Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00026-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
15 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
Actor: Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuradoras Judiciales I para
Asuntos Administrativos núms. 70, 179, 180 y 181 de Manizales, Caldas
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional; Departamento de
Caldas; Municipio de Manizales; y Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A.1
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Fiduciaria La
Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- y por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional contra la sentencia de 10 de diciembre de 2021 proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Las señoras Bibiana María Londoño Valencia, Marlen Escudero Torres, Lina
Clemencia Duque Sánchez y Catalina Gómez Duque, en su condición de
procuradoras judiciales I para Asuntos Administrativos núms. 70, 179, 180 y 181 de
Manizales2, presentaron demanda en ejercicio del respectivo medio de control
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional; Departamento de Caldas;
Municipio de Manizales; y Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, con el
objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la defensa
1 Autoridades vinculadas a través de auto proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de diciembre
de 2017. Cfr. Ver folio 231 y siguientes del Cuaderno Principal, expediente físico.
2 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
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del patrimonio público y la moralidad administrativa, presuntamente vulnerados por
las entidades accionadas.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:
“[…] PRIMERA: Se declare que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, la FIDUPREVISORA SA y el MUNICIPIO DE
MANIZALES, han transgredido y vulnerado los derechos colectivos de DEFENSA
DEL PATRIMONIO PÚBLICO y la MORALIDAD ADMINISTRATIVA.
SEGUNDA: Que en consecuencia de la anterior declaración se le ordene al
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, el DEPARTAMENTO DE CALDAS,
FIDUPREVISORA SA y el MUNICIPIO DE MANIZALES, adopten los correctivos
necesarios frente a las irregularidades que se presentan en el reconocimiento y pago
de las cesantías de los educadores y así evitar la sanción moratoria; identificando las
causas que originan el incumplimiento de los plazos previstos en las normas que
regulan las cesantías de los docentes y elaboren un plan de mejoramiento y
mitigación, ajustado a la ley, que contenga entre otros el cumplimiento del artículo 10
de la ley 1437 de 2011, en el sentido de dar aplicación desde el trámite de la
conciliación administrativa al precedente jurisprudencial emanado de la Corte
Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017.
TERCERA: Que se le ordene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL adelantar
las acciones judiciales, a través del medio de control de Repetición o de llamamiento
en garantía con fines de repetición, tendientes a recuperar el patrimonio público que
se ha tenido que pagar como consecuencia del incumplimiento de los términos que
señala la ley para cancelar las cesantías de los docentes, así como dar inicio a las
acciones administrativas contractuales pertinentes que conminen a que la
FIDUPREVISORA S.A, de cumplimiento total a las obligaciones pactadas en el
Contrato de Fiducia consagrado en la escritura pública 83 de 1990 y los diferentes
otros sí que se han suscrito.
CUARTA: Que se le ordene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
establecer la información financiera certera sobre los pagos que se han realizado por
sanciones moratorias durante los últimos dos años.
QUINTA: Que se ordene a las entidades territoriales expedir los actos administrativos
dentro de los términos que la ley consagra dejando constancia de las fechas en las
cuales se aprueba el proyecto de resolución por parte de quien administra el fondo,
tal como señala el artículo 56 de la ley 962 de 2005 y que en caso de que se superen
dichos términos se inicien las investigaciones disciplinarias en virtud de la ley 734 de
2002. […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
3.1. Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística
3 Cfr. Indice 2 de SAMAI. Ver folios 1 a 3 del Cuaderno Principal, expediente físico.
4 Cfr. Ver folios 1 a 3 del Cuaderno Principal, expediente físico.
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y sin personería jurídica, adscrita a la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal denominada
Fiduprevisora S.A. y en el marco de la escritura pública núm. 83 de 1990.
3.2. Manifestó que la finalidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio es el pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, en
especial, para este caso, de las cesantías de los docentes afiliados al mismo y de
la sanción moratoria que se cause por la no consignación oportuna de las mismas.
3.3. Afirmó que la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- como entidad
encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio -FOMAG- no ha cumplido con su obligación contractual de realizar el
pago oportuno de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, a pesar que
recibe como remuneración mensual por la gestión que realiza la suma de
$4.583`333.333,oo pesos M/cte., a título de comisión fiduciaria.
3.4. Resaltó que ni la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio -FOMAG- ni el Ministerio de Educación Nacional han adoptado
acciones administrativas y sancionatorias de carácter contractual ante el
incumplimiento de la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, para evitar
el detrimento patrimonial del Estado por los pagos de cesantías que se han
realizado tardíamente, mismos que han generado sanciones moratorias canceladas
con el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG-.
3.5. Indicó que los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, entre los cuales se encuentra la
Ministra de Educación Nacional, como presidente del mismo, han incumplido con
las funciones señaladas en el artículo 7 de la ley 91 de 1989, como es la de velar
por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, entre ellos, según el artículo 5 de
la mencionada ley, es efectuar el pago oportuno de las prestaciones sociales del
personal afiliado; para el caso concreto la consignación de cesantías, pues están
siendo reconocidas y canceladas a los docentes por fuera de los términos legales.
3.6. Señaló que el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, al ser entes
certificados en educación, tienen la obligación de expedir los actos administrativos
mediante los cuales se reconoce, liquida y ordena el pago de las cesantías a los
docentes, para ser sometidos posteriormente a la aprobación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG.
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3.7. Manifestó que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no ha cumplido con sus funciones previstas en la ley 5,
relativas a velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo,
entre ellos el relativo a efectuar el pago oportuno de las prestaciones sociales del
personal afiliado, en especial, la consignación de las cesantías, pues estas son
reconocidas y pagadas al docente por fuera de los términos legales.
3.8. Afirmó que el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales expiden los
actos administrativos mediante los cuales reconoce, liquida y ordena el pago de las
cesantías de los docentes superando los términos legales para ello, sin dejar
constancia de las fechas en las que se aprueba el proyecto de resolución por parte
de quien administra el fondo, como lo ordena el artículo 56 de la Ley 962 de 8 de
julio de 20056 y el motivo por el cual se expide dicho acto administrativo fuera de los
términos previstos en la ley.
3.9. Resaltó que la cancelación de sanciones por mora en el pago de las cesantías
a los docentes representa detrimento patrimonial al Estado e incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el
Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, además de incumplimiento
contractual por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, lo cual,
según señaló, se encuentra probado con las innumerables solicitudes de
conciliación extrajudicial tramitadas ante las procuradurías de Manizales y los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestos por docentes
oficiales en los cuales se reclama el pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.
3.10. Precisó que el detrimento señalado, constituye vulneración al derecho
colectivo que busca proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa y
de ellos son responsables las entidades demandadas, quienes incumplen sus
funciones, atendiendo a las competencias que en materia de reconocimiento de
cesantías a docentes les ha otorgado la ley.
3.11. Adujo que las procuradurías I administrativas de Manizales, a la fecha de la
presentación de la demanda, certifican que en el año 2017 se habían presentado
aproximadamente 500 solicitudes de conciliación con pretensiones que, en
5 Cita el artículo 7 de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
6 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
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conjunto, ascienden aproximadamente a dos mil millones de pesos, en las que se
reclamaba el pago de la sanción por mora por pago tardío de cesantías, las cuales
se declararon fallidas y en consecuencia se convirtieron en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, contribuyendo con ello a la congestión judicial, lo que
también implica detrimento patrimonial. Agregó que es necesaria la implementación
de actividades y procedimientos administrativos tendientes a mejorar la situación,
porque los aplicados a la fecha en que se presentó la demanda no han arrojado
resultados favorables para la protección del patrimonio público.
3.12. Por último, refirió que, conforme con el informe de auditoría de la Contraloría
General de la República del año 2016, la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora
S.A.- no ha consolidado datos precisos ni información clasificada sobre pagos con
cargo a recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG- por concepto de sanción por mora por pago tardío de cesantías, por lo que
afirmó que las entidades accionadas desconocen el valor pagado, situación que
estima representa también una amenaza al patrimonio público.
Contestaciones de la demanda
Contestación del Departamento de Caldas – Secretaría de Educación
4. El Departamento de Caldas – Secretaría de Educación7 presentó escrito en
el que se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que: i) el Departamento
no le asiste responsabilidad alguna en cuanto al pago de cesantías a los docentes
oficiales porque esta obligación se encuentra a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual es administrado por la
Fiduciaria La Previsora S.A.; ii) el sector docente posee un régimen especial que
regula el pago y reconocimiento de las cesantías, por lo que no se puede aplicar
una norma de carácter general de los servidores públicos; y iii) que no es correcto
condenar a una entidad conforme a normas sancionatorias que no están sujetas a
interpretación y más cuando el procedimiento establecido para el sector docente
posee su propia regulación respecto de los procedimientos para el reconocimiento
de prestaciones.
4.1. Propuso las excepciones que denominó: i) “No vulneración del derecho
colectivo por parte del Departamento de Caldas” con fundamento en que el
Departamento, por intermedio de la Secretaría correspondiente, tiene funciones
7 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
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instrumentales8 y que la Fiduciaria La Previsora S.A. es a quien corresponde el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; ii) “Buena fe – Inexistencia del
daño por parte del Departamento de Caldas”, teniendo en cuenta que ha obrado
conforme a los procedimientos, no es competente para realizar pagos de
prestaciones sociales y porque ha adoptado las medidas necesarias para evitar la
mora en el reconocimiento de prestaciones; y iii) “Cumplimiento de los deberes
legales”, oportunidad en la cual reitera que para el reconocimiento de las cesantías
a los docentes oficiales no es procedente aplicar normas generales de los
servidores públicos, porque los docentes “[…] poseen un régimen especial que
precisamente regula el reconocimiento y pago de las cesantías (Ley 91 de 1989 y
Decreto 2831 de 2005) […]”.
Contestación de la Fiduciaria La Previsora S.A.
5. La Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- presentó escrito9 en el
que se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
5.1. Afirmó que: i) no hace parte del objeto de la sociedad fiduciaria el
reconocimiento de derechos sociales de carácter prestacional; ii) la entidad actúa
exclusivamente en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y en dicha
calidad solo está obligada a administrar los recursos, dentro del marco contractual
y legal; iii) la entidad ha venido realizando mesas de trabajo con la Procuraduría
General de la Nación y ha tomado medidas para tramitar, dentro de los términos
establecidos, el pago por vía administrativa de las reclamaciones realizadas por los
docentes a fin de generar una menor desgaste administrativo y financiero; iv) que la
entidad fiduciaria tiene unas obligaciones específicas y que no puede comprometer
su propio patrimonio ni total ni parcialmente; por ende, no puede, sin previa y
expresa autorización del Fideicomitente, tomar una posición en materia de
conciliación judicial, extrajudicial o cualquier otro medio alternativo de solución de
conflictos, porque ello desborda la capacidad legal de esa sociedad; v) el inicio de
procesos litigiosos en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG- y la omisión del cumplimiento estricto de los tiempo para los
pagos obedecen a una serie de inconvenientes entre lo que destaca “temas
8 Indica como funciones de las secretarías de Educación, en la materia, las siguientes: i) Recibir y radicar la
solicitud; ii) Expedir con destino a lo Fiduciaria certificación del tiempo de servicios y régimen salarial y
prestacional; iii) Elaborar y remitir con destino o lo Fiduciaria para su aprobación el proyecto de acto
administrativo de reconocimiento con lo información del numeral anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la radicación de la solicitud; iv) Una vez aprobado por lo fiduciaria, suscribir el respectivo acto administrativo
de reconocimiento de prestaciones económicas; y v) Enviar los actos administrativos en firme o lo fiduciaria
para el respectivo pago.
9 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
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presupuestales a cargo de terceros” y la “la toma separada de términos por parte
de las secretarías”.
5.2. Propuso las excepciones que denominó: i) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA” con fundamento en que la fiduciaria obra como
administradora de los recursos entregados por el fideicomitente, con obligaciones
de medio y no de resultado, sin que tenga competencia para expedir actos
administrativos porque es una empresa industrial y comercial del Estado y no una
entidad pública; ii) “BUENA FE”, con fundamento en que todas sus actuaciones se
han ceñido a ese principio, en cumplimiento de un deber legal; y iii) “LA GENÉRICA”,
para que se reconozca de oficio cualquier excepción probada en favor de la entidad.
Contestación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
6. La Nación – Ministerio de Educación Nacional presentó escrito10 en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Indicó que teniendo en
cuenta la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, y del contrato de fiducia mercantil suscrito con la Fiduciaria
La Previsora S.A., se transfirieron los derechos de dominio sobre los bienes
entregados al fiduciario para el cumplimiento de la finalidad del contrato. En ese
orden, explicó que el Ministerio perdió toda posible disposición de los recursos, no
decide sobre la inversión de estos ni sobre sus gastos y corresponde a la entidad
fiduciaria su administración, defensa y gestión, clarificando además que no expide
actos administrativos ni reconoce ni paga, a través de ellos, cesantías o sanción
moratoria, por lo que la mora en el pago de las cesantías y sus consecuencias no
son su responsabilidad.
6.1. Afirmó que el procedimiento establece que las secretarías de educación
certificadas reciben la solicitud y documentación soporte del usuario y elaboran el
proyecto de acto administrativo que luego es sometido a aprobación o improbación
de la entidad fiduciaria. Agregó que, luego de la aprobación, el proyecto de acto
administrativo es remitido al secretario de educación del ente territorial para que lo
suscriba y notifique conforme a la ley. En ese orden de ideas, explica que los
llamados a responder son la respectiva secretaría de educación y la Fiduciaria La
Previsora S.A.
6.2. Por último, propuso la excepción de “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
10 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
EDUCACIÓN NACIONAL” que fundamentó en la ausencia de pruebas de alguna
omisión de ese Ministerio.
Contestación del Municipio de Manizales
7. El Municipio de Manizales presentó escrito11 en el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda en relación con esa entidad y señaló
que en diversos procesos se ha reconocido que la responsabilidad en la materia
recae única y exclusivamente en el Ministerio de Educación Nacional.
7.1. Explicó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva porque
la entidad territorial y la secretaría de educación en materia de reconocimiento de
prestaciones sociales de los docentes estatales ostentan “funciones meramente
operativas” de recepción de documentación y proyección del acto administrativo, y
que corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG y a la Fiduciaria La Previsora S.A. la aprobación y liquidación de las
prestaciones económicas. Por último, solicitó que, en caso de encontrarse probada,
se declarara cualquier excepción en favor de la entidad territorial, aunque esta no
se hubiere propuesto en forma directa.
La audiencia de pacto de cumplimiento
8. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 14
de noviembre de 201812 y 25 de febrero de 201913, la cual se declaró fallida.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia el día 10 de diciembre de 2021, en la que resolvió lo siguiente14:
“[…] PRIMERO: Declarar que la Nación-Ministerio de Educación y la Fiduprevisora
S.A. vulneran el derecho colectivo al patrimonio público.
SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR a la Nación Ministerio de Educación que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia adopte el
procedimiento que desarrolle el inciso primero del artículo 57 de la ley 1955 y que
contenga los ajustes y correctivos de las fallas evidenciadas en el trámite del
reconocimiento y pago de las cesantías docentes.
Así mismo, dentro del término mencionado, el Ministerio de Educación velará para
que se apropien los recursos suficientes para la dotación de los recursos humanos y
tecnológicos a las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y del
11 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
12 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 1.
13 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde al cuaderno núm. 2.
14 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento que corresponde a la sentencia proferida, en primera instancia.
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Municipio de Manizales, que requieran para asumir las competencias a que se refiere
el inciso primero del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.
También deberá iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia las acciones legales que sean procedentes en contra de los funcionarios
responsables, para propender por la recuperación de los dineros que han debido
cancelarse por motivo del pago de las sanciones por mora.
ORDENAR a la Fiduprevisora como administradora del FOMAG que dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia remita a las Secretarías
de Educación del Departamento de Caldas y del Municipio de Manizales la totalidad
de la información de los pagos de cesantías realizados a los docentes adscritos a
dichas dependencias y regulados por la ley 91 de 1989, información que deberá ser
entregada de forma digital y debidamente organizada.
TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por la Magistrada sustanciadora del proceso
quien lo presidirá, por un delegado de los Procuradores Judiciales I de Manizales, un
delegado del Ministerio de Educación, un delegado del Fomag, y los Secretarios de
Educación del Municipio de Manizales y del Departamento de Caldas; de conformidad
con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes se reunirán por
convocatoria de quien lo preside a petición de cualquiera de sus integrantes, harán
seguimiento a lo ordenado e informarán sobre las acciones que se adopten y
ejecuten.
QUINTO (Sic): SE ORDENA la publicación de la parte resolutiva de la presente
sentencia en un diario de amplia circulación nacional a cargo de la Nación-Ministerio
de Educación. Hecho lo anterior deberá enviar constancia de la publicación con
destino al expediente.
SEXTO: Para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por la Secretaría del
Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente fallo a la
Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones Populares y de
Grupo.
SÉPTIMO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias previas
las anotaciones respectivas en el sistema SIGLO XXI.” […]”.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal consideró que el problema jurídico consistía en determinar si “[…]
¿La causación de la sanción mora en el trámite adelantado por las entidades
accionadas para el reconocimiento y pago de las cesantías docentes, constituye
vulneración a los derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público?
[…]”.
11. El Tribunal, luego de establecer el alcance del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos y de estudiar los marcos normativos y
desarrollos jurisprudenciales de los derechos e intereses colectivos invocados, a
saber, la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, y de
determinar las competencias de cada una de las entidades en el trámite de
reconocimiento y pago de las cesantías docentes; consideró que, “[…] se presentó
un cambio sustancial en el trámite de las cesantías de los docentes oficiales
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regulados por la ley 91 de 1989, en el sentido que el reconocimiento y liquidación
de la prestación, quedó en cabeza de las secretarías de educación, de tal manera
que se eliminó el trámite de ida y vuelta del proyecto de resolución, pues a partir de
esta ley cada secretaría de educación tiene la potestad de liquidar el monto de la
cesantía, elaborar y firmar el acto administrativo, que deberá remitir una vez
notificado y en firme a la fiduciaria […]”, siguiendo la Ley 1071.
12. El Tribunal consideró que se encuentra probado i) la tramitación por parte de
las Procuradurías Judiciales I de Manizales de más de cuatrocientas conciliaciones
prejudiciales entre los meses de enero a septiembre de 2017, por reclamación de
sanción mora en el pago de cesantías, por valor aproximado de $3.000´000.000,oo
de pesos M/cte; ii) que los Juzgados Administrativos de Manizales tramitaron 300
demandas por reclamación del reconocimiento y pago de la sanción en mora, por
valor cercano a los $3.000.000.000.oo de pesos; y iii) que para el año 2017 el valor
total pagado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
concepto de sanción mora fue de $84.127´746.697,oo de pesos M/cte.
13. Consideró que las cifras aludidas anteriormente son prueba de la afectación
al derecho colectivo al patrimonio público, porque estimó que es evidente que la
gestión ineficiente en el trámite del reconocimiento del auxilio de cesantías a los
docentes oficiales lleva a incumplir los términos legales para su reconocimiento y
pago, situación que genera el pago de una sanción por mora.
14. Indicó que se encuentran como razones en la ineficiencia del trámite, entre
otros, el número elevado de solicitudes, la ausencia de mecanismos para que la
Secretaría de Educación pueda acceder a la información de pagos al docente con
que cuenta el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y
a la vez éste Fondo requiere de las certificaciones que expiden las Secretarías con
la información del docente, el reproceso de ida y vuelta del proyecto elaborado en
el ente territorial certificado, así como la falta de una coordinación eficaz entre el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y las Secretarías
de Educación, a lo cual se suma la ausencia de mecanismos tecnológicos
actualizados y eficientes para la centralización de la información y trámites.
15. En este punto, el Tribunal resaltó que desde el diseño normativo del proceso
se evidencia la desarticulación entre la actuación de las entidades territoriales
certificadas y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG,
pues siendo el término de 15 días hábiles, este resulta insuficiente para estudiar,
liquidar, proyectar y expedir el acto administrativo de reconocimiento de cesantías
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en relación con el alto número de solicitudes, el ente territorial no cuenta con toda
la información de pagos anteriores a los docentes y debe esperar que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- a través de Fiduciaria
La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- revise y apruebe dicho proyecto, para
recibirlo nuevamente y ahí sí, firmar el acto de reconocimiento.
16. Adicional a lo anterior, el Tribunal consideró que la nueva regulación,
contenida en la Ley 1955 de 25 de mayo de 201915, al radicar en las secretarías
certificadas la competencia para liquidar y reconocer el auxilio de cesantías a los
docentes oficiales, evidencia un correctivo que se orienta a agilizar el trámite y a
viabilizar el respeto de los términos legales, porque se evita el envío y retorno a la
fiduciaria y sin perjuicio de que a esta última le corresponda el pago. Sin embargo,
se explicó que, a la fecha, no se había reglamentado el nuevo procedimiento en
tanto se encontraba en etapa de publicación el proyecto de decreto, a la espera de
las observaciones ciudadanas. Por ende, explicó que “[…] no resulta comprensible
que no obstante a dos años y medio de expedida la ley 1955 y ante la evidente
problemática descrita a lo largo de esta providencia -y en la citada de la Corte
Constitucional- que causa altos pagos del Estado a título de sanción mora por
motivo del no reconocimiento y pago oportuno de las cesantías a los docentes
oficiales, no se haya materializado el decreto que reglamenta el artículo 57 de la ley
citada […]”.
17. A partir de lo anterior, el Tribunal consideró lo siguiente:
17.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional es responsable de la
vulneración al derecho colectivo al patrimonio público porque, pese a que el Ministro
preside el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, “[…] a la fecha no ha tomado las acciones que le competen a la luz de
la ley 91 de 1989 como lo es determinar las políticas generales del FOMAG, velar
por el correcto desarrollo de sus objetivos, y por el cumplimiento y correcto
desarrollo de los propósitos legales del Fondo […]”.
17.2. La Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- es responsable en igual
sentido como ente administrador del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y parte del Consejo Directivo del Fondo, según la cláusula séptima del
contrato de fiducia, porque “[…] ha dado lugar a las demoras en el pago de las
cesantías docentes, y con ello a la causación y pago de la sanción mora […]”. Al
respecto, señala que, según las pruebas aportadas al proceso, en el año 2017 el
15 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
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departamento requirió en dos oportunidades a la directora de prestaciones
económicas de la Fiduciaria para que diera trámite a las solicitudes de cesantías
que hacía más de dos meses se le habían enviado y no se habían devuelto
revisadas; retrasos que también se evidenciaron en la Auditoría realizada en el año
2016 y en la cifra de dinero pagada por sanción mora.
17.3. Consideró que no se probaron los plazos que demora el trámite ante las
secretarías de educación de Manizales y del Departamento de Caldas, más allá de
que se haya afirmado en alguna de las pruebas que la oficina de prestaciones
sociales del magisterio del Departamento sí cumple con los plazos.
17.4. Por último, consideró que no era necesario ordenar el establecimiento de
información financiera sobre los pagos realizados por sanción moratoria porque ello
no constituye una medida de protección de los derechos e intereses colectivos; que
lo procedente era impartir otras órdenes, conforme se expondría en la parte
resolutiva; y que no se condenaría en costas porque no se probaron.
Recursos de apelación
Recurso de apelación de Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.
18. La Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- interpuso recurso de
apelación16 contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó que
“[…] se ABSUELVA a la entidad FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. […] conforme a
las acciones legitimas desarrollas para salvaguardar los intereses y derechos
colectivos objeto del presente litigio […]”, entre ellas, la adopción de medidas
necesarias para lograr el pago oportuno de las cesantías y así evitar el
reconocimiento y pago de la sanción por mora; y la articulación y mejoramiento de
los procedimientos y canales de comunicación y reconocimiento y pago de las
cesantías a los docentes afiliados al Fondo.
18.1. Manifestó, en relación con la orden impartida a esa entidad, en el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, relativa a
remitir “[…] a las Secretarías de Educación del Departamento de Caldas y del
Municipio de Manizales, la totalidad de la información de los pagos de cesantías
realizados a los docentes adscritos a dichas dependencias y regulados por la ley 91
de 1989, información que deberá ser entregada de forma digital y debidamente
organizada […]”, que el 1 de diciembre de 2021 la Coordinación de Prestaciones
16 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “26_0026Otros_ED_026APELACIONFIDUPREVNroActua
2”.
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Económicas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio remitió a
las Secretarías de Educación acreditadas la relación de cesantías reconocidas en
aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 y que fueron pagadas entre enero y
noviembre de 2021 y, asimismo, se precisó que la consulta de la información por
parte de las secretarías se realizaría a través de un OneDrive que se compartió con
cada coordinador del área de cada secretaría de educación.
18.2. Explicó las principales causas que provocaron la generación de la sanción
por mora fueron: i) el procedimiento de doble trámite que establecía el artículo 56
de la Ley 962; ii) radicación tardía de los expedientes de cesantías por las
secretarías de educación en la Fiduciaria, para su validación y trámite; iii) fallas en
el sistema de radicación de prestaciones económicas para estudio, que implicaba
la ejecución de trámites manuales y no automatizados; iv) Ausencia de un aplicativo
de digitalización y medición de los trámites de prestaciones económicas entre las
Secretarías de Educación y la Fiduciaria; v) alta rotación de personal,
desconocimiento del procedimiento y trámite de liquidación por parte de las
secretarías de educación para el reconocimiento y pago de prestaciones
económicas; vi) carencia de disponibilidad de la información para la liquidación de
las cesantías por ausencia de un aplicativo que permitiera verificar pagos previos
de cesantías a docentes; y vii) falta de oportunidad en el giro de los recursos
correspondientes al presupuesto asignado al FOMAG ara el pago de cesantías
parciales o definitivas en las vigencias 2018, 2019 y 2020.
18.3. Sostuvo que la normatividad citada por las demandantes para la fecha en
que se instauró la acción popular ya no corresponde a la actual. Precisó que con la
entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, en especial, su artículo 57: i) el
procedimiento de aprobación y liquidación de cesantías a los docentes, tanto
parciales como definitivas, quedó a cargo de las secretarías de educación
territoriales, sin que se haga necesaria la aprobación previa por parte de la fiduciaria
La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, prevista en el procedimiento anterior; ii) la
responsabilidad del pago de la sanción moratoria corresponde a las entidades
territoriales en aquellos casos en que el pago extemporáneo sea ocasionado por la
demora de dichas entidades en el trámite de reconocimiento y liquidación de las
cesantías, lo que lleva a la entidad a concluir que las entidades territoriales asumirán
el pago de las sanciones moratorias que se llegaren a causar después del 26 de
mayo de 2019 ; iii) la sanción moratoria causada desde el 1º de enero de 2020
estará a cargo de las entidades territoriales y así deberán declararlo los jueces en
caso de controversia en la materia
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18.4. Adujo que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la fiduciaria La
Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- en calidad de vocera y administradora de los
recursos del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG- vienen ejecutando estrategias para disminuir la generación de
las sanciones moratorias por el pago tardía de las cesantías, las estrategias que
señaló consisten en: i) la reformulación y fortalecimiento del procedimiento de
reconocimiento y pago de cesantías, guiado del cambio normativo contenido en el
artículo 57 de la Ley 1955 y la reglamentación dispuesta en el Decreto 1272 de
2018; ii) el fortalecimiento del equipo de trabajo de la entidad fiduciaria, mediante la
contratación de personal permanente y de contingencia en la Fiduciaria; iii) la
formulación de un plan de modernización tecnológica que implicó la producción de
un nuevo sistema de liquidación de cesantías totalmente automatizado e integrado,
a disposición de las secretarías de educación certificadas que se implementó desde
junio de 2021 y que disminuyó el componente manual; y iv) formación, capacitación
y concientización de las Secretarías de Educación.
18.5. Finalmente, explicó que el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955
dispuso la financiación del pago de la sanción por mora causada a diciembre de
2019 mediante la emisión de Títulos de Tesorería – TES por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; y adicionalmente: i) reafirmó la destinación específica
de los recursos del Fondo al pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales de los docentes afiliados, pensionados y sus beneficiarios; (ii)
estableció que no podrá decretarse el pago de indemnizaciones de contenido
económico por vía judicial o administrativa con cargo al presupuesto del FOMAG; y,
como consecuencia de ello, iii) dispuso que será la entidad territorial
correspondiente la responsable del pago de la sanción por mora por cancelación
extemporánea de las cesantías, cuando este se produzca por su incumplimiento de
los términos de radicación o entrega de la solicitud de pago al FOMAG.
Recurso de apelación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
19. La Nación – Ministerio de Educación Nacional17 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, en el
que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
19.1. Afirmó que el Tribunal, a pesar que en el fallo consideró que en el trámite de
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales docentes tienen un papel
17 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “28_0028Otros_ED_028APELACIONMINEDUCANroActua
2”.
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definido y activo las entidades territoriales certificadas y la Fiduciaria La Previsora
S.A. -Fiduprevisora S.A.- administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, declaró responsable a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional como entidad que desconoce el derecho colectivo al
patrimonio público, excluyendo la responsabilidad legal en cabeza del departamento
de Caldas y el municipio de Manizales.
19.2. Expuso que, conforme con las leyes 91 de 1989 y 1955; así como del contrato
de fiducia mercantil que celebró por delegación ese Ministerio con la Fiduciaria La
Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A.-, mediante la escritura pública núm. 083 de 21
de junio de 1990, no es función de la Nación – Ministerio de Educación Nacional la
administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG-, función que, a juicio de la entidad, corresponde a la Fiduciaria La
Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- quien actúa, gestiona y defiende sus intereses
y responde por los actos necesarios para el cumplimiento de los fines, traducidas
en obligaciones que debe ejecutar para lograr de acuerdo a la Ley de su
constitución, el pago de las prestaciones sociales de los maestros afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la gestión de sus
recursos en cumplimiento al contrato de fiducia mercantil.
19.3. Señaló que la Nación – Ministerio de Educación Nacional, en calidad de
fideicomitente por delegación, al transferir el derecho de dominio de los recursos
que conforman el patrimonio autónomo, pierde toda disposición frente a los mismos
porque estos se transfieren al patrimonio independiente sobre el cual el
fideicomitente no tiene ninguna posibilidad de disposición, ni decide sobre su
inversión o sobre sus gastos. Asimismo, que la defensa judicial y extrajudicial de los
recursos, en virtud del contrato de fiducia, corresponde a la Fiduciaria La Previsora
S.A. -Fiduprevisora S.A.-
19.4. Sobre la obligación adquirida por Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora
S.A.- indicada supra, la Nación – Ministerio de Educación Nacional afirmó que ha
sido actualizada en diferentes otrosíes hasta la actualidad, por lo que estimó que el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como patrimonio
autónomo sin personería jurídica, obra a través de la sociedad fiduciaria quien tiene
su vocería, administración y representación judicial y extrajudicial.
19.5. Sostuvo que la Nación – Ministerio de Educación Nacional no tiene
competencia para expedir actos administrativos de reconocimiento de prestaciones
sociales de los docentes vinculados a las entidades territoriales y por ende no le es
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imputable la tardanza en la que la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-
incurra en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en ese orden,
manifestó que la Nación – Ministerio de Educación Nacional no ha violado los
derechos colectivos deprecados.
19.6. Indicó, luego de explicar cuál es el trámite de reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de docentes afiliados al Fondo, conforme con diversas
normas, entre ellas la ley 1955, que la Nación – Ministerio de Educación Nacional
no interviene en ningún momento ni tiene ninguna competencia o responsabilidad
en el trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones a los docentes, como la
cesantías, razón por la que estimó además que no le es imputable responsabilidad
en torno a la mora en su pago y consecuencial imposición de las sanciones por
mora. Explicó que estas son atribuibles únicamente a las secretarías de educación
acreditadas y a la Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- como entidades
competentes del reconocimiento y pago de las cesantías.
19.7. Afirmó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-041 de 2020, amparó
el derecho de petición de algunos docentes que pedían el pago de las cesantías y
reconoció la existencia de “[…] fallas estructurales y financieras existentes respecto
del procedimiento de reconocimiento y pago de ese derecho a sus beneficiarios que
excedían las capacidades institucionales […]”. Agregó que esa autoridad judicial
reconoció los avances de la Fiduciaria y del Ministerio en las tareas señaladas por
la Corte para superar dicha situación. En especial, señaló que los avances
obtenidos con fecha de corte 30 de noviembre de 2020, eran los siguientes:
19.7.1. Se realizaron acciones preliminares para superar la problemática, que
correspondieron a: i) dimensionamiento de la problemática; ii) Redacción de
propuesta normativa para la modificación del artículo 56 de la Ley 962, sometida a
consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su inclusión en la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo.; iii) propuesta de decreto reglamentario del
artículo 57 de la Ley 1955; iv) diagnóstico de los sistemas de información y procesos
aplicados para el trámite de las solicitudes de cesantías parciales y definitivas; v)
definición de una estrategia de modernización tecnológica del FOMAG; vi) obtener
el financiamiento del nuevo sistema y realizar el trabajo de parametrización; vii)
estructurar y atender el plan de pagos y las reclamaciones de sanción por mora,
identificando la etapa en la que se encontraba la solicitud.
19.7.2. Se realizaron acciones ara la corrección de la falla que causó la sanción
por mora, entre las que resalta: i) simplificación del procedimiento legal; ii)
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destinación exclusiva de los recursos del FOMAG para el pago de cesantías; iii)
modernización tecnológica, en especial, de la implementación de un módulo de
cesantías; y iv) establecimiento de un plazo razonable para la normalización de la
operación.
19.7.3. Se realizaron acciones para abordar el pago de la sanción por mora que
contenía acciones de tipo: i) general; ii) para abordar el pago de fallos judiciales
ejecutoriados; iii) para abordar el pago de procesos judiciales activos; iv) para
abordar el pago de conciliaciones prejudiciales; y v) para abordar el pago de
reclamaciones administrativas.
19.7.4. Por último, explicó, por un lado, que ha presentado los correspondientes
informes de avance ante la Corte Constitucional y los entes de control; y, por el otro,
que, conforme con lo anterior, resultaba improcedente declarar al Ministerio como
entidad responsable por acción u omisión de la vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos.
Trámite, en segunda instancia
20. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1.° de agosto de 202218,
admitió los recursos de apelación presentados por la Fiduciaria La Previsora S.A. -
Fiduprevisora S.A.- y la Nación - Ministerio de Educación Nacional contra la
sentencia proferida, en primera instancia.
21. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes 19
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
22. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público; vi) el marco normativo sobre el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG; vii) el marco normativo
sobre las cesantías del personal docente; viii) marco normativo sobre la sanción
18 Cfr. documento denominado “37AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION”.
19 Escrito de 13 de diciembre de 2023.
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moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y parciales frente a los
docentes oficiales; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
23. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201920, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15021 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
24. Vistos los artículos 32022 y 32823 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201224,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
25. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
26. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 13 de diciembre de 202325, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 143726, que establece lo siguiente:
20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
21 “Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080.
22 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
23 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
24 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
25 Cfr. Documento: “45_170012333000201800026011MANIFESTACIONDIMPEDIMENT20231213121821”
26 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472.
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“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).
27. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio Cifuentes, quien es
pariente del suscrito dentro del segundo grado de consanguinidad (hermano), se
encuentra vinculado en el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General
de la Nación, parte demandante en el proceso de la referencia […]”.
28. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; 13127, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; ii) el artículo 140 de la Ley 1564, sobre declaración de impedimentos;
y iii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.
29. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
30. La Corte Constitucional28 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
31. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General de
27 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa
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la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de Estado,
corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0029, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura
de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en
su artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala
que los procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional,
asignándoles el código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos
del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección,
definición de políticas y de representación del Procurador General. En el
numeral 10 de ese artículo señala como funciones generales de los empleos de
ese nivel: “10. Intervenir como agentes del Ministerio Público, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo
prescrito en los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en
representación del Procurador General de la Nación, lo que igualmente se ve
refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de manera que la simple
ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede
tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]” (Destacado fuera
de texto).
33. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad demandante, en el cargo de
procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional,
corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la
causal de impedimento invocada y, en consecuencia, se separará del conocimiento
de este proceso al Consejero de Estado impedido, como se dispondrá e la parte
resolutiva de esta sentencia.
29
Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
Problema jurídico
34. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación, si
se encuentra o no probada la vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo
a la defensa del patrimonio público, con ocasión de la responsabilidad de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduciaria La Previsora S.A. -
Fiduprevisora S.A. y de otras entidades, en la causación de la sanción mora por el
incumplimiento de los términos legales para el reconocimiento y pago de las
cesantías a los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y, en ese sentido,
establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 10 de diciembre
de 2021 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
35. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
36. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
37. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
38. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
39. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”30.
40. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público
41. Visto el artículo 4.º de la Ley 472 de 199831, sobre el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.
42. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, por
patrimonio público debe entenderse: “[…] la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
31 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
sus atribuciones conforme a la legislación positiva […]”, y agrega que “[…] su
protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La
regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista
que asegura la protección normativa de los intereses colectivos[;] en
consecuencia[,] toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si
afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis
judicial por medio de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca
que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente,
conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas
presupuestales. Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena
fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio
de moralidad administrativa […]”32.
43. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de junio de 201133, agregó que ese “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados a la finalidad que
se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
44. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 201934, indicó
que “[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria
a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia
de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los
recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el
ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y
obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del
cumplimiento de la función administrativa […]”.
44.1. Así pues, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos: i) la
existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado; y ii) el análisis
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de
2002, Rad. No. 25000 23 24 000 1999 9001 01. C.P.: Ligia López Díaz.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de ocho (8) de junio
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Radicación número: 41001-23-31-000-2004-
00540-01(AP)
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de once (11) de abril
de dos mil diecinueve (2019), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 25000-
23-41-000-2012-00077-02.
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de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si esta se hace de forma
irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo35.
Marco normativo sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG-
45. Vistos: i) los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la Ley 91 de 29 de diciembre de
198936, sobre la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, las definiciones, funciones del Fondo, objetivos del Fondo, integración
del Consejo Directivo del Fondo, Funciones del Consejo Directivo del Fondo y los
recursos que constituyen el fondo; ii) el artículo 115 de la Ley 115 de 8 de febrero
de 199437, sobre el régimen especial de los educadores estatales; y iii) los artículos
57 y 336 de la Ley 1955.
46. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se creó a través
del artículo 3º de la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación en los
siguientes términos: “[…] [c]réase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más
del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que contendrá las
estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la
Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria,
la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos
administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en
el Ministro de Educación Nacional […]”.
47. El artículo 5.º de la Ley 91 de 1989 establece que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tendrá los siguientes objetivos:
“[…] 1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2. Garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, que contratará con
entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.
3. Levar los registro[s] contables y estadísticos necesarios para determinar el estado
de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una
base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que
en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para
consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
35 Ibídem, pie de página 27.
36 “[…] Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]”
37 “[…] Por la cual se expide la ley general de educación. […]”
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4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones. […]”.
48. El artículo 6 de la Ley 91 de 1989 dispone que en el contrato de fiducia
mercantil suscrito por el Gobierno Nacional “[…] para el debido cumplimiento de la
presente ley […]”, se preverá la existencia de un Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, integrado por: i) el Ministro de
Educación Nacional o el viceministro, quien lo presidirá; ii) el Ministro de Hacienda
y Crédito Público o su delegado; iii) El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su
delegado; iv) dos representantes del magisterio, designados por la organización
gremial nacional que agrupe el mayor número de asociados docentes; y v) el
Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto.
49. El artículo 7 de la norma anteriormente citada prevé que el Consejo Directivo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio -FOMAG- tendrá las
funciones de: i) determinar las políticas generales de administración e inversión de
los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y
óptimo rendimiento; ii) analizar y recomendar a las entidades con las cuales
celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo; iii) velar por el
cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo; iv) determinar la
destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas
las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal
manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos; y v) revisar el
presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional
para efecto de adelantar el trámite de su aprobación.
50. La precitada Ley ordenó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio estaría constituido por los siguientes recursos:
“[…] El 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo.
Las cuotas personales de inscripción equivalentes a una tercera parte del primer
sueldo mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores aumentos.
El aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sobre los factores
salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los
docentes.
El aporte de la Nación equivalente a una doceava anual, liquidada sobre los factores
salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes.
El 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo incluidas las mesadas
adicionales, como aporte de los pensionados.
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El 5 por mil, de que hablan las Leyes 4 de 1966 y 33 de 1985, a cargo de los docentes,
de toda nómina que les pague la Nación por servicios personales.
El porcentaje del IVA que las entidades territoriales destinen para el pago de las
prestaciones del Magisterio.
Las sumas que debe recibir de la Nación y de las entidades territoriales por concepto
de las prestaciones sociales adeudadas, así como los dineros que por el mismo
concepto resulten adeudar la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional
de Ahorro, las cuales se destinarán a constituir las reservas para el pago de las
prestaciones económicas […]
Las utilidades provenientes de las inversiones que haga el Fondo con fines de
rentabilidad y los intereses recibidos por concepto de los préstamos que concedan.
Los recursos que reciba por cualquier otro concepto […]”.
Marco normativo sobre las cesantías del personal docente
51. Vista la Ley 91 de 1989, en especial, el numeral 3 del artículo 15, dispone
sobre el reconocimiento de las cesantías en favor del personal docente, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
3. Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de
interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido
la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre
de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos
del orden nacional […]”.
52. A su vez, al artículo 115 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 38, sobre
régimen especial de los educadores estatales, señala que “[…] [e]l ejercicio de la
profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto
Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores
38 “[…] Por la cual se expide la ley general de educación […]”.
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estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y […]” en
esa misma normativa; es decir, que los docentes oficiales tienen derecho al
reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros establecidos
por el numeral 3.° del artículo 15 de la ley 91 de 1989 (Destacado fuera de texto).
53. El artículo 5639 de la Ley 962 del 8 de julio de 200540 señalaba, sobre el
trámite para el pago de las prestaciones sociales a cargo del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que estas serían “[…] reconocidas por el citado Fondo,
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente.
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial […]”.
54. Dicho trámite administrativo estaba reglamentado por el Decreto núm. 2831
del 16 de agosto de 200541 en el que se fijaron términos especiales para la gestión
de las referidas prestaciones sociales de la siguiente manera:
“[…] Trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial
certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer
electrónicamente el estado de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a
través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la
dependencia que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
39 Norma actualmente derogada por el artículo 336 de la Ley 1955.
40 “[…] Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos. […]”.
41 “[…] Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989,
y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de
tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o
causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos
a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos
de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a
que estos se encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí
establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan
adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo […]”.
55. A su turno, el Decreto núm. 1272 de 23 de julio de 201842 estableció el
procedimiento interno de respuesta y gestión del pago de las cesantías solicitadas
por los docentes oficiales, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.22. Término para resolver las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos
de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados
desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de
42 “[…] Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se
reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones […]”.
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Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto
administrativo que resuelva el requerimiento.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial deberá
subir y remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto
administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea
revisado por la fiduciaria.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.24. Gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las
solicitudes de reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los
5 días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, deberá impartir su aprobación o
desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la sociedad fiduciaria deberá
digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la decisión
adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.25. Elaboración del acto administrativo que resuelve las
solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en
educación, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo, por parte de la sociedad
fiduciaria, del documento que contiene la aprobación o la desaprobación del proyecto
de acto administrativo, deberá expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la
solicitud de reconocimiento de cesantías.
Si la entidad territorial certificada en educación tiene objeciones frente al resultado de
la revisión de que trata el artículo anterior, podrá presentar ante la sociedad fiduciaria
las razones de su inconformidad, dentro de los 2 días hábiles siguientes contados
desde la recepción del documento que contiene la aprobación o desaprobación del
proyecto de acto administrativo.
La sociedad fiduciaria contará con 2 días hábiles para resolver las observaciones
propuestas por la entidad territorial certificada en educación, contados desde la
recepción del documento que contiene las objeciones del proyecto.
La entidad territorial certificada en educación, dentro del día hábil siguiente contado
desde la recepción de la respuesta a la objeción, debe expedir el acto administrativo
definitivo.
En cualquier caso, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir
en la plataforma dispuesta por la sociedad fiduciaria, el acto administrativo
digitalizado.
PARÁGRAFO. Bajo ninguna circunstancia, los términos previstos en los incisos 2, 3
y 4 del presente artículo podrán ser entendidos como una ampliación del plazo
señalado en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006. En todos los casos, las solicitudes
de que trata este artículo deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de su radicación completa por parte del peticionario.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y
ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una
vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las
solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la entidad territorial
certificada en educación deberá subir y remitir este acto administrativo
inmediatamente a través de la plataforma empleada para tal fin.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de
los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que
reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la
sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes.
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ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. El pago de la sanción moratoria se
hará con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin perjuicio de las acciones legales o judiciales correspondientes que se
deban adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción
moratoria, con el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas por el
incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1071 de 2006.
Así mismo, la sociedad fiduciaria deberá interponer las acciones legales
correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación por
el incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar las
sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que le sea
atribuible […]”.
56. Posteriormente y de conformidad con los artículos 336 y 57 de la Ley 1955,
se reformó el procedimiento administrativo para el reconocimiento, liquidación y
pago de las cesantías al personal docente de que trata la Ley 91 de 1989, en cuanto
se estableció una medida de eficiencia en la administración de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; norma que fue modificada
por el artículo 324 de la Ley 2294 de 19 de mayo de 202343, en el siguiente sentido:
“[…] ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las
cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989
serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la
pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia
en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con
excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de
los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa
con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
43 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”
[…]”.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de
las cesantías.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley
2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de
las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de
negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la
adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo44.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención […]” (Destacado fuera de texto).
57. De acuerdo con lo expuesto, se establece un nuevo procedimiento
administrativo para el reconocimiento de las cesantías definitivas y parciales de los
docentes de que trata la Ley 91 de 1989 y en su parágrafo transitorio se establece
que, para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022,
se facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de
Tesorería.
Desarrollos jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989 y
la sanción por mora
58. La Sala, en relación con los desarrollos jurisprudenciales sobre el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas a los docentes
oficiales regidos por la Ley 91 de 1989 y sobre la sanción por mora, reiterará algunas
de las consideraciones expuestas por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en sentencia de 1 de junio de 202045 y en el auto de 3 de febrero de 202246
resaltarán adicionalmente las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-336 de 18 de mayo de 201747 y SU-041 de 6
44 La norma anterior, que corresponde al texto original del parágrafo transitorio de la Ley 1955, establecía lo
siguiente: “[…]PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a
cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o
varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la
operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición
presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo. […] La emisión de bonos o títulos no implica
operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención […]”.
45 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1 de junio de
2020, proceso de acción popular identificado con el NUR 270012331000201800008-01. C.P. doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 3 de febrero de 2022
proferido en el proceso de acción popular NUR 680012333000201900523-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo
López. Decisión que, si bien, se profirió en el marco de un recurso de apelación contra un acto que decretó una
medida cautelar, contiene algunas consideraciones que constituyen fundamento para resolver el caso concreto.
47 M.P. doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
de febrero de 202048; y por el Consejo de Estado en las sentencias CE-SUJ2-012-
18 de 18 de julio de 201849 y la SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202350.
La sentencia SU-336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional
59. La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-336 de 18 de mayo
de 2017, unificó las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto
en el medio de control de nulidad y restablecimiento como en la acción de tutela,
frente a reconocer que los docentes oficiales son empleados públicos y que les
asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías, establecida en la Ley 244 de 29 de diciembre de 199551, modificada
por la Ley 1071 de 31 de julio de 200652. En importante resaltar que en esta
sentencia la Corte Constitucional no se pronunció respecto de la sanción moratoria
por no consignación oportuna de las cesantías prevista en el numeral 3.° del artículo
99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 199053
60. En dicha sentencia, la Corte examinó la situación de un grupo de actores que
coincidían en los siguientes aspectos: i) la calidad de docentes oficiales de los
accionantes; ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios
de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación
Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y las
autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones
de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son
juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del
Tolima; iii) el objeto de la controversia; iv) los fundamentos de derecho, en especial
en lo referente al marco normativo, esto es, las leyes 91 de 1989, 244 y 1071; y v)
las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para
uno y otro caso.
61. La Corte Constitucional explicó: i) que “[…] [l]a Corte ha sido clara en cuanto
a la connotación de servidores públicos que se le ha atribuido a los docentes
oficiales y a la aplicación de las normas y términos establecidos en la Ley 244 de
1995 […]”; ii) que en los casos analizados los jueces de instancia “[…] vulneraron el
48 M.P. doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 18 de julio de
2018. NUR 730012333000201400580-01(4961-15). C.P. doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 11 de octubre de
2023. NUR 660013333001202200016-01 (5746-2022). C.P. doctor Juan Enrique Bedoya Escobar.
51 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
52 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
53 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
derecho a la igualdad en las decisiones judiciales e incurrieron en la causal
específica de violación directa de la Constitución al negar las pretensiones sobre el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, que
resultaba ajustado a la Constitución […]” porque no se tuvo en consideración que
en la sentencia C-741 de 2012 se reconoció que la calidad de docente oficial era
asimilable a la de los empleados públicos; iii) que las decisiones de instancia
resultan “[…] ser una medida regresiva en el reconocimiento de los derechos
prestacionales de los docentes oficiales, en la medida que está retrotrayendo no
solo la intención misma del legislador de aplicar a todos los funcionarios públicos y
servidores estatales el derecho de que sus cesantías sean pagadas de manera
oportuna, sino que contraría el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales de
los accionantes que se encuentran en la misma situación fáctica que otros docentes
oficiales, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria […]”; iv) que no era de
recibo el argumento utilizado por los jueces de instancia, según el cual “[…] el
régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la
sanción moratoria para ese sector […] [y que] no era posible aplicar el régimen
general que sí consagra esa prerrogativa […]” porque ello implicaría crear una
“tercera regla”, con fundamento en que, para la Corte, “[…] aceptar un argumento
como el señalado es dar prevalencia a una interpretación que no se acompasa con
el concepto de las cesantías y su función social, en tanto acude a la taxatividad de
la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los
docentes oficiales […]”.
62. La Corte, luego de estudiar la naturaleza y núcleo esencial del derecho al
auxilio de las cesantías; el régimen legal y jurisprudencial sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes oficiales; y el
régimen contenido en la Ley 244, modificada por la Ley 1071, sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías a los servidores
públicos es aplicable a los docentes oficiales, se concluyó lo siguiente:
“[…] 9. Conclusiones
9.1. Los docentes estatales se encuentran cobijados por un régimen especial
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en la cual se regula lo concerniente
al pago de las cesantías.
Al no contemplar ese régimen especial disposición alguna que indique si los docentes
del FOMAG son acreedores del pago de la sanción moratoria de las cesantías, surge
el interrogante acerca de si tienen derecho a reclamar esa prestación y, de serlo, con
sustento en qué normatividad pueden reclamarla.
Para dilucidar este asunto, es preciso señalar que la Ley 244 de 1995, modificada por
la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno de las
cesantías de los servidores del sector público. No obstante, de la lectura de la norma
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
citada no es posible concluir que la misma sea aplicable de manera directa a los
docentes del FOMAG.
9.2. La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se
desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo
cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese
sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a
la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese
de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-,
permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo
ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a
pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al
pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término
indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores
públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos
y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador
fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores
estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional
sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social
de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores
públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y
oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio
de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de
estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la
vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación
fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de
las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en
materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa
medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores,
derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta
Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente
sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas
providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012) […]”.
63. Finalmente, la Corte explicó, por un lado, que, “[…] de conformidad con lo
explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el
reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los
cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el
propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al
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pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la
implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria
para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii)
desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes
oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales,
porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor
desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los
empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en
material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser
más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de
los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad
en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se
sustentan en los mismos supuestos fácticos […]”.
64. Y, por el otro, que la Corte Constitucional unificaba “[…] su postura sobre el
particular y concluy[e] que los docentes oficiales deben ser considerados como
empleados públicos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no
estipulado en el régimen especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías […]”.
La sentencia CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo
de Estado
65. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de
Unificación núm. 012 el 18 de julio de 201854, en la que: i) estableció su línea de
interpretación y aplicación jurisprudencial acerca de la naturaleza del empleo de
docente oficial y de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías definitivas
o parciales; ii) sobre el momento en que dicha sanción es exigible, en los eventos
en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de
las cesantías o se pronuncie de manera tardía; y iii) la posibilidad de reconocer la
actualización del valor de la sanción moratoria una vez se dejó de causar hasta la
fecha de la sentencia que la reconoce, entre otros aspectos.
66. En cuanto a la naturaleza de la sanción moratoria por pago extemporáneo de
las cesantías, la referida sentencia de unificación señaló:
“[…] 182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018, núm. único de radicación 73001-23-33-
000-2014-00580-01.
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procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la
representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito.
183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma
de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías;
ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en
cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago
oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos
ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las
eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.
184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su
naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario,
y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se
erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al
trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación
laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por
su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor
público […]”.
67. Asimismo, la sentencia de unificación aludida refirió el impacto negativo que
genera para el patrimonio público la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías en favor de los docentes oficiales e invitó a los organismos de control a
ejercer acciones correctivas en procura de mejorar dicha situación así:
“[…] 240. Dilucidado todo lo anterior, encuentra la Sala que el análisis efectuado
en esta providencia, evidencia situaciones al interior de la administración que son
determinantes para la ocurrencia y prolongación en el tiempo de la sanción
moratoria, permitiendo una real y desmedida afectación del erario, cuando por
definición lo correcto debiera ser la gestión administrativa y presupuestal de las
autoridades para el pago oportuno de las cesantías reconocidas a sus servidores.
241. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la mencionada gestión
administrativa y presupuestal de las autoridades públicas hace parte de la órbita
de los entes de control y del poder punitivo del Estado, para esta Sección es
pertinente invitar a las entidades que los integran, esto es, Procuraduría General
de la Nación y Contraloría General de la República, como también a la Fiscalía
General de la Nación; para que dentro de sus facultades y si lo estiman
conveniente, ejerzan una labor preventiva y correctiva en procura de mejorar las
prácticas relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías de los
servidores públicos, en donde para los docentes oficiales, concurren en el trámite
los entes territoriales y el Fomag. Para ello, se remitirá copia esta providencia y del
expediente a las referidas instituciones […]”.
68. Teniendo en cuenta lo anterior, la sentencia consideró que se debían
establecer las siguientes reglas jurisprudenciales:
“[…] 193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la
Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a la sanción moratoria
por el pago tardío de sus cesantías.
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3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse
el término dispuesto en la ley[55] para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas,
el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente
en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia
de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto
la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del
CPACA. […]”.
69. Teniendo en cuenta lo anterior, la sentencia en el ordinal primero de la parte
resolutiva dispuso “[…] UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del
Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor
público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto
a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías […]” y, en sus ordinales
segundo a quinto dispuso sentar jurisprudencial y señalar los efectos de esa
decisión, en el siguiente sentido:
“[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y
parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la
55 Artículos 68 y 69 CPACA.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el
pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez
se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero
si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria,
deberá considerarse el término dispuesto en la ley236 para que la entidad
intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario
a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este
medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así
lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación
correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para
el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en
que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.
QUINTO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será
retrospectivo, y por ende, aplicable de manera obligatoria los trámites pendientes
de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no
podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los
conflictos decididos con antelación […]”.
La sentencia SU-041 de 6 de febrero de 2020 proferida por la Corte
Constitucional
70. La Corte Constitucional profirió sentencia SU-041 de 6 de febrero de 202056
en la cual realizó un análisis de, entre otras, la naturaleza de la sanción moratoria
por el pago extemporáneo de las cesantías y, en especial, estudió: i) la
indemnización moratoria por falta de pago al término del contrato en el Código
Sustantivo del Trabajo; ii) la indemnización por mora en el pago de las cesantías
anualizadas en la Ley 50 de 1990; iii) la sanción moratoria en el pago de cesantías
a los servidores públicos, en el marco de las leyes 244 y 1071; iv) la extensión de la
indemnización por mora en el pago de las cesantías anualizadas prevista en la Ley
50 de 1990 para el sector público.
56 M.P. doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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71. Posteriormente, la Corte Constitucional analizó la jurisprudencia de las Altas
Cortes sobre el pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales por la mora en
el pago de las cesantías, oportunidad en la que estudió los antecedentes y
precedentes contenidos en las sentencias C-486 de 2016, SU-336 de 2017, T-638
de 2017, SU-098 de 2018, SU-332 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional;
y la sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de
Estado, concluyendo que los reconocimientos contenidos en esas sentencias no
contemplaron un periodo de transición para contrarrestar los efectos de la extensión
vía jurisprudencial del reconocimiento y pago de la sanción moratoria a los docentes
oficiales y que, por ende, se debían impartir unas órdenes generales para abordar
la situación, entre ellas, el establecimiento de un periodo de transición y ordenar a
las autoridades concernidas la adopción de un plan de acción para la evacuación
de las diferentes solicitudes presentadas por los docentes oficiales para el
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías, el cual consideró adicionalmente que el término
para el reconocimiento y pago efectivo de la sanción moratoria, se regiría por el plan
de pago ordenado, todo lo cual debía ser objeto de coordinación y seguimiento por
la Procuraduría General de la Nación, así:
“[…] Órdenes generales
DÉCIMO SÉPTIMO.- Desde la notificación de la presente providencia, DISPONER
de un periodo de transición para que las entidades competentes se pongan al día
en el pago del auxilio de cesantías atrasadas y de la sanción por mora causada
por el pago tardío de las cesantías, a los docentes oficiales, de acuerdo al plan de
acción que se ordena formular al efecto cuya fecha máxima de cumplimiento no
podrá exceder el 31 de diciembre de 2020.
DÉCIMO OCTAVO.- ORDENAR al FOMAG-FIDUPREVISORA y al Ministerio de
Educación Nacional que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
comunicación de esta providencia, elaboren y presenten, ante la Procuraduría
General de la Nación, un Plan de Acción para la evacuación de las diferentes
solicitudes presentadas por los docentes oficiales para el reconocimiento y pago
del auxilio de cesantías y de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las
cesantías, que se encuentran represadas. Este plan deberá contener:
a. Un informe del número de peticiones de docentes oficiales represadas referidas
al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías radicadas ante las Secretarías
de Educación certificadas antes del 25 de mayo de 2019, fecha de la entrada en
vigencia de la Ley 1955 de 2019. Dicho informe deberá organizarse de manera tal
que dé cuenta de cuándo fue radicada cada solicitud.
b. Un informe del número de peticiones de docentes oficiales represadas referidas
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las
cesantías, causadas hasta el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el
Decreto 2020 del mismo año. Dicho informe deberá organizarse de manera tal que
dé cuenta de cuándo fue radicada cada solicitud.
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c. Una estrategia conjunta para evacuar tanto (i) las solicitudes represadas de
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías radicadas ante las Secretarías de
Educación certificadas antes del 25 de mayo de 2019, como (ii) las solicitudes
represadas de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las cesantías causadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
d. Una estrategia conjunta y separada para atender, de forma concomitante y
oportuna, (i) las solicitudes recientes de reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, radicadas ante las Secretarías de Educación certificadas con
posterioridad al 25 de mayo de 2019 y (ii) las solicitudes de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías causadas
con posterioridad al 31 de diciembre de 2019.
e. Las estrategias separadas del Plan de Acción deberán priorizar el trámite de
reconocimiento y pago de las solicitudes de auxilio de cesantías que se encuentran
pendientes de resolver e incluirán los siguientes componentes:
i. La definición de un término perentorio para dar respuesta a las solicitudes
de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo
de las cesantías, en orden cronológico de la más antigua a la más reciente,
el cual no podrá superar el de cuatro (4) meses siguientes a la comunicación
de la presente providencia. Si frente a un mismo peticionario se encuentran
radicadas varias solicitudes, las entidades deberán considerar la radicada
con mayor antiguedad a efectos de proporcionar un turno de respuesta. La
respuesta a la solicitud no implicará el reconocimiento y pago efectivo de la
prestación económica.
ii. La definición de un término perentorio para dar cumplimiento a las órdenes
de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo
de las cesantías contenidas en sentencias judiciales, el cual no podrá
superar el de ocho (8) meses siguientes a la comunicación de la presente
providencia.
iii. Un cronograma o plan de pago de la sanción por mora en el pago de
cesantías de acuerdo con la disponibilidad presupuestal derivada de la
emisión de los títulos de tesorería TES, que no podrá superar el 31 de
diciembre de 2020. En dicho plan se dará prioridad al pago de los montos
acordados en el marco de conciliaciones.
f. El texto completo del Plan de Acción deberá estar disponible, de manera
permanente y hasta que se cumpla el periodo de transición contemplado en esta
sentencia, en las páginas web del FOMAG-FIDUPREVISORA y del Ministerio de
Educación Nacional.
DÉCIMO NOVENO.- ORDENAR al representante legal del FOMAG-
FIDUPREVISORA S.A.:
a) Dar aviso oportuno, tanto al Ministerio de Educación Nacional como al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, de la falta de recursos económicos para sufragar
el pago del auxilio de cesantías con el fin de adoptar las medidas que sean
necesarias para garantizar la disponibilidad presupuestal para el pago de las
cesantías de los maestros del sector público y evitar la causación de la sanción
moratoria;
b) Informar oportuna y constantemente a las Secretarías de Educación certificadas
los pagos de cesantías parciales y definitivas realizadas a los docentes oficiales,
para agilizar el procedimiento de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías;
c) En el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de la presente
providencia: (i) realizar los ajustes necesarios a las plataformas tecnológicas
utilizadas para digitalizar los documentos requeridos en el trámite de
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, conforme lo establece el Decreto
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1272 de 2018; (ii) crear un plan de contingencia para aquellos casos en que se
presenten problemas tecnológicos con el funcionamiento de la plataforma utilizada
para digitalizar o compartir documentos propios del trámite de reconocimiento y
pago del auxilio de cesantías.
VIGÉSIMO.- Como consecuencia de lo anterior, en todos los casos, el término para
el reconocimiento y pago efectivo de la sanción moratoria, se regirá por el plan de
pago cuyo diseño aquí se ordena, y suspenden, durante el tiempo que dure el
periodo de transición decretado en esta sentencia, las sanciones por desacato,
tanto de arresto como de multa, que se hayan producido como consecuencia de
órdenes de tutela cuyos supuestos fácticos tengan correspondencia con los que
son objeto de esta providencia. Las mismas solo se harán efectivas si se incumple
el plan de pagos que se haya acordado en los términos de esta sentencia.
VIGÉSIMO PRIMERO.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador General
de la Nación, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un
seguimiento del cumplimiento del presente fallo y vigile la actuación de las
autoridades. En especial, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación que,
en el marco de la coordinación de la mesa de trabajo sobre la sanción moratoria,
en la cual también participan el Ministerio de Educación Nacional y la
FIDUPREVISORA S.A., realice el seguimiento a las órdenes generales adoptadas
para el periodo de transición decretado en esta providencia […]”.
La sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado
72. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023 en la cual consideró que los
problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si “[…] ¿Los docentes al
servicio del Estado son destinatarios de la sanción moratoria por la falta de
consignación de las cesantías anualizadas prevista en el artículo 99 (numeral 3) de
la Ley 50 de 1990? […]”; y, con fundamento en lo anterior, resolver ese caso en
concreto.
73. El Consejo de Estado, luego de estudiar las generalidades de las cesantías;
los regímenes de liquidación y sistemas de administración de las cesantías; el
sistema de liquidación previsto en la Ley 91 de 1989; los recursos del FOMAG y su
administración; el sistema de liquidación anualizado de cesantías previsto en la Ley
50 de 1990; y realizar posteriormente la comparación entre los sistemas anualizados
de liquidación de la Ley 50 de 1990 y el de los docentes oficiales previsto en la Ley
91 de 1989 y determinar la incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 con el sistema de liquidación de cesantías administrado por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableció como regla
jurisprudencial las siguientes:
“[…] 2.4.4. Regla jurisprudencial
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
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la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo
de protección social en favor del docente estatal […]”.
74. Y aclaró que, con todo, la afiliación del docente oficial sería el factor
determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una
mínima derivada del sistema general de liquidación anualizada de la prestación
económica.
75. En ese orden, en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia, la
Sección Segunda dispuso “[…] Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en
el sentido de precisar lo siguiente: […] Los docentes estatales afiliados al FOMAG
no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y,
por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal […]”.
76. Sin perjuicio de lo anterior, en su parte motiva, la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que “[…] frente al pago de las cesantías parciales
y definitivas, ambos regímenes sí están amparados por la misma garantía que
representa la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006. Esta penalidad aplica tanto para los destinatarios de la Ley 50 de 1990
como para el personal afiliado al FOMAG, tal y como se constata con la regla
jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación SU CE-SUJ2-012-18
proferida por esta Corporación. […] En esta última providencia, el Consejo de
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Estado también sentó jurisprudencia en cuanto al cómputo de los términos para la
exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales y
definitivas[57], en consecuencia, inaplicó por ilegal el Decreto 2831 de 2005, e instó
a los entes territoriales y al FOMAG a que las solicitudes de reconocimiento de
cesantías promovidas por los docentes fueran tramitadas en atención a esas
disposiciones legales. […] En tal virtud, se dispuso la simplificación y optimización
del procedimiento para el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas a
través del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019[58] […]” (Destacado fuera de texto).
Conclusiones sobre el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
77. La Sala considera, por un lado, en armonía con las consideraciones de esta
Sección, en sentencia de 1 de junio de 2020, que “[…] es dable colegir que a partir
de las sentencias SU-336 de 18 de mayo de 2017 [y SU-041 de 6 de febrero de
2020] proferida[s] por la Corte Constitucional y la SUJ-012-S2 de 18 de julio de
2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, existe un criterio
unificado en relación al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006 […]”, en favor de los “[…] docente[s] oficial[es], al tratarse de
[…] servidor[es] público[s] […]”.
78. Por el otro, que, con ocasión de la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 de 11 de octubre de 2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se unificó el criterio según el cual “[…] [l]os docentes estatales afiliados
al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el
57 «[…]
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término
de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del
acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las
condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de
ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el
término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más
para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos
de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de
estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción
moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si
el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
[…]».
58 Se eliminó la doble revisión que establecía el Decreto 2831 de 2005 frente a la resolución de reconocimiento
del auxilio de cesantías por parte de la Fiduprevisora S.A. Al igual que en el procedimiento anterior, el interesado
debe radicar su petición ante la secretaría de educación certificada, la cual deberá estudiarla en un término no
mayor a 15 días hábiles, resolver si se reconoce o no la prestación y expedir el acto administrativo definitivo sin
solicitar revisión o autorización de la fiduciaria. Una vez surtida la notificación y la ejecutoria de dicho acto
administrativo de reconocimiento de la prestación, la secretaría de educación deberá subirla al sistema y
remitirla a la Fiduprevisora S.A. El pago de la suma reconocida por parte de la fiduciaria no podrá sobrepasar
los 45 días hábiles siguientes a la notificación del acto y a su ejecutoria.
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sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989 […]”,
pero que, “[…] [s]in embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal […]” (Destacado fuera de texto).
79. Asimismo, conforme con las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
y por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que la jurisprudencia ha
reconocido que la mora en el pago de las cesantías y la configuración de la sanción
moratoria en favor de los docentes oficiales, junto a la ausencia de pago de las
mismas, ha generado un impacto negativo para el patrimonio público, con una “[…]
real y desmedida afectación del erario […]”, pese a que “[…] por definición lo
correcto debiera ser la gestión administrativa y presupuestal de las autoridades para
el pago oportuno de las cesantías reconocidas a sus servidores […]”. Por ello, las
Altas Cortes han ordenado a las autoridades concernidas la adopción de correctivos
administrativos con el propósito de “[…] mejorar las prácticas relacionadas con el
reconocimiento y pago de las cesantías de los servidores públicos, en donde para
los docentes oficiales, concurren en el trámite los entes territoriales y el Fomag […]”.
80. Uno de los correctivos normativos con efectos administrativos tuvo lugar con
la expedición de la Ley 1955, en especial, los artículos 336 y 5759, esta última norma
59 “[…] ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de
que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial
y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el
citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual
debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante
resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de
unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas
por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas
pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar
el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y
beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las
cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del
pago de las cesantías.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo
texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación
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modificada por el artículo 324 de la Ley 2294 de 19 de mayo de 2023 60; normativa
que: i) eliminó el sistema de reenvío del proyecto de resolución entre la secretaría
de educación acreditada y el Fondo y la Fiduciaria que lo administra; ii) delimitó con
mayor claridad la responsabilidad de las entidades concernidas frente al
reconocimiento y pago de las cesantías y de la sanción moratoria; y iii) estableció
como medida de contingencia que, para efectos de financiar el pago de las
sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causados a diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público emitiría Títulos de Tesorería.
Análisis del caso concreto
81. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
82. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 10 de
diciembre de 2021 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas.
83. En efecto, las pruebas relevantes para resolver el caso concreto61,
relacionadas con los supuestos a probar conforme se indicó supra, son las
siguientes:
84. Copia de los informes núm. 22082017 y 22092017 presentados
respectivamente por el Municipio de Manizales al entonces Procurador General de
la Nación y al Contralor General de la República62, en los que se indicó que: i) los
y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los
que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención […]”.
60 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”
[…]”.
61 Teniendo en cuenta que en este proceso se decretaron y practicaron pruebas documentales y un testimonio
de Carlos Eduardo Arredondo Mozo.
62 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 69.
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trámites administrativos para efectuar los pagos ordenados por concepto de sanción
por mora a los docentes se realizan a través de la Secretaría de Educación
Municipal; ii) para la fecha del informe, el Municipio de Manizales tiene en trámite
324 demandas, correspondientes al periodo de enero de 2016 a julio 26 de 2017,
por el tema de prestaciones sociales, por una cuantía de $3.376.368.082.oo, de las
cuales el 76% corresponden al sanciones por mora por la cancelación tardía de las
cesantías; iii) la obligación del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
solicitadas y por ende los intereses en mora, está en cabeza de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG-; y que las condenas en costas de las que es objeto el Estado
por cuenta de la mora en el pago de las cesantías evidencia una afectación
ostensible al erario público por ser una circunstancia reiterada que se viene
presentando en todo el Territorio nacional.
85. Escrito SE-UAF-2.780 de 20 de septiembre de 201763 suscrito por el
Municipio de Manizales y dirigido al líder de la Unidad de Cobertura y Sistemas de
Información de la Secretaría de Educación, por el que solicita apoyo en la gestión
correspondiente al reconocimiento del proceso que realiza el software de liquidación
de prestaciones sociales con que cuenta la Secretaría de Educación Municipal. En
la solicitud, el Municipio de Manizales indica que dicho sistema tiene una
configuración obsoleta, que la funcionaria a cargo no ha recibido la inducción
correspondiente para el uso del software y que el problema genera represamientos
de los requerimientos en la Oficina de Prestaciones Sociales ocasionando que el
trámite se esté llevando a cabo de forma manual lo que implica riesgos en la
digitación y los cálculos de la liquidación de las prestaciones.
86. Copia del Oficio nro. PJA70-2017106 de 27 se septiembre de 201764 suscito
por la Procuradora 70 Judicial I para Asuntos Administrativos por el cual se indica,
entre otras, que en el periodo comprendido entre enero a septiembre de 2017 han
realizado un total de 165 conciliaciones extrajudiciales atenientes a “sanción
moratoria por cesantía parcial o definitiva para maestros” por una cuantía de
$1.255´668.089,oo pesos M/cte. Asimismo, indicó la procuradora que el despacho,
durante lo corrido del año 2017 tiene a su cargo 152 procesos judiciales que son
tramitados por los juzgados Tercero y Séptimo administrativos de Manizales,
atenientes a sanción moratoria por cesantía parcial o definitiva para maestros, por
una cuantía de $1.014´300.525,oo pesos M/cte, de la siguiente manera:
63 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 79.
64 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 87.
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“[…]
[…]”
87. Copia del Oficio de 27 de septiembre de 201765 suscrito por la Procuradora
180 Judicial para Asuntos Administrativos, dirigido al Procurador 28 Judicial II para
Asuntos Administrativos, mediante el cual indica que desde mayo hasta septiembre
de 2017, esa procuraduría ha conocido de un total de 36 conciliaciones
extrajudiciales atenientes a “[…] sanción mora […]” por una cuantía de
$531.909.571.oo pesos M/cte66. Asimismo indicó desde mayo de 2017 han sido
notificados a la Procuraduría 106 procesos judiciales que son tramitados por los
juzgados Primero y Quinto administrativos de Manizales, atenientes a “[…] sanción
mora […]” por cuantía de $732´179.248.oo pesos M/cte.
88. Escrito de 27 de septiembre de 201767 suscrito por la Procuradora 181
Judicial I para Asuntos Administrativos, mediante el cual informa que desde enero
65 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 89.
66 Len el documento se indica, adicionalmente, que “[…] Es importante precisar, que teniendo en cuenta el
precedente jurisprudencial unificado de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-336 de 2017 aplicable a los
casos de sanción mora, esta Procuraduría ha solicitado 21 reconsideraciones al Comité de Conciliación del
Ministerio de Educación, toda vez que en la sentencia referida, al analizar una situación táctica idéntica, se
expuso un criterio contrario al que viene proponiendo de la parte convocada en las audiencias dé conciliación y
accedió a las pretensiones de las partes actoras, y además, en la sentencia con número interno 15202014
proferida el 17 de noviembre de 2016 por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A se señaló
"exhortar a la Ministra de Educación Nacional, al Director del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y
a la Gerente de la Fiduciaria la Previsora S.A, como sujetos garantes del reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de los docentes estatales y, de la administración de los recursos de dichas prestaciones;
que adopten los correctivos necesarios frente a las irregularidades que se presentan, en el pago de las cesantías
de los educadores y evitar la sanción moratoria por el pago tardío (identificar las causas que originan el
incumplimiento de los plazos previstos en las normas que regulan las cesantías de los docentes y elaborar un
plan de mejoramiento y mitigación, ajustado a la ley). Por lo tanto, a partir de esta decisión de la Corte
Constitucional se empezó a solicitar la reconsideración en comento […]”.
67 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 91.
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hasta septiembre de 2017 la procuraduría ha conocido de un total de 220
conciliaciones extrajudiciales atenientes “[…] sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías a docentes […]” por una cuantía de $1.442´018.829,oo
pesos M/cte. Asimismo, indicó que, en lo corrido del año 2017, han sido notificados
a esa Procuraduría un total de 152 procesos judiciales que son tramitados ante los
juzgados Cuarto y Octavo administrativos de Manizales, atenientes a “[…] sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías a docentes […]” por una cuantía
de $956.514.270.oo de pesos.
89. Comunicado núm. 010 de 1.º de septiembre de 201768 suscrito por el
Vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG, y dirigido a las Secretarías de Educación Certificadas, por el cual
manifiestan los cambios para el trámite de radicación, estudio y pago de fallos
judiciales y “[…] Sanción por mora […]”, mismas que podrán ser consultados en la
página web del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Asimismo,
señaló cuál es la documentación idónea que deben aportar las secretarías de
Educación para cada caso particular, bajo el entendido que la documentación a
verificar por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-
dependerá de cada prestación que dé origen al fallo judicial, con la claridad de que
los documentos esenciales son la sentencia y la constancia de ejecutoria o correo
de notificación de la decisión. En relación con el procedimiento para el
reconocimiento y pago de una “SANCIÓN POR MORA”, se tienen los siguientes:
“[…] 2. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA
SANCIÓN POR MORA
Con el fin de no incurrir en pagos por concepto de indexación, intereses y costas o
agencias en derecho, se procederá al reconocimiento de la sanción por mora de
manera administrativa, por lo que las secretarias certificadas, deberán:
• Una vez La secretaria de educación notifique el acto administrativo que reconozca
la cesantía parcial o definitiva, deberá enviar la orden de pago al FOMAG para el
respectivo ingreso en nómina.
• El área de pagos una vez Ingresada en la nómina la prestación económica, cesantía
parcial o definitiva, remitirá el expediente nuevamente al área de sustanciación.
• El área de sustanciación verificará si procede o no el pago de sanción por mora y
remitirá la liquidación a la secretaria de educación respectiva para que emita acto
administrativo y lo notifique al docente.
• En firme el acto administrativo que reconoce la sanción por mora la secretaria de
educación deberá remitirla nuevamente al área de pagos para la inclusión en nómina.
• De no proceder el reconocimiento de sanción por mora la Secretaria de Educación
deberá realizar acto administrativo argumentando la negativa y notificarla al docente
[…]”.
68 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_001CDNO1(.PDF) NroActua
2, pág. 129.
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90. Copia del Certificado generado por la Superintendencia Financiera de
Colombia el 30 de enero de 2018 en el que se “[…] REFLEJA LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN […]”
y se certifica, en relación con la entidad de razón social: “[…] FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. la cual podrá usar la sigla "FIDUPREVISORA S.A." […]”, que su
naturaleza jurídica es la de “[…] sociedad anónima de economía mixta, de carácter
indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Entidad sometida al control y vigilancia por parte dé la Superintendencia Financiera
de Colombia […]”. El documento informa adicionalmente la constitución y sus
reformas, la autorización de funcionamiento y su representación legal.
91. Copia del Oficio núm. 20190141033131 de 14 de mayo de 201969 suscrito
por el Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-
y dirigido al Director del Jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, por el cual se señalan las medidas tomadas en el “Plan de
acción diseñado por la Fiduprevisora para efectuar los pagos por concepto de
cesantías dentro de los parámetros señalados en el decreto 1271 de julio de
2018, evitando la configuración de la mora en el pago de dichas cesantías”.
Las medidas aludidas corresponden a i) la “Simplificación de procesos –
Modificación Legal”; ii) la “Financiación para el pago de cesantías”; iii) la
“Reglamentación”; y iv) la “Eficiencia operativa”.
92. Oficio núm. 1164 del Juzgado Primero Administrativo de Manizales de 12 de
junio de 201970 que remitió en respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo
de Caldas el 10 de junio de 2019, por la que se le solicitó “[…] informar […] El
número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitados durante
el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos administrativos que
desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de los
docentes […]”. En la respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] durante el año 2017 se tramitaron en este despacho 66 procesos de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho que tuvieron por tema el pago de la sanción moratoria
con respecto a las cesantías de los docentes […]”.
69 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 28.
70 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 39.
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93. Oficio núm. 015 del Juzgado Tercero Administrativo de Manizales de 14 de
junio de 201971 en respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 10 de junio de 2019, por la que solicita al Juzgado “[…]
informar […] El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
tramitados durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos
administrativos que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las
cesantías de los docentes”. En la respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] luego de revisados los archivos del año 2017, se estableció que el número de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se solicitó la nulidad e
actos administrativos que desconocen el pago de sanción moratoria, fue de 100
procesos. […]”.
94. Oficio núm. 992 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales
de 13 de junio de 201972 en respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo
de Caldas de 10 de junio de 2019, por el cual se le solicita “[…] informar […] El
número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitados durante
el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos administrativos que
desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de los
docentes”. En la respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] le informo que el total de los procesos de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, en los que se haya solicitado la nulidad de los actos administrativos que
desconocen el reconocimiento de la sanción moratorio, ocasionada por el pago tardío
de cesantías de los docentes, para el año 2017 fue de 107 ingresos. […]”.
95. Correo electrónico del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Manizales de 25 de junio de 2019 en respuesta al requerimiento del Tribunal
Administrativo de Caldas de 10 de junio de 201973, por la que se le solicita “informar
[…] El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitados
durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos administrativos
que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de
los docentes […]”. En la respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] durante el año dos mil diecisiete (2017), le correspondieron conocer a este
Despacho judicial un total de ciento ochenta y tres (183) demandas que en el ejercicio
del medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho fueron interpuesta con
el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que desconocen el
pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de los docentes […]”.
71 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 41.
72 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 42.
73 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 96.
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96. Oficio 0348 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales de
11 de julio de 201974 en respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 10 de junio de 2019, en el que solicita “[…] informar […]
El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitados
durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos administrativos
que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de
los docentes […]”. En respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] para el año 2017, se tramitaron 103 procesos dentro del medio de control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicitando el pago y
reconocimiento de sanción por mora por el pago tardío de las cesantías reclamadas
por los docentes […]”.
97. Oficio 524 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales de
11 de julio de 201975 en respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal
Administrativo de Caldas de 10 de junio de 2019, por la que solicita “[…] informar
[…] El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho tramitados
durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los actos administrativos
que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de
los docentes”. En respuesta, el Juzgado manifestó lo siguiente:
“[…] los procesos que se tramitaron en el año 2017, y correspondientes al medio de
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en los que se
pretende el pago de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de los
docentes, fueron un total de 126 procesos para el año mencionado […]”.
98. Correo electrónico del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Manizales de 3 de septiembre de 201976 en respuesta al requerimiento realizado
por el Tribunal Administrativo de Caldas el 10 de junio de 2019, por la que solicita
“[…] informar […] El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho tramitados durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los
actos administrativos que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto
a las cesantías de los docentes […]”. En respuesta, el Juzgado manifestó lo
siguiente:
“[…] durante el año 2017, se tramitaron 94 procesos en los cuales se solicitó la nulidad
de los actos administrativos que desconocían el pago de la sanción moratoria con
respecto a las cesantías de los docentes […]”.
74 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 105.
75 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 106.
76 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 107.
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99. Escrito núm. 20190581372841 de 19 de junio de 201977 suscrito por el
Coordinador de Tutelas de la Dirección de Gestión Judicial de la Fiduciaria La
Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- en el que expone la relación de las “sanciones
por mora” pagadas a los docentes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG- desde el 3 de agosto de 2019 hasta la fecha de elaboración
del informe en 2019. El documento contiene un listado con información parcial e
incompleta, que no otorga certeza sobre la naturaleza del pago de la “sanción mora”,
su origen, ni sobre otra información relevante para efectos de determinar la
vulneración del derecho e interés colectivo a la defensa del patrimonio público.
100. Obra en el expediente Oficio 943 del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Manizales de 17 de septiembre de 201978 en respuesta al requerimiento
realizado por el Tribunal Administrativo de Caldas de 10 de junio de 2019, por la
que solicita “[…] informar […] El número de procesos de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho tramitados durante el año 2017, en los que se solicitó la nulidad de los
actos administrativos que desconocen el pago de la sanción moratoria con respecto
a las cesantías de los docentes […]”. En respuesta, el Juzgado manifestó lo
siguiente:
“[…] los procesos que se tramitaron durante el año 2017 en relación al Medio de
Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en los que se pretende el pago
de la sanción moratoria con respecto a las cesantías de los docentes, fueron en total
124 procesos para el año descrito […]”.
101. Copia del Certificado de 16 de enero de 202079, suscrito por la Directora de
Gestión de Afiliaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por el que se señala que, de acuerdo al reporte generado por el aplicativo FOMAG1
para el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, los
pagos realizados por concepto de “sanción por mora” para el periodo indicado y
especificando los valores correspondientes a la sanción por cesantías definitiva y
parcial, fueron:
77 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 43.
78 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 110.
79 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado:
ED_017CETIFICADOPAGOSAN(.PDF) NroActua 2.
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102. La Sala procederá a resolver el caso concreto teniendo en cuenta que,
conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…] [i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo 30 de la Ley 472, “[…] [l]a
carga de la prueba corresponderá al demandante […]”, sin perjuicio de la posibilidad
para el juez de impartir ordenes para suplir las deficiencias probatorias y, de ser el
caso, obtener los elementos probatorios indispensables para proferir sentencia de
mérito.
103. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado80, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por la Sección
Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
exp. No. 15001-23-31-000-2005-01867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia
de 18 de marzo de 2010, exp. No. 25000-23-25-000-2005-01345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, exp. No. 68001-23-15-000-2003-00521-01(AP),
C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, exp. No. 68001-23-15-
000-2003-01472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008,
exp. No. 25000-23-26-000-2005-00240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
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Núm. único de radicación: 170012333000201800026-01
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”81
(Destacado fuera de texto).
104. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202082.
105. En ese orden de ideas, la Sala considera que la prosperidad de la acción
popular depende de la verificación de tres supuestos, a saber: “[…] a) una acción u
omisión de la parte demandada; b) un daño contingente, peligro, amenaza,
vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, distinto de aquél que
proviene de todo riesgo normal generado por la actividad humana; y, por último, c)
una relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de
tales derechos e intereses. Estos supuestos deben ser debidamente acreditados en
el proceso como presupuesto para que la vulneración del derecho colectivo
invocado sea declarada […]”.
106. Teniendo en cuenta lo anterior y que se debe verificar la existencia o no de
una amenaza o vulneración al derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio público, en los términos expuestos supra, en este caso se deben
determinar: i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado;
y ii) el análisis de la gestión de ese patrimonio, con el objeto de determinar si esta
se hace de forma irresponsable o negligente y, por ende, si se pone en peligro o
se vulnera el derecho e interés colectivo.
107. La Sala considera, teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso y
las consideraciones contenidas en los marcos normativos y desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, que, en este caso, no se encuentra probada la
vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo a la defensa del patrimonio
81 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de
2010, exp. No. 41001-23-33-000-2004-01275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020, expediente con radicado número: 15001-23-33-000-2015-00316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
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público en los precisos términos expuestos en la demanda de acción popular 83 y
teniendo en cuenta las pretensiones, en las que se argumentó que las entidades
debían adoptar “[…] correctivos necesarios frente a las irregularidades que se
presentan en el reconocimiento y pago de las cesantías de los educadores y así
evitar la sanción moratoria; identificando las causas que originan el incumplimiento
de los plazos previstos en las normas que regulan las cesantías de los docentes y
elaboren un plan de mejoramiento y mitigación, ajustado a la ley, que contenga entre
otros el cumplimiento del artículo 10 de la ley 1437 de 2011, en el sentido de dar
aplicación desde el trámite de la conciliación administrativa al precedente
jurisprudencial emanado de la Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017
[…]”.
108. La Sala considera que, si bien, se aportaron al proceso algunas pruebas que
evidenciaron la existencia de una situación estructural con efectos sobre el pago de
las cesantías, establecida en la Ley 244, modificada por la Ley 1071, lo cual fue
reconocido por la Sección Segunda del Consejo de Estado y por la Corte
Constitucional84, y otras pruebas que evidencian que ante diversas procuradurías
se realizaron trámites de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
y que ante la falta de ánimo conciliatorio se iniciaron procesos en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con ocasión de la negativa al
reconocimiento de la “sanción por mora” en el pago de las cesantías, dichos
supuestos no son suficientes para determinar la existencia de una vulneración o
amenaza al patrimonio público porque:
109. Por un lado, teniendo en cuenta que el detrimento patrimonial en este caso
se fundamenta en los pagos que ha tenido que realizar el Estado a título de sanción
por mora en el pago de cesantías, se debe probar para delimitar con claridad, en
los términos de la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo de
83 Que, se reitera, por un lado, en los hechos de la demanda, argumentó: i) que la Fiduciaria La Previsora S.A.
-Fiduprevisora S.A.- como entidad encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio -FOMAG- no ha cumplido con su obligación contractual de realizar el pago oportuno de
las prestaciones sociales de los docentes oficiales; ii) que las entidades públicas no han adoptado las acciones
administrativas y sancionatorias de carácter contractual por el incumplimiento de la entidad Fiduciaria, para
evitar el detrimento patrimonial por los pagos de cesantías tardíos y las sanciones moratorias; iii) que las
entidades concernidas -Nacional y territorial- no han cumplido con sus funciones relativas a efectuar el pago
oportuno de las cesantías, porque estas son reconocidas y canceladas por fuera de los términos legales; iii) que
el pago de las sanciones por mora en el pago de las cesantías a los docentes representa detrimento patrimonial
al Estado e incumplimiento de las obligaciones de las diversas entidades; y iv) concluyó que el detrimento
señalado constituye vulneración del derecho colectivo y que prueba de ello es la existencia de 500 solicitudes
de conciliación con pretensiones que, en conjunto, ascienden aproximadamente a dos mil millones de pesos,
en las que se reclamaba el pago de la sanción por mora por pago tardío de cesantías, las cuales se declararon
fallidas y en consecuencia se convirtieron en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, contribuyendo
con ello a la congestión judicial, lo que también implica detrimento patrimonial.
84 Respectivamente, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018; y en la sentencia
SU-041 de 6 de febrero de 2020
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Estado, cuáles casos corresponden a la sanción mora por el pago tardío de las
cesantías, “[…] establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006 […]” y cuáles corresponden a solicitudes de pago de sanción mora prevista en
el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta las reglas
de unificación establecidas en las sentencias de unificación CE-SUJ2-012-18 de 18
de julio de 2018 y SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023, que permitiera
establecer en cuáles casos la sanción mora es procedente y en cuáles no.
110. No se probó que la ausencia de pago o la mora en el pago a los docentes
oficiales de las cesantías “[…] establecida[s] en la Ley 244 de 1995, modificada por
la Ley 1071 de 2006 […]” haya tenido lugar con ocasión de una situación de gestión
irresponsable o negligente del patrimonio; por el contrario, sí se encuentra probada
la existencia de un debate jurisprudencial en torno al asunto, que las decisiones de
unificación se profirieron durante los años 2018 a 2023 y que la jurisprudencia de
las altas cortes han reconocido la existencia de una situación estructural relacionada
con, entre otras, la reglamentación del procedimiento, cuestiones financieras y
capacidad técnica por el elevado número de solicitudes, con efectos relevantes en
los hechos planteados por los actores populares, que han requerido modificaciones
normativas, técnicas y presupuestales en el marco de la autogestión y de la
coordinación entre las entidades competentes del orden territorial y nacional y del
cumplimiento de medidas previas ordenadas por la Corte Constitucional como por
el Consejo de Estado para superar esa situación.
111. Adicionalmente, se debe resaltar que el hecho de que se encuentre probada
la existencia de un número determinado de conciliaciones y de procesos judiciales
y las cuantías de las pretensiones de estas, relacionadas con la “sanción moratoria”,
o del pago de “sanción por mora” en algunos periodos, como el comprendido entre
el 1.º de enero al 31 de diciembre de 2017, no evidencia por sí sola la existencia de
una vulneración o amenaza al derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio público porque, como se expuso en la sentencia de 1 de julio de 2020 y
en atención a las consideraciones expuestas en el auto de 3 de febrero de 2022, no
se probó la gestión irresponsable o negligente del patrimonio conforme lo
anteriormente indicado, ni el “[…] detrimento patrimonial que se hubiese podido
evitar, en caso de haberse conciliado […]”, ni que las decisiones judiciales en las
que se condenó a la Nación por la mora o ausencia de pago de las cesantías se
encuentren en firme.
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112. Asimismo y como lo explicó esta Sección, se debe resaltar que la acción
popular “[…] no es un instrumento que le permita al juez establecer cómo debe la
Rama Ejecutiva hacer su trabajo, [en este caso, superar una problemática
estructural al interior de la administración pública] sino que se trata de un
mecanismo para amparar los derechos colectivos teniendo en cuenta la
identificación plena de la problemática a abordar y las soluciones concretas que
corresponden para evitar o conjurar la amenaza […]”85.
113. Lo anterior es relevante en este caso concreto en la medida en que los tres
supuestos anteriormente indicados deben estar claramente probados y delimitados
con el objeto de establecer no solo la existencia de una vulneración o amenaza de
los derechos, sino el nexo causal con las acciones u omisiones de las autoridades
concernidas; sumado a que, se reitera, el elemento determinante en este caso es la
prueba de la gestión irresponsable o negligente del patrimonio por acción u omisión
de las entidades obligadas, lo cual no está probado en forma concreta en este caso.
114. Finalmente, se debe resaltar que, conforme con el Oficio núm.
20190141033131 de 14 de mayo de 201986, se encuentra probada la diligencia de
las autoridades concernidas en la gestión del asunto objeto de estudio, en la medida
en que, más allá de las modificaciones normativas que se implementaron para
modificar el “trámite de doble vuelta”, para en su lugar, implementar un
procedimiento de “una sola vuelta”, se han ejecutado planes de acción para
garantizar o viabilizar el reconocimiento y pago de las cesantías, en los términos de
ley, y evitar de esta manera la configuración de la mora y, por ende, de la “sanción
mora”, como medidas de simplificación del trámite, financiación para el pago,
reglamentación y eficiencia operativa. En efecto, del precitado oficio se advierte la
adopción de diversas medidas, entre ellas:
114.1. La “Simplificación de procesos – Modificación Legal”, en la que se planteó
que, para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías de los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, se
debía disponer de un procedimiento de “una sola vuelta” previsto para los demás
servidores públicos del orden nacional y territorial de los diversos sectores y no el
trámite de “dos vueltas”, que implica que el reconocimiento y liquidación se lleve a
85
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 3 de febrero de 2022
proferido en el proceso de acción popular NUR 680012333000201900523-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo
López
86 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, Archivo denominado: ED_002CDNO1A(.PDF) NroActua
2, pág. 28.
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cabo por la entidad nominadora y se pague por la institución financiera
correspondiente, con una clara separación de las competencias. En efecto, la
normativa indicada supra establece un trámite de cesantías que se debe adelantar
ante las Secretarías de Educación certificadas, con la claridad de que corresponde
a la Fiduciaria el pago de las mismas, sin necesidad de revisión del acto
administrativo de manera previa.
114.2. La “Financiación para el pago de cesantías”, en relación con el cual se
propuso la asignación de recursos adicionales para el pago de la indemnización
económica acumulada, por cuanto las sanciones por el pago tardío de las cesantías
se venían cancelando con recursos del presupuesto del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG. En este punto, se evidencia la
gestión y adopción de normas en torno a la financiación del pago de las cesantías
y, en especial, de la sanción por mora, mediante la emisión de Títulos de Tesorería
– TES por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
114.3. Finalmente, se evidenciaron gestiones y medidas de “Reglamentación” y de
“Eficiencia operativa”, en las que se expuso que la fiduciaria La Previsora S.A. -
Fiduprevisora S.A.: i) implementó el proceso de digitalización que permite la gestión
de las cesantías sin documentos físicos y la trazabilidad de la prestación desde que
es radicada hasta que es ingresada en nómina; ii) realizó asistencia a los Comités
Regionales que le permitió obtener información sobre las prestaciones pendientes
de trámite y seguimiento; iii) llevo a cabo mesas de trabajo con varias de las
Secretarías de Educación departamentales y municipales; iv) envió a las
Secretarías de Educación reportes de prestaciones aprobadas que se encontraban
pendientes por remisión de las órdenes de pago con el fin de agilizar los trámites y
evitar la generación de mora; y v) dispuso un plan de contingencia para lograr la
radicación y envío de expedientes que no se pudieron efectuar a través de los
aplicativos.
115. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala considera que, en
este caso, no está probada la existencia de una vulneración o amenaza del derecho
e interés colectivo a la defensa del patrimonio público porque, se reitera, no está
probada la gestión irresponsable o negligente del patrimonio por acción u omisión
de las entidades obligadas, sino la existencia de una situación estructural que debía
y debe ser objeto de medidas para su superación. En consecuencia, la Sala
revocará la sentencia de 10 de diciembre de 2021 proferida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en ese aspecto, sin que sea
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necesario realizar un pronunciamiento sobre los demás argumentos presentados en
los recursos de apelación.
116. Sin perjuicio de lo anterior, dada la situación estructural evidenciada, la Sala
considera que en este caso es procedente instar a las entidades públicas
demandadas para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, y del cumplimiento de las sentencias de unificación CE-SUJ2-012-
18 de 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de Estado y SU-041 de 6 de
febrero de 2020 proferida por la Corte Constitucional, ajusten sus procedimientos al
cumplimiento de las normas y términos en torno al reconocimiento y pago de las
cesantías a los docentes oficiales de que trata la Ley 244, modificada por la Ley
1071.
117. Por último, vistos los artículos 3887 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 y
teniendo en cuenta el criterio sostenido por el Consejo de Estado88, en materia de
costas, en el que se debe tener en consideración, por un lado, la derrota en el
proceso o en el recurso que se haya propuesto; y, por el otro, la prueba de su
causación por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias en
derecho, esta Sala no condenará en costas ante la ausencia de prueba de su
causación.
Conclusiones
118. La Sala considera que, en este caso concreto, no se encuentra probada la
existencia de vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo a la defensa
del patrimonio público porque no se probó una gestión irresponsable o negligente
del patrimonio por acción u omisión de las entidades obligadas, teniendo en cuenta
adicionalmente la existencia de una situación estructural con efectos relevantes en
materia de reconocimiento y pago de cesantías a los docentes oficiales de que trata
la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018, proferida por el
Consejo de Estado.
119. En ese orden de ideas, se revocará la sentencia de 10 de diciembre de 2021
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en
87 “[…] El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]”.
88 En especial, la sentencia de 6 de agosto de 2019 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en la que unificó lo relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de
costas en el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
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cuanto declaró la vulneración y amenaza del derecho e intereses colectivos a la
defensa del patrimonio público y, en su lugar negará las pretensiones de la
demanda.
120. Finalmente, se instará a las entidades demandadas para que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y del cumplimiento de
las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado y por la Corte
Constitucional en la materia, ajusten sus procedimientos al cumplimiento de las
normas y términos en torno al reconocimiento y pago de las cesantías a los
docentes oficiales de que trata la Ley 244, modificada por la Ley 1071.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR los ordinales primero a quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de 10 de diciembre de 2021 proferida por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto declaró la vulneración y amenaza
del derecho e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público e impartió
algunas órdenes; y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: INSTAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, al
Departamento de Caldas, al Municipio de Manizales y Fiduciaria La Previsora S.A.
• Fiduprevisora S.A. para que, en el marco de sus funciones constitucionales,
legales y reglamentarias, y del cumplimiento de las sentencias de unificación CE-
SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de Estado y SU-041
de 6 de febrero de 2020 proferida por la Corte Constitucional, ajusten sus
procedimientos al cumplimiento de las normas y términos en torno al reconocimiento
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y pago de las cesantías a los docentes oficiales de que trata la Ley 244, modificada
por la Ley 1071, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Caldas, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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