Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2025-01449-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2025-01449-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2025-01449-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: ACCIÓN POPULAR EN CONCURSOS DE MÉRITOS – Es un medio autónomo
para proteger derechos colectivos, pero no está instituido para controlar la legalidad de los
actos del concurso ni para resolver situaciones individuales o plurales de aspirantes cuando
no se acredita su incidencia sobre un bien jurídico colectivo. / DERECHO COLECTIVO A
LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA – No se vulnera por la sola existencia de errores
técnicos o procedimentales; se exige la concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo.
/ DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO – Exige identificar
un bien o recurso público y demostrar una amenaza o afectación concreta de su integridad,
administración o destinación; las falencias archivísticas relativas a los antecedentes de un
manual específico de funciones, examinadas aisladamente, no encajan en su núcleo de
protección. / DERECHO COLECTIVO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DEL
SERVICIO PÚBLICO – Protege a la comunidad usuaria o beneficiaria del servicio y no la
expectativa subjetiva de los aspirantes a proveer empleos públicos; la incidencia
instrumental del sistema de carrera sobre la eficiencia del servicio exige prueba específica
de afectación. / DERECHOS COLECTIVOS AL AMBIENTE, A LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLICAS Y A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE – Su amparo exige concretar el componente ambiental, sanitario o de
seguridad expuesto, o el peligro técnicamente previsible y la población vulnerable.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
El actor popular aduce la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la
seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, con ocasión de la inadmisión de los aspirantes con título
profesional en Ingeniería Agronómica cuyo programa académico no se encontraba
clasificado en el Núcleo Básico del Conocimiento de Agronomía, en el marco de un
proceso de selección.
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde al fallo proferido el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A 1, por medio del
cual se resolvieron negativamente las pretensiones de la demanda 2 presentada por
la Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa (en adelante la
Veeduría o la actora), en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en
adelante la CNSC) y el Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante el ICA), en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 3,
cuyos hechos principales, fundamentos de derecho y pretensiones se exponen a
continuación.
Hechos
2. La CNSC, mediante el Acuerdo 088 del 22 de noviembre de 2023, modificado
por los Acuerdos 7 del 26 de enero de 2024 y 16 del 15 de febrero de 2024, convocó
al “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional No. 2517 de 2023 – Nación
6” para proveer en concurso de méritos, en las modalidades de ascenso y abierto,
las vacantes definitivas pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa (SGCA) de la planta de personal del ICA.
3. El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICA
(MFCL), adoptado mediante la Resolución 050075 del 29 de agosto de 2019 y
modificado por la Resolución 600 del 25 de enero de 2022, asoció para los empleos
de profesional universitario y profesional especializado, correspondientes a
veinticinco cargos ofertados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)
que exigían experiencia 4, la disciplina académica de Ingeniería Agronómica o
Agronomía únicamente al Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) de Agronomía.
Sin embargo, no incluyó el NBC de Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines,
incluido en la clasificación prevista en el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015
y en el cual aparecen registrados algunos programas de Ingeniería Agronómica,
conforme a la información del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES).
4. La Universidad Libre de Colombia (en adelante la Universidad Libre), en su
calidad de operador del concurso en virtud de los contratos de prestación de
servicios 368 de 2024 y 441 de 2025 suscritos con la CNSC, inadmitió a los
aspirantes cuyo título profesional, conforme a la clasificación oficial del SNIES, se
encontraba asociado a un NBC distinto al de Agronomía.
5. El ICA, mediante el Oficio SISAD 20241137699 del 13 de noviembre de 2024
dirigido a la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, reconoció que al
consolidar la información del MFCL se “retiró de forma involuntaria” el NBC de
1
Expediente digital, archivo “621Sentenciaquen_SENTENCIA_202501449Sentenciade”
2
Expediente digital, archivo “DEMANDA10092025_080724”. La demanda fue radicada el 10 de septiembre de 2025. SAMAI,
primera instancia, índice 1.
3
Este mecanismo judicial en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 472 de 1998 se denomina acción popular. Aunque
en el CPACA se aluda al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sala utilizará ambas
terminologías, comoquiera que la distinción es semántica, no sustancial.
4
Las 25 OPEC con experiencia identificadas en el libelo son las siguientes: 211859, 211937, 211941, 212633, 212639,
212655, 212661, 212663, 212796, 212806, 212807, 215885, 215889, 216608, 216616, 216634, 216635, 216643, 216644,
216645, 216646, 216654, 216656, 216674 y 216686.
2
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines y que, al momento de consolidar la
información, se omitió “el NBC de la disciplina académica de Ingeniería
Agronómica”.
6. En comunicado oficial del 25 de septiembre de 2024 la Gerente General del
ICA solicitó públicamente la suspensión del proceso de selección con el propósito
de corregir la inconsistencia advertida. La actora y los ciudadanos inscritos también
elevaron diversas solicitudes ante la CNSC para que suspendiera el proceso, pero
las peticiones 5 fueron respondidas en forma negativa por asesores de despacho,
sin que la Sala Plena de Comisionados se pronunciara mediante acto administrativo
motivado en los términos de los artículos 21 y 22 del Decreto Ley 760 de 2005.
Fundamentos de derecho
7. La parte actora invocó los artículos 88 y 209 de la Constitución Política, así
como los literales b), c), e), g) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 —aunque en
la demanda identificó este último como literal i)—.
8. Señaló que la omisión del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) de
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines en el MFCL del ICA, junto con la falta de
actuación de la CNSC frente a las solicitudes de suspensión del proceso de
selección, vulneró los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la
defensa del patrimonio público, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la seguridad y salubridad
públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por
cuanto dicha situación comportó el quebrantamiento del principio de legalidad y de
los principios que rigen la función administrativa en materia de carrera.
9. Agregó que la exclusión de los aspirantes pertenecientes al referido NBC
afectaba la capacidad misional del ICA y, por esa vía, comprometía la sanidad
agropecuaria, la inocuidad alimentaria y la protección de los recursos vegetales de
la Nación, con especial incidencia en el campesinado colombiano, reconocido como
sujeto de especial protección constitucional.
Pretensiones
10. Como pretensión principal, se solicitó amparar los derechos colectivos
invocados y, como consecuencia, que se ordenara a la CNSC y al ICA suspender
transitoriamente el proceso de selección para las veinticinco OPEC y se iniciara la
actuación administrativa tendiente a subsanar la irregularidad. Subsidiariamente, se
planteó la suspensión definitiva del proceso, o la suspensión transitoria hasta que
la Sala Plena de Comisionados expidiera acto administrativo motivado susceptible
de los recursos de ley 6.
5
Las solicitudes fueron identificadas con los radicados de salida 2024RS130040 del 27 de agosto de 2024, 2024RS155698
del 2 de octubre de 2024, 2024RS174344 del 24 de octubre de 2024, 2024RS176923 del 30 de octubre de 2024,
2024RS180634 del 6 de noviembre de 2024 y 2025RS149913. Expediente digital, archivo
“083Aldespachomem_024CNSCANEXODOCUMENT”.
6
“Se protejan los DERECHOS COLECTIVOS frente a las presuntas amenazas de la Moralidad Administrativa (LITERAL B,
ART. 4, LEY 472 DE 1998), La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las
3
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
Vinculaciones, medida cautelar y coadyuvancias
11. Por auto del 15 de septiembre de 2025 7 el Tribunal admitió la demanda,
decretó como medida cautelar la suspensión provisional del concurso de méritos
respecto de las veinticinco OPEC y dispuso vincular a la Universidad Libre como
operador de este.
12. En el curso del proceso, fueron reconocidos 133 coadyuvantes de la parte
actora 8, integrados, en su mayoría, por aspirantes ingenieros agrónomos
inadmitidos en las etapas de verificación de requisitos mínimos y de valoración de
antecedentes del concurso y por la Asociación Colombiana de Ingenieros
Agrónomos 9. Sostuvieron que sus títulos en Ingeniería Agronómica fueron
descartados porque el SNIES los asociaba al NBC de Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines, y no al de Agronomía, pese a que la disciplina académica exigida
por los empleos era la misma. Por ello, respaldaron las pretensiones de la demanda,
solicitaron que se valoraran sus situaciones y documentos particulares y pidieron
mantener la medida cautelar hasta la decisión definitiva 10.
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente. (LITERAL C, ART. 4, LEY 472 DE 1998) - La Defensa del Patrimonio Público (LITERAL E, ART. 4, LEY 472 DE
1998) - La seguridad y salubridad públicas (LITERAL G, ART. 4, LEY 472 DE 1998) El derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente (LITERAL I, ART. 4, LEY 472 DE 1998) en el marco del proceso de selección Entidades
del Orden Nacional Nro. 2517 de 2023 – Nación 6 y por parte de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA (…)Sea ordenado (…) suspender transitoriamente el Proceso de
Selección (…)De no accederse a la pretensión primera sea ordenado suspender DEFINITIVAMENTE el Proceso de Selección
(…) De no accederse a la pretensión primera y segunda de la acción popular, sea ordenado a la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL, suspender transitoriamente el Proceso de Selección (…) y hasta que, estrictamente en SALA PLENA DE
COMISIONADOS Y POR DECISIÓN COLEGIADA sea EXPEDIDO ACTO ADMINISTRATIVO SUSCEPTIBLE DE LOS
RECURSOS DE PROCESO U ORDINARIOS JUDICIALES Y MEDIANTE EL CUAL SE ABSTIENE DE SUSPENDER
DEFINITIVAMENTE EL PROCESO (…)”. 7
Expediente digital, archivo “007Autoadmisorio_ADMITE_20251449Admitedecret”. 8
Laura Jimena Marín Eslava; Sergio Hernán Vega Jaimes; Paula Elisabeth Mesa Quijano; Justo Pastor Castaño Castro; Gabriel Jaimes Sanabria; Miguel Andrés Panesso Vargas; Germán Darío Fique Salas; Lady Lizzet Vargas Salcedo; Martha
Lised Ávila Suárez; Mayerly Arias Rodríguez; Kelly Yojana Carrion López; Mauricio Rodríguez Páez; Yendry Milena Barrera
Chacón; Fany Gyselli Mesa Angarita; Dairon Alberto Murillo Arbeláez; Ingrid Yulieth Manosalva Estepa; Henry Ananias
Cabeza Cepeda; Maura Adalgixa Ñañez Ortega; Selene María del Mar Lara Jiménez; Diana Luz Pérez Páez; Omar Julio
Cepeda Herrera; Edilsa Mireya Garavito Bernal; Martha Liliana Díaz Silva; Javier Fernández Ortega; Hilda María Mogollón
Velásquez; María Cecilia Restrepo Ibarra; Julio Cesar Reyes Vargas; Leidy Tatiana Buitrago Cadena; Magda Milena Palacio
Villa; Yulieth Cristina Ramírez Ceballos; Oscar Iván Petro Méndez; Wilber Suarez Falla; Claudia Patricia Sarmiento Mercado; Dunia del Rosario Caraballo Monterrosa; Mario Holmen García Toro; Luis Gabriel Villamizar Rangel; Juan Francisco Monroy
Gómez; Oscar David Morales Rodríguez; Kervin González Gaviria; Efraín Edgardo Jiménez Moreno; Lilian Celis Moreno
Chaves; Juan José Fuquen Sarmiento; Claudia Paola Castellanos Pinto; Gustavo Andrés Sánchez Mogollón; Hernando José
Guete Bermúdez; Roció Parra Ávila; Ángel Miguel Torres Suárez; Julián Mauricio Moreno Gaviria; Miguel Antonio Viloria
Petro; Cristian Camilo Gaona Castro; Luis Fernando Moreno Palacios; Darío José Pacheco Correa; Diana Patricia Rosales
Mancipe; Blanca Irene Vargas Ávila; Jorge Luis Correa Daza; Jessica Nathaly García Gualdrón; Madeleine Campos
Fernández; Anyela Johana Camacho Muñoz; Luis Hernando González Vellojín; Sindy Anggela Ocampo Téllez; Jair José Mejía
Orozco; David López Valencia; Javier Fernando Rodríguez Santofimio; Jeyson Fabián Meneces Duarte; Hernán Carlos
Navarro Bahamón; Mercedes del Pilar González Martínez; Arcelio José Camelo Noriega Rincón; Nancy del Carmen
Arciniegas Basante; Mónica Andrea Obando Bustos; Iván Darío Cáceres Carvajal; Julio Alfonso Lobo García; Sergio Andrés
Parra Molina; Leydi Viviana Muchachasoy Chindoy; Jenny Marcela Sandoval Jaimes; Hirvys Jahir Romero Conrado; Everto
Mosquera Orejuela; Ivon Magaly Arcila Aristizábal; Víctor Eugenio Barreto Pinto; Sandra Milena Gutiérrez Chizabas; Adriana
Patricia Betancourt García; José Luis Chaves Gómez; Marcelo Echeverría Torres; Natalia Sánchez Arcila; Julio Cesar Heredia
Muñoz; Catherine Elizabeth Duarte; Deisy Johanna Cortés Correa; Daniel Enrique Jiménez Jiménez; Hugo Alejandro Martínez
Izquierdo; Yineth Salguero Riveros; Arlinson Rolando Doncel Moreno; Diana Marcela Higuita Valencia;
Pablo Emilio Santos
Correa; Félix Antonio Hernández León; Leydi Johanna Díaz Hernández; Claudia Patricia Vélez García; Jaime Alberto Niño
Ruíz; Tricia Nayive Murillo Amaya; Jorge Tulio Céspedes Herrera; Edgar Alberto Ramírez Céspedes; Eva Catalina Ariza
Serge; Walter Jeyson León Vanegas; Daniel David Dorado Ávila; Fabián Torres Amaya; Pedro Nel Pulido Tovar; Juan Carlos
Getiva De La Hoz; Claudia Patricia Salazar Salazar; Andrés Camilo Rojas Jiménez; Gustavo Rojas Álvarez; Diego Miguel
Galvis Rey; Karen Alejandra Izquierdo Villanueva; Yonis Alberto Araujo García; Whilmer Smith Pardo Bernal; Daniel Ricardo
Páez Moreno; Hernando Alberto Barrientos Urrego; Manuel José Cardoso Suárez; Juan José Gómez Hernández; Sara
Vannesa Borrero Garzón; Gustavo Adolfo Pérez Pérez; Gustavo Rodríguez Ruíz; Dayer Roció Flórez Araque; Jairo Armando
Rojas Jiménez; Ricardo Rivera Nossa; Juan Camilo Rodríguez Guaqueta; Herminza Figueroa Sandoval; Leila Aceneth Durán
Gaviria; Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos; Carlos Darío Pastrana Gómez; Lesly Johana Noguera Salinas; Julián Enrique Laverde Rojas; Magda Yolima Becerra Rojas; Jeison Rendon Ocampo; Olga Marcela Useche Cárdenas; y
Eduard Esneider Peláez Rincón. 9
La vocería fue ejercida por la señora Laura Jimena Marín Eslava. 10
Expediente digital, archivos “094_MemorialWeb_Recurso-VINCULACIONLauraJi”, “565Aldespacho-
mem_183COADYUVAOLGAUSECH”, y “568Aldespachomem_184COADYUVAEDUARDPEL”. Mediante auto del 22 de octu-
bre de 2025, el Tribunal aceptó 131 coadyuvancias en apoyo de la demanda y designó como vocera a Laura Jimena Marín
4
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
13. También se reconocieron 18 coadyuvantes de las demandadas11, en su
condición de aspirantes admitidos en el concurso y, en particular, de quienes
superaron las etapas técnicas y resultaron ubicados en orden de mérito en las listas
de elegibles 12. Afirmaron que la suspensión afectaba a los aspirantes que habían
superado la verificación de los requisitos exigidos en el concurso, quienes tenían
una expectativa legítima en su culminación. Añadieron que la controversia obedecía
a la clasificación técnica de los títulos por NBC y al contenido del MFCL, no a una
exclusión absoluta de los ingenieros agrónomos ni a una conducta contraria a la
moralidad administrativa, y destacaron la idoneidad de los perfiles admitidos para
cumplir la misión del ICA, resaltando que la paralización del proceso comprometía
los principios de mérito, buena fe, confianza legítima y continuidad del servicio. En
consecuencia, solicitaron levantar la cautela o, subsidiariamente, modularla para
permitir la culminación del concurso, y negar las pretensiones13.
Las contestaciones de la demanda
14. El ICA 14 se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la acción. Sostuvo que
carecía de competencia normativa para definir los NBC, que tomó como referencia
el listado del Ministerio de Educación Nacional (MEN) disponible en el portal SNIES
y que, advertida la inconsistencia, puso el asunto en conocimiento de la CNSC y
solicitó públicamente la suspensión del proceso. Añadió que la entidad
técnicamente responsable de unificar los criterios sobre la clasificación académica
es el MEN y no el ICA.
15. La CNSC 15 solicitó negar las pretensiones proponiendo las excepciones de
improcedencia del medio de control e inexistencia de la vulneración aducida.
Argumentó que el criterio rector del concurso es el MFCL aportado por el ICA como
entidad ofertante; que el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015 atribuye a cada
entidad la responsabilidad de identificar los NBC aplicables a sus empleos; que la
CNSC carece de autoridad para añadir, eliminar o reinterpretar aquellos que la
entidad empleadora estableció en su manual; y, la potestad de suspender un
proceso de selección, prevista en los artículos 12 de la Ley 909 de 2004 y 21 y 22
del Decreto Ley 760 de 2005, solo procede cuando se acreditan irregularidades
sustanciales que afecten el principio del mérito, lo que en su criterio no ocurrió.
Eslava; expediente digital, archivo “503Autofijafecha_FIJAFECHA_convocaaaudienciadep”. Posteriormente obran las solici-
tudes de Olga Marcela Useche Cárdenas y Eduard Esneider Peláez Rincón, y la sentencia apelada dejó constancia de que
el número final de coadyuvantes reconocidos de la parte actora ascendió a 133.
11
Juan Carlos Cortés Taborda; Lady Catherine Buitrago Pavón; Silvana María Orozco Restrepo; Juliet Paola Escobar Ospina;
Paula Andrea Bastidas Huertas; Mary luz Melo Varela; Camila Vallejo Sánchez; Ingrid Johanna Rozo Rojas; Sergio Andrés
Casas Parra; John Jairo González Rave; Constantino Vallejo Chujfi; Sonia Janneth García Toro; Elías Nieves Garcés; Sulnery
García Patiño; Luisa Valentina Amariles Corrales; Jaiden Yezid Ríos Puentes; Luis Fernando Bernal Gómez; y Yury Dayhanna
Rojas Castillo.
12
Con vocería del señor Juan Carlos Cortés Taborda.
13
Expediente digital, archivo “064Aldespachomem_019INTERVIENECOADYUV”, que contiene el escrito principal de
coadyuvancia en apoyo de las demandadas; y archivo “503Autofijafecha_FIJAFECHA_convocaaaudienciadep”, mediante el
cual el Tribunal aceptó las 18 coadyuvancias y designó como vocero a Juan Carlos Cortés Taborda. Véase también el acta
de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, archivo “571Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPACTODECUMPLIMI”, en la
que el vocero defendió la continuidad del proceso con los aspirantes admitidos. En el expediente remitido, el memorial principal
también figura como archivo “021ED_019INTERVIENECOADYUV”.
14
Expediente digital, archivo “014_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-006Admitedecreta”.
15
Expediente digital, cuaderno principal, archivo “015_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-2024RS124776”.
5
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
16. La Universidad Libre 16 también se opuso a las pretensiones y propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la
acción popular. Adujo que actuó como operador del concurso en virtud de los
contratos 368 de 2024 y 441 de 2025, que no participó en la etapa de planeación ni
en la definición de requisitos, que se limitó a aplicar, de manera objetiva y uniforme,
los criterios fijados en el MFCL y en el Acuerdo de convocatoria; y, que la
clasificación de los programas académicos en los distintos NBC corresponde al
SNIES, sin que el operador del concurso esté facultado para apartarse de las reglas
oficiales.
Audiencia especial de pacto de cumplimiento
17. La audiencia potestativa prevista en el artículo 182 B del CPACA se llevó a
cabo el 22 de septiembre de 2025 17 y la audiencia especial de pacto de
cumplimiento del artículo 27 de la Ley 472 de 1998 se realizó el 19 de noviembre
de 2025 18, oportunidad en la cual fue declarada fallida por no haberse formulado
proyecto de cumplimiento.
Alegatos en primera instancia
18. Vencida la etapa probatoria 19 y declarada fallida la audiencia especial de
pacto de cumplimiento, las partes presentaron alegatos de conclusión por escrito.
La actora reiteró los argumentos de la demanda 20. La CNSC 21, el ICA 22 y la
16
Expediente digital, archivo “023_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONAccion”. 17
Expediente digital, archivo “091Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPOTESTATIVA2025”. 18
Expediente digital, archivo “571Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPACTODECUMPLIMI”. 19
Mediante decisión adoptada en la audiencia especial de pacto de cumplimiento del 19 de noviembre de 2025, el Tribunal
abrió la etapa probatoria e incorporó las documentales aportadas con la demanda. Entre estas se encuentran los acuerdos y
demás reglas del proceso de selección; las peticiones formuladas ante la CNSC, el ICA y la Universidad Libre y sus
correspondientes respuestas; las actuaciones administrativas adelantadas en concursos semejantes; los conceptos y
comunicaciones provenientes de universidades, asociaciones profesionales, organizaciones campesinas y entidades
públicas; varias decisiones de tutela; y los documentos relacionados con las reclamaciones presentadas por 44 ingenieros
agrónomos participantes en la convocatoria. La CNSC y el ICA no aportaron pruebas con sus contestaciones. Así mismo, se
incorporaron las documentales allegadas por la Universidad Libre, entre ellas, los contratos 368 de 2024 y 441 de 2025
celebrados con la CNSC, sus anexos técnicos, el Acuerdo 088 de 2023, los criterios aplicables a la verificación de requisitos
mínimos y a la valoración de antecedentes, las comunicaciones intercambiadas entre el ICA, la CNSC y el operador del
concurso, y varias sentencias de tutela relacionadas con la inadmisión de aspirantes. También se incorporaron como pruebas
decretadas durante el trámite de la medida cautelar: (i) el informe del MEN acerca de las razones por las cuales el título de
Ingeniero Agrónomo aparece asociado a distintos NBC; (ii) el informe ordenado de oficio al ICA mediante auto del 30 de
octubre de 2025, relativo a las razones y a la vigencia de la asociación exclusiva de las disciplinas de Ingeniería Agronómica
y Agronomía con el NBC de Agronomía en el manual de funciones; y (iii) el Oficio SISAD 20241137699, aportado por la
Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos. Finalmente, a solicitud de la CNSC, se ordenó al ICA allegar los
documentos suscritos durante la etapa de planeación mediante los cuales certificó el reporte del manual en SIMO. Además,
se requirió a la vocera de los coadyuvantes de la actora para que aportara las decisiones de tutela invocadas en su
intervención, y a la Universidad Libre para que informara el número de aspirantes inadmitidos que habían sido citados
preventivamente a las pruebas escritas. Expediente digital, archivos
“091Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPOTESTATIVA2025”, “518Autodecretando_decretapr_20251449Decretaprueb” y
“571Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPACTODECUMPLIMI”. 20
Reiteró que la controversia no versa sobre la idoneidad de las etapas del concurso ni sobre la nulidad de actos
administrativos, sino sobre una irregularidad del MFCL del ICA. Señaló que la CNSC y la Universidad Libre reconocieron un
impacto sobre 1.109 aspirantes y 1.743 inadmisiones; atribuyó al ICA una omisión por no trasladar oportunamente una
advertencia presentada antes de las inscripciones; y sostuvo que la CNSC, pese a no ser autora del error, tenía competencia
para suspender transitoria o definitivamente el proceso de selección con el fin de proteger los principios de mérito, igualdad,
moralidad, transparencia y acceso a cargos públicos. Expediente digital, archivo “197ED_196ALEGATOSVEEDMETIR”. 21
Solicitó desestimar las pretensiones, al considerar que no se acreditó vulneración cierta de derechos colectivos y que la
acción popular se utilizó para cuestionar reglas y actos propios del concurso, amparados por la presunción de legalidad y
controvertibles por los medios de control ordinarios. Afirmó que su competencia se limita a administrar el concurso e incorporar
los requisitos reportados por la entidad ofertante, sin crear, modificar, validar o reinterpretar el MFCL ni los NBC definidos por
el ICA.
Añadió que modificar las reglas del concurso una vez iniciado vulneraría la lex convocatoria, la igualdad, la confianza
legítima y el mérito. Expediente digital, archivo “198ED_197ALEGATOSCNSC”. 22
Pidió que se le absolviera y se negaran las pretensiones en su contra, por cuanto no vulneró derechos colectivos ni intervino
en la admisión o rechazo de aspirantes, por tratarse de una etapa de competencia de la CNSC. Expuso que definió los
requisitos con base en la información del SNIES y que la asociación de Ingeniería Agronómica al NBC de Agronomía obedeció
a la clasificación oficial del MEN, por lo que la eventual falta de uniformidad entre instituciones educativas no le sería
6
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
Universidad Libre 23 se ratificaron en los argumentos de defensa expuestos en las
contestaciones. El agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal no rindió
concepto.
Fundamentos de la sentencia impugnada
19. El Tribunal negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y de improcedencia de la acción, negó las pretensiones de la demanda,
levantó la medida cautelar y se abstuvo de condenar en costas 24. Consideró que, si
bien se acreditó el error técnico del ICA en la elaboración del MFCL, dicha
irregularidad no se tradujo en la vulneración de los derechos colectivos invocados.
20. Sostuvo que la lesión del derecho a la moralidad administrativa requiere la
concurrencia del elemento objetivo, traducido en el desconocimiento del orden
jurídico, y del elemento subjetivo, consistente en la finalidad de satisfacer intereses
distintos a los del Estado, sin que este último se hubiese acreditado en el proceso,
pues aunque el ICA incurrió en un error en la clasificación del NBC aplicable al
programa de Ingeniería Agronómica en el MFCL, no se adujo ni allegó prueba de
que dicha actuación hubiera obedecido a un propósito deliberado de favorecer
intereses particulares o de procurar un provecho indebido. Asimismo, descartó la
vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, al considerar
que no se acreditó que las entidades accionadas hubieran administrado recursos
públicos de manera negligente o ineficiente, ni que se hubiera producido un
detrimento patrimonial concreto.
21. Frente a los derechos al equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad
públicas y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, encontró que la
actora no acreditó vulneración alguna, máxime cuando el concurso terminó
produciendo personal técnicamente idóneo. En relación con el derecho colectivo a
la prestación eficiente y oportuna del servicio público, expresó que el sistema de
carrera debe implementarse bajo los principios de eficacia, eficiencia, moralidad,
imparcialidad y transparencia y que, conforme a las pruebas, la CNSC y la
Universidad Libre adelantaron las etapas del concurso ajustándose a las reglas
establecidas en el Acuerdo 088 de 2023.
22. Finalmente, advirtió que la suspensión del proceso resultaría gravosa para el
objeto misional del ICA y para los contratos suscritos con la Universidad Libre, y que
la inconformidad de la primera con su propio MFCL debió canalizarse
imputable. También sostuvo que el MFCL goza de presunción de legalidad y que debe controvertirse mediante acción de
nulidad, no por vía de acción popular. Expediente digital, archivo “200ED_199ALEGATOSICA”.
23
Solicitó negar las pretensiones y ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues su intervención se
limitó a la ejecución técnica de las etapas contratadas del concurso, sin participación en la planeación de la convocatoria, la
definición de las OPEC, el MFCL ni los NBC exigidos. Sostuvo que aplicó de manera objetiva y uniforme las reglas fijadas por
la CNSC y el ICA, y que la inconformidad debía ventilarse mediante nulidad y restablecimiento del derecho, no por acción
popular. Expediente digital, archivo “199ED_198ALEGATOSUNILIBRE”.
24
“PRIMERO. NIÉGASE la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Instituto Colombiano Agropecuario y la Universidad Libre de Colombia. SEGUNDO. NIÉGASE la prosperidad de la excepción
de improcedencia de la acción popular, propuesta por el Instituto Colombiano Agropecuario, la Comisión Nacional del Servicio
Civil y la Universidad Libre de Colombia. TERCERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. CUARTO. LEVÁNTASE
la medida cautelar de suspensión del proceso de selección, dispuesta mediante auto del 15 de septiembre de 2025. QUINTO.
NO CONDENAR en costas. SEXTO. En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia de la misma al Registro
Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese
el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso”.
7
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
oportunamente, sin que la acción popular pueda emplearse para subsanar
omisiones administrativas que la entidad pudo y debió advertir y corregir a tiempo.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
solicitando su revocatoria y, en consecuencia, que se acceda a las pretensiones de
la demanda 25. Los cargos formulados, en el orden que serán examinados, se
sintetizan así.
24. Sostuvo que la sentencia impugnada subvaloró la dimensión colectiva del
agravio, pues la inadmisión afectó a 1.109 aspirantes —con un total de 1.743
inadmisiones— y dio lugar al reconocimiento de más de 100 coadyuvantes de la
parte actora, impacto que desborda la órbita individual y compromete los derechos
colectivos invocados.
25. Adujo que el ICA incurrió en omisión culposa al no trasladar oportunamente
a la CNSC la advertencia formulada por el peticionario Ronald Rondón Roldán el 23
de enero de 2024, previa a la apertura de la etapa de inscripciones, y al no haber
conservado los antecedentes técnicos del MFCL, pérdida que fue reconocida por la
entidad en acta del 31 de enero de 2025 y en declaración extrajuicio ante la Notaría
Novena de Bogotá.
26. Señaló que la CNSC vulneró el derecho colectivo a la moralidad
administrativa al responder mediante asesores de despacho las solicitudes de
suspensión, en lugar de surtir el trámite reglado en los artículos 20 a 22 del Decreto
Ley 760 de 2005 ante la Sala Plena de Comisionados, lo que privó a los interesados
de un acto administrativo motivado susceptible de los recursos ordinarios y, por esa
vía, del control judicial por los medios de nulidad.
27. Finalmente, afirmó que la CNSC y la Universidad Libre aplicaron de manera
inconsistente el criterio del NBC, pues en los empleos sin experiencia del mismo
proceso de selección habrían sido admitidos profesionales con títulos clasificados
en NBC distintos al de Agronomía, e incluso se habrían tramitado solicitudes de
exclusión por esa misma razón con posterioridad a la conformación de las listas de
elegibles, lo que evidenciaría una aplicación selectiva y contradictoria del criterio
invocado para inadmitir.
Actuaciones en segunda instancia
28. El 18 de marzo de 2026 la demandante solicitó la práctica de nueve pruebas
en segunda instancia, las cuales fueron negadas mediante auto del 27 de mayo de
2026 26.
25
Expediente digital, archivo “626_MemorialWeb_Recurso-COMPLEMENTACIONIMPU” (complementación del 14 de enero
de 2026 al memorial de impugnación del 19 de diciembre de 2025).
26
Expediente digital, archivos “242Memorial__242Recurso” y “253Autoqueniega_74087NiegapruebasPar”.
8
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
29. La actora también pidió ratificar la medida cautelar decretada en primera
instancia, suspender las resoluciones que conformaron las listas de elegibles y
privar de efectos las actuaciones y nombramientos posteriores. La solicitud se
formuló debido a que, aunque la sentencia apelada levantó la cautela decretada el
15 de septiembre de 2025, el recurso de apelación fue concedido en efecto
suspensivo, circunstancia que dio lugar a debate sobre la eficacia de esa orden de
levantamiento y sobre las actuaciones posteriores del concurso. Luego del traslado
a las accionadas, a sus coadyuvantes y al Ministerio Público, mediante auto del 26
de junio de 2026 el despacho precisó que la orden de levantar la cautela permanecía
suspendida por el efecto en que fue concedida la apelación; remitió al Tribunal las
solicitudes relacionadas con su presunto incumplimiento; se abstuvo de compulsar
copias; y negó las nuevas medidas cautelares solicitadas27.
30. En esta instancia se presentaron 38 nuevas solicitudes de coadyuvancia 28.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala establecer si se desvirtúan las razones centrales de
la sentencia impugnada y, en particular: (i) si las cifras de personas inadmitidas,
inadmisiones y coadyuvantes modifican la naturaleza individualizable de las
situaciones controvertidas; (ii) si el error reconocido por el ICA, la petición presentada
por Ronald Rondón Roldán y la alegada falta de conservación de los antecedentes
del MFCL, acreditan los elementos objetivo y subjetivo de la moralidad
administrativa o una amenaza o afectación concreta del patrimonio público; (iii) si la
respuesta impartida por asesores de la CNSC, sin que se hubiera adelantado una
actuación decidida por la Sala Plena de Comisionados, configura la vulneración de
la moralidad administrativa; y (iv), si la inadmisión derivada del MFCL y la alegada
aplicación contradictoria del criterio de NBC —incluidas las listas de elegibles y las
solicitudes de exclusión invocadas— tuvieron incidencia comprobada en el acceso
a los servicios públicos y en su prestación eficiente y oportuna, en el equilibrio
ecológico y el manejo racional de los recursos naturales, en la seguridad y
salubridad públicas o en la prevención de desastres previsibles técnicamente.
La naturaleza, los caracteres y los límites del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos
32. De manera preliminar y por resultar relevante en el caso concreto, se
abordará el objeto y los límites de la acción popular, con énfasis en su deslinde
funcional respecto de los medios de control de simple nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho cuando el objeto del cuestionamiento incide sobre
actos administrativos producidos en el marco de un concurso de méritos, así como
27
Expediente digital, archivos “243Memorial__243Recurso”, “254Autoquecorre_74087OrdenatrasladoP” y
“325Autoqueresuel_74087Resuelvesolicit”.
28
SAMAI, segunda instancia. Índices 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80.
9
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
su distinción dogmática con la acción de grupo y con la categoría doctrinal de los
intereses individuales homogéneos.
Origen constitucional, configuración legal y bienes jurídicos tutelados
33. La acción popular tiene su raíz en el artículo 88 de la Constitución Política,
que encomendó al legislador su regulación fijando el propósito específico de
proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente,
la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
Su desarrollo legislativo se concretó en la Ley 472 de 1998 y posteriormente fue
armonizado con el régimen del CPACA, particularmente con su artículo 144, que
reconoce a este medio de control su finalidad propia dentro del catálogo de
instrumentos procesales atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
34. El enunciado del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 identifica un núcleo abierto
de bienes jurídicos tutelables, que comprende, entre otros, el goce de un ambiente
sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
racional de los recursos naturales, el goce del espacio público, la defensa del
patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, la libre competencia económica, el acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la prohibición de fabricación
y manejo de sustancias peligrosas, el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y los
derechos de los consumidores y usuarios. El propio artículo precisa que el catálogo
no es taxativo y que igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos
por la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados internacionales suscritos por
Colombia.
35. La identificación de un bien jurídico colectivo es un presupuesto sustantivo
de este medio de control, asunto que no se reduce a una pluralidad de individuos o
la conjunción de interés individuales que, aunque unívocos no por ello son
colectivos. Esta Corporación también ha explicado que la acción popular no
constituye una cláusula general de control de la actividad administrativa, sino un
mecanismo orientado a remover, prevenir o conjurar la afectación específica de los
derechos e intereses colectivos, lo que obliga al juez a verificar prima facie que la
conducta cuestionada incide efectivamente sobre uno de tales bienes y no sobre
meras posiciones subjetivas, intereses plurales o expectativas legítimas individuales
que cuentan con cauce procesal autónomo 29.
36. Esa precisión metodológica encuentra su origen en la propia configuración
del artículo 88 de la Constitución, que estableció una distinción cualitativa entre la
acción popular —orientada a la protección de los derechos e intereses colectivos—
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 5 de mayo
de 2020, rad. 25000-23-15-000-2006-00190-01(AP)REV-SU, C.P. María Adriana Marín.
10
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
y la acción de grupo —destinada a la reparación de los perjuicios ocasionados a un
número plural de personas—. La distinción constitucional fue desarrollada por el
legislador en la Ley 472 de 1998, que mantuvo esa diferenciación funcional y
estableció regímenes procesales separados para cada medio, con presupuestos
sustantivos diferenciados y consecuencias procesales también diferentes. La
distinción entre acción popular y acción de grupo, así como entre derechos
colectivos y derechos individuales acumulados, no es un formalismo ni un simple
ejercicio teórico, sino un presupuesto indispensable para preservar la naturaleza del
medio de control y definir la procedencia de las pretensiones.
Caracteres definitorios: autonomía, principalidad y naturaleza preventiva,
conservativa y restitutoria
37. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en caracterizar la acción popular
como un medio de control autónomo, principal y no subsidiario. La autonomía
implica que su procedencia no depende de la inexistencia, ineficacia o agotamiento
previo de otros mecanismos judiciales o administrativos, a diferencia de lo que
ocurre con la acción de tutela, cuya naturaleza residual exige verificar la
disponibilidad de medios ordinarios de defensa. Ello no desconoce que, tratándose
de actuaciones u omisiones atribuibles a una autoridad o a un particular en ejercicio
de funciones administrativas, el legislador haya previsto una solicitud previa de
protección como requisito de procedibilidad, salvo que exista peligro inminente de
perjuicio irremediable. Ese presupuesto, no transforma la acción popular en
subsidiaria, sino que simplemente habilita un escenario previo para que el presunto
responsable adopte las medidas necesarias de protección colectiva 30.
38. La acción popular conserva por tanto su carácter principal como vía judicial
específica e idónea para la defensa de los derechos e intereses colectivos, pero su
autonomía no autoriza a emplearla para fines ajenos a su objeto constitucional y
legal, ni para sustituir los cauces ordinarios previstos para la protección de derechos
subjetivos, la reparación de perjuicios individuales o el control directo de legalidad
de actos administrativos 31.
39. Asimismo, la acción popular es preventiva, conservativa y restitutoria. Es
preventiva porque procede aun cuando el derecho colectivo no haya sido vulnerado,
si se acredita una amenaza cierta y concreta cuya materialización pueda evitarse
mediante la intervención judicial; conservativa dado que permite hacer cesar el
peligro, la amenaza o el agravio en curso; y restitutoria porque, cuando ello sea
fáctica y jurídicamente posible, autoriza al juez a ordenar las medidas necesarias
para volver las cosas a su estado anterior. Esa triple vocación —prevenir, conservar,
30
Sobre el carácter autónomo, principal y no subsidiario de la acción popular, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, auto del 21 de octubre de 2009, rad. 08001-23-31-000-2005-01917-01(AP), C.P. Ruth Stella
Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 13 de febrero
de 2018, rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), C.P. William Hernández Gómez. En cuanto a la diferencia entre la
ausencia de agotamiento obligatorio de recursos administrativos y la solicitud previa de protección: artículo 10 de la Ley 472
de 1998 y artículos 144 y 161, numeral 4.º, de la Ley 1437 de 2011; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, auto del 20 de noviembre de 2014, rad. 88001-23-33-000-2013-00025-02(AP), C.P. María Claudia Rojas
Lasso.
31
Respecto de los límites derivados del objeto de la acción popular, según los cuales las órdenes del juez deben guardar
relación con la causa petendi y no pueden dirigirse a garantizar, salvaguardar o restituir derechos particulares, subjetivos o
de contenido pecuniario, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de
Decisión, sentencia de unificación del 5 de mayo de 2020, rad. 25000-23-15-000-2006-00190-01(AP)REV-SU, C.P. María
Adriana Marín.
11
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
restituir— delimita también el horizonte de las órdenes que el juez puede impartir,
las cuales deben guardar relación instrumental con la protección del bien jurídico
colectivo y no convertirse en sustituto de las pretensiones propias de los medios de
control individuales.
40. Finalmente, se precisa que el juez de la acción popular no está habilitado
para declarar la nulidad de actos administrativos. Esta restricción responde a la
necesidad de preservar la naturaleza propia de cada medio de control y de evitar
que la acción popular se convierta en una vía paralela a las previstas para el examen
de legalidad de las decisiones de la administración. Ello no significa que el juez
popular carezca de herramientas para proteger los derechos e intereses colectivos
cuando la amenaza o vulneración se relaciona con una actuación administrativa,
pues, dentro de los límites de su competencia, puede impartir órdenes dirigidas a
que la administración adopte las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza
o vulneración del derecho colectivo, siempre que tales determinaciones no
impliquen sustituir el juicio propio de legalidad ni desconocer el régimen procesal
previsto para controvertirlas.
El bien jurídico: Derechos colectivos, intereses difusos e intereses
individuales homogéneos
41. La dogmática contemporánea sobre la tutela judicial de bienes o posiciones
jurídicas pluripersonales —con antecedentes relevantes en la doctrina italiana,
sistematizada por la doctrina procesal iberoamericana y brasileña— distingue con
precisión tres categorías que conviene tener presentes para resolver el sub
examine. Los derechos colectivos en sentido estricto recaen sobre bienes
indivisibles cuya titularidad pertenece a la comunidad como tal y que no admiten
apropiación particular, como el ambiente sano, el espacio público o el patrimonio
cultural. Los intereses difusos comparten esa indivisibilidad, pero su titularidad se
atribuye a una colectividad indeterminada o de difícil determinación, como ocurre
con el interés en la calidad de la información pública. Los intereses individuales
homogéneos, en cambio, son posiciones jurídicas particulares —divisibles por
naturaleza— que comparten un origen común, como sucede con quienes se ven
afectados por un mismo hecho dañino atribuible a un mismo agente 32.
42. En el ordenamiento colombiano, las dos primeras categorías —derechos
colectivos en sentido estricto e intereses difusos— se canalizan, sin diferenciación
procesal, por el medio de control de protección de los derechos e intereses
32
Sobre la construcción doctrinal de las categorías de intereses difusos, colectivos e individuales, ver: VIGORITI, Vincenzo,
“Interessi collettivi e processo: la legittimazione ad agire”, Milán, Giuffrè, 1979; CAPPELLETTI, Mauro y GARTH, Bryant,
“Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective”, Buffalo Law Review, 1978; GIDI,
Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia
un código modelo para Iberoamérica”, 2.ª ed., México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2004. Sobre la
consolidación de la clasificación tripartita en la doctrina y legislación brasileñas, ver el artículo 81 del Código de Defensa del
Consumidor brasileño (Ley 8.078 de 1990); PELLEGRINI GRINOVER, Ada, “Acciones colectivas para la defensa del ambiente
y de los consumidores”, en “Revista de Processo”, núm. 26, São Paulo, 1982; GIDI, Antonio, “Las acciones colectivas y la
tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil”, trad. Lucio Cabrera
Acevedo, México, UNAM, 2004. En el derecho colombiano, sobre la equivalencia funcional entre la dicotomía nacional —
acciones populares para derechos colectivos y difusos, acciones de grupo para individuales homogéneos—, ver: Corte
Constitucional, sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Exp. 25000-23-15-000-2006-
00190-01(AP)REV-SU, C.P. María Adriana Marín.
12
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
colectivos33, en tanto que la tercera —intereses individuales homogéneos—
corresponde al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
La línea divisoria atiende a la naturaleza del bien jurídico tutelado y no al número de
personas involucradas, por cuanto una afectación que recaiga sobre un solo
individuo puede lesionar un bien colectivo si el bien en concreto es indivisible y
pertenece a la comunidad; y, a la inversa, una afectación que se extienda a varias
personas puede no comprometer ningún bien colectivo si lo que está en juego es
una pluralidad de situaciones jurídicas particulares originadas en una misma causa.
En este sentido, lo colectivo exige un bien indivisible de titularidad comunitaria; lo
individual homogéneo supone situaciones particulares, divisibles, aunque
originadas en un mismo hecho o actuación.
43. De esa premisa se sigue una consecuencia metodológica directa para el
juicio que ocupa a la Sala por petición de quien ha presentado recurso de apelación
contra la sentencia del Tribunal. La sola pluralidad cuantitativa de aspirantes
inadmitidos —cifrada en 1.109 personas con 1.743 inadmisiones, según los datos
invocados por la apelante— no convierte por sí misma la afectación denunciada en
una vulneración de un derecho o interés colectivo; y, ni siquiera es factor de esa
acreditación. Ese dato solo evidencia una dimensión plural, esto es, la concurrencia
de un número significativo de situaciones jurídicas particulares —presuntamente
originadas en una misma causa—, lo cual es propio de los intereses individuales
homogéneos y, como tal, escapa al objeto del medio de control aquí ejercido. La
conversión cualitativa que el cargo postula —el salto de lo plural a lo colectivo—
exige acreditar, además de la pluralidad, la incidencia de la conducta sobre un bien
jurídico indivisible de titularidad comunitaria, verificación que no puede hacerse en
abstracto sino con referencia a cada uno de los derechos colectivos invocados.
Deslinde funcional con los medios de control de simple nulidad y de nulidad
y restablecimiento del derecho. La línea jurisprudencial sobre concursos de
méritos
44. El medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no
constituye una vía idónea para enjuiciar la legalidad abstracta de los actos
administrativos, materia que pertenece al medio de control de simple nulidad
regulado por el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, ni para reparar agravios
individuales derivados de su expedición, materia confiada al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 138 ibidem, orientación que se
proyecta de manera específica sobre los litigios derivados de concursos de méritos.
33
A diferencia del sistema brasileño, que en el artículo 81 del Código de Defensa del Consumidor recoge expresamente la
clasificación tripartita procesalista y distingue, con efectos procesales propios, los derechos difusos, los derechos colectivos
en sentido estricto y los derechos individuales homogéneos, el ordenamiento colombiano optó por una sistematización distinta.
El artículo 88 de la Constitución y los artículos 2 y 4 de la Ley 472 de 1998 enuncian un catálogo unitario de derechos e
intereses colectivos en el que quedan comprendidos, sin diferenciación procesal, tanto los que la doctrina tripartita denomina
colectivos en sentido estricto —de titularidad comunitaria determinada o determinable, como el patrimonio público o el espacio
público— como los llamados difusos —de titularidad indeterminada o de difícil determinación, como el ambiente sano o la
moralidad administrativa—. Así lo precisó tempranamente la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad
de la Ley 472 de 1998, al señalar que la Constitución de 1991 no distingue como lo hace la doctrina, entre intereses colectivos
e intereses difusos, para restringir los primeros a un grupo organizado y los segundos a comunidades indeterminadas, pues
ambos tipos de intereses se entienden comprendidos en el término “colectivos” (Corte Constitucional, sentencia C-215 de
1999, M.P. Martha Victoria Sáchica). Doctrina reiterada en la sentencia C-116 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
13
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
45. Con los factores conceptuales que apuntala la sala, la jurisprudencia ha
sostenido que las inconformidades respecto del acuerdo de convocatoria, del MFCL
que sirve de soporte a la oferta pública de empleos, de los actos administrativos que
resuelven la inscripción, la verificación de requisitos mínimos, la valoración de
antecedentes, la aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles,
los nombramientos en periodo de prueba o las exclusiones de aspirantes, cuando
persiguen el control de legalidad de las decisiones del concurso o el
restablecimiento de situaciones subjetivas, pertenecen al ámbito propio de los
medios de control ordinarios y no al del medio constitucional de control de protección
de los derechos e intereses colectivos. La razón sustantiva de esa delimitación no
es formal, sino dogmática como se ha explicado. Lo que distingue a un derecho
colectivo de una expectativa subjetiva no es la importancia del bien jurídico en juego
ni el número de afectados, sino la indivisibilidad del bien y la titularidad comunitaria,
presupuestos que normalmente no concurren en la posición de quien aspira a
proveer un empleo público en un concurso determinado 34.
46. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-067 de 2022, recordó el carácter
estructural del mérito como elemento que da sentido a la carrera administrativa y
reiteró que el concurso público es el mecanismo idóneo para evaluar, con garantías
de objetividad e imparcialidad, la idoneidad y la competencia de los servidores
públicos. De allí no se sigue, sin embargo, que cualquier afectación a la garantía del
mérito en un concurso particular sea susceptible de ampararse por acción popular.
Lo que la jurisprudencia ha amparado por esa vía, cuando lo ha hecho, es la lesión
a la moralidad administrativa o a la prestación eficiente del servicio público cuando
concurren los presupuestos sustantivos de tales derechos colectivos, y no la mera
inconformidad con un acto del concurso por su contenido material 35.
47. Lo anterior no significa que la acción popular se cierre por completo a los
conflictos derivados de procesos de selección. La doctrina y la jurisprudencia han
admitido que, cuando la conducta administrativa —activa u omisiva— compromete
de manera efectiva un derecho colectivo amparable por la Ley 472 de 1998 y la
pretensión se orienta a hacer cesar esa afectación, el juez popular puede
pronunciarse de fondo. Pero ese pronunciamiento exige —en cada caso y respecto
de cada derecho invocado— la previa verificación de los presupuestos sustantivos
del derecho colectivo y la prueba concreta de su vulneración o amenaza, sin que el
juez pueda, so pretexto de proteger un bien jurídico colectivo, sustituir el juicio de
legalidad de los actos administrativos del concurso ni resolver, en clave colectiva, lo
que materialmente constituye un haz de pretensiones particulares con origen
común 36.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de marzo de 2024, Exp. 20-001-23-33-000-2021-00155-02, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, Exp. 25000-23-
41-000-2012-00680-01(3562-15), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Corte Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica.
35
Corte Constitucional, sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, Exp. 25000-23-24-000-2013-00006-01(AP), C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018, Exp.
25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), C.P. William Hernández Gómez; Sala Once Especial de Decisión, sentencia de
unificación del 5 de mayo de 2020, rad. 25000-23-15-000-2006-00190-01(AP)REV-SU, C.P. María Adriana Marín.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
48. La proyección de esta línea sobre los concursos de méritos cobra particular
relevancia porque las actuaciones que los integran conforman una secuencia
escalonada y reglada, desde la convocatoria y la verificación de requisitos hasta la
conformación de las listas de elegibles, las decisiones de exclusión y los
nombramientos en periodo de prueba. Sin embargo, no todas esas actuaciones
constituyen actos definitivos susceptibles de control judicial autónomo: por regla
general, las decisiones de trámite o preparatorias solo pueden cuestionarse con el
acto que concluye la actuación, salvo que impidan al interesado continuar en ella,
evento en el cual adquieren carácter definitivo. Esta precisión refuerza que la acción
popular queda reservada para los supuestos en que la conducta administrativa, con
independencia de la forma del acto, compromete de manera acreditada un bien
jurídico colectivo.
49. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-446 de 2011, precisó que la
posición derivada de la inclusión en una lista de elegibles se encuentra determinada
por el concurso público de méritos y que las situaciones de quienes han sido
nombrados están protegidas por los principios de buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica. Ello no significa que la sola inclusión en la lista, el nombramiento
en periodo de prueba y la consolidación de derechos de carrera produzcan
situaciones equivalentes, pero sí impone considerar el estadio alcanzado por cada
participante y la intensidad de su posición jurídica antes de adoptar una medida que
incida sobre el concurso. Ese marco refuerza la necesidad de evitar que una orden
colectiva altere indiscriminadamente situaciones individuales sin que se haya
acreditado la vulneración del derecho colectivo que justificaría esa intervención.
El principio de congruencia y las facultades ultra y extra petita del juez
popular: alcance y límites
50. La Ley 472 de 1998 confiere al juez popular un margen de actuación más
amplio que el del juez ordinario de cara al principio de congruencia. La
jurisprudencia, a partir de las potestades previstas en el artículo 34, ha reconocido
que el juez puede proferir fallos ultra y extra petita, en consonancia con la naturaleza
pública de los bienes jurídicos en juego, lo que le permite adoptar medidas
adicionales a las solicitadas en la demanda cuando ello resulte indispensable para
la protección efectiva del derecho colectivo amenazado o vulnerado. Esa
flexibilización procesal no habilita al juez para resolver cuestiones extrañas al núcleo
protector de la acción. El margen se ejerce siempre dentro del territorio del derecho
colectivo, no por fuera de él.
51. Por consiguiente, el juez popular puede ordenar medidas no pedidas
expresamente que sirvan para conjurar o prevenir la vulneración del derecho
colectivo, pero no puede, con base en esa misma facultad, anular actos
administrativos, reconocer derechos subjetivos, liquidar perjuicios individuales o
exceder la causa petendi y el objeto de la litis. Tampoco puede, en ausencia del
presupuesto sustantivo —esto es, sin acreditación de la vulneración o amenaza de
un derecho colectivo—, transformar el juicio en un examen general de la regularidad
de la actuación administrativa. El margen ultra y extra petita es una herramienta de
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
tutela del bien jurídico colectivo, no una habilitación para desbordar la finalidad del
medio de control.
Examen sustantivo de los derechos colectivos invocados
52. A partir del marco normativo y jurisprudencial expuesto, procede la Sala a
examinar los derechos colectivos invocados, contrastando sus presupuestos
sustantivos con el material probatorio del expediente, a la luz de los reproches o
motivos de inconformidad formulados por la parte recurrente.
El derecho colectivo a la moralidad administrativa
53. El derecho colectivo a la moralidad administrativa encuentra fundamento
normativo en el artículo 209 de la Constitución Política, que enuncia los principios
rectores de la función administrativa, y en el literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de
1998, que lo identifica como derecho colectivo amparable mediante la acción
popular. Como principio, orienta la actuación de los servidores públicos y de los
particulares en ejercicio de la función administrativa hacia los valores
constitucionales y legales, prioritariamente los del bien común y el interés general,
mientras que como derecho colectivo, faculta a cualquier ciudadano para reclamar
judicialmente la cesación de actuaciones que se aparten de esos parámetros.
54. La configuración de la vulneración exige 37 la concurrencia de los elementos
objetivo y subjetivo. El elemento objetivo consiste en el quebrantamiento del
ordenamiento jurídico, esto es, en la inobservancia de la Constitución, la ley, los
reglamentos o las funciones asignadas al servidor o al particular en ejercicio de
función administrativa. El elemento subjetivo se traduce en el ánimo de obtener
provecho propio o de un tercero, en la deshonestidad o en la desviación de los fines
estatales. La concurrencia de ambos elementos es indispensable, de manera que
la sola ilegalidad no configura la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, como tampoco lo hace el solo ánimo subjetivo en ausencia de
quebrantamiento normativo 38.
55. La exigencia de acreditar de manera concurrente los elementos objetivo y
subjetivo de la vulneración cumple una doble función: garantiza el debido proceso y
delimita la competencia del juez popular, pues impide que la acción popular se
transforme en un proceso disciplinario, penal o de simple legalidad. Ello no significa
que el elemento subjetivo únicamente pueda demostrarse mediante prueba directa
del propósito interno del servidor, pues también puede inferirse razonablemente de
las circunstancias objetivas acreditadas. Sin embargo, exige una imputación directa,
seria y real, sustentada en elementos de convicción que permitan establecer que la
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, Exp.
25000-23-25-000-2005-00355-01(AP), C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo
de 2014, Exp. 25000-23-15-000-2010-02404-01(AP), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; criterio unificado por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 1.º de diciembre de 2015, Exp. 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP), C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.
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La razón dogmática del elemento subjetivo no es accesoria. Si bastara con la mera ilegalidad para configurar la vulneración
del derecho colectivo a la moralidad administrativa, la acción popular se convertiría en un mecanismo paralelo al de simple
nulidad y el juez popular asumiría la función propia del juez de legalidad. La exigencia del elemento subjetivo opera, entonces,
como un dispositivo de delimitación funcional entre los dos medios de control. Por ende, la acción popular no ampara la simple
infracción al orden jurídico, sino la infracción acompañada de un propósito desviado, esto es, la conducta administrativa que,
por la finalidad espuria que la anima, lesiona la confianza de la comunidad en la pulcritud del ejercicio del poder público.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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conducta se apartó del interés general y estuvo orientada al provecho propio o de
un tercero, o reveló un proceder deshonesto, corrupto o arbitrario. Sin ese soporte
probatorio, la ilegalidad, aunque se encuentre demostrada, no basta para declarar
vulnerado este derecho colectivo.
56. La apelante reprocha a la CNSC haber respondido mediante asesores de
despacho las solicitudes de suspensión presentadas por la actora y por terceros, en
lugar de adelantar el trámite previsto en los artículos 20 a 22 del Decreto Ley 760
de 2005. El numeral 22 del artículo 3 del Acuerdo 75 de 2023 atribuye a la Sala
Plena de Comisionados la aprobación de la apertura de las actuaciones por
presuntas irregularidades que afecten los procesos de selección y la decisión
correspondiente, sin perjuicio de que pueda delegar esta última 39. Por ello, el
cuestionamiento se refiere a la competencia del órgano que intervino, a la existencia
de una eventual delegación y al procedimiento observado. No obstante, aun si se
admitiera la irregularidad alegada para efectos del componente objetivo, ella no
demostraría por sí sola el elemento subjetivo requerido para configurar la
vulneración de la moralidad administrativa.
57. Lo decisivo para los efectos del análisis que aquí concierne es que la
traslación de esa cuestión procedimental al plano de la moralidad administrativa
exige —como se anotó— la prueba del elemento subjetivo. La demanda, el recurso
y las pruebas allegadas en este punto no aportan elementos que permitan
establecer ni inferir en cabeza de los servidores de la Comisión un ánimo de
provecho propio o de tercero, una conducta deshonesta o un propósito desviado del
cometido estatal. Lo que el expediente ofrece es la imagen de una entidad que
aplicó, con apoyo en una lectura restrictiva del artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083
de 2015 y de la Circular DAFP 100-006 de 2023, su criterio sobre la improcedencia
de activar el trámite formal del Decreto Ley 760 de 2005 ante un manual que, en su
entender, no presentaba una irregularidad sustancial sino un asunto técnico
atribuible al ICA como entidad ofertante. Esa lectura puede ser materia de discusión
en sede de legalidad, pero, en ausencia de prueba del elemento subjetivo, no
acredita la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
58. Lo anterior permite dilucidar el reproche a partir de la distinción entre
inmoralidad e ineficiencia administrativa, pues la primera supone una desviación
deliberada del interés general, motivada por el provecho propio o de un tercero o
por la corrupción de los fines de la función, mientras que la segunda se refiere al
funcionamiento inadecuado de la Administración por error, impericia o deficiencias
institucionales. Los cuestionamientos relativos al órgano que respondió la solicitud,
al trámite que no se activó y a la interpretación restrictiva adoptada por la CNSC se
ubican en este segundo plano, pues controvierten la forma en que la entidad ejerció
sus competencias, pero no revelan una finalidad particular desviada. Además, el
expediente no muestra que los asesores hubieran procurado un beneficio particular
o impedido deliberadamente la corrección del manual. Por tanto, el eventual
desacierto puede ser cuestionado mediante los mecanismos ordinarios de control,
pero no conlleva la vulneración ni justifica el amparo del derecho colectivo invocado.
39
Acuerdo 75 del 10 de noviembre de 2023 de la CNSC, artículo 3, numeral 22, disposición no modificada por el Acuerdo 22
del 21 de mayo de 2024.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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La circunstancia de que las respuestas hubieran sido emitidas por asesores de
despacho tampoco elimina la posibilidad de control judicial, pues la controversia
sobre la competencia del órgano que intervino, la existencia de delegación o el
procedimiento observado puede ser examinada, según la naturaleza y alcance de
la actuación, a través de los medios ordinarios correspondientes, sin que ese debate
se traslade automáticamente al ámbito de la acción popular.
59. Respecto del ICA, está acreditado en el plenario que el MFCL adoptado
mediante la Resolución 050075 del 29 de agosto de 2019 y modificado por la
Resolución 600 del 25 de enero de 2022, omitió asociar la disciplina académica de
Ingeniería Agronómica al NBC de Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines,
conforme a la clasificación oficial del SNIES. Está también probado que la entidad
reconoció ese error mediante el Oficio SISAD 20241137699 del 13 de noviembre de
2024, en el cual señaló que al momento de consolidar la información incurrió en esa
omisión caracterizándola como un retiro involuntario 40. La apelante también atribuye
al ICA haber omitido el trámite oportuno de la petición formulada por el ciudadano
Ronald Rondón Roldán el 23 de enero de 2024 41, en la cual —según afirma— se
habría advertido la inconsistencia con anterioridad al cierre de inscripciones, y
postula que tal omisión evidenciaría una desidia institucional sostenida. El error
reconocido en el MFCL integra el componente objetivo del reproche. En cambio, la
petición acredita que el ciudadano formuló la advertencia, pero no demuestra por sí
sola el incumplimiento de un deber específico de traslado ni la finalidad subjetiva
que la apelante atribuye a la respuesta institucional.
60. Sin embargo, el expediente registra una conducta institucional posterior
contraria a la tesis del ánimo desviado. El propio ICA, mediante comunicado oficial
del 25 de septiembre de 2024 suscrito por la Gerente General 42, solicitó
públicamente la suspensión del proceso de selección para corregir la irregularidad,
y en el referido Oficio SISAD reconoció el error y explicó las restricciones normativas
que, en su lectura, impedían la modificación del manual una vez iniciado el
concurso. Esa actuación posterior no subsana la omisión ni neutraliza los efectos
que pudo producir durante el concurso, pero constituye un indicio relevante contrario
a la existencia de un propósito desviado, pues muestra que la propia entidad
reconoció públicamente la inconsistencia y promovió la suspensión del proceso para
procurar su corrección.
61. Se precisa además que la calificación de una conducta como equivocada,
negligente o ineficiente —que es lo que, en rigor, el material probatorio del
expediente permite predicar de la actuación del ICA en la elaboración del manual—
no equivale a calificarla como inmoral en el sentido del derecho colectivo invocado,
pues, se reitera, la moralidad administrativa no se opone a la mera ilegalidad ni a la
sola negligencia administrativa, sino al obrar deshonesto, corrupto o desviado del
40
Expediente digital, archivos “083Aldespachomem_024CNSCANEXODOCUMENT”, “521_MemorialWeb_Otro-
RESPUESTAICAASOCIA”, “541_MemorialWeb_Respuesta-20252044482” y
“571Audiencia_AUDIENCIA_ACTAAPACTODECUMPLIMI”.
41
Derecho de petición suscrito por el ciudadano Ronald Rondón Roldán y dirigido al Gerente General del ICA, en el cual se
solicitó la revisión y el ajuste del MFCL para incluir el NBC de Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. Expediente digital,
archivo “589_MemorialWeb_Recurso-ANEXO17”.
42
Expediente digital, archivos “075_MemorialWeb_Otro-797767daca8443fe8” y “521_MemorialWeb_Otro-
RESPUESTAICAASOCIA”.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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interés general en provecho de fines particulares. En el caso concreto, no obra
prueba de que la omisión del NBC correspondiente hubiera sido introducida para
favorecer a aspirantes determinados, excluir deliberadamente a un grupo de
participantes, alterar la conformación de las listas de elegibles o preservar algún
interés ajeno a los fines del concurso. Tampoco se acreditó que las respuestas de
la CNSC obedecieran a vínculos con posibles beneficiarios o al propósito de ocultar
la irregularidad advertida. La extensión de sus efectos o el número de aspirantes
afectados no sustituyen la demostración de esa finalidad, pues la gravedad del
resultado no permite asumir el propósito subjetivo de quienes intervinieron. Así, el
error técnico y la tardanza institucional pueden revelar deficiencias administrativas,
pero no acreditan el comportamiento deshonesto, arbitrario o desviado.
62. La apelante sostiene que el ICA habría reconocido la imposibilidad de
localizar los antecedentes documentales del MFCL, con fundamento en un acta del
31 de enero de 2025 y en una declaración extrajuicio rendida ante la Notaría Novena
del Círculo de Bogotá. Sin embargo, esos documentos fueron allegados el 24 de
noviembre de 2025, después de la audiencia especial de pacto de cumplimiento,
dentro de un término concedido únicamente para sustentar la solicitud de excluir de
la suspensión a la OPEC 212639, y no fueron decretados como prueba. Además, la
solicitud formulada en segunda instancia para obtener documentación sobre ese
supuesto fue negada por extemporánea. Por tanto, la pérdida o extravío de los
antecedentes no puede tenerse como hecho probado en este proceso.
63. La apelante sostiene que el ICA habría reconocido la imposibilidad de
localizar los antecedentes documentales del MFCL, con fundamento en un acta del
31 de enero de 2025 y en una declaración extrajuicio rendida ante la Notaría Novena
del Círculo de Bogotá. Sin embargo, esos documentos fueron allegados por la
Veeduría el 24 de noviembre de 2025, después de la audiencia especial de pacto
de cumplimiento y dentro de un término concedido para sustentar la solicitud
relacionada con la exclusión de la OPEC 212639 de la suspensión cautelar. Esa
carga procesal no constituyó una nueva oportunidad probatoria general ni habilitó la
incorporación de documentos destinados a demostrar hechos distintos de la
solicitud puntual formulada en la audiencia; además, tales piezas no fueron
decretadas como prueba 43. En segunda instancia, la actora solicitó documentación
sobre la supuesta pérdida o extravío de los antecedentes del manual, pero la
solicitud probatoria fue negada por extemporánea mediante auto del 27 de mayo de
2026. Por tanto, la pérdida o extravío de los antecedentes no puede tenerse como
hecho probado en este proceso.
64. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, aun si se admitiera la afirmación,
ella podría dar lugar a la aplicación del régimen general de archivos y a las
responsabilidades disciplinarias y administrativas correspondientes, pero no
acreditaría, sin elementos adicionales, el componente subjetivo de la moralidad
administrativa, puesto que una falla archivística, incluso grave, puede explicarse por
43
Expediente digital, archivos “188ED_187ACTAAPACTODECUMPL”, audiencia especial de pacto de cumplimiento del 19
de noviembre de 2025, en la que se concedió término a la parte actora para allegar soportes de la solicitud relativa a la OPEC
212639; “189ED_188VEEDCARRERAMERITO”, memorial de la Veeduría del 24 de noviembre de 2025 denominado
“Elementos documentales que soportan la ponencia”, con anexos; y “253Autoqueniega_74087NiegapruebasPar”, auto del 27
de mayo de 2026 que negó por extemporánea la solicitud probatoria de segunda instancia.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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causas múltiples —cambios institucionales, deficiencias de control interno, eventos
fortuitos— ninguna de las cuales equivale por sí sola a un ánimo deshonesto o
desviado. La inferencia que el cargo postula, esto es, el salto de la pérdida
documental a la inmoralidad administrativa, no puede sostenerse sin prueba
específica del elemento subjetivo.
65. La actora denuncia además una aplicación inconsistente del criterio del NBC
fundada en la supuesta admisión de profesionales con títulos clasificados en unos
distintos al de Agronomía en los empleos sin experiencia del mismo proceso de
selección, así como en el trámite de solicitudes de exclusión por esa misma razón
con posterioridad a la conformación de las listas de elegibles. Sin embargo: (i) tal
afirmación no fue debidamente acreditada, pues aunque la demandante aludió
genéricamente a más de 35 solicitudes de exclusión, el Oficio del ICA de octubre de
2025 y la hoja de cálculo anexa únicamente relacionan la OPEC 212639 y registran
“Agronomía” como NBC de las 21 personas incluidas, aunque sus títulos
correspondan a Agronomía, Agronomía del Trópico Húmedo o Ingeniería
Agronómica. Por su parte, las resoluciones de conformación de las listas de
elegibles identifican las OPEC, los aspirantes y sus puntajes, pero no contienen
información sobre sus títulos o NBC ni individualizan las solicitudes de exclusión
mencionadas o las decisiones adoptadas frente a ellas 44; y (ii) aun en el supuesto
de que la inconsistencia existiera, ello pertenecería al ámbito de la regularidad de
cada acto administrativo de inadmisión o de exclusión, controlable por los medios
individuales de control, antes que al de la vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa.
66. La eventual inconsistencia administrativa, sin acreditación del elemento
subjetivo y sin prueba específica de la incidencia sobre un bien jurídico colectivo
indivisible, es insuficiente para revocar el fallo apelado en este punto.
67. Se advierte también que las solicitudes de exclusión invocadas por la
apelante no son, por sí mismas, prueba de una irregularidad imputable a la
administración. Conforme a los artículos 14 a 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la
Comisión de Personal puede solicitar a la CNSC la exclusión de una persona de la
lista de elegibles cuando advierta alguna de las causales previstas, mientras que
corresponde a la CNSC iniciar la actuación, garantizar la contradicción y decidir si
procede la exclusión; esta última también puede actuar de oficio en los supuestos
establecidos por la ley. Por ello, el solo trámite de esas solicitudes no demuestra
contradicción con el criterio aplicado en la admisión inicial ni, menos aún, la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
68. En suma, el reproche de la apelante exige derivar de unos mismos hechos
dos conclusiones sucesivas: primero, que la actuación procedimental de la CNSC y
el error técnico del ICA configuran un quebrantamiento relevante del ordenamiento
jurídico y, segundo, que esas irregularidades obedecieron a un propósito
deshonesto, desviado o de provecho particular. Sin embargo, aun admitiendo la
primera conclusión para efectos del elemento objetivo, la segunda no encuentra
44
Expediente digital, archivos “626_MemorialWeb_Recurso-COMPLEMENTACIONIMPU”, “583_MemorialWeb_Recurso-
ANEXO11”, “574_MemorialWeb_Recurso-ANEXO2x”, y “629_MemorialWeb_Recurso-PruebaListasdeEle”.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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sustento en el material probatorio. Las actuaciones documentadas —el comunicado
de la Gerente General del ICA solicitando la suspensión del proceso, el
reconocimiento del error en el Oficio SISAD y la posición de la CNSC sobre la
improcedencia de modificar el manual una vez iniciado el concurso— no acreditan
por sí mismas la corrección jurídica del proceder de las entidades, pero sí resultan
compatibles con la existencia de criterios institucionales sobre la interpretación y
aplicación del ordenamiento, acertados o no, pero ajenos a un propósito particular
desviado que permita configurar el elemento subjetivo de la moralidad
administrativa.
69. Por las razones indicadas, el cargo dirigido a obtener el amparo del derecho
colectivo a la moralidad administrativa no prospera. La conjunción de los elementos
objetivo y subjetivo no puede extraerse a partir de los argumentos allegados por la
parte actora ni aparece acreditada en el expediente.
El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
70. El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, consagrado en el
literal e) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, comprende el deber estatal de
administrar de manera eficiente, oportuna y responsable los bienes y recursos
públicos, así como el de prevenir y combatir su detrimento 45.
71. Esta Corporación 46 ha ampliado progresivamente la noción de patrimonio
público para comprender, además de los bienes y recursos estatales susceptibles
de valoración económica, bienes inmateriales, derechos, intereses y valores
tangibles o intangibles cuya titularidad corresponde a la colectividad. En esa
categoría se han incluido, entre otros, el mar territorial, el espacio aéreo, el espectro
electromagnético, el patrimonio cultural y arqueológico, la identidad nacional y el
medio ambiente. Aunque esta enumeración no es cerrada, la amplitud del concepto
no convierte en patrimonio público inmaterial todo elemento informativo o carente
de valoración pecuniaria, pues resulta necesario identificar un bien, derecho, interés
o valor autónomo, de titularidad estatal o colectiva, cuya integridad se encuentre
concretamente amenazada o afectada.
72. Los principales elementos que definen la configuración de la vulneración del
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público son: (i) el bien, recurso,
derecho, interés o valor que integra el patrimonio público; (ii) la conducta u omisión
objetivamente idónea para afectar su integridad, administración o destinación; y (iii)
el vínculo entre esa actuación y la afectación alegada. Debido a la naturaleza
preventiva de la acción popular, no es indispensable que el detrimento se haya
consumado o pueda cuantificarse contablemente, pero la amenaza debe ser real,
concreta y demostrable, toda vez que la mera posibilidad abstracta de una pérdida
no habilita la intervención del juez popular.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 25000-
23-26-000-2005-01330-01(AP), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
46
Sobre la extensión del concepto de patrimonio público a los bienes inmateriales, véase Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia de unificación del 1 de febrero de 2022,
Exp. 73001-33-31-006-2008-00027-01(AP)REV, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
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73. Conviene además precisar que la finalidad de este derecho colectivo se
proyecta en dos dimensiones inseparables: una dimensión negativa, que veda toda
conducta que comprometa la integridad patrimonial del Estado mediante detrimento,
desvío o manejo antieconómico; y una dimensión positiva, que exige la
administración eficiente, oportuna y responsable de los bienes y recursos conforme
al ordenamiento. Ambas dimensiones, lejos de operar de manera independiente, se
condicionan recíprocamente, porque la administración eficiente es a la vez el medio
para evitar el detrimento y el fin que el derecho colectivo persigue.
74. Aplicado este marco al sub examine, se constata que no obra en el
expediente prueba de detrimento, sobrecosto, desviación de destinación o manejo
antieconómico de los recursos comprometidos en el “Proceso de Selección
Entidades del Orden Nacional No. 2517 de 2023 – Nación 6”, ni de los contratos de
prestación de servicios 368 de 2024 y 441 de 2025 suscritos entre la CNSC y la
Universidad Libre para la operación del concurso 47. El reproche de la apelante se
concentra en el error técnico del ICA en la elaboración del MFCL y en la conducta
procedimental de la CNSC, sin vincular esos hechos con una afectación específica
del patrimonio público, sin que se hubiese afirmado y mucho menos probado que la
eventual ineficiencia administrativa en la elaboración del manual se proyectara
sobre el manejo de los recursos del concurso, y sin que obre prueba de que su
ejecución hubiera producido una mengua patrimonial.
75. La eventual falta de localización de los antecedentes del MFCL tampoco
conduce al amparo solicitado. Aunque no se desconoce que la documentación
producida por la Administración es propiedad del Estado, que los archivos públicos
tienen la condición legal de bienes de uso público y que determinados documentos
pueden integrar el patrimonio documental por su valor histórico o cultural, en el
proceso no se acreditó la pérdida, destrucción o sustracción definitiva de los
antecedentes, la imposibilidad de reconstruirlos a partir de otras fuentes, su eventual
valor histórico o cultural, ni una restricción concreta del acceso ciudadano a la
información. La afirmación se sustenta, además, en unos documentos que no fueron
decretados para demostrar ese hecho, mientras que la solicitud probatoria
formulada en segunda instancia fue negada por extemporánea 48. Por ello, aun
cuando lo denunciado podría justificar la intervención de las autoridades
archivísticas y de control, no demuestra una amenaza cierta ni una afectación
concreta del patrimonio público susceptible de amparo.
76. Para que una irregularidad ocurrida en un concurso de méritos comprometa
el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no basta con que el proceso
sea financiado con recursos estatales, sino que resulta necesario acreditar un
vínculo concreto entre la conducta cuestionada y una alteración en la destinación,
administración o integridad de esos recursos. Ese vínculo no se configura en este
asunto, pues la apelante no cuestiona la necesidad, el valor o la ejecución de los
contratos celebrados con la Universidad Libre, ni demuestra que el error atribuido al
ICA o la actuación de la CNSC hubieran generado pagos adicionales, duplicidad de
47
Expediente digital, archivos “444_MemorialWeb_Anexos-ANEXO3Contratod” y “446_MemorialWeb_Anexos-
ANEXO5Contratode”.
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Expediente digital, archivo “253Autoqueniega_74087NiegapruebasPar”.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
gastos, prestaciones sin contraprestación o cualquier otra pérdida patrimonial. Sus
objeciones permanecen en el plano técnico y procedimental del concurso y, ante la
ausencia de una consecuencia económica o patrimonial demostrada, no pueden
transformarse en una vulneración de este derecho colectivo por el solo hecho de
que la convocatoria involucrara recursos públicos.
77. El desacierto técnico en la estructuración del concurso solo adquiriría
relevancia patrimonial si se demostrara que privó de utilidad al gasto realizado, hizo
necesario repetir etapas ya remuneradas, obligó a contratar nuevamente los
servicios del operador o produjo erogaciones adicionales con cargo al presupuesto
público, pero nada de ello fue acreditado. No existe prueba de que las actividades
contratadas hubieran perdido su utilidad económica, debieran ejecutarse
nuevamente u ocasionaran compromisos presupuestales distintos de los
inicialmente previstos. Por tanto, aunque las irregularidades alegadas pudieron
incidir en la situación jurídica de determinados aspirantes, de esa circunstancia no
se desprende una afectación de la integridad o del aprovechamiento de los recursos
destinados al proceso de selección.
78. Tampoco conduce a una conclusión distinta la dimensión positiva del derecho
colectivo, referida a la administración eficiente y responsable. La ineficiencia
relevante para su amparo no es cualquier deficiencia técnica o procedimental, sino
aquella que repercute concretamente en la conservación, utilización, destinación o
aprovechamiento de un bien o recurso público identificado. Entenderlo de otro modo
convertiría toda actuación administrativa desacertada en una afectación patrimonial,
confundiendo la regularidad de la gestión pública con la integridad del patrimonio
que se pretende proteger. En este asunto no se acreditó esa proyección patrimonial,
por lo que las irregularidades alegadas, aun si se admitieran, resultan insuficientes
para declarar vulnerado el derecho colectivo.
79. Por ende, el cargo dirigido a obtener el amparo del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público tampoco prospera.
El derecho colectivo al acceso a la prestación eficiente y oportuna del servicio
público, y su relación con el sistema de carrera administrativa
80. Aunque este derecho no fue invocado expresamente en la demanda, el
Tribunal lo examinó y la apelante solicitó la revocatoria integral de esa decisión, por
lo que corresponde verificar si los cargos desvirtúan la conclusión adoptada. El
artículo 365 de la Constitución Política reconoce los servicios públicos como
inherentes a la finalidad social del Estado, mientras que el literal j) del artículo 4 de
la Ley 472 de 1998 protege colectivamente tanto su acceso como su prestación
eficiente y oportuna. El acceso supone que la comunidad pueda recibir
efectivamente el servicio y beneficiarse de él, sin barreras injustificadas; la eficiencia
exige que los medios humanos, técnicos y económicos disponibles sean
organizados de manera adecuada para satisfacer la necesidad colectiva; y la
oportunidad reclama que la respuesta se produzca de forma continua y dentro del
tiempo requerido. Su afectación debe por tanto examinarse desde la perspectiva de
los usuarios o beneficiarios y de la capacidad efectiva del servicio para cumplir su
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finalidad, no a partir de cualquier deficiencia interna de la Administración
considerada de manera aislada.
81. A partir de lo anterior, la titularidad del derecho debe examinarse desde la
posición de quien recibe o se beneficia del servicio público. Aunque el aspirante a
un empleo también forma parte de la comunidad, la afectación derivada de su
inadmisión concierne directamente a su situación dentro del concurso y a sus
derechos de acceso al empleo público, igualdad y debido proceso. Esa controversia
solo adquiere dimensión colectiva cuando trasciende la esfera de los participantes
y repercute de manera verificable sobre las condiciones en que el servicio es
prestado a sus usuarios. Esta precisión no desconoce las garantías de los
aspirantes, sino que permite distinguir su cauce de protección del objeto propio de
la acción popular.
82. Conviene precisar que la carrera administrativa y el principio del mérito no se
agotan en la tutela de las expectativas individuales de los aspirantes a cargos
públicos, sino que constituyen garantías institucionales orientadas a asegurar que
el acceso y la permanencia en la función pública respondan a criterios objetivos de
capacidad, idoneidad y transparencia, en beneficio de la adecuada prestación del
servicio. Su preservación posee, por tanto, una dimensión colectiva que trasciende
la esfera subjetiva de quienes intervienen en los procesos de selección. Sin
embargo, el reconocimiento de esa dimensión institucional no releva a quien invoca
el amparo popular de demostrar que la irregularidad alegada tiene entidad suficiente
para comprometer, de manera cierta y objetivamente verificable, el derecho
colectivo cuya protección se reclama. En este asunto, el material probatorio permite
constatar el error técnico en la configuración del MFCL y su incidencia sobre un
conjunto plural de aspirantes, pero no acredita una amenaza real, concreta y
verificable al sistema de mérito en términos de afectación de la prestación del
servicio público, pues la hipótesis que sustenta la pretensión se construye sobre
una secuencia conjetural que no encuentra respaldo suficiente en las pruebas
recaudadas.
83. La relación entre el sistema de carrera administrativa y la prestación eficiente
del servicio público es instrumental. El ingreso fundado en el mérito procura que las
entidades cuenten con personal capacitado para atender los intereses generales y
cumplir adecuadamente sus funciones; de ahí que una irregularidad en el concurso
pueda adquirir relevancia colectiva cuando incida efectivamente en la aptitud
institucional para prestar el servicio. Sin embargo, la carrera administrativa no
constituye, por sí sola, un derecho colectivo, de modo que el desconocimiento de
alguna de sus reglas no conduce automáticamente al amparo bajo la acción popular.
84. Esa proyección sobre el servicio exige demostrar un vínculo causal entre la
irregularidad cuestionada y una afectación o amenaza verificable para la prestación.
Esa relación puede manifestarse en la selección de personal que carezca de las
competencias requeridas o en deficiencias concretas de continuidad, cobertura,
calidad u oportunidad que repercutan sobre la comunidad usuaria, y no solamente
sobre quienes participaron en el concurso. Aunque no se requiere que la deficiencia
se haya consumado, su ocurrencia debe ser razonablemente previsible y estar
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sustentada en elementos objetivos. Por ello, la concurrencia de varios aspirantes en
una situación semejante no modifica el análisis, pues aun cuando sus
reclamaciones tengan origen común, la naturaleza colectiva depende de la
afectación indivisible del servicio y no del número de personas que controviertan su
inadmisión.
85. La discrepancia relacionada con el NBC no demuestra por sí sola una
afectación cualitativa del servicio. El NBC cumple una función de agrupación y
clasificación de disciplinas académicas para determinar los títulos que habilitan la
participación en un empleo, por lo que el error en su correspondencia puede alterar
el universo de aspirantes admitidos, pero no acredita que quienes continuaron en el
concurso carezcan de los conocimientos o competencias necesarios. Para que esa
inconsistencia trascendiera al plano colectivo habría sido necesario demostrar que
los perfiles efectivamente seleccionados no guardaban relación con las funciones
de los empleos o resultaban insuficientes para atender las necesidades misionales
del ICA, cuestión que no aparece probada. La afirmación genérica de que un
determinado resultado del concurso podría redundar en una prestación menos
eficiente no satisface esa carga, en la medida en que reduce el juicio colectivo a
una conjetura sobre el funcionamiento futuro de la administración, sin elementos
objetivos que permitan al juez popular contrastarla.
86. El ICA tiene a su cargo, en virtud de su régimen legal y reglamentario, la
prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, biológicos y
químicos que puedan afectar las especies animales y vegetales; la protección de la
producción agropecuaria frente a plagas y enfermedades; el control de la inocuidad
de los alimentos en la producción primaria; y la preservación de los recursos
genéticos vegetales y animales, funciones vinculadas con el desarrollo sostenido de
la producción nacional y la seguridad alimentaria 49. La apelante invoca esas
actividades misionales en términos genéricos, pero no concreta de qué manera el
resultado del concurso comprometería su prestación, cuál de ellas vería afectada
su continuidad, cobertura, calidad u oportunidad, ni qué sector usuario o beneficiario
resultaría efectivamente desatendido.
87. Tampoco se acreditó que el error del MFCL hubiera impedido al ICA
conformar listas de elegibles con aspirantes que cumplieran los requisitos previstos
para los empleos ofertados, ni que las personas seleccionadas carecieran de la
formación necesaria para ejercer sus funciones. El hecho de que un grupo de
profesionales con título de Ingeniería Agronómica clasificado en un NBC diferente
no hubiera sido admitido, tampoco permite concluir que quienes continuaron en el
proceso fueran técnicamente inidóneos o que las vacantes no pudieran proveerse
mediante el sistema de mérito.
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Decreto 4765 de 2008, “por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA”, artículos 5 —
modificado por el artículo 1 del Decreto 3761 de 2009— y 6, numerales 1 a 8. Estas disposiciones asignan al Instituto funciones
de prevención, vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos; protección de la producción agropecuaria
frente a plagas y enfermedades; control sanitario y fitosanitario; inocuidad de los alimentos en la producción primaria; y
preservación de los recursos genéticos vegetales y animales. Asimismo, los artículos 26, numeral 8, y 30, numeral 8, le
atribuyen el control técnico-científico de la inocuidad en las cadenas agroalimentarias de producción animal y vegetal primaria,
con el propósito de prevenir riesgos y contribuir a la seguridad alimentaria.
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88. Conviene además distinguir entre la expectativa de una prestación
hipotéticamente mejor y la afectación demostrable de la prestación efectivamente
ofrecida. El derecho colectivo al acceso eficiente y oportuno del servicio público
protege contra la lesión actual o inminente de los atributos cualitativos del servicio
que la comunidad recibe, no contra la posibilidad teórica de que ese servicio pudiera
mejorarse mediante una composición distinta del personal seleccionado. La acción
popular no opera en esta vertiente como un instrumento de optimización
institucional, ni como un cauce para sustituir las decisiones técnicas adoptadas por
los órganos competentes del concurso por la valoración subjetiva del actor popular
acerca de cuáles aspirantes habrían sido más idóneos. El estándar exigido es de
lesión actual o amenaza cierta, no de mejora teóricamente posible.
89. El planteamiento de la apelante parte también de una hipótesis que el
expediente no permite comprobar, esto es, que de haber sido admitidos los
profesionales excluidos por la inconsistencia del NBC, estos habrían superado las
demás etapas, obtenido puntajes suficientes para integrar las listas de elegibles,
sido nombrados y mejorado las condiciones de prestación del servicio. La admisión
únicamente habilita la participación y no asegura ninguno de esos resultados
posteriores, razón por la cual la exclusión denunciada no permite establecer que la
composición final del personal habría sido diferente ni, menos aún, que esa eventual
variación habría producido una prestación más eficiente u oportuna. La cadena
causal entre el error del manual y la afectación colectiva se interrumpe también por
esta ausencia de demostración.
90. Debe precisarse que, en ausencia de prueba sobre una repercusión
colectiva, el juez popular no está llamado a sustituir a los órganos técnicos del
concurso en la valoración individual de la idoneidad de los participantes. La aptitud
profesional de quienes integraron las listas de elegibles con títulos pertenecientes
al NBC de Agronomía no fue controvertida mediante elementos que desvirtuaran el
cumplimiento de los requisitos del empleo, cuya verificación correspondió a las
etapas regladas del proceso de selección, mientras que la clasificación de los
programas registrada en el SNIES y los títulos expedidos por las instituciones de
educación superior constituyeron los referentes técnicos empleados para esa labor.
91. La intervención del juez popular sería procedente sobre este particular, si se
demostrara que los perfiles seleccionados resultaban objetivamente insuficientes
para el desempeño de las funciones y que esa circunstancia amenazaba la
prestación del servicio, pero ello no fue acreditado. Aun si los aspirantes inadmitidos
contaran con una formación equivalente o incluso más adecuada, esa circunstancia
podría sustentar el cuestionamiento de sus actos individuales de inadmisión, pero
no demostraría que quienes fueron seleccionados carecieran de idoneidad ni que el
servicio resultara afectado. La acción popular no puede convertirse en un escenario
para comparar los méritos relativos de unos y otros aspirantes, materia confiada a
las autoridades del concurso y susceptible de control mediante los instrumentos
ordinarios correspondientes.
92. El juez popular puede examinar si el proceso de selección produjo una
amenaza cierta para la prestación del servicio, pero no sustituir a las autoridades
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académicas y administrativas en la clasificación de los programas ni rehacer la
valoración de mérito efectuada durante el concurso sin prueba de una repercusión
colectiva. En este caso, el debate acerca del NBC aplicable incide en la legalidad
de la admisión o inadmisión de determinados participantes, pero no acredita una
deficiencia en el servicio recibido por la comunidad.
93. Los reproches que la apelante formula —el error del MFCL del ICA en la
asignación del NBC, la inadmisión de un subconjunto de aspirantes con título de
Ingeniería Agronómica clasificado en un NBC distinto, y la hipótesis de que esos
aspirantes habrían fortalecido la capacidad misional de la entidad— pertenecen, por
su propia naturaleza, al examen de las situaciones jurídicas particulares de los
participantes en el concurso o, en el mejor de los casos, al juicio de calidad sobre el
resultado de un proceso técnico. Ninguno de esos planos coincide con el núcleo de
protección del derecho colectivo alegado, que se activa solo cuando la comunidad
usuaria del servicio resulta efectivamente lesionada en su acceso o en los atributos
cualitativos de la prestación que recibe.
94. En consecuencia, los cargos de apelación no desvirtúan la conclusión del
Tribunal respecto de este derecho colectivo. La irregularidad técnica y la pluralidad
de aspirantes afectados, en ausencia de prueba sobre su repercusión concreta en
los usuarios o en las condiciones de prestación de los servicios a cargo del ICA, son
insuficientes para declarar vulnerado el derecho colectivo al acceso eficiente y
oportuno a los servicios públicos.
Los derechos colectivos al equilibrio ecológico y al manejo racional de los
recursos naturales, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de
desastres previsibles técnicamente
95. Los derechos colectivos previstos en los literales c), g) y l) del artículo 4 de
la Ley 472 de 1998 protegen bienes jurídicos relacionados, pero dotados de
contenido propio. El equilibrio ecológico y el manejo racional de los recursos
naturales comprenden la preservación de las relaciones que permiten la estabilidad
de los ecosistemas, la conservación de las especies y el aprovechamiento
sostenible de los recursos; la seguridad y salubridad públicas procuran que la
comunidad no permanezca expuesta a condiciones capaces de comprometer
colectivamente su salud, integridad o tranquilidad; y la prevención de desastres
previsibles técnicamente busca evitar o reducir daños graves derivados de
fenómenos naturales o de actividades humanas cuya ocurrencia o efectos puedan
anticiparse mediante el conocimiento disponible.
96. La configuración de cada uno de estos derechos exige concretar los
elementos propios del riesgo alegado. En materia de equilibrio ecológico, deben
identificarse el ecosistema, la especie, el recurso natural o el componente ambiental
expuesto, así como la conducta capaz de alterar su conservación, aprovechamiento
o capacidad de recuperación. Frente a la seguridad y salubridad públicas, es
necesario precisar el agente físico, biológico, químico, sanitario o institucional que
genera el peligro, la forma en que la comunidad se encuentra expuesta y las
consecuencias que razonablemente pueden derivarse para su salud o integridad.
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En relación con la prevención de desastres, el análisis comprende el evento
peligroso, su previsibilidad técnica, las condiciones de exposición y vulnerabilidad
de la población y las medidas disponibles para evitarlo o mitigar sus efectos. La sola
importancia del bien protegido o de las funciones atribuidas a la entidad demandada
no sustituye la demostración de esos elementos.
97. Sin perjuicio de lo anterior, la protección preventiva de los derechos
colectivos examinados comparte como exigencia común la identificación objetiva
del riesgo y de su conexión con la conducta cuestionada. En materia de prevención
de desastres previsibles técnicamente, esa concreción requiere establecer el peligro
potencial, su posibilidad razonable de ocurrencia y las condiciones de exposición o
vulnerabilidad de la comunidad. Tales elementos permiten diferenciar una amenaza
jurídicamente relevante de la mera posibilidad abstracta de que sobrevenga un daño
y, además, delimitan el alcance de la intervención judicial, toda vez que una orden
preventiva solo puede ser adecuada, proporcional y susceptible de verificación
cuando se conocen la fuente del peligro, la población expuesta, la magnitud
previsible de sus consecuencias y las actuaciones necesarias para evitarlo o reducir
sus efectos 50.
98. Examinado el cargo bajo esa exigencia de concreción, el planteamiento de
la apelante no permite establecer un vínculo verificable entre la irregularidad
presentada en el concurso y la amenaza de los derechos colectivos invocados. Su
tesis supone que la inadmisión de profesionales clasificados en un NBC distinto
redujo la idoneidad del personal seleccionado; que esa supuesta menor idoneidad
debilitó la capacidad técnica del ICA; que dicho debilitamiento comprometió la
sanidad agropecuaria, la inocuidad alimentaria y la protección ambiental; y que
estas deficiencias generaron, finalmente, un riesgo para el campesinado o para la
población. Sin embargo, ninguna de esas consecuencias se deriva necesariamente
de la anterior, como tampoco fue acreditada de manera independiente. Entre el error
del MFCL y la eventual afectación colectiva median las etapas de selección y
nombramiento, la aptitud de quienes integraron las listas, la asignación efectiva de
funciones y el desempeño operativo de la entidad. Dado que el expediente no
demuestra que alguno de esos factores hubiera producido una disminución de la
capacidad institucional del ICA, la cadena causal propuesta permanece en el terreno
de la suposición.
99. Se precisa además que las funciones que el ICA cumple en materia de
sanidad agropecuaria, control fitosanitario, inocuidad de los alimentos y protección
de los recursos vegetales y pecuarios de la Nación se ejercen dentro de un sistema
institucional más amplio que comprende, entre otras autoridades, al Ministerio de
50
Esta exigencia de concreción no se desplaza por la sola invocación del principio de precaución que rige en materia ambiental
y sanitaria. Este opera frente a riesgos identificados cuya gravedad y magnitud no pueden, sin embargo, medirse con certeza
científica plena, y autoriza a la administración y, en su caso, al juez a adoptar medidas protectoras anticipadas pese a esa
incertidumbre, pero no, frente a riesgos meramente hipotéticos o conjeturados. La precaución no exime al actor popular de la
carga argumentativa y probatoria mínima, sino que la modula frente a la incertidumbre científica; en su ausencia, esa
modulación no encuentra objeto sobre el cual aplicarse.
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Agricultura y Desarrollo Rural51, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 52,
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 53, a las Corporaciones Autónomas
Regionales 54 y a las autoridades sanitarias territoriales 55. La capacidad del Estado
para proteger los bienes jurídicos colectivos que invoca la apelante no depende
exclusivamente de la composición de la planta de profesionales especializados del
ICA derivada de un concurso particular, sino del funcionamiento articulado de ese
sistema. La existencia de ese entramado institucional no excluye la responsabilidad
que pudiera corresponder al ICA, pero impide deducir, sin prueba sobre una
disminución efectiva de su capacidad técnica u operativa, que la composición
resultante de un concurso particular generó por sí misma la amenaza colectiva
invocada.
100. La demostración de la amenaza no estaba sometida a la presentación de
alguna prueba específica, pero sí requería algún elemento objetivo que permitiera
reconstruir esa cadena causal. Podían resultar pertinentes, entre otros medios,
estudios sobre suficiencia de la planta de personal, informes de capacidad
operativa, indicadores de vigilancia sanitaria o fitosanitaria, datos sobre disminución
de cobertura, reportes de brotes o plagas, advertencias técnicas sobre pérdida de
capacidad institucional o documentos que mostraran que los perfiles seleccionados
eran inadecuados para las funciones de los empleos. En adición a que al proceso
no fue allegada ninguna prueba sobre el particular, la apelante tampoco individualizó
una actividad misional que hubiera quedado sin atención ni explicó por qué la
clasificación académica de los aspirantes admitidos impediría desarrollar las tareas
de prevención, vigilancia, control o asistencia técnica atribuidas al Instituto.
51
Tiene a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funciones de sus entidades adscritas y vinculadas,
sin perjuicio de las competencias decisorias de estas. Además, le corresponde formular, dirigir, coordinar y evaluar la política
relacionada con el desarrollo rural, agropecuario, pesquero y forestal; propiciar la articulación interinstitucional de entidades
del orden nacional y territorial; formular y hacer seguimiento a la política de desarrollo agropecuario en lo relacionado, entre
otros aspectos, con la protección del riesgo sanitario; y formular, dirigir, coordinar y evaluar políticas en materia de prevención,
vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para especies animales y vegetales. Decreto 1985 de 2013,
compilado en el Decreto 1071 de 2015, art. 1.1.1.1. 52
El Decreto 3570 de 2011 define al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como rector de la gestión del ambiente y
de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las
políticas y regulaciones sobre recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. También le corresponde dirigir el Sistema Nacional Ambiental
—SINA— y, entre otras funciones, diseñar la política ambiental nacional, regular condiciones para el saneamiento del
ambiente y la conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, coordinar la planificación de las entidades
integrantes del SINA y ejercer inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales. 53
Creada como unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, integrante del
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su objeto consiste en asegurar que los proyectos, obras o
actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan la normativa ambiental. Entre sus funciones se
encuentran otorgar o negar licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente; hacer
seguimiento a esas licencias, permisos y trámites; administrar los sistemas de información correspondientes; garantizar los
mecanismos de participación ciudadana; adelantar procedimientos preventivos y sancionatorios ambientales; ordenar
suspensiones en los casos previstos; y dirimir conflictos de competencia entre autoridades ambientales. Decreto 3573 de
2011. 54
La Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados de administrar, dentro
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. Entre sus
funciones están ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental; ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en su jurisdicción; promover la participación comunitaria en programas de protección ambiental; coordinar
la preparación de planes, programas y proyectos ambientales en su territorio; y participar en procesos de planificación y
ordenamiento territorial para asegurar la incorporación del factor ambiental. 55
La Ley 715 de 2001 asigna a los departamentos competencias de salud pública, entre ellas dirigir y controlar el Sistema de
Vigilancia en Salud Pública y ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control sobre factores de riesgo del ambiente que
afectan la salud humana, así como control de vectores y zoonosis, en coordinación con autoridades ambientales y dentro de
los ámbitos territoriales allí previstos.
A los distritos y municipios de categoría especial, 1ª, 2ª y 3ª les corresponde ejercer
inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana, vigilar y controlar la calidad, producción,
comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y ejercer vigilancia y control sanitario sobre
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población. A su vez, la Ley 1122 de 2007 atribuye a
departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1ª, 2ª y 3ª la vigilancia y control sanitario de la distribución y
comercialización de alimentos, establecimientos gastronómicos y transporte asociado, sin perjuicio de las competencias
nacionales del Invima y de las competencias legales del ICA.
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101. La misma insuficiencia se advierte respecto de cada uno de los restantes
derechos colectivos invocados. No se identificó un ecosistema, una especie, un
recurso natural, un área protegida o un proceso ecológico cuya conservación
estuviera amenazada; tampoco se acreditó la existencia o el incremento de una
plaga, enfermedad, contaminación, falla de vigilancia o condición sanitaria capaz de
comprometer la salud pública. En materia de prevención de desastres no se señaló
un evento catastrófico susceptible de ocurrir, su probabilidad, el territorio en el que
podría materializarse, la población expuesta ni la medida técnica omitida por las
entidades accionadas. El reconocimiento constitucional del campesinado como
sujeto de especial protección no modifica esta conclusión, pues esa condición
refuerza los deberes estatales frente a riesgos acreditados, pero no permite
presumir la existencia de un peligro ambiental, sanitario o catastrófico no acreditado
en el proceso.
102. La argumentación de la apelante incurre en este punto en una invocación
abstracta del riesgo. Sostener que la inadmisión de un subconjunto de aspirantes
con un NBC distinto compromete, por sí sola y sin más, la sanidad agropecuaria
nacional, la inocuidad alimentaria y los derechos del campesinado, equivale a
postular un encadenamiento causal hipotético —del concurso al servicio, del
servicio al bien jurídico, del bien jurídico a la comunidad— sin acreditar ninguno de
sus enlaces.
103. El error del MFCL y la inadmisión de un grupo de aspirantes pueden suscitar
cuestionamientos sobre la regularidad del concurso y la situación jurídica de sus
participantes, pero no acreditan que el personal seleccionado carezca de las
competencias necesarias ni que el ICA hubiera perdido capacidad para cumplir sus
funciones sanitarias, fitosanitarias o ambientales. En consecuencia, los cargos de
apelación no desvirtúan la decisión del Tribunal, por cuanto no se demostró una
amenaza cierta para un componente ambiental, una condición concreta de riesgo
para la seguridad o salubridad públicas, ni un desastre técnicamente previsible
frente al cual existiera una comunidad expuesta, por lo que no hay lugar al amparo
solicitado.
Distinción entre error administrativo, afectación plural de situaciones
individuales y vulneración de derechos colectivos
104. El examen precedente obliga a identificar tres planos jurídicos que concurren
en la controversia, pero que responden a objetos, presupuestos y consecuencias
diferentes: la regularidad de la actuación administrativa, la incidencia del concurso
sobre las situaciones particulares de sus participantes y la eventual afectación de
los derechos colectivos invocados. Su adecuada delimitación resulta indispensable,
pues la existencia de una irregularidad administrativa y la pluralidad de personas
alcanzadas por sus efectos no conducen automáticamente a la configuración de
una vulneración colectiva. Cada plano exige una valoración autónoma, aunque
todos tengan origen en los mismos hechos.
105. En el ámbito de la regularidad administrativa se encuentra, de una parte, el
error reconocido por el ICA al consolidar el MFCL, consistente en no asociar la
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disciplina de Ingeniería Agronómica al NBC correspondiente conforme a la
clasificación registrada en el SNIES. De otra, se sitúa el cuestionamiento formulado
respecto de la CNSC por haber respondido, mediante asesores de despacho, las
solicitudes de suspensión, sin activar el procedimiento de los artículos 20 a 22 del
Decreto Ley 760 de 2005 ante la Sala Plena de Comisionados. Ambos asuntos no
tienen idéntica naturaleza, pues el primero corresponde a una inconsistencia técnica
reconocida por la entidad, mientras que el otro plantea una controversia sobre la
competencia del órgano que intervino y el procedimiento aplicable. Sin embargo, los
dos pertenecen inicialmente al examen de conformidad de la actuación
administrativa con el ordenamiento.
106. Pero se insiste: lo anterior no significa que la existencia de actos
administrativos impida toda intervención del juez popular. El artículo 144 del CPACA
permite examinar una actuación materializada en un acto cuando de ella provenga
la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, aunque excluye su anulación.
La diferencia entre el juicio popular y los medios ordinarios no depende de la forma
jurídica mediante la cual actuó la Administración, sino del objeto de la pretensión,
de tal manera que si se busca hacer cesar una afectación indivisible de la
comunidad, procede el análisis colectivo, pero si se pretende definir la validez del
acto y restablecer una situación subjetiva, la controversia corresponde, según su
naturaleza, a los medios regulados en los artículos 137 y 138 del CPACA.
107. En un plano distinto se encuentra la incidencia del error sobre los aspirantes
inadmitidos. Se trata de situaciones jurídicas individualizables que pueden compartir
una causa común, pero cuya definición conserva carácter particular, pues depende,
entre otros factores, del empleo al que cada persona se inscribió, el título aportado,
su clasificación académica, el cumplimiento de los demás requisitos, las decisiones
adoptadas frente a su inscripción y la oportunidad en que fueron conocidas. La
eventual corrección de una de esas situaciones no produce necesariamente el
restablecimiento de las demás ni recae sobre un bien indivisible de titularidad
comunitaria. Por ello, la pluralidad de afectados no altera la naturaleza individual de
la relación jurídica controvertida.
108. Esta conclusión no minimiza las consecuencias que la irregularidad pudo
tener para los participantes ni anticipa la suerte de sus reclamaciones. Únicamente
precisa que el medio de control popular no está instituido para anular decisiones
individuales de inadmisión, ordenar la reincorporación de aspirantes a etapas
concluidas o definir, respecto de cada uno, si cumplía los requisitos del empleo. La
procedencia, oportunidad y alcance de los medios ordinarios que hubieran podido
ejercerse dependen de las circunstancias particulares y no constituyen objeto de
esta providencia. Por esa razón, la distinción debe permanecer en la motivación y
no traducirse en una declaración de la parte resolutiva sobre acciones cuya
viabilidad no fue debatida ni decidida en este proceso.
109. La vulneración colectiva conforma el tercer plano y exige elementos
adicionales que no se desprenden automáticamente de los anteriores. La posible
ilegalidad satisface, a lo sumo, una parte del examen objetivo de la moralidad
administrativa, pero no demuestra su componente subjetivo; la existencia de
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
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Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
recursos públicos destinados al concurso no acredita detrimento ni amenaza
concreta para el patrimonio; la exclusión de aspirantes no prueba una disminución
de la calidad del servicio recibido por la comunidad; y el carácter misional de las
funciones del ICA no permite presumir riesgos ambientales, sanitarios o
catastróficos. El tránsito desde la irregularidad administrativa hasta la afectación
colectiva requería acreditar el vínculo causal correspondiente respecto de cada
derecho invocado, lo que no ocurrió.
110. Los tres planos explicados y analizados no se excluyen entre sí ni establecen
una jerarquía entre las formas de protección. Un mismo hecho puede ser ilegal,
afectar simultáneamente a numerosas personas y, además, comprometer un
derecho colectivo; pero cada consecuencia debe demostrarse conforme a sus
propios presupuestos. En este caso se acreditó el error técnico y se expuso su
incidencia sobre un conjunto de participantes, pero no se probó el elemento
adicional que permitiera trasladar esos hechos al ámbito de los derechos colectivos.
La confirmación de la sentencia no equivale, por tanto, a declarar correcta la
elaboración del MFCL ni a negar la importancia de las situaciones individuales, sino
a concluir que los cargos de apelación no demostraron la afectación colectiva
necesaria para acceder al amparo.
Sobre la magnitud del impacto plural invocada por la apelante
111. La apelante sostiene que la dimensión del impacto —que cifra en 1.109
aspirantes, 1.743 inadmisiones y 131 coadyuvantes— demostraría que la
controversia superó el ámbito individual. No obstante, aun aceptadas esas cifras
para efectos del análisis, únicamente permitirían apreciar la extensión cuantitativa
de los efectos atribuidos al error, pero no definir la naturaleza del interés
comprometido. La cantidad de personas alcanzadas por una actuación puede
revelar su importancia institucional y justificar una respuesta administrativa más
cuidadosa, pero no sustituye la identificación del derecho colectivo, de la conducta
que lo amenaza y del vínculo causal entre ambos.
112. Lo plural y lo colectivo responden a criterios distintos, pues la pluralidad se
refiere al número de personas cuyas situaciones individuales resultan afectadas por
una causa semejante, mientras que la colectividad se determina por la naturaleza
indivisible del bien protegido y porque su titularidad o disfrute corresponde a la
comunidad considerada en conjunto. En el primer supuesto, la situación de cada
afectado puede examinarse y restablecerse separadamente, incluso con resultados
diferentes, y en el segundo, la amenaza y la medida de protección recaen sobre un
bien que no puede fraccionarse entre sus titulares. Por ello, el origen común de
numerosas reclamaciones no convierte automáticamente los derechos individuales
en colectivos.
113. Las cifras invocadas tampoco son equivalentes entre sí. El número de
inadmisiones no necesariamente corresponde al de personas distintas, pues un
mismo aspirante pudo inscribirse en más de una OPEC; a su vez, la cantidad de
coadyuvantes refleja la participación procesal alcanzada por la controversia, pero
no demuestra que todos se encontraran en una situación jurídica idéntica ni que
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fueran titulares del derecho colectivo alegado. Ninguno de esos datos permite
establecer, sin prueba adicional, el propósito desviado requerido por la moralidad
administrativa, un menoscabo patrimonial, una deficiencia del servicio o un riesgo
ambiental, sanitario o catastrófico.
114. La propia estructura de la Ley 472 de 1998 confirma lo anterior. La acción
popular se dirige a prevenir o hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos
colectivos, mientras que la acción de grupo tiene finalidad indemnizatoria respecto
de perjuicios individuales originados en una causa común. Esta distinción normativa
muestra que el ordenamiento no equipara la pluralidad de afectados con la
existencia de un derecho colectivo. Esta referencia tiene aquí un propósito
exclusivamente conceptual y no implica pronunciamiento sobre la procedencia o
viabilidad de una acción de grupo en favor de los aspirantes, cuestiones que
desbordan el objeto de este proceso.
115. Convertir la magnitud numérica en criterio suficiente de colectividad
conduciría, además, a que todo acto administrativo replicado frente a numerosos
destinatarios pudiera ser revisado y dejado materialmente sin efectos mediante
acción popular. Ello desdibujaría la diferencia entre la protección objetiva de bienes
indivisibles y el control de situaciones subjetivas, al tiempo que podría afectar las
posiciones jurídicas de quienes superaron el concurso sin que se hubiera definido
individualmente la legalidad de las decisiones correspondientes. La intensidad de
los efectos de una actuación exige mayor rigor institucional, pero no modifica por sí
sola el objeto de los medios de control establecidos por el ordenamiento.
116. En consecuencia, la magnitud alegada puede ser relevante para valorar la
necesidad de fortalecer los procedimientos del ICA y de la CNSC y para sustentar
las medidas institucionales de prevención que se adopten hacia el futuro, pero no
suple los presupuestos de los derechos colectivos invocados. Como los cargos no
demostraron que el impacto plural hubiera trascendido hacia un bien jurídico
indivisible de la comunidad, la cifra de aspirantes, inadmisiones y coadyuvantes no
permite revocar la sentencia de primera instancia conforme a lo pretendido en el
recurso de apelación.
Exhorto institucional
117. La improsperidad de los cargos no impide que la Sala, en ejercicio de la
función preventiva propia de la acción popular y con alcance estrictamente
prospectivo, formule un exhorto institucional encaminado a prevenir la ocurrencia
futura de situaciones que puedan generar controversias o riesgos para los derechos
e intereses colectivos. Aunque en este proceso no se acreditó el nivel de afectación
o amenaza requerido para impartir órdenes de protección, el expediente sí revela
deficiencias relacionadas con la elaboración, revisión y validación de los
instrumentos que rigen los procesos de selección, así como con los mecanismos de
coordinación y respuesta frente a las observaciones formuladas por la ciudadanía y
los potenciales participantes. El error reconocido por el ICA en la consolidación del
MFCL y la controversia suscitada respecto del trámite impartido por la CNSC
muestran, en ese sentido, la conveniencia de fortalecer la coordinación entre ambas
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entidades y las medidas de control, trazabilidad y gestión oportuna de incidencias,
con el propósito de evitar que situaciones semejantes se reproduzcan en futuras
convocatorias, sin que la formulación del exhorto implique declarar acreditada una
vulneración de los derechos colectivos objeto de esta acción.
118. En consecuencia, se exhortará al ICA para que, antes de reportar los
empleos que deban proveerse mediante concurso, verifique la correspondencia
entre las disciplinas académicas, los NBC y la información vigente en el SNIES, así
como la trazabilidad de los antecedentes técnicos que sustentan el respectivo
manual. A su vez, se exhortará a la CNSC para que, dentro del ámbito de sus
competencias, promueva la revisión oportuna de esa información y asegure que las
solicitudes fundadas en las irregularidades previstas en el artículo 20 del Decreto
Ley 760 de 2005 sean conocidas por el órgano competente, de conformidad con el
numeral 22 del artículo 3 del Acuerdo 75 de 2023, y, cuando satisfagan los
presupuestos normativos, se tramiten conforme a los artículos 21 y 22 ibidem, con
garantía de la intervención de los interesados y mediante decisiones motivadas,
debidamente comunicadas o notificadas y susceptibles del recurso previsto en la
ley 56.
119. El exhorto tiene alcance prospectivo y preventivo. No constituye una orden
de amparo, no dispone la reapertura o modificación del proceso de selección
examinado ni implica declarar que las actuaciones cuestionadas vulneraron los
derechos colectivos o que hubieran producido una deficiencia comprobada en la
prestación del servicio. Su finalidad se limita a promover, dentro de las
competencias propias de cada entidad, una mejor articulación institucional y la
adopción de medidas que reduzcan la posibilidad de nuevas controversias
originadas en la estructuración de los requisitos académicos y en el tratamiento de
las irregularidades advertidas durante los concursos.
Conclusión
120. Por las razones expuestas, ninguno de los cargos formulados por la apelante
desvirtúa la conclusión central de la sentencia impugnada. El presente asunto exige
distinguir entre (i) el error técnico en la elaboración del MFCL y la controversia
procedimental sobre las respuestas de la CNSC; (ii) la afectación plural de aspirantes
inadmitidos, cuyas situaciones conservan carácter individualizable; y (iii) la
vulneración de derechos colectivos, que requería demostrar un elemento adicional
de amenaza o lesión indivisible. Como ese elemento adicional no fue acreditado
frente a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el servicio público, el
ambiente, la seguridad y salubridad públicas ni la prevención de desastres
previsibles técnicamente, no procede revocar el fallo.
121. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada. El exhorto que se
dispondrá en la parte resolutiva responde exclusivamente a una finalidad
56
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.9; Decreto Ley 760 de 2005, artículos 20 a 22; Acuerdo 75 del 10 de noviembre de
2023 de la CNSC, artículo 3, numeral 22. Las dos últimas disposiciones regulan, respectivamente, el trámite de las
irregularidades en procesos de selección y la competencia de la Sala Plena de Comisionados para aprobar la apertura de
esas actuaciones y decidirlas o delegar su decisión.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
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institucional y preventiva, por lo que no comporta el reconocimiento parcial de las
pretensiones ni modifica el sentido confirmatorio de la decisión.
Costas
122. La Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia conforme a lo
prescrito en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y a las reglas decantadas por la
sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de agosto de 2019 57, considerando
que el ejercicio de la acción popular se inscribe en el régimen de las acciones
constitucionales de interés público y que el expediente no acredita conducta
temeraria o de mala fe en cabeza de la apelante.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «A», por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA para que,
antes de reportar los empleos que deban proveerse mediante concurso, verifique la
correspondencia entre las disciplinas académicas, los Núcleos Básicos del
Conocimiento y la información vigente en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior – SNIES, así como la trazabilidad de los antecedentes técnicos
del respectivo manual. Asimismo, EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio
Civil para que las solicitudes fundadas en las irregularidades previstas en el artículo
20 del Decreto Ley 760 de 2005 sean conocidas por el órgano competente,
conforme al numeral 22 del artículo 3 del Acuerdo 75 de 2023, y, cuando satisfagan
los presupuestos normativos, se tramiten de acuerdo con los artículos 21 y 22
ibidem mediante decisiones motivadas y susceptibles del recurso previsto en la ley.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia, conforme a lo
prescrito en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: ORDENAR que, en firme esta providencia, por Secretaría se envíe copia
de esta a la Defensoría del Pueblo para su incorporación en el Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80
de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta
providencia.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27, sentencia de unificación del 6 de
agosto de 2019, Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Expediente: 25000-23-41-000-2025-01449-01 (74087)
Demandante: Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Acción: Protección de los derechos e intereses colectivos
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
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