Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2014-00349-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso de apelación en acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2014-00349-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2014-00349-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y AL PATRIMONIO PÚBLICO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS INSTRUCTORES DEL SENA – Imposibilidad del cese de esta modalidad de contratación / AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL SENA – No se cuenta con presupuesto / CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL SENA – Prevalece sobre la prohibición de vincular a instructores por contrato de prestación de servicios / DERECHO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA / ELEMENTO SUBJETIVO – No se configura
Ahora, en cuanto a la incorporación por contratos de prestación de servicios a los instructores para que desempeñen funciones misionales propias de la entidad con carácter permanente y la pretensión de que se ordene el cese inmediato de esta modalidad de contratación, aunque dicha hipótesis pueda resultar concordante con la verificada omisión en el cumplimiento de la ley, no por ello puede emitirse tal orden a partir de una afectación a la moralidad administrativa pues, además de no serlo, bajo ese rasero se llegaría a la conclusión obligada de prohibir la suscripción de los contratos y más aún, ordenar la terminación, cuando no se ha solventado lo referente a los supuestos necesarios para la ampliación de la planta de personal con grave riesgo de afectación del cumplimiento de las funciones misionales del SENA, sin considerar que el riesgo de lesión a derechos de contratistas y educandos sería impactante lo que en términos coloquiales redundaría en que resulta más grave el remedio que la enfermedad, por lo que se impone al juez popular la prudencia y ponderación en sus determinaciones. (…) Se precisa, además, que las imputaciones generales atribuidas por el actor sobre la falta de transparencia, no prueba per se la existencia del elemento subjetivo, siendo el núcleo central de la prueba que se echa de menos, dado que la falta de modernización de la planta de personal y las vinculaciones continuas de los instructores a través de contratos de prestación de servicios, al margen de que en principio dicha contratación no se subsume en las reglas de excepción, no revela una política general que sugiera el favorecimiento de intereses particulares o que implique conductas amañadas o fraudulentas, pues se echan de menos fundamentos probatorios que pongan al descubierto la afectación indicada. (…) En este punto del análisis, vuelve la sala sobre la reflexión al tenor de la cual la moralidad administrativa es un derecho colectivo que involucra intereses superiores, pero ello no significa que se pueda soslayar el desconocimiento de otros derechos y bienes protegidos, como el juez natural, la contradicción de la prueba, la existencia sobre la certeza del daño y la imputación a las demandadas. En ese orden, las simples afirmaciones o inferencias son insuficientes para dar por establecido un incumplimiento grave, así como la afectación de los derechos colectivos denunciados. (…) Igual ocurre, respecto de la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, pues éste sólo se ve afectado, cuando la administración o el particular que administra recursos públicos los maneja indebidamente, bien porque lo hagan en forma negligente o porque se destinen a gastos diferentes a los expresamente señalados en la norma y ponga en riesgo la transparencia sobre la destinación de los recursos, siempre bajo la comprobación de que la conducta descuidada, negligente o imperita, afecte el núcleo de ese derecho, aspecto que reside en la realización de los fines del Estado. (…) Así, ocurre que en este caso, si bien no hay duda de la suscripción de los contratos de prestación de servicios y de la falta de ampliación de la planta de personal, revelan un estado de cosas por realizar, la carencia de cargos concretos sobre la afectación del patrimonio público tanto en la demanda como en el recurso, comportaría una decisión especulativa, anticipada e injustificada, pues la simple imputación no pasa de ser una elucubración sobre la ocurrencia de unos riesgos, cuyo análisis es más complejo que el que propone la demanda, y que, por demás, requiere un exigente sustento probatorio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00349-01(AP)
Actor: SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA
Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas y se negaron las pretensiones de la demanda.
El centro del debate tiene por objeto determinar si el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA vulneró los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, con ocasión de la suscripción de los contratos de prestación de servicios administrativos para la vinculación de instructores, cuando estos deben incorporarse en la planta de personal de forma permanente por tratarse de empleos de carrera y dada su naturaleza misional.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.- Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.- La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 4 de marzo de 2014, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos son, los siguientes:
Pretensiones
3.- El actor solicita declarar que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es responsable por la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, dado que a partir del año 2004 ha “ejecutado una práctica administrativa laboral” soportada en una “nómina paralela” de instructores vinculados mediante contrato de prestación de servicios cuando debieron ser incorporados en la planta de personal como corresponde, por tratarse de empleos de carrera. En ese orden, solicita que el SENA deje de vincular instructores mediante contratos de prestación de servicios, iniciar las actuaciones administrativas para reformar la planta de personal y aumentar el número de empleos de instructor en la planta de personal.
Textualmente, solicitó lo siguiente:
“1. Se amparen los derechos e intereses colectivos a la “moralidad administrativa” y “la defensa del patrimonio Públicos” violados y amenazados por la actuación y omisión administrativa de la Directora General del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA”
2. Se ordene a la Directora General del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, cese inmediatamente en la celebración de nuevos contratos administrativos de prestación de servicios para la ejecución de labores de INSTRUCTOR, respetando la vinculación de los actuales y su prórroga automática hasta tanto sean incorporados en planta sin solución de continuidad.
3.- Se ordene a la Directora General del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, inicié dentro del mes siguiente los trámites administrativos previstos en la ley y el reglamento, para que en cumplimiento de orden judicial que obliga también al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República, sea expedido el Decreto por el cual se Reforma la Planta de Personal en un plazo máximo e improrrogable de seis -6- meses, hasta culminar durante la ejecución presupuestal de 2015, con el objeto de aumentar progresivamente, por lo menos en el mismo número de empleos de INSTRUCTOR existentes actualmente en Planta, más el número de los actuales INSTRUCTORES vinculados mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, quienes serán incorporados sin solución de continuidad; y,
4.- Se conforme según el inciso final del artículo 34 de la ley 472/998, “un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, en el cual participarán el Juez, las partes, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como entidades públicas vinculadas a la reforma de la Planta de Personal, la PROCURADORA Delegada para asuntos del trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, responsable de los trabajadores estatales”
Hechos
4.- Señaló la demanda que, mediante Decreto 249 de 2004 se previó el cargo de “NIVEL INSTRUCTOR” en la Planta de Personal de SENA, con funciones de carácter permanente.
4.1.- Afirmó que, desde el año 2004, cuando el SENA adoptó su planta de personal se crearon 3.714 instructores, pero en adelante no se volvió a actualizar ni ha incrementar el número de instructores, congelando su planta de personal.
4.2. Agregó que, desde entonces, el SENA ha ejecutado una práctica administrativa laboral, consistente en la creación de una nómina paralela de instructores vinculados simultáneamente por contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de instructor de carácter permanente, a pesar de su naturaleza misional.
4.3. Este tipo de vinculación se ha venido incrementando año a año, conforme dio cuenta la Contraloría en un informe rendido a la Presidencia de la República de 21 de agosto de 2013.
4.4. Todos los instructores de planta y vinculados por contrato ejercen funciones misionales de carácter permanente y se encuentran en situación de subordinación.
4.5. La congelación del número de instructores de planta y el correlativo aumento de instructores por contrato, comporta una violación del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, así como el incumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-614 de 2009, al tiempo que desconoce el control de advertencia proferido por la Contraloría General de la República en función de la practica extendida sobre la celebración del contratos de prestación de servicios en dicha área.
4.6. Además que, en la mayoría de los casos las personas han sido contratadas en más de dos o tres vigencias, lo que indica que se trata de labores de carácter permanente y que corresponde al ejercicio de funciones misionales.
4.7. Esta conducta desacata la Circular 008 de 7 de mayo de 2013, proferida por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la función preventiva. Viola el principio de igualdad y no discriminación, en tanto desconoce que los instructores de planta gozan de todos los beneficios laborales y los vinculados por contrato, no.
La defensa
5.- De cara al trámite de la acción popular, en auto del 14 de marzo de 2014 se admitió la demanda y se dispuso correr traslado a su extremo procesal –Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública, Comisión Nacional del Servicio Civil y Central Unitaria de Trabajadores-, en tanto el medio de control se dirigió contra todas dichas entidades, para lo pertinente. Adicionalmente, se dispuso informar a la comunidad sobre la admisión de la demanda, a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier otro mecanismo eficaz.
6- El Ministerio de Hacienda manifestó su oposición fundado en que la demanda no indica cuáles son los hechos imputables a dicha entidad que comprometen los derechos colectivos a la moralidad y al patrimonio público, aunado a que tampoco es de su competencia ampliar, reducir o cambiar la planta de personal del SENA. A título de excepciones propuso: i) improcedencia de la acción popular frente al Ministerio de Hacienda; ii) falta de requisito previo para demandar, dado que el actor no presentó ninguna reclamación frente al Ministerio de Hacienda, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de este y iv) la inexistencia de la violación de la moralidad administrativa y violación del patrimonio público.
7.- El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se opuso a las pretensiones fundado en que a la fecha i) inició gestiones y trámites administrativos a través de las entidades competentes para ampliar la planta de personal en la forma prevista por la Corte Constitucional. En ese orden, no es cierto que haya incumplido con los mandatos dispuestos en la sentencia de constitucionalidad; por lo pronto ii) cada ordenador del gasto en el SENA deberá determinar si hay lugar a la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular los instructores del SENA; iii) el Consejo de Estado, en sentencia IJ 0039 del 18 de noviembre de 2003, ha sostenido que como la contratación de los instructores contratistas se hace por determinadas horas, no constituye subordinación y no genera un contrato realidad, pues para que ello suceda es necesario probar que el supuesto contratista se desempeñó en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, cumpliendo un horario, recibiendo instrucciones, reportando informes, que den cuenta del elemento de subordinación; iv) la contratación de instructores le permiten al SENA ofrecer y desarrollar programas de formación profesional integral para cumplir con la misión que le impone la Ley 119 de 1994, esto es, invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. No obstante, dichos programas no son permanentes en el marco de la oferta institucional, ni en sus contenidos, sino que estos varían de acuerdo con las necesidades de los sectores económicos del país; v) si bien el Decreto 249 de 2004, exige que la oferta deberá responder a los criterios de pertinencia, calidad, oportunidad y flexibilidad, la permanencia de instructores con un determinado perfil está ligada a la necesidad de la demanda del programa para el cual fueron contratados; y, vi) el tamaño de la planta de personal está limitado con los costos presupuestales que exige.
Agregó que, la existencia de contratos de prestación de servicios personales para instructores, no puede conducir a su incorporación automática en la planta de personal, ni siquiera en los casos en que se declara judicialmente la existencia de un contrato realidad. Aún, cuando los empleos de instructor fueran creados en el SENA con carácter permanente, debe decirse que estos son de carrera administrativa, por lo que la provisión de los cargos deberá hacerse atendiendo al sistema de méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En punto de las necesidades del servicio dijo que, desde el año 2012, el SENA ha adelantado los trámites necesarios para ampliar su planta de personal, inicialmente con 1000 cargos de instructor. Es por ello que: i) mediante oficio de 28 de noviembre de 2012, la entidad remitió al Ministerio de Trabajo el decreto de proyecto y los documentos soportes, ii) el 21 de diciembre de 2021, el Director de Planeación de SENA solicitó a la DNP concepto para la ampliación de la planta de personal, iii) el 2 de enero de 2013, la DNP dio viabilidad para crear 1.000 cargos de instructor, pero con carácter temporal para el año 2013 y, iv) el 30 de enero de 2013, el Director General del SENA respondió a la DNP que el objetivo era crear 1000 cargos de instructor con carácter permanente, pero hasta la fecha no ha obtenido un concepto favorable para la creación de dichos cargos.
Con todo, el SENA suscribió con la ESAP el contrato de consultoría N.º 638 de 2013, para realizar el análisis organizacional a partir del levantamiento de las cargas de trabajo de la entidad, apoyándose en los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública, para poder analizar la estructura de la actual planta de personal, de cara a cumplir con la oportunidad, calidad, eficiencia, y eficacia todos los procesos y procedimientos misionales, administrativos y de apoyo. De aquí que, la ESAP se encuentra adelantando los ajustes a las cargas laborales y a su vez el SENA, define las estrategias técnicas, jurídicas y presupuestales correspondientes, para la implementación y adición de la planta de trabajo. Además, no se puede pasar por alto que el Gobierno Nacional le ha impuesto al SENA restricciones en el incremento del presupuesto anual para gastos de personal.
En cuanto a la pretensión de incorporar a los contratistas en la planta de personal de manera automática, sostuvo que dicha petición no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que ello atentaría contra los principios de carrera administrativa conforme al perfil del cargo, requisitos, capacidades, aptitudes, según el programa de formación en los términos de lo previsto en la Ley 909 de 2004.
En todo caso, propuso a título de excepciones: i) la imposibilidad legal del SENA para dar cumplimiento a las pretensiones de la accionante en al forma en que se reclaman, entre otras razones por falta de incremento del presupuesto anual de gastos de personal, dado que incluso el valor de la nómina actual correspondiente a los 3714 cargos de instructor supera los 241 mil millones de pesos anuales y, ii) la indebida escogencia de la acción, dado que en realidad correspondía ejercer una acción de grupo y no una acción popular.
8.- Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, fundamentalmente, apoyó su defensa, en qué no está legitimado en la causa para concurrir al proceso
9.- La Presidencia de la República solicitó ser desvinculado del proceso, por no tener iniciativa ni participación en la modificación de la planta de personal del SENA.
10.- La Comisión Nacional del Servicio Civil aseguró que si bien hace parte del engranaje del desarrollo y funcionamiento del empleo público, no es competente para intervenir ni para pronunciarse sobre el personal vinculado por contrato de prestación de servicios
11.- La Central Unitaria de Trabajadores guardó silencio.
12.- El 30 de junio de 2015, se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, sin que se lograra un pacto de cumplimento.
13.- El auto de 3 de julio de 2015, se incorporaron las pruebas allegadas por las partes. Sin embargo, se prescindió de la etapa probatoria dado que no había pruebas que practicar. De aquí que, se corrió traslado a las partes para sus intervenciones finales. La parte demandante insistió en las pretensiones de la demanda, mientras que las entidades demandadas argumentaron las mismas razones de su defensa expuestas en el escrito de contestación de la demanda. El ministerio público solicitó negar las pretensiones, dado que el actor popular no logró acreditar cuáles son los hechos imputados transgresores de los derechos colectivos, en tanto el SENA ha dado estricto cumplimiento a las normas legales, comoquiera que el Estado podrá suscribir contratos de prestación de servicios siempre y cuando no exista continuidad o permanencia como ocurre en este caso. Además, encontró que la acción no era procedente cuando lo que se busca es la protección de los derechos individuales de los contratistas de esta modalidad de contratación del SENA.
Fundamentos de la sentencia recurrida:
14.- Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las excepciones propuestas y las pretensiones de la demanda, por las razones que pasan a explicarse:
14.1.- En lo que atañe a la falta de legitimación por pasiva alegada por la Presidencia de la República, por el Ministerio de Hacienda, por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, no la encontró probada dado que el procedimiento para implementar las plantas de personal de las entidades descentralizadas del orden nacional es una tarea que involucra a todo el Gobierno Nacional.
14.2 Negó la excepción de improcedencia de la acción popular, dado que a pesar que una de las demandadas reclamó que debió ejercerse la acción de cumplimiento, sostuvo que la transgresión de los derechos colectivos puede materializarse a través del incumplimiento de una norma legal o de un acto administrativo de carácter general, de modo que la afectación de los derechos colectivos puede provenir de una acción u omisión legal por parte de la existencia de un deber omitido, que es el que se imputa en este caso.
14.3. Rechazó la excepción de falta de agotamiento del requisito previo para demandar, propuesta por el Ministerio de Hacienda, pues le corresponde al juez de la acción popular identificar las entidades que eventualmente puedan resultar comprometidas con los hechos endilgados.
14.4 En lo que concierne a los demás hechos imputados al SENA, relacionados con la afectación de los derechos colectivos, sostuvo que en realidad son argumentos de la defensa que ameritan ser resueltos de fondo y no por la vía de excepción.
14.5.- En cuanto al fondo, puso de presente que, para resolver la cuestión es necesario establecer i) si existe una nómina paralela de instructores en el SENA; ii) si las personas vinculadas como instructores ejercen funciones de carácter permanente; iii) si existe un ánimo subjetivo imputable a las autoridades demandadas de desconocer la existencia de una relación legal y reglamentaria, cuando los instructores son vinculados por contrato y, iv) si dicho comportamiento afecta a los derechos de carácter colectivos, específicamente si se han vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
14.5.1 En cuanto a la existencia de la nómina paralela sostuvo que en el marco de la acción popular no procede la discusión sobre la validez de los contratos administrativos. De aquí que, no le corresponde al juez popular calificar los contratos individuales suscritos entre los contratistas y la demandada, pues para ello existen medios del control específicos previstos por el legislador, como son las acciones laborales para reclamar el pago de los salarios y prestaciones sociales, eludidos a través de los contratos.
14.5.2. Ahora, si bien la existencia de una nómina paralela no ha sido controvertida por la entidad, lo cierto es que ha dejado ver que ha hecho ingentes esfuerzos para ampliar la planta de personal a través del Decreto 250 de 28 de enero de 2004, mediante el cual se incorporaron 3.714 instructores en la planta de personal, aunado a que luego llevó a cabo los estudios necesarios para incrementar en más de 1.000 empleos dicho categoría. Y, sin perjuicio de que el SENA dispone de un banco de más de 17.000 instructores que contrata en forma permanente. Empero es imposible dejar de vincular instructores por contratos de prestación de servicios, en tanto dichas personas prestan servicios localizados de formación no continua, sustentados en criterios de oportunidad, calidad y pertinencia. No obstante lo anterior, concluyó que no hay prueba del número de contratos de prestación de servicios, de su renovación permanente, de la prestación permanente de las funciones a través de este mecanismo, de la existencia de sentencia judiciales que hubiesen reconocido las relaciones laborales, de aquí que no aparece probada la nómina paralela de que habla la demanda.
14.5.3. Respecto de si las personas vinculadas como instructores ejercen funciones de carácter permanente sostuvo que no basta afirmar que la Contraloría hizo control de advertencia para dar por probado este hecho, y que su existencia tenga un claro propósito de desconocimiento de los derechos laborales individuales.
14.5.4. Agregó que, el sindicato no allegó una prueba determinante que acredite que la entidad cada vez que suscribe un contrato de prestación de servicios para instructores, lo hace con el ánimo de desconocer la existencia de una relación legal y reglamentaria y, de suyo, desconocer los derechos laborales a través de este tipo de contratación.
14.5.4. Finalmente, en cuanto a que dicho comportamiento trasciende la esfera privada y afecta a los derechos colectivos, afirmó que, el Sindicato del SENA no logró acreditar que la demandada desconoció los principios que orientan las actuaciones administrativas, tampoco explica ni prueba como fueron transgredidos los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, no se acreditaron las conductas inmorales ni por qué razón se sufrió un detrimento patrimonial.
II. RECURSO DE APELACIÓN
Sustentación del recurso de apelación
15.- La parte actora presentó recurso de apelación contra la decisión anterior, para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, sostuvo:
15.1 La sentencia omitió valorar la prueba, la ignoró e hizo afirmaciones contra evidentes, pues no tuvo en cuenta: i) el Decreto 250 de 2004 mediante el cual se adoptó la planta de personal de SENA; ii) las Resoluciones 0081 de 2004 y 00986 sobre el manual específico de funciones del SENA; iii) las resoluciones de la Dirección General del SENA que establecen el calendario académico y las labores de los instructores en los Centros de Formación Profesional; iv) la Resolución 000526 de 2005 que adopta el manual de contratación de prestación de servicios de instructores del SENA; v) la “función de advertencia” expedida por la Contraloría General de la República de 16 de mayo de 2013 y el oficio 84112 de 21 de agosto de 2013, enviado por el mismo ente de control al SENA;; vi) la Circular 008 de 7 de mayo de 2013, expedida por la Procuraduría General de la Nación, con destino a las entidades públicas, para el cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad C-614 de 2009, así como el oficio 007484 de 2 de agosto de 2013; vii) el acta de reuniones de 20 de junio de 2013 entre el SENA y SINDESENA; vii) el oficio de 13 de marzo de 2013, dirigido por SINDESENA a la Contraloría General de la República, para que vele por el cumplimiento de la sentencia C-614 de 2009; viii) los CDS remitidos por el SENA al representante a la Cámara Wilson Arias y ix) las gráficas elaboradas con base en el oficio de 27 de septiembre de 2013, suscrito por la directora del SENA a la Contraloría General de la República. En tanto los anteriores documentos dan cuenta del número de contratos año por año, su renovación continua y el carácter permanente de la función. Circunstancias indicativas de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
15.2.- En su sentir, el SENA desde el año 2004 ha ejecutado una práctica administrativa laboral soportada en una nómina paralela de instructores vinculados simultáneamente por contratos administrativos de prestación de servicios, tanto que la propia Directora del SENA aceptó que durante la vigencia fiscal del año 2012, se vincularon por contratos de prestación de servicios 22.756 los instructores y a 30 de junio de 2013, se habían contratado 15.673 instructores. En ese orden, el SENA no puede desconocer que de los 5.686 funcionarios existentes en las dependencias misionales, más los 36.625 instructores vinculados por contrato, son de carácter permanente y que de no ser realizadas estas labores se incumpliría sus funciones misionales. De aquí que, resulta evidente, la congelación del número de instructores de planta y el aumento progresivo del número de instructores por contrato constituye una violación de la norma legal contenida en el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, desconoce la sentencia de la Corte Constitucional C-614 de 2009 y comporta una práctica transgresora del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación.
15.3.- Además, advirtió que el SENA reconoce la realidad institucional de los instructores contratistas, tanto que adujo la imposibilidad de dar cumplimiento por el impacto fiscal que genera la solicitud.
15.4 Llamó la atención en que le correspondía al SENA acreditar que la suscripción de los contratos de prestación de servicios para la vinculación de instructores se subsumía en la excepción prevista por la ley y no lo hizo.
16.- El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación en autos de 12 de septiembre de 2016 y 12 de mayo de 2017. En auto de 19 de septiembre de 2017 se ordenó correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. La parte actora se remitió a las razones expuestas tanto en la demanda como en el recurso de apelación. El Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA insistieron en las razones de su defensa.
17.- El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala
18.- La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas o de las privadas que desempeñen funciones administrativas.
Debe decirse que la Sala es competente para conocer del recurso de alzada, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia, en tanto se discute la presunta vulneración de los citados derechos colectivos por parte de una autoridad del orden nacional, tal como lo establece el numeral 14 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
Además, en los términos del artículo 13.13 del Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de Estado, la Sección Tercera es la competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en torno a las controversias referidas a la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
El objeto de la apelación
19.- Expresados los motivos de inconformidad del apelante, la Sala pasa a analizar, en el contexto de los derechos colectivos denunciados, si resulta procedente la acción popular impetrada de cara a la práctica administrativa laboral implantada en el SENA desde el año 2004, consistente en la existencia de una nómina paralela de instructores vinculados mediante contrato de prestación de servicios, cuando debieron ser incorporados en la planta de personal en cargos de carrera o si los contratos son el resultado de la excepción contemplada en la norma legal y si el A quo dejó de valorar las pruebas sobre las imputaciones hechas por la parte actora.
Con esa perspectiva, y porque así o impone la resolución del recurso, se evaluará i) la procedencia de la acción popular en el caso concreto, ii) el alcance de la acción popular de cara a la existencia de los contratos de prestación de servicios; iii) la competencia del juez popular y, finalmente, iv) el caso concreto.
La procedencia de la acción popular en el caso concreto
20.- Debe decirse que en este caso la acción resulta procedente, pues lo que se pone en cuestión es el presunto desconocimiento de los principios que inspiran y orientan la función administrativa contenidos en el artículo 209 constitucional. De aquí que, no se busca la reparación de los perjuicios causados a un grupo, ni se limita al cumplimiento de una norma de rango legal o acto administrativo. Esta última instituida cuando no proceda otro instrumento judicial.
La discusión se centra en el incumplimiento de un deber omitido que atañe a una práctica general endilgada al SENA por vincular a través del mecanismo de contratos de prestación de servicios a los instructores cuando su vinculación es de carácter legal y reglamentario en cargos de planta mediante concurso de méritos por tratarse de empleos de carrera. En ese orden, la controversia no gira en torno a la discusión de cada contrato de prestación de servicios en particular, sino que tiene que ver con el deber omitido de la entidad de ampliar y reformar la planta de personal, que ha impedido vincularlos como corresponde.
En ese orden, a partir de la acción ejercida se pretende establecer si las conductas endilgadas al SENA transgreden los derechos colectivos a la moralidad pública y el patrimonio estatal, en los términos atrás referidos.
El alcance de la acción popular de cara a la existencia de los contratos de prestación de servicios
21.- La Ley 1437 de 2011 prevé que la acción popular procede contra actos administrativos y contratos, y si bien el juez no los puede anular, sí puede adoptar otras medidas para evitar la amenaza o la violación del derecho e intereses colectivos, incluso las relativas a la suspensión de la ejecución del acto o contrato.
22.- Recuerda la Sala que en este caso no se cuestiona la validez de los contratos de prestación de servicios suscritos con los instructores del SENA. En consecuencia, más allá del alcance de los contratos, incluso de la pretensión de establecer la existencia de cada uno de los contratos realidad desde la óptica que le corresponda al juez laboral, la discusión atañe a la práctica indebida que en apariencia busca guardar las formas legales pero materialmente comporta una conducta que no consulta ni la norma legal y vulnera los principios que orientan la función administrativa.
Se hace esta precisión porque la validez de los mentados contratos de prestación de servicios o el contrato laboral queda reservada al juez natural, dadas las explícitas normas atribuidas por la Ley 1437 de 2011, pues a no dudarlo, las reglas de competencia comportan una atribución de reserva constitucional y legal y, en tanto no hay competencias implícitas en materia contenciosa, por lo que el juez popular no tiene competencia para resolver sobre la legalidad de los contratos de prestación de servicios ni tampoco sobre las materias reservada a las competencias atribuidas al juez laboral de cara a la existencia de los contratos realidad. Dicho de otra manera, la acción popular no sustituye tales medios de control, por el solo prurito de que en el recurso se haga referencia a una violación a un derecho colectivo.
Esto significa que en lo relativo a la celebración y ejecución de cada contrato, en principio, deberá discutirse por los cauces normales de la acción contractual o en el marco de la acción laboral y por las personas legitimadas para ello.
Precisado lo anterior, la controversia que define esta sala, no gira en torno a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos de prestación de servicios que se echan de menos, ni sobre la condición que atañe a los contratos realidad, cuya materialidad puede verse distorsionada por los contratos de prestación de servicios.
Competencia del juez popular
23.- Precisado lo anterior, debe decirse que la competencia del juez popular alcanza la protección integral de los derechos colectivos, teniendo en cuenta que la acción no es, en manera alguna, subsidiaria ni residual frente a las dispuestas ordinariamente para controlar la legalidad de la actividad de la administración; razón por la que las medidas que corresponde adoptar al juez deben considerarse desde una perspectiva constitucional.
24.- Se trata, entonces, de que el juez propenda por la protección de los derechos colectivos sin los límites de las acciones ordinarias al menos desde su protección material, pues al final de cuentas la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, al tiempo que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado -artículo 209 C.P.-.
25.- Así, dado el carácter normativo de la Constitución, corresponde consultar los postulados superiores del que emanan los principios de i) jerarquía y unidad normativa de la Constitución, ii) legalidad o sometimiento de las autoridades públicas a la normatividad jurídica, iii) moralidad o sujeción a los deberes de corrección que exigen la conformidad de las actuaciones de la administración con el interés general y demás fines estatales, y iv) el control jurisdiccional de la actividad de la administración, en sus distintas facetas.
26.- Y a tales objetivos debe orientarse la tarea del juez de la acción popular, pues un entendimiento distinto conduciría al desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado social.
27.- Bajo la misma línea de pensamiento, en casos como este, la Sección ha sostenido que conforme con lo preceptuado en los artículos 88 y 209 de la Constitución Política, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público revisten una doble naturaleza, en tanto principios infranqueables a los que debe ceñirse la actividad de la administración y derechos colectivos inalienables que, hacen de la acción popular un mecanismo verdadero y efectivo control constitucional de alcance particular -art. 88-., lo que significa que más allá del juicio formal que le corresponde al juez ordinario, el juez popular dados los derechos de origen constitucional que protege, sus decisiones deberán consultar los valores y principios de jerarquía superior, que rigen el comportamiento de los asociados y que comportan criterios de validez material que rigen las actuaciones administrativas, cumpliendo su doble propósito en tanto deberes de corrección que irradian todas las actuaciones de la administración.
28.- En consecuencia, mientras el juez popular subyace sus decisiones fundado en principios y valores constitucionales que constituyen verdaderas reglas vinculantes y criterios de validez material que rigen las actuaciones administrativas, la competencia de los jueces ordinarios se limitará a control de legalidad de cara a los elementos de perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, incluso sobre la forma de vinculación de los servidores estatales, cuando la suscripción de los contratos de prestación de servicios, en realidad esconda una vinculación de carácter laboral, las reglas y garantías que se proyecten en la protección de los derechos laborales, cuyo juicio estará a cargo del juez natural.
El caso concreto
39. En este caso el demandante no reprocha la validez de los contratos de prestación de servicios, pues más allá de su alcance, sus particularidades, su ejecución y liquidación, la censura contra el SENA tiene que ver con que desde el año 2004 ha ejecutado una práctica administrativa laboral soportada en una nómina paralela de instructores vinculados simultáneamente por contratos de prestación de servicios, tanto que la demandada no desconoce que de los 5.686 funcionarios existentes en las dependencias misionales, más los 36.625 instructores han sido vinculados por contrato, lo cual incumple explícitamente sus funciones misionales, constituye una violación de la norma legal contenida en el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, desconoce la sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional C-614 de 2009 y comporta una práctica transgresora del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación.
Además, el sindicato apelante da cuenta de la congelación del número de instructores de planta y desde la otra orilla, muestra el aumento progresivo del número de instructores vinculados por contrato, lo que refleja una normalización de una práctica ilegal.
30. Así, por ejemplo, acusó a la sentencia de falta de valoración probatoria, pues no tuvo en cuenta: i) el Decreto 250 de 2004 mediante el cual se adoptó la planta de personal de SENA; ii) las Resoluciones 0081 de 2004 y 00986 sobre el manual específico de funciones del SENA; iii) las resoluciones de la Dirección General del SENA que establecen el calendario académico y las labores de los instructores en los Centros de Formación Profesional; iv) la Resolución 000526 de 2005 que adopta la manual de contratación de prestación de servicios de instructores del SENA; v) la “función de advertencia” expedida por la Contraloría General de la República de 16 de mayo de 2013 y el oficio 84112 de 21 de agosto de 2013, enviado por el mismo ente de control al SENA; vi) la Circular 008 de 7 de mayo de 2013, expedida por la Procuraduría General de la Nación, con destino a las entidades públicas, para el cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad C-614 de 2009, así como el oficio 007484 de 2 de agosto de 2013; vii) el acta de reuniones de 20 de junio de 2013 entre el SENA y SINDESENA; vii) el oficio de 13 de marzo de 2013, dirigido por SINDESENA a la Contraloría General de la República, para que vele por el cumplimiento de la sentencia C-614 de 2009; viii) los CDS remitidos por el SENA al representante a la Cámara Wilson Arias y ix) las gráficas elaborada con base en el oficio de 27 de septiembre de 2013, suscrito por la directora del SENA a la Contraloría General de la República. Esto porque a su juicio, los anteriores documentos dan cuenta del número de contratos año por año, su renovación continua y el carácter permanente de la función. Circunstancias indicativas de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa al patrimonio público.
31.- Debe decirse que tal y como lo pone de presente el recurrente, las pruebas que echa de menos en el análisis de la sentencia fueron incorporadas a la actuación y aunque no se les imprimió la connotación esperada por el demandante, sí fueron valoradas por el a quo, para llegar a conclusiones opuestas a sus intereses.
33. No obstante, de manera más sencilla y de cara al recurso de apelación, corresponde establecer si la práctica endilgada comporta una violación de la moralidad administrativa. Para llegar al núcleo de discusión, se recuerda que el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968 prevé que al interior de la rama ejecutiva, para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos públicos correspondientes, pero en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desarrollo de tales funciones. En apretada síntesis, esta norma fue declarada exequible mediante sentencia C-614 de 2009. En esa oportunidad, la Corte llamó la atención en que se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado, la reducción de las plantas de personal de las entidades públicas y de contera, se ha privilegiado el incremento acelerado de los contratos de prestación de servicios para el desempeño de las funciones permanentes de la administración, propias de los empleados públicos, lo que comúnmente se conoce como “nóminas paralelas”.
El alto tribunal sostuvo que, la desviación práctica de la norma acusada desborda el control abstracto de constitucionalidad y su corrección corresponde a los jueces ordinarios. De aquí que, la Corte instó a los organismos de control para que cumplan con el deber legal y constitucional de proteger los recursos públicos, defender los intereses de la sociedad y vigilar el cumplimiento de la constitución y las leyes. Por esa vía, exigir el cumplimiento de la regla acusada y en caso de incumplimiento imponer las sanciones a que haya lugar, para que las entidades se abstengan de utilizar el mecanismo de los contratos de prestación de servicios, cuando las funciones deban cumplirse con personal de planta.
33.- Desde la otra orilla, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, inicialmente, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública los estudios correspondientes para modificar y ampliar su planta de personal. Obtuvo el concepto favorable y el certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección Nacional de Presupuesto. En ese orden, mediante Decreto 250 de 28 de enero de 2004, el Presidente de la República adoptó la planta de personal del SENA. En la nueva denominación y en la planta globalizada se crearon 3.714 instructores destinados al nivel central y regional. En síntesis los cargos de instructor formaban parte de la planta de personal.
34.- En seguida, el Decreto reglamentario 1227 de 21 de abril de 2005, se ocupó de reglamentar para las entidades de la rama ejecutiva las reformas a las plantas de personal. Ello impone que se trate de un trámite reglado de obligatorio cumplimiento, que afecta la estructura y el presupuesto de las entidades nacionales y territoriales, bien se trate del orden central o descentralizado. A su vez dicho marco normativo, prevé que las reformas y las ampliaciones deberán fundarse en estrictas necesidades del servicio o en razones de modernización. Sin perjuicio, que deberán contar con el concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Departamento Nacional de Planeación si atañe al presupuesto de inversión y finalmente, con el certificado de viabilidad de la Dirección General de Presupuesto.
Se destaca de la norma reglamentaria los artículos 95 y 96 que sobre el punto prevén:
“ARTÍCULO 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.
PARÁGRAFO. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.
ARTÍCULO 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión (…)
Posteriormente el Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, compilatorio, en su versión integrada de las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, sobre el particular dispuso:
“ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y contar con estudios técnicos de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización que así lo demuestren.
Las solicitudes para la modificación de las plantas de empleos, además de lo anterior, deberán contener: i) costos comparativos de la planta vigente y la propuesta, ii) efectos sobre la adquisición de bienes y servicios de la entidad, iii) concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afecta el presupuesto de inversión y, iv) los demás que la Dirección General de Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.
PARÁGRAFO 1. Toda modificación a las plantas de empleos y de las estructuras de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.
PARÁGRAFO 2. La administración antes de la expedición del acto administrativo que adopta o modifica las plantas de empleos y de las estructuras de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional y su justificación, deberá adelantar un proceso de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, en el cual se dará a conocer el alcance de las modificaciones o actualizaciones, escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto administrativo.”
En conclusión, las normas legales y reglamentarias prevén que la modificación de las plantas de empleos de la rama ejecutiva, está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refieren las normas mencionadas deberán realizarse dentro de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Y, cuando las conclusiones del estudio técnico deriven en la creación de empleos para el cumplimiento de planes, programas o proyectos, se incluirán los criterios de racionalización del gasto público, en función del mejoramiento de los niveles de eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.
35.- En armonía con las citadas disposiciones generales, no hay duda de que, luego de la expedición del Decreto 250 de 28 de enero de 2004, mediante el cual se adoptó la planta de personal del SENA, esta no ha sufrido alteración, manteniéndose en su estructura original, dado que a la fecha no ha sido reestructurada, actualizada y ampliada la planta de personal, al menos en lo que atañe a los niveles de INSTRUCTOR, al margen que i) mediante Resolución 00018 de 30 de enero de 2006, se adoptara el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados públicos del SENA y que, claramente se refiera al cargo de instructor para los centros de formación profesional integral ; y que la ii) Resolución 000986 de 25 de mayo 2007, adoptara el manual específico de funciones y las competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal del SENA, donde se relacionan las competencias comunes para los diferentes empleos y aquellas especiales para instructores.
36.- En ese orden, de acuerdo con el mencionado Decreto 250 de 28 de enero de 2004, los cargos de instructores hacen parte de la planta de personal, cuya provisión definitiva por tratarse de empleos de carrera correspondía efectuarla siguiendo los procesos de ingreso y ascenso previstos para ello. Además, las razones que justifican las necesidades del servicio para la provisión de estos cargos por el sistema de carrera administrativa están debidamente justificadas con las distintas resoluciones anuales que establecen los calendarios académicos entre los años 2005 a 2013, incorporados al plenario, con independencia de sus propias particularidades, indicativos que son una muestra inequívoca de las funciones misionales propias de la entidad a cargo de quienes desempeñan los empleos de instructor.
Para confirmar este acierto, el Consejo de Estado ha expulsado del ordenamiento disposiciones con carácter reglamentario que han pretendido introducir la vinculación de instructores a través de la modalidad de contratación por prestación de servicios, en función de que expresamente dichos contratos para este tipo de empleo se encuentran prohibidos por la norma legal.
37.- En consecuencia, de cara al problema jurídico planteado, los instructores ejercen funciones de carácter permanente, propias de las competencias misionales, lo que implica que dichos empleos deberán ser provistos en la planta de la entidad a través del sistema de carrera, lo que explica que el servicio sea prestado por personal precedido por este tipo de vinculación laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, en el Decreto 250 de 2004 y en la sentencia de Constitucionalidad C-614 de 2009.
38.- En clave de la existencia de las nóminas paralelas, debe decirse que la entidad demandada expresamente ha aceptado que esta modalidad de contratación para los instructores ha venido en incremento. De ello da cuenta el SENA en sus distintas intervenciones procesales, pero particularmente el Contralor Delegado del Sector Social de la Contraloría General de la República, mediante oficio 84111 de 13 de febrero de 2014, acompaño la “Función de Advertencia”, remitida a la entidad, en el marco de la auditoría realizada en el SENA donde hizo evidente su preocupación, pues, para la vigencia del año 2011, la planta de personal del SENA era de 7.397 funcionarios en todos los niveles, 3.702 instructores, 2809 funcionarios de apoyo en el área misional de la entidad y 886 del área administrativa. No obstante se suscribieron 43.962 contratos de prestación de servicios por valor de $ 473.281.000.000,oo, de los cuales 36.625 corresponden a instructores, por valor de 396.735.000.000,oo.
39.- En la misma oportunidad y de cara al llamado hecho por la Corte, la Contraloría dejó expresa su inquietud sobre el riesgo de tipificación de contratos realidad en contravía de lo dispuesto por las normas superiores y la jurisprudencia constitucional y contenciosa. Reclamó que la contratación directa tiene lugar de manera excepcional, cuando se trata de servicios profesionales para apoyar una gestión de manera transitoria, pero ocurre que en la contratación adelantada por el SENA se exige la prestación del servicio a partir de un horario preestablecido, sin autonomía y de manera permanente, cuando dicha modalidad de prestación sólo es exigible al personal de planta. En torno a la condiciones de los contratos, puso en cuestión la vinculación a partir de formatos únicos de hojas de vida, certificación de cumplimiento general y el hecho de que la mayoría de los profesionales han sido contratados en más de dos o tres vigencias consecutivas. En ese orden, el ente de control requirió a la demandada para que tome medidas para la corrección de las deficiencias anotadas por afectar los criterios de una sana administración.
40.- También consta la Circular 008 de 7 de mayo de 2013, mediante la cual la Procuraduría General de la Nación instó a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales para el cumplimiento de las normas constitucionales y legales y las sentencias de constitucionalidad C-614 de 2009 y C-171 de 102 sobre deslaborización y tercerización laboral. Recordó que en los términos del artículo 48 de la Ley 734 de 2001, comporta una falta gravísima del servidor público “celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.
41.- En lo que atañe con el modo en que se vienen incorporando a los instructores, el 2 de agosto de 2013, la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social solicitó a la Directora del SENA informar sobre el cumplimiento de las normas y las decisiones judiciales, especialmente la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia, lo anterior en función de dar respuesta a los reclamos presentados por el sindicato del SENA.
42.- Incluso, el 4 de septiembre de 2006, la Directora de Vigilancia Fiscal informó al Presidente del Sindicato SINDESENA sobre los hallazgos encontrados en el SENA de cara a esta problemática. Concluyó que la mayor parte de la labor misional y de apoyo, se realizó con personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios. A título de ejemplo, en lo que se refiere a los instructores vinculados al SENA en la regional Cesar varios de los contratistas llevan vinculados a la entidad entre 4 y 10 años continuos, poniendo a la entidad en situación de riesgo de responder judicialmente por este tipo de vinculación
43.- Es por ello que el 13 de marzo de 2009, a Junta Nacional de SINDESENA solicitó la intervención de la Contraloría General de la República, para que el SENA diera cumplimiento a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, proferidas por la Corte Constitucional y se procediera con la provisión de 5.000 cargos en la planta de personal, especialmente de instructores, quienes prestan el servicio de formación profesional.
44.- En este panorama, se itera que la demandada, al tiempo que se opuso a las pretensiones, afirmó que a la fecha había iniciado gestiones y trámites administrativos a través de las entidades competentes para ampliar la planta de personal, inicialmente con 1.000 cargos de instructor, tanto que el 21 de diciembre de 2012 solicitó a la DNP concepto para la ampliación de la planta de personal y que el 2 de enero de 2013, la DNP dio viabilidad para crear 1.000 cargos de instructor, pero con carácter temporal para el año 2013 y aunque, nuevamente insistió en su pretensión ante el Departamento Nacional de Planeación hasta la fecha no ha obtenido un concepto favorable para la creación de 1.000 cargos de instructor. Sobre el punto, incluso, el 28 de noviembre de 2011 el Director General del SENA remitió para su consideración al Ministerio de Trabajo los documentos técnicos que soportaban la pretensión de modificar la planta de personal, para la incorporación de 1.000 empleos de instructor, solicitud justificada con estudios de costos, levantamiento de las cargas de trabajo, manual de funciones y anexo de instructores, relación de instructores vinculados por contrato y proyecto de decreto.
Además, el SENA, en respuesta al derecho de petición presentado por el representante a la cámara Wilson Arias, brinda una información determinante que enriquecen el debate, pues da cuenta paralelamente cuántos instructores son de planta de personal y cuántos fueron vinculados por contrato de prestación de servicios a partir del año 2003 hasta el 2013. A título de ejemplo i) en el año 2011 fueron contratados 22.679 instructores cuando se encontraban vinculados a la planta de personal 3.592; en el año 2012 fueron contratados 22.756, perteneciendo a la planta de personal 3.554 y en el año 2013 fueron contratados 15.673 existiendo en planta 3.557.
45.- De aquí que, objetivamente, todo indica que, a la fecha no se ha actualizado y ampliado la planta de personal del SENA, específicamente respecto de los cargos de instructor y a pesar de algunos esfuerzos a partir de la creación de nuevos cargos, estos de carácter temporal, particularmente en el año 2013, se encuentra lejos de cubrir las necesidades del servicio a través de la ampliación y restructuración de la planta de personal. Ello explica que de tiempo atrás la vinculación de instructores se ha formalizado a través de contratos de prestación de servicios, hecho que la entidad no niega, aunado a que un número no despreciable se han contratado simultáneamente año tras año. Estos dirigidos a cubrir las plazas que exigen el cumplimiento de sus funciones misionales con carácter permanente y de manera simultanea, conforme dan cuenta los calendarios académicos expedidos desde el año 2003, dedicados principalmente a organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales del sector productivo, así como para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos.
Análisis del elemento objetivo y subjetivo
46.- Ahora, en punto a la afectación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, la prueba o indicios transgresores del derecho colectivo a la moralidad pública dan cuenta de la presencia del elemento objetivo, al menos parcialmente, dado que en este aspecto no se ha cumplido con las aspiraciones previstas en la norma legal, en particular el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, ni en las disposiciones reglamentarias y tampoco se ha dado cumplimiento a las sentencias de constitucionalidad, como se verá más adelante. Sin embargo, ello no significa que la práctica generalizada denunciada a través de la presente acción, comprometa automáticamente el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues la transgresión del derecho colectivo va más allá de la inobservancia de la ley; allí radica el análisis del elemento subjetivo determinante para establecer la afectación.
En los términos de la jurisprudencia unificada, para que se configure la trasgresión de la moralidad administrativa “desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través de la acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta función pública”, lo cual no se mostró en el caso bajo estudio.
Ello se explica porque en los términos de los artículos 88 y 209 de la Constitución Política, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público gozan de una doble naturaleza, en tanto son principios infranqueables a los que debe ceñirse la actividad de la administración y derechos colectivos inalienables que, integrados a la solidaridad, como valor fundante del Estado social de Derecho –art. 2º- y participación –art. 40-, hacen de la acción popular un mecanismo de verdadero y efectivo control constitucional para su protección –art. 88-.
De aquí que, a través de la acción popular se pretende corregir las irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de generar daños colectivos a la moralidad y al patrimonio público con el fin de superarlos; no se trata de que el juez popular realice un juicio de legalidad formal, como quedó dicho, pues ello le corresponde al juez natural, sino que propenda por la protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público sin los límites de las acciones ordinarias.
48.- En este caso, las pruebas directas documentales y otras indiciarias no permiten arribar a la configuración del elemento subjetivo, en tanto este exige certeza sobre la materialización de las conductas amañadas, corruptas y alejadas de la correcta función pública.
La prueba del elemento subjetivo referido a la disposición o el ánimo materializado a través de conductas deshonestas en función de anteponer los intereses particulares, en detrimento de los intereses generales, le corresponde a la parte actora, en tanto le incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Después de todo, los deberes de la administración se ubican más allá de las exigencias de la legalidad con que tradicionalmente se ha querido controlar su actividad, en el campo de los valores fundantes de la sociedad y que, tienen que ver con la diligencia, prudencia, pulcritud, honestidad, rectitud, seriedad y ponderación en lo discrecional, racionalidad de juicio, respeto y lealtad, en el manejo de lo que interesa a todos y que propugnan por una estricta corrección en el obrar que habría de analizarse en cada caso concreto.
Por ende, en virtud de la carga de la prueba, comporta una carga del recurrente, demostrar en qué casos los servidores, plenamente individualizados, contribuyeron a una clara desviación de poder, a través de prácticas amañadas para lograr el favorecimiento propio o de terceros, de cara a la violación de artículo 2º del Decreto 2400 de 1968 y del Decreto 250 de 2004, a partir de la incorporación de instructores mediante contratos de prestación de servicios, en detrimento de los intereses generales y de los recursos públicos que nos incumben a todos.
Al lado de lo anterior se tiene que si bien, por ejemplo, para el año 2014 más de 36.625 instructores, fueron vinculados por contratos de prestación de servicios y que ello obedeció fundamentalmente a la falta de restructuración de la planta de personal, no se puede pasar por alto que esta labor o regla no está a cargo exclusivamente del SENA. La puesta en marcha de esta tarea está condicionada por otras variables e imponderables que escapan a su exclusiva decisión y ejecución, tal y como se desprende del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, dado que por un lado, las reformas o el incremento de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva deberán motivarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración. Por otro lado, deberán contar con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación para determinar si se afecta el presupuesto de inversión, así como el visto bueno de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y finalmente, se requiere el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ello implica la actuación coordinada de varias de las entidades del sector central, sobre bases presupuestales, de financiación y evaluación de modelos de gestión, entre otros, sobre las cuales se desconoce su suerte, pues a pesar de que el SENA ha presentado proyectos de decretos a la cartera ministerial respectiva, para el incremento de la planta de personal, dirigidos a lograr una solución parcial del problema y a las demás entidades de planeación del sector central, se desconoce la suerte de dichos proyectos, el sustento y las razones por las que no han llegado a feliz término, entendiendo que se trata de soluciones macro que afectan la estructura y funcionamiento del Estado.
En ese orden, el asunto comporta un análisis exhaustivo de las reglas presupuestales, administrativas y técnicas para el cumplimiento de una tarea de esta envergadura, lo que, sin duda escapan a los límites que impone esta acción popular, pues la concepción y evaluación de estas variables, es asunto de gobierno y no de los jueces, además de lo cual, corresponde a aspectos que no fueron objeto del debate en este proceso, por lo que puede decirse que la decisión y discusión sobre la creación y ampliación en la estructura de la entidad a partir de la ampliación para los empleos de instructores, no es asunto que se deba debatir en los estrados judiciales, pues el dimensionamiento de las necesidades de los recursos humanos para el cumplimiento de las tareas a cargo del Estado, no es un hecho que pueda ser definido a partir de una calificación trasgresora de un derecho colectivo, menos aun cuando tal juicio está despojado de toda prueba sobre los elementos reveladores del mismo.
49.- Ahora, en cuanto a la incorporación por contratos de prestación de servicios a los instructores para que desempeñen funciones misionales propias de la entidad con carácter permanente y la pretensión de que se ordene el cese inmediato de esta modalidad de contratación, aunque dicha hipótesis pueda resultar concordante con la verificada omisión en el cumplimiento de la ley, no por ello puede emitirse tal orden a partir de una afectación a la moralidad administrativa pues, además de no serlo, bajo ese rasero se llegaría a la conclusión obligada de prohibir la suscripción de los contratos y más aún, ordenar la terminación, cuando no se ha solventado lo referente a los supuestos necesarios para la ampliación de la planta de personal con grave riesgo de afectación del cumplimiento de las funciones misionales del SENA, sin considerar que el riesgo de lesión a derechos de contratistas y educandos sería impactante lo que en términos coloquiales redundaría en que resulta más grave el remedio que la enfermedad, por lo que se impone al juez popular la prudencia y ponderación en sus determinaciones.
50.- Se precisa, además, que las imputaciones generales atribuidas por el actor sobre la falta de transparencia, no prueba per se la existencia del elemento subjetivo, siendo el núcleo central de la prueba que se echa de menos, dado que la falta de modernización de la planta de personal y las vinculaciones continuas de los instructores a través de contratos de prestación de servicios, al margen de que en principio dicha contratación no se subsume en las reglas de excepción, no revela una política general que sugiera el favorecimiento de intereses particulares o que implique conductas amañadas o fraudulentas, pues se echan de menos fundamentos probatorios que pongan al descubierto la afectación indicada.
50.- En este punto del análisis, vuelve la sala sobre la reflexión al tenor de la cual la moralidad administrativa es un derecho colectivo que involucra intereses superiores, pero ello no significa que se pueda soslayar el desconocimiento de otros derechos y bienes protegidos, como el juez natural, la contradicción de la prueba, la existencia sobre la certeza del daño y la imputación a las demandadas. En ese orden, las simples afirmaciones o inferencias son insuficientes para dar por establecido un incumplimiento grave, así como la afectación de los derechos colectivos denunciados.
51. Igual ocurre, respecto de la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, pues éste sólo se ve afectado, cuando la administración o el particular que administra recursos públicos los maneja indebidamente, bien porque lo hagan en forma negligente o porque se destinen a gastos diferentes a los expresamente señalados en la norma y ponga en riesgo la transparencia sobre la destinación de los recursos, siempre bajo la comprobación de que la conducta descuidada, negligente o imperita, afecte el núcleo de ese derecho, aspecto que reside en la realización de los fines del Estado.
52. Así, ocurre que en este caso, si bien no hay duda de la suscripción de los contratos de prestación de servicios y de la falta de ampliación de la planta de personal, revelan un estado de cosas por realizar, la carencia de cargos concretos sobre la afectación del patrimonio público tanto en la demanda como en el recurso, comportaría una decisión especulativa, anticipada e injustificada, pues la simple imputación no pasa de ser una elucubración sobre la ocurrencia de unos riesgos, cuyo análisis es más complejo que el que propone la demanda, y que, por demás, requiere un exigente sustento probatorio.
52.- Lo dicho en precedencia no quiere connotar que la Sala emita un juicio de descalificación o desautorización de las acciones de advertencia y control y seguimiento de los entes de control y vigilancia, frente a lo cual también se anota, que la acción popular no fue establecida para reemplazar la acción de tales autoridades, pues su fin primigenio es la protección de los derechos colectivos cuando la acción u omisión de las autoridades o particulares, los amenacen o desconozcan con trascendencia en su goce, uso y disfrute para los integrantes del conglomerado.
53. Visto lo anterior, para la Sala no se tiene evidencia de una actuación de las demandadas que permita concluir o inferir que, de manera fraudulenta, se estructuró el elemento subjetivo respecto de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, o al patrimonio público, pues nada indica un ánimo fraudulento, torticero y dañoso o el favorecimiento de intereses particulares en contravía del interés general.
De esta manera, los cargos no tienen vocación de prosperidad y por lo tanto, se confirmará la decisión del Tribunal.
Condena en costas
54.- En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de la parte actora, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, criterio unificado mediante la sentencia del 6 de agosto de 2019, así:
“113. Conforme con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, hay lugar a reconocer las expensas y gastos procesales solamente a favor del actor popular que resulta victorioso.
114. No hay lugar a reconocerlas a favor de la entidad de quien se demanda la protección, salvo que el actor popular hubiese actuado temerariamente o de mala fe. En este último evento, el actor popular estará obligado, además, a cancelar la multa prevista en forma expresa en el artículo 38 ibidem”.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. – CONFIRMAR sentencia del 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las excepciones propuestas y las pretensiones de la demanda
SEGUNDO. – SIN CONDENA en costas por no aparecer causadas.
TERCERO. – Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
CON ACLARACIÓN DE VOTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
P/LB
VF
Cuaderno 1, folio 1.
Folio 169 del cuaderno N. 1.
Folio 214 del cuaderno principal
Folio 216 del cuaderno principal.
Folio 209 del cuaderno principal.
Folio 247 del cuaderno principal.
Folio 297 del cuaderno principal.
Folio 324 del cuadenro principal.
Folio 351 del cuaderno principal.
Folio 366 del cuaderno principal.
Folio 356, , 359 y 393 del cuaderno principal.
Folio 384 del cuaderno principal.
Folio 406 del cuaderno principal.
Folio 467 del cuaderno principal.
Folio 515 del cuaderno principal.
Folio 518 del cuaderno principal.
Folio 538 del cuaderno principal.
Ley 472 de 1998. “ARTÍCULO 15. JURISDICCIÓN. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.
En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil”.
“ARTÍCULO 132. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
“(…)
“14. De las acciones populares y de cumplimiento que se interpongan contra entidades del nivel nacional”.
Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019. “ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
“Sección Tercera
(…)
“13. Las acciones populares que versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa”.
En materia de acciones populares, la Sala ha sostenido que en el marco del respeto del debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes, la Sala tiene competencia para pronunciarse, además de los reparos expuestos en el recurso de apelación, sobre los derechos colectivos vulnerados o amenazados, ante la particularidad de que están de por medio derechos y garantías fundamentales y colectivas, para i) proteger derechos que no han sido invocados en la demanda, siempre y cuando estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso, ii) estudiar hechos que no se expusieron en la demanda, bien sea porque no se alegaron específicamente, pero aparecen probados en el proceso, o porque ocurrieron con posterioridad a la presentación del libelo, en uno y otro caso, siempre que tengan relación con la causa petendi y iii) adoptar medidas diferentes a las deprecadas en la demanda, para proteger los derechos colectivos que encuentre amenazados o vulnerados.
No se entienda, en todo caso, que no se reconozca el deber que asiste al recurrente frente a la carga argumentativa del recurso y que el juez constitucional está habilitado para indagar sobre la aspiración del recurrente, en función de los argumentos de disenso por parte de quien recurre.
“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
“Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de febrero de 2021, expediente 2010-00668-01 AP. Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AP 20050213001, EMCALI, sentencia de 2 de diciembre de 2013. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000. Ídem
Folio 44 del cuaderno de medidas cautelares. Folio 47 del cuaderno de medidas cautelares. Folio 57 a 113 del cuaderno de medidas cautelares. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub Sección B, sentencia de 7 de septiembre de 2020, expediente 58271. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Folio 57 del cuaderno de medidas cautelares. Folio 126 del cuaderno de medidas cautelares. Folio 133 del cuaderno de medidas cautelares. Folio 138 del cuaderno principal
Folio 134 del cuaderno principal
Folio 190 del cuaderno de medidas cautelares
folio 189 del cuaderno de medidas cautelares.. Folio 132 del cuaderno principal
Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968. “ARTÍCULO 2º. Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos; obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, radicación nro. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), C.P. William Hernández Gómez.
“ARTÍCULO 209.
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de diciembre de 2013, expediente AP 20050213001. Ibidem
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 A.P. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del AP – 163 de 2001. Expediente 2017-00036-01(AP)REV-SU. M.P. Rocío Araújo Oñate
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http: //relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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