Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2021-00002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2021-00002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2021-00002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2021-00002-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: MIGUEL MARTÍNEZ OLANO
Demandados: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL, DISTRITO DE SANTA MARTA Y UNIÓN TEMPORAL DE
SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
en contra de la sentencia de 1.° de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. El señor Miguel Martínez Olano demandó al Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, a la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de
Tránsito y Transporte y al distrito de Santa Marta, en ejercicio de la acción popular
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes
472 de 19981 y 1437 de 20112, con miras a obtener la protección de los derechos
colectivos previstos en los literales e) y g) del artículo 4.º de la Ley 4723.
2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Que se declare que la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICIA NACIONAL, la UNION TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-SIETT - SANTA
MARTA y el DISTRITO DE SANTA MARTA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD
1
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
e) La defensa del patrimonio público; […]
g) La seguridad y salubridad públicas;. […]”.
2
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA vulneraron y/o vulneran
los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la seguridad y
salubridad públicas de los residentes de la Ciudad de Santa Marta, al no
garantizar la idoneidad, formación y capacidad técnica y tecnológica de los
Agentes de Tránsito que practican y/o practicaron un alto número de
exámenes para determinar el estado de embriaguez de los presuntos
infractores con procesos administrativos en trámite y terminados por
absolución de responsabilidad, por vicios formales en el procedimiento de
toma de la muestra para la medición y la poca o ninguna actuación del SIETT
y la SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE
SANTA MARTA que contrariamente, solamente, deciden revocar las
sanciones pero sin tomar las medidas correctivas para que no se sigan
afectando los derechos colectivos invocados.
SEGUNDA. Que, de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a la
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL la suspensión,
en forma inmediata, de la práctica de los exámenes de medición de estado de
embriaguez por parte de los Agentes de Tránsito de la Policía Nacional a los
conductores en la ciudad de Santa Marta, hasta tanto no se garantice en el
presente proceso, a través de certificación, la capacidad, formación e
idoneidad técnica y tecnológica para la realización en campo de dichas
pruebas, y además se garantice, por parte de la demandada, la continuidad de
su correcta aplicación conforme a los parámetros dispuestos en la Resolución
1844 de 2015 expedida por el Instituto de Medicina Legal.
TERCERA: Ordénese a la UNION TEMPORAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -
SIETT - SANTA MARTA, y a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL
Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTA MARTA la suspensión, a partir
del 18 diciembre del año 2015, fecha en que se emitió la Resolución Nro. 1844
por el Instituto Nacional de Medicina Legal, de todos los procesos
administrativos en curso tendientes a declarar la responsabilidad de los
presuntos contraventores por conducir en estado de embriaguez, y hasta tanto
no se revise, verifique y garantice que los procedimientos para las mediciones
en campo realizados por los Agentes de Tránsito de la Policía se hicieron
conforme a las especificaciones técnicas emitidas en la citada resolución.
CUARTO: Ordenar a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL, que cada 6 meses o el tiempo que estime el H. Juez a partir de la
sentencia que ponga fin al presente proceso, allegue certificación del
cumplimiento de las normas técnicas para aplicación de los exámenes que
miden el estado de embriaguez a conductores en la ciudad de Santa Marta, y
prueba de la formación y capacitación técnica de los Agentes de Tránsito que
las aplican.
QUINTO: Ordenar a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL y a la UNION TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-SIETT - SANTA
MARTA, y a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE
DE SANTA MARTA que en el término de dos (2) meses contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, mediante comunicado en medio escrito y radial de
amplia difusión en la ciudad de Santa Marta, le informe a los residentes,
acerca de la posibilidad de solicitar la revisión especial de sus trámites
administrativos en curso donde funjan presuntos infractores por conducir en
estado de embriaguez, a causa, de posibles errores cometidos en la toma de
la muestra para determinar el grado de alcohol en la sangre.
SEXTO: Confórmese un comité de verificación integrado por la parte actora,
un delegado (sic) la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Personería
3
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
Distrital de Santa Marta, y el alcalde Distrital de Santa Marta o su delegado,
para que se encarguen de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el
presente fallo.
SÉPTIMO: Que las demandadas sean condenadas en costas […]”.
3. Como fundamento de las pretensiones, el demandante informó que la Policía
Nacional es responsable de “[…] la correcta, idónea y cabal aplicación de los
procedimientos, toma de muestras y pruebas necesarios para determinar el estado
de embriaguez de un conductor […]”, así como de “[…] la dotación y capacitación
para la práctica de las mismas en campo […]”, según el procedimiento reglado en
la Resolución 1844 de 20154.
4. Aseveró que, “[…] es de conocimiento público […]” que los agentes de tránsito
“[…] no están atendiendo las disposiciones reguladoras para su aplicación y, por el
contrario, realizan los procedimientos de manera arbitraria y atentatoria de los
derechos de los ciudadanos, al imponerles sanciones sin el lleno de los requisitos
legales sobre la base de hechos y pruebas ilegalmente recaudadas […]”.
5. Explicó que el distrito de Santa Marta y la Policía Nacional suscribieron un
convenio a efectos de designar a los patrulleros o agentes de tránsito
responsables de realizar el examen del estado de embriaguez a los conductores,
conforme a los artículos 4° y 150 de la ley 789 de 20025.
6. Puso de presente que el distrito de Santa Marta y la Unión Temporal Servicio
Integral Especializado de Tránsito y Transporte de Santa Marta celebraron un
contrato con el objeto de compilar las evidencias de los comparendos y del dinero
recaudado por las sanciones impuestas a los infractores que condujeron en estado
de embriaguez.
7. Adicionó que la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa
Marta, como autoridad de tránsito, adoptó el procedimiento para la imposición de
órdenes de comparendo a través de ayudas técnicas y tecnológicas a presuntos
infractores de las normas de tránsito dentro del Distrito de Santa Marta. Sin
embargo, esa entidad ha revocado en la mayoría de los casos las resoluciones
administrativas sancionatorias expedidas por el SIETT por “[…] vicios formales
ocasionados por la falta de formación técnica y tecnológica de los agentes de
Policía que las aplican […]”.
8. Indicó que esa problemática “[…] pone en grave peligro la seguridad de los
habitantes del Distrito de Santa Marta, en especial a los actores viales,
conductores, peatones, motociclista y ciclistas, entre otros, por cuanto se genera
la falsa creencia entre la comunidad, que quienes conducen en estado de
embriaguez pueden hacerlo sin ningún tipo de sanción ejemplarizante, causando,
que, los infractores incluso reincidentes coloquen en peligro la vida de otros […]”.
4
“Por la cual se adopta la segunda versión de la Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado”.
5
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
4
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
9. Igualmente, “[…] deriva en duda la legalidad de todos los trámites
administrativos en curso y/o terminados que se fundamentan o fundamentaron en
los procedimientos realizados por los agentes de tránsito de la Policía
Metropolitana de Santa Marta, toda vez que frente a los reiterados errores y vicios
cometidos en práctica del examen que mide del estado embriaguez de un
conductor, probablemente se hayan expedido sanciones a conductores a los
cuales no se les respeto el debido proceso […]”.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
10. El magistrado del Tribunal Administrativo de Magdalena a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 22 de enero de 20216, admitió la
demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los accionados
para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la
práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público, a la
Defensoría del Pueblo y a la ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la
referencia a los miembros de la comunidad7.
11. Mediante auto de 18 de mayo de 2021, se declaró fallida la audiencia especial
de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, al advertir que las partes no
acordaron un pacto de cumplimiento8.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
mediante memorial de 15 de febrero de 20219, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, al considerar que “[…] cualquier integrante de una Seccional de
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que tenga la idoneidad y los equipos
cumpliendo con las condiciones de calibración, operación y mantenimiento,
pueden realizar los procedimientos establecidos para realizar un diagnóstico
correcto del estado de embriaguez de las personas […]”.
12. Adujo que esa entidad no afectó la salubridad, la seguridad o el patrimonio
público y, por el contrario, “[…] los procedimientos realizados por la Policía
Nacional son desarrollados con la previa acreditación y formación técnica y
científica requerida […]”. Además, quienes no estén de acuerdo con las decisiones
administrativas sancionatorias adoptadas en el procedimiento de verificación de
alcoholemia deben ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento.
13. Explicó que “[…] a las autoridades administrativas de tránsito de la jurisdicción,
les corresponde determinar la situación del presunto infractor, el cual cuenta con el
derecho de presentarse ante la autoridad de tránsito, a fin de controvertir y ejercer
6
Expediente digital Samai, índice 2, documento denominado “ED_004AUTOADMISION(.pdf) NroActua 2”.
7
Ibidem, documento denominado “ED_004AUTOADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 2”.
8
Ibidem, documento denominado “ED_036ACTAAUDIENCIAPACT(.pdf) NroActua 2”.
9
Ibidem, documento denominado “007Contestacion”.
5
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
su derecho de contradicción y colocar las observaciones u objeciones ante el
procedimiento realizado por el uniformado de la Policía Nacional […]”.
14. Puso de presente que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional, ejerce sus funciones como Autoridad de Tránsito, por mandato expreso
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2° de la Ley 1383 de 2010. Esa
dirección no ejerce la potestad sancionatoria, ya que esta función es competencia
exclusiva de la autoridad de tránsito de tipo administrativo.
15. Consideró que “[…] los uniformados de la Policía Nacional, de la Dirección de
Tránsito y Transporte - Seccional Tránsito y Transporte Metropolitana de Santa
Marta, no generan ningún riesgo al derecho que le asiste al infractor, sino al
contrario velar por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública, lo
cual es materia de investigación ante el organismo de tránsito como autoridad
administrativa ante esta clase de casos […]”.
16. Precisó que los procedimientos realizados por los funcionarios de la Seccional
de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta son ajustados
a derecho, ya que se adelantan: i) por personal capacitado; ii) con equipos
calibrados; y iii) conforme la Resolución 001183 del 14 de diciembre de 2005,
expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
I.3.2. El apoderado judicial del distrito turístico, cultural e histórico de Santa
Marta, mediante escrito de 15 de febrero de 202110, consideró que el demandante
no cumplió con la carga de demostrar la transgresión o amenaza de los derechos
colectivos invocados en el libelo petitorio.
17. Igualmente, señaló que “[…] la Policía Nacional Metropolitana de Santa Marta
es la entidad competente para atender y vigilar el régimen de pruebas que hacen
parte del proceso contravencional, por lo cual, la administración distrital […] carece
de legitimación en la causa por pasiva para brindar una efectiva garantía a los
derechos invocados por los actores […]”.
18. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) “[…] falta de
legitimación en la causa por pasiva del alcalde […]”; y ii) “[…] inexistencia de
vulneración de los derechos colectivos presuntamente transgredidos […]”.
I.3.3. El apoderado judicial de la Unión Temporal de Servicios Integrados y
Especializados de Tránsito y Transporte, mediante escrito de 15 de febrero de
202111, afirmó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva
debido a que no participa en el recaudo de pruebas para el desarrollo de procesos
contravencionales por conducir bajo el influjo del alcohol u otras sustancias
psicoactivas.
10
Ibidem, documento denominado “009ContestacionDistrito”.
11
Ibidem, documento denominado “ED_11CONTESTACIONSIETT(.pdf) NroActua 2”.
6
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
19. Sostuvo que: “[…] los escuetos argumentos expuestos por el actor en el escrito
de la acción popular, no son más que simples conjeturas que no cuentan con
respaldo probatorio alguno, aunado a que, con la demanda, no se aportaron
pruebas fehacientes que endilguen responsabilidad contra la Alcaldía de Santa
Marta […]”.
20. Adujo que el objeto del contrato de concesión núm. 001 de 2003, suscrito entre
el distrito y esa entidad, es “[…] la entrega en concesión, por parte del INSTITUTO
DISTRITAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SANTA MARTA "INDISTRAN" a
EL CONCESIONARIO, del montaje, implantación, mantenimiento y operación de
un sistema integrado de información y soporte técnico para todo el funcionamiento
del área de tránsito, comercial y operativa del INSTITUTO, compatible con los
requerimientos del Ministerio de Transporte, garantizando una eficiente y
adecuada atención al usuario […]".
21. En consecuencia, mencionó que “[…] la UT SIETT dentro de los procesos
iniciados a partir de comparendos por trasgresión a las normas de tránsito y
transporte, cualquiera sea la infracción que dé lugar a la misma, se encuentra
reducida a un mero apoyo a […] las autoridades de tránsito […]”, según lo previsto
en el parágrafo 1.º del artículo 3.° de la Ley 769 de 200212.
22. Adicionó que, de acuerdo con la Ley 1696 de 201313, la autoridad de tránsito es
quien resuelve los procesos de esa naturaleza. De este modo, la Unión Temporal
SIETI no puede cuestionar las decisiones de esas autoridades, en tanto le
compete exclusivamente su registro en el sistema local y nacional.
II. La sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia de 1.° de marzo
de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probado el medio exceptivo de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesto por el DISTRITO DE SANTA
MARTA y por la UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTA MARTA, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las súplicas del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos incoado por el señor MIGUEL MARTÍNEZ
OLANO contra la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL - UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE — SIETT SANTA
MARTA y el DISTRITO DE SANTA MARTA, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia. […]”
12
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
13
“Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del
alcohol u otras sustancias psicoactivas”.
7
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
24. Para arribar a esa determinación, en primer lugar, el tribunal negó la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito de Santa
Marta y por la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de
Tránsito y Transporte.
25. Al respecto, advirtió que ambas entidades “[…] fungen como demandadas en el
proceso de la referencia, fueron debidamente notificadas de la admisión de la
demanda […]” y cuentan con responsabilidades en la materia, de conformidad con
el régimen jurídico y lo pactado en el contrato de concesión 001 de 2003, suscrito
entre el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Santa Marta y la referida
unión temporal.
26. Explicó que la unión temporal es responsable del “[…] montaje, implantación,
mantenimiento y operación de un sistema integrado de información y soporte
técnico para todo el funcionamiento del área de tránsito, comercial y operativa del
instituto […]”. Además, “[…] se encuentra obligada a ejecutar un número plural de
actividades de apoyo jurídico y logístico en materia tributaria y administrativa
encaminadas a mejorar los índices de recaudo y de rotación de la cartera de las
obligaciones tributarias, fiscales y administrativas derivadas del registro automotor
incluido el Impuesto de Circulación y Transito al igual que Multas y Sanciones por
Contravenciones de Tránsito […]”.
27. Además, el tribunal enlistó las funciones conferidas al Distrito de Santa Marta,
como autoridad de tránsito, por los artículos 31, 159, 160 y 613 de la Ley 769 de
2002. También enfatizó que el recaudo por concepto de multas y sanciones por
infracciones de tránsito se destina al financiamiento de planes de tránsito,
educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial.
28. Posteriormente, el a quo se refirió al desarrollo jurisprudencial de los derechos
colectivos a la defensa del patrimonio público y a la seguridad y salubridad
públicas.
29. Acto seguido, enlistó el material probatorio obrante en el acervo y, citó los
artículos 131, 135, 150 y 152 de la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1696 de 2013
que regulan el procedimiento para la imposición de comparendos, las multas
derivadas de infracciones a las normas de tránsito por conducir en estado de
embriaguez y la práctica del examen de embriaguez.
30. También mencionó cuáles son los elementos principales de la Resolución 1844
de 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses adoptó la segunda versión de la guía para la medición indirecta
de alcoholemia a través de aire espirado.
31. Con fundamento en ese marco jurídico, afirmó que “[…] existe una amplia y
detallada regulación relativa a los procedimientos orientados a imponer sanciones
de tránsito, las cuales constituyen el trámite reglado que deben seguir las
autoridades de tránsito a fin de determinar el grado de alcoholemia que padecen
8
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
los conductores que manejan vehículos en estado de embriaguez, con el único
propósito de imponer los correctivos que la ley ordena en tales casos […]”.
32. Además, precisó que 85 agentes de tránsito de la jurisdicción del Distrito de
Santa Marta, según lo dispuesto en el oficio S-2021-SETRAN-MESAN1-10 de 5 de
febrero de 2021, se encuentran capacitados para la práctica de las pruebas de
alcoholemia a los infractores que conducen en estado de embriaguez.
33. Por ende, consideró evidente que: “[…] no existe vulneración o amenaza del
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, pues de acuerdo a lo
acreditado en la contención, los agentes de la Policía que realizan las pruebas de
Alcoholemia en la jurisdicción del distrito de Santa Marta se encuentran
debidamente capacitados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses conforme lo dispone el anexo 2 de la Resolución 1844 del 18 de
diciembre de 2015 […]”.
34. Agregó que en la página oficial del Instituto de Medicina Legal se puede
verificar a los agentes que se encuentran capacitados para realizar la prueba de
alcoholemia.
35. Puso de presente que, de conformidad con el oficio SIETDG 00109 de 2021,
“[…] desde inicios del año 2015 hasta el mes de febrero del año 2021, en el
Distrito de Santa Marta fueron impuestos 1.855 comparendos por el cuerpo
especializado de tránsito y transporte de la policía nacional, de los mismos han
sido exonerados 480, los cuales ascienden a la suma de $6.807.000.410 […]”.
36. Sin embargo, advirtió que “[…] en el plenario no obran elementos de juicio
suficientes para establecer las 480 exoneraciones que se presentaron en las
respectivas actuaciones administrativas fueron producto de la falta de capacitación
de los agentes de tránsito que practicaron las respectivas pruebas de alcoholemia,
teniendo en consideración que el actor popular no cumplió con la carga
argumentativa y probatoria de demostrar que la culminación de las actuaciones
administrativas mediante las cuales se dispuso no imponer sanción se debió a
malas prácticas derivadas de la falta de capacitación de dichos servidores […]”.
37. El a quo indicó que “[…] no obra en el plenario ningún elemento de prueba del
cual se pueda inferir siquiera sumariamente que las malas prácticas derivadas de
la falta de capacitación de los agentes que practican las pruebas de alcoholemia
amenace o haya generado problemas de salubridad o salud publica en la ciudad
de Santa Marta […]”.
38. Por todo ello, concluyó que el demandante no cumplió con “[…] la carga de la
prueba que le asiste en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del Código
General del Proceso, aplicable a la contención por expresa remisión del artículo
306 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
9
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
III. Fundamentos del recurso de apelación
III.1. La parte actora, mediante correo electrónico de 29 de junio de 202314, solicitó
la revocatoria de la sentencia de primera instancia y el amparo del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público.
39. Explicó que el tribunal de primera instancia consideró “[…] erradamente que
estaba demostrada la idoneidad de los agentes encargados de realizar las
pruebas de alcoholemia en Santa Marta con la respuesta del jefe de Tránsito y
Transporte mediante oficio No. S-2021-/SETRAN-MESAN 1.10 de fecha 05 de
febrero de 2021. Desconociendo que esos agentes no eran los mismos que
realizaban los procedimientos en el año 2015 en adelante, evidenciándose que
dichas certificaciones son posteriores a las circunstancias de tiempo que se
plasmaron en la demanda, notándose como las entidades demandadas ocultaron
los elementos materiales probatorios requeridos, como no aportar los expedientes
de los procedimientos por alcoholemia que si fueron anulados, dado que el
requerimiento realizado por parte del tribunal no fue cumplido […]”.
40. Solicitó comparar a los 85 agentes de tránsito capacitados, con los agentes que
participaron en los 480 comparendos anulados, a efectos de determinar si fueron
los mismos funcionarios.
41. También indicó que el juez popular cuenta con “[…] autorización legal para
decretar pruebas de oficio, gracias a lo cual puede ordenar, practicar pruebas,
solicitar estadísticas, rendir conceptos, documentos, informes, certificaciones,
informaciones o exámenes que sean útiles al proceso […]”, conforme a los
artículos 2.° y 30 de la Ley 472 de 1998.
42. Posteriormente, mediante correo electrónico de 4 de julio de 202315, el
demandante sustentó su recurso de apelación. En dicho documento explicó que el
a quo aplicó indebidamente el artículo 167 del Código General del Proceso,
porque la parte actora cumplió “[…] la carga probatoria de acreditar la afectación
del derecho al patrimonio público (…) en la suma de $6.807.000.410, toda vez que
dicha suma no ingresó al erario público por la exoneración decretada por el mal o
inapropiado proceder de los agentes de tránsito (…), sin que se pueda argüir que
los agentes se encontraban capacitados o no […]”.
43. Insistió que el tribunal no valoró el oficio SIETDG 00109 de 2021 y los 480 actos
administrativos que reconocen las malas prácticas de los policías en el
procedimiento de recolección de pruebas de alcoholemia.
44. Agregó que la Policía Nacional aplica la prueba de alcoholemia sin tener en
cuenta la Ley 1696 de 2013 y los artículos 7.3.1.1.6, 7.3.2.5, 7.3.2.1 y 7.2.1.3 de la
14
Expediente digital Samai, índice 2, documento denominado “ED_43APELACION(.pdf) NroActua 2”.
15
Ibidem, documento denominado “ED_44ADICIONAPELACIONP(.pdf) NroActua 2”. El escrito de sustentación es
procedente en tanto guarda relación con los argumentos propuestos en el documento de 29 de junio de 2023, de
conformidad con lo señalado en el artículo 322 del CGP, aplicable en los términos del artículo 37 de la Ley 472.
10
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
Resolución 1844 de 2015. Por ello, el hecho consistente en que los agentes de
policía hayan sido capacitados, no es suficiente para denegar el amparo.
45. Explicó que la falta de experticia de esos funcionarios condujo a la pérdida de
6.807.000.410 de pesos, “[…] recursos con que se arreglarían calles, colegios o
cualquier otra necesidad de la comunidad […]”.
46. Precisó que “[…] si en gracia de discusión se aceptara que los policías fueron
capacitados, estos no eran idóneos (…). La regla de la experiencia enseña que
uno no se equivoca por casi mil veces, pues, esos fueron las veces en que los
agentes realizaron las malas prácticas y que sólo en 480 fueron exoneradas por
los precitadas anomalías y desconocimiento de los procedimientos en las
muestras de alcoholemia […]”.
47. Finalmente, consideró que el tribunal de primera instancia aplicó de forma
errada la sentencia de 1.° de febrero de 2022 que unificó el concepto del derecho
colectivo previsto en el literal e) del artículo 4.º de la Ley 472.
IV. Trámite en segunda instancia
48. Medianteauto de 12 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Magdalena concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y ordenó la remisión del expediente a esta
Corporación16.
49. Esta autoridad judicial, a través de auto de 13 de octubre de 2023, admitió el
recurso de apelación y advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. También informó al Ministerio Público que se
encontraba habilitado para emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para emitir sentencia. Sin embargo, dicha entidad guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
50. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.
16
Índice 43 del expediente digital de primera instancia.
17
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado”.
11
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
V.2. Planteamiento del problema jurídico
51. El señor Miguel Martínez Olano atribuyó a la Policía Nacional, a la Unión
Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte y al
distrito de Santa Marta, la transgresión de los derechos colectivos a la seguridad
pública, a la salubridad pública y a la defensa del patrimonio público, debido a las
faltas y violaciones al debido proceso cometidas por los agentes de tránsito que
hacen la prueba de alcoholemia a quienes manejan en estado de embriaguez en
Santa Marta.
52. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Magdalena, autoridad judicial que, mediante sentencia de 1.° de
marzo de 2023, negó las súplicas de la demanda.
53. La parte actora, inconforme con la anterior decisión, en la alzada afirmó que el
tribunal de primera instancia: i) debió ejercer sus facultades probatorias de oficio,
en vez de negar el amparo de los derechos colectivos; y que ii) valoró de forma
errada el material probatorio y la sentencia de unificación de 1.° de febrero de
2022.
54. En este contexto, a la Sala le corresponde determinar si: i) el a quo incurrió en
una omisión probatoria indispensable para proferir un fallo de mérito; y ii) si la
parte actora demostró o no la transgresión del derecho colectivo a la defensa del
patrimonio público.
V.2.1. Las cargas probatorias en el caso concreto
55. La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo de Magdalena tenía que
ejercer sus facultades probatorias de oficio, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 2.° y 30 de la Ley 472 de 1998, en vez de negar el amparo del
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.
56. Igualmente, reprochó que las entidades demandadas no acataron totalmente el
requerimiento probatorio realizado por el a quo, aun cuando “[…] era necesario
que se aportaran los 480 casos anulados por fallas en el trámite contravencional
[…]”.
57. Para resolver ambos reparos, se debe tener en cuenta que el demandante en
las acciones populares, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472, tiene el
deber de aportar las pruebas que demuestren la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos invocados en el libelo petitorio.
58. Sin embargo, la misma norma reconoció que “[…] si por razones de orden
económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
12
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de
debate y con cargo a ella […]”18.
59. Del anterior precepto se desprende que el juez popular, por iniciativa propia y
sin que lo soliciten las partes, puede decretar pruebas de oficio o modificar la
carga de la prueba, siempre y cuando se acrediten dos circunstancias. La primera
es que exista una duda probatoria que impida adoptar una decisión de fondo. La
segunda es que el demandante no aporte la prueba pertinente por razones
económicas o técnicas.
60. Esa intervención probatoria judicial debe considerar la naturaleza del derecho
colectivo, la posición de las partes, la disponibilidad de la prueba y el interés
general, con miras a garantizar un ejercicio imparcial de la administración de
justicia19. Por ello, la jurisprudencia de la Corporación20 ha sostenido que el juez
establece en cada caso cuál de las partes está en mejores condiciones de probar
los hechos alegados.
61. Precisamente, este escenario se materializó en el caso concreto, en la medida
en que el Tribunal Administrativo de Magdalena invirtió la carga de la prueba al
ordenar a las entidades demandadas, a través del auto de 27 de junio de 2021, lo
siguiente:
“[…] 2. OFICÍESE a la UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (SIETT SANTA
MARTA) y al DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE
MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, para que
(…) remitan con destino al plenario, copia de los actos administrativos
proferidos desde diciembre de 2015 hasta la presente calenda, a través de
los cuales se haya impuesto sanción en razón del resultado en la prueba de
alcoholemia, indicando además, cuales ha quedado ejecutorias y en firme y
cuales fueron revocadas con posterioridad en virtud de la declaratoria del
procedimiento irregular en la toma de muestra de alcoholemia.
3. OFICÍESE a la POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, para
que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir del
recibo del respectivo oficio, remitan con destino al plenario, la plena
identificación de los agentes y/o patrulleros destinados desde el 2015 para
realizar las pruebas de alcoholemia, remitiendo además los certificados y
pruebas de la formación técnica y tecnológica recibidas por los agentes de
tránsito y/o patrulleros designados para la toma de las muestras para
determinar el grado de embriaguez de los conductores de la ciudad, desde
el 18 de diciembre de 2015 hasta la presente calenda.
4. OFICÍESE a la UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (SIETT SANTA
18
La Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 puntualizó que “resulta admisible, lógico y necesario que la
demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le
corresponda al afectado”. Pero agregó que ello no inhibe al juez del deber de emplear su facultad probatoria de oficio
cuando, por razones económicas o técnicas, el demandante no pueda aportar ciertas pruebas que resultan indispensables
para adoptar un fallo de mérito.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, radicación núm. 68001-23-31-000-2000-
09610-01(15772).
20
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005. Radicación núm.: 68001-23-15-000-1996-01898-01. María Elena
Giraldo Gómez.
13
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
MARTA) y al DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE
MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, para que
(…) remitan con destino al plenario certificación en la cual hagan constar la
destinación de los recursos públicos percibidos por concepto de infracciones
de tránsito por conducir en estado de embriaguez. (…)
8. (…) OFICÍESE a la UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS Y
ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (SIETT SANTA
MARTA) y al DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE
MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, para que
(…) remitan con destino al plenario certificación en la cual hagan constar los
dineros dejados de percibir por concepto de infracciones revocadas por
vicios en la aplicación de la toma de la muestra para determinar el grado de
embriaguez de un conductor. […]”
62. Dichas pruebas fueron recaudadas los días 26 de mayo y 1.° de junio de 2022,
sin que la parte actora hubiese cuestionado su contenido. El demandante además
guardó silencio frente a la decisión del tribunal de decretar como pruebas los
documentos aportados en la contestación del distrito de Santa Marta21. Incluso el
señor Miguel Martínez Olano no presentó el escrito de alegatos de conclusión de
primera instancia.
63. Esto significa que el Tribunal Administrativo de Magdalena ejerció las facultades
especiales que cuestiona el apelante. Además, en esta instancia judicial al señor
Miguel Martínez Olano no le es dable revivir las oportunidades procesales que
precluyeron en las que tenía la carga procesal de pronunciarse sobre el material
probatorio recaudado22. De manera que los planteamientos aquí analizados no
cuentan con vocación de prosperidad.
V.2.2. La prueba sobre la presunta transgresión del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público
64. El argumento principal de la apelación señala que el tribunal de primera
instancia valoró de forma errada el material probatorio porque el oficio SIETDG
00109 de 2021 y los 480 actos administrativos que absolvieron a los presuntos
infractores del pago de las multas, demuestran la afectación causada al patrimonio
público por la suma de $6.807.000.410 pesos.
65. El apelante insiste que el amparo del derecho colectivo previsto en el literal e)
del artículo 4.º de la Ley 472 resulta procedente, aun en el escenario en que las
autoridades de tránsito estén capacitadas, porque la Policía Nacional ha estado
aplicando la prueba de alcoholemia sin tener en cuenta la Ley 1696 de 2013 y los
artículos 7.3.1.1.6, 7.3.2.5, 7.3.2.1 y 7.2.1.3 de la Resolución 1844 de 2015.
21
Auto de 4 de mayo de 2022.
22
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión, sentencia de tres (3) de abril de
dos mil dieciocho (2018), consejera ponente: Rocío Araújo Oñate. En este mismo sentido ver la sentencia de
01/12/201611001-03-15-000-2016-02844-00 proferida por la Sección Primera de esta Corporación judicial, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicado 11001-03-15-000-2016-02844-00.
14
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
66. Indicó que los 85 agentes capacitados para adelantar la prueba de alcoholemia
“[…] no eran los mismos que realizaban los procedimientos en el año 2015 […]”.
Y, si lo fueran, ese personal no era idóneo porque cometió el mismo error en “[…]
1000 casos […]”, de los cuales 480 fueron absueltos.
67. Finalmente, argumentó que el tribunal de primera instancia aplicó de forma
errada la sentencia de 1.° de febrero de 2022 que unificó el concepto del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público.
68. Para resolver lo anterior, la Sala estudiará las pruebas relacionadas con: i) los
deberes de los agentes de tránsito que hacen la prueba de alcoholemia a quienes
manejan en estado de embriaguez en Santa Marta; y ii) la configuración o no de
los requisitos jurisprudenciales exigidos para el amparo del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.
V.2.2.1. Lo acreditado sobre los deberes de los agentes de tránsito que
hacen la prueba de alcoholemia a quienes manejan en estado de embriaguez
en Santa Marta
69. El Código Nacional de Tránsito Terrestre23 determinó las infracciones y las
sanciones que se aplican cuando los conductores manejan un vehículo automotor
después de haber consumido bebidas alcohólicas que alteran sus capacidades
físicas y mentales. Aunado a ello, estableció cuáles son las responsabilidades de
los conductores y de las autoridades de tránsito del país en la materia.
70. Conforme al artículo 3.° ibidem, los alcaldes, la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, los agentes de tránsito y transporte, los
inspectores de policía, los inspectores de tránsito y los organismos de tránsito de
carácter municipal o distrital, entre otros, son autoridades encargadas de regular,
controlar y vigilar el tránsito de vehículos y peatones en el territorio nacional.
Dichas autoridades pueden suscribir convenios o delegar determinadas funciones
en entidades públicas o privadas, las cuales según el parágrafo 1.° ejusdem son
consideradas organismos de apoyo.
71. Respecto de la jurisdicción y competencia de tales organismos, el artículo 134
del código de tránsito estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de
tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su
jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en
única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte
(20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con
multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las
sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir,
siendo la segunda instancia su superior jerárquico.
23
Ley 769 de 2002. “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
15
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden
ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia. […]”
72. Además, el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de
la Ley 1383 de 2010, explicó cuál es el procedimiento que surte la autoridad de
tránsito ante la comisión de una infracción, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 135. PROCEDIMIENTO. Ante la comisión de una
contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente
para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden
de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la
autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.
Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la
empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos
y Transporte para lo de su competencia.
La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y
cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la
licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con
el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y
teléfono, si lo tuviere.
(…) El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del
formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En
este se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si
así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o
practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer
el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya
suscrito por este.
PARÁGRAFO 1o. La autoridad de tránsito entregará al funcionario
competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro
de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo,
so pena de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia
se hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del
servicio.
PARÁGRAFO 2o. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos
o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a
los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas. […]”
(Negrilla fuera del texto)
73. Específicamente,
para prevenir los riesgos de accidentalidad generados por
quienes conducen en estado de embriaguez, el literal F del artículo 131 de la Ley
769 de 2002 contempló la siguiente infracción:
“[…] F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias
psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en
el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de
servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa
y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de
embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado.
16
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una
prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses. […]” (Negrilla fuera del texto)
74. La Ley 769 de 2002 define la alcoholemia como la cantidad de alcohol que tiene
una persona en determinado momento en su sangre. De igual forma, precisa que
la embriaguez es el estado de alteración de las condiciones físicas y mentales
causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de
actividades de riesgo.
75. El conductor en estado de alcoholemia, conforme a las modificaciones
realizadas por la Ley 1696 de 2013 al artículo 152 de la Ley 769 de 2002, será
acreedor de las sanciones allí establecidas dependiendo del grado de embriaguez
y de la reiteración de la conducta. Aunado a ello, quien cause lesiones u
homicidios en accidente de tránsito bajo dichas condiciones, o que
injustificadamente abandone el lugar de los hechos, además de las sanciones
previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por
el término de cinco (5) años (artículo 151).
76. Para ello, el artículo 150 del código reguló que “[…] las autoridades de tránsito
podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de
embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el
alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas […]”.
Además, “[…] las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u
hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el
estado de aptitud de los conductores […]”. Y, “[…] en los centros integrales de
atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente
mencionadas […]”.
77. Endesarrollo de esas disposiciones normativas, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses adoptó la segunda versión de la "Guía para la
Medición Indirecta de Alcoholemia a través de Aire Espirado". La guía establece el
procedimiento estandarizado de medición indirecta de la alcoholemia, es decir, la
medición del alcohol en el aire que se exhala.
78. Concretamente, el reglamento describe el fundamento técnico de la medición
basado en la Ley de Henry24 y en los tipos de sensores utilizados en los
analizadores de alcohol en aire espirado. Igualmente contempla requisitos de
calidad para la muestra, el dispositivo, el operador y la documentación de las
mediciones.
24
“[…] La Ley de Henry es el principio básico sobre el cual se basa el ensayo de medición de etanol en aire espirado: en un
sistema cerrado, bajo condiciones de temperatura constante, la concentración de un gas en aire es proporcional a la
concentración del gas disuelto en el líquido. En la determinación de etanol en aire espirado existe un equilibrio entre el
etanol en la sangre perfundida del pulmón y el aire alveolar. Si se conoce el coeficiente de partición del etanol se puede
determinar indirectamente la concentración sanguínea de etanol midiendo su concentración en el aire espirado (12). Este
equilibrio permite establecer una correlación entre la concentración de etanol en la sangre que pasa por los pulmones y la
que hay en el aire en los alvéolos. Se ha establecido que existe una relación de 2100:1 (relación entre etanol en sangre y
etanol en aire espirado), lo que indica que se tendría una concentración de 2100 mg de etanol en un litro de sangre o 1 mg
de etanol en un litro de aire espirado […]”.
17
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
79. No se puede olvidar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-633 de 2014,
además de reconocer que la actividad de conducción es una actividad peligrosa
que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades;
señaló que solo es constitucional imponer la obligación de realizarse la prueba de
alcoholemia, siempre y cuando se garantice el derecho al debido proceso del
presunto infractor. Sobre este punto el máximo tribunal complementó que:
“[…] la realización de esta prueba con plenas garantías implica que las
autoridades de tránsito deben informar al conductor de forma precisa y
clara (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas
disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los
efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que
se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite
administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la
prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de
participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la
orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren
completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir
una determinada conducta al respecto. En adición a ello, (…) el conductor
tiene derecho a exigir de las autoridades de tránsito la acreditación (vi) de
la regularidad de los instrumentos que se emplean y (vii) la competencia
técnica del funcionario para realizar la prueba correspondiente […]”.
80. Así las cosas, resulta claro que las autoridades de tránsito deben respetar los
estándares científicos y las garantías al debido proceso propias de esta tipología
especial de actuación administrativa. Ello permite obtener resultados
estandarizados de la medición indirecta de la alcoholemia, dentro de un marco de
aseguramiento de la calidad.
81. Ahora bien, al descender en el caso concreto, se observa que la Seccional de
Tránsito y Transporte de Santa Marta, mediante oficio S-2021-SETRAN-MESAN1-
10 de 5 de febrero de 2021, certificó que 85 agentes de tránsito de su jurisdicción
fueron capacitados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses para practicar la prueba de alcoholemia.
82. Esa capacitación de los funcionarios en el desarrollo del procedimiento de
medición de la alcoholemia es un factor decisivo que contribuye a la confiabilidad y
precisión de las mediciones realizadas en el marco de las actuaciones
administrativas policivas. Dicho estándar personal resulta esencial para garantizar
la competencia del operador y la calidad de la medición.
83. Aun así, se debe poner de presente que, según la información reportada por la
Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte
en el oficio SIETDG 00109 de 15 de 2021, desde el año 2015 hasta el mes de
febrero del año 2021, el cuerpo especializado de tránsito y transporte de la Policía
Nacional impuso 1.855 comparendos en el distrito de Santa Marta, de los cuales
480 fueron exonerados por la suma de $6.807.000.410 pesos.
84. Cabe aclarar que la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados
de Tránsito y Transporte en el escrito de contestación de la demanda remitió una
18
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
carpeta one drive que contenía, en principio, 409 de los 480 expedientes
administrativos de los casos exonerados25.
85. Sin embargo, la Sala analizó y clasificó esa documentación advirtiendo que la
información de 19 expedientes obra incompleta, en 39 casos corresponde a
información duplicada y en 1 expediente atañe a otra tipología de infracción. Esto
significa que esta Sección evaluó 347 casos de absoluciones, en cuyo marco
identificó 24 motivos que justificaron tales decisiones administrativas.
86. Las causas identificadas por la Sala en esos actos administrativos se clasifican,
según su nivel de frecuencia, así:
1. No existe prueba sobre quién era el conductor del vehículo (59 casos26).
2. Ensayo no conforme según los parámetros técnicos contenidos en la
Resolución 1844 de 2015 (49 casos27).
3. No existe registro de formato de entrevista, ni la huella digital y/o firma del
infractor en el reporte (41 casos28).
4. No se surtieron las etapas exigidas en el proceso contravencional (35
casos29).
25
Expediente digital Samai, índice 2, documento denominado “ED_11CONTESTACIONSIETT(.pdf) NroActua 2”. 26
Resoluciones 5931 de 22 de noviembre de 2016, 0950 de 6 de octubre de 2015, 0566 de 27 de febrero de 2015, IP1417
de 17 de diciembre de 2015, 2725 de 22 de diciembre de 2015, IP689 de 2 de septiembre de 2015, IP0681 de 1 de
septiembre de 2015, 0934 de 18 de marzo de 2016, IP0767 de 18 de septiembre de 2015, 5488 de 28 de octubre de 2015,
5026 de 10 de octubre de 2016, 4490 de 13 de septiembre de 2016, 5061 de 10 de octubre de 2016, 5931 de 22 de
noviembre de 2016, 1613 de 4 de mayo de 2016, 0242 de 5 de febrero de 2016, 6687 de 23 de diciembre de 2016, 0627 de
24 de febrero de 2016, 0240 de 5 de febrero de 2016, 0101 de 20 de enero de 2016, 0246 de 5 de febrero de 2016, IP1475
de 30 de diciembre de 2015, IP1413 de 17 de diciembre de 2015, 0634 de 24 de febrero de 2016, IP1208 de 24 de
noviembre de 2015, IP1205 de 24 de noviembre de 2015, IP1057 de 6 de noviembre de 2015, IP1455 de 30 de diciembre
de 2015, IP1386 de 15 de diciembre de 2015, IP2101 de 6 de noviembre de 2015, IP0051 de 29 de septiembre de 2015, IP
0739 de 17 de septiembre de 2015, IP 0973 de 13 de octubre de 2015, IP0699 de 10 de septiembre de 2015, IP0999 de 13
de octubre de 2017, 4212 de 22 de septiembre de 2017, 2677 de 31 de mayo de 2017, 4412 de 6 de octubre de 2017, 2630
de 20 de septiembre de 2018, 2484 de 19 de mayo de 2017, 3300 de 4 de diciembre de 2018, 0926 de 14 de marzo de
2018, 1907 de 28 de junio de 2018, 5494 de 29 de noviembre de 2017, 5164 de 1 de diciembre de 2017, 1925 de 3 de julio
de 2018, 5307 de 15 de diciembre de 2017, 0989 de 16 de marzo de 2018, 0119 de 12 de junio de 2018, 3175 de 22 de
noviembre de 2018, 1923 de 3 de julio de 2018, 3490 de 18 de diciembre de 2018, 0895 de 13 de marzo de 2018, 0894 de
13 de marzo de 2018, 1521 de 16 de mayo de 2018, 5314 de 15 de diciembre de 2017, 0599 de 7 de marzo de 2019, 1193
de 14 de mayo de 2019 y 0498 de 19 de mayo de 2020. 27
Resolución 4424 de 13 de septiembre de 2016, 0378 de 26 de enero de 2017, 5711 de 12 de octubre de 2018, 5721 de
10 de noviembre de 2016, IP1289 de 27 de noviembre de 2015, IP1387 de 15 de diciembre de 2015, IP0978 de 13 de
octubre de 2015, IP0794 de 24 de septiembre de 2015, IP 0703 de 10 de septiembre de 2015, IP0517 de 10 de agosto de
2015, 3666 de 14 de agosto de 2017, 3545 de 1 de agosto de 2017, 2764 de 5 de junio de 2017, 5466 de 28 de diciembre
de 2017, 5384 de 21 de diciembre de 2017, 4544 de 13 de octubre de 2017, 0193 de 23 de enero de 2018, 1051 de 23 de
marzo de 2018, 0132 de 16 de enero de 2018, 0961 de 15 de marzo de 2018, 0484 de 9 de febrero de 2018, 1570 de 22 de
mayo de 2018, 0104 de 15 de enero de 2018, 3489 de 18 de diciembre de 2018, 1980 de 11 de julio de 2018, 3196 de 26
de noviembre de 2018, 1866 de 25 de junio de 2018, 2206 de 9 de agosto de 2018, 2459 de 5 de septiembre de 2018,
3613 de 26 de diciembre de 2018, 3251 de 28 de noviembre de 2018, 4763 de 31 de octubre de 2017, 0926 de 14 de marso
de 2018, 5173 de 4 de diciembre de 2017, 4043 de 12 de septiembre de 2017, 4537 de 13 de octubre de 2017, 5081 de 29
de noviembre de 2017, 4021 de 11 de septiembre de 2017, 4889 de 7 de noviembre de 2017, 5312 de 15 de diciembre de
2017, 1073 de 29 de abril de 2019, 0676 de 14 de marzo de 2019, 1277 de 7 de diciembre de 2020, 2252 de 18 de octubre
de 2019, 2082 de 26 de septiembre de 2019, 2349 de 28 de octubre de 2019, 2329 de 25 de octubre de 2019, 0397 de 13
de marzo de 2020 y 0466 de 15 de mayo de 2020.
28
Resoluciones 0568 de 27 de febrero de 2015, IP1417 de 17 de diciembre de 2015, IP696 de 2 de septiembre de 2015,
IP0480 de 29 de julio de 2015, IP0735 de 15 de septiembre de 2015, IP0480 de 6 de agosto de 2015, 1568 de 5 de junio de
2015, 4543 de 19 de septiembre de 2016, IP0681 de 1 de septiembre de 2015, IP 0629 de 10 de agosto de 2015, IP 0423
de 24 de julio de 2015, 1687 de 30 de junio de 2015, IP 1128 de 6 de noviembre de 2015, IP 0170 de 25 de junio de 2015,
IP 0185 de 6 de julio de 2015, IP 0768 de 18 de septiembre de 2015, IP 0476 de 30 de julio de 2015, IP 0665 de 1 de
septiembre de 2015, IP 0690 de 2 de septiembre de 2015, IP 1141 de 6 de noviembre de 2015, IP0649 de 27 de agosto de
2015, IP0767 de 18 de septiembre de 2015, IP68402 de 6 de septiembre de 2015, 4151 de 24 de agosto de 2016, 224 de
31 de mayo de 2016, 3687 de 2 de agosto de 2016, IP0327 de 16 de agosto de 2015, 4751 de 30 de septiembre de 2016,
0243 de 5 de febrero de 2016, IP 1206 de 24 de noviembre de 2015, IP1101 de 6 de noviembre de 2015, 6361 de 13 de
diciembre de 2016, IP0517 de 10 de agosto de 2015, 1099 de 23 de febrero de 2017, 4212 de 22 de septiembre de 2017,
4180 de 21 de septiembre de 2017, 2054 de 27 de enero de 2017, 2542 de 13 de septiembre de 2018, 0671 de 20 de
febrero de 2018, 3299 de 4 de diciembre de 2018 y 0876 de 9 de marzo de 2018. 29
Resoluciones 6311 de 7 de diciembre de 2016, 6355 de 12 de diciembre de 2016, 0730 de 4 de marzo de 2016, 0899 de
2 de abril de 2019, 4037 de 12 de septiembre de 2017, 6114 de 5 de diciembre de 2016, 5597 de 4 de noviembre de 2016,
4670 de 27 de septiembre de 2016, 5025 de 10 de octubre de 2016, 4395 de 2 de septiembre de 2016, 4400 de 2 de
19
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
5. No se realizó nueva prueba de alcoholemia a pesar de obtener 2 resultados
opuestos a la fórmula aritmética estipulada en la Resolución 1183 del 14 de
diciembre de 2005 (32 casos30).
6. El acto no precisa la circunstancia fáctica de la violación al debido proceso
(18 casos31).
7. No existe prueba que demuestre que el agente abrió boquillas nuevas o se
demostró que reutilizó las boquillas en varias de las muestras (15 casos32).
8. No se demostró que el conductor se haya negado a realizar la prueba de
alcoholemia o el cumplimiento del procedimiento exigido para tales eventos
(13 casos33).
9. No cumple los requisitos establecidos para la documentación del
alcohosensor (12 casos34).
10. Se utilizó la opción "manual" para la obtención de la muestra de aire espirado
en aquellos equipos que la tienen (10 casos35).
11. No existe registro fílmico (10 casos36).
12. El agente de tránsito no asiste a la versión de los hechos y, en consecuencia,
se tienen por ciertas las afirmaciones del presunto contraventor (9 casos37).
13. Resultado de alcohosensor se debe a otras causas médicas, laborales o al
uso de enjuagues bucales y no se cumplió el procedimiento de verificación
respectivo (7 casos38).
septiembre de 2016, 4394 de 2 de septiembre de 2016, 5376 de 21 de diciembre de 2017, 4396 de 2 de septiembre de
2016, 4401 de 2 de septiembre de 2016, 5804 de 15 de noviembre de 2016, 5349 de 19 de diciembre de 2017, 0152 de 12
de enero de 2017, 4915 de 10 de noviembre de 2017, 4549 de 13 de octubre de 2017, 4768 de31 de octubre de 2017, 5220
de 11 de diciembre de 2017, 5221 de 11 de diciembre de 2017, 1603 de 28 de mayo de 2018, 2251 de 13 de agosto de
2018, 6832 de 29 de diciembre de 2016, 3124 de 19 de noviembre de 2018, 1754 de 15 de junio de 2018, 2817 de 16 de
octubre de 2018, 0183 de 25 de enero de 2019, 0213 de 25 de enero de 2018, 0257 de 30 de enero de 2018, 0281 de 1 de
febrero de 2018, 1560 de 21 de mayo de 2018 y 2686 de 26 de septiembre de 2018. 30
Resoluciones 0567 de 27 de febrero de 2015, 0565 de 27 de febrero de 2015, 0569 de 27 de febrero de 2015, IP0623 de
27 de agosto de 2015, IP660 de 1° de septiembre de 2015, IP0958 de 8 de octubre de 2015, IP 0423 de 24 de julio de 2015,
1687 de 30 de junio de 2015, IP 0665 de 1 de septiembre de 2015, 1741 de 11 de mayo de 2016, IP 0690 de 2 de
septiembre de 2015, IP 0858 de 29 de septiembre de 2015, IP 0567 de 21 de agosto de 2015, IP0646 de 27 de agosto de
2015, 5605 de 8 de noviembre de 2016, 5667 de 8 de noviembre de 2016, 3187 de 7 de julio de 2016, IP1413 de 17 de
diciembre de 2015, 0245 de 5 de febrero de 2016, IP1412 de 17 de diciembre de 2015, IP1140 de 6 de noviembre de 2015,
IP0824 de 24 de septiembre de 2015, 2448 de 19 de diciembre de 2015, IP0684 de 2 de septiembre de 2015, 3540 de 1 de
agosto de 2017, 4532 de 13 de octubre de 2017, 5081 de 29 de noviembre de 2017, 0961 de 15 de marzo de 2018, 5278 de
13 de diciembre de 2017, 5466 de 28 de diciembre de 2017, 4942 de 10 de noviembre de 2017 y 1093 de 27 de octubre de
2020. 31
Resoluciones 5163 de 1 de diciembre de 2017, 0174 de 23 de enero de 2018, 1591 de 9 de julio de 2018, 1102 de abril
de 2018, 0525 de 14 de febrero de 2018, 2456 de 5 de septiembre de 2018, 1906 de 28 de junio de 2018, 1284 de 23 de
mayo de 2019, 1208 de 14 de mayo de 2019, 1604 de 28 de mayo de 2018, 2574 de 13 de septiembre de 2018, 0288 de 5
de febrero de 2018, 5048 de 28 de noviembre de 2017, 2347 de 28 de octubre de 2019, 250 de 19 de febrero de 2020, 0764
de 3 de septiembre de 2020, 0620 de 22 de julio de 2020 y 0764 de 3 de septiembre de 2020. 32
Resoluciones 0568 de 27 de febrero de 2015, 1687 de 30 de junio de 2015, 3519 de 22 de julio de 2016, 00033 de 12 de
septiembre de 2017, 5136 de 1 de diciembre de 2017, 1085 de 28 de marzo de 2018, 2893 de 26 de octubre de 2018, 3840
de 28 de agosto de 2017, 5149 de 1 de diciembre de 2017, 1720 de 12 de junio de 2018, 5008 de 22 de noviembre de
2017, 4448 de 10 de octubre de 2017, 2365 de 29 de octubre de 2019, 2638 de 9 de diciembre de 2019 y 0217 de 13 de
febrero de 2020. 33
Resoluciones 5685 de 12 de diciembre de 2014, IP 0184 de 6 de julio de 2015, 2435 de 19 de noviembre de 2015, IP
0534 de 19 de agosto de 2015, 6453 de 19 de diciembre de 2016, 6840 de 29 de diciembre de 2016, 5686 de 9 de
noviembre de 2016, 4489 de 13 de septiembre de 2015, 3047 de 9 de noviembre de 2018, 2615 de 26 de mayo de 2017,
4967 de 15 de noviembre de 2017, 4869 de 7 de noviembre 2018 y 2840 de 30 de diciembre de 2019. 34
Resoluciones 0493 de 19 de mayo de 2020, 0499 de 19 de mayo de 2020, 0492 de 19 de mayo de 2020, 0500 de 19 de
mayo de 2020, 2383 de 29 de octubre de 2019, 0468 de 15 de mayo de 2020, 2368 de 29 de octubre de 2019, 2364 de 29
de noviembre de 2019, 0649 de 4 de agosto de 2020, 0168 de 6 de febrero de 2020, 1123 de 29 de octubre de 2018 y 2891
de 30 de diciembre de 2019.
35
Resoluciones 5596 de 4 de noviembre de 2016, 0118 de 10 de enero de 2017, 4491 de 13 de septiembre de 2016, 4902
de 9 de noviembre de 2017, 4046 de 17 de agosto de 2016, 3973 de 16 de agosto de 2016, 1878 de 3 de abril de 2017,
0377 de 26 de enero de 2017, 3335 de 13 de julio de 2017 y 4030 de 12 de septiembre de 2017. 36
Resoluciones 2630 de 20 de septiembre de 2018, 2630 de 20 de septiembre de 2018, 1209 de 14 de mayo de 2019, 2730
de 28 de septiembre de 2018, 4554 de 13 de octubre de 2017, 0896 de 2 de abril de 2019, 1218 de 16 de mayo de 2019,
2894 de 30 de diciembre de 2019, 2440 de 7 de noviembre de 2019 y 0519 de 12 de junio de 2020. 37
Resoluciones IP1241 de 24 de noviembre de 2015, 4886 de 7 de noviembre de 2017, 2796 de 10 de octubre de 2018,
0107 de 15 de enero de 2018, 1912 de 29 de 2018, 0107 de 15 de enero de 2018, 1828 de 25 de enero de 2018, 4539 de
13 de octubre de 2017, y 3187 de 23 de noviembre de 2018. 38
Resoluciones 3539 de 1° de agosto de 2017, 0154 de 18 de enero de 2018, 0154 de 18 de enero de 2018, 2248 de 13 de
agosto de 2018, 2951 de 31 de octubre de 2018, 1318 de 10 de diciembre de 2020 y 1284 de 7 de diciembre de 2020.
20
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
14. No se hizo la toma de consentimiento para realizar la prueba (5 casos39).
15. Errores en el diligenciamiento de los datos del registro de los ensayos que
generan dudas sobre la cadena de custodia (5 casos40).
16. El agente de tránsito no estaba certificado para operar el alcohosensor (4
casos41).
17. Error en el diligenciamiento de la orden de comparendo (4 casos42).
18. Violación del principio de cosa juzgada, según el cual nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo hecho (4 casos43).
19. Error al cargar la información en SIMIT y Runt (4 casos44).
20. Indebida notificación del proceso contravencional (4 casos45).
21. Caducidad (3 casos46).
22. Certificado de calibramiento del alcoholosensor vencido (2 casos47).
23. Agente reconoce que cometió un error (1 caso48)
24. No se respetó cadena de custodia (1 caso49)
87. La siguiente gráfica elaborada por la Sala representa esos resultados, así:
88. Como puede apreciarse la causa más frecuente de las exoneraciones
realizadas en el periodo 2015-2020 fue la falta de certeza probatoria acerca de
39
Resoluciones 0566 de 27 de febrero de 2015, 0564 de 27 de febrero de 2015, 1568 de 5 de junio de 2015 y IP 1128 de 6
de noviembre de 2015.
40
Resoluciones IP 519 de 10 de agosto de 2015, IP0059 de 7 de septiembre de 2015, IP517 de 10 de agosto de 2015,
IP0059 de 2 de septiembre de 2015 y 3273 de 30 de noviembre de 2018.
41
Resoluciones IP0977 de 13 de octubre de 2015, 3615 de 26 de diciembre de 2018, 5130 de 30 de noviembre de 2017 y
0853 de 2 de abril de 2019.
42
Resoluciones 4904 de 9 de noviembre de 2017, 5258 de 12 de diciembre de 2017, 4627 de 20 de octubre de 2017 y 4418
de 9 de octubre de 2017.
43
Resolución IP0189 de 6 de julio de 2015, IP0525 de 10 de agosto de 2015, IP0524 de 10 de agosto de 2015 y IP424 de
24 de julio de 2015.
44
Resoluciones 1014 de 17 de febrero de 2017, 0366 de 25 de enero de 2017, 0347 de 24 de enero de 2017 y 1867 de 31
de marzo de 2017.
45
Resoluciones 1571 de 22 de mayo de 2018, 2366 de 24 de agosto de 2018, 3792 de 23 de agosto de 2017 y 4904 de 9
de noviembre de 2017.
46
Resoluciones 3131 de 27 de junio de 2017, 4771 de 31 de octubre de 2017 y 2847 de 22 de octubre 2018.
47
Resoluciones 0714 de 18 de marzo de 2019 y 0722 de 19 de marzo de 2019.
48
Resolución 0533 de 21 de agosto de 2015.
49
Resolución 1369 de 27 de abril de 2018.
21
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
quién era la persona que conducía el vehículo, bien sea porque la prueba no se
realizó en el lugar de los hechos, porque el agente de tránsito no detuvo el
vehículo, o porque el carro estaba detenido a la espera de otro conductor, entre
otras circunstancias fácticas.
89. La segunda causa estuvo relacionada con el incumplimiento de los parámetros
técnicos admisibles de los ensayos realizados para medir el nivel de alicoramiento
debido a que fue: i) un ensayo no conforme; ii) más de 2 ensayos; iii) prueba por
fuera del tiempo; iv) ensayo no consecutivo; y v) los ensayos realizados no se
encuentran relacionados según las parejas o resultados contenidos en la
Resolución 1844 de 2015.
90. La tercera causa de las exoneraciones fue la omisión del agente de tránsito de
registrar la entrevista, así como tomar la huella digital o la firma del infractor en el
reporte. La cuarta fue la transgresión al debido proceso porque no se surtieron las
etapas exigidas en el proceso contravencional, especialmente en cuanto a la
posibilidad de presentar alegatos y pruebas.
91. La quinta causa es que el agente omitió realizar una nueva prueba al presunto
infractor a pesar de obtener 2 resultados opuestos a la fórmula aritmética
estipulada en la Resolución 1183 del 14 de diciembre de 2005.
92. La Sala también analizó de forma discriminada los resultados de cada año,
advirtiendo que en el 2015 se presentaron 86 de los 347 casos aportados al
plenario. De ese resultado se tiene como causa más representativa que: i) en 26
casos no se diligenció el formato de entrevista con la huella digital o firma del
infractor50; ii) en 20 casos no existía prueba sobre quien era el conductor del
vehículo51; y iii) en 19 casos el agente no realizó una nueva prueba con el
instrumento de medición a pesar de obtener 2 resultados opuestos a la fórmula
aritmética estipulada en la Resolución 1183 del 14 de diciembre de 200552.
93. En el año 2016 la autoridad de tránsito administrativa efectuó 48 exoneraciones,
cuyas principales causas refieren a: i) 14 eventos en los que no existía prueba
sobre quien era el conductor del vehículo53; ii) 13 eventos en los que no se
50
Resoluciones 0568 de 27 de febrero de 2015, IP1417 de 17 de diciembre de 2015, IP696 de 2 de septiembre de 2015,
IP0480 de 29 de julio de 2015, IP0735 de 15 de septiembre de 2015, IP0480 de 6 de agosto de 2015, 1568 de 5 de junio de
2015, IP0681 de 1 de septiembre de 2015, IP 0629 de 10 de agosto de 2015, IP 0423 de 24 de julio de 2015, 1687 de 30 de
junio de 2015, IP 1128 de 6 de noviembre de 2015, IP 0170 de 25 de junio de 2015, IP 0185 de 6 de julio de 2015, IP 0768
de 18 de septiembre de 2015, IP 0476 de 30 de julio de 2015, IP 0665 de 1 de septiembre de 2015, IP 0690 de 2 de
septiembre de 2015, IP 1141 de 6 de noviembre de 2015, IP0649 de 27 de agosto de 2015, IP0767 de 18 de septiembre de
2015 y IP68402 de 6 de septiembre de 2015, IP 1206 de 24 de noviembre de 2015, IP1101 de 6 de noviembre de 2015,
IP0327 de 16 de agosto de 2015 y IP0517 de 10 de agosto de 2015.
51
Resoluciones 0950 de 6 de octubre de 2015, 0566 de 27 de febrero de 2015, IP1417 de 17 de diciembre de 2015, 2725
de 22 de diciembre de 2015, IP689 de 2 de septiembre de 2015, IP0681 de 1 de septiembre de 2015, IP0767 de 18 de
septiembre de 2015 y 5488 de 28 de octubre de 2015
52
Resoluciones 0567 de 27 de febrero de 2015, 0565 de 27 de febrero de 2015, 0569 de 27 de febrero de 2015, IP0623 de
27 de agosto de 2015, IP660 de 1° de septiembre de 2015, IP0958 de 8 de octubre de 2015, IP 0423 de 24 de julio de 2015,
1687 de 30 de junio de 2015, IP 0665 de 1 de septiembre de 2015, IP 0690 de 2 de septiembre de 2015, IP 0858 de 29 de
septiembre de 2015, IP 0567 de 21 de agosto de 2015, IP0646 de 27 de agosto de 2015, IP1413 de 17 de diciembre de
2015, IP1412 de 17 de diciembre de 2015, IP1140 de 6 de noviembre de 2015, IP0824 de 24 de septiembre de 2015, 2448
de 19 de diciembre de 2015 y IP0684 de 2 de septiembre de 2015.
53
Resoluciones 5931 de 22 de noviembre de 2016, 0934 de 18 de marzo de 2016, 5026 de 10 de octubre de 2016, 4490 de
13 de septiembre de 2016, 5061 de 10 de octubre de 2016, 5931 de 22 de noviembre de 2016, 1613 de 4 de mayo de 2016,
22
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
surtieron las etapas exigidas en el proceso contravencional54; y iii) 7 eventos en
los que no se diligenció el formato de entrevista con la huella digital o firma del
infractor55.
94. En el año 2017 se realizaron 85 exoneraciones. De ese resultado se tiene que
los ensayos de las pruebas de alcoholemia incurrieron en irregularidades técnicas
en 15 oportunidades56. En 9 casos no se demostró que el presunto contraventor
era quien conducía el vehículo57. Y, en otros 9 casos tampoco se surtieron las
etapas exigidas en el proceso contravencional58.
95. En el año 2018 fueron 84 exoneraciones, cuyas principales causas refieren a: i)
17 eventos en los que los ensayos de las pruebas de alcoholemia incurrieron en
irregularidades técnicas59; ii) 10 eventos en los que no se surtieron las etapas
exigidas en el proceso contravencional60; y iii) 15 eventos en los que no existía
prueba sobre quien era el conductor del vehículo61.
96. En el año 2019 se realizaron 25 exoneraciones. De ese resultado se tiene que 5
casos no contaban con registro fílmico62. En 5 casos las pruebas de alcoholemia
incurrieron en irregularidades técnicas que impidieron su valoración. En 4 casos
no se cumplieron los requisitos de la documentación del alcohosensor63. Y, en
otros 2 casos se demostró que el agente reutilizó las boquillas64.
97. Finalmente, en el año 2020 fueron 19 exoneraciones, cuyas principales causas
atañen: i) al no cumplimiento de los requisitos de la documentación del
0242 de 5 de febrero de 2016, 6687 de 23 de diciembre de 2016, 0627 de 24 de febrero de 2016, 0240 de 5 de febrero de
2016, 0101 de 20 de enero de 2016, 0246 de 5 de febrero de 2016, 0634 de 24 de febrero de 2016.
54
Resoluciones 6311 de 7 de diciembre de 2016, 6355 de 12 de diciembre de 2016, 0730 de 4 de marzo de 2016, 6114 de
5 de diciembre de 2016, 5597 de 4 de noviembre de 2016, 4670 de 27 de septiembre de 2016, 5025 de 10 de octubre de
2016, 4395 de 2 de septiembre de 2016, 4400 de 2 de septiembre de 2016, 4394 de 2 de septiembre de 2016, 4396 de 2 de
septiembre de 2016, 4401 de 2 de septiembre de 2016 y 5804 de 15 de noviembre de 2016.
55
Resoluciones 4543 de 19 de septiembre de 2016, 4151 de 24 de agosto de 2016, 224 de 31 de mayo de 2016, 3687 de 2
de agosto de 2016, 4751 de 30 de septiembre de 2016, 0243 de 5 de febrero de 2016 y 6361 de 13 de diciembre de 2016.
56
Resoluciones 0378 de 26 de enero de 2017, 3666 de 14 de agosto de 2017, 3545 de 1 de agosto de 2017, 2764 de 5 de
junio de 2017, 5466 de 28 de diciembre de 2017, 5384 de 21 de diciembre de 2017, 4544 de 13 de octubre de 2017, 4763
de 31 de octubre de 2017, 5173 de 4 de diciembre de 2017, 4043 de 12 de septiembre de 2017, 4537 de 13 de octubre de
2017, 5081 de 29 de noviembre de 2017, 4021 de 11 de septiembre de 2017, 4889 de 7 de noviembre de 2017 y 5312 de
15 de diciembre de 2017.
57
Resoluciones IP0999 de 13 de octubre de 2017, 4212 de 22 de septiembre de 2017, 2677 de 31 de mayo de 2017, 4412
de 6 de octubre de 2017, 2484 de 19 de mayo de 2017, 5494 de 29 de noviembre de 2017, 5164 de 1 de diciembre de
2017, 5307 de 15 de diciembre de 2017 y 5314 de 15 de diciembre de 2017.
58
Resoluciones 4037 de 12 de septiembre de 2017, 5376 de 21 de diciembre de 2017, 5349 de 19 de diciembre de 2017,
0152 de 12 de enero de 2017, 4915 de 10 de noviembre de 2017, 4549 de 13 de octubre de 2017, 4768 de31 de octubre de
2017, 5220 de 11 de diciembre de 2017 y 5221 de 11 de diciembre de 2017.
59
Resoluciones 5711 de 12 de octubre de 2018, 0193 de 23 de enero de 2018, 1051 de 23 de marzo de 2018, 0132 de 16
de enero de 2018, 0961 de 15 de marzo de 2018, 0484 de 9 de febrero de 2018, 1570 de 22 de mayo de 2018, 0104 de 15
de enero de 2018, 3489 de 18 de diciembre de 2018, 1980 de 11 de julio de 2018, 3196 de 26 de noviembre de 2018, 1866
de 25 de junio de 2018, 2206 de 9 de agosto de 2018, 2459 de 5 de septiembre de 2018, 3613 de 26 de diciembre de
2018, 3251 de 28 de noviembre de 2018 y 0926 de 14 de marso de 2018.
60
Resoluciones 1603 de 28 de mayo de 2018, 2251 de 13 de agosto de 2018, 3124 de 19 de noviembre de 2018, 1754 de
15 de junio de 2018, 2817 de 16 de octubre de 2018, 0213 de 25 de enero de 2018, 0257 de 30 de enero de 2018, 0281 de
1 de febrero de 2018, 1560 de 21 de mayo de 2018 y 2686 de 26 de septiembre de 2018.
61
Resoluciones IP 0973 de 13 de octubre de 2015, IP0699 de 10 de septiembre de 2015, 2630 de 20 de septiembre de
2018, 3300 de 4 de diciembre de 2018, 0926 de 14 de marzo de 2018, 1907 de 28 de junio de 2018, 1925 de 3 de julio de
2018, 0989 de 16 de marzo de 2018, 0119 de 12 de junio de 2018, 3175 de 22 de noviembre de 2018, 1923 de 3 de julio de
2018, 3490 de 18 de diciembre de 2018, 0895 de 13 de marzo de 2018, 0894 de 13 de marzo de 2018 y 1521 de 16 de
mayo de 2018.
62
Resoluciones 1209 de 14 de mayo de 2019, 0896 de 2 de abril de 2019, 1218 de 16 de mayo de 2019, 2894 de 30 de
diciembre de 2019 y 2440 de 7 de noviembre de 2019.
63
Resoluciones 2383 de 29 de octubre de 2019, 2368 de 29 de octubre de 2019, 2364 de 29 de noviembre de 2019 y 2891
de 30 de diciembre de 2019.
64
Resoluciones 2365 de 29 de octubre de 2019 y 2638 de 9 de diciembre de 2019.
23
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
alcohosensor (7 eventos65); y ii) a las irregularidades técnicas de los ensayos de
las pruebas de alcoholemia (3 eventos66).
98. De este recuento probatorio, la Sala concluye que las autoridades demandadas
en el transcurso de las vigencias 2015 a 2020 incurrieron en diferentes
irregularidades durante el desarrollo de 347 procedimientos contravencionales
adelantados contra conductores que presuntamente habían ingerido bebidas
alcohólicas en la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, también se observa que en
los años 2019 y 2020 disminuyó considerablemente esa problemática pues se
presentaron menos de 20 exoneraciones en cada vigencia. Esto demuestra que la
administración progresivamente corrigió esas irregularidades, a efectos de mejorar
el ejercicio de dicha función pública.
99. La Prevención del Daño Antijurídico es la herramienta institucional que
establece nuestro ordenamiento jurídico para prevenir la materialización de
situaciones que puedan generar un daño antijurídico y la consecuente atribución
de responsabilidad patrimonial a la entidad.
100. En este caso se observa que las entidades demandadas, a partir de los
resultados de cada vigencia, se anticiparon a la ocurrencia de errores policivos, a
través de la formulación e implementación de políticas de prevención, los cuales
incidieron en los siguientes resultados.
101. Lo anterior se observa en la disminución de los errores efectuados en cada
vigencia respecto de las causas de las exoneraciones previamente identificadas.
Concretamente, se destacan los resultados de los 5 eventos más frecuentes, a
saber:
65
Resoluciones 0493 de 19 de mayo de 2020, 0499 de 19 de mayo de 2020, 0492 de 19 de mayo de 2020, 0500 de 19 de
mayo de 2020, 0468 de 15 de mayo de 2020, 0649 de 4 de agosto de 2020 y 0168 de 6 de febrero de 2020.
66
Resoluciones 1277 de 7 de diciembre de 2020, 0397 de 13 de marzo de 2020 y 0466 de 15 de mayo de 2020.
24
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
No existe prueba sobre quién era el conductor del vehículo
59 casos
Irregularidades técnicas de los ensayos de las pruebas de alcoholemia
49 casos
No existe registro de formato de entrevista, huella digital y/o firma del
infractor
41 casos
25
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
No se surtieron las etapas exigidas en el proceso contravencional
35 casos
No se realizó nueva prueba a pesar de obtener 2 resultados opuestos a la
fórmula aritmética
32 casos
102. A partir del anterior análisis, la Sala considera que la premisa del a quo
relacionada con la demostración a 2021 de la capacidad técnica de los agentes de
tránsito de Santa Marta, encuentra respaldo en los resultados obtenidos en el
presente acápite sobre la corrección de las causas problemáticas que conllevaron
a las 347 absoluciones por error policial o administrativo.
103. Sin duda alguna, el consumo de licor afecta gravemente la visión e imposibilita
la capacidad de juzgamiento durante el desarrollo de actividades peligrosas como
la conducción. Por ello, es sumamente importante que las pruebas de alcoholemia
cumplan los parámetros técnicos y que la autoridad de tránsito administrativa
respete las garantías al debido proceso durante el procedimiento de evaluación de
la orden de comparendo.
104. Sin embargo, cuando en el plenario se demuestra cuantitativamente la
adopción de estrategias encaminadas a mejorar la función administrativa
desarrollada, no es posible concluir que la conducta de las autoridades de tránsito
sea negligente, ni que su accionar actualmente amenace o transgreda algún
derecho colectivo.
105. En suma, se deduce que las irregularidades cometidas por las autoridades de
tránsito y policía de Santa Marta en el desarrollo de 347 procedimientos
contravencionales contra conductores que supuestamente habían ingerido alcohol
entre 2015 y 2020, fueron objeto de medidas preventivas y correctivas, cuya
26
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
implementación condujo a la reducción significativa de la ocurrencia de esos
errores en los años 2019 y 2020.
106. En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, la Corte
Constitucional67 y el Consejo de Estado68, han establecido que la prosperidad de
la acción popular depende de que exista un daño, perjuicio o amenaza actual,
supuesto que no se observa por las razones expuestas.
V.2.2.2. Los requisitos jurisprudenciales exigidos para el amparo del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público
107. El Consejo de Estado en la sentencia de 1.° de febrero de 2022 unificó el
concepto del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Precisó que
aquella prerrogativa “[…] propugna por la protección del patrimonio estatal, en
orden a resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas […]”.
Además, “[…] procura porque la administración (de esos recursos) sea eficiente,
proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y
diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento
[…]”69.
108. En criterio de la Sala Especial de Decisión, la defensa del patrimonio público
tiene una doble naturaleza. “[…] La primera es la dimensión subjetiva, la cual le
otorga el calificativo de derecho, y la segunda, una objetiva o de principio, que se
convierte en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, de forma eficiente y
transparente y observando la legalidad presupuestal vigente […]”.
109. Además, en ese precedente se concluyó que la vulneración de tal derecho
requiere de la confluencia de dos elementos, a saber: “[…] i) subjetivo, referido al
análisis de la gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario, de modo que si
ésta se hace de forma irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el
interés colectivo protegido y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las
entidades estatales de gestionar el patrimonio público, de acuerdo con los
postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la
Constitución Política […]”.
110. En el marco de lo anterior, el apelante afirmó que el oficio SIETDG 00109 de
2021 y los 480 actos administrativos absolutorios acreditaron la afectación que
sufrió el erario público por la suma de $6.807.000.410 pesos.
111. Como puede apreciarse, el demandante asume que surgió un derecho a favor
del Estado de percibir los dineros provenientes de las multas en los 480 casos
67
Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004,
Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01.
69
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión; sentencia del 1 de
febrero de 2022; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación núm.: 73001-33-31-006-2008-00027-01(AP)REV.
27
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
absueltos, cuando lo cierto es que, de conformidad con el análisis de las causas
de 347 de esos actos administrativos, en la mayoría de los eventos no existía
certeza científica sobre la comisión de la infracción.
112. Se debe tener en cuenta que el artículo 29 de la Constitución Política de 1991,
dispuso lo siguiente:
“[…] El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. […]
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y
a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso […]”. (Negrilla fuera del texto)
113. Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-032 de 2017, aclaró que
el debido proceso en materia administrativa implica las siguientes particularidades:
“[…] En el plano de las actuaciones y procedimientos administrativos, la Corte
ha considerado que el debido proceso tiene como caracteres básicos
siguientes70: se trata de un derecho de rango constitucional; involucra las
características propias del debido proceso general; existe y es operativo no
sólo para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende
durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla, y
posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación; responde
por la integridad de las garantías procesales y por la efectividad de los
principios que informan el ejercicio de la función pública (igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad); tiene entre sus
componentes fundamentales los principios de publicidad y celeridad de la
función administrativa; y determina que las actuaciones administrativas se
rijan por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en la concurrencia de procedimientos administrativos
especiales. […]”.
114. Teniendo en cuenta lo expuesto, una de las principales garantías del debido
proceso es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona de: i) ser oída; ii) hacer valer las propias razones y
argumentos; iii) controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra; y iv) de
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de
ejercitar los recursos que la ley otorga71.
115. Bajo este marco constitucional, el procedimiento policivo correccional abarca
el conjunto de actuaciones que realiza la autoridad de tránsito para imponer las
70
Sentencia T-103 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3.4.
71
Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 2009.
28
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
sanciones previstas en la Ley 769 de 2002, con pleno respeto del derecho de
defensa.
116. Este procedimiento sancionatorio se divide en dos etapas que se surten con la
finalidad de imponer una pena o una multa al infractor, de acuerdo con la
gravedad de la falta cometida. Estas son: la etapa de imposición de la orden de
comparendo y la etapa de resolución de los recursos.
117. En consecuencia, el demandante no puede asumir que el derecho del Estado
a percibir esos dineros se configuró cuando el agente de tránsito impuso la orden
de comparendo. Por el contrario, ese derecho económico se consolida cuando
finalizan todas las etapas del proceso contravencional.
118. El patrimonio público comprende la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones de propiedad del Estado que le sirven para el cabal cumplimiento de
sus funciones. Sin embargo, la expectativa económica futura que alega el apelante
no concuerda con dicho concepto.
119. Incluso tampoco se acreditó que las entidades accionadas estén utilizando de
forma deshonesta o negligente los instrumentos y recursos encomendados para el
ejercicio de la función sancionatoria, correctiva y preventiva encaminada a vigilar
que los conductores de los vehículos automotores no manejen en Santa Marta
después de consumir bebidas alcohólicas.
120. Como se detalló en el apartado anterior, para el año 2021 se demostró tanto la
capacitación recibida por los funcionarios de tránsito que ejercen actualmente
dicha labor, como la disminución significativa de los errores cometidos en
anteriores vigencias.
121. Esta autoridad judicial tampoco observa una prueba que demuestre la
configuración de un detrimento patrimonial en los términos dispuestos por el
artículo 6.° de la Ley 610 de 2000, en la medida en que no existe certeza
probatoria sobre la comisión de la infracción, lo que justificó precisamente la
decisión absolutoria. Se recuerda que el detrimento patrimonial, en el contexto de
la administración de los recursos públicos, se materializa cuando existe una
pérdida económica cierta, especial, anormal y cuantificable, con arreglo a su real
magnitud72.
122. Previamente se explicó que quien pretende el amparo del derecho colectivo a
la defensa del patrimonio público debe acreditar dos supuestos. El primer
componente subjetivo refiere al manejo de los recursos de forma irresponsable,
deshonesta o negligente. El segundo componente objetivo se relaciona con el
deber de las entidades estatales de gestionar el patrimonio público, de acuerdo
72
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de enero de 2016, C.P. María Elizabeth García, radicación núm.:
25000234100020130179901.
29
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
con los postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209
de la Constitución Política.
123. En el caso concreto no se demostraron tales supuestos, por lo que la
sentencia proferida por el tribunal de primera instancia debe ser confirmada, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
124. Sin embargo, tal y como se hizo en el precedente de 15 de diciembre de
202373, la Sala instará a la Policía Nacional, a la Unión Temporal de Servicios
Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte y al distrito de Santa Marta,
para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, adopten las políticas de prevención del daño antijuridico que
resulten pertinentes para mejorar los indicadores de gestión en la materia objeto
de la presente decisión.
125. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido en la
providencia de 6 de agosto de 201974, a través del cual se unificó la jurisprudencia
de la Corporación respecto de la condena en costas procesales en acciones
populares, no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, la sentencia proferida el 1.° de marzo de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Magdalena.
SEGUNDO: INSTAR a la Policía Nacional, a la Unión Temporal de Servicios
Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte y al distrito de Santa Marta,
para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, adopten las políticas de prevención del daño antijurídico que
resulten pertinentes para mejorar los indicadores de gestión en la materia objeto
de la presente decisión.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
73
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez,
radicación núm.: 170012333000201800026-01.
74
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019, CP.
Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
30
Radicación: 47-001-2333-000-2021-00002-01
Demandante: Miguel Martínez Olano
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.