarcaciones siniestradas, abandonadas,

secuestradas, decomisadas o retenidas en el Departamento de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina se configuraron los requisitos

para declarar probada la cosa juzgada, pues mediante la sentencia

de segunda instancia, de 23 de febrero de 2012, se decidió lo relativo

a la protección de los derechos colectivos invocados con motivo de

tales hechos, razón por la que se declarará probada de oficio la

excepción de cosa juzgada en la parte resolutiva de la sentencia.

De la vulneración de los derechos colectivos

Previo a establecer si está acreditada la vulneración de los derechos

colectivos en los términos manifestados por el actor en su demanda,

la Sala precisa que con el recurso de apelación éste presentó nuevos

argumentos para sustentar la transgresión de los derechos, pues

afirmó que la población del DEPARTAMENTO está seriamente

afectada por el aumento del costo de vida, que es el más alto del

país, dado los elevados precios por el transporte de víveres, entre

otros; y que el ente territorial asumió costos adicionales de

funcionamiento.

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Número único de radicación: 88001-23-33-000-2019-00049-01
Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

En consecuencia, dado que dichos hechos no fueron expuestos en la

demanda, la Sala considera que no resulta procedente un

pronunciamiento, en esta instancia, respecto de los mismos, toda vez

que las partes no tuvieron la oportunidad de controvertirlos,

aceptarlos, solicitar o aportar pruebas y, en general, ejercer las

garantías propias del debido proceso.

Para efecto de resolver el segundo problema jurídico, la Sala

relacionará los medios de convicción pertinentes y conducentes para

establecer la presunta vulneración de los derechos colectivos

invocados:

• Resolución núm. 04545 de 17 de julio de 2019, “Por la cual se

declara la propiedad de un bien baldío urbano”, expedida por el

gobernador (E) del DEPARTAMENTO en la que se resolvió lo

siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECLARACIÓN. Declarar mediante el
presente acto el dominio pleno a nombre del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
conformidad con el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, respecto de
los bienes baldíos urbanos localizados en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
identificados con el número predial o cédula catastral, cuya área y
linderos se describen de acuerdo al numeral 1º del artículo 16 de la

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

Ley 1579 de 2012, de conformidad con el siguiente listado y se
determina con el Plano Predial Catastral No. 88-001-106-0000080-
2019 expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de
conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional 2157 de 1995,
que se anexa como parte integrante de la presente resolución.

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRO, En atención a lo anterior,
solicitamos la apertura del folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente y la inscripción del acto administrativo en el folio de
matrícula inmobiliaria de acuerdo a la Instrucción Administrativa No.
03 de 2015 […]”.

• Informe de 9 de diciembre de 202015, el cual tuvo como asunto:

“Informe Final de ejecución convenio interadministrativo 053 de

2019 suscrito entre el Departamento Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina y la Sociedad de Activos Especiales SAE

– S.A.S.”, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] 1. Antecedentes

El 27 de mayo de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina amparó los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y los recursos naturales; al
equilibrio ecológico; y, el goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público y ordenó, que de conformidad
con el informe técnico de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –
CORALINA y la Dirección General Marítima – DIMAR, las entidades
que tuviesen a su cargo alguna motonave que se encuentre fondeada,
en estado de abandono y/o siniestradas, secuestradas, decomisadas
y/o retenidas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la isla de San
Andrés, procedan a ejecutar la remoción y/o mantenimiento de la
embarcación que corresponda.

15
El citado informe fue aportado por la SAE y suscrito por el gerente de proyectos especiales, el capitán
de puerto de San Andrés Isla, el director de CORALINA, y el secretario de servicios públicos y medio
ambiente.

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

De conformidad con el fallo antes citado, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina – CORALINA y la Dirección General Marítima – DIMAR
– Capitanía Puerto de San Andrés, deberán prestar su colaboración y
asesoría técnica a las entidades correspondientes en el proceso de
remoción y/o mantenimiento de las embarcaciones ubicadas en la
bahía o zonas marítimas aledañas a la Isla de San Andrés, que se
encuentran fondeadas, en estado de abandono y/o siniestradas,
secuestradas, decomisadas y/o retenidas.

El 25 de abril de 2019 la Dirección General Marítima – DIMAR -
Capitanía de Puerto de San Andrés presentó el informe técnico con
número de radicado 17201900491 MD-DIMAR-CP07-AMERC,
mediante el cual determinó que se encuentran un total de trece (13)
embarcaciones mayores siniestradas, cuatro (4) embarcaciones
menores y cinco (5) cascos no identificados, sumergidos en la bahía
de San Andrés. En el mismo informe técnico, se señaló el propietario
de cada una de las embarcaciones, de la siguiente forma:

Embarcación Propietario Coordenadas
de ubicación
B JUNIOR I (TIPO BAYRON FRANCISCO Lat: 12.57522 Lon: -
PESCA) BENT WILLIAMS 81.70227
SAN JOSÉ JHON ALBERTO PINTO Lat: 12.57539 Lon: -
HURTADO 81.70209
CHAMBERO HERNAN DANIEL REINA Lat: 12.5695 Lon: -
SALCEDO y LUIS 81.70147
MARTÍN NARVAE
BLU FIN DEPARTAMENTO Lat. 12.56951 Lon. -
81.70148
LADY V JOHN ALBERT TAYLOR Lat. 12.56949 Lon. -
NEWBALL 81.70147
NAM 8 NO REGISTRA Lat. 12.56805 Lon. -
81.70194
DOÑA MARLENE MANUEL BERRIO Lat. 12.56805 Lon. -
MEDRANO 81.70194
BONITA 2 DANIEL WILSON Lat. 12.54703 Lon. -
SINISTERRA QUIÑONEZ 81.69798
PAMELA H NO REGISTRA Lat 12.57539 Lon. -
81.70209
SALSIPUEDES NO REGISTRA Lat. 1Z56811 Lon. -
81.70198
CAPITÁN GREGORY NO REGISTRA Lat. 12.57583 Lon. -
81.69929
FAR STAR JULIO GALLARDO Lat. 12.57583 Lon. -
FLOREZ 81.69929

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MEMORY JORGE Lat. 12.54059 Lon. -
PORTOCARRELLO PEÑA 81.70049
LISSA COLLINS JHON ALBERTO PINTO Lat. 12.57539 Lon. -
HURTAD 81.70209
ILUMINADA ALBERIRO ELIAS Lat. 12.57584 Lon: -
RONDON DURANGO 81.69893
CAPITAN JHONS NO REGISTRA Lat. 12.57583 Lon. -
81.69929
NO IDENTIFICADA 1 NO REGISTRA Lat. 12.57976 Lon: -
81.69168
NO IDENTIFICADA 2 NO REGISTRA Lat. 12.57976 Lon. -
81.69168
NO IDENTIFICADA 3 NO REGISTRA Lat. 12.54059 Lon. -
81.70049
NO IDENTIFICADA 4 NO REGISTRA Lat. 12.57921 Lon. -
81.68161
NO IDENTIFICADA 5 NO REGISTRA Lat. 12.57539 Lon. -
81.70209

De las embarcaciones señaladas anteriormente, 3 se encuentran a
cargo de la SAE S.A.S. y el resto están a cargo de la Dirección General
Marítima – DIMAR y la Gobernación de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en conjunto. Adicionalmente, la SAE S.A.S. tiene bajo
su administración la embarcación TANYA LEE, la cual, de conformidad
con el informe técnico del perito marítimo del 30 de agosto de 2018,
se le asignó un valor por su venta como chatarra.

2. Contrato Interadministrativo 1879 de 2019

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina como ente territorial no cuenta con recursos técnicos y
especializados para coordinar las actividades de corte, sustracción,
retiro, remoción de las embarcaciones que se encuentran fondeadas,
en estado de abandono y/o siniestradas, secuestradas, decomisadas
y/o retenidas en la bahía de San Andrés. No obstante, la SAE S.A.S.
cuenta con la idoneidad y experiencia en la administración de
embarcaciones. Lo cual incluye, la contratación de particulares
especializados para la remoción y disposición final de estos activos.
Por tal motivo, esta sociedad presentó propuesta para prestarle el
servicio de intermediación en la remoción de las motonaves a cargo
de la administración departamental.

En consecuencia, en el marco del Convenio Interadministrativo
señalado y para dar cumplimiento al fallo de acción popular antes
citado, el Departamento y la SAE S.A.S. acordaron celebrar contrato
interadministrativo 1879 de 2019 que establece los términos del
servicio que prestará esta sociedad al encargarse de coordinar y

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ejecutar la operación de remoción de las embarcaciones que están a
cargo del Departamento. Así como, permite repartir entre ambas
entidades los costos comunes a la operación de remoción de las
embarcaciones.

De las 22 embarcaciones mencionadas anteriormente, el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, realizó la correspondiente priorización y se estableció que
las embarcaciones objeto del presente convenio serían las siguientes:

i) B JUNIOR I (TIPO PESCA): La embarcación se encontraba
emplayada en el sector conocido como los almendros, presentaba un
avanzado estado de deterioro, oxidación total de la embarcación,
pérdida parcial de la super estructura, cubierta y láminas en general,
además de aparente desmantelamiento total de las estructuras
internas.

(…)

ii) SAN JOSÉ (TIPO PESCA): La embarcación se encontraba encallada,
semisumergida en el sector conocido como “los Almendros”, presenta
un avanzado estado de deterioro; oxidación total de la embarcación,
pérdida total de la super estructura, cubierta y láminas en general y
desmantelamiento total de las estructuras internas.

(…)

iii) Lissa Collins (TIPO PESCA): La embarcación se encontraba
encallada, semisumergida en el sector conocido como “los
Almendros”, presenta un avanzado estado de deterioro; oxidación
total de la embarcación, pérdida total de la super estructura, cubierta
y láminas en general y desmantelamiento total de las estructuras
internas.

(…)

iv) Pamela H: Se encuentra en su totalidad sumergida en el sector de
“Los Almendros”, sólo se logra evidenciar una parte de la proa en
material de fibra de vidrio bastante deteriorado.

(…)

Atendiendo a lo anterior y en el marco del contrato
interadministrativo, se realizó un concurso público, con el objeto de
contratar la prestación del servicio para remover, desguazar,

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remolcar, transportar y realizar la disposición final de las
embarcaciones ubicadas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la
isla de San Andrés que se encuentran fondeadas, en estado de
abandono y/o siniestradas, secuestradas, decomisadas y/o retenidas,
según la priorización realizada por el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los recursos disponibles
para tal efecto.

Una vez presentados los informes de evaluación jurídico, financiero
técnico y económico, se adjudicó el proceso de concurso público No.
07-2019, al proponente Consorcio Salvamentos Ambientales San
Andrés Islas y Providencia, quienes cumplían a cabalidad con los
requisitos mencionados anteriormente.

El 23 de septiembre de 2019, la SAE S.A.S. suscribió el contrato 084
de 2019 con el Consorcio Salvamentos Ambientales San Andrés Islas
y Providencia y el 7 de octubre del año en curso, luego de la debida
legalización de contrato y aprobación de las pólizas correspondientes,
se suscribió el Acta de Inicio.

3. Ejecución del Contrato 084 de 2019

3.1 Metodología de Remoción

Al iniciar el proyecto, el remolcador oceánico Oscar Eduardo efectuó
remolque de la barcaza DON ALBERTO desde el puerto de Cartagena
hasta la zona de fondeo de San Andrés Islas. La Barcaza DON
ALBERTO se designó como plataforma de trabajo y como modo de
transporte principal de todo el material rescatado del mar. Esta
modalidad buscó evitar mayor impacto ambiental por actividades de
desplazamiento desde la costa de vehículos de carga pesados que
puedan alterar el ecosistema de playa. La barcaza estaba dotada de
una grúa principal, un montaje tipo marco alfa (A- frame) con un
winche para izar y estabilizar la carga. -Se denominó “carga” a las
estructuras parciales o totales sumergidas o semisumergidas
incluidas en el presente contrato-. Además, se contó con
compartimentos estancos e independientes que podían ser utilizados
en el momento dado para almacenar aguas aceitosas o contaminadas
si era necesario para evitar una contaminación por derrame. Sobre
cubierta se contó con contenedores de líquidos contaminados en caso
de ser requeridos.

El remolcador se desempeñó como nave de apoyo y asumió el rol de
nave de atención de derrames, abordo se llevaron booms, o barreras
antiderrames, con sus respectivos kits con suficiente material

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oleofílico para evitar un escape de hidrocarburo procedente de la
operación.

Al arribar al puerto de San Andrés se efectuaron los trámites
pertinentes de arribo ante las autoridades competentes y una vez se
protocolizó y se obtuvo la libre práctica, se procedió a ubicar la
barcaza en las diferentes zonas de remoción de las motonaves
hundidas B Junior, Lissa Collins, San José y un casco de velero de
fibra de vidrio sin nombre identificado como Pamela H.

Debido a que las motonaves, o lo que queda de ellas, se encontraban
dentro de un radio menor a 1 km, se consideró una sola zona
geográfica, recibiendo la misma afectación por las actividades
posteriormente relacionadas y descritas en detalle. Esto implicó que
el plan de manejo ambiental para cada embarcación tuvo en común
las medidas preventivas, de contingencia, de reparación y
compensación ambiental, al término de la maniobra.

Para describir en detalle el paso a paso de las maniobras, es necesario
ubicar geográficamente las embarcaciones hundidas y relacionar las
particularidades de su estado de deterioro, ya que las tres se
diferencian entre sí y esto requirió un manejo diferente para su
desguace. La primera embarcación extraída del agua fue la
denominada B. Junior, luego se procedió a sacar el casco de fibra de
vidrio denominado Pamela H, luego los restos de la motonave San
José y por último se rescatará la estructura restante de la M/N Lissa
Collins.

(…)

3.2 Inicio de la ejecución contrato 084 de 2019.

El 15 de octubre de 2019, el contratista de la Sociedad de Activos
Especiales presentó ante la Oficina de Control, Circulación y
Residencia – OCCRE la solicitud para el permiso de residencia
temporal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para el personal encargado de ejecutar las operaciones de
remoción de las motonaves; el cual fue otorgado el 5 de noviembre.
El mismo 15 de octubre, el Consorcio solicitó a la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina – CORALINA la complementación de los Planes de
Manejo Ambiental de las embarcaciones B Junior, San José, Lissa
Collins y Pamela H.

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El 22 de octubre de 2019, el contratista presentó ante CORALINA la
solicitud para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para la
embarcación Chambero y según lo acordado en la reunión de
Supervisión del Convenio 053 de 2019 del 4 de octubre de 2019, se
indicó que en caso de retirarse alguna embarcación adicional que se
encuentre en el listado del informe técnico de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina – CORALINA y la Dirección General Marítima – DIMAR,
que deben ser objeto de remoción en cumplimiento del fallo del
Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se aplicará el mismo procedimiento descrito para la
motonave Chambero.

El 7 de octubre inician las labores de alistamiento del equipo para
zarpe a la bahía de San Andrés.

(…)

Del 5 al 13 de noviembre de 2019 por mutuo acuerdo con el
contratista, fue suspendido el Contrato 084 de 2019, debido a que las
condiciones meteomarinas generaron que el zarpe de las
embarcaciones y equipos necesarios para la ejecución de la operación
no fuera seguro y por tanto se imposibilitó durante dichos días cumplir
el objeto contractual. El contrato reinició cuando se contó con
pronósticos oficiales favorables para realizar el zarpe.

El 11 de noviembre de 2019 zarpó el remolcador OSCAR EDUARDO,
junto con parte del personal de trabajo e inició la ejecución de
actividades necesarias para la remoción de las motonaves. El 13 de
noviembre de 2019 arribó a San Andrés el remolcador Oscar Eduardo.
Durante la ejecución del contrato personal de la Sociedad de Activos
Especiales supervisó que las actividades se realizaran correctamente.

Adicionalmente, el 4 de diciembre arribó Remolque Barcaza DON
ALBERTO J a San Andres Isla con el remolcador MISS CHLOE.

3.2.1 Remoción B Junior

• 21 de noviembre 2019: una vez termina el proceso con Tanya Lee,
el equipo de trabajo se desplaza a “Los Almendros”, para iniciar las
labores de remoción de B Junior. En primer lugar, se instala la barrera
y se acondiciona el lugar para comenzar con el corte superficial de la
embarcación.

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• 22 de noviembre de 2019: se realiza el corte superficial de la super
estructura.

• 23 de noviembre de 2019: termina el corte superficial, se alista el
material cortado y se recoge la barrera protectora.

• 13 de diciembre de 2019: se sube el material cortado a la barcaza.

• 16 de diciembre de 2019: se trasladan a los almendros para iniciar
el corte subacuático.

• 17 de diciembre de 2019: se realizan trabajos de corte
subacuático, recolectan aceites basuras flotantes y controlan
barreras, Soldadores aseguran carga y sueldan al casco a manera de
"mamparos", Grúa del remolcador apoya en la estiba de material
ferroso en la barcaza

• 18 de diciembre de 2019: Corte e izaje de popa de B JUNIOR.

-19 de diciembre de 2019: termina la remoción de esta embarcación,
y se realiza la inspección y limpieza de lugar de Trabajo.

3.2.2 Remoción Pamela H.

• 17 de diciembre de 2019: Izaje de casco de fibra denominado
PAMELA H con A frame y dispuesto en cubierta de la barcaza; ese
mismo día termina la remoción de esta embarcación.

3.2.3 Remoción Lissa Collins

• 19 de diciembre de 2019: se realizan laborares de inspección y corte
a embarcación.

• 20 de diciembre de 2019: se acondiciona el área de trabajo y se
extraen elementos pesados de la embarcación.

• 21 de diciembre de 2019: extracción y estiba de Material cortado.

• 23 de diciembre de 2019: izaje y posterior estiba del casco, limpieza
de la zona.

(…)

3.2.4 Remoción San José

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• 20 de diciembre de 2019: Protección de zona de Trabajo SAN JOSE.

• 25 de diciembre de 2019: trabajos del Corte casco y proa.

• 26 de diciembre de 2019: Corte casco bodegas e izaje de piezas
cortada a la cubierta de la barcaza.

• Desde el 27 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre se realizó el
corte del casco de la embarcación.

• 30 de diciembre de 2019: Adecuación de piezas para
aseguramiento de estiba en la barcaza seguro para remolque,
preparativos para zarpe de barcaza y remolcadores, limpieza y
aseguramiento de área de trabajo.

3.2.5 Elementos Adicionales

Adicional a las 4 embarcaciones objeto del contrato de prestación de
servicio, se retiraron 2 embarcaciones más, las cuales estaban
listadas en la priorización realizada por el departamento

• ADICIONAL 1: Estructura no identificada No. 5 Embarcación fibra
de vidrio – Ubicación; hundida al costado de la proa del Bryan Junior.
(…)

ADICIONAL 2: Embarcación Salsipuedes, embarcación fibra de vidrio
sumergido al costado de estribor del Chambero.

(…)

Asimismo, durante la ejecución del contrato se retiraron otro tipo de
elementos, que se encontraban en el lugar de trabajo.

ADICIONAL 3, 4, 5 y 6: pontón en acero sumergido al costado de
estribor del Chambero; montacargas y pilote de concreto y acero,
sumergidos al costado de babor del Chambero; reja en acero
sumergida al costado de babor popa del San José.

(…)

Al 30 de diciembre, se finalizaron las actividades de remoción, se tiene
previsto que durante la primera semana de enero terminen de
acomodar las piezas en la barcaza y se encuentre lista para zarpar.

4. Embarcaciones a cargo de SAE.

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Adicionalmente, por parte de las embarcaciones bajo la
administración de la Sociedad de Activos Especiales se removieron
dos de ellas, que estaban incluidas en la priorización:

4.1. Remoción Chambero embarcación que se encontraba
semisumergida en el sector junto a la Estación de Guardacostas de
San Andrés Isla y Antillana, la cual presentaba un avanzado estado
de deterioro; oxidación parcial de la embarcación, conserva aún un
poco de pintura en el casco y la superestructura (Colores: azul y
blanco), pérdida parcial de la súper estructura, cubierta y láminas en
general, además de aparente desmantelamiento total de las
estructuras internas

(…)

El procedimiento de disposición de la motonave fue el mismo de las
demás embarcaciones, descrito con anterioridad.

4.2. Remoción Tanya Lee: La Sociedad de Activos Especiales tenía
bajo su administración la embarcación TANYA LEE, la cual, de
conformidad con el informe técnico del perito marítimo del 30 de
agosto de 2018, se le asignó un valor por su venta como chatarra y
fue adecuada para remolcar hasta la ciudad de Cartagena, en la cual
se dispuso definitivamente:

(…)

5. Conclusiones

En relación con labores realizadas y descritas anteriormente, se
concluye que las partes han dado cumplimiento al objeto asociado al
convenio interadministrativo 053 de 2019. Adicionalmente, La
Sociedad de Activos Especiales ha dado cumplimiento al 100% del
contrato interadministrativo 1879 de 2019 suscrito con el
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

De igual manera, es importante resaltar que a través de las
operaciones realizadas se da cumplimiento al fallo de la sentencia del
27 de mayo de 2011, con número de radicado 88-001-23-31-002-
2010-0028-00.

Asimismo, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas y el costo
asociado, se sugiere a la Gobernación del Departamento Archipiélago

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tomar las acciones
pertinentes contra los dueños y/o entidades encargadas de las
embarcaciones removidas a cargo de la Gobernación. Este es el caso
de Doña Marlene y Salsipuedes, embarcaciones que se encontraban
a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, es importante destacar que, al realizar las actividades de
remoción en conjunto, se obtuvo un beneficio de economía de escala,
en términos de los costos de remoción, transporte y limpieza […]”.

• Copia de las escrituras públicas núms. 442 de 12 de septiembre de

196816, 3 de 7 de abril de 197117, 211 de 11 de junio de 197518, 652 de

29 de diciembre 197719, 220 de 25 de marzo de 198320, 1177 de 5 de

octubre de 200621 de la Notaria Única de San Andrés Islas.

• Copia del certificado de tradición del inmueble identificado con la

matricula núm. 450-733822.

• Copia de la escritura pública núm. 1286 de 23 de diciembre de 2011 de

la Notaria Única de San Andrés Islas, correspondiente al inmueble ubicado

en el sector “CARPENTER YARD – ROAKE LOTE UNO O PRIMERA SECCIÓN

– AVENIDA NICARAGUA ROCK – CALLES 5 B No. 1 – 34 Y 5 A-33/5 A – 02

AVENIDA NEWBALL”, la cual fue aportada por la Policía Nacional.

16
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “E/R Terrena”
17
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “Centro de Experiencia”
18
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “Casas Fiscales”
19
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “Centro de Experiencia”
20
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “E/R Buenavista”.
21
El cual se indicó hacía referencia al inmueble “Concentrador Natania, Proyecto Compartel”.
22
El cual el cual corresponde al “Aeropuerto”

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado en

precedencia, la Sala se pronunciará respecto de los hechos expuestos

en la demanda y que se relacionan con los derechos colectivos

invocados, a efectos de determinar su vulneración.

Del cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Ley

1551

En este punto, la Sala advierte que el Tribunal en la sentencia objeto

de recurso consideró que era evidente que las dos primeras

pretensiones formuladas por el actor estaban dirigidas al

cumplimiento de un mandato legal, por lo que su naturaleza se

circunscribía a la acción de cumplimiento y no a la acción popular.

Sin embargo, adujo que se debía analizar lo referente a la

vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público,

dadas las alegaciones respecto del deterioro, traspaso ilegal y

ocupación de bienes, por lo que consideró que el asunto se debía

limitar “exclusivamente sobre los bienes inmersos entre la relación

de hechos referida por el actor y aquellos descritos en el art 48 de la

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Ley 1551 de 2012, es decir, aquellos bienes que actualmente estén

destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión”.

Por su parte, el actor en el recurso de apelación interpuesto señaló

que debía cumplirse lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1551; y

que el Tribunal desconoció lo señalado en el artículo 22 de la Ley

1849, que ordena que “una vez decretada la extinción de dominio de

los bienes localizados en el Archipiélago de San Andrés, Providencia

y Santa Catalina, estos deberán ser entregados a la Gobernación

Departamental, al igual que los rendimientos y frutos que se generen

antes de la declaratoria de extinción del dominio”.

Adicionalmente, el recurrente señaló que, de conformidad con lo

previsto en el artículo 8° de la Ley 393, la acción de cumplimiento no

excluye el ejercicio de la acción popular para la reparación del

derecho.

Visto lo precedente, la Sala encuentra que la primera pretensión de

la demanda está relacionada con el cumplimiento del deber legal

previsto en el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, respecto de lo cual,

y de acuerdo con lo considerado por el Tribunal, el estudio que debe

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efectuarse se circunscribe a determinar la presunta vulneración del

derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, dadas las

alegaciones respecto del deterioro, traspaso ilegal y ocupación de

bienes.

De igual forma, es de precisar que el análisis de los hechos de la

demanda referentes al deterioro, traspaso ilegal y ocupación de

bienes se circunscribe a los relacionados en la demanda y que

cumplan con las condiciones previstas en el artículo 48 de la Ley 1551

de 2012, que prevé:

“[…] Artículo 48. Las entidades públicas del orden nacional deberán
ceder mediante resolución administrativa a título gratuito a las
entidades del orden municipal o distrital en las cuales se hallen
ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad, que actualmente
estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión.

La entidad pública deberá expedir la resolución dentro de los tres
meses siguientes a la solicitud que presente el Alcalde municipal,
vencido este término operará el Silencio Administrativo positivo a
favor del municipio. La declaración del silencio hará las veces de título
de propiedad del inmueble.

Facúltese a las Entidades Públicas Nacionales para cancelar mediante
resolución administrativa, los gravámenes que actualmente recaen
sobre los inmuebles a ceder a las entidades territoriales.

Para efectos de la cancelación y liberación de gravámenes en lo
referente al cobro de la tarifa de derechos de registro, se entenderá
como acto sin cuantía.

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En las resoluciones administrativas de cancelación de gravámenes no
se requerirá indicar el valor del gravamen que se cancela, ni el monto
por el que fue constituido.

Los municipios podrán invertir recursos públicos en las áreas públicas
que aparecen en los asentamientos humanos de origen ilegal
constituidos por viviendas de interés social, con el fin de asegurar los
derechos fundamentales de las personas que allí viven y garantizará
que se presten los servicios públicos.

En los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o
de cualquier orden exigen como requisito para financiar o cofinanciar
proyectos de inversión con los municipios , prueba de la propiedad de
los bienes que van a ser objeto de intervención , bastará con que
estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o
a la prestación de un servicio público por parte de la entidad territorial
o de la comunidad a través de junta de acción comunal, mientras no
exista oposición de un tercero […]” Inciso modificado por el art. 2 de
la Ley 2140 de 2021

Respecto de la norma idem, en un caso de similares características,

esta Sección consideró que23:

“[…] La norma establece dos supuestos para que haya lugar a que
entidades públicas del orden nacional efectúen la cesión de bienes o
terrenos a título gratuito a entidades del orden municipal o distrital:
1. Que los bienes o terrenos se encuentren ubicados en el territorio
del ente que efectúe la petición; y 2. Que esos bienes o terrenos estén
destinados o tuvieran vocación de uso público o zonas de cesión.

Así las cosas, se tiene que si bien en el caso concreto el predio
controvertido está ubicado en la Isla y su posesión la ostenta el
MINISTERIO DE DEFENSA, como consta en el certificado de
Tradición – Matricula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de San Andrés el 22 de mayo de 2018, lo
cierto es que, como ya se indicó, el bien no nació a la vida jurídica
como de uso público ni mucho menos como zona de cesión, sino como
un bien de uso fiscal, por lo que no es dable concluir, como lo pretende
el actor, que la no aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 afectara

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio
de 2023, Rad. 88001-23-33-000-2019-00043-01, CP. Nubia Margoth Peña Garzón .

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los derechos colectivos invocados, puesto que no se cumplen los
requisitos allí señalados para su procedencia, específicamente, la
exigencia de que la naturaleza del bien o terreno cuya cesión se
pretende sea de uso público o zona de cesión.

En este orden, la Sala concluye que le asistió razón al a quo al declarar
no probada la amenaza o vulneración de los derechos colectivos a la
protección de los bienes de uso público y patrimonio público,
comoquiera que no era procedente la aplicación del artículo 48 de la
cita Ley, como fue solicitado por la comunidad raizal […]”.

Visto lo anterior, y una vez analizadas las pruebas aportadas al

proceso, la Sala considera que el actor incumplió con la carga de la

prueba que le correspondía, pues tenía el deber de precisar y probar

los hechos de los cuales estimaba la amenaza o vulneración de los

derechos colectivos alegados en la demanda, específicamente lo

relativo a la exigencia de que la naturaleza del bien o terreno cuya

cesión se pretende sea de uso público o zona de cesión.

En efecto, en el asunto objeto de análisis, el actor no aportó material

probatorio alguno para demostrar la existencia de la vulneración de

los derechos colectivos invocados con motivo de lo que, a su juicio,

constituía un incumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Ley

1551.

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Por el contrario, las accionadas al contestar la demanda relacionaron

los bienes inmuebles que están a su cargo, sin que se adviertan

pruebas que acreditaran actuación irregular alguna, por lo que el

proceso no cuenta con elementos probatorios que permitan

determinar la vulneración alegada por el actor, respecto del deber de

las entidades públicas del orden nacional de ceder a las entidades del

orden municipal o distrital “los bienes o los terrenos de su propiedad,

que actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público

o zonas de cesión”.

De la “desidia administrativa” de las demandadas respecto de

la administración de las edificaciones pertenecientes a los

antiguos hoteles “PALACÉ, GREEN MOON, MARY LAND,

MIRAMAR, LA MANSIÓN, AGUA HALLEY”

En este punto, el actor indicó que “en el sentir de la percepción

ciudadana”, las citadas edificaciones constituían monumentos a la

“desidia administrativa” y afectaban los intereses patrimoniales del

departamento y de los empleados que prestaban sus servicios en

dichas construcciones.

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Al respecto, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal al

considerar que no es suficiente indicar que determinados hechos

vulneraban derechos e intereses colectivos, para dar por cierta su

afectación o vulneración, pues el demandante tenía la obligación de

probar los supuestos fácticos de sus alegaciones, lo cual no ocurrió

dentro del proceso, dado que dichas manifestaciones no cuentan con

respaldo probatorio.

Del detrimento patrimonial del Departamento con motivo de

la venta de bienes a cargo de la SAE

Frente a ello, el actor indicó que la SAE estaba vendiendo bienes por

debajo del avalúo real o comercial, algunos de ellos sin

consentimiento de la administración departamental como era el caso

de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Movistar.

Sobre el particular, una vez analizado el material probatorio obrante

dentro del expediente, la Sala no advierte la existencia de medios de

prueba que permitan concluir que la SAE está vendiendo bienes en

el DEPARTAMENTO por debajo del avalúo real o comercial, por lo

que, de la simple afirmación expuesta por el actor en ese sentido, no
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se puede concluir ni inferir la posible vulneración del patrimonio

público.

De la disposición irregular de terrenos por parte de la

Aeronáutica Civil y la Policía Nacional

Respecto de la disposición irregular de bienes por parte de la

AERONÁUTICA CIVIL y la POLICÍA NACIONAL, a la cual alude el

actor en la demanda, tampoco se encuentran elementos probatorios

que respalden las afirmaciones del actor, pues lo que se tiene dentro

del proceso es que dichas entidades aportaron los respectivos actos

jurídicos que acreditan la condición en la que ostenta los inmuebles

que tienen a su cargo en el DEPARTAMENTO, sin advertirse pruebas

de la disposición irregular a que alude el actor.

De la expedición de actos administrativos por parte del

DEPARTAMENTO, que declararon terrenos baldíos para

favorecer a FINDETER y la Fuerza Aérea Colombiana

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En este punto, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal al

considerar que a pesar de que el actor señaló que la Resolución núm.

04545 de 17 de julio de 2019, expedida por el gobernador (E) del

DEPARTAMENTO, a través de la cual se declaró el dominio pleno de

un bien baldío urbano, vulneraba derechos colectivos, no acreditó en

qué forma ese acto administrativo trasgredía los derechos.

En efecto, el actor en la demanda se limitó a indicar que dicha

decisión, “en sentir de la comunidad”, estaba orientada a favorecer

a entidades del orden nacional en detrimento de los intereses del

DEPARTAMENTO, además de que constituía una “decisión

inconsulta de modificación del plan de ordenamiento territorial”, pero

no sustentó o acreditó probatoriamente en qué forma la declaratoria

de un bien baldío a favor del departamento afectaba los derechos

colectivos invocados.

Similar situación se presenta respecto de las afirmaciones

relacionadas con el “sistemático desglose del territorio insular”, las

cuales tampoco cuentan con respaldo probatorio dentro del proceso,

pues los medios de prueba aportados al mismo no acreditan dicha

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afirmación, ni la vulneración de lo previsto en el artículo 48 de la Ley

1551 de 2012.

En ese sentido, la Sala resalta que la lesión o puesta en peligro de

los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo

dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que le

corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos

que sustentan las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 15 de diciembre

de 2022, proferida por el Tribunal que denegó las pretensiones de la

demanda, pues las pruebas obrantes dentro del proceso no permiten

inferir la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor

con motivo de las afirmaciones expuestas en la demanda, las cuales,

se reitera, no cuentan con soporte probatorio alguno.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa

juzgada respecto de los hechos relacionados con la contaminación y

destrucción del ambiente marino ante la existencia de embarcaciones

siniestradas, abandonadas, secuestradas, decomisadas o retenidas

en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por

las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de diciembre de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la

parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Actor: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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