Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-33-31-002-2003-00234-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-33-31-002-2003-00234-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-33-31-002-2003-00234-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 54001-33-31-002-2003-00234-01
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
Demandado: Municipio de Cúcuta y Centrales Eléctricas de Norte
de Santander, CENS S.A.
Referencia: Acción popular
Tema: Defensa de los derechos colectivos al patrimonio público, moralidad administrativa, acceso a
servicios públicos y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios en ejecución del
contrato de suministro de energía para alumbrado público en el municipio de Cúcuta. Subtema 1:
Carencia actual de objeto por hecho superado en acción popular devenido por contrato de
transacción y vencimiento del plazo contractual. Subtema 2: Alcance del derecho a la moralidad
administrativa y patrimonio público.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por Centrales Eléctricas
de Norte de Santander S.A., en adelante CENS, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de agosto de 2015, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El municipio de San José de Cúcuta y la sociedad CENS suscribieron el contrato nro.
089 para el suministro, facturación y recaudo del servicio de energía eléctrica para el
alumbrado público, el 31 de diciembre de 1997. Ante la ausencia de medidor de
consumo, las partes pactaron en la fórmula para su determinación el factor de
eficiencia en 0.80 para el primer año y 0.95 a partir del segundo año. Los actores
populares argumentan que la fórmula referida desconoce los derechos colectivos al
patrimonio público, la moralidad administrativa, la prestación eficiente y oportuna de
los servicios públicos y el derecho de los consumidores y usuarios porque, en su
opinión, el consumo de energía liquidado y cobrado por el contratista al municipio
durante el periodo comprendido entre 1998 y 2003 excedió el realmente prestado,
irregularidad que según su dicho consta en el informe de auditoría realizado por la
Contraloría Municipal de San José de Cúcuta.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Jesús Antonio Flórez Vera y William Alexis Ramírez Ayala presentaron demanda
en ejercicio de la acción popular en contra de la sociedad CENS, para lograr la
defensa de los derechos colectivos al patrimonio público, la moralidad administrativa,
el acceso a los servicios públicos y la protección de los usuarios, presuntamente
vulnerados por la empresa durante la ejecución del contrato de suministro de
energía para el alumbrado público, por el consumo cobrado en exceso al municipio
en aplicación del factor de eficiencia.
2.1.1. Además de la protección de los derechos colectivos, los accionantes
presentaron las siguientes pretensiones: (i) ordenar a la sociedad CENS que se
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
abstenga de cobrar al municipio de Cúcuta “los saldos por el servicio de alumbrado
público que en realidad no se presta”; (ii) ordenar a CENS “el reembolso de las
cantidades de dinero ($928.023.004,78 estudios hechos por los organismos de
control) que comprende los saldos por el servicio de alumbrado público que en
realidad no se prestaron durante los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y lo que va
corrido de 2003”; (iii) ordenar a CENS pagar “los perjuicios contractuales y extra
contractuales e intereses causados”; (iv) ordenar a CENS que realice el reembolso
a través de la fiducia destinada al recaudo de la tasa de alumbrado público; (v) fijar
un incentivo a favor de los actores populares en cuantía equivalente al 15 % del
dinero recuperado.
2.1.2. Como sustento fáctico de las pretensiones, los accionantes expusieron, en
síntesis, que la solicitud presentada por el alcalde municipal a la empresa CENS,
con el fin de reducir el factor de eficiencia estipulado en el contrato de suministro de
energía, “por lo menos en un 75 % para el primer año y un 90 % a partir del segundo
año”, denota un exceso del 15 % de “una eficiencia que no corresponde a la realidad
(…) y debe calificarse de mala fe”, porque “está cobrando un consumo de energía
que no es real”, en razón a que el valor pactado fue de 80 % en el primer año de
ejecución y 95 % los años siguientes1.
2.2. Trámite procesal en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en un primer momento,
admitió la demanda mediante auto de 20 de febrero de 20032. Una vez surtido el
trámite procesal, el tribunal dictó sentencia el 1 de octubre de 2004, por medio de la
cual: (i) declaró improcedente la acción popular para lograr la indemnización de
perjuicios pretendida por los actores, (ii) amparó los derechos colectivos a la
moralidad administrativa, defensa del patrimonio público y derechos de los usuarios,
porque encontró demostrado que el municipio de San José de Cúcuta, en virtud de
lo pactado con la sociedad CENS en el contrato de suministro de energía para el
alumbrado público, “sufragó un precio superior al debido”, aun cuando tenían
conocimiento de que el servicio se prestaba conforme a la variable de eficiencia
estipulada en el contrato de concesión de infraestructura para alumbrado público en
85 %, por lo que consideró inentendible que en los dos negocios jurídicos se
estipulara un factor de eficiencia diferente y que la CENS se mostrara renuente para
modificar el porcentaje de eficiencia pactado en el contrato de suministro de energía
en 95 %; (iii) ordenó a las partes reajustar el factor de eficiencia del contrato de
suministro de energía eléctrica para el alumbrado público “al mismo señalado en el
contrato de concesión de infraestructura” para alumbrado público; (iv) ordenó a la
sociedad CENS reembolsar al municipio “el mayor pago de energía eléctrica”
realizado desde el 1 de enero de 1998, hasta que las partes reajustaran la fórmula
dispuesta en el contrato; (v) ordenó a CENS constituir una garantía o póliza de
seguros que se haría efectiva en caso de incumplimiento de la sentencia, (vi)
conformó un comité de verificación integrado por los actores, el alcalde de Cúcuta,
el gerente de CENS, la Contraloría y el personero municipal; (vii) fijó un incentivo a
favor de los actores populares en cuantía equivalente a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigente; (viii) negó las demás pretensiones y (ix) remitió copia de
la actuación a la Procuraduría Provincial de Cúcuta para lo de su competencia3.
El magistrado sustanciador en esta Corporación surtió el trámite procesal del
recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera
instancia. Antes de dictar sentencia, esta Sección, por auto de 19 de mayo de 2005,
dispuso poner en conocimiento la causal de nulidad procesal generada por indebida
representación o falta de notificación a quienes ejercieron el cargo de alcalde
municipal4. Por auto de 15 de septiembre de 2005, el Despacho sustanciador
decidió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, porque
1 Folio 3 del c. 1.
2 Folios 66 y 69 del c. 1.
3 Folio 383 del c. 2.
4 Folio 557 del c. 2.
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Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
consideró que las personas que ejercieron el cargo de alcalde municipal “podrían
eventualmente resultar siendo responsables a título personal de las alegadas
vulneraciones del derecho colectivo”5.
2.2.2. Como consecuencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por
auto de 30 de noviembre de 2005, admitió nuevamente la demanda y ordenó
vincular al alcalde municipal y notificar a quienes ejercieron dicho cargo desde la
fecha de suscripción del contrato de suministro de energía para alumbrado público6.
2.2.3. El apoderado de la sociedad CENS presentó escrito de contestación de la
demanda en el que propuso las excepciones de inexistencia de sobrecosto en la
ejecución del contrato de suministro de energía 089 de 1997, improcedencia de la
acción popular para lograr la devolución de dineros pagados legalmente e
inexistencia de la violación de los derechos colectivos. Se opuso a las pretensiones
con el argumento de que las partes acordaron libremente la fórmula para la
determinación del consumo de energía para alumbrado público, cláusula que, en su
opinión, constituye ley para las partes, dado que no ha sido modificada ni declarada
nula, pues el municipio, luego de “cinco (5) años de ejecución”, “no ha presentado
demanda contractual reclamando vicio de ilegalidad alguno o perjuicio por su
ejecución.”. Como hechos nuevos narró, primero, que en enero de 2005 la sociedad
CENS reclamó al municipio el pago del servicio de energía derivado del consumo
de luminarias no reportadas por el ente territorial y, segundo, que en noviembre de
2005 las partes decidieron modificar el contrato de suministro en lo concerniente al
plazo, que ampliaron hasta el año 2011 y en lo atinente a la fórmula pactada para
determinar el consumo de energía, que disminuyó el factor de eficacia al 90 % con
aumentos progresivos año tras año hasta alcanzar el 95 %7.
El apoderado designado por el alcalde del municipio de Cúcuta manifestó: (i) que
se atiene a lo acreditado en el trámite procesal; (ii) que es improcedente el
reconocimiento del incentivo porque los actores basaron las pretensiones en un
informe elaborado por los órganos de control, motivo por el que no resulta razonable
el reconocimiento de un estímulo económico por “un trabajo que nunca han
realizado”; (iii) que “la eficiencia pactada” en el contrato de suministro de energía
“se redujo y actualmente corresponde a la misma pactada con el concesionario de
alumbrado público [otrosí nro. 5 de 2005], sin que para ello se encontrara en firme
orden judicial alguna” 8.
Los exalcaldes vinculados al proceso como terceros interesados expusieron los
hechos que les constaban y manifestaron atenerse a lo probado en el proceso9.
Igual manifestación hizo quien suscribió el contrato de suministro de energía en
condición de representante legal de la empresa CENS10.
2.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander celebró audiencia de pacto
de cumplimiento el 22 de junio de 2006, en la que el ente territorial y la sociedad
CENS presentaron acuerdo de “cruce de cuentas” por el consumo de energía para
alumbrado público, cobrado en exceso al municipio en virtud del factor de eficiencia
y el “consumo de energía resultado del aforo actualizado de las luminarias
instaladas (…). En resumen, quedaría un saldo a favor del municipio de mil
novecientos trece millones quinientos noventa mil ciento diecinueve pesos.”. Los
actores populares afirmaron que “las pretensiones uno, dos, tres y cuatro se
subsumen al acuerdo” y, “en lo que respecta a la quinta pretensión solicitó a la
demandada Centrales Eléctricas de Norte de Santander y de conformidad con el
artículo 40 de la Ley 472 de 1998, nos cancele en nuestra condición de actores el
quince por ciento de la suma recuperada por el municipio”. La empresa CENS
propuso que el monto del incentivo fuera equivalente al estimado por el tribunal en
5 Folio 591 del c. 2.
6 Folios 1 y 4-11 del c. 3.
7 Folio 47 del c. 3.
8 Folio 158 del c. 3.
9 Folios 112, 148, 158, 163 y 212 del c. 3.
10 Folios 112, 148 y 212 del c. 3.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
la sentencia afectada por la nulidad procesal (10 smlmv). Debido a que los actores
no aceptaron la propuesta, el director de la audiencia suspendió la diligencia “en
aras de que no se malogre los acuerdos” 11.
2.3.1. El 31 de agosto de 2006, el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de
Cúcuta, después de asumir la competencia del asunto, continuó la audiencia de
pacto de cumplimiento que declaró fallida por “la no comparecencia de la totalidad
de las partes” 12.
2.3.2. El juzgado citado continuó el trámite procesal y dictó sentencia el 17 de agosto
de 2007, en la que, en síntesis, declaró probada la excepción de improcedencia de
la acción popular para lograr el reconocimiento de perjuicios, amparó los derechos
colectivos, ordenó conformar el comité previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998, negó las demás súplicas y reconoció un incentivo para los actores en cuantía
equivalente a treinta (30) smlmv a cargo de la sociedad CENS13.
2.3.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por auto de 12 de agosto
de 2010, dejó sin efecto el trámite procesal surtido en segunda instancia a partir del
auto que admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia dictada por el juzgado administrativo, y puso en conocimiento de las
partes la nulidad procesal generada por admitir el recurso sin que obrara
sustentación14. Por auto de 17 de noviembre de 2011, el tribunal declaró la nulidad
de todo lo actuado por el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Cúcuta,
bajo la consideración de que la competencia del asunto le correspondía en su
totalidad a esa corporación judicial porque el proceso inició antes de la creación de
los juzgados administrativos15.
2.3.4. Al retomar el tribunal el trámite procesal suspendió la audiencia de pacto para
analizar el cumplimiento del contrato de transacción celebrado entre el municipio de
Cúcuta y la sociedad CENS, que tuvo por objeto realizar “cruce de cuentas” por el
consumo no pagado y por el pago en exceso que el ente territorial efectuó en
aplicación del factor de eficiencia16. El 18 de junio de 2013, el magistrado
sustanciador declaró fallida la audiencia porque las partes no lograron establecer
el cumplimiento de lo pactado en el contrato de transacción celebrado en virtud del
cruce de cuentas en el que la sociedad CENS reconoció el valor adeudado al
municipio de Cúcuta por el pago adicional de consumo de energía17.
2.4. En la etapa probatoria, el tribunal referido decidió tener como pruebas los
documentos aportados por las partes y denegó la práctica de las solicitadas por la
sociedad CENS, por impertinentes e innecesarias18.
2.5. Por auto de 19 de enero de 2004, el tribunal corrió traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
informe19. Las partes presentaron alegaciones y el procurador guardó silencio20.
2.6. Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 20 de agosto de
2015: (i) declaró improcedente la acción para lograr el reconocimiento de perjuicios;
(ii) declaró no probadas las demás excepciones propuestas; (iii) amparó los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, (iv)
ordenó a la sociedad CENS realizar las obras pactadas en el contrato de transacción
11 Folio 240 del c. 3.
12 Folios 329 y 344 del c. 4.
13 Folio 398 del c. 4.
14 Folio 520 del c. 4.
15 Folio 534 del c. 4.
16 Folio 593 del c. 4.
17 Folio 877 del c. 4.
18 Folio 881 del c. 1.
19 Folio 890 del c. 4.
20 Folios 891 y 897 del c. 4.
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“para compensar la suma adeudada al municipio de Cúcuta, obras que debe realizar
durante el término de dos años”; (v) ordenó a la misma empresa “abstenerse de
continuar cobrando al municipio” consumos de energía “que en realidad no presta”;
(vi) ordenó la conformación del comité previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998 y, (vii) negó las demás pretensiones.
Para sustentar la decisión, el Tribunal consideró, en síntesis, que el municipio de
Cúcuta pagó sobrecostos por el servicio de energía para el alumbrado público por
causa del excesivo porcentaje del factor de eficiencia pactado en el contrato de
suministro, circunstancia que vulneró los derechos colectivos al patrimonio público
y la moralidad administrativa. Motivó la tesis en el hecho probado de que las partes
redujeron el factor de eficiencia del 0.95 % al 0.90 %, a través de Otrosí nro. 05 de
18 de noviembre de 2005. También encontró demostrado que las partes celebraron
contrato de transacción el 18 de julio de 2006 con el objeto de “hacer un cruce de
cuentas [para compensar] el monto de sus respectivas obligaciones (…) quedando
un saldo a favor del municipio de mil novecientos trece millones quinientos noventa
mil ciento veinte pesos ($1.913.590.120), el cual será compensado por CENS (…)
con deudas y obras por concepto de alumbrado público que el alcalde municipal de
San José de Cúcuta autorice.”.
El tribunal, al verificar el cumplimiento del contrato de transacción, consideró que
las obligaciones estipuladas en el cruce de cuentas no se cumplieron, afirmación
que sustentó en el informe de interventoría de alumbrado público fechado el 14 de
febrero de 2012. Por tanto, concluyó que la sociedad CENS, “a lo largo del
procedimiento adelantado desde la presentación de la demanda, continúa
vulnerando los derechos colectivos a la moralidad administrativa y defensa del
patrimonio público” porque: (i) “no cumplió con la totalidad de los acuerdos con el
municipio de Cúcuta para compensar el monto del mencionado sobrecosto” y, (ii)
“no demostró que hubiera cesado el exceso en el cobro en el consumo de energía
para el funcionamiento del servicio de alumbrado público”. Por último, consideró
improcedente el incentivo al no existir normativa que sustente dicho reconocimiento,
pues los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que lo preveían, fueron derogados
por la Ley 1425 de 2010.
2.7. Recurso de apelación
El apoderado de la sociedad CENS expuso las siguientes razones de
inconformidad: (i) no es válido sustentar la violación de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y el patrimonio público por el presunto sobrecosto en la
determinación del consumo de energía, porque el contrato de suministro y los
otrosíes fueron celebrados de común acuerdo con el municipio, así como el contrato
de transacción suscrito con el propósito de hacer cruce de cuentas y compensar las
deudas generadas en la ejecución del primer contrato; (ii) la sentencia es
incongruente porque declara probada la excepción de improcedencia de la acción
para lograr el reconocimiento de perjuicios, y, a la vez, ordena a CENS realizar las
obras necesarias para compensar las obligaciones adquiridas con el municipio, es
decir que “mantiene incólume el contrato estatal en la totalidad de sus cláusulas”,
pero censura “las consecuencias del mismo sin que exista en él ilegalidad alguna”,
declaración que procede en el marco de la acción de controversias contractuales,
no en la acción popular; (iii) el contrato de transacción se cumplió conforme a lo
estipulado en la modificación que permitió a las partes pagar los saldos pendientes
en dinero, hecho que no fue analizado por el tribunal cuando concluyó que existían
obras sin “acta de recibo final”, tasadas en setecientos treinta y ocho millones
ochocientos tres mil trescientos cuatro pesos ($738.803.304). En todo caso, este
asunto escapa del ámbito de la presente acción por no involucrar la violación de
derechos colectivos, sino el presunto incumplimiento de un contrato, cuestión propia
de la acción contractual que las partes no han ejercido; (iv) el juez popular no tiene
competencia para pronunciarse sobre la legalidad y cumplimiento de los contratos
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Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
por existir cláusula compromisoria, conforme a la cual las partes se obligaron a
resolver las posibles controversias a través de un tribunal de arbitramento21.
2.8. Trámite relevante en segunda instancia
El tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad CENS y
rechazó por extemporáneo el presentado por los actores populares22. Esta
Corporación admitió el recurso de apelación23 y negó las pruebas solicitadas en
segunda instancia por no encuadrar en los supuestos previstos en el artículo 327
del CGP24. En auto posterior, corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente25. Esta oportunidad fue aprovechada por los actores, quienes
reiteraron la violación de los derechos colectivos y solicitaron el reconocimiento del
incentivo, y por la sociedad CENS, que insistió en los argumentos de inconformidad
expuestos en el recurso de apelación26. A su turno, el municipio de Cúcuta, en
condición de tercero interesado, adujo que las diferencias surgidas en la ejecución
de los contratos suscritos con CENS deben ser resueltas a través de la acción de
controversias contractuales porque lo estipulado es ley para las partes, por tanto,
son estas “quienes deben acudir al juez administrativo en caso de inconformidad en
la ejecución del contrato”27. El procurador delegado ante esta Corporación guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
demandada, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en
razón a que para la fecha de presentación de la demanda (14 de febrero de 2003)28,
el parágrafo del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 preveía que los Tribunales
Administrativos y el Consejo de Estado conocerían, en primera y segunda instancia,
de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las
entidades públicas o de particulares con funciones administrativas hasta que
entraran en funcionamiento los juzgados administrativos29. Lo anterior, en armonía
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 157 de 1887, modificado por el artículo
624 del CGP, según el cual la competencia para tramitar el proceso se rige “por la
legislación vigente en el momento de formulación de la demanda”30.
En lo que atañe a la distribución de los asuntos por especialidad en el Consejo de
Estado, el artículo 13 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo No. 080
de 12 de marzo de 2019) establece que la Sección Tercera es competente para
conocer de “las acciones populares que versen sobre asuntos contractuales y
aquellas relacionadas con la moralidad administrativa”, normativa que habilitó a esta
Sección para asumir el conocimiento de la presente acción mediante auto de 19 de
febrero de 201931.
21 Folio 944 del c. ppal.
22 Folio 975 del c. ppal.
23 Folio 980 del c. ppal.
24 Folios 983 y 1044 del c. ppal.
25 Folio 1091 del c. ppal.
26 Folios 1099 y 1109 del c. ppal.
27 Folio 1113 del c. ppal.
28 Folio 14 vto. del c. 1.
29 Apartado 2.3.3.
30 Ley 157 de 1887, artículo 40, modificado por el artículo 624 del CGP. “Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso
se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo
que la ley elimine dicha autoridad”.
31 Folio 1145 del c. ppal.
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Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
Además, la Subsección encuentra cumplidos los presupuestos relacionados con el
ejercicio oportuno de la acción y de legitimación para la causa, por las siguientes
razones:
3.1.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 472 de 199832, sobre la
oportunidad de la acción popular “durante el tiempo que subsista la amenaza o
peligro al derecho e interés colectivo”, la Sala observa que la demanda presentada
el 14 de febrero de 2003 es oportuna, porque para ese momento se encontraba en
ejecución el contrato de suministro de energía eléctrica para alumbrado público
suscrito por el municipio de San José de Cúcuta y la sociedad CENS el 31 de
diciembre de 1997, por un plazo de seis (6) años33, que, según los actores, generó
la violación de los derechos colectivos.
3.1.3. En cuanto a la legitimación para la causa por activa de que trata el artículo 12
de la Ley 472 de 1998, la Sala observa que Jesús Antonio Flórez Vera y William
Alexis Ramírez Ayala son personas naturales facultadas por la norma referida para
presentar la acción. Además, según lo expuesto en la demanda y en la diligencia de
presentación personal, son habitantes del municipio de San José de Cúcuta34.
Por otra parte, se encuentra acreditado que el municipio de San José de Cúcuta y
la sociedad CENS suscribieron el contrato de suministro de energía eléctrica nro.
089/97, que en la etapa de ejecución generó la presunta violación de los derechos
colectivos por cobros en exceso de consumo de energía. En ese orden, la sociedad
CENS, en condición de contratista, y el municipio de San José de Cúcuta, vinculado
al proceso como tercero interesado desde el auto admisorio de la demanda, se
encuentran legitimados en la causa por pasiva35.
3.2. Problemas jurídicos
De acuerdo con lo expuesto por la sociedad CENS en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, la Sala
resolverá los siguientes interrogantes:
3.2.1. ¿Persiste la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y la
moralidad administrativa por el sobrecosto en la determinación del consumo de
energía para alumbrado público, aun cuando las partes del contrato de suministro
suscribieron un otrosí, en el que estipularon la reducción de la variable para la
estimación de ese factor, y un contrato de transacción para el “cruce de cuentas” en
el que incluyeron el mayor valor pagado? En caso de que la respuesta anterior sea
afirmativa, la Sala procederá a resolver el siguiente problema:
3.2.2. ¿El juez popular tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento
del contrato de transacción en el que la sociedad CENS reconoció una deuda a
favor del municipio de San José de Cúcuta por el sobrecosto generado en la
determinación del consumo de energía prestado en virtud del contrato de suministro
que, según los actores, generó la vulneración de los derechos colectivos? Si la
respuesta es positiva:
3.2.3. ¿El cumplimiento del contrato de transacción ordenado en la sentencia de
primera instancia cesa la vulneración de los derechos colectivos sustentada en el
cobro en exceso del consumo de energía prestado en virtud del contrato de
suministro, reducido por las partes mediante otrosí?
32 “La Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e
interés colectivo.”. La Corte Constitucional, en sentencia C-299 de 14 de abril de 1999, declaró exequible el
artículo 11 de la Ley 472 de 1998, excepto las expresiones "Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas
al estado anterior, el término para interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión
que produjo la alteración".
33 Folio 14 del c. 1, cláusula décimo segunda.
34 Folio 13 del c. 1.
35 Folios 591 del c. 2 y 4-11 del c. 3.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
3.3. Hechos probados relevantes para resolver los problemas planteados
3.3.1. El 31 de diciembre de 1997, el municipio de San José de Cúcuta y la sociedad
CENS suscribieron el contrato de suministro de energía eléctrica para el alumbrado
público con el siguiente objeto: “a) el suministro de energía eléctrica que se requiera
para el funcionamiento del sistema de alumbrado público del municipio (…); b) la
facturación de la tasa de alumbrado público y, c) el recaudo de la tasa de alumbrado
público según las condiciones, términos y demás estipulaciones que se establecen
en el presente contrato” (cláusula primera). El periodo de duración pactado fue de
seis (6) años contados “a partir de la fecha de la firma”, con posibilidad de prórroga
(cláusula décimo segunda). En lo atinente al cobro del suministro de energía, las
partes estipularon lo siguiente36:
≪CLÁUSULA SÉPTIMA: Inventario luminarias. El inventario inicial de luminarias será
el aforo relacionado en el Anexo No. 2 del presente contrato. Este aforo será
actualizado mensualmente, de acuerdo con el informe que elabore el MUNICIPIO o
quien haga sus veces, previo acuerdo y aprobación de CENS.
CLÁUSULA OCTAVA: Determinación del consumo. Dado que no existe medición del
consumo de energía de alumbrado público, CENS lo determinará de acuerdo con la
siguiente fórmula:
KWh = Q x Fu x T x P
Donde:
Q: Carga sumatoria de la potencia de las luminarias instaladas según aforo
actualizado mensualmente en KW.
Fu: Factor de utilización (50 %)
T: número de horas del período de facturación
P: Factor equivalente por luminarias fuera de servicio, 0.80 para el primer año de
vigencia del contrato y 0.95 a partir del segundo año de vigencia.
KWh: Kilovatios hora de consumo en el periodo.≫.
3.3.2. En “septiembre de 2002”, la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, en
el informe de auditoría especial al contrato de concesión de infraestructura para la
administración, operación y mantenimiento del alumbrado público celebrado con la
unión temporal “Industrias Phillis”, se refirió al contrato de suministro de energía
suscrito con CENS, en el sentido de afirmar que el ente territorial auditado, en este
contrato, “no tuvo coherencia en la determinación de la eficiencia”, porque fijó dicho
factor en 95 %, mientras que en el contrato de concesión auditado pactó el 85 %.
En ese contexto, el ente de control afirmó que “esta inconsistencia ha generado un
mayor pago por consumo de energía para un 10 % de las luminarias que no se
encuentran en funcionamiento (…) desde enero de 1999 hasta septiembre del 2002
[que] asciende a la suma de $1.003.327.232.73 (10.52 % más costoso) y constituye
un pago innecesario en detrimento de los recursos del municipio y un
enriquecimiento sin causa por parte de CENS. El municipio y la comunidad en
general no están en las condiciones de sufragar este mayor valor por una energía
que no se consume.”37.
3.3.3. El 30 de diciembre de 2003, las partes suscribieron otrosí al contrato 089/97
por medio del cual ampliaron el plazo del contrato a cuatro (4) años, contados desde
el 1 de enero de 2004 y modificaron lo concerniente a la fórmula para la
determinación del consumo con un factor P “equivalente por luminarias fuera de
servicio 0.95”, así38:
≪CLÁUSULA OCTAVA. (…) Parágrafo: El valor del factor P podrá reducirse de
común acuerdo entre las partes hasta el 0.90, en el evento de que el nivel de
eficiencia que se pacte entre el Municipio de Cúcuta y el concesionario de alumbrado
36 Contrato nro. 089/97, folio 14 del c. 1.
37 Auditoría especial al contrato de concesión para el suministro, instalación, expansión, mantenimiento y
administración de la infraestructura del alumbrado público del municipio de San José de Cúcuta. Folios 1 y 24
del c. de pruebas 2.
38 Otrosí al contrato nro. 089 de 1997, folio 172 del c. 3.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
público se incremente al 0.90, previa verificación por parte del CENS, caso contrario,
se mantendrá el factor de eficiencia en 0.95.≫.
3.3.4. El 18 de noviembre de 2005, las partes firmaron el otrosí nro. 5 al contrato
089, mediante el cual acordaron modificar la fórmula para determinar el consumo
de energía y el plazo de duración del contrato de suministro, así39:
≪Cláusula Segunda: Modificar la fórmula pactada en la cláusula octava del otrosí
suscrito al contrato el 30 de diciembre de 2003 y las demás estipulaciones del contrato
089 de 1997 que le sean contrarias, concretamente el factor P de la misma, el cual
se identificará como factor FS que equivale a luminarias en servicio, incluyendo una
fórmula para el cálculo de este último, la cual quedará así:
Dado que no existe medición del consumo de energía de alumbrado público, CENS
lo determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:
KWh = Q x Fu x T x FS
Kwh: Kilowatios-hora de energía suministrada en el periodo facturado
Q: Carga sumatoria de la potencia de las luminarias instaladas en KW, según anexo
N° 1, actualizado para el periodo facturado.
Fu: Factor de utilización, considerado como el 50 %
T: Horas del período de facturación
P: Factor de luminarias en servicio.
(…)
A partir de la fecha de suscripción de este otrosí y durante el primer año se
acuerda un FS = 0.90. A partir del 1er. día del segundo año de vigencia, este
factor se aumentará anualmente en el 0.01 hasta alcanzar el 0.95. Para las
lámparas de luz mixta este factor será de 0.50.
(…)
Cláusula Cuarta: Modificar la cláusula décimo primera del otrosí firmado el 30 de
diciembre de 2003, en el sentido de establecer que el contrato 089 de 1997 se
prorroga hasta el año 2011.≫.
3.3.5. El 18 de julio de 2006, el representante de CENS y el alcalde municipal de
Cúcuta firmaron contrato de transacción con el objeto de “solucionar las
diferencias surgidas durante la ejecución del contrato 098 de 1997”. Con ese objeto,
estipularon un cruce de cuentas por las siguientes causas: (i) “el mayor valor
resultante de la prestación del servicio” generado por la diferencia entre las
luminarias aforadas (24.774) y las reportadas en el informe de actualización del
aforo (31.532), que “durante los años 2001 a 2003 generó un mayor valor por
consumo de energía” y, (ii) la diferencia presentada en el factor de eficiencia
inicialmente pactado en 0.95, reducido al 0.90 a través del otrosí suscrito el 18 de
noviembre de 2005, “en busca de la nivelación contractual”. En este escenario, las
partes acordaron la siguiente “COMPENSACIÓN” 40:
≪ A) CENS reconoce y acepta la deuda que tiene a favor de EL MUNICIPIO por la
suma de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
m/cte ($3.358.494.191) por concepto de la facturación y recaudo por la diferencia
de la eficiencia pactada entre el contrato 089 de 1997 con relación al contrato de
concesión de alumbrado público suscrito por el municipio; B) CENS reconoce y acepta
la deuda que tiene a favor de El MUNICIPIO por la suma de TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
VEINTISÉIS PESOS m/cte ($383.798.026) por concepto de devolución en aplicación
de la Resolución CREG 082 de 2002; C) EL MUNICIPIO reconoce y acepta la deuda
que tiene a favor de CENS por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte
($1.828.702.097) por concepto de mayor consumo de energía resultante de la
actualización del aforo de luminarias existentes en el Municipio de San José de
Cúcuta.
39 Otrosí nro. 5 al contrato nro. 089/97, folio 89 del c. 3.
40 Contrato de transacción, folio 255 del c. 3.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 1714 y ss. del C.C. cada una de las
partes en forma independiente, disponen libre y voluntariamente de los dineros que
se le adeudan y por tanto deciden compensar las sumas adeudadas
recíprocamente hasta el monto de sus respectivas obligaciones enunciadas en
el presente contrato, esto es la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte
($1.828.702.097), quedando un saldo a favor del MUNICIPIO por valor de MIL
NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE
PESOS ($1.913.590.120) el cual será compensado por CENS y sólo hasta el
monto insoluto aquí indicado, con deudas y obras por concepto de alumbrado
público que el alcalde municipal de San José de Cúcuta autorice.≫.
3.3.6. El 31 de octubre de 2007, el alcalde municipal de Cúcuta y el representante
de CENS suscribieron el otrosí nro. 01 al contrato de transacción de 18 de julio de
2006, mediante el cual modificaron las compensaciones pactadas en el inciso
segundo de la cláusula segunda, en el sentido de estipular que el dinero adeudado
por CENS al ente territorial se compensara “con deudas y obras por concepto de
alumbrado público que el alcalde municipal de San José de Cúcuta autorice y/o,
mediante la transferencia del saldo insoluto resultante a la fecha de suscripción del
presente otrosí, en su totalidad, hacia la cuenta del fideicomiso de la concesión del
alumbrado público de San José de Cúcuta con el fin de que tales recursos sean
invertidos conforme a las necesidades y a lo establecido en el flujo financiero
pactado entre el municipio de San José de Cúcuta y el concesionario [unión
temporal Industrias Phillis], siempre en aras de garantizar la eficiencia y continuidad
en la prestación del servicio”41.
3.3.7. En cumplimiento de lo ordenado por el tribunal en el trámite de primera
instancia, el gerente de la UT concesión para la infraestructura de alumbrado público
y los interventores del contrato celebrado entre el municipio de Cúcuta y la unión
temporal Industrias Phillis, presentaron informe el 13 de febrero de 2013, en el que
afirmaron que de los siete (7) contratos interinstitucionales suscritos por el alcalde
municipal y la empresa CENS en virtud de lo convenido en el contrato de
transacción, tres (3) fueron ejecutados y cuentan con acta de entrega, tres (3) fueron
ejecutados sin acta de entrega y el restante no fue ejecutado42. Para sustentar lo
anterior, anexaron las copias de los contratos interadministrativos y copia de la
cuenta de cobro otorgada por CENS a favor del Fideicomiso Concesión Alumbrado
Público Cúcuta, fechada el 14 de noviembre de 2007, por quinientos veinticinco
millones cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos ($525.048.321)43.
Adicionalmente, el representante de CENS, mediante oficio fechado el 6 de junio de
2013, allegó al expediente los soportes de las obras realizadas en cumplimiento del
contrato de transacción, así como el oficio suscrito por el alcalde municipal el 28 de
marzo de 2007 en el que autorizó la transferencia de ciento treinta y cinco millones
cuarenta y dos mil trecientos once pesos ($135.042.311), y las constancias de la
transferencia realizada por esa sociedad al fideicomiso de la concesión de
alumbrado público el 21 de noviembre de 2007, por quinientos veinticinco millones
cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos ($525.048.321) el.
En síntesis, los documentos referidos dan cuenta de lo siguiente:
CONTRATOS44 OBJETO VALOR EJECUCIÓN45
1 Convenio 013 de 24 Obras de iluminación Av. Del Río $284.370.546 Ejecutado con
de octubre de 2005 acta de entrega46
2 Contrato de 24 de Construcción red aérea baja $55.581.594 Ejecutado con
octubre de 2006 tensión Av. Del Río acta de entrega47
41 Otrosí nro. 01 al contrato de transacción, folio 661 del c. 5.
42 Informe suscrito por el representante legal de UT Interventoría Alumbrado Público, folio 673 del c. 5.
43 Folios 756-761 del c. 5.
44 Folios 694 a 754 del c. 5.
45 Folio 673 del c. 5. Informe de los interventores y el gerente del Contrato de Concesión para la
infraestructura de alumbrado público del municipio de Cúcuta.
46 Folio 829 del c. 5. Acta de entrega.
47 Folio 718 del c. 5. Acta de entrega.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
3 Contrato 310-042- Alumbrado público barrios $395.097.518 Ejecutado con
2006 Jerónimo, Juan Pablo II, acta de entrega48
Torcoroma III, Av. Ferrocarril y
perimetral
4 Contrato 310-004- Obras de alumbrado en la Plaza de $268.237.200 No ejecutado49
2007 Banderas
5 Contrato 310-005- Obras de alumbrado en manzanas $76.723.690 Ejecutado sin
2007 del barrio Torcoroma III acta de entrega
6 Contrato 310-053- Obras de alumbrado en la cancha $87.862.640 Ejecutado sin
2007 de fútbol del barrio Doña Ceci acta de entrega
7 Contrato 310-054- Obras de alumbrado tramo redoma $281.272.182 Ejecutado sin
2007 San Mateo acta de entrega
Transferencia de dinero en virtud de otrosí al contrato de $135.042.311
transacción50
Transferencia de dinero en virtud de otrosí al contrato de $525.048.321
transacción51
TOTAL EJECUTADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE $1.840.998.802
TRANSACCIÓN
3.3.8. Mediante oficio radicado el 18 de mayo de 2012 ante la alcaldía de Cúcuta,
el gerente de la Unión Temporal de Alumbrado Público reiteró al alcalde municipal
el vencimiento del plazo del contrato de suministro de energía suscrito con la
sociedad CENS, ocurrido en diciembre de 2011 y le informó que, “en ausencia de
liquidación bilateral del contrato referenciado, debe ahora la administración
municipal proceder a su liquidación de manera unilateral, dentro de los dos meses
siguientes, previendo que aun cuando se haya cumplido el plazo inicialmente
previsto, esta se realice dentro del término de caducidad de la correspondiente
acción contractual” 52.
4.3. Análisis del caso
4.3.1. La apreciación inicial de los hechos probados da cuenta de que no se
configura en la actualidad la situación fáctica que presuntamente generó la
vulneración o amenaza de los derechos colectivos al patrimonio público y la
moralidad administrativa, amparados por el tribunal, en primer lugar, porque el
consumo de energía para el alumbrado público cobrado en exceso por la sociedad
CENS al municipio de Cúcuta fue reconocido y aceptado por las partes en el contrato
de transacción celebrado en julio de 2006, en el que estipularon un cruce de cuentas
“por concepto de la facturación y recaudo por la diferencia de la eficiencia pactada
entre el contrato 089 de 1997 con relación al contrato de concesión de alumbrado
público suscrito por el municipio”. En segundo lugar, porque el término de duración
del contrato de suministro de energía suscrito por el municipio de Cúcuta con la
sociedad CENS finalizó el 31 de diciembre de 2011.
Por tanto, las medidas de protección solicitadas por los actores populares para la
modificación de las cláusulas del contrato de suministro de energía para el
alumbrado público en el municipio de Cúcuta, carecen de objeto por hecho superado
y por el acaecimiento de una situación sobreviniente53, devenidos por: (i) la
48 Folio 727 del c. 5. Acta de entrega.
49 Folio 1122 del c.ppal. Escrito de alegatos de conclusión presentados por el apoderado de CENS en el que
acepta que “la electrificadora no ejecutó la obra” de alumbrado de la plaza Banderas, lo que concuerdan con lo
expuesto en el informe de presentado por los auditores y el gerente de la concesión de alumbrado visible a folio
673 del c. 5.
50 Folios 856 a 859 del c. 5.
51 Folios 870 a 873 del c. 5.
52 Folio 9 del c. de pruebas 3.
53 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 5 de noviembre de 2019. “Inicialmente, la jurisprudencia solo
contempló dos categorías en las que podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho
superado y daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho superado responde al
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. (…) 42. El daño consumado, por su parte,
tiene lugar cuando se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
celebración de un contrato de transacción en el que las partes reconocieron la
deuda generada por el cobro excesivo del consumo de energía y concertaron el
pago de lo adeudado y, (ii) el vencimiento del plazo contractual.
En este escenario, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, dado
que las circunstancias sobrevinientes permiten inferir que los hechos que
presuntamente generaron la vulneración de los derechos colectivos por el
sobrecosto en la determinación del consumo de energía no persisten en la
actualidad.
4.3.2. Ahora, si bien los hechos probados dan cuenta de que las circunstancias que
sustentaron el ejercicio de la acción popular cesaron por razón de la celebración del
contrato de transacción y el cumplimiento del plazo contractual, la Sala procederá
al análisis de fondo para establecer el alcance de los derechos al patrimonio público
y la moralidad administrativa, en atención a la jurisprudencia unificada de esta
Corporación, según la cual, aun en los eventos en los que se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado, “no resulta procedente denegar de plano las
pretensiones, sino que, por el contrario, el juez de conocimiento deberá declarar la
vulneración de los derechos colectivos y precisar que se puso fin a la transgresión
del derecho colectivo cuyo amparo se perseguía, en los siguientes dos sentidos54-
55:
≪i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la simple
alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la superación de la
situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no
es procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha
adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los mismos.
ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es
óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos
derechos.>>.
En este orden, la Sala analizará el alcance de los derechos colectivos al patrimonio
público y la moralidad administrativa en el escenario contractual en el que
presuntamente ocurrió la vulneración aducida por los actores populares, al
encuadrar la situación en el segundo de los eventos previstos en la jurisprudencia
unificada, para realizar un análisis de fondo cuando se constata la carencia actual
de objeto por la desaparición de los hechos que generaron la afectación.
4.3.3. De acuerdo con lo establecido en los artículos 88 de la Constitución Política
y, 2 y 9 de la Ley 472 de 1998, la acción popular procede para la protección de los
derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza, con el propósito de evitar el
daño contingente derivado de su vulneración por la acción u omisión de las
autoridades públicas, de los particulares, o para hacer cesar el peligro, la amenaza,
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden para retrotraer la situación (…) 44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de
configuración de la carencia actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. (…) La Sala Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras circunstancias” en las que la
orden del juez resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”.
54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de septiembre de 2018,
expediente 2007-00191-01 (AP)SU.
55
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 2005-00123-01. En
igual sentido, Sección Primera, sentencia de 4 de abril de 2019, expediente 2016-00503 y Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, expediente 2010-00026-01.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
la violación o el agravio, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible.
4.3.3.1. En lo atinente al patrimonio público, la jurisprudencia de esta Corporación
ha considerado que este derecho colectivo comprende todos los bienes, derechos
y obligaciones propiedad del Estado, que sirven para el cumplimiento de los fines
esenciales, como son, servir a la comunidad y promover la prosperidad general bajo
el estricto cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, entre
los que se encuentran, la moralidad, la eficacia y la economía. Por tanto, la
protección del patrimonio público consiste en garantizar que los recursos del Estado
sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme a lo dispuesto en
el ordenamiento jurídico, y se preserven y usen para el propósito que motivó la
actuación de la administración56.
≪El derecho a la defensa del patrimonio público busca asegurar no sólo la eficiencia
y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también
la utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad
social del Estado. En tal virtud, si la administración o el particular que administra
recursos públicos los manejó indebidamente, ya sea porque lo hizo en forma
negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los expresamente
señalados en las normas, afectaron el patrimonio público y, por ende, su protección
puede proceder por medio de la acción popular>>57.
En concordancia con lo anterior, cuando la consecución de los fines del Estado
requiere de la celebración de contratos estatales, la actuación de la administración
debe atender tanto los principios propios de la función administrativa como los
principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación
pública, además de las reglas de interpretación, los principios generales del
derecho y las normas que regulan la conducta de los servidores públicos. Sobre el
tema, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que “la defensa del
patrimonio público conlleva a que los recursos del Estado sean administrados de
manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas
presupuestales, evitando con ello el detrimento patrimonial. Por ello, se concluye
que la afectación del patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho
colectivo de la moralidad administrativa”58- 59.
4.3.3.2. En lo que atañe a la moralidad administrativa como derecho colectivo, la
jurisprudencia unificada ha considerado que su vulneración ocurre cuando se
demuestra “el elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento
jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la comprobación de conductas
56Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 31 de mayo de 2002, radicación número 2500023
240001999900101 (AP), actor: Contraloría General de la República, demandado: La Nación - Ministerio de
Transporte y la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. DRAGACOL S.A. En igual
sentido, sección primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, expediente 2014-00263-01 (AP). Sección Tercera,
Subsección C, sentencias del 8 de junio de 2011, expediente 2004-00540-01 (AP), de 18 de mayo de 2017,
expediente 2010-00026-02 (AP).
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del veintiuno trece
(13) de febrero de dos mil seis (2006). Radicación: 19001233100020030159401 (AP) C.P. Germán Rodríguez
Villamizar.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de octubre de 2006, expediente 2004-00857. En igual
sentido: Sección Tercera, Subsección C, sentencias de 8 de junio de 2011, expediente 2005-01330-01, de 13
de junio de 2013, expediente 2011-00031-01 y de 25 de febrero de 2016, expediente 2012,00656-01.
Subsección B, sentencia de 16 de marzo de 2017, expediente 00894-01.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 25000-23-41-000-2017-00083-
02 (64048) (AP). “Toda vez que los actos de corrupción tienen por finalidad perseguir intereses económicos
particulares, desviando las finalidades de interés público a las cuales deben estar dirigidos los recursos
asignados para la ejecución de un contrato, en estas acciones se invoca también el derecho colectivo a la
<<defensa del patrimonio público>>, punto en el cual la jurisprudencia ha señalado que existe una conexidad
entre los dos intereses colectivos. ‘Con base en lo anterior se puede afirmar que la relación de conexidad que
existe entre los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público,
en modo alguno significa que deban analizarse de manera conjunta, como si se tratara de derechos
interdependientes. Tampoco quiere decir dicha conexidad que, si en un caso no se encuentra vulnerado el
derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa, ello releva al juez de analizar la vulneración que existe,
o no, del derecho e interés colectivo a la defensa del patrimonio público, como lo interpretó e hizo el Tribunal
en la Sentencia que se revisa. En otras palabras, la conexidad que se ha reconocido entre moralidad
administrativa y defensa del patrimonio público no implica que el juez no deba hacer un estudio independiente
de cada uno de estos derechos e intereses colectivos en cada caso’”.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta función pública” 60. En este
escenario, la protección de los derechos colectivos deprecada en ejercicio de la
acción constitucional por hechos ocurridos en el marco de la celebración, ejecución
o terminación de un contrato estatal, “no se trata de que el juez popular realice un
juicio de legalidad formal, como quedó dicho, pues ello le corresponde al juez
natural, sino que propenda por la protección de la moralidad administrativa y la
defensa del patrimonio público sin los límites de las acciones ordinarias” 61.
Para establecer la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
en el ámbito de la contratación pública, la jurisprudencia unificada dictada por esta
Sección en el caso denominado “Ruta del Sol”, fijó los siguientes presupuestos: (i)
“el juez de la acción popular solo puede considerar como violatoria de la moralidad
administrativa la conducta que sea contraria a una disposición perteneciente al
ordenamiento jurídico legal, pues ‘no siempre la ilegalidad conduce a la vulneración
de la moralidad administrativa y corresponde al demandante en la acción popular
la carga procesal de precisar el aspecto en el cual radica la trasgresión a este
principio, endilgando acusaciones propias de su vulneración y no solo de
ilegalidad’”; (ii) “lo adicional que exige la jurisprudencia es una especie de
calificación de la conducta del servidor público o del particular involucrado (…). Sin
que sea menester acreditar el dolo o la culpa grave en relación con servidor público,
es necesario que su conducta evidencie el propósito de alcanzar fines personales
o, en todo caso, distintos de aquellos que está obligado a perseguir de acuerdo con
el ordenamiento jurídico”62.
En atención a la conexidad de los derechos colectivos al patrimonio público y la
moralidad administrativa, la jurisprudencia unificada referida aclaró, además, que la
constatación de la vulneración “no legitimaba al juez de la acción popular para
realizar consideraciones y adoptar decisiones que eran del resorte del juez del
Contrato”. Bajo esta consideración, precisó63:
≪El simple hecho de que la afectada con la violación del derecho sea una entidad
pública, no permite que ella sea desplazada por el actor popular en la defensa de sus
intereses. La defensa del interés patrimonial de una entidad pública debe realizarse
por su representante legal, por lo que solo cuando se constate que no se está
ejerciendo, o que no se está haciendo de manera adecuada, puede acudirse a la
acción popular; ella debe estar dirigida a lograr que quien debe hacer tal defensa la
realice efectivamente, si se verifica que no lo está haciendo: no a sustituirla. No tener
este tipo de consideraciones conduce, como ocurrió en este caso, a activar la acción
constitucional sin tener en cuenta la actividad procesal adelantada por la entidad
contratante y las pretensiones formuladas –en la acción contractual– por los mismos
hechos y en defensa del interés patrimonial.
(…)
“En efecto, si bien en el campo de la actividad contractual del Estado puede
encontrarse involucrado un derecho colectivo, ello no significa que la acción
popular sea el mecanismo para estudiar la nulidad del contrato o el incumplimiento
de sus obligaciones, pues la acción popular no reemplaza la acción de
controversias contractuales que, precisamente, está instituida para obtener esas
declaraciones y el resarcimiento patrimonial correspondiente.
10. En el mismo sentido, en relación con los procesos iniciados en vigencia del
Decreto 01 de 1984 -CCA-, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó
su criterio para advertir que la acción popular no procede para controvertir la
legalidad, ni para anular actos administrativos o contratos estatales, porque ello
compete al juez que conoce de las acciones anulatorias y de la acción de
controversias contractuales, posición que está en consonancia con lo dispuesto
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de 2018, exp.
25000-23-15-000-2002-02704-01 (SU).
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16
de julio de 2021, exp. 25000-23-41-000-2014-00349-01 (AP).
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 25000-23-41-000-2017-00083-
02 (64048) (AP). “En el auto del 9 de diciembre de 2022 la Sala Plena de la Sección Tercera asumió el
conocimiento del presente asunto para expedir sentencia de unificación [porque] el objeto de la decisión result[a]
de evidente importancia jurídica”.
63 Ibidem.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
por el artículo 144 del CPACA para los procesos iniciados después del 2 de julio
de 2012.
11. Aún más, el juez de la acción popular no puede evadir la prohibición de anular
actos administrativos o contratos estatales, a través de medias alternativas, por
ejemplo, la suspensión o la inaplicación de un acto, o dejar sin efectos un contrato
-facultad reservada a las partes a través de la institución del mutuo disenso art.
1602 CC-.
Un proceder en ese sentido equivaldría a violar un mandato expreso del legislador,
mediante figuras que soterradamente se intentan asemejar a la nulidad. Con esta
perspectiva, en relación con los negocios civiles y comerciales, el ordenamiento
prevé que la sanción contra un acto que contraviene la ley por objeto ilícito es la
nulidad, sin que sea posible que el juez, por vía de otro camino, entre a confrontar
la validez de ese acto (arts. 6, 16, 1502.3, 1519, 1523, 1741 y 1742 CC y 899 C.
de Co.)”64>>.
4.3.4. En línea con el derrotero jurisprudencial referido, la Sala observa que las
estipulaciones pactadas por el representante del municipio de Cúcuta y el gerente
de la sociedad CENS en el contrato de suministro de energía para el alumbrado
público, en específico, la relativa a la determinación del consumo de energía con el
factor de eficiencia fijado en la cláusula octava, no revela el desconocimiento
ostensible de una disposición legal que permita inferir la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, pues para la época de suscripción del
contrato (diciembre de 1997), la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
permitía que la empresa distribuidora y el ente territorial pactaran la metodología
“para ajustar la carga instalada en luminarias, de acuerdo con la capacidad
efectivamente utilizada” a fin de que se pudiera descontar la carga de las luminarias
fuera de servicio”65.
Ahora, el hecho de que la variable por eficiencia prevista en la fórmula para la
determinación del consumo de energía en el contrato de suministro fuera superior
a la fijada en el contrato de concesión para la infraestructura del alumbrado público,
no denota el desconocimiento del ordenamiento jurídico ni la transgresión de los
fines que motivaron el acuerdo contractual, dado que no está demostrado que
quienes suscribieron el negocio jurídico pretendieran réditos personales o
persiguieran objetivos distintos de aquellos que estaban obligados a perseguir con
la contratación, presupuestos necesarios para la configuración de la vulneración de
la moralidad administrativa aducida por los actores populares.
Es válido afirmar entonces, que el juez popular no tiene competencia para
pronunciarse frente a las estipulaciones del contrato de suministro de energía que,
según la opinión de los accionantes, generaron la amenaza o violación alegadas,
porque no acreditaron los elementos configurativos de la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, como son, el quebrantamiento “ostensible o
protuberante”66 del ordenamiento jurídico en la ejecución del contrato (elemento
objetivo) y la comisión de una conducta amañada, arbitraria o corrupta de las partes
(elemento subjetivo). Analizar la legalidad del contrato de suministro de energía y
el cumplimiento del contrato de transacción sin la demostración de los elementos
de procedencia citados, llevaría al juez popular a invadir la competencia del juez
del contrato, único competente para declarar la nulidad de las cláusulas, ordenar
su revisión y/o declarar su incumplimiento.
En lo atinente al patrimonio público, los actores populares tampoco demostraron la
falta de eficiencia o transparencia en el manejo de los recursos destinados a la
prestación del servicio de alumbrado público durante la ejecución del contrato de
suministro de energía eléctrica, pues, si bien las partes pactaron inicialmente la
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de abril de 2020, exp. 81001-23-39-
000-2015-00023-01(AP).
65 Resolución nro. 043 de 24 de junio de 1996.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2007, exp. AP-0228, citada en la
sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. AP- 25000-23-41-000-2017-00083-02 (64048).
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
determinación del consumo de energía con un factor de eficiencia de 0.80 en el
primer año y 0.95 a partir del segundo año, las mismas partes: (i) modificaron la
fórmula a través del otrosí nro. 5 de 18 de noviembre de 2005, en el sentido de
reducir el factor de eficiencia al 0.90 % con aumentos anuales de 0.01, hasta
alcanzar el 0.95 %, en atención a la inconsistencia descrita en el informe de
auditoría rendido por la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, que mostró
una diferencia con el valor fijado para el mismo factor en el contrato de concesión
para la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado
público; (ii) suscribieron un contrato de transacción el 18 de julio de 2006 que tuvo
como objeto “solucionar las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato
089 de 1997 (…), [por] los valores adeudados por CENS al municipio, como
resultado de la diferencia en la eficiencia pactada”.
En este escenario, tampoco es posible inferir una actuación negligente o ineficiente
del representante del municipio ni un manejo indebido de los recursos destinados
al suministro de energía para el alumbrado público, pues según lo estipulado en el
contrato de transacción, el representante del municipio logró que CENS reconociera
y aceptara la deuda por el cobro en exceso del consumo de energía.
4.3.5. Por último, resulta oportuno precisar que las medidas adoptadas en la
sentencia de primera instancia frente a los contratos “interinstitucionales”
celebrados por CENS y el municipio de Cúcuta para “compensar” la deuda
reconocida en el contrato de transacción, desbordaron el ámbito competencial del
juez, porque estos negocios jurídicos fueron suscritos en los años 2006 y 2007,
esto es, casi tres años después de la demanda presentada en ejercicio de la acción
popular (14 de febrero de 2003), circunstancia que denota falta de congruencia
entre las pretensiones y la decisión judicial67.
Además, conforme a lo considerado por la Sección en reciente sentencia de
unificación, no es dable al juez de la acción popular dictar medidas propias de la
acción de controversias contractuales para suplir la inactividad de la entidad pública
encargada de la defensa del interés patrimonial, pues en el ámbito contractual, esa
actividad está a cargo del representante legal, “por lo que solo cuando se constate
que no se está ejerciendo, o que no se está haciendo de manera adecuada, puede
acudirse a la acción popular; ella debe estar dirigida a lograr que quien debe hacer
tal defensa la realice efectivamente, si se verifica que no lo está haciendo: no a
sustituirla.”.
Los accionantes no demostraron la inactividad del representante del municipio
frente a la defensa del patrimonio público, por el contrario, los medios de prueba
acreditan que, durante la ejecución del contrato de suministro de energía, el alcalde
municipal suscribió con la sociedad CENS: (i) otrosí de 30 de diciembre de 2003,
en el que incluyeron un parágrafo a la cláusula octava, que posibilitó la reducción
del factor eficiencia al 0.90 estipulado en la fórmula para la determinación del
consumo; (ii) otrosí 05 de 18 de noviembre de 2005, por medio del cual pactaron la
reducción definitiva del factor eficiencia en 0.90 para el primer año, con aumentos
progresivos de 0.01 en los siguientes años hasta alcanzar el 0.95 y, (iii) contrato de
transacción de 18 de julio de 2006, en el que se estableció el pago de lo adeudado
67 CGP, artículo 281, aplicable por remisión del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 (Antes, artículo 305 del CPC).
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio. (…)”.
Expediente: 54001-33-31-002-2003-00234-01 (AP)
Demandante: Jesús Antonio Flórez Vera y otro
al ente territorial por la diferencia en el factor eficiencia que generó el pago en
exceso de consumo de energía.
4.4. Conforme a las consideraciones expuestas, la Sala modificará la sentencia
apelada, en cuanto amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y
el patrimonio público y le ordenó a la sociedad CENS dar cumplimiento al contrato
de transacción y abstenerse de continuar cobrando consumos de energía por
alumbrado público que en realidad no presta. En su lugar, la Subsección declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado y acaecimiento de una situación
sobreviniente.
5. Costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el caso concreto no se
evidenció una actuación temeraria de las partes, condición prevista en el artículo 38
de la Ley 472 de 1998 para que proceda esta condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander el 20 de agosto de 2015, en cuanto amparó
los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público y dictó
órdenes a la sociedad CENS. En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado y
acaecimiento de una situación sobreviniente, respecto del contrato de suministro de
energía eléctrica para el alumbrado público del municipio de San José de Cúcuta.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
VF
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