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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-24-000-2010-00518-01

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-24-000-2010-00518-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado y acaecimiento de una situación sobreviniente, respecto de los contratos de concesión 000004, 000005 y 000006 celebrados entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y COMCEL S.A. 59 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de mayo de 2018, rad. Núm. 2333. 60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia del 6 de agosto de 2019, rad. núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. 31 Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01 Demandante: Fernando Alberto García Forero TERCERO: NO IMPONER costas. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00518-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero.
Demandados: La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Comcel S.A.
Referencia: Acción Popular.

Tema: Afectación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público por
supuestas pérdidas económicas generadas para el Estado a través de un contrato de concesión de telefonía móvil
que en su fase inicial se extendió, de facto a servicios de telefonía de larga distancia. Subtema 1. Delimitación del
objeto de la acción popular cuando se interseca con controversias contractuales – No se produce un desplazamiento
de la segunda, porque el escenario contractual es el llamado a dirimir los incumplimientos. Subtema 2. Hecho
superado acaecimiento de una situación sobreviniente – No impiden un pronunciamiento de fondo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

El Ministerio de Comunicaciones -hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones- y la empresa COMCEL S.A., suscribieron los contratos de
concesión números 000004, 000005 y 000006 para la prestación del servicio de
telefonía móvil celular en el país, los cuales terminaron de forma anticipada el 28 de
noviembre de 2013. Sin embargo, estando en ejecución esos negocios jurídicos, el
Ministerio de Comunicaciones, con Resolución número 000070 del 2 de febrero de
2000, determinó que la sociedad COMCEL S.A. había prestado el servicio #124 Voz Ip
sin autorización o concesión y que, esa conducta, constituía una infracción al régimen
de comunicaciones, por lo que la sancionó con multa equivalente a 1.000 salarios
mínimos legales mensuales, que posteriormente fue reducida a 900 salarios mínimos
legales mensuales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de
primer grado, denegó la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa
y declaró la vulneración de la defensa al patrimonio público por parte de COMCEL S.A.,
por haber esa empresa prestado el servicio de larga distancia internacional a través del
servicio #124, sin contar con la respectiva autorización y/o licencia de la autoridad
competente. El demandante se alzó en apelación contra esa determinación, porque, en
su criterio, se hallaba también vulnerada la moralidad administrativa. Lo propio hizo
COMCEL S.A., para quien la vulneración del interés colectivo a la defensa al patrimonio
público es inexistente.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010)1, el señor Fernando Alberto
García Forero formuló acción popular, contra la Nación - Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y Comcel S.A., con la pretensión de que se protejan
los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público,
que consideró vulnerados por las posibles pérdidas que, para el erario, ocasionó un
contrato de concesión de telefonía celular. Así postuló el actor popular las pretensiones:

“Se busca que la jurisdicción adopte las medidas necesarias para que el Estado Colombiano cobre
los cuantiosos perjuicios económicos que está soportando en desarrollo del contrato de concesión
para el servicio de Telefonía Celular, tanto en su lapso inicial (1994-2004), como en su prórroga
(2004-2014), derivados de no aplicar la normatividad vigente y las estipulaciones contractuales.

Solicito declarar que los demandados se encuentran vulnerando los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público y como consecuencia de lo anterior,
pido que se dispongan las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Primera pretensión principal:

Imponer a la sociedad Comcel S.A. la obligación de pagar a La Nación – Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los perjuicios patrimoniales generados
como consecuencia de la prestación ilegal del servicio de larga distancia, durante el lapso
comprendido entre el 17 de septiembre de 1998 y el 25 de septiembre de 1999, que ascienden a la
suma de $39.829’132.848.

1.1.1.- Primera pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal:

En subsidio de lo anterior, solicito al Juzgado imponer al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones la obligación de hacer uso de las competencias legales y de
las facultades estipuladas en el contrato de concesión actualmente vigente con Comcel S.A. para
obtener el pago de la suma a la que se hace referencia en la petición anterior y/o la obligación de
declarar el incumplimiento de dicho contrato.

1.1.2.- Segunda pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal:

En subsidio de lo anterior, solicito al Juzgado adoptar las disposiciones idóneas para que el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones obtenga el pago de la suma
anteriormente señalada y se garanticen los derechos colectivos relativos a la defensa del
patrimonio público y la moralidad administrativa, vulnerados con los hechos y omisiones que más
adelante se exponen.

1.2.- Segunda pretensión principal:

Imponer al Ministerio de la Información y las Comunicaciones la obligación de adelantar las
acciones judiciales o arbitrales pertinentes y necesarias para lograr que se restablezca el
equilibrio financiero del contrato de concesión del cual es actualmente titular Comcel S.A.

1.3.- Tercera pretensión principal:

Imponer al Ministerio de Comunicaciones la prohibición de prorrogar el contrato y la obligación
de determinar los bienes y elementos directamente afectados a la concesión, con el objeto de
que pueda hacerse efectiva la cláusula de reversión pactada en el contrato y el valor de los
bienes revertidos se tenga en cuenta en las condiciones de la licitación de la nueva concesión.

1.4.- Cuarta pretensión principal:

1 Folio 1 a 46 C.1.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

Que se ordene a la sociedad Comcel S.A. cumplir la obligación contenida en el artículo segundo
de la Resolución Número 003081 del 24 de diciembre de 2009, no en especie, sino en la suma de
dólares anual establecida en el texto de la misma resolución, calculada por cada Mhz por año, es
decir, pagando la suma anual de treinta millones seiscientos mil dólares (US$30’600.000. °°)

1.5.- Quinta pretensión principal:

Que se disponga integrar el comité del que trata el art 34 de la Ley 472 de 1998 (sic), incluyendo
en él a la parte accionante y a sus eventuales coadyuvantes.

1.6.- Sexta pretensión principal:

Condenar a la sociedad Comcel S.A. al pago del incentivo previsto en la ley, así como al valor de
las costas procesales”.

(…).

2.1.2. El actor popular, como fundamento de sus pretensiones, expuso los siguientes
hechos y omisiones que se resumen a continuación:

2.1.2.1. Entre el 17 de septiembre de 1998 y el 25 de septiembre de 1999, Telecom, E.T.B
y Orbitel fueron los únicos operadores habilitados por el Ministerio de Comunicaciones
para prestar el servicio de telefonía de larga distancia internacional; quienes, para obtener
ese derecho, debieron cumplir con las obligaciones previstas en el Decreto número 2542
de 1997, entre ellas, la de pagar el valor de la licencia que los habilitaba para la prestación
del servicio de telefonía de larga distancia.

2.1.2.2. La sociedad Comcel S.A., por su parte, ha tenido la condición de concesionaria
de telefonía móvil celular por haber celebrado con el Ministerio de Comunicaciones un
contrato para la prestación de dicho servicio, que fue prorrogado hasta el 28 de marzo de
2014.

2.1.2.3. Comcel S.A., en su condición de concesionaria del servicio de telefonía móvil
celular, se encuentra sujeta al cumplimiento de todas las normas que regulan la
prestación de dicho servicio, entre ellas, el artículo 60 del Decreto Reglamentario número
741 de 1993, según el cual, “en ningún caso los operadores del servicio de telefonía
celular podrán prestar directamente servicios de larga distancia internacional, salvo que
el operador de la telefonía celular esté legalmente autorizado para la prestación del
servicio”.

2.1.2.4. Entre el 17 de septiembre de 1998 y el 25 de septiembre de 1999, Comcel S.A.
incumplió la prohibición antes referida, “porque cursó comunicaciones telefónicas
internacionales desconociendo que para ello debía tener la condición de operador
legalmente autorizado”; conducta que fue calificada como ilícita por la Superintendencia
de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y por el
Ministerio de Comunicaciones.

2.1.2.5. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 4954
de 2000, sancionó a Comcel S.A. por haber incurrido con la conducta antes descrita en
actos de competencia desleal, acto administrativo que fue luego confirmado con
Resolución número 12835 del 13 de junio de 2000.

2.1.2.6. Por la misma conducta calificada como ilegal por la Superintendencia de Industria
y Comercio, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, con fundamento en el
artículo 73 de la Ley 142 de 1994, sometió a su regulación a la sociedad demandada
Comcel S.A.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

2.1.2.7. Incluso, con fundamento en ese comportamiento, el Ministerio de
Comunicaciones, mediante Resolución número 000070 del 2 de febrero de 2000, que fue
confirmada mediante Resolución 000984 del 8 de mayo de ese año, impuso sanción
administrativa a los operadores celulares. Allí se estableció que “[d]e conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto Ley 1900 de 1990, ‘La persona natural o jurídica que
incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior será sancionada
con multa hasta por el equivalente a un mil salarios mínimos legales mensuales
(DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIEN MIL PESOS $260.100.000.), caducidad del
contrato o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta, el daño
producido y la reincidencia en su comisión’” (sic a lo transcrito).

2.1.2.8. Los operadores que sí estaban habilitados para prestar el servicio de larga
distancia —porque habían pagado el valor correspondiente a la licencia—, adelantaron
ante la Superintendencia de Industria y Comercio un incidente de regulación de
perjuicios contra Comcel S.A., en el que solicitaron que dicha sociedad fuera
condenada a pagar el valor proporcional de la licencia, comoquiera que esa empresa
prestó el servicio durante el lapso antes mencionado sin haber cancelado el valor del
correspondiente permiso. No obstante, esa petición de los operadores habilitados fue
negada por la aludida Superintendencia y por el Tribunal Superior de Bogotá, por
considerar que tal valor no podía ser reclamado por los operadores que contaban con
licencia, ya que eventualmente “el daño se le habría causado más bien a la Nación”.

2.1.3. Para el demandante, la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Comcel S.A. vulneraron los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, porque, en su criterio, el primer
ente: (i) introdujo modificaciones y beneficios contractuales en los cuales se otorgaron
nuevos derechos y se mejoraron las condiciones del concesionario, (ii) se abstuvo de
utilizar los mecanismos contractuales para hacer efectivo el pago de los perjuicios
causados por Comcel S.A. —con la actividad que fue calificada como ilícita—, (iii) prorrogó
el contrato pese al incumplimiento del concesionario y (iv) favoreció, en ese sentido, los
intereses particulares de la aludida empresa y; porque esta, aun cuando debió pagarle al
Estado colombiano el valor previsto por la prestación efectiva del servicio de telefonía de
larga distancia internacional, se abstuvo de cancelar dicha contraprestación.

En efecto, expuso que:

2.1.3.1. Por la prestación del servicio de telefonía de larga distancia internacional, entre
el 17 de septiembre de 1998 y el 25 de septiembre de 1999, Comcel S.A. debió pagar a
la Nación colombiana la suma de treinta y nueve mil ochocientos veintinueve millones
ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($39.829´132.848), que fue
determinada por el perito que rindió el dictamen en el incidente de regulación de perjuicios
adelantado por los operadores habilitados contra Comcel S.A.

2.1.3.2. Aunque la sociedad Comcel S.A. incumplió el contrato de concesión celebrado
con el Ministerio de Comunicaciones para la prestación del servicio de telefonía móvil
celular, “es tanta —y tan extraña— su suerte, que resulta constitutiva de inmoralidad
administrativa, ya que nadie, —absolutamente nadie—, le ha pedido que pague a La
Nación ni (i) lo correspondiente al servicio de larga distancia que ilegalmente prestó y
del cual se lucró, es decir la suma de $39.829´132.848; ni (ii) el valor correspondiente
a la sumatoria de las tres (3) clausulas penales por incumplimiento de los contratos de
concesión, es decir la suma de $178.503´147.524, para un gran total de
$218.332´280.372.°° (sic)”.

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Demandante: Fernando Alberto García Forero

2.1.3.3. El Ministerio de Comunicaciones —en su condición de entidad contratante—
pese a los incumplimientos de Comcel S.A., no le ha impuesto a esta compañía ninguna
sanción contractual ni le ha exigido el pago de “los perjuicios que claramente son
exigibles a la luz de los acontecimientos que ya están dados y debidamente
declarados”. Tampoco, ha utilizado las facultades excepcionales que la ley le confiere
en defensa de los derechos e intereses de la Nación; lo que, en su criterio, es
jurídicamente procedente “mientras estén vigentes y no hayan sido liquidados tales
contratos de concesión”.

2.1.3.4. Los estudios efectuados por el Ministerio de Comunicaciones para la prórroga de
los contratos de concesión de telefonía móvil, “fueron una patraña para rebajar el valor
que tendría la prórroga por 10 años más, y que, por lo tanto, es el Ministerio de
Comunicaciones quien bien podría (y debería) adelantar acciones tendientes a obtener
el establecimiento del equilibrio económico y financiero de dichos contratos, pero ocurre
que extrañamente en dicho Ministerio nadie quiere ejercitar las acciones legales que para
el efecto están a su alcance (sic)”.

2.1.3.5. La conducta connivente de la administración frente a temas problemáticos y de
magnitud económica calza en el ámbito de la “inmoralidad administrativa”, por lo que
resulta difícil entender la razones por las cuales, a pesar de estar dadas las condiciones
para accionar en procura del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y
para hacer efectivo el cobro de las cláusulas penales, la administración no lo ha hecho.

2.1.3.6. El Ministerio de Comunicaciones modificó el contrato de concesión “eliminando
un requisito exigido desde los pliegos como conditio sine qua non para hacer la prórroga
del contrato de concesión, que no era otra cosa que la certificación previa del
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones durante el periodo inicial del contrato”.
Incluso, expidió una circular de servicio en la que extendió automáticamente el plazo de
esos contratos hasta el 28 de marzo de 2014, pese a que la Corte Constitucional, en
sentencia C-949 de 2001, declaró la inconstitucionalidad de la prórroga automática de los
contratos de concesión prevista en el artículo 36 de la Ley 80 de 1993.

2.1.3.7. El contenido de la referida circular “dejó sentado que el informe de interventoría
en el que se diera cuenta del cumplimiento cabal de las obligaciones del concesionario
en el lapso inicial del contrato, —tal como había sido pactada en el mismo—, siguió
siendo condición necesaria para poder hacer la prórroga”, pero no se conoce el
resultado de los estudios técnicos y financieros o, si efectivamente, estos fueron
realizados. Tampoco, “se sabe cuáles fueron, finalmente, las consideraciones hechas
por la administración para concluir que, no obstante los incumplimientos de las
obligaciones que eran constitutivos de causales de caducidad del contrato (sic)”, era
justificado prorrogarlo.

2.1.3.8. Pese a que aquellos contratos de concesión fueron celebrados bajo la Ley 80 de
1993, el Ministerio de Comunicaciones aplicó en su ejecución las Leyes 422 de 1998 y
1341 de 2009, que únicamente imponían la reversión al Estado de las frecuencias
radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido.

2.1.3.9. El Ministerio de Comunicaciones, mediante Resolución número 003081 de 2009,
“por medio de la cual se otorga permiso para el uso de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico a la empresa Comunicación Celular Comcel S.A., para la operación y
prestación del servicio móvil terrestre”, le concedió a esa compañía la explotación de

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Demandante: Fernando Alberto García Forero

espacio radioeléctrico por 10 años adicionales, cuando a la prórroga de la concesión solo
le restaban 5 años.

2.1.3.10. Con dicha resolución, la Nación se obligó a ampliar el espectro radioeléctrico
que podía usar Comcel S.A., razón por la que esta empresa recibiría desde entonces un
beneficio equivalente a USD $306.000 por Mhz por año, para un total de USD
$30.600.000, calculados a la tasa representativa del mercado. Por tanto, al cumplirse los
10 años de la prórroga, el país debía haber recibido USD $306.000.000, monto que no
fue cancelado, pues se estableció que el valor del espectro asignado sería pagado por
Comcel S.A. mediante el cumplimiento de una obligación de hacer, consistente en
garantizar la cobertura de servicio móvil en todo el territorio nacional.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por auto
del veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011) admitió la demanda2, lo que
fue notificado a las demandadas3.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se pronunció
frente a la demanda, con escrito en el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones formuladas por inexistencia de lesión a la moralidad administrativa o al
patrimonio de la Nación. Argumentó que Comcel fue sancionado bajo las reglas
generales de prestación de servicios de telecomunicaciones, lo que no lo convertía en
operador de larga distancia y, tampoco, le concedía el derecho de ser tratado como tal.
Aseguró también que esa compañía fue objeto de “medida por daños” a favor de los
operadores de larga distancia, la cual correspondía a una “medida totalmente distinta
del régimen de comunicaciones” y, en cuanto a la prórroga de los contratos de servicio
móvil, refirió que no podía cobrarse a un operador actual “lo mismo que a uno que entra
a un mercado absolutamente virgen”, pues el mercado es muy distinto y "ya está
descremado y con competencia, eso sin mencionar que los recursos se pagaron
muchísimo antes a la fecha en que la prórroga se hizo realmente efectiva”. Explicó que
“ninguna norma imped[ía] la modificación de todo contrato”, siempre que no se
modificara su objeto; que la reversión correspondía a una figura típica de concesiones
petroleras, más no de telecomunicaciones y que, en relación con el pago en especie de
derechos de espectro, el ministerio se encontraba en la posibilidad de establecer la
forma de cobrar aquellas prestaciones4.

La sociedad Comcel S.A., en su escrito de contestación, aludió a la (i)
“improcedencia de la acción popular por inexistencia de sus supuestos básicos”, ante
la ausencia de incumplimiento de una conducta a la que estuviera legalmente obligada;
(ii) “improcedencia de la acción popular cuando fuera utilizada como mecanismo
transitorio para desconocer el principio de la cosa juzgada y para cuestionar por vías
distintas de la constitucional y legalmente previstas, la legalidad de actos y actuaciones
administrativas amparadas por la presunción de legalidad, respecto de las cuales ha
operado la caducidad y la prescripción”, porque, en su criterio, la demanda pretende
revivir actuaciones judiciales y administrativas que agotaron todos los trámites e
instancias previstas en la ley, discutir las facultades excepcionales de la administración
y solicitar el cumplimiento de dos leyes de la república; y (iii) a la “inexistencia de
supuestos que configuren una violación de los derechos colectivos invocados por el
actor”, comoquiera que, de un lado, procedió a cancelar la totalidad de las sumas

2 Folio 69 a 73 C.1.
3 Folio 77 y 90 a 99 C.1.
4 Folio 78 a 85 C.1.

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Demandante: Fernando Alberto García Forero

determinadas para la prestación del servicio de telefonía móvil celular y las sanciones
administrativas que le habían sido impuestas y, por su parte, el Ministerio de
Comunicaciones obró dentro de las facultades administrativas y sancionatorias
otorgadas por la ley, y el contrato de concesión. Incluso, argumentó que los requisitos
para la prórroga del contrato de concesión se cumplieron a cabalidad y que las
condiciones de acceso al espectro estaban contenidas en un acto administrativo
susceptible de ser demandado en acción de nulidad, por lo que, en su sentir, la acción
popular resultaba improcedente. Propuso además como excepciones la de “caducidad
de la acción”, porque los hechos que originaron la demanda ocurrieron hacía más de
13 años, lo que impedía iniciar una actuación administrativa de carácter sancionatorio
o, si quiera, la acción contractual; “falta de legitimación por pasiva de Comcel S.A.
respecto de la presunta vulneración a la moralidad administrativa”, por cuanto dicha
empresa no detentaba la calidad de funcionario público y tampoco actuaba en ejercicio
de una función pública; “falta de legitimación por pasiva de Comcel S.A. respecto de la
presunta vulneración al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público”, por
cuanto no administraba recursos públicos y no tomaba decisiones respecto de su
utilización; “cosa juzgada”, porque la Superintendencia de Industria y Comercio y el
Ministerio de Comunicaciones conocieron y resolvieron con anterioridad los hechos
planteados por el demandante, por lo que Comcel S.A. procedió al pago de las
sanciones impuestas y, por tanto, al resarcimiento de los perjuicios causados con su
actuar; “temeridad y mala fe del actor popular”, porque, a su juicio, la demanda
promovida en ejercicio de la acción popular carece de fundamentos fácticos y jurídicos;
y de “improcedencia del reconocimiento del incentivo económico”, pues la Ley 1425 de
2010 derogó expresamente la posibilidad de recibir incentivos por el ejercicio de
acciones populares5.

Según lo prescrito en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca convocó a las partes a audiencia especial de pacto de cumplimiento6,
diligencia que celebrada como fue el cuatro (4) de junio de dos mil doce (2012) 7, se
declaró fallida por ausencia de ánimo de pacto; por lo que dicha Corporación ordenó
continuar con el trámite del proceso8.

Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo9; oportunidad
en la que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Comcel
S.A. insistieron en los argumentos expuestos en sus contestaciones10. El demandante
presentó también sus alegaciones finales, con escrito en el que, luego de sintetizar la
postura de las demandadas, destacó que los funcionarios públicos se abstuvieron de
cobrar la indemnización correspondiente al daño recibido por el Estado y que, además,
Comcel S.A. prestó un servicio de larga distancia para el que no estaba concesionada,
con lo que afectó el mercado relevante de aquellos que sí tenían permiso para prestar
ese servicio11. El Ministerio Público rindió concepto de fondo, en el que solicitó al
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones iniciar las
acciones pertinentes para recuperar el patrimonio del Estado. En su sentir, dicha
entidad ministerial vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues
permitió que Comcel S.A. desconociera un deber legal y, con sus acciones, afectara y
amenazara el interés general. Incluso, sostuvo que la gestión del patrimonio público del

5 Folio 103 a 148 C.1.
6 Folio 152 C.1.
7 Acta de la audiencia es visible a folios 158 a 176 C.1.
8 Ibid.
9 Folio 868 C. principal 2.
10 Folio 869 a 872 y 874 a 926 C. principal 2.
11 Folio 810 a 822 y 873 C.2.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

ministerio accionado permitió que se presentaran irregularidades que afectaron los
derechos colectivos12.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en fecha
diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) profirió sentencia de primera
instancia, en la que13:

2.3.1. Declaró imprósperas la excepciones de “caducidad de la acción”; porque, a
su juicio, la acción popular podía promoverse durante todo el tiempo que subsistiera la
amenaza o lesión al derecho o interés colectivo reclamado, sin que aquella estuviera
sometida a un término específico de caducidad; de “falta de legitimación por pasiva de
Comcel S.A. respecto de la presunta vulneración a la moralidad administrativa” y “falta
de legitimación por pasiva de Comcel S.A. respecto de la presunta vulneración al
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público”; porque lo pretendido con la
demanda era que Comcel S.A. cancelara al Estado los supuestos perjuicios
patrimoniales generados por la prestación ilegal del servicio de larga distancia
internacional y que, el Ministerio, adelantara las actuaciones necesarias frente al
supuesto incumplimiento del contrato de concesión y, en ese orden, la parte pasiva del
litigio se encontraba debidamente integrada; y de “cosa juzgada”, pues aunque en sede
administrativa se decidió un asunto similar, no existía sentencia judicial ejecutoriada
frente a la que se pudiera verificar coincidencia ente las partes demandadas, el objeto
y la causa de la presente acción popular. Incluso, sostuvo que esta acción, dado su
carácter autónomo, resultaba procedente aun cuando la violación de derechos
colectivos proviniera de un acto administrativo, el que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, podía ser suspendido o anulado por el juez popular para garantizar
el derecho, por lo que desestimó el argumento de defensa propuesto por Comcel
S.A. en su escrito de contestación, según el cual, la acción popular, resultaba
improcedente “cuando fuera utilizada como mecanismo transitorio para desconocer el
principio de la cosa juzgada y para cuestionar por vías distintas de la constitucional y
legalmente previstas, la legalidad de actos y actuaciones administrativas amparadas
por la presunción de legalidad, respecto de las cuales ha operado la caducidad y la
prescripción”.

2.3.2. Destacó que la demanda carecía de un señalamiento de contenido subjetivo
contrario a los fines y principios de la administración, “como la deshonestidad o la
corrupción contra algún funcionario de la entidad pública demandada que haya actuado
con el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar un interés personal, de grupo o de
terceros”, lo que tampoco podía deducirse de los medios probatorios allegados al
proceso. En su sentir, el demandante omitió efectuar un ataque real de vulneración a
la moralidad administrativa, que le impedía de revisar las “actuaciones y/o omisiones
que se produjeron con ocasión del supuesto incumplimiento contractual de Comcel
S.A., la prórroga automáticas (sic) del contrato de concesión, las modificaciones al
mismo, el valor de las prórrogas, la modificación de reversión inicialmente pactada y la
concesión de la explotación de un espacio radioeléctrico adicional que sustenta el
cargo de moralidad administrativa”, pues “ello llevaría al juez de la acción popular a
hacer juicios sólo en relación con la legalidad de las actuaciones a que se refiere la
demanda o frente a meras y presuntas omisiones de la ley, cuando el principio de
legalidad no es susceptible de protección a través de esta acción, y cuando no toda
irregularidad administrativa, como tampoco cualquier incumplimiento o quebranto de la

12 Folio 928 a 939 C.2.
13 Folio 950 a 1038 C. Ppal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

normatividad que rija o regule determinado procedimiento administrativo constituye, per
se, violación de la moralidad administrativa”.

2.3.3. Inclusive, encontró que no existía fundamento legal para declarar la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa frente al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque:

2.3.3.1. Si bien Comcel S.A. prestó un servicio para el que no estaba legalmente
autorizado, el Ministerio, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto Ley 1900 de 1990,
se encontraba facultado para imponer sanción de multa, suspender la actividad hasta
por el término de dos meses, revocar el permiso, declarar la caducidad del contrato o
cancelar la licencia o autorización; por lo que no le asistía razón al demandante para
afirmar que la entidad demandada, además de imponer multa, debía declarar la
caducidad del contrato, pues precisamente la norma dejaba a elección de la autoridad
administrativa la sanción a imponer, en consideración a la gravedad de la falta, el daño
producido y la reincidencia en su comisión, sin que el Ministerio estuviera facultado
para realizar el cobro proporcional de la respectiva licencia.

2.3.3.2. En los contratos números 000004, 000005 y 000006, para la concesión del
servicio de telefonía móvil, la caducidad procedía cuando se presentaran hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones que afectaran de manera grave y
directa la ejecución y fines del contrato, circunstancia que no se configuró, pues con la
actuación desplegada por Comcel S.A. tan solo se transgredió el ordenamiento jurídico
por haber aquella prestado un servicio para el que no estaba autorizada, con lo que,
tampoco, se edificaron los presupuestos para que la entidad procediera a cobrar las
cláusulas penales de los contratos, las cuales solo podían hacerse efectivas ante su
declaración de caducidad o incumplimiento.

2.3.3.3. El dictamen y/o concepto técnico rendido por los señores Jesús Oswaldo
Cuayal y Daniel Molina Giraldo, funcionarios de la Contraloría General de la República,
no demostraba que el estudio técnico que soportó el precio de la prórroga haya estado
fundado en “patrañas para rebajar el valor de la prórroga, ni que en el mismo se haya
distorsionado la realidad”, por lo que no se acreditaron esas afirmaciones del actor
popular, máxime cuando ese elemento de prueba no fue rendido bajo los presupuestos
en que fue decretado y ordenado.

2.3.3.4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dada la
exigibilidad de la cláusula de reversión, no solo se limitó a solicitar las frecuencias
radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido, sino que, además,
requirió todos los elementos, equipos, infraestructura y bienes afectados a la
concesión, lo que denota que su actuar estuvo desprovisto de ánimo o interés de
satisfacer o alcanzar un interés personal, de grupo o de terceros.

2.3.3.5. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estaba
legalmente facultado para establecer una obligación de hacer como forma de pago de
la prórroga del contrato para la explotación del espacio radioeléctrico –concedida
mediante Resolución número 003081 del 24 de diciembre de 2009–, pues así se lo
permitía el artículo 6° del Decreto 1972 de 2003 “Por el cual se establece el régimen
unificado de contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones,
permisos y registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su
liquidación, cobro recaudo y pago”.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

2.3.4. Destacó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones no vulneró el derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio público. Primero, porque como lo anotó para negar la protección del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, no existía fundamento legal para que
dicha cartera ministerial solicitara a Comcel S.A. el cobro del valor proporcional de la
licencia, habida cuenta que, en acatamiento del artículo 53 del Decreto Ley 1990 de
1990 y, ante la infracción cometida por esa sociedad de prestar un servicio para el que
no estaba legalmente autorizada, bien pudo ese Ministerio imponer sanción de multa,
declarar la suspensión de la actividad hasta por dos meses, revocar el permiso, aplicar
la caducidad del contrato o cancelar la licencia o la autorización. Segundo, porque
tampoco se dieron los presupuestos para que la entidad pública demandada procediera
a hacer efectivas las cláusulas penales de los contratos de concesión números 000004,
000005 y 000006, en la medida en que aquellas solo podían aplicarse previa
declaración de caducidad o incumplimiento de los contratos, “lo cual, no ocurrió, ya que
el hecho aludido por el actor popular, no constituía una obligación para la entidad
demandada de declarar la caducidad pretendida”. Tercero, por cuanto el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podía determinar, en el modo
como fue prevista, la forma de pago por la prórroga concedida mediante resolución
número 003081 del 24 de diciembre de 2009.

2.3.5. Por el contrario, declaró que Comcel S.A. desconoció aquel derecho
colectivo, pues prestó el servicio de larga distancia internacional a través del servicio
#124, sin contar con la respectiva autorización y/o licencia de la autoridad competente
y, con ese propósito, utilizó y explotó un bien público (espectro electromagnético) y
menoscabó los derechos patrimoniales del Estado, en particular, el de recibir el valor
de la licencia sin que presentara previamente la solicitud para la prestación del servicio
y se cumplieran los requisitos para su expedición; y el de recibir el pago trimestral
equivalente al 5% del total de los ingresos brutos obtenidos por la operación y/o
prestación del servicio de larga distancia internacional durante la vigencia de la licencia
que se hubiera podido conceder.

Y para determinar el monto de los ingresos patrimoniales obtenidos por Comcel
S.A., por la prestación ilegal del servicio de larga distancia internacional, tomó como
sustento el dictamen rendido por el perito económico financiero Luis Fernando
Rodríguez Naranjo en el trámite de liquidación de perjuicios adelantado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, “con ocasión de los actos administrativos
por competencia desleal”. Ello, por considerar que aquel sirvió como soporte para tasar
“los perjuicios a las sociedades legalmente habilitadas para prestar el referido servicio,
esto es, Telecom, ETB y Orbitel”. Además, porque fue practicado con audiencia de
Comcel S.A e, incluso, porque en ese procedimiento Comcel S.A. no pudo restar
credibilidad a las conclusiones del perito, “conforme al análisis que en efecto consta en
el Auto No. 32 del 15 de enero de 2008 expedido por la Superintendencia de Industria
y Comercio y en la providencia del 4 de junio de 2009 proferida por las (sic) Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá mediante el cual confirmó el referido auto de la SIC”;
por lo que, “conforme al dictamen pericial antes aludido”, determinó que los ingresos
brutos percibidos por COMCEL S.A., por la prestación del servicio #124, ascendieron
a $1.288´769.288, suma que ordenó cancelar a esa sociedad en favor del Estado
colombiano –Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones–, como
retribución “por haber usufructuado el bien público (espectro electromagnético), sin
estar habilitado y/o autorizado para ello, el monto total que ingresó a su patrimonio por
esa prestación irregular, ilegalidad y/o clandestinidad del servicio de larga distancia
internacional”.

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Demandante: Fernando Alberto García Forero

2.4. Los recursos de apelación

2.4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con escrito en el que solicitó acceder a las pretensiones de la
demanda14. Como sustento de su petición, argumentó que:

2.4.1.1. Aunque el Tribunal mostró conocimiento, “por lo menos teórico, acerca de qué
es y en qué consiste el derecho colectivo a la moralidad administrativa”, fue incapaz de
adecuarlo a la realidad e hizo de la moralidad administrativa y de la desviación de poder
una misma cosa, “al punto tal que concluye que la moralidad administrativa se
quebranta cuando la administración en razón de sus patrones conductuales se aparta
de la vía que conduce hacia la realización de los intereses generales”. A su juicio, el
Tribunal confundió “violación a la moralidad administrativa con imputación y
demostración de un delito por un funcionario público determinado, exigiendo prueba del
aprovechamiento doloso que éste haga de los recursos públicos a favor de
particulares”.

2.4.1.2. Si bien el Tribunal sostuvo que para la demostración de “violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa”, los cargos debían estar soportados en medios
probatorios allegados oportunamente al proceso, lo cierto es que esa afirmación podía
interpretarse como una exigencia de prueba “ad solemnitamen” que diera cuenta de la
inmoralidad, y “el Honorable Tribunal pareciera estar exigiendo alguna ‘prueba de la
prueba’”.

2.4.1.3. En el expediente está acreditado todo lo que “en buen romance es inmoral”,
esto es, que: (i) a pesar que el incumplimiento del contrato ocurrió en forma grave -al
prestarse un servicio para el que no se estaba habilitado-, “entre todas las posibilidades
de sanción normativamente previstas que iban desde una ridícula multa hasta la
declaración de caducidad, la administración sin mayor justificación optó por multa”; (ii)
pese a estar acreditado el incumplimiento del contrato por el contratista, “no se
aplicaron las sanciones previstas contractualmente”; (iii) aun cuando se dispuso que la
prórroga del contrato debía ocurrir, previo concepto de cumplimiento de las obligaciones
durante el plazo inicial, lo que sucedió fue que “le prorrogaron a pesar de haber
incumplido”; (iv) concedieron “mejores condiciones en la prórroga”; (v) concedieron al
contratista mayor uso del espectro, “y aunque el valor y la forma de cobro del aumento
del espectro disponible estaba normativamente previsto, se lo concedieron sólo a
cambio de hacer aquello que previamente ya estaba obligado a hacer en virtud de un
contrato”; (vi) al momento de prorrogar el término del contrato para el periodo 2004-
2014, se efectuó a los operadores celulares un descuento de más de 800 millones de
dólares “sin razón atendible y sin absolutamente nada que, hasta ahora, así lo
justifique”.

2.4.1.4. El Tribunal confundió la naturaleza y razón de ser de la acción popular con la
naturaleza y razón de ser de la acción penal, al sostener que, tratándose del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, “tampoco se evidencia[ban] cargos o
señalamientos de contenido subjetivo contrarios a los fines y principios de la
administración como lo serían la deshonestidad o la corrupción, contra algún
funcionario de la entidad pública demandada”.

2.4.1.5. Finalmente, sostuvo que la condena ordenada en la sentencia, que actualizada
ascendía a la suma de $3.057’245.870, era irrisoria para las accionadas.

14 Folio 1039 a 1047 C. Ppal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

2.4.2. Comcel S.A. interpuso también recurso de apelación, con el que propuso los
siguientes argumentos para solicitar la revocación del fallo de primer grado15:

2.4.2.1. Inexistencia de vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público. Al punto, sostuvo que:

2.4.2.1.1. La sentencia apelada contiene un gravísimo yerro de apreciación probatoria,
al tomar como prueba de “un presunto detrimento patrimonial del Estado” un dictamen
pericial elaborado por Luis Fernando Rodríguez Naranjo, que nunca tuvo por objeto
establecer esa suma, pues fue rendido dentro de un proceso de competencia desleal
en donde “nunca se le pidió calcular dicha cifra”, sino los supuestos perjuicios
ocasionados a los demandantes en ese proceso, es decir, ETB, Telecom y Orbitel.

Dicho dictamen, resulta impertinente e inconducente. Primero, porque los demandantes
en el proceso jurisdiccional eran empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, mientras que Comcel S.A. era un prestador del servicio de telefonía móvil
celular, que se regía por normas distintas. Segundo, porque los demandantes ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de ese dictamen, pretendieron
equiparar sus obligaciones con las de los operadores de telefonía móvil celular, “por lo
que si bien la SIC le dio valor probatorio al mismo, sólo le dio aplicación en lo referente
a los minutos cursados por las redes de Comcel, tal como se determina en el Auto 32
de 2008”.

2.4.2.1.2. La prestación del servicio de telefonía de larga distancia internacional le
generó a Comcel S.A. cuantiosas multas e indemnizaciones en favor de los operadores
del servicio de larga distancia internacional, pese a que, al momento de los hechos, no
existía ninguna norma que determinara que en su condición de operador de telefonía
móvil celular, se encontrara obligada a cancelar suma alguna por la prestación del
servicio de telefonía de larga distancia, máxime cuando según el artículo 5° del Decreto
2542 de 1997, “la licencia sólo podía ser solicitadas (sic) por las empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios”.

En el proceso jurisdiccional iniciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
se determinó que Comcel S.A. no era responsable por el hecho de que los operadores
hayan tenido que pagar para obtener la licencia que les permitiera prestar el servicio de
larga distancia internacional, ni por los gastos en que aquellos incurrieron para
constituirse como empresas de servicios públicos.

El Estado no había regulado las condiciones para que los operadores de telefonía móvil
celular prestaran el servicio de telefonía de larga distancia internacional sin
intermediación de la red de telefonía pública básica conmutada, por lo que a Comcel
S.A. no le era exigible el pago de aquellos valores, al no ser un prestador de servicios
públicos domiciliarios. En su sentir, no existe mérito para predicar vulneración al
patrimonio público, pues el artículo 60 del Decreto 741 de 1993 prohibía al Ministerio
otorgar licencias para prestar en forma directa el servicio #124 voz sobre IP, que el
Tribunal denominó como telefonía de larga distancia internacional y, en el expediente,
tampoco se acreditó que el Estado pudiera cobrar algún otro derecho por la prestación
de este último servicio.

2.4.2.2. Comcel S.A. no administra recursos públicos y tampoco toma decisiones
respecto de su utilización, por lo que no está llamada a responder por una supuesta
transgresión del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.
15 Folios 1061 a 1074 C. Ppal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

Sobre el particular, afirmó que las acciones populares solo podían dirigirse contra las
entidades o los funcionarios públicos, pues solo ellos, en esa calidad, se hallaban en
capacidad jurídica de lesionar ese derecho e interés colectivo. Incluso, sostuvo que ni
siquiera podía predicarse un detrimento patrimonial por parte de Comcel S.A.,
comoquiera que ha cancelado la totalidad de las sumas que el Ministerio determinó por
la prestación del servicio de telefonía móvil celular y, además, pagó todas y cada una
de las sanciones impuestas en el marco de las actuaciones administrativas que “han
tenido ese resultado”.

2.4.2.3. Configuración de la excepción de cosa juzgada.

Porque la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó un proceso de
competencia desleal que culminó con la expedición de la Resolución número 4954 de
2000 y, el Ministerio de Comunicaciones, por su parte, inició también una investigación
administrativa por los mismos hechos ahora expuestos en la demanda formulada en
ejercicio de la acción popular, que concluyó con la imposición de sanciones a Comcel
S.A. por transgredir lo previsto en el artículo 60 del Decreto 741 de 1993 y el artículo
52 del Decreto 1900 de 1990.

2.4.2.4. La sentencia recurrida transgredió el artículo 11 de la Ley 472 de 1998 pues se
abstuvo de declarar la excepción de caducidad, aun cuando para el momento de
presentación de la demanda no se encontraba en amenaza o peligro el interés
colectivo.

A su juicio, los supuestos fácticos objeto de la acción popular transcurrieron entre el 17
de septiembre de 1998 y el 25 de septiembre de 1999, es decir, que los hechos objeto
de reproche por el actor popular sucedieron once años antes de la presentación de la
demanda, por lo que, para este último momento, “no se encontraban bajo amenaza o
peligro alguno el derecho como consecuencia de las acciones administrativas y
judiciales adelantas (sic) por el Estado por los hechos objeto de litigio”.

2.4.2.5. La sentencia apelada transgredió el principio de legalidad en cuanto aplicó el
Decreto 2542 de 1997.

Comoquiera que ese decreto únicamente regía para las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y, en ese orden, Comcel S.A. no se encontraba obligada
a cancelar sumas de dinero por la prestación del servicio de telefonía de larga distancia
internacional.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

2.5.1. Una vez concedidos los recursos de apelación16, esta Corporación, con auto
del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), procedió a su admisión17.

2.5.2. Por auto del seis (6) de noviembre de esa anualidad18, se corrió traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada tanto por el
demandante como por Comcel S.A., quienes, respectivamente, insistieron en los

16 Folio 1076 C. Ppal.
17 Folio 1086 C. Ppal.
18 Folio 1093 C. Ppal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

argumentos expuestos en el recurso de apelación19. En su escrito de alegatos, el actor
popular puntualizó que la controversia versaba sobre los siguientes cuatro (4) puntos:
(i) el hecho de que Comcel S.A. utilizara una concesión “que legalmente fue adquirida
para prestar un servicio específico de telefonía celular, para prestar otro servicio, de
larga distancia, para el cual no había obtenido concesión”, lo que en su criterio debió
acarrear la declaración de incumplimiento del contrato, el cobró de la cláusula penal y
la imposibilidad de prorrogar las concesiones que legalmente habían sido otorgadas a
ese operador; (ii) el hecho de que los operadores celulares obtuvieran una rebaja de
Ochocientos Noventa y Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Novecientos
Dólares (US$892.596.900) para la prórroga correspondiente a los años 2004-2014, con
fundamento en datos técnicos y financieros contenidos en unos estudios ocultos que,
a su juicio, demostrarían el incumplimiento de las obligaciones del concesionario y la
imposibilidad de prorrogar el contrato de concesión y, además, darían cuenta de las
proyecciones erróneas del mercado que se tuvieron en cuenta para efectuar esa
adición; (iii) la reversión que debían hacer los operadores de telefonía celular de toda
su capacidad instalada en favor del Estado y (iv) la asignación adicional de espectro
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones a Comcel S.A., “a cambio de hacer lo
que COMCEL ya estaba obligada a hacer, es decir, prestar un buen servicio”.

III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

3.1. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes,
habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en razón a que para
la fecha de presentación de la demanda (3 de septiembre de 2010)20, el parágrafo del
artículo 16 de la Ley 472 de 1998 preveía que los Tribunales Administrativos y el
Consejo de Estado conocerían, en primera y segunda instancia, de las acciones
populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas o de
particulares con funciones administrativas hasta que entraran en funcionamiento los
juzgados administrativos. Lo anterior, en armonía con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 157 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso (CGP),
según el cual, la competencia para tramitar el proceso se rige “por la legislación vigente
en el momento de formulación de la demanda”21.

Y en lo que atañe a la distribución de los asuntos por especialidad en el Consejo de
Estado, el artículo 13 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo No. 58 de
1999), modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 de 2003, otorgaba competencia a la
Sección Tercera para conocer de “las acciones populares que versen sobre asuntos
contractuales y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa”,
normativa que habilitó a esta Sección para asumir el conocimiento de la presente acción
mediante auto del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)22.

Además, la Subsección encuentra cumplidos los presupuestos relacionados con el
ejercicio oportuno de la acción y de legitimación para la causa, por las siguientes
razones:

19 Folios 1094 a 1098 y 1099 a 2012 C. Ppal.
20 Folio 1 a 46 C.1.
21 Ley 157 de 1887, artículo 40, modificado por el artículo 624 del CGP. “Las leyes concernientes a la sustanciación

y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin
embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
22 Folio 1086 C. Ppal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

3.2. Aun cuando en el recurso de apelación, Comcel S.A. sostiene que la sentencia de
primera instancia desconoció el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, porque, en ella, el
Tribunal se abstuvo de declarar la caducidad de la acción pese a que para la fecha de
presentación de la demanda no se encontraba en amenaza o peligro el interés
colectivo, lo cierto es que este argumento no está llamado a prosperar, pues en línea
con lo previsto en la norma ibidem23 sobre la oportunidad de la acción popular, para
el momento en que fue interpuesta la demanda, esto es, tres (3) de septiembre de
dos mil diez (2010), se encontraba vigente el contrato para la prestación del servicio
de telefonía móvil celular suscrito entre el Ministerio de Comunicaciones y Comcel S.A.,
en cuya ejecución —como lo afirma el demandante— se produjo la violación de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público,
lo que permite pronunciarse sobre el fondo del asunto.

3.3. Ya en cuanto a la legitimación para la causa por activa de que trata el artículo
12 de la Ley 472 de 1998, se observa que Fernando Antonio García Forero es persona
natural facultada por la norma aludida para presentar la demanda en ejercicio de la
acción popular. Por su parte, se encuentra acreditado que el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) y Comcel S.A., suscribieron contrato de concesión para la prestación
del servicio de telefonía móvil celular que, según el demandante, generó en su
ejecución la vulneración de los derechos e intereses colectivos antes aludidos. En ese
orden, dicha sociedad —en condición de concesionaria— así como el aludido ente
ministerial —en calidad de concedente—, se encuentran legitimados en la causa por
pasiva24.

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con los argumentos planteados por las partes en los recursos de apelación
formulados contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la Sala dará respuesta a los siguientes interrogantes:

4.2.1. ¿Existe mérito para determinar en este asunto, conforme a las pruebas
válidamente allegadas al expediente, la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público?

4.2.2. ¿Persiste la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa
y a la defensa al patrimonio público, pese a que los contratos de concesión 004, 005 y
006 de 1994 —que el demandante estima incumplidos— terminaron de forma anticipada
el 28 de noviembre de 2013, y el Ministerio de Comunicaciones sancionó con multa a
COMCEL S.A. por encontrar que la prestación del servicio #124 Voz Ip sin autorización o
concesión constituía una infracción al régimen de comunicaciones?

4.2.3. ¿El juez popular tiene competencia para pronunciarse sobre el incumplimiento
del contrato de concesión para la prestación del servicio de telefonía móvil celular en el

23 “La Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés

colectivo”. La Corte Constitucional, en sentencia C-299 de 14 de abril de 1999, declaró exequible el artículo 11 de la
Ley 472 de 1998, excepto las expresiones "Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas al estado anterior,
el término para interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la
alteración".
24 La jurisprudencia unificada de esta Corporación ha sostenido que la moralidad administrativa puede ser vulnerada

por funcionarios públicos y por particulares cuando participen en la celebración de un contrato estatal. Cfr. Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2023, exp. 64048.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

territorio nacional, en cuya ejecución y prórroga —según el actor popular— se generó
la vulneración de los derechos colectivos?

En el evento en que estos dos últimos interrogantes sean resueltos en forma afirmativa
se procederá a verificar sí, la condena impuesta por el Tribunal a COMCEL S.A. en
favor del Estado Colombiano -Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones-, ¿se encuentra ajustada a los medios de prueba aportados al
expediente?

V. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
PLANTEADOS

De acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente, que son esencialmente de
naturaleza documental, se encuentran debidamente acreditados los siguientes
fundamentos fácticos relevantes:

5.1. En relación con el contrato de concesión celebrado por Comcel S.A. para la
prestación del servicio de telefonía móvil celular en Colombia

5.1.1. El Ministerio de Comunicaciones y Comcel S.A. suscribieron el 28 de marzo de
1994 contrato de concesión número 000004 para la prestación del servicio de
telefonía móvil celular, en la red A del área oriental, “como servicio público de
telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona
en sí mismo capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles
y a través de la interconexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre
aquellos y los usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la
que parte del espectro radioeléctrico asignado al CONCESIONARIO, constituye su
elemento principal”. El contrato se celebró por la suma de doscientos cincuenta y nueve
mil ciento sesenta y un millones de pesos m/cte. ($259.161.000.000), por el término de
diez (10) años y en él, se acordó que además del precio indicado y en virtud de lo
preceptuado en el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1901 de 1990 y en el pliego
de condiciones, el concesionario debía cancelar trimestralmente al Ministerio de
Comunicaciones a través del Fondo de Comunicaciones, por concepto del derecho a la
utilización y explotación de las frecuencias radioeléctricas “contenidas en el subrango
especificado en el numeral 1.1.5. de la sección II del Pliego de Condiciones, una suma
equivalente al 5% de los ingresos brutos mensuales de la empresa”. Incluso, se dispuso
que el concesionario se comprometía a ofrecer el servicio de “roaming”, de acuerdo con
lo establecido en el pliego de condiciones y, además, se establecieron las siguientes
cláusulas: “CADUCIDAD. La caducidad del contrato de concesión procederá cuando se
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO que afecte de manera grave y directa la ejecución y fines
del presente contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, o las causales
establecidas en el artículo 43 del Decreto 741 de 1993, que se entiende, afectan la
ejecución del contrato. (…). REVERSIÓN. Al finalizar el término de la concesión, los
elementos y bienes directamente afectados a la misma pasar (sic) a ser propiedad de
la Nación – MINISTERIO DE COMUNICACIONES, sin que por ello éste deba efectuar
compensación alguna. (…). CLAUSULA (sic) PENAL PECUNIARIA. La cláusula penal
pecuniaria se hará efectiva directamente contra el CONCESIONARIO y su garante, por
el MINISTERIO DE COMUNICACIONES, en caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento del contrato”25.

25 Copia auténtica del contrato de concesión número 000004 obra a folios 1016 a 1025 C. anexo 3.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

5.1.2. En la fecha previamente indicada, el Ministerio de Comunicaciones celebró el
contrato de concesión número 000005 con la empresa Occidente y Caribe Celular
S.A. -OCCEL S.A.- para la prestación del servicio de telefonía móvil celular en la red A
del área occidente, por un valor de ciento veintitrés mil ciento veinte millones de pesos
m/cte. ($123.120.000.000). En este negocio jurídico se establecieron las mismas
cláusulas antes referidas del contrato 000004 y, además, se dispuso que el término de
duración de la concesión sería de diez (10) años, prorrogable por otro periodo igual,
“siempre y cuando el concesionario haya cumplido a cabalidad las obligaciones
emanadas del contrato”, prórroga que solo se podría “producir si el MINISTERIO DE
COMUNICACIONES y el CONCESIONARIO dentro del octavo año de la concesión no
manifiestan su intención en sentido contrario”, y para la cual se estipuló como condición
necesaria que el informe exigido en el literal h del numeral 1.27 de la sección I del pliego
de condiciones, fuera satisfactorio26.

5.1.3. El mismo 28 de marzo de 1994, el Ministerio de Comunicaciones celebró también
con la Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. -
CELCARIBE S.A.- el contrato de concesión número 000006, para la prestación del
servicio de telefonía móvil celular en la red A del área costa caribe, por un valor de
noventa y un mil novecientos sesenta y un millones de pesos m/cte. ($91.961.000.000),
negocio este en el que se contemplaron las mismas cláusulas de los contratos de
concesión números 000004 y 00000527.

5.1.4. Con circular número 0001 del 4 de febrero de 2003, el Ministerio de
Comunicaciones informó a los concesionarios de telefonía móvil celular que la prórroga
de los contratos de concesión estaría sujeta a que: -el concesionario presentara “por
escrito al Ministerio con una antelación mínima de seis (6) meses al vencimiento del
plazo inicial, la solicitud de prórroga del contrato; -el Ministerio de Comunicaciones, una
vez radicada “la solicitud de prórroga, desarrollar[á] un estudio técnico y financiero” que
tuviera en cuenta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato a la luz de
los resultados de la interventoría a realizar, “así como la conveniencia o no de la
prórroga, tanto para el Estado como para el interés general, sin perjuicio de los aspectos
formales” a que hubiera lugar; –el Ministerio, de acuerdo con el desarrollo del estudio
mencionado, comunicara la decisión de prórroga o terminación del contrato antes del
vencimiento del plazo inicial28.

5.1.5. El 26 de marzo de 2004, se formalizó la prórroga de los contratos de
concesión números 000004 y 000005 para la prestación del servicio de telefonía
móvil celular celebrados el 28 de marzo de 1994, y en ese documento se estableció
que el término de duración de la prórroga sería de diez (10) años contados desde el
29 de marzo de 2004 hasta el 28 de marzo de 2014. Es más, se consignó que: “en
contrato modificatorio de fecha enero 30 de 1997, las partes acordaron las condiciones
bajo las cuales el CONCESIONARIO tendría derecho a la prórroga del contrato de
concesión, en lo(sic) siguientes términos: ‘Cláusula primera. La cláusula segunda del
contrato se modifica y sustituye en su totalidad por el siguiente texto: CLÁUSULA
SEGUNDA. -DURACIÓN. – El término inicial de duración de la concesión objeto de este
contrato es de diez (10) años, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del
mismo. PARÁGRAFO 1°. - PRÓRROGA: La concesión se prorrogará automáticamente
por otro periodo de diez (10) años, sin que para ello se requieran autorizaciones o actas
adicionales. En el evento en que el CONCESIONARIO no esté dispuesto a prorrogar el
contrato, así lo deberá manifestar por escrito el MINISTERIO DE COMUNICACIONES

26 Copia auténtica del contrato de concesión número 000005 obra a folios 1027 a 1037 C. anexo 3.
27 Copia auténtica del contrato de concesión número 000006 obra a folios 1039 a 1049 C. anexo 3.
28 Copia de la circular número 0001 del 4 de febrero de 2003 obra a folios 147 a 148 C.1.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

durante el octavo (8°) año de la concesión, en cuyo caso, la concesión terminará al
vencimiento del término inicial. Dentro del primer (1er.) año de vigencia de la prórroga
se procederá a su formalización, mediante la suscripción del documento respectivo, en
el cual se dejará constancia sobre la fecha de iniciación (marzo 29 del 2004) y
finalización de la misma (marzo 29 del 2014)’”29.

5.1.6. El 26 de marzo de 2004 se formalizó también la prórroga que, por el mismo
término antes indicado, se hizo al contrato de concesión número 000006 para la
prestación del servicio de telefonía móvil celular que fue celebrado el 28 de marzo de
1994 entre el Ministerio de Comunicaciones y la Empresa Comunicaciones Celulares
de la Costa Atlántica S.A. – CELCARIBE S.A.30.

5.1.7. El 30 de junio de 2005, se efectuaron modificaciones a los contratos de
concesión 000005 y 000006 para la prestación del servicio de telefonía móvil celular,
en las que, con ocasión de la fusión de las compañías Empresa Regional de
Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica – CELCARIBE S.A.- y Occidente y
Caribe Celular – OCCEL S.A., con COMCEL S.A., se reconoció a esta última como
concesionario31.

5.1.8. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante
Resolución número 003081 del 24 de diciembre de 2009, otorgó permiso hasta por
el término de diez (10) años a la empresa COMCEL S.A. para el acceso, uso y
explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia de 1939.9 a 1944.9
MHz y 1859.9 a 1864.9 MHz e, igualmente, asignó dichas bandas para la prestación
del servicio móvil terrestre. Sin embargo, aclaró que el uso y explotación de las aludidas
bandas de frecuencia quedaba condicionado a la existencia de un título habilitante para
proveer redes y servicios de telecomunicaciones y, además, dispuso: “VALOR Y
FORMA DE PAGO POR EL DERECHO AL USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO. El valor del espectro radioeléctrico asignado mediante la presente
resolución a la empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., es
equivalente a TRESCIENTOS SEIS MIL DOLARES (US$306.000) por MHz por año,
para un total de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES (US $30.600.000)
calculados a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de la presente
resolución. (…). FORMA DE PAGO. El valor del espectro asignado referido en el
artículo segundo de la presente resolución, será pagado por COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., mediante el cumplimiento de una obligación de hacer
consistente en brindar cobertura con el servicio móvil terrestre a las áreas del país
relacionadas en el Anexo No. 1 que hace parte de la presente resolución”32.

5.1.9. Dicho acto administrativo fue aclarado mediante Resolución número 000130 de
2010, en la que se previó que el permiso “hasta por el término de diez (10) años” fue
otorgado a COMCEL S.A. pero para el acceso, uso y explotación del espectro
radioeléctrico en las bandas de frecuencia de 1940 a 1945 MHz y 1860 a 1865 MHz33.

5.1.10. En Resolución número 0000598 del 27 de marzo de 2014, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anotó que los contratos de
concesión 004, 005 y 006 de 1994 “terminaron de forma anticipada el 28 de noviembre

29 Copia auténtica del documento de formalización de la prórroga de los contratos de concesión números 000004 y

000005 obra a folios 1050 a 1095 C.3.
30 Copia auténtica del documento de formalización de la prórroga del contrato de concesión número 000006 obra a

folios 1096 a 1108 C.3.
31 Copia auténtica de las modificaciones a los contratos de concesión 000005 y 000006 obran a folios 902 a 907 C.3.
32 Copia auténtica de la Resolución número 003081 de 2009 obra a folios 913 a 917 C.3.
33 Copia de la Resolución número 000130 de 2010 obra a folios 145 a 146 C.1.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

de 2013 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009”, por lo
que en aplicación de lo previsto en el artículo 12 ibidem, resolvió34:

“ARTÍCULO PRIMERO. – Renovar a Comcel S.A. (…), el permiso para el uso del
espectro radioeléctrico en las bandas de 824.040 MHz a 825.000 MHz, 825.030 MHz a
834.990 MHz, 845.010 MHz a 846.480 MHz, 869.040 MHz a 870.000 MHz, 870.030
MHz a 879.990 MHz, 890.010 MHz a 891.480 MHz, 1877,5 MHz a 1885 MHz y de
1957,5 MHz a 1965 MHz desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 28 de marzo de
2014, en los mismos términos establecidos en los contratos de concesión 004, 005 y
006 de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Renovar el permiso para el uso del espectro radioeléctrico
otorgado a Comcel S.A. (…), con área de servicios en el territorio nacional, en las
bandas de frecuencia de 824.040 MHz a 825.000 MHz, 825.030 MHz a 834.990 MHz,
845.010 MHz a 846.480 MHz, 869.040 MHz a 870.000 MHz, 870.030 MHz a 879.990
MHz, 890.010 MHz a 891.480 MHz, 1877,5 MHz a 1885 MHz y de 1957,5 MHz a 1965
MHz desde el 29 de marzo de 2014 hasta el 28 de marzo de 2024, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009. (…)”.

5.2. Frente a la actuación administrativa adelantada por el Ministerio de
Comunicaciones contra COMCEL S.A., por la prestación del servicio de larga distancia
internacional

5.2.1. Con Resolución número 000070 del 2 de febrero de 2000, el Ministerio de
Comunicaciones determinó, conforme lo previsto en el artículo 52 del Decreto Ley 1900
de 1990, que la prestación del servicio #124 Voz Ip sin autorización o concesión
constituía una infracción al régimen de comunicaciones, por lo que sancionó a la
sociedad COMCEL S.A. con multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales
mensuales35.

En dicho acto administrativo se explicó que, del acervo probatorio recaudado a lo largo
de la actuación, se deducía que las sociedades COMCEL S.A. y OCCEL ofrecieron a
sus usuarios en general, con excepción de algunos planes especiales, un servicio
denominado #124 voz sobre IP, a través del cual y mediante el uso de su teléfono
celular, lograban originar y recibir comunicaciones de voz de larga distancia
internacional con usuarios fijos o móviles en el extranjero, con los cuales pudieran
mantener una conversación en tiempo real o presente.

Conforme a ello, consideró que en ambos extremos de la comunicación se utilizaban
los protocolos usuales de las comunicaciones telefónicas, de manera que el cambio de
protocolos IP se hacía desde el momento en que el operador celular le entregaba a
REY MORENO S.A. la llamada y éste, a su vez, la entregaba a otro operador de
telecomunicaciones en el exterior, que nuevamente la descomprimía para convertirla
en las señales que eran entregadas al usuario destino.

Se anotó también que, la conversión de protocolos era una característica diferenciable
referida a la transmisión, pero solo podía considerarse como valor agregado sí,
conforme a lo previsto en la norma superior, es decir, el Decreto Ley 1900 de 1990,
añadía otras facilidades al servicio soporte o satisfacía nuevas necesidades específicas
de telecomunicaciones; por lo que, si bien se pretendió demostrar en la investigación
que la presencia de algunas características diferenciables a las que hacía referencia el

34 Copia de la Resolución número 0000598 de 2014 obra a folios 738 a 748 C.1.
35 Copia de la Resolución número 000070 del 2 de febrero de 2000 obra a folios 550 a 579 C.4.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

artículo 4° del Decreto 1794 de 1991, tipificaban el servicio de valor agregado, estas no
eran suficientes para “que nuestra reglamentación lo considere como tal por cuanto la
definición del servicio de valor agregado debe analizarse frente al Decreto 1794 de 1991
y dentro del contexto y las previsiones del decreto ley 1900 de 1990”.

Y se indicó que, en las condiciones modales en las que se prestó el servicio objeto de
la investigación, “condiciones en las que fue suministrado y recibido por el usuario el
servicio denominado #124, no se dieron las características propias de un servicio de
valor agregado” y además que, el “servicio #124 constitu[ía] un teleservicio, en el que
se conectan las redes de TMC y de valor agregado de los operadores involucrados en
la investigación y para cuya prestación los operadores COMCEL, OCCEL y rey moreno
no se encontra[ban] habilitados”.

En criterio de ese ministerio; “[n]o dándose las condiciones para que el denominado
‘servicio #124”, considerado como la comunicación telefónica entre el usuario celular y
otro usuario en el exterior, sea un servicio de valor agregado, no es de recibo el
argumento esgrimido por los vinculados a la investigación, para efectos de considerar
que el servicio esté amparado en la licencia de valor agregado otorgada a REY
MORENO S.A.”

5.2.2. El Ministerio de Comunicaciones, mediante Resolución número 000984 del 8
de mayo de 2000, redujo la cuantía de la sanción impuesta a COMCEL S.A. en la
Resolución 000070, y le impuso a título de multa la suma equivalente a 900 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de ese acto administrativo,
en la medida que “los sancionados por imprudencia y violación deber de cuidado al que
estaban obligados, consideraron la prestación del servicio amparada en una licencia
expedida por el Ministerio de Comunicaciones”36.

5.3. La actuación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio contra
COMCEL S.A. por actos de competencia desleal

5.3.1. El día 13 de marzo de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió
la Resolución número 4954, en la que: (i) declaró que el comportamiento objeto de
investigación realizado por COMCEL S.A. era ilegal, por contravenir lo previsto en los
artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996; (ii) ordenó a COMCEL S.A. terminar
definitivamente la conducta objeto de la resolución y abstenerse en el futuro de repetirla
o de realizar actos equivalentes; (iii) otorgó un término de 15 días hábiles a la Empresa
de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A. E.S.P., ORBITEL S.A. y a la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM para solicitar ante esa
Superintendencia, y en los términos del parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510
de 1999, la liquidación de los perjuicios correspondientes; (iv) impuso a COMCEL S.A.
una sanción pecuniaria por Quinientos Veinte Millones Doscientos Doce Mil Pesos
($520.212. 000) moneda legal, equivalentes a 2.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes37.

En esa resolución se consideró que, Comcel, al implementar el servicio #124 para que
sus usuarios pudieran comunicarse con cualquier parte del mundo, adquirió una ventaja
significativa en un mercado que no era el suyo y que nadie más podría tener, en la
medida que dicho servicio “estaba dirigido a sus usuarios dentro de un mercado
cautivo”. Además, que “al realizar Comcel una operación ilegal que implicó que las

36 Copia de la Resolución número 000984 del 8 de mayo de 2000 obra a folios 238 a 264 C.1.
37 Copia de la Resolución número 4954 de 13 de marzo de 2000 obra a folios 53 a 119 C.4.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

llamadas salientes de larga distancia internacional se dirigieran en una forma diferente,
se configuró la desviación ilegal de clientela”.

Dicho acto administrativo fue confirmado por la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante Resolución número 12835 del 13 de junio de 200038.

5.3.2. Con auto número 32 del 15 de enero de 2008, la Superintendencia de Industria
y Comercio decidió el incidente de liquidación de perjuicios formulado por la Empresa
de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá ETB S.A. E.S.P., ORBITEL S.A. E.S.P.
y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, y procedió a tasar
aquellos causados por COMCEL S.A. en razón de los actos de competencia desleal
sancionados en la Resolución 4954 de 200039.

VI. CONSIDERACIONES FRENTE A LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

6.1. En el recurso de apelación, Comcel S.A. aludió a la configuración de la cosa
juzgada porque, en su criterio, los hechos expuestos en la demanda habían sido ya
ventilados y decididos en sede administrativa, tanto por el Ministerio de
Comunicaciones como por la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese orden,
la Sala, previo a avocar el estudio de los problemas jurídicos atrás formulados,
procederá a determinar si en el presente asunto se configura el medio exceptivo
propuesto, que impida realizar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

6.1.1. Sobre la cosa juzgada material

El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y tiene
por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera
de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior.
La cosa juzgada, entonces, cumple una función doble para la eficacia de las decisiones
judiciales. Por un lado, da seguridad, estabilidad y certeza a la relación sustancial que
se decide. Por otro lado, prohíbe que, mediante un nuevo proceso, se vuelva a discutir
lo ya resuelto. De modo que un juez no podrá pronunciarse frente a una controversia si
encuentra una decisión previa con el mismo objeto, causa y partes, pues de esta última
se predica la cosa juzgada. Con esa perspectiva, el artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) —vigente
para el año en que fueron interpuestos los recursos de apelación, que datan del 2017—
prescribía como excepción la cosa juzgada—, cuya decisión es ineludible para el juez
que conozca del nuevo proceso, según el artículo 187 ejusdem.

La figura de la cosa juzgada está regulada en los artículos 303 del Código General de
Proceso (CGP) y 189 de la Ley 1437 de 2011, en los cuales se establecen los
elementos formales y materiales para su configuración.

El primer elemento, formal, implica que no es posible volver sobre una decisión tomada
en providencia ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que se debatan
las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos; lo anterior, para garantizar
estabilidad y seguridad jurídica. El segundo elemento, el material, hace alusión a la
intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad
jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue
decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.

38 Copia de la Resolución número 12835 del 13 de junio de 2000 obra a folios 120 a 179 C.4.
39 Copia del auto número 32 de 2008 obra a folios 426 a 469 C.4.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

Ahora, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los
siguientes elementos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, (ii) identidad de objeto e
(iii) identidad de causa40.

Habida consideración que los hechos y conductas por las cuales se sancionó a Comcel
S.A., por incurrir en actos de competencia desleal y por infringir el régimen de
telecomunicaciones, fueron adoptadas por autoridades administrativas, que no
judiciales, en procesos que detentan una naturaleza totalmente diversa a la acción que
ahora se analiza, de los que tampoco puede predicarse la identidad de partes y objeto
frente a las pretensiones que fueron formuladas por el actor popular, esta Subsección
encuentra que no existe mérito para declarar probado el medio exceptivo propuesto y,
en consecuencia, procederá a abordar el estudio de los demás cargos formulados en
los recursos de apelación. Nótese que, los procedimientos a partir de los cuales fueron
proferidos los actos administrativos en virtud de los cuales Comcel S.A. pretende
configurar la cosa juzgada, fueron iniciados en ejercicio de la potestad sancionatoria de
la que se hallaban investidas el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de
Industria y Comercio, y con ellos se perseguía un objeto totalmente diverso a aquel por
el cual fue interpuesta la demanda de acción popular, para la protección de derechos e
intereses colectivos que el actor consideró vulnerados, por lo que lo allí ventilado en
ningún modo impide resolver la litis que ahora se plantea en este asunto.

6.2. Así pues, la apreciación inicial de los hechos probados da cuenta de que no se
configura en la actualidad la situación fáctica que, a juicio del demandante,
generó la vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la defensa del
patrimonio público y la moralidad administrativa. Ello, porque los contratos de concesión
004, 005 y 006 de 1994 -que el demandante estima como incumplidos en el marco de la
acción popular-, según la Resolución número 0000598 del 27 de marzo de 2014
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
terminaron de forma anticipada el 28 de noviembre de 2013. Es más, porque aun
cuando ese Ministerio en aquel acto administrativo renovó a COMCEL S.A. el permiso
para el uso del espectro radioeléctrico con área de servicios en el territorio nacional, en
las bandas de frecuencia de 824.040 MHz a 825.000 MHz, 825.030 MHz a 834.990
MHz, 845.010 MHz a 846.480 MHz, 869.040 MHz a 870.000 MHz, 870.030 MHz a
879.990 MHz, 890.010 MHz a 891.480 MHz, 1877,5 MHz a 1885 MHz y de 1957,5 MHz
a 1965 MHz, lo hizo únicamente hasta el 28 de marzo de 2024.

Incluso, la Sala no pasa por alto que si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en la sentencia apelada, determinó que COMCEL S.A. usufructuó un bien público
(espectro electromagnético), sin estar habilitado para ello, y le ordenó a esa sociedad
retribuir al Estado el monto total que ingresó a su patrimonio por la prestación del servicio
de telefonía de larga distancia internacional, lo cierto es que el Ministerio de
Comunicaciones, con Resolución número 000070 del 2 de febrero de 2000, sancionó
a COMCEL S.A. con multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales -
que posteriormente fue reducida a la suma de 900 salarios mínimos legales mensuales-

40 El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la relación jurídica sustancial o el

derecho que decide una sentencia. Así, se verificará la identidad de objeto, si lo decidido en una providencia
ejecutoriada coincide con el derecho o la pretensión que se presenta en una nueva demanda -petitum-. A su vez, la
causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es decir, la razón o motivo por el que se pide
-causa petendi-. De allí que habrá identidad de causa si los supuestos de hecho que llevaron a la adopción de una
providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda son -en esencia- los mismos. La identidad
de partes se presenta si los sujetos, que comparecieron -a nombre propio o representados- en un proceso decidido
con una providencia ejecutoriada, vuelven a un nuevo proceso -bien sea en calidad de demandantes o de
demandados. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, exp.
19269.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

, por considerar que la prestación del servicio #124 Voz Ip sin autorización o concesión,
constituía una infracción al régimen de comunicaciones.

Por tanto, las pretensiones formuladas por el demandante carecen de objeto por hecho
superado y por el acaecimiento de una situación sobreviniente41, devenidos por: (i) la
imposición de una sanción a COMCEL S.A. por haber incurrido en una infracción al
régimen de comunicaciones y, (ii) el vencimiento tanto del plazo de los contratos de
concesión celebrados para la prestación del servicio de telefonía móvil celular en el
país, como del permiso para el uso del espectro radioeléctrico con área de servicios en
el territorio nacional en las bandas de frecuencia atrás enunciadas.

Bajo este escenario, la respuesta al primer problema jurídico se revela negativa,
dado que las circunstancias antes expuestas permiten inferir que los hechos que, a
juicio del demandante, generaron la vulneración de los derechos colectivos a la defensa
del patrimonio público y a la moralidad administrativa, no persisten para la fecha en que
se profiere esta sentencia.

Ahora, aunque los hechos probados dan cuenta que las circunstancias que sustentaron
el ejercicio de la acción popular cesaron por las razones previamente anotadas, se
procederá al análisis de fondo para establecer el alcance de los derechos colectivos
a la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, en atención a la
jurisprudencia unificada de esta Corporación, según la cual, aun en los eventos en los
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, “no resulta
procedente denegar de plano las pretensiones, sino que, por el contrario, el juez de
conocimiento deberá declarar la vulneración de los derechos colectivos y precisar que
se puso fin a la transgresión del derecho colectivo cuyo amparo se perseguía, en los
siguientes dos sentidos42-43:

“i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la simple
alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la superación de la
situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no
es procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha
adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los mismos.

ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es
óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos
derechos”.

41
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 5 de noviembre de 2019. “Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló
dos categorías en las que podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y daño
consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho superado responde al sentido obvio de las palabras
que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto
del obrar de la entidad accionada. (…) 42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha perfeccionado
la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración
o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación (…)
44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia actual de objeto, diseñada para cubrir
escenarios que no encajan en las categorías originales. (…) La Sala Octava de Revisión explicó entonces que existen
“otras circunstancias” en las que la orden del juez resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la
satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 4 de septiembre de 2018,

expediente 2007-00191-01 (AP)SU.
43 Consejo de Estado, Sección Primera. sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 2005-00123-01. En igual

sentido, Sección Primera, sentencia de 4 de abril de 2019, expediente 2016-00503 y Sección Tercera, Subsección
C, sentencia de 18 de mayo de 2017, expediente 2010-00026-01.

23

Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

En este orden, se procederá a analizar el alcance de los derechos colectivos a la
defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa en el escenario propuesto
por el actor popular, al encuadrar la situación en el segundo de los eventos previstos
en la jurisprudencia unificada, para realizar un análisis de fondo cuando se constata la
carencia actual de objeto por la desaparición de los motivos que generaron la
afectación.

6.3. De acuerdo con lo previsto en los artículos 88 de la Constitución Política y, 2 y 9
de la Ley 472 de 1998, la acción popular procede para la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica
y otros de similar naturaleza, con el propósito de evitar el daño contingente derivado de
su vulneración por la acción u omisión de las autoridades públicas, de los particulares,
o para hacer cesar el peligro, la amenaza, la violación o el agravio, o para restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

6.3.1. En lo atinente al patrimonio público, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que este derecho colectivo comprende todos los bienes, derechos y
obligaciones propiedad del Estado, que sirven para el cumplimiento de los fines
esenciales, como son, servir a la comunidad y promover la prosperidad general bajo el
estricto cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, entre los que
se encuentran, la moralidad, la eficacia y la economía. Por tanto, la protección del
patrimonio público consiste en garantizar que los recursos del Estado sean
administrados de manera eficiente y transparente, conforme a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, y se preserven y usen para el propósito que motivó la actuación
de la administración44.

El derecho a la defensa del patrimonio público busca así asegurar no sólo la eficiencia
y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también la
utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social
del Estado. En tal virtud, si la administración o el particular que administra recursos
públicos los manejó indebidamente, ya sea porque lo hizo en forma negligente o
ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los expresamente señalados en
las normas, afectaron el patrimonio público y, por ende, su protección puede proceder
por medio de la acción popular45.

En concordancia con lo anterior, cuando la consecución de los fines del Estado requiere
de la celebración de contratos estatales, la actuación de la administración debe atender
tanto los principios propios de la función administrativa como los principios de
transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, además
de las reglas de interpretación, los principios generales del derecho y las normas que
regulan la conducta de los servidores públicos. Sobre el tema, la jurisprudencia de esta
Corporación ha reiterado que “la defensa del patrimonio público conlleva a que los
recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable,
de acuerdo con las normas presupuestales, evitando con ello el detrimento patrimonial.

44Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 31 de mayo de 2002, radicación número 2500023
240001999900101 (AP), actor: Contraloría General de la República, demandado: La Nación - Ministerio de
Transporte y la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. DRAGACOL S.A. En igual
sentido, sección primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, expediente 2014-00263-01 (AP). Sección Tercera,
Subsección C, sentencias del 8 de junio de 2011, expediente 2004-00540-01 (AP), de 18 de mayo de 2017,
expediente 2010-00026-02 (AP).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2006,

rad. número 19001233100020030159401 (AP).

24

Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

Por ello, se concluye que la afectación del patrimonio público implica de suyo la
vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa”46- 47.

6.3.2. Y en lo que atañe a la moralidad administrativa como derecho colectivo, la
jurisprudencia unificada de esta Corporación ha considerado que su vulneración ocurre
cuando se demuestra “el elemento objetivo que alude al quebrantamiento del
ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la comprobación de
conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta función pública” 48.
En este escenario, la protección de los derechos colectivos deprecada en ejercicio de
la acción constitucional por hechos ocurridos en el marco de la celebración, ejecución
o terminación de un contrato estatal, “no se trata de que el juez popular realice un juicio
de legalidad formal, como quedó dicho, pues ello le corresponde al juez natural, sino
que propenda por la protección de la moralidad administrativa y la defensa del
patrimonio público sin los límites de las acciones ordinarias” 49.

6.4. En línea con el derrotero jurisprudencial referido, la Sala denota que los
argumentos que, a juicio del recurrente, configuran un comportamiento inmoral de la
administración, en ningún modo develan alguna conducta desplegada por el Ministerio
de Comunicaciones -hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones-, que fuera contraria a una disposición perteneciente al ordenamiento
jurídico legal.

Primero, porque el artículo 53 del Decreto Ley 1900 de 1990 -en el cual se sustentó la
Resolución número 000070 del 2 de febrero de 2000-, atribuía competencia al
Ministerio de Comunicaciones para imponer a la persona natural o jurídica respectiva
una sanción que podía consistir en multa hasta por el equivalente a mil salarios mínimos
legales mensuales, suspensión de la actividad hasta por dos meses, la revocación del
permiso, la caducidad del contrato o la cancelación de la licencia o autorización, sin
que, por el hecho de que el Ministerio de Comunicaciones haya elegido, previa
evaluación de los criterios de graduación, la sanción impuesta a COMCEL S.A. y no
otra, se haya infringido o actuado en contra de la norma que facultaba su imposición.
Segundo, porque contrario al entendimiento que sobre este aspecto parece tener el
accionante, la tipología de sanción elegida por el Ministerio de Comunicaciones,
además de admisible, fue justificada como se ha dicho en consideración a la gravedad
de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión. Además, porque en
oposición a lo afirmado por el accionante en su recurso de apelación, la Resolución

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de octubre de 2006, expediente 2004-00857. En igual

sentido: Sección Tercera, Subsección C, sentencias de 8 de junio de 2011, expediente 2005-01330-01, de 13 de
junio de 2013, expediente 2011-00031-01 y de 25 de febrero de 2016, expediente 2012,00656-01; Subsección B,
sentencia de 16 de marzo de 2017, expediente 00894-01.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 25000-23-41-000-2017-00083-02

(64048) (AP). “Toda vez que los actos de corrupción tienen por finalidad perseguir intereses económicos
particulares, desviando las finalidades de interés público a las cuales deben estar dirigidos los recursos asignados
para la ejecución de un contrato, en estas acciones se invoca también el derecho colectivo a la <<defensa del
patrimonio público>>, punto en el cual la jurisprudencia ha señalado que existe una conexidad entre los dos
intereses colectivos. ‘Con base en lo anterior se puede afirmar que la relación de conexidad que existe entre los
derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, en modo alguno
significa que deban analizarse de manera conjunta, como si se tratara de derechos interdependientes. Tampoco
quiere decir dicha conexidad que, si en un caso no se encuentra vulnerado el derecho e interés colectivo a la
moralidad administrativa, ello releva al juez de analizar la vulneración que existe, o no, del derecho e interés colectivo
a la defensa del patrimonio público, como lo interpretó e hizo el Tribunal en la Sentencia que se revisa. En otras
palabras, la conexidad que se ha reconocido entre moralidad administrativa y defensa del patrimonio público no
implica que el juez no deba hacer un estudio independiente de cada uno de estos derechos e intereses colectivos
en cada caso’”.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de febrero de 2018, exp. 25000-

23-15-000-2002-02704-01 (SU).
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 16 de

julio de 2021, exp. 25000-23-41-000-2014-00349-01 (AP).

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

número 000070 de 2000 expedida por el Ministerio de Comunicaciones, lejos de
declarar el incumplimiento de los contratos de concesión 000004, 000005 y 000006
celebrados por COMCEL S.A. para la prestación del servicio de telefonía móvil en el
país, lo que hizo fue poner fin a una actuación administrativa sancionatoria, iniciada
bajo la potestad regulatoria del Estado en materia de telecomunicaciones.

Incluso, porque si bien el accionante sostiene, a manera de cargo en su escrito de
apelación, que “no se aplicaron las sanciones previstas contractualmente”, no existen
tampoco en el expediente razones para afirmar que la administración, en el asunto
particular, haya desconocido o se haya apartado de las estipulaciones contractuales
que conducían a su aplicación. En efecto, aun cuando en aquellos negocios jurídicos -
identificados con los números 000004, 000005 y 000006-, se estipuló que la caducidad
procedía cuando se presentara alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del concesionario que afectara de manera grave y directa
la ejecución y fines del contrato y, pudieran conducir a su paralización, lo cierto es que,
la prestación del servicio de larga distancia internacional, sin título habilitante, difería de
aquellas causales especiales previstas en el artículo 43 del Decreto 741 de 1993, para
la declaración de la caducidad en los contratos de concesión del servicio de telefonía
móvil celular50. Y, tampoco, se acreditó en este expediente que aquella conducta
comportara una causal de incumplimiento de las obligaciones atribuidas al
concesionario. Menos aún, que, con ese comportamiento desplegado por el contratista,
como lo anotó el Tribunal en la sentencia de primer grado, se pudiera paralizar o afectar
de manera grave y directa el servicio de telefonía móvil celular que tuvo como objeto
los contratos 000004, 000005 y 000006 de 1994. Es más, aunque en ellos se estableció
la cláusula penal pecuniaria, su falta de aplicación tampoco resultaba denotativa de
vulneración a una disposición de carácter contractual, comoquiera que su imposición
se hallaba sujeta a la declaración de caducidad o incumplimiento del contrato51,

50 “Causales especiales de caducidad de los contratos de concesión del servicio de telefonía móvil celular. Además

de las previstas en el artículo 62 del Decreto-ley 222 de 1983, de las especialmente establecidas en otras
disposiciones legales y las que se prevén en el pliego de condiciones y en el contrato de concesión del servicio de
telefonía móvil celular, son causales para declarar la caducidad del contrato de concesión que se incluirán en el
respectivo contrato, las siguientes: a. Haber suministrado información falsa en la inscripción en el registro de
proponentes; b. Para las sociedades privadas el no transformarse en sociedades anónimas abiertas dentro de los
cinco (5) años siguientes a la fecha de la adjudicación de la concesión. c. El incumplimiento o atraso reiterado en el
cronograma correspondiente a los planes de expansión del servicio, previo el La (sic) requerimiento del Ministerio
de Comunicaciones. d) La violación a la prohibición de incurrir en prácticas monopolísticas impidiendo la libre
competencia en los términos establecidos en la ley, el presente Decreto y el pliego de condiciones de la licitación. e)
El no prestar con eficiencia y regularidad los servicios materia de la concesión de acuerdo con las reglas de calidad
que se establezcan en el pliego de condiciones y en el contrato de concesión, previo requerimiento para su
cumplimiento por parte del Ministerio de Comunicaciones. f) Por suspensión total o parcial del servicio sin previa
autorización del Ministerio de Comunicaciones o sin causa justificada. g) Por modificar sustancialmente las redes
que le han sido autorizadas o las condiciones de prestación del servicio, sin previa autorización del Ministerio de
Comunicaciones. h) Por permitir la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades que sean
concesionarias del servicio antes de tres (3) años, contados desde la fecha de la concesión. i) Por ceder o transferir
en contradicción a la ley, el contrato de concesión y en todo caso sin previa autorización del Ministerio de
Comunicaciones. j) No cumplir con la condición prevista en el artículo 27 de este Decreto, sobre propiedad de
acciones en el sector social solidario. k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales con el Ministerio de
Comunicaciones, en especial el no pago de los derechos, tasas o tarifas derivados del contrato. l) El no actualizar el
registro de abonados o incurrir en cualquier información falsa que afecte la cuantificación de las obligaciones
económicas con la Nación-Ministerio de Comunicaciones”.
51 En aquellos contratos de concesión se establecieron como causales de incumplimiento del concesionario, las

siguientes: “a) Iniciar la prestación sin la debida aprobación del MINISTERIO DE COMUNICACIONES (…); b) El
incumplimiento o atraso en el desarrollo del cronograma correspondiente al plan de expansión del servicio,
presentado por el CONCESIONARIO en su propuesta y aprobado por el MINISTERIO DE COMUNICACIONES (…);
c) La instalación, utilización o conexión a la RTPC de equipos que no se ajusten a los planes básicos o a las normas
de interconexión o produzca daños a la RTPC como consecuencia de la utilización de conexiones o instalaciones
no autorizadas (…); d) Cuando el CONCESIONARIO, sin causa justificada, incumpla con el deber de suministrar la
información y colaboración solicitada por el MINISTERIO; e) En general, el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y reglamentarias cuando a juicio de la administración no sea del caso declarar la caducidad”.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

circunstancias que, de acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente, como se ha
dicho, ni siquiera fueron declaradas por la entidad contratante.

Es que, en este orden, ante la ausencia de incumplimiento de las obligaciones pactadas
para el concesionario, o de acto administrativo que así lo declarara, no se encuentra
que la administración haya actuado en contravía de las cláusulas consignadas en los
contratos de concesión 000004, 000005 y 000006 suscritos por COMCEL S.A. en el
año 1994, que permitían su prórroga, por otro periodo igual, “siempre y cuando el
concesionario haya cumplido a cabalidad las obligaciones emanadas del contrato”.
Tampoco, que con la expedición de la Resolución número 003081 del 24 de
diciembre de 2009, en la que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones permitió a COMCEL S.A. el pago del espectro radioeléctrico adicional
asignado mediante el cumplimiento de una obligación de hacer consistente en brindar
cobertura con el servicio móvil terrestre a las áreas del país relacionadas en el anexo
No. 1 de ese acto administrativo, ese ente ministerial haya incurrido en una conducta
contraria a una disposición perteneciente al ordenamiento jurídico legal, pues como lo
indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la decisión recurrida, la entidad
concedente estaba facultada, en virtud del artículo 6° del Decreto 1972 de 200352, para
determinar la forma de pago por el uso y explotación de las bandas de frecuencia
asignadas, con fundamento en planes de expansión y cobertura. Inclusive, el artículo
14 ejusdem, permitió establecer descuentos por el uso del espectro radioeléctrico o
valorar como contraprestación para el Estado el cumplimiento de las obligaciones
impuestas a los operadores con el objeto de desarrollar planes y programas de
expansión o cubrimiento de las redes y servicios de telecomunicaciones, previamente
aprobados o establecidos por el Ministerio de Comunicaciones.

Y el hecho de que en la prórroga a los contratos de concesión se estableciera un valor
diferente al inicialmente pactado con el operador de telefonía móvil celular, en ningún
modo revela, por sí solo, desconocimiento al ordenamiento jurídico o transgresión de
los fines o motivos que condujeron a la prolongación del acuerdo contractual, máxime
cuando la ausencia en el expediente del estudio técnico y financiero que, conforme a
la circular número 0001 del 4 de febrero de 2003, debía ser elaborado por el
Ministerio de Comunicaciones una vez radicada la solicitud de prórroga, impide
considerar, ya sea que la prórroga se llevó a cabo con el incumplimiento de requisitos
exigidos por la entidad concedente, o que la prolongación del plazo contractual se
efectuó “sin razón atendible” o sin justificación alguna sobre su conveniencia, tanto
para el Estado como para el interés general. En todo caso, ni está ni las demás
situaciones expuestas por el recurrente a modo de incumplimiento contractual,
permiten denotar que quienes suscribieron el negocio jurídico incurrieran en conductas
lejanas a la correcta función pública, pretendieran réditos personales o persiguieran
objetivos distintos de aquellos que estaban obligados a perseguir con la contratación,
presupuestos que siguiendo el derrotero trazado por la jurisprudencia unificada atrás
enunciada, resultan necesarios para la configuración de la vulneración de la moralidad
administrativa aducida por el actor popular.

Nótese que, aunque para el demandante, en su recurso de apelación, el Tribunal
confundió “violación a la moralidad administrativa con imputación y demostración de
un delito por un funcionario público determinado” y, confundió la naturaleza y razón de
ser de la acción popular con la naturaleza y razón de ser de la acción penal, lo cierto
52 “Criterios generales para la determinación de las contraprestaciones. El Ministerio de Comunicaciones podrá

establecer las contraprestaciones en función de pagos únicos o periódicos, fijos o variables, con fundamento en
bases porcentuales, unidades de volumen de tráfico, velocidad de transmisión, ancho de banda asignado, unidades
de medida radioeléctrica, establecimiento de obligaciones especiales, planes de expansión y cobertura o cualquiera
otra medida técnica; así mismo mediante una combinación de los distintos criterios”.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

es que para establecer la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa se requiere de una especie de calificación de la conducta del servidor
público o del particular involucrado, que en perspectiva de la simple constatación de
las pruebas arrimadas al expediente, con los cargos presentados por el demandante,
como se ha dicho, no se logra acreditar en este asunto.

Es válido afirmar, entonces, que el juez popular no tiene competencia para
pronunciarse frente a las estipulaciones de los contratos de concesión que, según el
dicho del demandante, generaron la amenaza o violación alegadas, porque no
acreditó los elementos configurativos de la vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa, como son, el quebrantamiento “ostensible o
protuberante”53 del ordenamiento jurídico en la ejecución del contrato (elemento
objetivo) y la comisión de una conducta amañada, arbitraria o corrupta de las partes
(elemento subjetivo). Analizar la legalidad o el incumplimiento de los contratos de
concesión referidos para la prestación del servicio de telefonía móvil celular -como lo
pretende el accionante con peticiones en las que incluso busca restablecer el equilibrio
económico y financiero de aquellos negocios y reprochar las condiciones de la
reversión en ellos pactada, por las que el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones presentó el 16 de febrero de 2016 ante el Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, la respectiva solicitud de convocatoria
de tribunal arbitral54-, sin la demostración de los elementos de procedencia citados,
llevaría al juez popular a invadir la competencia del juez del contrato, único competente
para declarar la nulidad de las cláusulas, ordenar su revisión y/o declarar su
incumplimiento.

6.5. Ya en lo atinente al patrimonio público, el análisis parte por indicar que, el
Decreto Ley 1900 de 199055 -vigente para la época de los hechos narrados en la
demanda- clasificó los servicios de telecomunicaciones, entre otros, en servicios
de valor agregado y servicios básicos56. Definió los primeros como aquellos que
utilizaban como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier
combinación de éstos, y proporcionaban con ellos la capacidad completa para el envío
o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o
satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones, por lo que
distinguió dentro de ellos el acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de
información almacenada, la transferencia electrónica de fondos, el videotexto, el
teletexto y el correo electrónico, al tiempo que precisó que, solo se considerarían como
servicios de valor agregado aquellos que se pudieran diferenciar de los servicios
básicos. Respecto de los segundos, es decir, los servicios básicos, los clasificó como
servicios portadores y teleservicios, y definió estos últimos como aquellos que
proporcionaban en sí mismos la capacidad completa para la comunicación entre

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2007, exp. AP-0228, citada en la sentencia

de unificación de 27 de julio de 2023, exp. AP- 25000-23-41-000-2017-00083-02 (64048).
54 Copia de la demanda arbitral presentada por la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 16 de febrero de
2016, obra a folios 8 a 70 C.3. Así mismo, copia del laudo arbitral de fecha 25 de julio de 2017, en el que se resolvió
la controversia iniciada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra Comcel S.A.,
con ocasión de la obligación legal y contractual de la reversión, puede ser consultado en
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstreams/82a5fcbf-684d-4f50-a759-5849b3bd304c/download
55 "Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y

afines".
56 Artículo 27. “Los Servicios de telecomunicaciones se clasifican, para efectos de este Decreto, en básicos, de

difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y especiales”.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal, como por ejemplo los servicios
de telefonía tanto fija como móvil y móvil - celular, la telegrafía y el télex57.

En línea con lo anterior, en este expediente se acreditó que a COMCEL S.A., mediante
los contratos 000004, 000005 y 000006 de 1994, le fue concesionado el teleservicio
-servicio básico- de telefonía móvil celular (TMC), definido por el artículo primero
de la Ley 37 de 1993 como un servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario,
de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa
para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión
con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre aquellos y usuarios fijos,
haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro
radioeléctrico asignado constituye su elemento principal.

Se demostró, además, que pese al servicio que le fue concesionado -telefonía móvil
celular-, esa empresa prestó a sus usuarios el servicio #124 Voz Ip o de comunicación
de larga distancia internacional, sin cursarla a través de la red de telefonía pública
conmutada y sin estar legalmente autorizada para prestar servicios de larga distancia
internacional, por carecer de habilitación alguna para hacerlo, en abierto
desconocimiento al artículo 60 del Decreto 741 de 199358.

Lo que revelan las pruebas arrimadas al expediente resulta ser que COMCEL S.A.
prestó el servicio #124 Voz sobre Ip pero sirviéndose de una licencia de valor
agregado que el Ministerio de Comunicaciones había expedido en forma previa a otra
sociedad denominada como Rey Moreno, con la cual COMCEL acordó utilizar tales
servicios de valor agregado. Y, lo prestó, bajo el convencimiento errado de que ese
servicio de larga distancia internacional configuraba un servicio de valor agregado
respecto del servicio soporte de telefonía móvil celular, bajo una modalidad de
conversión de datos. En otras palabras, demuestran la transgresión, no de la normativa
del servicio amparado por los contratos de concesión otorgados a COMCEL
─exclusivamente para el servicio básico de telefonía móvil─, sino de aquella regulación
rectora de otro servicio como lo era el de telefonía de larga distancia internacional, que
como lo explicó el Ministerio de Comunicaciones en la Resolución número 000070 del
2 de febrero de 2000, fue prestado bajo el amparo de otra licencia cuyo objeto no
correspondía a aquel por el cual fue expedida por la autoridad competente.

Yerra entonces aquí el Tribunal cuando impone una condena judicial en un escenario
que fue planteado en la demanda en términos de incumplimiento contractual, pues, la
actuación irregular de COMCEL no se encunó en el ámbito de los contratos de
concesión, sino en un escenario ajeno a estos, es decir, por la prestación de un servicio
-comunicación de larga distancia internacional- diferente de aquel que fue
concesionado por el Estado Colombiano a COMCEL S.A. Luego entonces, todo el
análisis debía surtirse a partir del curso de acción o de posibilidades que tenía el Estado

57 Artículo 28. “Los servicios básicos comprenden los servicios portadores y los teleservicios. Servicios portadores

son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre dos o más puntos
definidos de la red de telecomunicaciones. Estos comprenden los servicios que se hacen a través de redes
conmutadas de circuitos o de paquetes y los que se hacen a través de redes no conmutadas. Forman parte de éstos,
entre otros, los servicios de arrendamiento de pares aislados y de circuitos dedicados. Los teleservicios son aquellos
que proporcionan en sí mismos la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones
del equipo terminal. Forman parte de éstos, entre otros, los servicios de telefonía tanto fija como móvil y móvil -
celular, la telegrafía y el télex”.
58 Artículo 60º.- “La comunicación de larga distancia de usuarios móviles. La comunicación de larga distancia

internacional originada o recibida por el usuario del servicio de telefonía móvil celular deberá hacerse a través de la
RTPC, y en ningún caso los operadores del servicio de telefonía móvil celular podrán prestar directamente servicios
de telefonía de larga distancia internacional, salvo que el operador de telefonía móvil celular esté legalmente
autorizado para la prestación de este servicio”.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

para amonestar ese comportamiento ilegal que, se itera, no se dio en el marco de los
contratos de concesión.

Así, bajo ese escenario de infracción al ordenamiento de las comunicaciones ─que
no de incumplimiento contractual─, en el que COMCEL S.A. puenteó el servicio de
larga distancia internacional a través de una licencia de valor agregado concedida a
otro operador, las pruebas demuestran que el Estado Colombiano adelantó las
actuaciones que, conforme al marco normativo previsto para la época, se erigían en
las posibles con que contaba para reprochar y sancionar el comportamiento
irregular en el que incurrió el operador de telefonía móvil celular.

Primero, porque la Superintendencia de Industria y Comercio -que no fue
demandada -, en garantía del núcleo esencial del derecho colectivo al patrimonio
público y en estricto cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa,
adelantó una actuación en la que sancionó a COMCEL S.A. por encontrar demostrado,
de un lado, la materialización de un hecho configurativo de competencia desleal que
tuvo el efecto de desviación de clientela y, por otra parte, que COMCEL S.A., al
implementar el servicio #124 para que sus usuarios pudieran comunicarse con
cualquier parte del mundo, adquirió una ventaja significativa en un mercado que no era
el suyo y que nadie más podría tener, comoquiera que dicho servicio se hallaba dirigido
a sus usuarios dentro de un mercado cautivo. Es más, conforme al análisis que se ha
venido realizando, se acreditó que el Ministerio de Comunicaciones encontró que
COMCEL S.A. prestó el servicio #124 a través de la licencia de valor agregado que,
mediante Resolución número 3337 del 28 de septiembre de 1993, le había sido
otorgada, pero a la sociedad Rey Moreno, como también sancionó a esta última por
cohonestar con esa conducta elusiva de la regulación de telecomunicaciones.

Segundo, porque la conducta irregular de COMCEL S.A. mereció que el Ministerio de
Comunicaciones le impusiera una multa de 900 salarios mínimos legales, tal como
consta en las ya mencionadas resoluciones 000070 y 000984 del 2000.

En ese orden de ideas, el Estado actuó conforme le correspondía y, en función de ello,
aun cuando por las vías sancionatorias procedentes para el caso, percibió
emolumentos de parte del infractor que ingresaron al patrimonio de la Nación.

Pretende el actor popular y, en ello halló eco en el Tribunal, que se condenara a
COMCEL S.A. al pago de los rubros que se pudieron haber percibido por la obtención
de la licencia y, del 5% total de los ingresos brutos obtenidos por la operación y/o
prestación del servicio de larga distancia internacional durante la vigencia de la licencia
que se hubiere podido conceder; sin embargo, pasó por alto que, por un lado, estándose
en una situación de irregularidad, no es factible la expedición retroactiva de una licencia
que purgue la infracción, como para proceder al cobro de los derechos o
contraprestaciones derivadas de su objeto. Y, por otro lado, que, en cuanto a la
esperada contraprestación del 5%, aquella ocupaba lugar y exigencia en los contratos
de concesión 000004, 000005 y 00006 de 1994 porque así fue pactada, pero, no podía
hacerse extensiva, por vía de interpretación, a un escenario no licenciado, como lo fue
la prestación del servicio de Voz sobre Ip.

Así las cosas, desacertó el Tribunal al imponer una condena sobre la base de elementos
propios de un escenario contractual, pese a que la irregularidad que motivó esa decisión
se presentó por fuera de los contratos e, ignoró que las actuaciones que emprendió el
Estado fueron las que correspondía a la situación particular en la que se presentó la

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

infracción y, en esa medida, no se comprometió el derecho o interés colectivo al
patrimonio público, porque el Estado reaccionó adecuadamente.

Como una anotación al margen, la Sala tampoco deja de lado que, en el contexto en
que se presentó la irregularidad de COMCEL, bien podía entenderse aquello como
producto de que este operador malentendiera el alcance de la licencia de valor
agregado que el Ministerio de Comunicaciones había expedido a la sociedad Rey
Moreno y bajo la cual interconectó el servicio de larga distancia internacional con una
plataforma de servicio de voz IP, pues, la extensión de esos servicios de valor agregado
no se encontraba suficientemente decantada. Como lo ha explicado la Sala de
Consulta y Servicio Civil de esta Corporación59, durante la vigencia del Decreto Ley
1900 de 1990, se presentaron grandes controversias administrativas y judiciales entre
los operadores y las autoridades para diferenciar los distintos servicios de
telecomunicaciones en sus contenidos técnicos, causadas por su convergencia
tecnológica en la red y en los mismos servicios, pues así se presentó por ejemplo con
los servicios de telefonía pública de larga distancia (TPBCLD) con los servicios que
incorporaban la voz por protocolo internet (voz IP) y con los servicios TPBC de larga
distancia nacional e internacional, con los hasta esa época incipientes servicios de
valor agregado sometidos a grandes diferencias de pago para su concesión.

6.6. Es con fundamento en estas consideraciones que la Sala encuentra mérito para
revocar la sentencia apelada, en cuanto amparó el derecho colectivo a la defensa del
patrimonio público, y le ordenó a COMCEL S.A. pagar al Estado Colombiano, a manera
de retribución por “haber usufructuado el bien público (espectro electromagnético) sin
estar habilitado y/o autorizado para ello”, el monto que ingresó a su patrimonio por esa
prestación irregular. En su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado y acaecimiento de una situación sobreviniente.

VII. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998 y por la jurisprudencia unificada de esta Corporación para que se
proceda de esta forma60.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el diecinueve (19) de enero de dos mil
diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su
lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado y
acaecimiento de una situación sobreviniente, respecto de los contratos de concesión
000004, 000005 y 000006 celebrados entre el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y COMCEL S.A.

59 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de mayo de 2018, rad. Núm. 2333.
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia

del 6 de agosto de 2019, rad. núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

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Radicado: 25000-23-24-000-2010-00518-01
Demandante: Fernando Alberto García Forero

TERCERO: NO IMPONER costas.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
PRESIDENTE
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
EJRC.

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