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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-33-31-006-2008-00027-01

Fecha
1 de febrero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-33-31-006-2008-00027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Sánchez Luque para conocer del presente proceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Estése a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia de 4 de octubre de 2021, dictada dentro del expediente radicado con el número 52001-33-31-008-2008-00304-01 (AP) expedida por esta Sala Especial de Decisión, a través de la cual se unificó el criterio sobre que el juez no tiene la facultad de anular los contratos administrativos que considere causa de la amenaza o violación de derechos colectivos. En estos casos, el juez podrá adoptar las medidas materiales que los garanticen; para el efecto, tiene la posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no hacer que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto. TERCERO: Estése a lo dispuesto por esta Corporación en las sentencias de unificación 1° de diciembre de 2015144, 5 de junio de 2018145 y 4 de marzo de 2019146, a través de las cuales se unificó el criterio sobre el alcance del derecho colectivo a la moralidad administrativa. si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.» 143 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021, por la cual se reforma el CPACA. 144 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 11001-33-31-035-2007-00033-01. 145 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 15001-33-31-001-2004-01647-01. 146 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 04.03.19., M.O. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 05001-33-31-2010-00032-01. 62 Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01 Accionante: Germán Eduardo Triana López […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-33-31-006-2008-00027-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

1 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., primero (1°) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Radicación: 73001-33-31-006-2008-00027-01
Actor: Germán Eduardo Triana López
Demandado: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. –
ENERTOLIMA S.A. E.S.P. y Electrificadora del Tolima
S.A E.S.P. – ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en
Liquidación
Tema: Revisión eventual de acción popular.

Decide la Sala Diez Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo,
la revisión de la sentencia de acción popular de 30 de agosto de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1, por medio de la cual
revocó la providencia del 5 de octubre de 2010, expedida por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, al resolver los recursos de
apelación que interpusieron en su contra las empresas demandadas. En su
lugar, el tribunal declaró probada la excepción de improcedencia de la acción
y negó las pretensiones de la demanda2.

I. ANTECEDENTES

La demanda3.

1. El señor Germán Eduardo Triana López instauró demanda en ejercicio de
acción popular con el fin de obtener el amparo de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. El actor pidió
que se declare la nulidad absoluta de los otrosíes Nos. 2 y 3, suscritos por
los representantes legales de ENERTOLIMA S.A. - E.S.P.4, en adelante
ENERTOLIMA y la Electrificadora del Tolima - ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en

1 Folios 1225 - 1269
2 Seleccionada mediante providencia de 11 de diciembre de 2012, visible en los folios 1371 a

1397.
3 El actor popular radicó la demanda de acción popular el 30 de enero de 2008 (folios 82 a

104 del cuaderno 1).
4
Constituida mediante la Escritura Pública N° 2189 de agosto 11 del 2003 otorgada en la
Notaría 56 del Círculo de Bogotá, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de
energía eléctrica en el territorio nacional.

2
Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

Liquidación5, en adelante ELECTROLIMA, que modificaron el contrato de
arriendo suscrito entre esas empresas sobre la infraestructura de transmisión
y distribución de energía eléctrica de propiedad de la última.

2. El demandante pidió que se ordene a ENERTOLIMA que reintegre a
ELECTROLIMA, las sumas que corresponden a las diferencias entre los
valores que por concepto de cánones de arriendo debió percibir la última, de
acuerdo al otrosí No. 1 del contrato de arrendamiento de 13 de agosto de
2003 frente a los cánones efectivamente causados y liquidados conforme a
las modificaciones introducidas a ese pacto, mediante la suscripción de sus
otrosíes Nos. 2 y 3. Solicitó que esas sumas sean debidamente actualizadas
y que se le reconozca el incentivo establecido en el artículo 40 de la Ley 472
de 1998.

Hechos de la demanda6.

3. Las anteriores pretensiones se fundan, en síntesis, en los siguientes
hechos:

4. ELECTROLIMA prestaba los servicios públicos de generación, distribución
y comercialización de energía eléctrica en el departamento del Tolima, cuyo
capital social era del 93.41% estatal, en cabeza del Ministerio de Minas y
Energía. El restante porcentaje era de propiedad de entes territoriales de
naturaleza pública.

5. La liquidación de la empresa fue ordenada por medio de la Resolución
03848 del 12 de agosto de 2003, expedida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Debido a esa situación, los entes públicos
accionistas de ELECTROLIMA se convirtieron en acreedores internos y la
posibilidad de recuperar su cuota parte del capital social dependía de la
efectividad del proceso liquidatario. El patrimonio de la empresa entró a
constituir la masa liquidatoria y prenda general a favor de los acreedores,
muchos de los cuales también tienen naturaleza pública.

6. El Gobierno Nacional ordenó la creación de ENERTOLIMA, empresa que
fue constituida el 11 de agosto de 2003 y registrada en la cámara de

5 Sociedad anónima, constituida por acciones y organizada como empresa de servicios
públicos domiciliarios, con participación accionaría mayoritaria de la Nación, con domicilio en
la ciudad de Ibagué.
6 Folios 1-3 del cuaderno 3

3
Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

comercio el día siguiente. ENERTOLIMA nació con un capital de $500.000 y
sin activos, razón por la que el ejecutivo, a través de la Financiera Eléctrica
Nacional - FEN, tramitó en su favor un crédito por $41.000.000.000 con el
propósito de que asumiera la prestación del servicio de energía en la zona, al
mismo mercado que era atendido por ELECTROLIMA.

7. Al momento de su creación, los socios de la nueva ENERTOLIMA fueron
las siguientes entidades estatales: Financiera Energética Nacional S.A. - FEN
S.A.; Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER; Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo - FONADE; Centrales Eléctricas de Nariño -
CEDENAR S.A - E.S.P. y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A -
E.S.P.

8. El 13 de agosto de 2003, el liquidador de ENERTOLIMA y el gerente
ELECTROLIMA en liquidación celebraron un contrato de arriendo sobre la
infraestructura del sistema eléctrico del departamento del Tolima de
propiedad de la segunda empresa. En ese convenio, se estableció que el
canon de arriendo se determinaría de acuerdo con una fórmula que partía de
los ingresos que por distribución facturara ENERTOLIMA a los usuarios
finales, descontando los costos AOM7 en que incurriera esta última. Con
ocasión de ese pacto, ENERTOLIMA giró un anticipo por concepto de
cánones de arriendo por valor de $37.000.000.000.

9. En virtud del referido contrato, ELECTROLIMA entregó a ENERTOLIMA la
totalidad de sus subestaciones, líneas de distribución, consumibles y los
repuestos que tenía en sus instalaciones con destino al sistema. La firma
Scardi Ltda. fue contratada para que ejerciera las labores de interventoría,
revisión y aprobación de la cuenta mensual necesaria para la determinación
del canon, revisión de planes de compras e inversión en el sistema de
distribución y seguimiento a los materiales entregados a ENERTOLIMA.

10. Mediante la factura cambiaria de compraventa No. 0713 de 30 de
diciembre de 2003, ELECTROLIMA en Liquidación facturó por concepto de
cánones de arriendo un valor estimado en ese año de $6.722.521.756. En
los meses de enero a abril del año 2004, ese monto sufrió variaciones que
oscilaron entre $1.605.000.000 y -$40.297.279.

11. En abril de 2004, las partes del contrato emprendieron un trabajo de
revisión del mismo con base en la experiencia derivada de su ejecución,

7 Administración, operación y mantenimiento

4
Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

especialmente en lo referente a la definición de variables técnicas y
procedimientos con el propósito de determinar el canon con base en
acuerdos de tipo estrictamente técnico. En ese trabajo participaron los
ingenieros de distribución y comercialización de ENERTOLIMA y los
ingenieros de la interventora Scardi.

12. Como resultado de la anterior labor, los gerentes de ELECTROLIMA y
ENERTOLIMA suscribieron en junio de 2004 el otrosí No. 1 al contrato de
arriendo de 13 de agosto de 2003, decisión que arrojó un ajuste retroactivo a
favor de ELECTROLIMA por valor superior a los $3.000.000.000 mensuales
y un aumento del canon mensual de arriendo superior a los $300.000.000.
En el referido otrosí se mantuvieron las demás obligaciones asumidas por las
partes.

13. En el mismo junio de 2004, el gerente de ENERTOLIMA fue reemplazado
por Jhon Jairo Ríos y el 17 de agosto de 2004 fue relevado el liquidador de
ELECTROLIMA y fue nombrado Francisco Javier Zúñiga Martelo para
desempeñar ese cargo. El nuevo liquidador de ELECTROLIMA relevó al
gerente de ENERTOLIMA de los controles que existían sobre las compras,
las inversiones y las interventorías que se realizaban sobre el sistema
eléctrico de propiedad de la liquidada.

14. El 8 de noviembre de 2004, momento en el que las proyecciones de
amortización estaban finalizando, el liquidador de ELECTROLIMA suscribió
con el gerente de ENERTOLIMA el otrosí No. 2 al contrato de arriendo de 13
de agosto de 2003, sin justificación de carácter técnico. En esa cláusula se
introdujeron tres cambios al acuerdo inicial que atentaron contra el patrimonio
de ELECTROLIMA y afectaron gravemente los intereses de los acreedores y
accionistas de la liquidada.

15. En primer lugar, se cambió la fórmula para establecer el canon mensual,
que ya no partía del valor facturado por ENERTOLIMA a los usuarios y la
desagregación del factor distribución, sino que se ató al ingreso neto de la
distribución, afectando el porcentaje efectivo de recaudo. Con lo anterior, se
desnaturalizó el contrato de arrendamiento y se vinculó su valor a los
recaudos que obtuviera ENERTOLIMA, actividad en la que nada tiene que
ver el arrendador, de forma que la liquidada asumió riesgos que la regulación
determina que son del comercializador. Lo anterior afectó a ELECTROLIMA
desde agosto de 2003 a diciembre de 2004 en $5.108.563.940.

5
Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

16. En segundo término, se aumentó el porcentaje de pérdidas no
reconocidas del 25% al 32%, cuya afectación a diciembre de 2004 ascendió
a $2.632.598.064.

17. El último cambio que introdujo la reforma fue la de dejar sin efecto el
otrosí No. 1 del contrato del referido contrato de arrendamiento. De esta
manera, las nuevas modificaciones se aplicaron de forma retroactiva a la
fecha de suscripción del acuerdo inicial. En la práctica, tal variación implicó la
rebaja automática y sin sustento de más de $6.000.000.000 en
arrendamientos. Lo anterior, sin contar con los ingresos futuros por el
aumento de la facturación de ENERTOLIMA y el menor valor a pagar por
concepto de intereses por la amortización acelerada que conlleva un mayor
canon.

18. De forma previa a la suscripción del otrosí No.2, el liquidador de
ELECTROLIMA solicitó concepto de la firma interventora Scardi, quien emitió
opinión desfavorable al convenio, en igual sentido al concepto que dio el
contralor interno de la liquidada. La interventora y el contralor fueron
relevados de sus funciones.

19. El 1° de junio de 2005, las partes suscribieron el otrosí No 3 al referido
contrato de arrendamiento, modificación que rebajó aún más los ingresos de
la liquidada por concepto de la explotación comercial de su principal activo.
El pacto coincidió nuevamente con el momento en que las proyecciones de
amortización estaban finalizando, lo que obligó a ELECTROLIMA a hacer
giros en efectivo a ENERTOLIMA.

20. El Liquidador de ELECTROLIMA se negó a suministrar la información
sobre el proceso de liquidación, pese a que uno de los principios rectores
que informan esa clase de actuaciones es el de la publicidad.

21. El gerente de ENERTOLIMA y el liquidador de ELECTROLIMA se
confabularon con el fin de disminuir sistemáticamente los ingresos y los
controles sobre el principal bien de propiedad de la liquidada pese a que, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley, él constituye prenda general a favor de
los acreedores. Las actuaciones descritas generaron una disminución
sustancial de los ingresos de ELECTROLIMA, en detrimento de la
expectativa de pago de sus acreedores.

6
Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

22. El Liquidador de ELECTROLIMA propició y aceptó la suscripción de las
modificaciones contractuales, de manera que actuó en contravía de las
obligaciones que asumió. Lo anterior, en beneficio de ENERTOLIMA, una
empresa que, si bien debe garantizar la prestación del servicio, no puede
pretender ser subsidiada con dineros ajenos.

23. La regulación definida para el sector eléctrico por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas – CREG, determina de manera clara los
procedimientos y las fórmulas que se deben emplear para remunerar la
utilización de los activos de terceros. Tal regulación no fue aplicada al
sistema de propiedad de ELECTROLIMA; en cambio, de manera arbitraria se
le fijó una remuneración irrisoria frente a la facturación total que genera
ENERTOLIMA a sus usuarios, que para la época de vigencia del contrato era
de aproximadamente $14.000.000.000 mensuales.

24. Las maniobras mencionadas generaron, como efecto principal, que
ELECTROLIMA en liquidación en la práctica subsidiaria las operaciones de
ENERTOLIMA, empresa que finalmente fue vendida al sector privado
presentando al momento de su entrega, un excedente de caja superior a los
$20.000.000.000.

Sentencia de primera instancia.

25. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué profirió sentencia
el día 5 de octubre de 2010, por medio de la cual amparó los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público,
de la siguiente manera8:

«PRIMERO: AMPÁRAR los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, incoados con la
presente acción instaurada por el señor GERMAN EDUARDO TRIANA
LÓPEZ contra Enertolima S.A E.S.P y Electrolima S.A. E.S.P en liquidación,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad absoluta de los Otro Si (sic) Nos 2 y 3
suscritos por los representante (sic) legales de Enertolima S.A E.S.P y
Electrolima S.A E.S.P en liquidación, por medio de los cuales se introdujeron
cambios al contrato de arriendo suscrito entre esas empresas, sobre el
sistema de distribución de propiedad de Electrolima en liquidación y en
consecuencia dicho contrato se liquida conforme al otro si No. 1, según lo
antes anotado.

TERCERO: ORDENAR a Enertolima S.A E.S.P reintegre (sic) a Electrolima
S.A. E.SP en liquidación, las sumas de treinta y tres mil setecientos cuarenta

8 Folios 980 - 1081 del cuaderno 3

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

y cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos diez pesos
mcte ($33.744.358.910) debidamente actualizada para el momento en que
se haga efectivo el pago, como resultado de las diferencias entre los valores
por los cánones de arriendo que se debieron facturar durante toda la
vigencia del contrato original de arriendo y su Otrosí No 1, frente a los
cánones efectivamente causados, liquidados conforme a las modificaciones
introducidas al contrato mediante la suscripción de los Otro sí, Nos 2 y 3,
según se analizo (sic), el cual deberá ser realizado de manera inmediata,
una vez ejecutoriada esta decisión, momento a partir del cual se generarán
intereses moratorios legales, de acuerdo a lo expuesto.

CUARTO.- DECLARAR no próspera la objeción al dictamen pericial, según
se analizo (sic).

QUINTO.- RATIFICAR como definitiva, la medida cautelar que dispuso
ordenar al Gerente Liquidador de Electrolima SA ESP abstenerse de dar por
terminado el proceso liquidatorio, procediendo a su prorroga hasta tanto se
realice el reintegro de dineros ordenados en esta sentencia.

SEXTO.- CONCEDER por concepto del incentivo económico de que habla el
artículo 40 de la Ley 472 de 1998, a favor del actor popular, el quince por
ciento (15%) de los dineros reintegrados y debidamente actualizados a
ELECTROLIMA SA ESP en Liquidación por parte de ENERTOLIMA SA
ESP., siendo el pago a cargo de las dos demandadas de manera solidaria,
quedando facultadas las mismas para iniciar los procesos de repetición a
que hay lugar, según se indico (sic) en la parte motiva.

SEPTIMO.- Crear el comité de verificación de lo ordenado en el presente
fallo, integrado por el accionante, los Representantes legales de la (sic)
Empresas demandadas y el Juez.

OCTAVO: Ordenar a los Representantes legales de las empresas
demandadas, rindan informes mensuales desde la ejecutoria de la presente
decisión, sobre las gestiones realizadas, conforme aquí lo ordenado.

NOVENO: Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vigile de manera integral el cumplimiento de lo decidido en esta
acción popular y en especial el reintegro de los dineros, así como la
imposibilidad de dar por terminado el proceso liquidatario de Electrolima,
hasta tanto se cumpla a plenitud con la sentencia.

DECIMO: Compulsar copia de la presente decisión a la Fiscalía General de
la Nación y al (sic) Procuraduría General de la Nación, para que dentro del
ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones a que haya lugar.

[…] »

26. El juez de primera instancia encontró probada la vulneración de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del
patrimonio público por parte de las demandadas. Para sustentar su decisión,
indicó que las pruebas recaudas dieron cuenta que por medio de los otrosíes
Nos. 2 y 3, el liquidador de ELECTROLIMA y el gerente ENERTOLIMA
pactaron condiciones financieras contrarias a las estipuladas en el contrato
inicial de arrendamiento de 13 de agosto de 2003. Esto con el propósito de
afectar las arcas de la primera empresa y beneficiar financieramente al grupo
privado de inversionistas que se hizo al control de la segunda, situación que

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

configuró la causal establecida en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 80
de 1993, y en consecuencia, la nulidad absoluta de esos pactos.

27. Agregó que ELECTROLIMA subsidió a ENERTOLIMA, situación que
impactó de forma negativa sus finanzas. Explicó que a través de maniobras
se vinculó capital de la primera a la segunda y posteriormente,
ENERTOLIMA se entregó a propietarios privados con un saldo en caja
superior a los $20.000.000.000. Esa suma fue utilizada por sus nuevos
dueños para amortizar los créditos que habían asumido para la compra de la
empresa.

28. Advirtió que todo el esfuerzo que realizó el Gobierno Nacional para crear
y apalancar a ENERTOLIMA se perdió, pues las modificaciones y
estratagemas estuvieron dirigidas y se concretaron en beneficio del
comprador privado de la empresa, en detrimento del patrimonio público de
ELECTROLIMA, de sus accionistas públicos y de sus acreedores de igual
naturaleza, quienes se vieron privados de recibir en su integridad las sumas
pactadas en el contrato original de arrendamiento y en su otrosí No. 1.

Recursos de apelación.

29. ELECTROLIMA EN LIQUIDACIÓN S.A. E.S.P. interpuso recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia para que se revocara en su
totalidad9. Para sustentar su desacuerdo, expuso las siguientes razones:

30. Explicó que las modificaciones se re realizaron al contrato de
arredramiento 13 de agosto de 2003 obedecieron a que en el pacto inicial se
le impuso a ENERTOLIMA la obligación de solicitar autorizaciones a
ELECTROLIMA sobre las inversiones y mantenimientos de sus activos. Tal
hecho impedía la gestión eficiente por parte de la nueva empresa e implicaba
la coadministración de sus bienes y que la responsabilidad de quienes
tomaran las decisiones se diluyera.

31. Adujo que para remediar la anterior situación, se eliminaron las cláusulas
que involucraban el control de ELECTROLIMA en la gestión de
ENERTOLIMA, tal y como fue explicado a la Contraloría General de la
República y aceptado por ese órgano de control. Agregó que del referido
hecho, el juzgado de instancia derivó un actuar de male fe del liquidador de

9 Folios 1086 - 1100 del cuaderno 3

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

ELECTROLIMA y la vulneración de las garantías colectivas, sin algún
sustento.

32. Considera que en la sentencia de primera instancia se efectuó una
valoración probatoria errada, toda vez que de los testimonios de los
exfuncionarios de esa entidad, señores Torres y Cuervo, se dedujo que para
la suscripción del contrato original y el otrosí No. 1 se efectuaron estudios
previos y que esa actuación no se llevó a cabo para los otrosíes Nos. 2 y 3.
Lo anterior, pese a que se demostró que se realizó la misma labor técnica
previa a la suscripción de todos los contratos. Esto fue expuesto de manera
amplia por la testigo María Victoria Guarín, quien intervino en la
estructuración de la capitalización de ENERTOLIMA y la venta de
ELECTROLIMA.

33. Aseguró que el despacho de primera instancia no quiso mirar pruebas y
argumentos diferentes a los aportados por el actor popular. Tampoco
permitió que se practicara un estudio financiero que explicara el trámite que
adelantó la entidad, pues negó la prueba que solicitó en ese sentido y se
conformó con el ejercicio aritmético efectuado por el perito para declarar la
vulneración de la garantía colectiva a la moralidad administrativa.

34. Expuso que el juzgado de instancia concluyó que en el contrato
demandado se configuró la causal de nulidad de desviación de poder a raíz
de un supuesto favorecimiento a ENERTOLIMA y a unos inversionistas que
en ese momento no existían; sin embargo, tal aseveración no encuentra
sustento alguno en el expediente.

35. Concluyó que el juez anuló los otrosíes al contrato de arredramiento 13
de agosto de 2003, derivado de un supuesto favorecimiento a ENERTOLIMA
y a sus posteriores inversionistas, pese a que no vinculó al proceso al
Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a
los inversionistas de la Empresa ni a los organismos que conforman el
Conpes, quienes participaron, dirigieron y recomendaron la manera como se
llevó a cabo el proceso de liquidación de la empresa, la venta de sus activos
y la vinculación de capital. En consecuencia, a las referidas personas
jurídicas de derecho público y privado se les vulneró el derecho de
contradicción pese a que resultaban afectadas con la decisión.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

36. Finalmente, alegó que frente a las decisiones del Liquidador procede el
trámite previsto en el artículo 295 del EOSF10 ante la justicia ordinaria,
situación que torna en improcedente la acción popular de la referencia.

37. ENERTOLIMA S.A E.S.P. interpuso recurso de apelación11 pues no está
de acuerdo con la sentencia y pidió que se revocara. Indicó que el juez de
primera instancia desnaturalizó por completo la finalidad de la acción popular
y pretermitió las acciones ordinarias establecidas para resolver controversias
contractuales.

38. Agregó que el juez revivió un contrato que ya fue ejecutado en su
totalidad, a petición de un tercero que nada tiene que ver con los extremos
que lo celebraron, es decir, carente de legitimación en la causa para actuar.
Además, desconoció que la decisión de declarar la nulidad de cláusulas
contractuales es competencia del juez del contrato por vía de la acción
establecida en el artículo 87 del C.C.A.

39. Alegó que la sentencia es contradictoria y desconoció el trámite que se
surtió respecto de los activos de ELECTROLIMA. Arguyó que esa empresa
no era viable y se encontraba en causal de liquidación obligatoria, por lo que
el gobierno central trazó una estrategia para garantizar la continuidad del
servicio y ubicar un inversionista del sector privado a quien venderle la nueva
empresa que se creó para este fin. Para ello, fue necesario darle una
estructura financiera y administrativa que resultara viable y atractiva para los
potenciales inversionistas.

40. Dijo que el juez de instancia descontextualizó el contrato de
arrendamiento objeto de la demanda y dedujo la vulneración a la moralidad
administrativa y al patrimonio público. Explicó que cuando se celebró el
referido acuerdo y los otrosíes que lo modificaron, ambos lados contractuales
estaban constituidos por entidades públicas, de manera que lo que pasara en
uno y otro extremo afectaba el mismo patrimonio, esto es, el de la Nación.
Tal situación impidió la configuración del detrimento patrimonial de unos
entes en perjuicio de otros.

41. Alegó que las modificaciones al contrato original trajeron como beneficio
una mejora financiera en ENERTOLIMA para la época en que sus
accionistas eran entidades públicas. Explicó que las operaciones que se

10 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
11 Folios 1104 - 1109 vuelto

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
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surtieron al interior de esa empresa para vincular capital privado fueron
posteriores a ese periodo y tuvieron como razón de ser el estado favorable
que las mismas produjeron en sus finanzas.

42. Indicó que el alcance y los efectos del fallo impugnado impactan de forma
injusta a los inversionistas privados y traen consecuencias negativas para las
entidades públicas, quienes tendrán que salir a sanear las ventas realizadas
a esos inversionistas.

Sentencia de segunda instancia.

43. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 30
de agosto de 201112, revocó la decisión inicial, al resolver los recursos de
apelación interpuestos en su contra. Ello, en los siguientes términos:

« REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, aquella proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, el 11 de marzo del
2009, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en
su lugar, se dispone:

PRIMERO.- DECLARESE probada la excepción de improcedencia de la
acción impetrada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva .

SEGUNDO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.»

44. El tribunal encontró que el actor popular: i) buscó la protección de
derechos que no ostentan el carácter de colectivos sino subjetivos de
contenido económico y ii) persiguió la nulidad de unos otrosíes pactados al
contrato de arrendamiento suscrito entre ELECTROLIMA en Liquidación y
ENERTOLIMA, situación que tornó en improcedente la acción popular en el
caso concreto, toda vez que este no es el medio idóneo para la protección de
derechos e intereses subjetivos o individuales. Para sustentar su decisión,
expuso, en resumen, las siguientes razones:

45. Indicó que en la demanda se planteó una cuestión de puro derecho y de
contenido económico, que se concretaba en dilucidar si con ocasión a las
estipulaciones adicionales pactadas en el contrato suscrito entre el liquidador
de ELECTROLIMA S.A. - E.S.P. y ENERTOLIMA S.A. - E.S.P. se
trasgredieron la moralidad administrativa y el patrimonio público, las cuales
considera el actor se efectuaron con el exclusivo propósito de favorecer
financieramente a la última Empresa.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
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46. Aseguró que el demandante pidió la nulidad de los otrosíes Nos. 2 y 3
efectuados al contrato de arrendamiento celebrado entre ELECTROLIMA y
ENERTOLIMA, controversia que es propia de una acción de nulidad, de
nulidad y restablecimiento del derecho o contractual, más no de una acción
popular.

47. Explicó que la jurisprudencia y la doctrina revelan posiciones antagónicas
en torno a las competencias del juez popular respecto del contrato estatal en
defensa de los derechos e intereses colectivos, en particular en lo que tiene
que ver con su anulación. Aclaró que en el caso esa materia no es objeto de
análisis, en la media en que si bien se discute la legalidad de los otrosíes
Nos. 2 y 3 del referido acuerdo, la acción resulta improcedente, como quiera
que no tiene como móvil la protección y defensa de derechos de carácter
colectivo sino subjetivos, personales y de carácter económico.

II. REVISIÓN EVENTUAL

Solicitud de revisión eventual.

48. Dentro del término legal, el 9 de marzo de 2012, la apoderada del
accionante solicitó y sustentó su pretensión de revisión eventual con los
argumentos que la Sala expone a continuación13.

49. Arguyó que la providencia de segunda instancia se apartó del precedente
jurisprudencial, toda vez que pese a que reconoció la naturaleza principal y
no subsidiaria que caracteriza la acción popular, revocó el amparo concedido
en primera instancia, alegando la existencia de otros mecanismos de defensa
para proteger derechos subjetivos y particulares.

50. Adujo que la sentencia de segunda instancia desconoció y/o interpretó de
forma errónea la jurisprudencia de esta corporación al negarse a estudiar la
legalidad de los contratos sometidos a revisión en sede judicial y a examinar
la vulneración de los derechos colectivos, declarada en la sentencia de
primera instancia. Lo anterior, con el argumento de la improcedencia de la
acción por existir un interés particular, subjetivo y económico en cabeza del
actor popular, sin determinar cuál o cuáles.

51. La parte demandante aseguró que el tribunal se apartó de los criterios de
motivación y sustento probatorio de las providencias exigidos por la ley y la

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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jurisprudencia, pues se limitó a enunciar la existencia de un interés subjetivo,
personal y de carácter económico del actor popular sin apoyo probatorio, sin
delimitarlo ni concretarlo.

52. Indicó que la interpretación del tribunal sobre los motivos que establece la
ley para solicitar la aclaración y/o complementación de la sentencia
desconoció que el fin de esas actuaciones era obtener un pronunciamiento
sobre los extremos de la litis, pues la sentencia no se ocupó del fondo del
asunto.

53. Agregó que «en el trámite procesal se demostraron ampliamente las
maniobras de mala fe tendientes a favorecer irregularmente los intereses
económicos de ENERTOLIMA, empresa que estaba en proceso de
capitalización y cuyos nuevos propietarios entre ellos el cuestionado grupo
Nule, resultaron favorecidos con los multimillonarios excedentes económicos
obtenidos por la empresa con ocasión del detrimento causado con las
modificaciones del contrato de arriendo suscrito en Electrolima empresa
estatal en liquidación, dineros que fueron destinados de forma inmediata
como abono a los créditos obtenidos para la compra de Enertolima».

Selección para revisión eventual.

54. La Sección Segunda del Consejo de Estado, antes de la creación de las
Salas Especiales de Decisión al interior de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, mediante providencia del 11 de diciembre de 201214 halló
procedente seleccionar para revisión la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, conforme al artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
Para sustentar su decisión expuso las siguientes razones:

55. Dijo que a partir de la expedición del Acuerdo No. 55 de 2003,
modificatorio del reglamento interno del Consejo de Estado, que le atribuyó a
la Sección Tercera el conocimiento de las acciones populares relacionadas
con el ámbito contractual y la moralidad administrativa, esa Sala estableció
una postura encaminada a permitir la interposición de acciones populares
cuando en desarrollo de esa actividad se vulneren derechos colectivos,
indicando que el juez popular pude adoptar todas las medidas para hacer
cesar la amenaza o el perjuicio, pudiendo, inclusive, declarar la suspensión o
nulidad del contrato; sin embargo, ese criterio no ha sido pacífico, pues en
tales oportunidades se han presentado aclaraciones y salvamentos de voto.
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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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56. Consideró la Sala, en su momento, que el tema de la posibilidad de
declarar la nulidad de contratos estatales a través de la acción popular ha
presentado diferentes tratamientos y generado diversas posturas al interior
de la Corporación, de la administración y de la academia, razón por la cual y
en consonancia con la especial protección constitucional y legal de que
gozan los derechos colectivos, era procedente efectuar un análisis «en torno
a las medidas idóneas para su protección y los procedimientos establecidos
por el ordenamiento jurídico para efectivizarlas» y establecer un criterio
unívoco en torno a las facultades del juez popular para declarar la nulidad de
los contratos.

57. Agregó que el estudio del asunto «permitirá analizar el alcance de los
derechos en materia de acciones populares, pues se advierte que los jueces
de primera y segunda instancia, amparados en diferentes sentencias del
Consejo de Estado, llegan a posiciones antagónicas en torno a la naturaleza
de los derechos cuya protección se invoca, pues mientras el A quo
consideró que eran de carácter colectivo, el Ad quem afirmó que eran
meramente subjetivos, situación que lo condujo a declarar la improcedencia
de la acción, pues las pretensiones del accionante no correspondían a la
finalidad para la cual habían sido instituidas las acciones populares.»

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

58. La Sala Diez (10) Especial de Revisión, con fundamento en lo dispuesto
en el Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009,
profiere sentencia en la que decide el mecanismo de revisión eventual. La
solicitud la presentó el demandante popular respecto de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Tolima, expedida el 30 de agosto de 2011.

2. Revisión eventual.

59. El mecanismo de revisión eventual en materia de acciones populares fue
creado por la Ley 1285 de 2009. La norma, a través de su artículo 11,
adicionó el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, en los siguientes términos:

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
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en Liquidación - ELECTROLIMA

«Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones
populares y de grupo y de la regulación de los recursos
extraordinarios.

En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a
petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de
sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o
de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las
demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo
proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la
jurisprudencia15.
La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los
ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la
cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos,
dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la
radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente
Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del
cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o
genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de
tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo
Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una
de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la
no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el
Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual
revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de
aquella.

PARÁGRAFO 1o. La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se
refiere el presente artículo también se aplique en relación con procesos
originados en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará
todos los aspectos relacionados con la procedencia y trámite de la revisión
eventual, tales como la determinación de los plazos dentro de los cuales las
partes o el Ministerio Público podrán elevar sus respectivas solicitudes; la
insistencia que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección;
los efectos que ha de generar la selección; la posibilidad de que la revisión
eventual pueda concurrir con otros recursos ordinarios o extraordinarios16.

PARÁGRAFO 2o. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la
procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que
puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en
los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.»

60. En tales condiciones, el mecanismo de revisión eventual tiene como
objetivo unificar la jurisprudencia en los procesos de acciones populares y de
grupo por lo que esta Corporación se encuentra facultada para elegir, o no,
para selección las providencias -autos o sentencias- que finalicen el proceso.

15 Inciso 1o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés
Vargas Hernández, '... en el entendido de que es una competencia adicional y que en ningún
caso impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión
de no selección o la decisión que resuelva definitivamente la revisión'.
16 Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-713-08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés
Vargas Hernández, '... en el entendido de que se trata de una competencia adicional del
Consejo de Estado, de que la eventual revisión es contra sentencias o providencias que
pongan fin a un proceso, proferidas por los tribunales administrativos, para unificar la
jurisprudencia, y de que no impide la interposición de la acción de tutela'.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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Lo anterior, según el tema y con el fin de que se apliquen las mismas
directrices en casos que compartan iguales supuestos facticos y jurídicos.

61. La Ley 1437 de 2011 mantuvo el mecanismo de revisión eventual y
plasmó dicho propósito de forma más clara en su artículo 272, así:

«La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley
270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de unificar la jurisprudencia en
tratándose de los procesos promovidos para la protección de los derechos e
intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en
consecuencia, lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la
misma situación fáctica y jurídica.»

62. El referido Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, mediante sus artículos 271, 273 y 274 reguló la procedencia y
los aspectos de trámite y competencia. La misma norma en su artículo 270
estableció que la sentencia que decide sobre la providencia seleccionada
para revisión tiene el carácter de sentencia de unificación, en los siguientes
términos:

«Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial
Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación
jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por
importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las
divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los
recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo
11 de la Ley 1285 de 2009.»

63. En este orden, se tiene que la revisión eventual procede respecto de
providencias y sentencias en firme, sobre las cuales se han agotado las
correspondientes instancias; sin embargo, conforme al criterio de esta
Corporación17, no constituye una tercera instancia, toda vez que cuando el
Consejo de Estado conoce del mecanismo de revisión eventual no actúa
como juez de instancia, sino como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

64. Con fundamento en los anteriores criterios, esta Sala Especial de
Decisión abordará el estudio de los temas que fueron seleccionados por la
Sección Segunda del Consejo de Estado con el objeto de unificar la

17 Sobre el alcance, finalidad y requisitos del mecanismo de revisión eventual pueden
consultarse las siguientes providencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación: i) sentencia del 1.º de diciembre de 2015, Radicación número: 11001-33-
31-035-2007-00033-01(AP), ii) sentencia del 8 de octubre de 2013 Radicación número:
08001-33-31-003-2007-00073-01(AP)REV y iii) sentencia del 3 de septiembre de 2013
Radicación número: 17001-33-31-001-2009-01566-01(IJ).

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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jurisprudencia o reiterar la ya unificada. En el caso concreto, determinará si el
fallo del tribunal que se revisa resulta contrario a los temas unificados, en el
evento de ser así, lo dejará sin efectos y proferirá una nueva decisión que se
ajuste a la unificación.

3. Problema jurídico.

65. La Sala observa que en el auto de 11 de diciembre de 201218, la Sección
Segunda del Consejo de Estado halló procedente seleccionar para revisión el
proceso de la referencia para: i) establecer un criterio unívoco en torno a las
facultades del juez popular para declarar la nulidad de los contratos y ii)
«analizar el alcance de los derechos en materia de acciones populares, pues
se advierte que los jueces de primera y segunda instancia, amparados en
diferentes sentencias del Consejo de Estado, llegan a posiciones
antagónicas en torno a la naturaleza de los derechos cuya protección se
invoca.». Pese a que en esa oportunidad no se determinaron los derechos
colectivos cuyo alcance debían ser objeto de unificación, de la revisión de la
demanda y de las sentencias de instancia, la Sala deduce que son los de la
moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

66. Sobre los temas seleccionados, la Sala Especial precisa que esta
Corporación tiene posiciones unificadas respecto de: i) la facultad para
decretar la nulidad de contratos administrativos que se consideren causa de
la amenaza o violación de derechos colectivos en vigencia del CCA, fijada en
sentencia de 4 de octubre de 202119 y ii) el concepto del derecho colectivo a
la moralidad administrativa, definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 1° de
diciembre de 201520, tesis que ha sido reiterada en las sentencias de 5 de
junio de 201821 y 4 de marzo de 201922, ambas de unificación, como se
explicará más adelante. En consecuencia, se estará a lo dispuesto en esas
providencias.

18
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19 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez,

Rad. 52001-33-31-008-2008-00304-01
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Luis Rafael

Vergara Quintero, Rad. 11001-33-31-035-2007-00033-01.
21 Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,

Rad. 15001-33-31-001-2004-01647-01.
22 Consejo de Estado, Sala Doce Especial de Decisión, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, Rad.

05001-33-31-2010-00032-01.

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67. En este orden, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema
jurídico: Establecer la necesidad de unificar el concepto de lo que debe
entenderse como derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, en
caso afirmativo, lo precisará. Definido lo anterior, en el asunto concreto la
Sala establecerá si las empresas demandadas trasgredieron las garantías
colectivas a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público
con ocasión de la suscripción de los otrosíes Nos. 2 y 3, por medio de los
cuales se introdujeron cambios al contrato de arrendamiento de 13 de agosto
de 2003, suscritos por los representantes legales de ENERTOLIMA S.A
E.S.P y ELECTROLIMA S.A E.S.P en Liquidación sobre el sistema de
distribución de propiedad de la última empresa y si debe mantenerse la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

3.1 La procedencia de anular un contrato administrativo mediante la
acción popular cuando es la causa directa de violación o amenaza de
un derecho colectivo en vigencia del CCA.

68. El demandante popular pidió la revisión de la sentencia de segunda
instancia de 30 de agosto de 2011 porque considera que el Tribunal
Administrativo del Tolima desconoció y/o interpretó de forma errónea la
jurisprudencia de esta corporación al negarse a estudiar la legalidad de los
contratos sometidos a revisión en sede popular y disponer su anulación.

69. Como se indicó, mediante auto de 11 de diciembre de 2012, la Sección
Segunda de esta Corporación seleccionó el asunto para revisión pues
consideró que el tema de la posibilidad de declarar la nulidad de contratos
estatales a través de la acción popular había presentado diferentes
tratamientos y generado diversas posturas al interior de la Corporación, de la
administración y de la academia. En consecuencia, resultaba necesario fijar
un criterio unívoco respecto de las facultades del juez popular para declarar
la nulidad de los contratos en sede popular.

70. Sobre este tema, se precisa que mediante sentencia del 4 de octubre de
2021, proferida dentro del expediente radicado con el número 52001-33-31-
008-2008-00304-01 (AP), esta misma Sala Especial de Decisión estableció la
siguiente tesis de unificación: En las acciones populares iniciadas en vigencia
del Decreto 01 de 1984 la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
tiene facultad para decretar la nulidad de contratos administrativos que se

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consideren causa de la amenaza o violación de derechos colectivos. En
estos casos, el juez tiene la posibilidad de emitir cualquier otra orden de
hacer o no hacer con el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses
colectivos vulnerados, o que estén en inminente peligro de ello.

71. En esa oportunidad, luego de estudiar los orígenes de la acción popular,
su naturaleza y fines y el tratamiento jurisprudencial sobre la posibilidad de
anular un contrato administrativo en sede popular en vigencia del Decreto 01
de 1984, la Sala estableció que esa potestad no era la única y más adecuada
medida para lograr los propósitos y fines que informan este tipo de procesos.

72. La Sala determinó que en los casos en que se acredite la violación de la
ley que configure la nulidad del contrato y ello implique la vulneración de la
moral administrativa u otra garantía colectiva, en vigencia del C.C.A el juez
popular no tenía la facultad de declarar su nulidad. La posición de unificación
se sustentó en argumentos relacionados con el carácter principal y fines
diferentes de la acción popular respecto de las acciones ordinarias y el
alcance y aplicación especial del principio de congruencia en esta clase de
procesos.

73. Adicionalmente, la Sala expuso razones de seguridad jurídica y de orden
procesal para determinar que el juez puede adoptar medidas diferentes a la
de la anulación del contrato que eviten irrumpir en las atribuciones del juez
ordinario y en las consecuencias propias de otras acciones. Con fundamento
en lo indicado, se fijó el criterio de unificación según el cual, el juez popular
tenía la competencia para emitir cualquier otra orden de hacer o no hacer con
el fin de proteger o garantizar los derechos e intereses colectivos vulnerados
o que estén en inminente peligro.

74. En este orden, y conforme a la tesis de unificación sentada por esta Sala
Especial de Decisión del Consejo de Estado, que en esta oportunidad se
reitera y aplica a este caso con el propósito de conservar la uniformidad de la
jurisprudencia, se señala que cuando la amenaza o vulneración de derechos
o intereses colectivos sea causada por un contrato administrativo, el juez
popular puede adoptar las medidas que considere necesarias para hacer
cesar la amenaza o vulneración de tales derechos colectivos sin que tenga la
facultad de declarar su nulidad, pues esa competencia le corresponde al juez
contencioso en el marco de las acciones ordinarias previstas en la ley.

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3.2 Del derecho colectivo a la moralidad administrativa

75. De acuerdo con el auto de 11 de diciembre de 201223, la Sección
Segunda del Consejo de Estado también halló procedente seleccionar para
revisión el proceso de la referencia con el propósito de unificar el concepto
del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

76. La Sala Especial observa que el referido tema fue unificado por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación mediante
sentencia del primero (1°) de diciembre de dos mil quince (2015), dictada
dentro del expediente radicado con el número 11001-33-31-035-2007-00033-
01(AP)24. En esa ocasión, luego de realizar un recuento jurisprudencial sobre
el tema, se explicó que la moralidad administrativa tiene una doble
naturaleza, por cuanto es al mismo tiempo un principio de la función
administrativa, consagrado así desde la misma Constitución Política y un
derecho colectivo, susceptible de protección mediante acción popular.

77. En la referida providencia de unificación se precisó que el concepto de
moralidad administrativa está ligado al ejercicio de la función administrativa,
la cual está determinada por la satisfacción del interés general y debe
cumplirse conforme al ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades
propias de la función pública.

78. También se estableció que el derecho a la moralidad administrativa se
compone de dos elementos: i) objetivo y ii) subjetivo, los cuales deben
aparecer probados en el proceso para que proceda el amparo a la referida
garantía. El elemento objetivo se refiere al quebrantamiento del
ordenamiento jurídico. Este puede darse en dos manifestaciones: (i) en
conexidad con el principio de legalidad y (ii) por violación de los principios
generales del derecho.

79. Por su parte, el elemento subjetivo tiene que ver con la conducta del
funcionario, de modo que se transgrede el derecho colectivo a la moralidad
cuando quien cumple una función administrativa tiene conductas
inapropiadas, antijurídicas, corruptas, deshonestas o arbitrarias y alejadas de
los fines de la correcta función pública. Para que proceda el amparo a la
garantía a la moralidad administrativa, debe comprobarse que el servidor se
23
Folios 1371 - 1397
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre

primero (1°) de dos mil quince (2015). M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

21
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Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.

80. Finalmente, en esa ocasión esta Corporación determinó que en
cumplimiento del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y el 167 del Código
General del Proceso, debe existir respecto de tal derecho colectivo una
imputación y carga probatoria por parte del actor popular.

81. En síntesis para que se configure la vulneración a la garantía colectiva a
la moralidad administrativa se requiere de la confluencia de tres elementos: i)
elemento objetivo: el incumplimiento de la ley o de los principios generales de
derecho, ii) elemento subjetivo: acción u omisión del funcionario que se
aparta del cumplimiento del interés general en aras de su propio beneficio o
el de un tercero, o en provecho particular y, iii) imputación o carga probatoria,
esto es, una carga argumentativa, directa, seria y real de la violación del
ordenamiento jurídico y de la realización de conductas atentatorias de la
moralidad.

82. En este orden, al haberse fijado los parámetros para establecer el
alcance del derecho colectivo a la moralidad administrativa, la Sala prohíja de
manera integral los lineamientos y criterios sentados en las sentencias de
unificación del 1° de diciembre de 201525, 5 de junio de 201826 y 4 de marzo
de 201927.

3.3 Derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.

83. Del contenido del auto de 11 de diciembre de 2012, por medio del cual se
seleccionó para revisión este asunto, la Sala Especial puede advertir que el
otro tema que se consideró requería el pronunciamiento del Consejo de
Estado, era el de precisar el concepto de lo que debe entenderse como
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.

84. Al respecto, se señala que si bien mediante auto de 22 de octubre de
201028, la Sección Segunda de esta Corporación seleccionó el proceso con
radicación número 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP)REV con el
propósito de «precisar el concepto de lo que debe entenderse como

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, Rad. 11001-33-31-035-2007-00033-01.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Rad. 15001-33-31-001-2004-01647-01.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 04.03.19.,

M.O. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 05001-33-31-2010-00032-01.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 11001-33-

31-035-2007-00033-01.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
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derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa del
patrimonio público: elementos que los configuran.», este última garantía
colectiva no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia de 1° de
diciembre de 2015 que resolvió el asunto. En esa oportunidad, esta
corporación solamente unificó su criterio respecto de la moralidad
administrativa pero no efectuó «ninguna referencia al derecho colectivo de
defensa del patrimonio público individualmente considerado», pues consideró
que «lo cierto es que de acuerdo con las consideraciones que efectuó el
Tribunal, en las que no desarrolló argumentación alguna en relación con la
defensa del patrimonio público como derecho colectivo independiente al de la
moralidad administrativa […]»

3.3.1. Necesidad de unificación.

85. Para establecer la necesidad de unificación, a continuación la Sala
realizará un estudio de la jurisprudencia de esta Corporación y de la doctrina
respecto del concepto de la garantía colectiva a la defensa del patrimonio
público del que establecerá si frente al tema existe disparidad de criterios o
se verifica la ausencia de uno consolidado que amerite expedir una sentencia
de unificación. En caso afirmativo, determinará cuál es la tesis que deberá
seguir aplicándose.

4. Tratamiento jurisprudencial sobre el concepto del derecho colectivo a
la defensa del patrimonio público.

86. En este apartado, la Sala Especial estudiará lo que la jurisprudencia ha
entendido por patrimonio público y ha establecido respecto de la garantía
colectiva a su defensa.

87. En relación con el concepto de patrimonio público, la Corte Constitucional
estableció en la Sentencia C-479 de 1995, que «en sentido amplio se
entiende aquello que está destinado, de una u otra manera, a la comunidad,
y que está integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como
sujeto de derechos.»

88. La Sala Especial observa que el contenido del patrimonio público también
ha sido determinado por la jurisprudencia de esta Corporación. En efecto, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 31 de mayo de
2002 determinó que «Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de
bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que

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sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación
positiva […]». En esa oportunidad también se indicó que con su garantía se
pretende que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable.29

89. La referida definición, fue reiterada en pronunciamientos posteriores de
esta Corporación30. A continuación, la Jurisprudencia estableció que el
concepto de patrimonio público también se integra por «bienes que no son
susceptibles de apreciación pecuniaria y que, adicionalmente, no involucran
la relación de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que
implica una relación especial que se ve más clara en su interconexión con la
comunidad en general que con el Estado como ente administrativo, legislador
o judicial, como por ejemplo, cuando se trata del mar territorial, del espacio
aéreo, del espectro electromagnético etc., en donde el papel del Estado es
de regulador, controlador y proteccionista, pero que indudablemente está en
cabeza de toda la población».31

90. El concepto fue repetido, en similares términos, por la Sección Primera
de esta corporación en sentencia de 13 de mayo de 201032. En esa
oportunidad, esa Sala agregó que conforme al sentido amplio de la noción,
prevista en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998, en el patrimonio público «se
incluyen los bienes inmateriales y los derechos e intereses no susceptibles
de propiedad por parte del Estado, pues existen eventos en que él mismo es
llamado, -a un título distinto de propiedad-, a utilizarlos, usarlos,
usufructuarlos, explotarlos, concederlos y, principalmente, a defenderlos. Tal
es el caso del territorio nacional, del cual forman parte, entre otros, el mar
territorial, la zona contigua, la plataforma continental, el espacio aéreo, el
segmento de la órbita geoestacionaria, respecto de la cual en la doctrina del
Derecho Internacional se ha admitido la titularidad de un “dominio eminente”
por parte del Estado, sin que dicha noción corresponda o pueda confundirse
con la de propiedad.»

29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 31 de mayo de 2002, M.P. Ligia López
Díaz, Rad. 25000-23-24-000-1999-9001-01 (AP 300).
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 15 de agosto de 2007, M.P. Ruth Stella

Correa Palacio, Rad. 88001-23-31-000-2005-00004-01(AP)
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del

21 de febrero de 2007. Exp. AP 2004-00413 M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Cfr. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 21 de mayo
de 2008. Exp. 01423-01.M.P.Ramiro Saavedra Becerra.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Rad. 05001-23-

31-000-2006-04776-01(AP).

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91. En el mismo sentido se observan las sentencias de 8 de junio de 201133 y
de 25 de febrero de 201634, en las que la Sección Tercera de esta
Corporación hizo referencia al concepto del patrimonio público, como «la
totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y
que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad
con el ordenamiento normativo.»

92. De lo expuesto, la Sala Especial puede deducir que no existe una
definición precisa de lo que debe entenderse por patrimonio público sino más
bien un esbozo de su contenido, a partir de los bienes, derechos e intereses
que le sirven al Estado para el cumplimiento de sus fines. En consecuencia,
procederá a definirlo dada su incidencia sustancial en el alcance de garantía
colectiva a la defensa del patrimonio público.

10. Criterio de unificación jurisprudencial.- Definición de patrimonio
público y alcance del derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público.

93. En criterio de la Sala Especial de Decisión, el patrimonio público es el
conjunto de los bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, que son
propiedad del Estado y que le sirven para el cumplimiento de sus cometidos,
conforme a la legislación positiva. En ellos se incluyen, además del territorio,
los bienes de uso público y los fiscales, los inmateriales y los derechos e
intereses que no son susceptibles de apreciación pecuniaria cuyo titular es
toda la población, los valores tangibles e intangibles o no fácilmente
identificables tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio
arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio
ambiente.

94. La garantía colectiva a la defensa del patrimonio público propugna por su
protección, en orden a resguardar la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones públicas y procura porque su administración sea eficiente, proba
y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y
diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier
detrimento. Las razones que fundamentan las tesis de unificación son las
siguientes:

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. M.P. Jaime

Santofimio Gamboa, Radicación Nro. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. M.P. Olga

Mélida Valle de De La Hoz, Radicación 25000-23-24-000-2012-00656-01(AP).

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11. Concepto de patrimonio público.

95. El patrimonio público «es un concepto de derecho público, de amplio
espectro, que supera en su contenido al de Patrimonio Estatal»35. Por una
parte, «constituye objeto de gestión» y, por la otra, «objeto de preservación
para evitar atentados contra el mismo, remediar situaciones creadas, o
intervenir judicialmente para su restauración o recomposición»36.

96. El profesor Libardo Rodríguez Rodríguez, retomando a los tratadistas
Enrique Sayagués Lasso y André de Laubadére, identifica tres conceptos
para entender el concepto del patrimonio público. El primero, es el dominio
eminente que se refiere al poder que tiene el Estado sobre la totalidad del
territorio de su jurisdicción, con fundamento en su soberanía, «el cual se
traduce en la facultad de tomar medidas en relación con ese territorio,
cuando las necesidades de la comunidad lo requieran, aun cuando aquel
esté sometido a propiedad privada»37.

97. La Sala Especial observa que en lo que tiene que ver con el patrimonio
público, además del dominio eminente, conforme al referido tratadista, es
necesario tener en cuenta dos conceptos básicos más: el dominio público38 y
el dominio privado del Estado39. Esas nociones, a su vez, guardan
correspondencia con la definición tradicional de patrimonio público que se
deriva de lo establecido en la legislación civil, según la cual en Colombia él
estaba compuesto por el territorio, los bienes de uso público y los bienes
fiscales.40

98. En ese orden, se tiene que el primer componente se refiere al territorio.
Este elemento además de delimitar el alcance de la propiedad estatal al
ámbito terrestre, en el que se comprende el subsuelo, el cielo y lo que se
halle en sus aguas marinas, también delimita el ámbito de soberanía.41

35 Carrillo Ballesteros, Jesús María. Del patrimonio público: Una aproximación al concepto
y a su contenido. Prolegómenos Derechos y Valores, Bogotá, vol. IX, n. 17, p. 23-34,
ene./jun., 2006. p. 23. Disponible en:
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/2581/2282.
36Ibídem.
37 Rodríguez Rodríguez, Libardo, Derecho administrativo – general y colombiano, Editorial

Temis, 2008, pág.244.
38 El dominio público está constituido por aquellos bienes en los cuales se manifiesta una

propiedad especial del Estado; se trata de un conjunto de bienes afectados al uso de todos y
de bienes afectados a los servicios públicos.
39 El dominio privado del Estado está compuesto por todos aquellos bienes que pertenecen a

las personas públicas y que no reúnen las condiciones para hacer parte del dominio público.
40 Rodríguez Rodríguez, Libardo, Elementos de Derecho administrativo, Módulo Auto

formativo , ESAP, 1990, pág. 431.
41 Ibídem.

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99. En segundo término y a partir de la clasificación y la enunciación del
original Código Civil42, de Ley 48 de 188243, del Decreto 1381 de 194044 y el
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente45, entre otras normas, se encuentran los bienes de uso público o de
la unión, cuyo uso pertenece en general a los habitantes de un territorio. En
ellos, se enlistan las calles, plazas, puentes y caminos, los ríos y las aguas
que corren por cauces naturales, los baldíos nacionales y los bosques
existentes sobre esos baldíos, los recursos naturales, las playas, los terrenos
de bajamar y las aguas marítimas, la atmósfera, el espacio aéreo nacional, la
tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, los recursos biológicos de las
aguas y el espectro electromagnético.

100. Seguidamente, se encuentran los denominados bienes fiscales que
pertenecen al Estado, constituyen el dominio privado de este pero no están
al servicio libre de la comunidad, sino que están destinados al uso privativo
de la administración para los fines que le son propios. Entre ellos, se incluyen
todas aquellas tierras situadas en el territorio y que carezcan de otro dueño,
las rentas, valores, derechos y acciones, las minas, los recursos naturales no
renovables, los edificios de las oficinas públicas y los recursos del
presupuesto.46

101. Ahora, la Sala también establece que de acuerdo con la referida
legislación civil47, la administrativa y algunos preceptos de la Carta de 1991,
es posible identificar un cuarto grupo que, junto con los ya referidos,
conforman el patrimonio público. Frente a este aspecto, se resalta que la
Asamblea Nacional Constituyente consideró necesario establecer la
protección del patrimonio cultural de la Nación48, tal guarda quedó
incorporada en el orden constitucional.

102. Conforme al contenido del artículo 72 de la Constitución Política49,
relacionado con la protección estatal del patrimonio cultural y arqueológico de

42 Artículos 674, 675, 676, 706 y 707 y s.s. del Código Civil.
43 «sobre tierras baldías»
44 « sobre aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso
público»
45 Decreto 2811 de 1974
46 Artículo 674 del Código Civil
47 Código Civil, Ley 48 de 1882, Decretos 1381 de 1940 y 2811 de 1974, Código de

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto ley 2324 de
1984
48 Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta No. 133.
49 Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El

patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de

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la Nación, en esta cuarta categoría, se pueden incluir los bienes no palpables
fácilmente, como son todos aquellos relacionados con el patrimonio cultural,
bienes y valores constitucionales, como los hábitos o las costumbres, la
lengua y los dialectos o registros sonoros y el patrimonio cultural sumergido.
Frente a ello, la Sala observa que la Corte Constitucional se ha referido en
diversas providencias al valor y la importancia que tiene para el país el
patrimonio cultural de la Nación y a la imperiosa necesidad de preservarlo y
defenderlo, razón por la cual se le otorgan los atributos de inalienable,
inembargable e imprescriptible50.

103. En términos de la Corte Constitucional51, el referido artículo 72 de la
Constitución Política «prevé el mandato de protección a cargo del Estado
respecto de “tres tipos de bienes”52, a saber: “(i) el patrimonio cultural de la
Nación, (…) (ii) el patrimonio arqueológico (…) y (iii) los bienes que
conforman la identidad nacional”53. A partir de este mandato constitucional, la
Corte ha identificado otra “categoría de bienes que integran el patrimonio
cultural de la Nación (…): los bienes de interés cultural”54, los cuales son
regulados mediante la Ley 397 de 1997. Mientras que los conceptos de
“patrimonio cultural de la Nación”, “patrimonio arqueológico” y “bienes de
interés cultural” están definidos por la normativa vigente, el de “bienes
culturales que conforman la identidad nacional” no ha sido definido por el
Legislador.»

104. Por su parte, esta Corporación en Sentencia de Unificación de 13 de
febrero de 201855, determinó que «se entiende por patrimonio cultural todos
los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el

particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica.
50 Sentencias C-204 y C-530 de 1993, T-111 de 1995, C-469 de 1997, C-191 de 1998, C-366

y C-924 de 2000 y C-1097 de 2001.
51 Sentencia C- 082-20
52 Sentencias C-034 de 2019 y C-742 de 2006.
53 Sentencia C-668 de 2005. Cfr. Sentencia C-111 de 2017.
54 Sentencia C-742 de 2006. “(…) dentro de la categoría de bienes que integran el patrimonio

cultural de la Nación, existirá otra: la de los bienes de interés cultural, que surge en virtud de
la declaración expresa del Ministerio de la Cultura, para que sean los destinatarios de la Ley
397 de 1997 y de sus normas reglamentarias. Entonces, los bienes de interés cultural son
aquellos que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación, pero que, en consideración
con la declaratoria gubernamental como tal, se rigen por lo dispuesto en la ley de la cultura y
en sus normas reglamentarias”. En esta sentencia también se señaló que “el concepto de
patrimonio cultural de la Nación es general y el de interés cultural es especial, de ahí que los
bienes que hacen parte de la primera categoría no siempre pertenezcan a la segunda, pero
los que adquieren el carácter especial de interés cultural, dada su declaratoria, siempre
hacen parte del patrimonio cultural de la Nación”.
55 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de

febrero de 2018, M.P William Hernández Gómez Bogotá, D.C., Rad. 25000-23-15-000-2002-
02704-01(SU)

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conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico museológico, antropológico y las manifestaciones, los
productos y las representaciones de la cultura popular.»

105. Además, la Sala Especial destaca que la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, entre los varios cambios sustanciales que
introdujo, estableció un sistema de guarda de los intereses colectivos que
trasciende la apropiación pública, en cuanto determinó la garantía sustancial
del medio ambiente y en consecuencia, la del patrimonio natural56. Lo
anterior, a través de la consagración de la función ecológica del derecho de
propiedad, fijado en el artículo 58 constitucional57.

106. Como antecedentes de la importancia de la protección y la conservación
del patrimonio cultural y natural a nivel internacional, la Sala Especial resalta
el Convenio sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural,
adoptado en la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura realizada en París del 17 de
octubre al 21 de noviembre de 197258.

107. En esta Convención se introdujeron una serie de innovaciones en
cuanto a la gestión y protección del patrimonio cultural mundial. En ella y por
primera vez se estableció el concepto de «Patrimonio Mundial» (o Patrimonio
de la Humanidad), entendido como «los bienes que por su valor excepcional
deben ser protegidos a nivel internacional». El acuerdo estableció que los
Estados miembros debían elaborar informes para explicar las actuaciones
realizadas en orden a fomentar y conseguir la protección del patrimonio
cultural y natural de su territorio59.

108. El referido instrumento internacional de la «Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural», entró en vigor para

56 U. Externado, Bogotá), p. 207-232; PIMIENTO ECHEVERRI, Julián (2014), «La propiedad

de los bienes de uso público», en Revista de Derecho Administrativo Económico (No. 18,
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile), p. 73-98.
57 Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
58 https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
59 Ibídem

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Colombia el 24 de agosto de 1983, una vez fue aprobada por el Congreso
mediante la Ley 45 de 198360 y depositada ante el Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Unesco.

109. La Sala observa que la protección internacional del medio ambiente
como bien público se ha estructurado en dos (2) mecanismos principales:
i) los tratados internacionales y ii) la cooperación Internacional61. En lo que
tiene que ver con el primer componente, se resalta la existencia de alrededor
de novecientos (900) instrumentos en el contexto internacional que
establecen procedimientos y mecanismos de protección del medio
ambiente.62 La Sala precisa que los tratados obligan solamente al Estado que
ratifica su contenido y su validación puede realizarse con reservas que
limiten su aplicación.

110. Además, se tiene que el derecho internacional del medio ambiente está
contenido en diversos tratados y principalmente en la Declaración de Rio.
Esta última resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro realizada en 1992 que
contiene veintisiete (27) principios rectores medioambientales con el
propósito de proteger «la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial, Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra,
nuestro hogar.» 63

111. Por su parte, la Cooperación Internacional, se constituye en un
mecanismo de ayuda mutua y actitud colaborativa entre los Estados del
sistema internacional. En cuanto al tema que interesa, la Sala observa que
en las últimas décadas la protección del medio ambiente a nivel mundial se
ha concebido como una tarea urgente, dado el deterioro que ha sufrido en
razón a diversos fenómenos tales como el calentamiento global. Frente a
ello, es deber de los Estados priorizar la protección del medio ambiente en el
entendido de que es un bien público en riesgo. Para lo anterior, se requiere
de una sólida legislación, de instrumentos para garantizarlo o restaurarlo, de

60 Publicada en el Diario Oficial número 36.415 del 22 de diciembre de 1983
61 Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho Internacional Público, Editorial TEMIS, Sexta
Edición. 2011.
62 Edith Brown Weiss, Paul C. Saenz and Dabuek B. Magraw, International

Environmental Law, Basic Instruments and References, Transnational Publishers, Inc. 1992.
63 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm Exposición
de la Declaración de Rio de Janeiro de 1992.

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acciones gubernamentales y de revisiones de los jueces para garantizar el
cumplimiento de la ley en esta materia 64.

112. En efecto, si bien la garantía y preservación del medio ambiente es un
fin compartido del sistema internacional es a cada Estado al que le compete
legislar, reglamentar y regular a nivel interno65. Así quedó determinado en la
Conferencia sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas en Teherán del año 1968 y en la Conferencia de Estocolmo sobre el
Medioambiente Humano de 1972.

113. En la mencionada Conferencia sobre Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas en Teherán, se abordaron temas sobre
desarrollo económico y derechos humanos. Está reunión concluyó con la
proclamación de que todos los derechos humanos son interdependientes e
indivisibles y la consideración del derecho al acceso de un medio ambiente
sano como un derecho humano fundamental66.

114. A su vez, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medioambiente Humano
de 1972 produjo como resultado una Declaración en la que se reconoce que
la protección del medio ambiente es una pre – condición para el disfrute
efectivo de los derechos humanos67. La Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en la resolución 45/94, lo citó de la
siguiente forma: «Se reconoce que todos los individuos tienen derecho a vivir
en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar; y hace un
llamado a los Estados Miembro y a las organizaciones intergubernamentales
y no – gubernamentales a realizar esfuerzos hacia la garantía de un medio
ambiente mejor y más saludable.»68

115. La doctrina internacional también se ha ocupado de este tema, la Sala
refiere al profesor de la Universidad de Ámsterdam André Nollkaemper69,
quien considera que en el contexto internacional contemporáneo se plantea
la existencia de dos nociones del concepto de bien público mundial. El
primero, se refiere al uso internacional del concepto como una norma de
efecto erga omnes por ser considerada como beneficiosa para la comunidad

64 Michael Renner, “National Security: The Economic and Environmental Dimensions”, in
World watch Paper 89, May 1989.
65 https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R14/R14-ESER.html Revista de
Relaciones Internacionales sobre las características del derecho internacional ambiental.
66 https://www.un.org/es/conferences/human-rights/teheran1968
67 https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972
68 https://www.un.org/es/documents/ag/res/49/list49.htm
69 Profesor de la clase de internacional público de la Universidad de Ámsterdam y Presidente

de la Sociedad Europea de Ley Internacional.

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mundial como un todo y que refleja valores fundamentales de la comunidad
internacional. El otro, se relaciona con la protección del bien público que
conlleva una problemática de acción colectiva. Se refiere a las capacidades y
voluntades estatales de materializar los mandatos de protección de los
bienes públicos de la normatividad internacional. 70

116. La Sala Especial considera que en el ámbito descrito, es donde cobra
relevancia la importancia de la labor de los jueces, los tribunales y las cortes
a nivel nacional e internacional para garantizar el respeto por la normatividad
medioambiental, en tanto patrimonio público, no solamente de la dimensión
interna de cada sociedad, sino como interés público de todo el sistema
internacional.

117. De acuerdo con el Juez Christopher Weeramantry de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) 71: «La protección del medio ambiente es una
parte vital de la doctrina contemporánea de los derechos humanos, ya que es
un elemento sine qua non para la existencia de numerosos derechos
humanos, tales como el derecho a la salud y el derecho a la vida misma. Es
imperativo recalcar en este punto, que todo daño al medio ambiente
repercute en los derechos humanos de los que se hablan en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos de los derechos
humanos.»72

118. Entonces, con el propósito de dispensar una protección constante y
continua del medio ambiente en los países, los jueces de cada uno tienen la
importante tarea de discernir en cada caso particular si temas, tales como el
de la explotación de recursos naturales en determinada forma contravienen
los intereses globales de protección del medio ambiente. De este modo lo
han decidido tribunales tanto regionales como nacionales en el contexto
internacional. La Sala Especial destaca los más de 300 casos solucionados
por la Corte Europea de Derechos Humanos que están relacionados con el
medioambiente como bien público, cuya ratio decidendi se sustenta en la
prelación del bienestar que genera el medio ambiente para el bienestar del
ser humano en la esfera de sus derechos fundamentales y como activo

70 http://www.ejil.org/pdfs/23/3/2304.pdf International Adjudication of Global Public Goods:
The intersection of Substance and Procedure
71 De 1991 a 2000
72 Referencia integrada al texto de Dinah Shelton. Página 131.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39417.pdf

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global que debe preservarse o consumirse con consciencia y sentido de
preservación.73

119. También se observa un compromiso similar frente a la protección del
patrimonio público en los ordenamientos jurídicos de la región de América
Latina. Se destacan los ejemplos de Brasil 74 y Chile75.

120. A partir de lo anterior, se establece que el medio ambiente es, tanto en
el orden nacional76, como internacional77, un bien público. En este último
ámbito su concepto no se entiende solamente como un activo para la
sociedad, sino también como un derecho fundamental y derecho humano
internacional de las personas. Lo anterior, en cuanto sus miembros tienen el
derecho a gozar de un medio ambiente sano, en el que sea fácticamente
realizable el desarrollo de los demás derechos que componen la lista de
garantías mínimas que les asisten78.

121. De todo lo expuesto, es posible establecer que la noción tradicional del
patrimonio público se ha acrecentado con nuevos componentes que tienen
que ver con bienes, expresiones o valores que son integrados a la vida
jurídica dada su importancia sociopolítica o económica79 y por su contenido e
implicación universal. En este orden, la Sala Especial considera necesario
definir lo que se entiende por patrimonio público incorporando a su concepto
tradicional esos nuevos valores tangibles e intangibles.

122. En criterio de la Sala Especial de decisión, el patrimonio público es el
conjunto de los bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, que son
propiedad del Estado y que le sirven para el cumplimiento de sus cometidos,
conforme a la legislación positiva. En ellos se incluyen, además del territorio,
los bienes de uso público y los fiscales, los inmateriales y los derechos e
intereses que no son susceptibles de apreciación pecuniaria cuyo titular es
toda la población, los valores tangibles e intangibles o no fácilmente
identificables, tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio

73 https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf
74 https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92002017000100002&script=sci_arttext
75 https://www.redalyc.org/pdf/3710/371041320001.pdf
76https://www.redalyc.org/pdf/876/87601702.pdf. Recuento nacional de cómo ha sido el
manejo del concepto de medio ambiente y patrimonio público en Colombia.
77Damhuis, E & Meulen, L. Van Der, The Environment as Public Good: Insights in
Environmental Behavior and Support for Environmental Policies and the influence of
Time Preferences, University Utrecht. 2016.
78 https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf
79 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de
febrero de 2018, M.P William Hernández Gómez Bogotá, D.C., Rad. 25000-23-15-000-2002-
02704-01(SU)

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arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio
ambiente.

12. Definición y alcance del derecho colectivo a la defensa del
patrimonio público.

123. Establecido lo anterior, la Sala observa que los bienes públicos, en
general, se identifican en nuestro ordenamiento jurídico con un interés
colectivo digno de protección: el patrimonio público. Lo anterior, conforme al
contenido del artículo 88 de la Constitución Política que establece el derecho
colectivo a su defensa, susceptible de ser protegido a través de la acción
popular.

124. La Sección Tercera del Consejo de Estado analizó la consagración y
contenido del derecho colectivo a protección del patrimonio público en la
sentencia de 6 de septiembre de 200180, de la siguiente manera:

«El Derecho Colectivo a la protección del Patrimonio Público.

Este derecho, se encuentra consagrado en el artículo 4 literal e, de la ley
472 de 1998.
La inclusión de este derecho tiene como objetivo posibilitar a los ciudadanos
exigir el adecuado manejo de los recursos públicos, a su vez, es otra forma
de control al ejercicio del poder en manos de los ciudadanos y tiene como fin
que se pueda establecer la responsabilidad en los recursos manejados,
aplicación que se origina en virtud de la figura propia del derecho anglosajón
conocida como accountability.

En relación con la defensa del Patrimonio Público y la Moralidad
Administrativa la H. Corte Constitucional destacaba:

“No se trata pues, de que a través de las acciones populares, se
debatan y decidan controversias de tipo contractual, que tienen bien
definidas las reglas que les corresponden y que son competencia de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al estatuto
contractual y al código respectivo.

Ha dado, pues el Legislador, vigencia al principio de protección de los
recursos presupuestales de la Nación; ha cumplido con el deber de
velar por la intangibilidad de los recursos públicos; ha propendido por
la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno
cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta
Política pues, ciertamente la justicia y el bien común requieren de
herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del
interés colectivo representado en los recursos del patrimonio
público81”.
[…]
La protección del patrimonio público busca que los recursos del Estado sean
administrados de manera correcta, conforme lo disponen las normas
presupuestales.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 6 de septiembre de 2001, M.P. Jesús
María Carrillo Ballesteros, Rad. 13001-23-31-000-2000-0005-01(AP-163).
81 Corte Constitucional, sentencia C-088 de 2 de febrero de 2000.

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[…]»

125. Posteriormente, en la sentencia de la Sección Primera del 6 de
noviembre de 201382, esa Sala retomó el mismo concepto y se explicó que el
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público tiene naturaleza dual,
toda vez que «de un lado puede hablarse de una dimensión subjetiva, la cual
le otorga el calificativo de derecho y que conlleva la posibilidad de que
cualquier ciudadano pida su protección mediante la acción popular; de otro,
una dimensión objetiva o de principio que se traduce en la obligación de las
entidades públicas de gestionarlo de acuerdo con los postulados de
eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la Constitución
y cumpliendo la legalidad presupuestal vigente»83.

126. Mediante sentencia de 25 de febrero de 201684, la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación frente a la referida garantía colectiva,
reiteró lo anterior en idénticos términos y agregó que «Así las cosas, el
derecho colectivo estudiado tiene a su vez dos elementos: 1. La existencia
de un patrimonio de propiedad de una persona pública, y; 2. El análisis de la
gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma
irresponsable o negligente coloca en entredicho el interés colectivo
protegido.»

127. Por su parte, la Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación,
en sentencia del 25 de mayo de 201685, retomó la definición de patrimonio
público y el contenido de esa garantía. Frente a lo último, recordó lo
determinado por esa misma Sala en la sentencia de 10 de febrero de 200586,
en la que se indicó que «EL INTERÉS COLECTIVO A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO PÚBLICO es uno de los derechos de mayor connotación en el
Estado de Derecho colombiano, teniendo en cuenta que es a través de él
que el Estado da cumplimiento a los fines para los cuales fue estatuido, y
participa en la prestación de servicios públicos en beneficio de la
comunidad».

82 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González, Rad. 25000-

23-24-000-2012-00145-01(AP).
83
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2011. Expediente núm.
2004-00540. M.P Enrique Gil Botero.
84
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2016, rad: 25000-23-
24-000-2012-00656-01(AP), M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de mayo de 2016, M.P. Hernán

Andrade Rincón, Rad. 52001-23-31-000-2011-00297-01(AP).
86 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005, M.P. María

Elena Giraldo Gómez, exp. AP. 2003-254-01.

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128. En la referida providencia, esa Sala agregó que «con el fin de identificar
una posible infracción del derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público resulta indispensable analizar la conducta imputada a la parte
accionada, para, de esta manera, verificar si su proceder resulta constitutivo
de un manejo irresponsable, negligente o que encarne una destinación
diferente de la legalmente establecida respecto de los bienes y derechos de
titularidad pública, concepto que incluye el de propiedad pública, pero no se
agota en él.»87

129. Del anterior recuento, la Sala Especial deduce que no se observa
contradicción en la jurisprudencia en lo que tiene que ver con la definición de
la garantía de la defensa del patrimonio público. En efecto, esta corporación
en sentencia del 4 de marzo de 201988, afirmó que «Resulta pacífico el
criterio que ha sentado la Corporación al definir el derecho colectivo que
garantiza la protección del patrimonio público como aquel que busca
resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del Estado
además de propugnar por una administración eficiente que evite cualquier
detrimento al patrimonio estatal. […]89»; sin embargo, este concepto se
entiende complementado con la definición que del patrimonio público
establece la Sala Especial en esta oportunidad, dada su relación.

130. Por otra parte, la Sala destaca el vínculo inescindible entre los
derechos o intereses colectivos al patrimonio público y la moralidad
administrativa, relación que fue establecida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en la sentencia de 31 de mayo de 200290 y reiterada
también de forma tranquila en posteriores pronunciamientos91. Sobre el
particular, en la ferida providencia se precisó lo siguiente:

«a) La Moralidad Administrativa:

[…] la moralidad administrativa es una norma en blanco que debe ser
interpretada por el juez bajo la hermenéutica jurídica y aplicada al caso
concreto conforme a los principios de la sana crítica92.

87 Literal e) del artículo 18 y artículo 8 de la Ley 472 de 1998.
88 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 2019, M.P Ramiro
Pazos Guerrero, Rad. 05001-33-31-011-2010-00032-01(AP)REV.
89 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011. CP. Jaime

Santofimio Gamboa. Radicación Nro. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP), citado en
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2017,
Exp. 25000-23-41-000-2012-00682-01(AP), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
90 Consejo de Estado, Sección Cuarta; sentencia del 31 de mayo de 2002. Radicación

número: 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300), M.P Ligia López Díaz.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 15 de agosto de 2007, M.P. Ruth Stella

Correa Palacio, Rad. 88001-23-31-000-2005-00004-01(AP) y Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de febrero de 2018, M.P William
Hernández Gómez Bogotá, D.C., Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU)
92 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente

AP-163. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

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La moral administrativa, como principio constitucional está por encima
de las diferencias ideológicas y está vinculada a que el manejo de la
actividad administrativa se realice con pulcritud y trasparencia, con la
debida diligencia y cuidado que permitan que los ciudadanos
conserven la confianza en el Estado y se apersonen de él. El
funcionario público en el desempeño de sus funciones debe tener
presente que su función está orientada por el interés general, el
cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio.

Si el funcionario público o inclusive, el particular, actúan favoreciendo
sus intereses personales o los de terceros en perjuicio del bien común,
u omiten las diligencias necesarias para preservar los intereses
colectivos, o transgreden la ley en forma burda, entre otras conductas
se está ante una inmoralidad administrativa que puede ser evitada o
conjurada a través de las acciones populares (…).

Toda vez que como se dejó anotado, por tratarse de una norma
abierta, cuya aplicación al caso concreto se deriva de la interpretación
que sobre ésta efectúe el juez atendiendo los Principios generales del
derecho y la justificación de la función administrativa, esta Sala estima
que para que se concrete la vulneración de la “moralidad
administrativa” con la conducta activa o pasiva, ejercida por la
autoridad o el particular, debe existir una trasgresión al ordenamiento
jurídico, a los principios legales y constitucionales que inspiran su
regulación, especialmente a los relacionados con la Administración
pública.

b) Derecho Colectivo a la protección del Patrimonio Público.

Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes,
derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven
para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación
positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean
administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo
disponen las normas presupuestales. La regulación legal de la defensa
del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la
protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda
actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el
patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de
análisis judicial por medio de la acción popular.

La protección del Patrimonio Público busca que los recursos del Estado
sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo
dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas
presupuestales.

Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y
el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el
principio de moralidad administrativa, ámbito dentro del cual se debe
estudiar el caso concreto.»

131. Sobre la conexidad entre las garantías colectivas a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia de 15 de agosto de 200793, afirmó que
aunque «pueda imaginarse un daño a la moralidad administrativa aislado de
sus consecuencias [...], en la práctica, es difícil concebir un evento en que la

93 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 15 de agosto de 2007, M.P. Ruth Stella

Correa Palacio, Rad. 88001-23-31-000-2005-00004-01(AP)

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administración se separe de los imperativos del principio de la moralidad sin
afectar otros derechos colectivos como el de la defensa del patrimonio
público, el de la libre competencia económica, el de la seguridad pública o el
de la prevención de desastres técnicamente previsibles, entre otros.»94.

132. En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta corporación en sentencia de unificación de 13 de febrero de 201895,
recordó que «La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que
existe una aproximación indiscutible entre los derechos o intereses colectivos
al patrimonio público y a la moralidad administrativa. En efecto, en los
antecedentes de la Ley 472 de 1998 se definía la moralidad administrativa
«[…] como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público
sea manejado de acuerdo a la legislación vigente, con la diligencia y
cuidados propios de un buen funcionario […]».96.

133. Por su parte, la Sala Séptima Especial de Decisión, en sentencia de 25
de mayo de 202197, en sede de revisión eventual, retomó las anteriores
consideraciones y agregó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público, se afecta en su «dimensión objetiva conforme con la cual <<se
traduce en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de
acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia contemplados
en el artículo 209 de la Constitución Política (…)» ( Destacado en el texto
original).

134. Finalmente, la Sección Tercera, Sub Sección A de esta corporación en
reciente sentencia de 16 de julio de 202198 reafirmó lo expuesto en

94 Sentencia, Sección Tercera, del 17 de junio de 2001, exp: Ap.- 166. Aunque el derecho o

interés colectivo a la moralidad administrativa no se encuentra definido en la ley 472 de
1998, en los antecedentes de la ley al precisar como derecho colectivo “la moralidad
administrativa y la prevención de cualquier práctica corrupta por parte de los servidores
públicos”, se dio la siguiente definición: “Se entenderá por moralidad, administrativa el
derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo a la
legislación vigente, con la diligencia y cuidados propios de un buen funcionario” (Cfr. Gaceta
del Congreso No. 277 de septiembre 5 de 1995, pág. 1).
Sobre este aspecto, en la sentencia de la Sección Cuarta del 20 de abril de 2000, exp: AP-
52, se dijo que “la moralidad administrativa persigue, entre otros objetivos, el manejo
adecuado del erario público y en general que los funcionarios públicos asuman un
comportamiento ético frente al mismo, pues los servidores públicos pueden incurrir en
conductas que la generalidad tacharía de inmorales, o en otras que podrían ser sancionadas
disciplinaria o penalmente”.
95 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de

febrero de 2018, M.P William Hernández Gómez Bogotá, D.C., Rad. 25000-23-15-000-2002-
02704-01(SU)
96
Gaceta del Congreso. Núm. 277 de septiembre 5 de 1995, pág. 1. Artículo 4.° literal b. Inc.
2.°
97 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión, sentencia del 25 de mayo de

2021, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, Rad. 05001-33-31-007-2009-00132-01(AP)REV.
98 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021,

M.P. José Roberto Sáchica Méndez, Rad. 25000-23-41-000-2014-00349-01(AP).

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consideraciones anteriores en lo que tiene que ver con el contenido y
naturaleza de las garantías colectivas a la moralidad administrativa y a la
defensa del patrimonio público, en los siguientes términos:

«[…]

27.- Bajo la misma línea de pensamiento, en casos como este, la Sección ha
sostenido que conforme con lo preceptuado en los artículos 88 y 209 de la
Constitución Política, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio
público revisten una doble naturaleza, en tanto principios infranqueables a los
que debe ceñirse la actividad de la administración y derechos colectivos
inalienables que, hacen de la acción popular un mecanismo verdadero y
efectivo control constitucional de alcance particular -art. 88-.99, lo que significa
que más allá del juicio formal que le corresponde al juez ordinario, el juez
popular dados los derechos de origen constitucional que protege, sus
decisiones deberán consultar los valores y principios de jerarquía superior, que
rigen el comportamiento de los asociados y que comportan criterios de validez
material que rigen las actuaciones administrativas, cumpliendo su doble
propósito en tanto deberes de corrección que irradian todas las actuaciones de
la administración.

28.- En consecuencia, mientras el juez popular subyace sus decisiones
fundado en principios y valores constitucionales que constituyen verdaderas
reglas vinculantes y criterios de validez material que rigen las actuaciones
administrativas, la competencia de los jueces ordinarios se limitará a control de
legalidad de cara a los elementos de perfeccionamiento, ejecución y liquidación
del contrato, […]

51. Igual ocurre, respecto de la protección del derecho colectivo a la defensa
del patrimonio público, pues éste sólo se ve afectado, cuando la administración
o el particular que administra recursos públicos los maneja indebidamente, bien
porque lo hagan en forma negligente o porque se destinen a gastos diferentes
a los expresamente señalados en la norma y ponga en riesgo la transparencia
sobre la destinación de los recursos,100 siempre bajo la comprobación de que la
conducta descuidada, negligente o imperita, afecte el núcleo de ese derecho,
aspecto que reside en la realización de los fines del Estado. »

135. La defensa del patrimonio público, conforme lo ha determinado el
Consejo de Estado, tiene una doble naturaleza. La primera es la dimensión
subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho, y la segunda, una
objetiva o de principio, que se convierte en la obligación de las entidades
públicas de gestionarlo de acuerdo a lo establecido en el artículo 209 de la
Constitución Política, de forma eficiente y transparente y observando la
legalidad presupuestal vigente101.

136. En consecuencia, para que se configure la vulneración a la garantía
colectiva a la defensa del patrimonio público se requiere de la confluencia de
los elementos: i) subjetivo, referido al análisis de la gestión de ese patrimonio

99
Ibídem
100
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
AP – 163 de 2001.
101
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2016, rad: 25000-23-
24-000-2012-00656-01(AP), M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.

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a cargo del funcionario, de modo que si ésta se hace de forma irresponsable,
deshonesta o negligente, se transgrede el interés colectivo protegido y, ii)
objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de
gestionar el patrimonio público, de acuerdo con los postulados de eficiencia y
transparencia contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política.

137. Asimismo, la Sala Especial destaca la conexidad e inescindibilidad que
por regla general se configura entre la vulneración a los derechos colectivos
a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, toda vez
que casi siempre la vulneración de uno implica la transgresión del otro. Lo
anterior, encuentra su génesis desde los antecedentes de la Ley 472 de
1998, oportunidad en la que se definió el derecho a la moralidad
administrativa «[…] como el derecho que tiene la comunidad a que el
patrimonio público sea manejado de acuerdo a la legislación vigente, con la
diligencia y cuidados propios de un buen funcionario […]»102.

138. Además, se observa que si bien es posible pensar un daño a la
moralidad administrativa separado de sus consecuencias, en la práctica, es
difícil suponer un evento en el que la administración abandone los postulados
del principio de la moralidad, sin afectar otros derechos colectivos como el de
la defensa del patrimonio público. «Ello se explica porque en los términos de
los artículos 88 y 209 de la Constitución Política, la moralidad administrativa y
la defensa del patrimonio público gozan de una doble naturaleza, en tanto
son principios103 infranqueables a los que debe ceñirse la actividad de la
administración y derechos colectivos inalienables104 […] De aquí que, a
través de la acción popular se pretende corregir las irregularidades que
lesionan principios rectores de la actividad administrativa, conjurando
oportunamente hechos u omisiones capaces de generar daños colectivos a
la moralidad y al patrimonio público con el fin de superarlos; no se trata de

102
Gaceta del Congreso. Núm. 277 de septiembre 5 de 1995, pág. 1. Artículo 4.° literal b. Inc.
2.°
103
“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
104
“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los
derechos e intereses colectivos”.

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Accionante: Germán Eduardo Triana López
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en Liquidación - ELECTROLIMA

que el juez popular realice un juicio de legalidad formal, como quedó dicho,
pues ello le corresponde al juez natural, sino que propenda por la protección
de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público sin los
límites de las acciones ordinarias.»105

139. De lo expuesto, la Sala Especial deduce que la protección del
Patrimonio Público propende porque «los recursos del Estado sean
administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las
normas presupuestales»106. Así las cosas, la regulación legal de la defensa
del Patrimonio, tiene una finalidad garantista, «la protección normativa de los
intereses colectivos, en consecuencia toda la actividad pública está sometida
a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos
colectivos podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la Acción
Popular»107. Para el Consejo de Estado, «el debido manejo de los recursos
públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público, enmarcan el principio de moralidad administrativa [...]108».

140. De conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, que se
prohíjan en esta providencia y precisado el concepto de lo que se de
entender por patrimonio público, la Sala especial concluye que la garantía
colectiva a su defensa propugna por la protección del patrimonio estatal, en
orden a resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas y
procura porque su administración sea eficiente, proba y transparente, de
acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia propios de un
buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento.

Análisis del caso concreto.

141. En el presente asunto, como se expuso al inicio de esta providencia, el
demandante popular pretende el amparo de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. Pide que se
declare que las demandadas vulneraron las anteriores garantías y como
105
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez, Rad. 25000-23-41-000-2014-00349-01(AP).
106 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de junio de 2005, expediente AP 25000-23-26-

000-2.004-00183-01.
107 Consejo de Estado. Sentencia de 10 marzo de 2005, expediente AP 25000-23-25-000-

2.002. Acción Popular de María Eugenia Sarquez contra Departamento de Cundinamarca y
Otro; y COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 2 de junio de 2005, expediente
AP 25000-23-26-000-2.004-00183-01. Acción Popular de William Parias contra Banco del
Estado. Apartes transcritos en CARRILLO BALLESTEROS, Jesús María. Del patrimonio
público: una aproximación al concepto y a su contenido. Prolegómenos Derechos y Valores,
Bogotá, vol. IX, n. 17, p. 23-34, ene./jun., 2006. p. 23. Disponible en:
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/2581/2282 Acceso el: 24 de
agosto de 2020
108 Ibídem

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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consecuencia, solicita que se declare la nulidad absoluta de los otrosíes Nos.
2 y 3, suscritos por los representantes legales de ENERTOLIMA S.A. -
E.S.P.109, y ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en Liquidación110, que modificaron el
contrato de arriendo de 13 de agosto de 2003, suscrito entre esas empresas
sobre el sistema de distribución eléctrica de propiedad de la última porque
considera que se suscribieron en detrimento del patrimonio de la primera y
de sus acreedores.

142. Con el propósito de establecer si en ejercicio de la actividad contractual,
esto es, con ocasión de las modificaciones acordadas frente al contrato de
arriendo a que se viene haciendo referencia, las entidades demandadas
vulneraron las garantías colectivas a la moralidad administrativa y al
patrimonio público, la Sala procede, en primer lugar, a establecer la
naturaleza y constitución de las empresas demandadas, ELECTROLIMA S.A.
E.S.P. en Liquidación y de ENERTOLIMA S.A. - E.S.P., enseguida analizará
el referido acuerdo.

1. Naturaleza jurídica y composición accionaria de la Electrificadora del
Tolima S.A E.S.P. - ELECTROLIMA en Liquidación y de la Compañía
Energética del Tolima S.A - E.S.P. – ENERTOLIMA.

143. ELECTROLIMA S.A. E.S.P. fue creada por medio de la Escritura
Pública No. 907 de 24 de 1955, inscrita en la Cámara de Comercio el 8 de
junio de ese mismo año y constituida como una sociedad por acciones del
tipo de las anónimas, del orden nacional perteneciente al sector
administrativo del Ministerio de Minas y Energía111. Fue organizada como
empresa de servicios públicos domiciliarios, con participación accionaría
mayoritaria de la Nación, con domicilio en la ciudad de Ibagué. Además,
prestaba los servicios públicos de generación, distribución y comercialización
de energía eléctrica, especialmente en el departamento del Tolima112.

144. Por medio de la Resolución 01398 de 16 de enero de 2002, la
Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios tomó posesión de
ELECTROLIMA por encontrarse incursa en las causales previstas en los

109
Constituida mediante la Escritura Pública N° 2189 de agosto 11 del 2003 otorgada en la
Notaría 56 del Círculo de Bogotá, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de
energía eléctrica en el territorio nacional.
110 Sociedad anónima, constituida por acciones y organizada como empresa de servicios

públicos domiciliarios, con participación accionaría mayoritaria de la Nación, con domicilio en
la ciudad de Ibagué.
111 Folios. 138 a 140
112 http://electrolima.com/

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en Liquidación - ELECTROLIMA

numerales 1° y 7° del artículo 59113 de la Ley 142 de 1994114, debido a que «el
volumen de sus pasivos no le permitía garantizar la prestación del servicio de
manera continua y eficiente.»115.

145. La anterior decisión obedeció a que: i) al 6 de septiembre de 2001, la
Empresa registró cuentas por pagar vencidas en cuantía de
$36.868.000.000, ii) tenía vigentes 7 programas de limitación de suministro,
conforme a la Resolución CREG 116 de 1998, iii) el flujo de caja proyectado
por la empresa para el año 2001 arrojó un déficit de $32.269.000.000, y iv)
el Contrato BOOT116 se adicionó en tres oportunidades lo que generó un
incremento de su valor inicial, el que pasó de US$8.5 millones a
US$27.000.000, situación que generó un mayor endeudamiento de corto
plazo y aumento de las cuentas por pagar117.

146. La liquidación de ELECTROLIMA fue ordenada por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la Resolución 003848 de
12 de agosto de 2003. Para esa actuación se fijó un plazo de dos años (13
de agosto de 2003 al 12 de agosto de 2005)118; sin embargo, a la fecha de
expedición de esta providencia el proceso no ha finalizado y se han expedido
varias resoluciones de prórroga del término, siendo la última la Resolución
No. SPD No. 20201000055715 de 2 de diciembre de 2020, que amplió el
plazo de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2021119.

147. Mediante Escritura Pública N.º 2189 del 11 de agosto de 2003 de la
Notaria Cincuenta y Seis del Círculo de Bogotá se creó la Compañía
Energética del Tolima - ENERTOLIMA S.A. E.S.P. como una sociedad por
acciones del tipo anónima, cuyos socios originales fueron la FEN,
CEDENAR, FINDETER, FONADE y la EMPRESA DE ENERGÍA DE
CUNDINAMAMARCA120, cada una con el 20% del capital121.

113 «ARTÍCULO 59. CAUSALES, MODALIDAD Y DURACIÓN. El Superintendente de
servicios públicos podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes casos:
59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad
y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el
orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.
[…]
59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago
de sus obligaciones mercantiles.
114 «por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan

otras disposiciones.»
115 https://www.dane.gov.co/files/icer/2003/tolima/t2.pdf
116 Build-Own-Operate-Transfer
117 http://electrolima.com/
118 http://electrolima.com/informe-de-gestion-del-gerente-liquidador/
119 https://normograma.info/ssppdd/docs/resolucion_superservicios_55715_2020.htm
120 https://www.dane.gov.co/files/icer/2003/tolima/t2.pdf
121 Folio. 1489 del cuaderno 3 del paquete 6

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148. El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES No. 3234 de
2003, apoyó el proceso de constitución de ENERTOLIMA y recomendó la
vinculación de capital para efectos de asegurar una adecuada prestación del
servicio de energía en el Departamento del Tolima.122

149. El objeto de la sociedad lo constituyó la distribución y comercialización
de energía eléctrica y servicios complementarios.123 La empresa nació ante la
orden de liquidación forzosa de ELECTROLIMA, «En un esquema que se
denominó “De contingencia” comenzó un proceso de negocios para
estructurar la nueva compañía. El capital de trabajo se logró a través de un
préstamo otorgado por la Financiera Energética Nacional, FEN, por valor de
$41 mil millones de pesos. Enertolima entrego (sic) un anticipo sobre los
cánones de arrendamiento futuros por un valor de $37 mil millones. Con el
anticipo recibido, Electrolima pagó la liquidación de la mayoría de sus
trabajadores y los 4 mil millones restantes se tomaron para proveer el capital
de trabajo inicial.»124

2. El contrato de arrendamiento de 13 de agosto de 2003, suscrito entre
ELECTROLIMA S.A E.S.P. en liquidación y ENERTOLIMA S.A E.S.P.

150. Del acervo probatorio allegado al expediente, se advierte que el 13 de
agosto de 2003, el liquidador de ELECTROLIMA S.A E.S.P. y el gerente de
ENERTOLIMA S.A E.S.P., celebraron un contrato de arrendamiento en virtud
del cual la primera (arrendador) concedió a la segunda (arrendatario) el uso y
goce de su infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica.

151. La cláusula primera del acuerdo contiene sus antecedentes y
consideraciones. Allí se indicó que «la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, mediante resolución SSPD 003848 del 12 de agosto
de 2003 ordenó la liquidación del Arrendador […] por decisión del Ministerio
de Minas y Energía, el Arrendatario es el encargado de la prestación de los
servicios de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica
en el Departamento del Tolima […] para la prestación de dicho servicio
público el Arrendatario requerirá servirse y utilizar la infraestructura de
transmisión y distribución de propiedad del Arrendador […] los recursos que
perciba el Arrendador como resultado de la celebración del presente Contrato
habrán de contribuir al pago de sus acreencias conforme lo indican las

122 Folio. 1489 del cuaderno 3 del paquete 6
123 http://electrolima.com/
124 Informe final de gestión y resultado Compañía Energética del Tolima S.A E.S.P Año 2005

– paquete 5 - folio 1054

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normas aplicables […] el presente Contrato constituye y debe interpretarse
como una fórmula o mecanismo de transición con el que se busca garantizar
la continuidad de la prestación de los servicios de distribución y
comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Tolima. […]
debido al estado de las redes de transporte de energía de propiedad del
Arrendador, los niveles actuales de pérdidas totales de energía son del
treinta por ciento (30%), rango que supera ampliamente los límites
reconocidos por las normas vigentes y que obliga a contemplar
estipulaciones especiales entre el Arrendador y el Arrendatario».125

152. Las cláusulas del contrato original de arrendamiento, son las siguientes:

«Cláusula Segunda.- Objeto:
2.1. Por medio del presente Contrato, el Arrendador concede al
Arrendatario el uso y goce de cualquiera y toda la infraestructura de
transmisión y distribución de energía eléctrica que hasta el momento ha
sido operada por el Arrendador incluyendo, sin limitación, la líneas,
subestaciones y equipos que se incluyen en el Anexo 1 del presente
Contrato y los inmuebles en donde se encuentran ubicados, los cuales
se incluyen en el Anexo 2 del presente Contrato.”
[…]
Cláusula Tercera.- Entrega:
En la presente fecha el Arrendador ha hecho entrega real y material al
Arrendatario de la Infraestructura Eléctrica, quien declara haberla
recibido a satisfacción para operarla y mantenerla en el estado en que
se encuentra.

Cláusula Cuarta.- Finalidad del Contrato y utilización de la
Infraestructura Eléctrica:
4.1 El Arrendatario reconoce la naturaleza y estado de la Infraestructura
Eléctrica que se le arrienda y se compromete a utilizarla para efectos de
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía
eléctrica en el departamento del Tolima. Para tales efectos deberá dar
cumplimiento a cualquiera y todas las normas que sean aplicables a la
actividad de transmisión y distribución de energía eléctrica incluyendo,
sin limitación, la regulación técnica vigente expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, así como la que expida en el futuro, y las
normas ambientales aplicables de tiempo en tiempo y las buenas y
correctas prácticas de manejo de la Infraestructura Eléctrica que sea
adecuada o reconocida en la operación de sistemas similares.
4.2 Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio
público de energía en el Departamento del Tolima, el Arrendatario se
obliga, por su propia cuenta, a operar, mantener, dar servicio y reparar la
Infraestructura Eléctrica y todas las partes de la misma de conformidad
con buenas prácticas de operación e ingeniería y, en todo caso, a
efectuar cualquiera y todas las reparaciones de la Infraestructura
Eléctrica que sean necesarias o apropiadas para tal fin. Para todos los
efectos, se considerará que la propiedad de todas las reparaciones que
efectúe el Arrendatario a la Infraestructura Eléctrica, serán de propiedad
del Arrendador
[…]
Cláusula Séptima - Término de Duración:
El presente Contrato tendrá una duración de tres (3) años, contados a
partir de la fecha de suscripción del presente documento. No obstante lo

125
Folios 12 a 19 del Cuaderno 1

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anterior, el presente Contrato podrá terminarse anticipadamente previo
acuerdo por escrito de las partes contratantes.
Cláusula Octava.- Canon de arrendamiento:
El canon de arrendamiento de la Infraestructura Eléctrica de transmisión
y distribución materia del presente Contrato se sujeta a las siguientes
reglas:
8.1 El Arrendatario pagará al Arrendador durante la vigencia de este
contrato una suma variable mensual que se calculará de la siguiente
forma:
8.1.1 En primer lugar, se determinará el monto total de la facturación
mensual a que tiene derecho el Arrendatario por concepto de las
actividades de transporte a través del Sistema de Transmisión Regional
(STR) y del Sistema de Distribución Local (SDL) (en adelante “la
Facturación Total”)
8.1.2 De la facturación Total se deducirán las siguientes cuatro (4)
partidas:
(i) El costo mensual de administración, operación, seguros y
mantenimiento en que hubiere incurrido el Arrendatario para ejecutar las
actividades de transmisión regional y distribución local (“en adelante “el
AOM real”) incurrido en el mes respectivo,
(ii) El costo de las pérdidas de energía no reconocidas por la regulación
vigente que ocurran en la zona de influencia de la Arrendataria,
calculadas sobre los componentes G, T y D de la actual fórmula tarifaria
o de aquella que los sustituya (en adelante “las Pérdidas no
Reconocidas“)
En ningún caso las Pérdidas totales el veinticinco por ciento (25%)
eléctrica, razón por la cual serán de cargo exclusivo del Arrendatario
todas la (sic) pérdidas que superen dicho límite.
(iii) Los pagos adicionales que deban efectuarse a otros operadores de
red, por uso de sus sistemas, y/o por concepto de conexión al Sistema
de Transmisión Nacional STN (en adelante “los pagos a los OR”),
efectuados en el mes respectivo.
(iiii) El valor de las compensaciones DES y FES
Como consecuencia de lo anterior la fórmula de determinación del canon
mensual de arredramiento es la siguiente:
Canon mensual = facturación Total factor D – (AOM + Pérdidas no
reconocidas + Pagos a los OR + compensaciones DES y FES +
seguros)
[…]
Cláusula novena.- Pago anticipado de cánones de arrendamiento:
9.1 Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de
celebración del presente Contrato el Arrendatario pagará al Arrendador o
a su orden, a título de anticipo de los cánones de arrendamiento
pactados la suma de treinta y siete mil millones de pesos
$37.000.000.000) moneda corriente, que será utilizada por el Arrendador
para atender las obligaciones a su cargo conforme a las previsiones
legales.
9.2 La amortización del anticipo se efectuará mensualmente y sobre la
totalidad del canon mensual causado.
[…]
Cláusula Décima Primera.- Primera opción de compra de la
Infraestructura Eléctrica:
10.1 A partir del cuarto (4°) mes de ejecución del presente Contrato y
hasta un instante antes de su terminación el Arrendatario tendrá una
opción de compra en firme de la Infraestructura Eléctrica arrendada,
gracias a lo cual tendrá la vocación de convertirse en propietario de la
misma.
[…]»

153. Como se establece de su contenido, el contrato de 13 de agosto de
2003 celebrado entre ELECTROLIMA S.A E.S.P. en Liquidación y

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ENERTOLIMA S.A E.S.P. comprende las siguientes obligaciones: i) el
arrendador le concedió al arrendatario el uso y goce de la infraestructura de
transmisión y distribución de energía eléctrica que hasta el momento había
operado, ii) se estableció una fórmula para la fijación del precio del arriendo,
pagadera por mensualidades vencidas, iii) el arrendador se comprometió a
pagar al arrendatario la suma de $37.000.000.000 a título de anticipo de los
cánones de arrendamiento y, iv) se constituyó a favor del arrendatario de una
opción de compra de la infraestructura eléctrica arrendada.

154. El 5 de junio de 2004, los representantes legales del ELECTROLIMA en
Liquidación y la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. –
ENERTOLIMA S.A. E.S.P., celebraron el «Otrosí No 1 que modifica y
adiciona el contrato de arrendamiento celebrado entre la Electrificadora del
Tolima S.A ESP en liquidación y la Compañía Eléctrica del TOLIMA S.A
ESP». Ello, en consideración a que «en reuniones sostenidas entre las
partes se acordó precisar las variables de ingreso y egreso que definen el
cálculo del canon de arrendamiento de la cláusula octava del contrato y
definir la fórmula y tasa de reconocimiento financiero en la amortización del
anticipo realizado por el arrendatario. […] el canon de arrendamiento
corresponde a un valor que es originado después de aplicar una fórmula que
parte de los ingresos de distribución y unas deducciones. […] Se han
presentado aclaraciones por parte del regulador con relación al cobro de
cargos de distribución por parte de los OR en especial con el reconocimiento
a los propietarios de activos de conexión, la prestación del servicio de
alumbrado público y la aplicación de la segunda etapa de transición que trata
la resolución CREG 032 de 2003. […] debido a las aclaraciones
mencionadas en el punto anterior se hace necesario involucrar los ajustes
que tenga que realizar ENERTOLIMA a sus clientes en el contrato de
arrendamiento».

155. En lo que tiene que ver con el canon de arrendamiento, se determinó lo
siguiente:

«Cláusula Primera: Modificar la Cláusula Octava -Canon de
arrendamiento – que, en adelante quedará así:

Cláusula Octava. Canon de arrendamiento:
El canon de arrendamiento de la Infraestructura Eléctrica de
Distribución, materia del presente Contrato se sujeta a las siguientes
reglas:
8.1 El arrendatario pagará al Arrendador durante la vigencia del contrato
una suma variable mensual que se calculará de la siguiente forma:

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8.1.1 Se determinará el monto total de la facturación mensual a que
tiene derecho el arrendatario por concepto de las actividades de
transporte a través del Sistema de Transmisión Regional (STR) y el
Sistema de Distribución Local (SDL), en adelante la Facturación Total.
La Facturación Total (variable de ingresos), se calcula a partir de las
ventas en kWh por nivel de tensión de ENERTOLIMA S.A ESP, como
distribuidor, según el sistema de clientes comerciales de Enertolima S.A
ESP. Estas ventas el Kws. se multiplican por las tarifas aplicadas a los
usuarios, correspondientes a los cargos D de las respectivas estructuras
tarifarias.
A los ingresos se les deberá sumar la facturación de cargos por uso del
sistema cobrado a otros comercializadores por parte de Enertolima S.A
ESP, que atiendan demandada en el mercado del departamento de
Tolima.
Estos cargos D están de conformidad con la resolución GREG (sic) 037
de 2003 y se actualizan según la metodología de la resolución CREG
082 de 2002.
8.1.2 De la facturación de (sic) deducirán las siguientes cuatro partidas:
(i) El costo mensual de administración, operación y mantenimiento que
hubiese incurrido el arrendatario para ejecutar las actividades de
transmisión regional y distribución local (“en adelante el AOM real),
incurrido en el respectivo mes. La variable A (administración) será igual
al 8.5% de los ingresos netos que trata el numeral 8.1.1 y el OM, incluirá
todos los costos de Operación y Mantenimiento incurridos por el
distribuidor que se encuentren contabilizaos y respaldados con facturas.
(ii) Los costos de las pérdidas de energía no reconocidas por la
regulación vigente. Las pérdidas de energía para efectos de este
contrato se definen como el producto del balance de energía de
ENERTOLIMA S.A ESP el cual resulta de la diferencia entre compras y
ventas de energía que ocurran en la zona del Operador de Red. El costo
de la energía pérdida será valorado con base en las compras totales de
energía teniendo en cuenta los contratos y compras en bolsa, los pagos
por uso del Sistema de Transmisión Nacional STN y los pagos
realizados por administración del SIC y del CND. El valor a deducir no
podrá ser superior a la diferencia entre el porcentaje de perdidas
reconocido por la regulación actual en la formula tarifaria para
comercializadores y un tope máximo del 25%. El porcentaje de perdidas
No reconocidas se aplicará sobre el costo de la energía definida
anteriormente.
(iii) Los pagos adicionales que deban efectuarse a otros operadores de
red y a terceros, por uso de sus sistemas y/o por concepto de conexión
al Sistema de Transmisión Nacional STN (en adelante los pagos de OR
y terceros), efectuados en el mes respectivo. Estará conformado por las
facturas recibidas por conexión al STN, STR Y SDL de otros operadores
y terceros que hayan sido incluido su ingreso dentro del cargo por uso
aprobado por el regulador a Enertolima S.A ESP. y cargos asignados al
distribuidor por servicios de Liquidador y Administrador de Cuentas
(LAC).
(iv) El valor de las compensaciones DES y FES, calculado
trimestralmente, y realmente lo reconocido a los usuarios.
PARAGRAFO 1: Del valor resultante de acuerdo con la metodología
anteriormente establecida se descontarán igualmente los valores que
Enertolima S.A ESP cancele por los siguientes conceptos:
a) El valor de las sustituciones y/o mejoras autorizadas y reconocidas
por Electrolima S.A ESP de conformidad con la cláusula quinta del
contrato original;
b) Pago de impuestos relacionados con el contrato de arrendamiento
que sean a cargo de ELECTROLIMA SA ESP de acuerdo con la
legislación vigente y que sean cancelados por ENERTOLIMA.
c) Los demás pagos que expresamente autorice Electrolima S.A ESP
PARAGRAFO 2: En el evento en que la CREG aclare la aplicación de
los cargos de Distribución que debe realizar ENERTOLIMA en calidad
de Operador de Red a sus clientes finales y estas aclaraciones

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impliquen ajustes retroactivos a LOS (sic) clientes, estos ajustes se
tendrán en cuenta al momento de determinar el monto total de la
facturación mensual que trata el numeral 8.1.1 del contrato de
arrendamiento.

Cláusula Tercera: (sic) modificar la cláusula novena – Pago
anticipado de cánones de arrendamiento, en su numeral 9.3, del
contrato original que en adelante quedará así:
9.3 El arrendador, reconocerá como descuento financiero sobre el valor
del anticipo, la misma tasa de interés que ENERTOLIMA S.A ESP
cancela por el valor del crédito otorgado por la FEN para el desembolso
del anticipo.

Cláusula Cuarta: Ampliar la cláusula Décima cuarta- Gastos e
impuestos, del contrato original que en adelante quedará así:
El impuesto a las ventas lo factura Electrolima S.A ESP y el valor no
retenido por Enertolima S.A ESP de acuerdo con la normatividad
vigente, lo gira igualmente Enertolima a nombre de ELECTROLIMA SA
ESP a la DIAN de acuerdo con los vencimientos.
El impuesto de Timbre es compartido por partes iguales. Enertolima S.A
E.S.P lo cancela y carga el 50 % restante a Electrolima S.A ESP.
La retención en la fuente estará a cargo de Electrolima S.A ESP y será
cancelada por ENERTOLIMA SA ESP constituyéndose en un menor
valor del canon del arrendamiento para abonar el anticipo.
Los demás impuestos que se pudieren generar por ejecución del
contrato serán cubiertos por partes iguales.

Cláusula Quinta.- La cláusula séptima del contrato quedará así:
El presente Contrato tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la fecha de suscrición del presente documento. No obstante lo
anterior, el presente contrato podrá terminarse anticipadamente en los
siguientes caso: i) Por acuerdo por escrito de las partes; ii) Si antes del
vencimiento del plazo pactado, ELECTROLIMA SA ESP amortiza la
totalidad del anticipo recibido y se produce la venta de los activos
arrendados dentro del proceso liquidatorio; (sic) En este caso,
ELECTROLIMA SA ESP está facultada para dar por terminado de
manera unilateral el presente contrato sin que haya lugar a ningún tipo
de reclamación y/o indemnización por esta causa.

[…]

Cláusula Octava: El presente acuerdo deberá aplicarse de forma
retroactiva partir (sic) del inicio de la ejecución del contrato. (excepto la
cláusula quinta). Las partes se comprometen a realizar los respectivos
ajustes a los cánones facturados a la fecha, e incluirlos en la siguiente
factura. […]»126.

156. De la anterior transcripción, la Sala establece que mediante el otrosí No.
1 del contrato de arrendamiento del 13 de agosto de 2003, se varió el
acuerdo original principalmente en lo que tiene que ver con la forma de
calcular el canon de arrendamiento que, aunque mantuvo su valor en una
suma mensual variable, las partes consideraron necesario incluir en ella
nuevos conceptos no previstos inicialmente, como la fórmula y tasa de
reconocimiento financiero en la amortización del anticipo, las variables de
ingreso y egreso que lo definían y las aclaraciones que el ente regulador

126 Folios 44 - 48 del cuaderno 1.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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había realizado en relación al cobro de cargos de distribución por parte de
otros operadores de red (OR).

157. El 8 de noviembre de 2004, el Liquidador de ELECTROLIMA y el
gerente de ENERTOLIMA celebraron el «OTROSÍ No 2 QUE MODIFICA Y
ADICIONA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A ESP EN LIQUIDACIÓN Y
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP, […]» en consideración a
que «la estructura de remuneración acordada en el contrato de
arrendamiento debe reflejar las realidades financieras intrínsecas al negocio
de distribución y comercialización de energía del departamento del Tolima,
las cuales dependen fundamentalmente de la gestión que Electrolima en
Liquidación realizó hasta el 12 de agosto de 2003. […] en el curso de la
ejecución del contrato se ha revelado un desequilibrio económico que afecta
la capacidad de pago del arriendo a cargo de Enertolima. […] algunas de las
variables de gestión del negocio de distribución y comercialización de
energía eléctrica en el departamento del Tolima no fueron consideradas en la
estructuración de la fórmula de remuneración del arrendamiento, por lo que
es preciso adoptar las medidas para reflejar dichas variables
adecuadamente. […] Enertolima, mientras no concluya exitosamente su
proceso de vinculación de capital, no cuenta con el capital suficiente ni con la
capacidad de endeudamiento para acometer las inversiones que se
necesitan para mejorar sus indicadores de gestión. […] Las partes de común
acuerdo deciden la suscripción del presente OTROSI No. 2 para adecuar el
contrato a las necesidades de las dos empresas y para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio». El contenido de la modificación, es
el siguiente:

«CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Séptima – Término de
duración – la cual quedará así:
Cláusula Séptima.- Término de duración.
El presente contrato tendrá un término de duración indefinido contado a
partir de la fecha de suscripción. […]

«CLÁUSULA TERCERA: Modificar la Cláusula Octava -Canon de
arrendamiento – la cual quedará así:
Cláusula Octava.- Canon de arrendamiento:
El canon de arrendamiento de la infraestructura eléctrica de distribución
y transmisión, materia del presente Contrato, que el Arrendatario pagará
al Arrendador durante su vigencia es una suma variable mensual que se
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula general y en cuya
estimación se aplicarán las reglas que a continuación se establecen:

Canon mensual = [Ingreso Neto por Distribución (D) x Porcentaje de
Recaudo] – (Costos OM + Costos A + Costos de Pérdidas de

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Energía No Reconocidas + Cargos OR + Compensaciones DES y
FES + Seguros).

8.1 Para definir el Ingreso Neto por Distribución (D) se parte del total de
los ingresos facturados por Enertolima a sus clientes por concepto de
transporte de energía a través del Sistema de Transmisión Regional
(STR) y el Sistema de Distribución Local (SDL), calculado con base en
las ventas en kWh en cada nivel de tensión, la cuales se multiplican por
los respectivos cargos de distribución, aprobados para el sistema que
opera Enertolima y aplica en sus tarifas. A estos ingresos ese les suma
la facturación de cargos por uso del sistema de distribución local
cobrados por Enertolima a otros comercializadoras que atiendan a
clientes ubicados en el mercado del departamento del Tolima,
conformando así los Ingresos Brutos de Distribución.
A los Ingresos Brutos de Distribución, una vez se le descuente el costo
de la remuneración, de los activos de terceros reconocidos por
Electrolima en Liquidación, se le denomina Ingresos Netos de
Distribución (D)
Los ingresos Netos de Distribución (D) que resulten, se multiplicarán por
el porcentaje de recaudo. El porcentaje de recaudo será el mayor valor
que resulta entre evaluar el porcentaje de recaudo real del mes y un
factor variable que tiene un valor piso del 90% para el mes de agosto de
2003 y que se incrementa en 0,5% cada mes hasta llegar al 95%.
El porcentaje de recaudo real del mes es igual al total de los ingresos
recibidos en caja por concepto de facturación corriente de venta de
energía y recaudo de cartera por venta de energía de Enertolima,
dividido entre la facturación por venta de energía del mes respectivo. El
valor máximo del porcentaje de recaudo real que se reconocerá en el
cálculo del canon de arrendamiento es del 105%.
Los cargos de distribución para cada nivel de tensión se calculan
conforme a la metodología establecida en la resolución CREG 082-02 y
los cargos aprobados al Operador de Red de conformidad con lo
establecido en la resolución GREG 037-03.

8.2. Del ingreso Neto por Distribución (D) se deducirán las siguientes
seis (6) partidas:

8.2.1. Costos OM: El costo mensual de Operación y Mantenimiento.
Como costos de Operación y Mantenimiento, se deducirán todos los
costos en que hubiese incurrido el Arrendatario (Enertolima) para
ejecutar las actividades de transmisión regional y distribución local (en
adelante el OM real) a través de sus contratistas en cada mes. Todos los
costos de Operación y Mantenimiento que se deduzcan deben estar
debidamente contabilizados y respaldados con facturas aceptadas.

8.2.2. Costos A: El costo mensual de la Administración será igual al
8.5% del Ingreso Neto por Distribución (D).

8.2.3. Costo de Pérdidas de Energía No Reconocidas. El Costo de
Pérdidas de Energía No Reconocidas es equivalente a la multiplicación
del porcentaje de Pérdidas no Reconocidas (%PerNoRec) por el costo
de compras de energía y cargos asociados.

Para efectos de este contrato, el porcentaje de Pérdidas de Energía No
Reconocidas (%PerNoRec), se define como la diferencia entre el
porcentaje de Pérdidas Reales (%PerReal) de Enertolima (fracción
resultante de la diferencia entre compras y ventas de energía de
Enertolima en cada mes con base en las compras de energía) menos el
porcentaje de Pérdidas de Energía Reconocida (%PerRec) para el nivel
de tensión 1, definido por la regulación, conforme a la formula tarifaria
aplicable para el mercado regulado.

%PerNoRec = %PerReal - %PerRec, donde:

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%Per Real = (compras – ventas)
Compras

Para efectos de este contrato, el porcentaje de Pérdidas Reales tendrá
un tope del 32% aplicable a los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2003, reduciéndose a partir del mes de diciembre de 2003
en un 0,5% cada mes, hasta llegar al 25%, el cual aplicará de allí en
adelante durante la ejecución del presente contrato.

El costo de compras de energía y cargos asociados incluye las compras
de energía por contratos y en bolsa, más los cargos por uso del Sistema
de Transmisión Nacional STN y los pagos realizados por la
administración del SIC y del CND, para cada mes.

8.2.4. Cargos OR: Corresponde a todas las obligaciones netas de pago
(costos menos ingresos, que no estén incluidos en el numeral 8.1 del
presente Otrosi), que deban efectuarse a otros operadores de red y a
terceros, por uso de sus sistemas y/o por concepto de conexión al
Sistema de Transmisión Nacional STN efectuados en el mes respectivo.

En ningún caso se aceptarán como costos deducibles las restricciones
debido a que éstas las recauda Enertolima vía tarifa.

8.2.5. Compensaciones DES y FES: Corresponde al valor de las
compensaciones DES y FES realmente reconocido por Enertolima a sus
clientes por la prestación del servicio hasta el 31 de marzo de 2004. A
partir de esta fecha, Enertolima asume directa y plenamente estos
costos.

8.2.6. Seguros: Corresponde al valor de las primas de las pólizas de
seguros que amparen la infraestructura eléctrica arrendada contra todo
riesgo, las cuales serán tomadas y canceladas por Enertolima asignando
a Electrolima en Liquidación como beneficiario.

8.3 El canon de arrendamiento, una vez agotado el anticipo, se pagará
por mensualidades vencidas y dentro de los primero diez (10) días
calendario del mes inmediatamente siguiente y se depositará en las
cuentas corrientes que designe el Arrendador. En caso de mora en el
pago de cualquier canon, el Arrendatario pagará al Arrendador intereses
moratorios sobre los montos impagados calculados a la máxima tasa
autorizada por las leyes colombianas.

8.4. El Arrendador tendrá pleno, completo y permanente acceso a toda
la información y documentación técnica, legal y contable que sirva de
base para la determinación de los cánones de arrendamiento.

8.5. El Arrendador tiene la opción de aportar de manera directa del
inventario que tiene disponible en sus bodegas, los elementos o activos
que se requieran para sustituciones en el sistema de distribución que
opera el Arrendatario

PARAGRAFO 1: En el evento en que la CREG aclare la aplicación de
los cargos de Distribución que debe realizar Enertolima en calidad de
Operador de Red a sus clientes finales y estas aclaraciones impliquen
ajustes retroactivos a los clientes, estos ajustes se tendrán en cuenta al
momento de determinar el monto total de la facturación mensual que
trata el numeral 8.1.

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el numeral 9.3 de la Cláusula Novena
– Pago anticipado de cánones de arrendamiento – la cual quedará así:
9.3 El Arrendador aceptará como reconocimiento financiero sobre el
valor del anticipo, la misma tasa de interés efectiva que Enertolima

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cancela por el valor del crédito otorgado por la FEN para el desembolso
del anticipo.

CLÁUSULA QUINTA. Las partes convienen que las siguientes partidas,
que no hacen parte de la naturaleza del canon y que corresponden a
gastos asumidos por Enertolima, por cuenta o autorización de
Electrolima en Liquidación, por conceptos no relacionados con el
arrendamiento, se registrarán como incrementos al saldo del anticipo del
canon:

5.1. El valor de las sustituciones y/o mejoras autorizadas y/o
reconocidas por Electrolima en Liquidación.

5.2. El pago de impuestos de industria y comercio asociado con la
facturación del D y los que resulten de la ejecución del contrato y que no
sean reconocidos por la fórmula tarifaria.

5.3. El pago de impuestos relacionados con el contrato de
arrendamiento que sean a cargo de Electrolima en Liquidación de
acuerdo con la legislación vigente y que sean cancelados por
Enertolima.

5.4. El pago de la retención en la fuente que se encuentra a cargo de
Electrolima en Liquidación.

5.5. Los demás pagos que expresamente acuerden las partes

CLÁUSULA SEXTA. Este Otrosí se aplicará retroactivamente desde el
13 de agosto de 2003 y las partes acuerdan revisar y ajustar los
cánones mensuales facturados a la fecha.
[…]»127.

158. La nueva modificación y adición al contrato de arrendamiento, acordada
el 8 de noviembre de 2004 mediante el otrosí No 2, estableció que el contrato
se celebró como una estrategia temporal mientras el proceso de vinculación
de capital a Enertolima se surtía y así, ésta pudiera adquirir la infraestructura
eléctrica de Electrolima en Liquidación, sin dejar de prestar el servicio de
energía eléctrica en el Departamento del Tolima. Lo anterior, en
concordancia con lo determinado en la cláusula primera del contrato inicial de
arrendamiento suscrito el 13 de agosto de 2003, donde se consagró de
forma expresa que ese acuerdo fue constituido como una fórmula transitoria
para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía
eléctrica.

159. La modificación obedeció a la necesidad de adecuar el pacto original a
la realidad contractual, según se desprende del contenido del oficio de 19 de
julio de 2004128, suscrito por el Liquidador de ELECTROLIMA y dirigido a la
Directora Técnica de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio del cual se

127 Folios 49 - 55 del cuaderno 1.
128 Folios 33 a 36 del cuaderno 3, Parte I pruebas de la parte demandante.

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puso en consideración de ese ente la modificación del contrato original. En
esa oportunidad, se explicó que el acuerdo era el resultado de un ejercicio
teórico «y su ejecución ha evidenciado la necesidad de cambios que lo
adecúen a la realidad de la prestación del servicio, a la regulación y a las
necesidades de las dos empresa contratantes. En este sentido se han
desarrollado gran cantidad de reuniones con presencia de los representantes
legales, de las gerencias técnica y comercial de Enertolima y de los
interventores que actúan a nombre de Electrolima, […] Estas reuniones de
ajustes determinaron la necesidad de legalizar los acuerdos a los que
llegaron las partes, los cuales se plasmaron en el otrosí referido.»

160. Lo anterior también quedó contenido en las Actas números 20 y 21 del
21 de septiembre y 5 de octubre de 2004, respectivamente, de la Junta
Directiva de la Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P129, donde
aparece consignado que durante la ejecución del contrato y luego haber
suscrito la modificación No. 1, las partes nuevamente se vieron en la
necesidad de revisar la fórmula para calcular el valor del canon de
arrendamiento.

161. La necesidad de modificación del contrato inicial también quedó
plasmada en el acta de reunión de 10 de diciembre de 2004 celebrada entre
las partes, oportunidad en la que se evidenciaron cuentas pendientes por
descontar de ese canon por concepto de compras de materiales, operación
de mantenimiento de redes, pérdidas no reconocidas y otros gastos no
previstos inicialmente.130 Ello también quedó plasmado en la motivación del
Otrosí No. 2, cuando se indicó que esa remuneración debía estar
estructurada de acuerdo con las realidades financieras que son de la esencia
del negocio de distribuir y comercializar energía eléctrica.

162. De lo anterior, se deduce que la fórmula de pago debía corresponder a
las realidades financieras y necesidades de las empresas sin que se
arriesgara la capitalización de ENERTOLIMA y la maximización del precio de
los activos y pago de los pasivos de la liquidada. También es posible inferir
que si no se efectuaban las modificaciones del acuerdo inicial conforme a la
situación evidenciada en su ejecución no habría manera de cumplir con el
objetivo del contrato que, como se enunció anteriormente, consistió en
garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en el Departamento

129 Folios 630 a 645 del Tomo 01 del Paquete 2 del expediente.
130 Folios 115 a 119 del cuaderno 3, Parte I pruebas de la parte demandante.

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y en la adquisición de la infraestructura eléctrica de ELECTROLIMA en
Liquidación, por parte de ENERTOLIMA.

163. La falta de atención de las variables y de claridad en las fórmulas
estructuradas para definir el canon de arrendamiento en el contrato original y
en el otrosí No 1, permitieron a las partes argumentar la existencia de un
desequilibrio económico que afectaba la capacidad del pago del
arrendamiento a cargo de ENERTOLIMA. Con fundamento en ello, se
suscribió el otrosí No. 2 con el que se pretendió establecer mejores
condiciones en la manera de fijar el canon de arrendamiento, de modo que
contribuyera a la sostenibilidad y estabilidad financieras tanto de
ELECTROLIMA en Liquidación como de ENERTOLIMA.

164. Pese a que las partes ajustaron la fórmula para determinar el nuevo
canon de arrendamiento, de modo que se alcanzara el objetivo del contrato,
ello no se logró, de manera que el 1° de julio de 2005 el Liquidador de
ELECTROLIMA y el gerente de ENERTOLIMA, celebraron un nuevo acuerdo
que está detallado en el «OTROSÍ No 3 AL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DEL
TOLIMA S.A ESP EN LIQUIDACIÓN Y LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL
TOLIMA S.A. ESP […] contenido en las siguientes cláusulas, las cuales se
aplicarán a partir de la fecha de suscripción», por medio del cual se varió el
acuerdo inicial, de modo que reflejara la realidad contractual y que se
incluyeran variables no se tuvieron en cuenta inicialmente, esto es, los gastos
que había asumido ENERTOLIMA, tales como pago de impuestos,
reposición de repuestos y reparaciones que no fueron contempladas
anteriormente.

165. En lo que se refiere al canon de arrendamiento, se acordó lo siguiente:

«[…]
«CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Octava – Canon de
arrendamiento- la cual quedará así:
Cláusula Octava. Canon de arrendamiento:

El canon de arrendamiento de la infraestructura eléctrica de distribución
y transmisión, materia del presente Contrato, que el Arrendatario pagará
al Arrendador a partir de la fecha de suscripción del presente Otrosí 3 es
la suma de Un mil seiscientos millones de pesos ($1.6000.000.000.)
mensuales. A partir del primero de julio de 2006 el canon se reajustará
con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior e igual procedimiento se seguirá
aplicando a partir del 1° de julio de cada año mientras esté vigente el
presente Contrato.

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Una vez que al anticipo mencionado en la cláusula novena se le
descuente la amortización del canon de arrendamiento de los meses de
julio, agosto y septiembre de 2005, el Arrendatario pagará al Arrendador
el canon de los meses siguientes el día quince (15) de cada mes o el
siguiente día hábil cuando éste sea un día no laboral, mediante depósito
en las cuentas que para el efecto designe el Arrendador. El saldo
pendiente por amortizar del anticipo se seguirá agotando solamente a
través de descuentos o pagos deservicios expresamente aprobados por
el Arrendador, diferentes al canon de arrendamiento, como por ejemplo,
servicios de vigilancia, pago de impuestos, etc.

En caso de mora en el pago de cualquier canon, el Arrendatario pagará
al Arrendador intereses moratorios sobre los montos impagados
calculados a la máxima tasa autorizada por las leyes colombianas.

CLÁUSULA CUARTA: Modificar la quinta del Otrosí No.2, la cual
quedará así:
Cláusula quinta: Las partes convienen que las siguientes partidas, que
no hacen parte de la naturaleza del canon y que corresponden a gastos
asumidos por Enertolima por cuenta o autorización de Electrolima en
Liquidación, se registrarán a partir de la suscripción del presente otrosí
como disminución del saldo del anticipo:

1. El pago de impuestos de timbre y demás impuestos relacionados con
el contrato de arrendamiento que sean a cargo de Electrolima en
Liquidación de acuerdo con la legislación vigente y que sean
cancelados por Enertolima.

2. El pago de la retención en la fuente que se encuentra a cargo de
Electrolima en Liquidación.

3. Los gastos administrativos tales como vigilancia, servicios públicos y
demás gastos o pagos que Electrolima en Liquidación haya solicitado
o solicite expresamente a Enertolima.

4. Otros que sean pactados entre las partes.

Parágrafo: En caso de eventos en los que la necesidad de un bien sea
inmediata para restablecer la presentación del servicio, tales como,
atentados terroristas, fallas del sistema o actos de la naturaleza y los
cuales no son imputables al mantenimiento rutinario de la
infraestructura, serán descontados del canon fijo previa discusión y
aprobación de las partes.
[…]»131.

166. Del contenido de las cláusulas transcritas, la Sala establece que con la
nueva modificación, las partes acordaron como canon de arrendamiento la
suma fija de $1.600.000.000 mensuales, a partir de la fecha de suscripción,
esto es el 1° de julio de 2005, monto que se reajustaría al año siguiente, es
decir, desde el 1° de julio de 2006 con base en el índice de precios al
consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
También se acordó que igual procedimiento se seguiría aplicando a partir del
1° de julio de cada año mientras estuviera vigente el referido contrato.

131 Folios 56 - 60 del cuaderno 1.

56
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en Liquidación - ELECTROLIMA

167. La Sala deduce que las modificaciones que se realizaron al acuerdo
inicial obedecieron a la necesidad de adecuarlo a las situaciones que se
presentaron dentro de su ejecución y con el propósito de alcanzar el objetivo
para el que fue creada ENERTOLIMA, como se expone a continuación.

168. Según el Documento Conpes 3234 de 11 de agosto de 2003132, la crisis
financiera de ELECTROLIMA S.A E.S.P. había «conllevado a poner en alto
riesgo la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica
en el Departamento del Tolima. En aras de garantizar la prestación del
servicio en la zona actualmente atendida por ELECTROLIMA, se constituyó
recientemente una nueva empresa de servicios públicos domiciliarios
denominada COMPAÑIA ENERGETICA del TOLIMA S.A. ESP
(ENERTOLIMA S.A. ESP), tal y como aparece indicado en la Escritura
Pública N° 2189 de agosto 11 del 2003 otorgada en la Notaría 56 del Círculo
de Bogotá, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de energía
eléctrica en el territorio nacional»133

169. En efecto, dada la liquidación obligatoria de la antigua electrificadora,
resulto necesaria la constitución ENERTOLIMA S.A. E.S.P., cuyos socios
iniciales, como se indicó en consideración anterior, fueron las siguientes
entidades: Financiera Energética Nacional - FEN, Centrales Eléctricas de
Nariño – CEDENAR S.A E.SP., FINDETER, Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo - FONADE y la Empresa de Energía de Cundinamarca134, con
el propósito de mantener la continua y adecuada prestación del servicio de
energía eléctrica en el departamento del Tolima135.

170. La Sala observa que la anterior operación hizo parte de los procesos de
vinculación de capital, gestión, venta y reestructuración de empresas del
sector energético de propiedad de la Nación, con asistencia técnica y
consultoría de la Unión Temporal MVG-PP&C, empresa que fue contratada
mediante Convenio Interadministrativo de Asistencia Técnica – Nación MHC -
FEN de 30 de diciembre de 2002, celebrado entre el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la Financiera Energética Nacional S.A – FEN136 con ese
propósito.

132 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3234.pdf
133 Los accionistas de la citada empresa son: FEN, FINDETER, FONADE, Empresa de
Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., y Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
134 Documento Conpes 3234 de 11 de agosto de 2003 y
https://www.dane.gov.co/files/icer/2003/tolima/t2.pdf
135 Folio. 1489 del cuaderno 3 del paquete 6
136 Folios 8 - 18 del cuaderno 3.

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en Liquidación - ELECTROLIMA

171. Con fundamento en el anterior trabajo, se dispuso por parte del
Gobierno Nacional la transferencia de la infraestructura eléctrica de
propiedad de ELECTROLIMA S.A E.S.P. y la creación, capitalización y
posterior venta de ENERTOLIMA S.A. E.S.P.

172. Por su parte, la Superintendente de Servicios Públicos de la época,
quien tomó la decisión de liquidar ELECTROLIMA, afirmó que «La creación
de Enertolima fue adelantada por la Nación por directiva CONPES para
garantizar la continuidad del servicio de electricidad en el Departamento en
virtud del mandato Constitucional y legal como ya se dijo, y lo segundo que el
proceso de capitalización y compra del activo de propiedad del Electrolima y
prenda de los acreedores fue un proceso muy exitoso en tanto la subasta
termino (sic) con un precio final que excedió en más de $53.000 Millones de
pesos, el precio base establecido en la resolución de valoración del
inventario de Electrolima»137

173. En efecto, la Sala observa que ENERTOLIMA fue vendida mediante el
sistema de subasta en una audiencia pública que se realizó el 4 de mayo de
2006, de manera que el 99.9% de los activos de la empresa «fue adquirida
por el Consorcio Empresa de Energía del Combeima, sociedad que pagó
como precio final 251.637 millones de pesos.»138

174. De lo expuesto, es posible deducir que la reestructuración financiera
que se hizo a ELECTROLIMA en Liquidación se realizó para dar lugar a la
nueva empresa ENERTOLIMA S.A E.S.P. de manera que fuera viable y
sólida, cuyos socios al momento de su constitución tenían la calidad de
públicos. Así, en la trasferencia de la infraestructura eléctrica de la primera a
la segunda es posible descartar algún detrimento al patrimonio público
porque para esa época la empresa liquidada y la constituida estuvieron
conformadas únicamente por entidades públicas. Sobre este aspecto, se
recuerda que conforme lo determinó el Consejo de Estado, Sección Primera,
en auto de 16 de febrero de 2012139: «En últimas se verifica una
transferencia de recursos entre entidades públicas, que en modo alguno,
afecta la intangibilidad del patrimonio público.»

137 Folios 408 a 418.
138 Informe final de gestión y resultado Compañía Energética del Tolima S.A E.S.P Año 2005

– paquete 5 - folio 1054 vuelto.
139 Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 2004-790-01 (acumulado), C.P. María

Claudia Rojas Lasso.

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Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

175. En resumen, ante la liquidación forzosa de ELECTROLIMA resultó
necesaria la creación de una nueva empresa que garantizara la prestación
del servicio a su cargo y la celebración del contrato de arrendamiento de 13
de agosto de 2003 y sus otrosíes modificatorios para garantizar el propósito
para el cual fue creada. Según lo probado en el proceso ese objetivo se
cumplió porque no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio
público domiciliario de energía en el departamento del Tolima y se concretó
la venta de ENERTOLIMA de manera favorable.

176. En este caso, la Sala puede inferir que los activos de la primera
empresa pública lograron posicionar a la segunda, permitiendo su posterior
venta en mejores condiciones económicas. En estos términos, la sola
suscripción de los otrosíes Nos. 2 y 3 al contrato de arrendamiento de 13 de
agosto de 2003, celebrado entre ELECTROLIMA S.A E.S.P. en Liquidación y
ENERTOLIMA S.A E.S.P sobre la infraestructura eléctrica de distribución y
transmisión de la primera a la segunda, resultan insuficientes para concluir,
como se hizo en la sentencia de primera instancia y como lo adujo el actor
popular, que comportaron un detrimento al patrimonio público.

177. El material probatorio allegado a la actuación tampoco arroja certeza
sobre lo aducido en la demanda, esto es, que el negocio se celebró con el
propósito de beneficiar a ENERTOLIMA en detrimento de ELECTROLIMA,
menos aún que los servidores que ejercieron la función pública de
contratación, hubieren actuado en abierto desconocimiento de parámetros
éticos y morales con ánimo subjetivo, torticero y malicioso.

178. En resumen, analizada la actuación contractual sometida a
consideración, esto es la suscripción del contrato de arrendamiento de 13 de
agosto de 2003 y sus Otrosíes Nos. 1, 2 y 3 sobre la infraestructura eléctrica
de distribución y transmisión de propiedad de ELECTROLIMA, la Sala no
evidencia la vulneración de las garantías colectivas a la moralidad
administrativa o el patrimonio público, alegadas en la demanda, toda vez que
los activos de ELECTROLIMA lograron posicionar a ENERTOLIMA, lo que a
su vez facilitó su posterior venta en mejores condiciones económicas.

179. Conforme se precisó en las sentencias reseñadas en esta providencia,
para la protección de los derechos a la moralidad administrativa y a la
defensa del patrimonio público, era necesario que se hubiere demostrado la
existencia de una conducta por parte del liquidador de ELECTROLIMA y el

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
Accionante: Germán Eduardo Triana López
Accionadas: Compañía Energética del Tolima S.A - E.S.P. - ENERTOLIMA y Electrificadora del Tolima S.A E.S.P.
en Liquidación - ELECTROLIMA

gerente de ENERTOLIMA contraria a los postulados de eficiencia y
transparencia; sin embargo, lo que se acreditó es que el contrato de
arrendamiento referido y sus otrosíes se emplearon como herramienta
dentro del proceso de liquidación de la primera y la constitución y
capitalización de la segunda, de modo que se garantizara la prestación del
servicio público de energía eléctrica en el departamento del Tolima y se
obtuviera el máximo valor de los activos de ELECTROLIMA, cuya liquidación
se ordenó por causales legales.

180. En conclusión, la Sala Especial de Decisión, reitera los criterios
jurisprudenciales del Consejo de Estado señalados en consideraciones
anteriores, en el sentido de señalar que en ejercicio de la actividad
contractual es posible que se configure la amenaza o vulneración de
derechos o intereses colectivos, evento en el cual el juez popular puede
adoptar las medidas necesarias que considere para hacer cesar la amenaza
o vulneración de tales derechos colectivos sin que tenga la facultad de
declarar su nulidad, pues esa competencia le corresponde al juez
contencioso en el marco de las acciones ordinarias previstas en la ley.

181. Además, en los términos de la jurisprudencia unificada140, para que se
configure la trasgresión de la moralidad administrativa «desde el punto de
vista del interés colectivo tutelable a través de la acción popular, es
necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al
quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo
relacionado a la comprobación de conductas amañadas, corruptas,
arbitrarias, alejadas de la correcta función pública», evento que no se mostró
en el asunto revisado.

182. Por las razones expuestas, la Sala decidirá en el sentido de revocar de
manera parcial la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 30 de agosto de 2011 en cuanto declaró probada la excepción de
improcedencia de la acción. La confirmará en cuanto negó las pretensiones
de la demanda pero por las razones indicadas en esta providencia, esto es,
porque analizada la actuación desplegada por las demandadas no se
evidenció la transgresión a las garantías colectivas a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, invocadas en la
demanda.

140
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de
febrero de 2018, radicación nro. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), C.P. William
Hernández Gómez.

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3. Impedimento

183. A través de manifestación escrita de fecha 13 de diciembre de 2021, el
Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque, quien hace parte de la Sala
Diez Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, puso de presente su impedimento en el presente proceso
porque desde 1998 y hasta el 2003, fue jefe de la Oficina Jurídica de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios e intervino en la
elaboración de los actos administrativos de toma de posesión de la
Electrificadora del Tolima S.A E.S.P. y la designación del agente especial de
la época, decisiones administrativas que incidieron en el proceso de
intervención y liquidación de esa empresa.

184. En efecto, el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, prevé como causales de impedimento,
entre otras, la que precisamente ha invocado el señor Magistrado Guillermo
Sánchez Luque. La norma establece lo siguiente:

«Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo
150 del Código de Procedimiento Civil141 y, además, en los siguientes
eventos:

1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición
del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la
ejecución del hecho u operación administrativa materia de la
controversia.

[…].»

185. Teniendo en cuenta que el doctor Guillermo Sánchez Luque intervino en
la elaboración de los actos administrativos de toma de posesión de la
Electrificadora del Tolima S.A E.S.P. y en la designación del agente especial
de la época, en su calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entre los años 1998 y
2003, la Sala Especial encuentra configurada la causal de impedimento
antes descrita. Por lo tanto, procederá a su aceptación en la presente
providencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3142 del artículo

141Entiéndase artículo 141 del C.G.P
142«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo
anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno

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131143 del CPACA, en armonía con lo establecido en el numeral 1° del
artículo 130 de la misma codificación, según el cual los magistrados y jueces
deben declararse impedidos cuando «hubieren participado en la […] la
formación o […] la ejecución del hecho u operación administrativa materia de
la controversia.».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Diez Especial de
Decisión de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Guillermo
Sánchez Luque para conocer del presente proceso, conforme lo expuesto en
la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Estése a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia de 4 de
octubre de 2021, dictada dentro del expediente radicado con el número
52001-33-31-008-2008-00304-01 (AP) expedida por esta Sala Especial de
Decisión, a través de la cual se unificó el criterio sobre que el juez no tiene la
facultad de anular los contratos administrativos que considere causa de la
amenaza o violación de derechos colectivos. En estos casos, el juez podrá
adoptar las medidas materiales que los garanticen; para el efecto, tiene la
posibilidad de emitir cualquier otra orden de hacer o no hacer que considere
pertinente, de acuerdo con el caso concreto.

TERCERO: Estése a lo dispuesto por esta Corporación en las sentencias de
unificación 1° de diciembre de 2015144, 5 de junio de 2018145 y 4 de marzo de
2019146, a través de las cuales se unificó el criterio sobre el alcance del
derecho colectivo a la moralidad administrativa.

si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como
advierta su existencia, para que la sala, sección subsección resuelva de plano sobre la
legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el
quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras
subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno.»
143 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021, por la cual se reforma el CPACA.
144 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Luis Rafael

Vergara Quintero, Rad. 11001-33-31-035-2007-00033-01.
145 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Rad. 15001-33-31-001-2004-01647-01.
146 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 04.03.19.,

M.O. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 05001-33-31-2010-00032-01.

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CUARTO: Se unifica la jurisprudencia respecto al concepto de patrimonio
público y se reitera el alcance del derecho colectivo a su defensa, en los
siguientes términos:

El patrimonio público es el conjunto de los bienes y recursos, cualquiera que
sea su naturaleza, que son propiedad del Estado y que le sirven para el
cumplimiento de sus cometidos, conforme a la legislación positiva. En ellos
se incluyen, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los
inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de
apreciación pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores tangibles
e intangibles o no fácilmente identificables, tales como el patrimonio cultural
de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la
identidad nacional y el medio ambiente.

La garantía colectiva a la defensa del patrimonio público propugna por la
protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la totalidad de
bienes, derechos y obligaciones públicas y procura porque su administración
sea eficiente, proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con
el cuidado y diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite
cualquier detrimento.

QUINTO: Se advierte a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación,
constituyen precedente y tendrán aplicación en las decisiones judiciales que
se profieran a partir de la fecha.

SEXTO: Se revoca parcialmente la sentencia del 30 de agosto de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto declaró
probada la excepción de improcedencia de la acción, conforme con las
consideraciones expuestas.

SÉPTIMO: Se confirma la sentencia del 30 de agosto de 2011, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó las pretensiones de la
demanda pero por las razones expuestas en esta providencia.

OCTAVO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado
de origen, para lo de su competencia.

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Expediente No. 73001-33-31-006-2008-00027-01
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Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ A.
Magistrada Magistrada

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Con impedimento Aclara voto

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