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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2019-00029-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2019-00029-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 3 de julio de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, los cuales quedarán así: “[…] SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad del Banco Popular S.A. y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en la vulneración del derecho colectivo consagrado en el literal e) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR como medidas de protección al derecho colectivo enunciado en el numeral anterior, las siguientes: 3.1. ORDENAR al Banco Popular S.A. que restituya al municipio de Cartagena del Chairá, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y un centavos ($58.644.244,71), la cual devengará intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF una vez vencido el término de los treinta (30) días que se conceden para hacer efectivo el pago, hasta por diez (10) meses siguientes y luego se causará el interés moratorio a la tasa comercial conforme el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011. 3.2. ORDENAR al Banco Popular S.A. que, transcurridos cuarenta (40) días desde la ejecutoria de esta providencia, rinda informe al tribunal de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden anterior. 3.3. ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar para establecer si el pago aplicado a obligaciones tributarias de la sociedad ISR por la Conservación S.A.S. corresponde a los recursos debitados de la cuenta del municipio de Cartagena del Chairá el 14 de septiembre de 2016 y, en caso afirmativo, adopte las medidas administrativas y judiciales procedentes para obtener su restitución al Banco Popular S.A., previa observancia del debido proceso y de las garantías de defensa y contradicción de los terceros involucrados. Ello sin perjuicio de la obligación de restitución impuesta al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2019-00029-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: PROCURADURÍA 71 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA
DE FLORENCIA
Demandados: MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ Y
OTROS
Vinculada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por el Banco Popular S.A.
contra la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia en ejercicio del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda
contra el municipio de Cartagena del Chairá, la Superintendencia Financiera de
Colombia y el Banco Popular S.A., con el propósito de obtener la protección del
derecho colectivo establecido en el literal e) del artículo 4.°1 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 19982.

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] Que se declare la vulneración al bien colectivo del PATRIMONIO PÚBLICO en
cabeza del BANCO POPULAR sucursal Florencia, entidad bancaria que poseía la
custodia y cuidados de seguridad necesarios en el manejo de los recursos públicos
del municipio de Cartagena del Chairá - Caquetá, circunstancia que permitió a
terceros transgredir las condiciones de seguridad bancarias y sustraer de la Cuenta
Corriente SGP - funcionamiento No. 110620022384, la suma de Treinta y seis
millones ciento sesenta y dos Mil Pesos M/cte ($36.162.000.oo).
Como consecuencia de lo anterior, el BANCO POPULAR restituya el dinero sustraído
de sus arcas en la cantidad de Treinta y seis millones ciento sesenta y dos MU
(sic) Pesos M/cte ($36.162.000.oo); de lo mismo, el reconocimiento de todos los

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
e) La defensa del patrimonio público; […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
3
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPppal1.pdf”
página 34.

2

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Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

intereses corrientes y moratorios causados desde el momento en que se
sustrajo el dinero hasta que se haga efectivo el reintegro del mismo.

Que se declare la vulneración al bien colectivo del PATRIMONIO PÚBLICO en cabeza
de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, en la falta de una
inspección y vigilancia adecuada para la recuperación de los dineros públicos; por
tanto, conmínese a la constitución de un procedimiento administrativo eficaz, ágil,
rápido, expedito y diligente cuando se trate de la recuperación de dineros públicos
extraviados al interior de corporaciones bancarias, en aplicación a las tesis
jurisprudenciales del riesgo beneficio […]” (negrilla del texto).

3. Señaló que el 14 de septiembre de 2016 se presentó una irregularidad en la
cuenta corriente núm. 110620022384 perteneciente al municipio de Cartagena del
Chairá, por intentos no autorizados de transacciones electrónicas. Concretamente,
al momento de efectuar las operaciones a través de la plataforma virtual del Banco
Popular S.A., el sistema no permitía realizar transacción alguna y mostraba en la
pantalla del computador el mensaje “[…] su sesión ha terminado […]”.

4.Manifestó que, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para
este tipo de operaciones, un funcionario del Banco Popular S.A., encargado de
confirmar las transacciones, se comunicó telefónicamente con la señora Sandra
Mylena Flórez Ulcué, secretaria de hacienda del municipio, con el fin de obtener su
autorización para la ejecución de tres transacciones electrónicas por valores de
$41.577.000, $47.448.000 y $36.162.000.

5. Refirió que la citada funcionaria informó de manera expresa al banco que no
autorizó ninguna operación bancaria y solicitó al banco el bloqueo inmediato de la
cuenta y del NIT del municipio, con el propósito de evitar cualquier fraude electrónico
y proteger los recursos públicos.

6. Indicó que el subgerente del Banco Popular S.A. de la sucursal de Florencia
informó a la Secretaría de Hacienda que la entidad financiera había logrado impedir
la ejecución de varias de las operaciones irregulares detectadas. Sin embargo, no
fue posible reversar una transacción por $36.162.000, recursos que reportados
como transferidos a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN.

7. Señaló que la DIAN afirmó que no recibió esos recursos. Por ello, el municipio de
Cartagena del Chairá presentó reclamación ante el Banco Popular S.A. mediante
oficio SH-SH-0072-16 de 15 de septiembre de 2016, con el fin de obtener la
recuperación de los recursos sustraídos.

8. Complementó que la entidad financiera rechazó la reclamación al considerar que
no era responsable de los hechos ocurridos, por tratarse de situaciones
relacionadas con el uso de los mecanismos de transacción virtual por parte del
cliente.

9.Indicó que el 15 de septiembre de 2016 presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación, dando lugar a la noticia criminal núm.
180016000551201600048. Adicionalmente, se declaró el siniestro ante la compañía

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aseguradora La Previsora S.A., con el propósito de obtener el reconocimiento de
los recursos presuntamente sustraídos.

10. Finalmente, manifestó que el municipio aún no recupera los recursos públicos
objeto de la transferencia irregular.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Caquetá por auto de 10 de
julio de 20194 admitió la acción popular, ordenó la notificación de los sujetos
procesales, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio
Público, de la Defensoría del Pueblo y dispuso comunicar la acción de la referencia
a los miembros de la comunidad.

12. En auto de 28 de febrero de 2022 5 se resolvió negar la nulidad formulada por el
Banco Popular S.A.

13. Mediante auto de 28 de febrero de 20226 se resolvió negar el recurso de
reposición interpuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en contra
del auto admisorio.

24 de julio de 20247 se declaró fallida la audiencia especial de pacto de
14. El
cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

15. En auto de 3 de septiembre de 20248, el tribunal decretó las pruebas del proceso.

16. La audiencia de pruebas se realizó el 23 de octubre de 2024 9 y se ordenó a las
partes la presentación de los alegatos de conclusión.

17. En providencia de 28 de enero de 202510, se ordenó vincular como litisconsorte
necesario a la DIAN.

18. El 8 de abril de 202511 se celebró nuevamente la audiencia especial de pacto de
cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 con la participación
de la DIAN, la cual nuevamente se declaró fallida.

19. Por auto de 2 de mayo de 202512 se decretaron las pruebas presentadas por la
DIAN y se ordenó a las partes la presentación de los alegatos de conclusión.

4
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPppal1.pdf”
página 81 y siguientes.
5
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado:
“06AutoNiegaNulidad.pdf”.
6
Ibidem, documento denominado “07AutoNiegaReposicion.pdf”.
7
Ibidem, documento denominado “56ActaAudPactoCumplimiento.pdf”.
8
Ibidem, documento denominado “59AutoAbreProcesoPruebas.pdf”.
9
Ibidem, documento denominado “81ActaAudienciaPruebas.pdf”.
10
Ibidem, documento denominado “86VinculaDianLitisconsorteNecesario.pdf”.
11
Ibidem, documento denominado “103ActaAudPactoCumplimiento.pdf”.
12
Ibidem, documento denominado “106AutoCorreTraslAlegatos.pdf”.

4

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

20. Lademandante13, la Superintendencia Financiera de Colombia14, el Banco
Popular S.A.15, la DIAN16 y el municipio de Cartagena del Chairá17 presentaron sus
alegatos de conclusión.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Banco Popular S.A.18

21. La
entidad presentó las excepciones de “[…] CULPA EXCLUSIVA DEL
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ […]”, “[…] AUSENCIA DE CULPA DEL
BANCO POPULAR […]” y “[…] GENÉRICA […]”.

22. Argumentó que las transacciones cuestionadas se realizaron el 14 de septiembre
de 2016 desde una dirección IP dinámica autorizada por el representante legal del
municipio de Cartagena del Chairá y mediante el token asignado a una funcionaria
de la entidad territorial, con el traslado de $36.162.000 a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales para el pago de obligaciones tributarias de un tercero, según
el registro de operaciones.

23. Indicó que el municipio solicitó y contrató el servicio de internet empresarial a
partir del 15 de junio de 2007, sin la implementación de una dirección IP fija como
medida de seguridad y con la asunción de la responsabilidad derivada de esa
decisión por parte del alcalde de la época.

24. Manifestó que el 22 de febrero de 2016 el municipio solicitó el cambio de las
firmas autorizadas para el manejo de todas sus cuentas bancarias y la actualización
de los respectivos usuarios, debido al cambio de la funcionaria que desempeñaba
el cargo de secretaria de hacienda, con la posterior entrega del token a la nueva
funcionaria el 3 de marzo de 2016.

25. Explicó que el sistema de transacciones por internet permitía al usuario principal
cambiar o desbloquear las contraseñas y parametrizar la dirección IP de ingreso al
portal, sin la configuración de una dirección IP específica por parte del municipio
para la fecha de los hechos.

26. Señaló que las operaciones realizadas en los días anteriores al 14 de
septiembre de 2016, de acuerdo con la bitácora, se efectuaron normalmente desde
la misma dirección IP y con el usuario asignado a Sandra Mylena Flórez Ulcué. Esas
mismas credenciales fueron utilizadas el día de los hechos para realizar tres
transferencias por un valor total de $125.187.000.

13
Ibidem, documento denominado “109AlegatosDteProcurador71.pdf”.
14
Ibidem, documento denominado “108AlegatosSuperfinanciera.pdf”.
15
Ibidem, documento denominado “111AlegatosBcoPopular.pdf”.
16
Ibidem, documento denominado “114AlegatosDian.pdf”.
17
Ibidem, documento denominado “116AlegatosCartagenaChaira.pdf”.
18
Ibidem, documento denominado “03CPppal3.pdf”, página 194 y siguientes.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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27. Sostuvo que, después de conocer la irregularidad, adelantó las gestiones
necesarias para reversar las operaciones, logrando recuperar $89.025.000, pero sin
obtener la reversión de la transferencia restante por valor de $36.162.000.
28. Afirmó que solicitó en varias oportunidades a la DIAN la devolución de los
$36.162.000, sin resultado favorable.

29. Concluyó que la pérdida de los recursos obedeció al manejo negligente de los
medios electrónicos, las credenciales de acceso y los elementos de seguridad
entregados al municipio, con la consiguiente responsabilidad exclusiva de la entidad
territorial y la ausencia de responsabilidad del Banco Popular S.A.

30. Citó las condiciones de prestación del servicio previstas en el documento
denominado “E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL BBS”, en el Reglamento
Universal de Productos entregado al municipio y en el Manual para el Uso de
Internet Empresarial BBS disponible en la página web del Banco Popular S.A.

I.3.2. Municipio de Cartagena del Chairá19

31. El ente territorial coadyuvó las pretensiones dirigidas contra el Banco Popular
S.A. y la Superintendencia Financiera de Colombia, por considerar que dichas
entidades eran las responsables de la vulneración del derecho colectivo al
patrimonio público. Sin embargo, se opuso a las formuladas en su contra, ante la
inexistencia de una acción u omisión atribuible a sus funcionarios.

32. Señaló que el 15 de septiembre de 2016 puso en conocimiento de la Fiscalía
General de la Nación los hechos, actuación que dio lugar a la noticia criminal núm.
180016000551201600048, junto con la declaración del siniestro ante La Previsora
S.A. para obtener el pago de los recursos presuntamente sustraídos.

33. Indicó que, una vez identificada la irregularidad, presentó una reclamación ante
el Banco Popular S.A. mediante el oficio SH-SH-0072-16 de 15 de septiembre de
2016, con la solicitud de devolución de los $36.162.000 transferidos sin autorización,
petición negada mediante el oficio núm. 980-526-2016, bajo el argumento de la
ausencia de responsabilidad de la entidad financiera.

34. Manifestó que no obtuvo el pago ni el reembolso de los $36.162.000 por parte
del Banco Popular S.A. o de La Previsora S.A., pese a las gestiones adelantadas
para recuperar los recursos públicos.

35. Expuso que, mediante el oficio SH-SH-0030-18, presentó una queja contra el
Banco Popular S.A. ante la Superintendencia Financiera de Colombia por los
hechos relacionados con la cuenta corriente núm. 110620022384, con la solicitud
de adopción de medidas administrativas encaminadas a proteger el patrimonio
público.

19
Ibidem, documento denominado “03CPppal3.pdf”, página 86 y siguientes.

6

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

36. Afirmó que también presentó una petición ante la DIAN para establecer si la
transferencia irregular de $36.162.000 había ingresado a esa entidad y obtener, de
ser el caso, su reintegro al municipio.

37. Agregó que, mediante el oficio SH-0051-18, solicitó a la Fiscalía Tercera Local
de Florencia información sobre el estado de la investigación por el presunto hurto
por medios informáticos, sin recibir respuesta a esa petición ni a los requerimientos
posteriormente enviados por correo electrónico.

38. Sostuvo que no era responsable de la pérdida de los recursos, debido a la falta
de garantías de seguridad por parte del Banco Popular S.A. y al amparo de la
confianza legítima depositada en la capacidad técnica, informática y financiera de
la entidad bancaria.

I.3.3. Superintendencia Financiera de Colombia20

39. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las
excepciones de “[…] Inepta demanda por falta de señalamiento de los hechos u
omisiones imputables […]”, “[…] Inepta por ausencia del requisito de procedibilidad
[…]”, “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]” y “[…] Falta de
jurisdicción y competencia por indebida escogencia de la acción […]”.

40. Sostuvo que el actor popular no identificó ninguna conducta relacionada con las
funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de
Colombia que hubiera causado o contribuido a la afectación del patrimonio público,
circunstancia que le impidió conocer con claridad los fundamentos de la
responsabilidad atribuida y ejercer adecuadamente sus derechos de defensa y
contradicción.

41. Aclaró que no participó en la ejecución ni en la administración de los recursos
públicos objeto de las operaciones bancarias, pues esas actuaciones correspondían
al municipio de Cartagena del Chairá, como ejecutor; al Banco Popular S.A., como
entidad financiera encargada de administrar la cuenta; y a los beneficiarios de las
transferencias.

42. Enfatizó que la controversia surgió por un posible incumplimiento contractual del
banco en la aplicación de los protocolos de seguridad de una cuenta bancaria,
asunto cuyo conocimiento no guardaba relación con las funciones administrativas
de inspección, vigilancia y control que ejerce.

43. Señaló que adelantó el procedimiento respectivo para tramitar la queja núm.
2019064299 presentada por la Secretaría de Hacienda del municipio de Cartagena
del Chairá, de conformidad con la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 y el
procedimiento M-PR-PCF-011.

20
Ibidem, documento denominado “03CPppal3.pdf”, página 148 y siguientes.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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44. Afirmó que las transacciones se realizaron a través del portal del Banco Popular
S.A. con el usuario principal asignado a Sandra Mylena Flórez Ulcué, desde una
dirección IP dinámica y mediante la validación de la clave OTP generada por el
token entregado a la funcionaria. Por ende, el municipio incumplió sus deberes de
custodia, confidencialidad y cuidado sobre el usuario, las claves, el token y los
equipos utilizados para efectuar las operaciones.

I.3.4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales21

45. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó la excepción de
“[…] Falta de legitimación en la Causa por pasiva […]”.

46. Sostuvo que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia,
carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a la inexistencia de un nexo
causal entre sus actuaciones y la pérdida de los recursos del municipio. El tributo
fue aplicado por otra dirección seccional y la administración tributaria recibió el pago
bajo la presunción de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin
intervención en las operaciones bancarias que dieron origen a la controversia.

47. Indicó que inicialmente no identificó el pago como proveniente del municipio de
Cartagena del Chairá, debido a la falta de información precisa sobre la operación.
Al respecto, tras recibir una solicitud probatoria en septiembre de 2024, estableció
que el 14 de septiembre de 2016, a las 10:25:42 a. m., se efectuó mediante el Banco
Popular S.A. y el botón PSE un pago de $36.162.000, aplicado a una obligación
tributaria de ISR por la Conservación S.A.S. Sin embargo, señaló que no tenía
certeza de que esa operación correspondiera a la transferencia mencionada en la
demanda, ante la posible falta de coincidencia entre la trazabilidad del pago
identificado y los hechos expuestos por el demandante.

48. Explicó que el pago del tributo por parte de ISR por la Conservación S.A.S.
constituía una relación distinta de la existente entre el municipio de Cartagena del
Chairá y el Banco Popular S.A., entidad encargada de custodiar los recursos. La
entidad se limitó a recibir el pago electrónico realizado mediante PSE, sin conocer
el origen de los fondos ni las operaciones efectuadas en la plataforma bancaria.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

49. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió en
la sentencia de 3 de julio de 202522, lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de agotamiento
de requisito de procedibilidad y la procedencia de la acción popular, formuladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia.

SEGUNDO, (sic) DECLARAR la responsabilidad del BANCO POPULAR, en la
vulneración del derecho colectivo consagrado en el literal e) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, conforme las consideraciones expuestas.

21
Ibidem, documento denominado “91ContestaciónDemandaDian.pdf”.
22
Cfr. Índice 147 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

TERCERO: ORDENAR como medida de protección al derecho colectivo enunciado
en el numeral anterior, la siguiente:

2.1 (sic) Se ordena al BANCO POPULAR, que restituya en el término máximo de
un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia al Municipio de
Cartagena del Chairá, la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y un
centavos ($58.644.244,71),, (sic) la cual devengará intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF una vez vencido el término de los 30 días que se conceden
para hacer efectivo el pago, hasta por diez meses siguientes y luego se causará el
interés moratorio a la tasa comercial conforme el artículo 195 del CPACA.

2.2 (sic) Se ordena al BANCO POPULAR, que, transcurridos 40 días desde la
notificación del fallo, rinda un informe a esta Corporación, sobre el cumplimiento
de este.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda frente a las entidades
Superintendencia Financiera de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN-, de conformidad con las consideraciones expuestas.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: ADVERTIR a las partes que la Corporación mantiene la competencia
permanente para verificar el cumplimiento del fallo popular y tomar las medidas
necesarias para su debida y oportuna ejecución, por consiguiente, la orden judicial
que aquí se impone deberá cumplirse perentoriamente so pena de desacato en los
términos establecidos por el artículo 40 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: Remitir copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes en el programa informático SAMAI y en la base de datos del despacho 02
[…]” (negrilla del texto).

50. Determinó que se cumplió con el requisito de procedibilidad dispuesto en el
artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, pese a que el actor popular no realizó
personalmente todos los requerimientos, pues solicitó ante las autoridades
demandadas las medidas para la protección del derecho colectivo al patrimonio
público amenazado por la sustracción del dinero de la cuenta territorial.

51. Señaló que el medio de control de protección de los derechos colectivos era
procedente, por cuanto se pretende el amparo del derecho al patrimonio público, el
cual “[…] tiene la finalidad de resguardar la totalidad de bienes, derecho y
obligaciones públicas y procura porque su administración sea eficiente, proba y
transparente, con el cuidado y diligencia propios de un buen servidor, de modo que
se evite cualquier detrimento […]”.

52. Refirió que “[…] en el caso de defraudación por transacciones electrónicas el
riesgo es inherente a la actividad bancaria, la cual es profesional, habitual y
lucrativa, su realización requiere de altos estándares de diligencia, seguridad,
control, confiabilidad y profesionalismo, además debe ser atendida en materia de
seguridad de la información que sea transmitida por esa vía, siendo innegable e
ineludible su obligación de garantizar la seguridad de las transacciones que autoriza

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

por cualquiera de los medios ofrecidos al público y con independencia de si los
dineros sustraídos provienen de cuentas de ahorro o de cuentas corrientes […]”23.

53. Resaltó que cuando un banco incumple sus obligaciones de custodia en la
administración de depósitos, aplica un régimen de responsabilidad objetiva, en el
cual la entidad bancaria debe responder por pérdidas, incluso si no hay prueba de
negligencia o falla, porque los cuentahabientes depositan su dinero con la confianza
de que siempre podrán disponer de él.

54. Aseveró que la actividad bancaria está sujeta a estrictas normas de seguridad y
confiabilidad fundamentales para proteger el interés público y mantener la confianza
de los depositantes. Por lo tanto, los bancos deben establecer protocolos de
autenticación efectivos como contraseñas, tokens y biometría para garantizar que
las órdenes de transacción provienen de clientes legítimos.

55. Indicó que el retiro fraudulento de los recursos vulneró el derecho colectivo al
patrimonio público, pues el dinero sustraído pertenecía al municipio de Cartagena
del Chairá y, para ese momento, se encontraba bajo la custodia y administración
del Banco Popular S.A.

56. Consideró que ese banco no solo tiene la obligación de custodiar los dineros
recibidos del depositante, sino también el deber de garantizar la seguridad de los
servicios que ofrece y de las operaciones que permite realizar en relación con tales
depósitos.

57. Advirtió que entre la entidad bancaria y sus clientes se entabla una relación de
consumo, en la cual los últimos son reconocidos como la parte débil, de ahí que el
ordenamiento jurídico promueva su protección y exija a la entidad un proceder
consonante con el interés colectivo transcendente de protección al consumidor de
conformidad con los artículos 78 y 335 de la Constitución Política.

58. Agregó que, de acuerdo “[…] con el registro de los correos electrónicos, mediante
los cuales se solicitó la reversión de las operaciones porque eran fraudulentas,
enviado desde el Banco inicialmente el miércoles 14 de septiembre de 2016 10:57
a.m., pero que después tuvo que ser direccionado al correo correcto a las 11:21
a.m. En respuesta, ese mismo día se informó que las transacciones reportadas
fueron procesadas en ciclo 2 de PSE y que las transacciones de la DIAN y
Seguridad Social no son reversibles según lo establecido en las normas del
instructivo “PROTOCOLO DE CAMBIO DE ESTADO DE TRANSACCIONES POR
FRAUDE” […]”.

59. Evidenció que una vez la entidad bancaria se comunicó vía telefónica sobre las
tres transacciones sospechosas, el ente territorial advirtió el fraude electrónico y
solicitó el bloqueo de las cuentas, igualmente procedió a instaurar las denuncias y
quejas correspondientes. En consecuencia, adujo la falta de diligencia, cuidado y

23
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicación número: 05001-31-03-001-2008-00312-01. M.P. Ariel Salazar
Ramírez. Posición reiterada en la sentencia de 18 de diciembre de 2020 de la misma Corporación, radicación número 11001-
31-03-028-2006-00466-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

10

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

seguridad por parte del Banco Popular S.A. en la identificación precisa del origen
de las operaciones y en la recuperación completa del dinero sustraído.

60. Destacó que esta Sección24 en la sentencia de 14 de abril de 2023 determinó que
“[…] si desde un principio del (sic) BANCO pudo corroborar que las operaciones
financieras cuestionadas no se ajustaron al perfil transaccional del cliente, debió
bloquear la totalidad de los recursos en aras de garantizar el retorno completo de la
suma sustraída ilegalmente y no permitir el retiro de $2.162.000 por parte de los
titulares de las cuentas de ahorros núms. 442090150033 y 423020091067 […]”.

61. Consideró que la Superintendencia Financiera de Colombia y la DIAN no eran
responsables de la vulneración del derecho colectivo amparado por cuanto se
demostró que no tuvieron injerencia en los hechos ocurridos.

62. Por último, precisó que no era necesaria la conformación de un comité de
verificación de la sentencia, pero ordenó que transcurridos 40 días desde la
notificación del fallo el banco deberá rendir un informe sobre el cumplimiento del
fallo y se abstuvo de condenar en costas25.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

63. ElBanco Popular S.A.26 solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia al considerar que las transacciones cuestionadas se realizaron con todos
los mecanismos de seguridad del sistema E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL
BBS.

64. Explicó que el movimiento se realizó desde la dirección IP 181.55.191.15,
utilizada habitualmente por el municipio; con el usuario “[...] bpsandraf […]”, las
claves asignadas; y mediante el código temporal generado por el token entregado
a la funcionaria autorizada. Por lo tanto, las operaciones se ajustaron al perfil
transaccional del municipio y no generaron alertas, de manera que cumplió con los
requisitos de seguridad y calidad exigibles, dentro del principio de neutralidad
tecnológica27.

65.Señaló que el municipio rechazó la recomendación de parametrizar una IP fija y
optó, bajo su responsabilidad, por una IP dinámica.

66. Explicó que el token constituía un mecanismo de autenticación fuerte, porque
generaba una clave temporal, irrepetible y válida para una sola operación.

67. Planteó que la Previsora negó el pago del seguro porque el municipio no probó
la ocurrencia del siniestro y permitió la prescripción de la acción respectiva.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número 18001-23-31-000-2019-
00157-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
25
La Magistrada Yanneth Reyes Villamizar presentó salvamento de voto.
26
Índice 150 del expediente digital de primera instancia.
27
Concepto 2011062919-001 de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia y en la Circular Externa 022 de 2010.

11

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

68. Reprochó que el juez omitiera valorar integralmente la bitácora transaccional, la
información suministrada por ATH, los comprobantes de las operaciones realizadas
mediante PSE, el formulario de entrega del token, el reglamento del servicio y los
demás documentos aportados con la contestación.

69. Objetó la valoración del testimonio de la secretaria de Hacienda, quien reconoció
que ingresaba diariamente al sistema y que las operaciones se habían realizado
desde la IP utilizada habitualmente. También cuestionó que la denuncia penal, la
versión disciplinaria y el testimonio hubieran sido considerados relatos coincidentes
e independientes, cuando todos habían reproducido la versión de la misma
funcionaria.

70. Afirmó que las operaciones deben atribuirse al municipio porque se realizaron
mediante los elementos de autenticación entregados a su funcionaria.
Subsidiariamente, sostuvo que, si un tercero las había efectuado, ello habría
ocurrido por el manejo negligente del usuario, las claves, el token o el equipo,
conducta que debía ser asumida por el municipio como empleador.

71. Invocóla jurisprudencia28 según la cual la responsabilidad de una entidad
financiera puede excluirse o reducirse cuando el cuentahabiente o sus
dependientes intervienen en la producción del daño.

72. Manifestó que el reglamento aceptado por el municipio estableció el carácter
definitivo de las operaciones en línea y excluyó la obligación de reversarlas.

73. Indicó que, a pesar de no estar obligado a hacerlo, informó al municipio sobre las
operaciones y, después de que este las desconoció, recuperó $89.025.000
mediante el débito de las cuentas destinatarias.

74. Explicó que no pudo recuperar los $36.162.000 abonados a una cuenta de la
DIAN para pagar impuestos de un tercero, porque esos recursos adquirieron
carácter público y no podían ser debitados sin autorización. Por ello, solicitó a la
DIAN, mediante comunicación del 20 de septiembre de 2016, que bloqueara o
retuviera el dinero.

75. Compartió el salvamento de voto según el cual era necesario vincular al tercero
cuyos impuestos fueron pagados con los recursos debitados de la cuenta del
municipio porque ese tercero recibió un beneficio patrimonial que podía constituir
un enriquecimiento indebido. Por ello, debía ser vinculado al proceso para explicar
la causa del pago y responder por la eventual restitución de los recursos.

76. Cuestionó que el a quo responsabilizará al banco por el dinero no recuperado sin
haber examinado la situación del beneficiario del pago ni la imposibilidad jurídica de
debitar unilateralmente la cuenta de la DIAN.

28
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2016. Radicación núm. 05001-31-03-
001-2008-00312-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

12

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

77. Por último, adujo que: “[…] En el numeral II del fallo recurrido al referirse a las
consideraciones, en cuanto a la competencia de la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá para dictar sentencia en esta acción Popular,
surge la duda, teniendo en cuenta la temporalidad asignada a ese órgano, en el
parágrafo del artículo 16 de la Ley 472 de 1.998, condicionada a la creación de
Juzgados Administrativos […]”.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

78. Por medio de auto de 14 de agosto de 2025 29 el magistrado sustanciador en
primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación
presentado por el Banco Popular S.A. contra la sentencia de primera instancia.

79. Mediante auto interlocutorio de 3 de agosto de 2026 30, se admitió el recurso de
apelación, se informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación
con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y se advirtió que no había lugar a
dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se informó al Ministerio Público
que podía emitir concepto en la presente causa hasta que el proceso ingresara al
despacho para emitir sentencia.

80. LaSuperintendencia Financiera de Colombia presentó pronunciamiento al
recurso de apelación en el que reiteró los argumentos encaminados a confirmar la
exoneración de responsabilidad de la entidad31, las demás partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

81. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201933, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Análisis del caso concreto

82. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201234, aplicables por remisión expresa de los artículos 44 de la Ley 472 y 306 de
la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión

29
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado:
“125ConcedeApelación.pdf”.
30
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia.
31
Cfr. Índice 23 del expediente digital de segunda instancia.
32
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
33
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
34
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

13

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual amparó el derecho
colectivo al patrimonio público vulnerado por el Banco Popular S.A.

83. El Banco Popular S.A. solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
porque: i) las transacciones controvertidas se realizaron a través de la plataforma E-
Popular Internet Empresarial BBS utilizando los mecanismos de seguridad; ii) las
transacciones no generaron alertas; iii) el municipio decidió no parametrizar una IP fija
y asumir el uso de una IP dinámica; iv) el token constituía un mecanismo de
autenticación fuerte; v) la aseguradora negó la indemnización por falta de prueba del
siniestro y prescripción de la acción; vi) el a quo no valoró adecuadamente el material
probatorio que acreditaba la culpa exclusiva del municipio; vii) no pudo reversar los
pagos efectuados a la DIAN por restricciones legales; viii) se debe vincular al tercero
beneficiario de dichos pagos; y ix) el tribunal carecía de competencia para conocer del
asunto.

84. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará: i) el alcance
del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público frente a operaciones
electrónicas no autorizadas que afectan recursos públicos; ii) los reparos
relacionados con la trazabilidad de las transacciones y la responsabilidad de la
entidad financiera y del municipio de Cartagena del Chairá; iii) la solicitud de
vinculación del tercero beneficiario de los recursos y la DIAN en el restablecimiento
del derecho colectivo; iv) el cuestionamiento sobre la competencia del a quo; y v) la
pertinencia de las órdenes de amparo.

V.2.1. El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público frente a
operaciones electrónicas no autorizadas que afectan recursos públicos

85. El literal e) del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 reconoce como derecho e interés
colectivo la defensa del patrimonio público.

86. El Consejo de Estado en la sentencia de 1.° de febrero de 2022 precisó que
aquella prerrogativa “[…] propugna por la protección del patrimonio estatal, en orden
a resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas […]”. Además,
“[…] procura porque la administración (de esos recursos) sea eficiente, proba y
transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia
propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento […]” 35.

87. En criterio de la Sala Especial de Decisión, la defensa del patrimonio público tiene
una doble naturaleza, “[…] La primera es la dimensión subjetiva, la cual le otorga el
calificativo de derecho, y la segunda, una objetiva o de principio, que se convierte
en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 209 de la Constitución Política, de forma eficiente y transparente y
observando la legalidad presupuestal vigente […]”.

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión; sentencia del 1 de
febrero de 2022; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación núm.: 73001-33-31-006-2008-00027-01(AP)REV.

14

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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88. En ese precedente se concluyó que la vulneración de tal derecho requiere de la
confluencia de dos elementos, a saber: “[…] i) subjetivo, referido al análisis de la
gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario, de modo que si ésta se hace de
forma irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el interés colectivo
protegido y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de
gestionar el patrimonio público, de acuerdo con los postulados de eficiencia y
transparencia contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política […]”.

89. En relación con los recursos estatales depositados en entidades financieras, esta
Sección, en las sentencias de 14 de abril de 202336 y 21 de enero de 202137, precisó
que cuando una entidad estatal deposita dinero mediante un contrato de cuenta
corriente, los recursos conservan su naturaleza de patrimonio público y quedan
sometidos a la custodia y administración de la entidad financiera que los recibe.

90. Elartículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero38 define a los
establecimientos bancarios como “[…] las instituciones financieras que tienen por
función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como
también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto
primordial de realizar operaciones activas de crédito […]”.

91. El artículo 3 de la Ley 1328 de 15 de julio de 2009 39 contempló que “[…] las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear
la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus
servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o la
atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con
aquellas, y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones […]”.

92. En virtud de ese principio, “[…] los consumidores financieros tienen el derecho
de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares
de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones
asumidas por las entidades vigiladas”40 y a “Exigir la debida diligencia en la
prestación del servicio […]”41.

93. El literal c) del artículo 6 de la Ley 1328 señala que los consumidores financieros
deben “[…] Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad
vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros […]”.

94. El artículo 7 complementó que las entidades vigiladas deben “[…] Disponer de
los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las
transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las
redes que la contengan […]”.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número 25000-23-24-000-2009-
00289-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número 18001-23-31-000-2019-
00157-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
38
Decreto 663 de 2 de abril de 1993, “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se
modifica su titulación y numeración.”
39
Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.
40
Literal a) del artículo 5
41
Literal c) del artículo 5

15

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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95. Para la fecha de los hechos, la Circular Externa 029 de 2014 de la
Superintendencia Financiera de Colombia establecía los requerimientos mínimos
de seguridad y calidad que debían observar las entidades vigiladas en las
operaciones realizadas por internet. Estas medidas no se limitaban al uso de una
clave o un dispositivo de autenticación, sino que comprendían controles
complementarios destinados a prevenir, detectar y confirmar oportunamente las
operaciones inusuales.

96. En la parte I, título II, capítulo I, denominado “[...] Canales, medios, seguridad y
calidad en el manejo de información en la prestación de servicios financieros [...]”,
se determinaron los controles destinados a prevenir, detectar y confirmar
oportunamente las operaciones inusuales.

97. Esto exigía a las entidades financieras ofrecer mecanismos para personalizar
las operaciones, como números telefónicos (numeral 2.3.3.1.9); procedimientos
para bloquear los canales ante situaciones sospechosas o intentos fallidos de
acceso (numeral 2.3.3.1.12); confirmación oportuna de las operaciones ajenas a sus
hábitos (numeral 2.3.3.1.13); y aplicar controles especiales a los sistemas de acceso
remoto y a las operaciones por internet (numerales 2.3.4.8 y 2.3.4.9), entre otros.

98. En la sentencia de 14 de abril de 2023, esta autoridad judicial concluyó que la
falta de devolución de recursos públicos sustraídos mediante transferencias
electrónicas no autorizadas vulneraba el derecho colectivo a la defensa del
patrimonio público, en tanto la entidad financiera no demostró que la defraudación
hubiese ocurrido por negligencia del cuentacorrentista en el manejo de sus claves
y accesos.

99. Dicha providencia prohijó la sentencia de 25 de enero de 2017 42, en la que esta
corporación explicó que el régimen aplicable a los contratos de cuenta corriente
bancaria celebrados con establecimientos de crédito de naturaleza pública, le son
aplicables las reglas propias del derecho civil, mercantil y financiero.

100. También se precisó que las entidades financieras encargadas de custodiar
cuentas en las que se encuentran depositados recursos públicos pueden
comprometer su responsabilidad cuando su acción u omisión constituye causa
eficiente del detrimento patrimonial pues el interés público les exige un especial
deber de cuidado y diligencia en su salvaguarda.

101. Precisamente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de 19 de diciembre de 201643, explicó que los fraudes derivados de
operaciones electrónicas constituyen riesgos inherentes a la actividad bancaria:

“[...] De la exposición que precede, queda claro que en el caso de defraudación por
transacciones electrónicas, dado que tal contingencia o riesgo es inherente a la
actividad bancaria la cual es profesional, habitual y lucrativa, cuya realización requiere

42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección A. Radicación núm. 13001-23-
31-000-2006-01565-01(49015). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
43
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2016, Proceso identificado con el núm.
único de radicación: 05001-31-03-001-2008-00312-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

16

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de altos estándares de diligencia, seguridad, control, confiabilidad y profesionalismo,
que también tiene que ser atendidos en materia de seguridad de la información que
sea trasmitida por esa vía, siendo innegable e ineludible su obligación de garantizar
la seguridad de las transacciones que autoriza por cualquiera de los medios ofrecidos
al público y con independencia de si los dineros sustraídos provienen de cuentas de
ahorro o de cuentas corrientes.

De ahí que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o
genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece; el interés público
que en ella existe; el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de
sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas
corren por su cuenta, y por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas
de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios
causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen
los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación
es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal
transaccional.

Desde luego que consumada la defraudación, el Banco para exonerarse de
responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentahabiente o
de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la
cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos,
pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite
hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles
implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa
incumbe demostrarla a quien la alega (art. 835 C.Co.), pues se presume la buena
fe «aún la exenta de culpa» [...]” (negrilla fuera del texto).

102. La Sala de Casación Civil reiteró el mismo criterio en la sentencia SC5176 de
18 de diciembre de 202044, en la que explicó que el cuentahabiente no custodia
materialmente los dineros depositados ni interviene en las decisiones operativas de
la entidad financiera y tampoco cuenta con la información y los medios técnicos
necesarios para afrontar los riesgos inherentes al sistema bancario. Además, el
banco se encuentra profesionalmente organizado para administrarlos y prevenirlos.

103.Conforme al marco normativo y jurisprudencial supra, se tiene que los recursos
públicos depositados en cuentas bancarias conservan su naturaleza de patrimonio
público y, por lo tanto, están amparados por el derecho e interés colectivo previsto
en el literal e) del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998.

104.Aunado a ello, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema
de Justicia ha establecido que las entidades financieras que reciben y administran
dichos recursos asumen un especial deber de custodia, acorde con los principios
de eficiencia, transparencia y protección del patrimonio estatal.

105.Nótese que los riesgos asociados a las transacciones electrónicas son
inherentes a la actividad bancaria y, por regla general, deben ser asumidos por las
entidades financieras. Por ello, cuando se produce la sustracción no autorizada de
recursos públicos y la entidad financiera no demuestra que el hecho obedeció a una
conducta negligente o culposa del cuentahabiente, se configura una afectación al

44
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicación núm.: 11001-31-03-028-2006-00466-01. M.P. Luis Alonso
Rico Puerta.

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derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, en la medida en que se
genera un detrimento de bienes estatales.

V.2.2. Los reparos relacionados con la trazabilidad de las transacciones
realizadas y la responsabilidad de la entidad financiera y del municipio de
Cartagena del Chairá

106. El Banco Popular S.A. afirmó que no vulneró el derecho colectivo al patrimonio
público porque la operación bancaria cuestionada debía entenderse realizada por
el municipio o por una persona que obtuvo los elementos de acceso debido a la
conducta negligente de sus funcionarios, pues los mecanismos de autenticación no
se vulneraron. Por ende, solicitó que se declararan probadas las excepciones de
culpa exclusiva del municipio y ausencia de culpa del Banco Popular S.A.

107. Cuestionó la valoración probatoria del tribunal de primera instancia porque: i) no
examinó la bitácora transaccional aportada con la contestación de la demanda; ii)
las operaciones se efectuaron mediante el login asignado a la Secretaría de
Hacienda, desde la dirección IP utilizada habitualmente por el municipio y con la
validación de las claves OTP generadas por el token; y iii) las transacciones se
cursaron sin generar alertas de seguridad.

108. También señaló que el municipio rechazó la parametrización de una dirección
IP fija y asumió expresamente los riesgos asociados al uso de una IP dinámica.

109.Para resolver la Sala pone de presente que el municipio de Cartagena del
Chairá abrió la cuenta corriente núm. 11062002238445 en el Banco Popular S.A. el
16 de marzo de 1999 y que esta permanecía activa para el 24 de junio de 2015.

110.Mediante el oficio SH-SH-0062-15 de 6 de abril de 2015 el alcalde de Cartagena
del Chairá solicitó al Banco Popular S.A. la inscripción de las cuentas bancarias del
municipio en el portal de internet empresarial46.

111.Por medio del oficio SH-SH-0063-15 de 6 de abril de 2015 el municipio informó
al banco que no utilizaría una dirección IP fija como medida de seguridad, debido a
que contaba con una dirección IP dinámica, y que asumía la responsabilidad
derivada de no adoptar esa medida47.

112.En el oficio SH-SH-0063-16 de 10 de febrero de 2016 el municipio solicitó el
cambio de las firmas autorizadas para el manejo de sus cuentas bancarias y
comunicó que estas serían administradas conjuntamente por Luis Francisco Vargas
Correa, alcalde municipal, y Sandra Mylena Flórez Ulcué, secretaria de hacienda48.

45
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “03cpPPAL3.pdf”
página 34.
46
Ibidem, página 35.
47
Ibidem, página 38.
48
Ibidem, página 39.

18

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113.Mediante comunicación núm. 980-526-2016 de 26 de octubre de 201649,
expedida por el Banco Popular S.A., se indicó que, para la fecha de las
transacciones cuestionadas, el municipio estaba inscrito en el canal E-Popular
Empresarial Internet BBS, tenía activo el usuario “bpsandraf”, asociado a Sandra
Mylena Flórez Ulcué, y disponía de un token habilitado para efectuar operaciones
electrónicas.

114. Dentro de los privilegios del usuario mencionado se encontraban:

“[…]

[…]”.

115. Los registros del canal E-Popular Empresarial Internet BBS, del sistema
Digipass y de PSE mostraron que el 14 de septiembre de 2016 se procesaron tres
pagos electrónicos desde la cuenta corriente núm. 110620022384, asociados por el
sistema al usuario “bpsandraf”, a la dirección IP dinámica 181.55.191.15 y a la
validación de una clave OTP generada por el token serie 2290453351AES asignado
al municipio.

116.En la comunicación se indicó que la consulta de movimientos de la cuenta
corriente correspondiente al 14 de septiembre de 2016 registró tres débitos
efectuados mediante el canal PSE por valores de $36.162.000, $47.448.000 y
$41.577.000, para un total de $125.187.000.

117.La consulta de la operación por $36.162.000 registró un pago electrónico
realizado el 14 de septiembre de 2016 a las 10:25:37 a. m., dirigido a la DIAN,
identificado con el CUS 217468019 y asociado a la factura o recibo de pago núm.
4907141671689.

49
Ibidem, página 27.

19

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

“[…]

[…]”.

118.El testimonio rendido por Sandra Mylena Flórez Ulcué el 23 de octubre de
202450, quien se desempeñó como secretaria de hacienda del municipio entre el 1.º
de febrero de 2016 y el 31 de marzo de 2019. La transcripción de la diligencia es la
siguiente:

“[…] Juez: ¿Sabe por qué ha sido llamada a declarar?

Testigo: Por los hechos sucedidos el 14 de septiembre de 2016, cuando ejercía mis
funciones como secretaria de hacienda, por los delitos informáticos que se
presentaron en el hurto de unos dineros de una cuenta del Municipio de Cartagena.

Juez: Indique al despacho lo que sabe o conoce.

Testigo: El 14 de febrero inicié mis labores como normalmente se desarrollan. Fui a
ingresar a la plataforma del Banco Popular a realizar unas transacciones electrónicas
o los pagos que teníamos como compromisos. Efectivamente, intenté en varias
oportunidades acceder a la plataforma del banco virtual, lo cual no me lo permitió,
arrojándome siempre, cuando iba a iniciar, un mensaje que decía: “Su sesión ha
terminado”. No me permitió el ingreso.

Fueron varios intentos los que estaba haciendo cuando, en el momento de estar
realizando esta actividad, me entra una llamada al teléfono fijo. Quien me llama era
el señor Jonathan Cote; se identifica como del área de seguridad del banco para
confirmarme unas transacciones que estaba realizando en ese momento.

Efectivamente, con gran sorpresa, pues de una vez le manifiesto lo que se me estaba
presentando en el momento: que no me permitía el ingreso al banco. Entonces me
decía que habían hecho ya tres transacciones. Realmente, pues, es muy
sorprendente esta situación. Le pido que por favor me bloquee las cuentas del
municipio por NIT, absolutamente todas, pues efectivamente no estaba haciendo
ninguna transacción porque el banco no me lo estaba permitiendo.

Fue así como me pidió que me comunicara al banco. Me dijo: “Ya quedan todas
bloqueadas; comuníquese con el Banco Popular para que hiciera el proceso de que
me asignara una nueva clave o usuarios”.

Me comuniqué con el señor Miguel Ángel, subgerente del banco, y le manifesté la
situación que se presentó en el momento.
[...]

50
Cfr. Índice 102 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“59ActaAudiencia_Acta20190002900Popul(.pdf) NroActua 102”. Min 30:07 en adelante.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

Me llama después y me dice que efectivamente habían hecho tres transacciones, de
las cuales habían podido reversar dos, pero que una había pasado por valor de treinta
y seis millones de pesos y algo más.
[...]
Nosotros hicimos las respectivas denuncias a la Fiscalía; se puso en conocimiento de
la Contraloría, de los entes de control y de la Superintendencia Financiera. Pues,
hasta el momento, no sé el estado, hasta esta audiencia.

Juez: ¿Cuáles eran los protocolos o metodologías para poder acceder a esos pagos
virtuales cuando se requería por el ente territorial?

Testigo: Para ingresar a la banca virtual teníamos que ingresar con nuestros usuarios
y el código del token. Vuelvo y manifiesto: estaba haciendo el protocolo que da el
banco, pero en ningún momento pude ingresar.

Juez: ¿Cuántos códigos de usuarios existían para la época?
Testigo: Uno.

Juez: ¿De quién era ese código?
Testigo: Mío, a nombre de la suscrita.
Juez: ¿Solamente usted podía acceder a la plataforma del Banco Popular para hacer
cualquier tipo de trámite?
Testigo: Sí, señora.
Juez: ¿Compartió su código con alguien?
Testigo: No, jamás, porque eso es algo intransferible.
Juez: ¿Cómo se accedía al token que usted refiere?
Testigo: Pues, el procedimiento era que, una vez íbamos a ingresar, teníamos el
token, que arroja unos códigos. Pero no tuve cómo ingresar los códigos porque la
plataforma no me lo permitía.
Juez: ¿Por qué usted ese día accedió a solicitar ese token al banco? ¿Qué pretendía
hacer ese día?
Testigo: Tenía unos compromisos de pagos de contratos. Reitero, en ejercicio de mis
funciones tenía pagos por realizar, los cuales no me permitió efectuar.
Juez: ¿Qué trazabilidad dejó usted con el Banco Popular?
Testigo: Yo tengo ahí los oficios y las actuaciones que se adelantaron, que reposan
en el expediente, y se puso en conocimiento a los diferentes entes de control.
Juez: En su criterio y experiencia, teniendo en cuenta que es una persona con
experiencia en este campo de la administración de recursos públicos, indíquele al
despacho si le había ocurrido una situación similar.
Testigo: Jamás, no me había pasado.

Interrogatorio de la Parte Actora
Constancia: La testigo ha hecho referencia a la situación fáctica de la demanda y, por
ello, no se formularon preguntas.

Municipio de Cartagena del Chairá
Constancia: No formuló preguntas.
Superintendencia Financiera
Constancia: Sin preguntas.

Contrainterrogatorio del Banco Popular S.A.

Apoderada: Señora Sandra, ¿con qué frecuencia accedía a este servicio de
transacciones por internet?

Testigo: La frecuencia era diaria, porque hay unos horarios establecidos. Para la
época de los hechos era el banco donde teníamos más cuentas aperturadas.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

Apoderada: En la bitácora transaccional (...) encontramos que el día anterior a los
hechos, el 13, se accedió al sistema y se hizo una operación por valor de $501.400.
Usted recuerda esa operación, y se hizo desde la IP 181.55.191.15, que era con la
que solía hacer las transacciones.

Testigo: Pues la verdad no recuerdo, pero las transacciones efectivas se pueden
evidenciar en los extractos bancarios.

Apoderada: Esa misma IP fue la utilizada el día de los hechos para las tres
transacciones cuestionadas y con el token asignado. ¿Cómo explica esa situación?

Testigo: Es el mismo equipo, el mismo computador, la misma IP para las
transacciones. Era el computador asignado a la suscrita y, vuelvo y reitero, no me
daba ni acceso para manejar el token porque la banca virtual no me permitía el
ingreso.

Apoderada: Dentro de las recomendaciones de seguridad que siempre hacía el
banco, tratándose de entidades públicas, se recomendaba establecer una IP fija, o
varias, como medida de seguridad adicional al token. Para ese momento, el municipio
había solicitado que no se registrara una IP fija sino dinámica, lo cual es riesgoso.

Constancia: El apoderado del municipio objetó la intervención.

Juez: Sea concisa en la pregunta.

Apoderada: ¿Por qué el municipio decidió no registrar IP fijas para las transacciones?

Testigo: Cuando yo inicié el tema de la Secretaría de Hacienda no recuerdo que nos
hubiesen dicho el tema de la IP dinámica o fija.

Apoderada: En las ausencias suyas del cargo, ¿cómo procedían si tenían que hacer
operaciones diarias, además de entregar el token y las claves?

Testigo: Reitero que las claves son personales y la confianza la tengo en mí misma.
A nadie se las entregaba. Si no estaba, no se hacían las transacciones bancarias.

Redirecto de la Parte Actora

Apoderado: Como quiera que nos encontramos ante un testigo técnico, informe al
despacho, en aras de garantía procesal: usted ha dicho que alcanzó a comunicar al
banco la no realización de las transacciones. ¿Cómo explica que el banco lograra
reversar dos de las tres transacciones, pero una no?

Testigo: Considero que al banco le faltó seguridad. ¿Cómo es posible que reverse
dos y permita que se haga efectiva una, si se pidió que se bloqueara por NIT? Era
para que las tres hubiesen sido reversadas.

Interrogatorio del Municipio de Cartagena del Chairá

Apoderado: Teniendo en cuenta que ya llevaba casi dos años en el cargo como
Secretaria cuando se presentó la anomalía, ¿usted tenía plena confianza en el Banco
Popular porque no le había ocurrido algo así?

Juez: Reformule la pregunta.

Apoderado: ¿Tenía usted confianza en el sistema del banco por la frecuencia con la
que usaba esa plataforma?

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

Testigo: Hasta el momento en que sucede, obviamente la confianza se tiene en los
bancos para el depósito de estos dineros.

Redirecto del Banco Popular S.A.

Apoderada: Señora Sandra, luego de los hechos el banco les informó, tal como figura
en el reglamento universal del producto, que las operaciones en línea se generan y
se hacen efectivas de manera inmediata, por lo cual no fue un bloqueo de operaciones
sino una reversión de los dineros, porque aún se encontraban en la cuenta destino.

Juez: ¿Cuál es la pregunta?

Apoderada: ¿Usted tiene conocimiento de por qué la DIAN no permitió la reversión?

Testigo: No tengo conocimiento.
Interrogatorio del Juez:

Juez: ¿Quién era el alcalde del ente territorial para la fecha?

Apoderada: Luis Francisco Vargas Correa, que en paz descanse.

Juez: ¿Usted le comunicó lo sucedido?

Testigo: Sí, realicé todos los trámites dentro de la entidad.

Juez: ¿Y el alcalde de la época qué realizó al respecto?

Testigo: En su momento tenía conocimiento de todas las actuaciones que se
adelantaron.

Juez: ¿Qué actuaciones se hicieron?

Testigo: Se puso en conocimiento a la Fiscalía y se dio traslado para auditoría a la
oficina correspondiente.

Juez: ¿Usted tenía conocimiento de que esa operación que no se pudo reversar era
con destino a la DIAN?

Testigo: No, no señora.

Juez: ¿Podía usted conocer cuáles eran los destinatarios de esas tres operaciones?

Testigo: No le entiendo.

Juez: Fueron tres operaciones; dos se reversaron.

Testigo: O sea, en su momento fueron tres operaciones que se realizaron. El
conocimiento que tengo respecto de a dónde fueron los depósitos fue por la
información suministrada por el Banco Popular.

Juez: ¿Cuánto tiempo se demoró usted en contactar al Banco Popular?

Testigo: Fue inmediato, por medio telefónico. Una vez recibo la llamada del personal
de seguridad, me comuniqué inmediatamente con el señor Miguel Ángel, de la
sucursal Florencia, subgerente financiero, pero no recuerdo el apellido.

Juez: Según el protocolo de seguridad dado por el banco, ¿era él la persona idónea
para comunicar la situación?

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

Testigo: Creo que en su momento estaba como encargado.

Juez: ¿Cuánto tiempo duró, en minutos, la reversión de las transacciones?

Testigo: No recuerdo el tiempo, pero una vez me devolvió la llamada y me comunicó
el hecho, al otro día me desplacé desde el municipio hasta la ciudad de Florencia,
donde el anuncio de las operaciones fue personal […]”.

119. El oficio SH-SH-0072-16 de 15 de septiembre de 201651 acreditó que, al día
siguiente de los hechos, el municipio presentó una reclamación ante el Banco
Popular S.A. y solicitó una explicación sobre las circunstancias que permitieron la
violación de las políticas de seguridad y la realización de las transacciones no
reconocidas.

120. El informe de auditoría elaborado por José David Garzón Riveros52 documentó
la situación presentada con el presunto hurto por medios informáticos ocurrido el 14
de septiembre de 2016 y las actuaciones adelantadas por la administración
municipal para establecer las circunstancias en las que se realizaron las
operaciones. En el informe se indicó:

“[…]

[…]”.

121. La señora Sandra Mylena Flórez Ulcué presentó denuncia penal el día 15 de
septiembre de 201653 por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes
(art. 26954). En el relato de los hechos indicó:

“[…] SANDRA MYLENA FLOREZ ULCUE, en calidad de Secretaria de Hacienda
Municipal del municipio de Cartagena del Chairá […], legítimamente habilitada para
impetrar denuncia penal por la presunta conducta de delito de hurto por medios
informáticos, consagrados en la ley 599 de 2000 y ley 1273 de 2009 conforme a los
siguientes hechos:

51
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 25.
52
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 45 y siguientes.
53
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 51 y siguientes.
54
Ley 1273 de 5 de enero de 2009, “[…] Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones […]”.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

1.- El día de hoy 14 de septiembre de 2016, procedía a iniciar mis labores en el
computador asignado a la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se realizan las
transferencias electrónicas, consultas de saldos, descargas de extractos bancarios y
en fin todas las actividades virtuales conexas, complementarias e inherentes para
manejar las cuentas bancarias del municipio de Cartagena del Chairá.

2.- Siendo las 8 de la mañana aproximadamente procedía a ingresar a la plataforma
virtual del Banco Popular sin realizar ninguna acción. Luego procedo a cargar la
información a través del convertidor del Banco Popular, luego de realizar este
proceso, paso a revisar el saldo de la cuenta corriente número 110620022392 del
Banco Popular, donde con sorpresa observo que no me deja realizar ninguna acción,
ni ingreso alguno a la plataforma, e insisto con el dispositivo TOKEN hasta dejarme
ingresar pero con la leyenda SU SESION HA TERMINADO y preciso me encontraba
en este procedimiento y me sonó el teléfono fijo donde recibo una llamada del señor
Jonathan Cote de la Dirección de Seguridad del Banco Popular quien me informa que
necesita confirmar unas transferencias electrónicas del Banco Popular de la cuenta
110620022384 por los valores $41.577.000.00; $47.448.000.00 y $36.162.000.00,
respectivamente, a lo que yo le manifiesto de forma clara y concisa que no las había
realizado ninguna de ellas. Quiero clarificar que con el TOKEN que yo manejo se
utiliza para las diferentes cuentas bancarias del Banco Popular a través de la sucursal
virtual de este mismo Banco. En esta misma llamada el señor Jonathan me pregunta
que si manejo más cuentas con el Token que tengo asignado, y le contesto que sí,
que con ese Token manejo mucho más cuentas del Banco Popular, entonces el señor
Jonathan me pregunta que si bloquea la cuenta desde donde se realizaron las
transferencias de dinero o que si bloqueaba las cuentas por NIT, donde yo le conteste
que por celeridad bloqueara las cuentas por NIT, es ahí donde se bloquearon
aproximadamente unas ocho cuentas, es decir todas las cuentas del Banco Popular,
quedando bloqueada el ingreso a la plataforma de este banco.

3.- El señor Jonathan Cote de la Dirección de Seguridad del Banco, me informó que
debo comunicarme con el Banco Popular con el fin de proceder a informar y solicitar
la reexpedición de clave, por lo que inmediatamente procedo a comunicarme en horas
de la mañana de este mismo día (14 de septiembre de 2016) con el señor Miguel
Ángel, quien es el Subgerente del Banco Popular sede Florencia

4- El señor Miguel Ángel del Banco Popular, procede a realizar las respectivas
consultas con el área de seguridad para proceder a realizar el procedimiento de
investigación sobre los hechos presentados.

5- El señor Miguel Ángel manifiesta que de las tres transacciones que se realizaron
sin mi autorización pudieron reversar dos y hay una tercera que es la de $
36.162.000.00 que se hizo efectiva; es decir, esta suma de dinero fue sustraída de la
cuenta número 110620022384, que es de propiedad del municipio de Cartagena del
Chairá; y que presuntamente fue pagada a la DIAN, por concepto de impuestos
nacionales. Quiero clarificar que cuando yo realizo los pagos a la Dian de Impuestos
Nacionales lo debito de la cuenta No. 46697209689 del Banco Bancolombia

No puedo manifestar que clase de convenio tenga la Alcaldía de Cartagena del Chairá
con el Banco Popular, cuando ingreso a trabajar a la Alcaldía lo único que realice para
efectuar los pagos desde las cuentas de este banco fue cambiar las firmas del antiguo
Funcionario por mi firma. Quiero agregar que la autorizada por la Alcaldía y el Banco
para manejar el TOKEN soy yo, ese TOKEN no tiene ni usuario ni contraseña, el
manejo de este TOKEN fue impartido por el banco, cuando lo fui a utilizar por primera
vez, ellos me fueron indicando como debía ser activado y desde luego esto se realizó
el primer día que lo utilicé. El nombre de usuario que utilizo para el manejo de estas
cuentas a través de la banca virtual es el bspandra, la contraseña de este usuario lo
tengo en mi mente y solo lo sé y lo manejo yo, agrego que cada vez que ingreso a la
plataforma, realizo un pago, hago una transferencia de dinero a un tercero tengo que

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

generar un número aleatorio que me brinda el Token No 22-9045335-1, es decir cada
vez que genero lo manifestado anteriormente, tengo que presionar el botón del
TOKEN y este me genera un número aleatorio que tengo que ingresarlo en una de
las casillas de verificación que me solicita la plataforma virtual, para poder ser
aprobada las transferencias electrónicas. No tengo conocimiento que clase de
seguridad bancaria le brinda el Banco Popular a la Alcaldía de Cartagena del Chairá,
tan solo cuando realice el cambio de firmas me manifestaron que la seguridad que
debía tener con el TOKEN. Usuarios y contraseñas, debían ser únicas e
intransferibles y que la única persona que debía manejarlas era yo, esa fue la única
recomendación de seguridad que me hizo el Banco Popular sede Florencia.

Los pagos se pueden realizar transferencias de dinero son de lunes a viernes entre
las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde […]”.

122.La entrevista presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 21 de
septiembre de 2016 en la que consta que Sandra Mylena Flórez Ulcué puso los
hechos en conocimiento de la autoridad penal por el presunto delito de hurto por
medios informáticos y semejantes, actuación radicada con el núm.
1700160005512016004855. El relato es el siguiente:

“[…]

[…]”.

123.La señora Sandra Mylena Flórez Ulcué rindió versión libre el 21 de septiembre
de 2016, dentro del proceso iniciado por la Secretaría General y de Gobierno con
funciones de control interno del municipio, identificado con el radicado núm.
0001161211-201656. En su declaración indicó:

55
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 47 y siguientes.
56
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 57 y siguientes.

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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“[…] PREGUNTADO: el día 14 de Septiembre de 2016 al encontrarme en el ejercicio
de mis labores rutinarias, como secretaria de hacienda de este municipio, utilizando
el computador asignado a la dependencia mencionada y donde se realiza el
procedimiento administrativo de manejo electrónico de cuentas del municipio
(trasferencias electrónicas, consultas de saldos de cuentas bancarias, descarga de
extractos bancarios, y todas las actividades virtuales conexas, complementarias e
inherentes al manejo de cuentas bancarias del municipio). Así como el manejo de los
correos institucionales y el personal samiflo315@hotmail.com y demás actividades
inherentes a mi cargo. Siendo las 9:30 am del mismo día 14 de septiembre de 2016,
me dispuse a revisar los correos recibidos de la cuenta como acostumbro todos los
días laborales, evidencie (sic) un email recibido el día 13 de septiembre de 2016, a
las 2:52 pm, cuyo remitente era la cuenta […] con el asunto CIRCULAR
INFORMATIVA URGENTE.tbz, al revisar este archivo comprimido, contenía otro
archivo que no recuerdo su nombre, pero tenía según entiendo es una ejecutable ya
que cuando le di doble clic me mostro (sic) una ventana del computador pero la verdad
no recuerdo que mensaje decía, luego cerré la ventana del computador y continúe
(sic) normal con mis labores, la verdad no le preste importancia a ese correo
electrónico, primero porque la cuenta de correo era confiable, toda vez que se trataba
de una cuenta institucional perteneciente al municipio de Valparaíso Caquetá, de
dominio institucional como el de nuestro municipio, después continúe (sic) con mis
labores y a eso de las 10:00 am procedí a ingresar a la plataforma virtual del banco
popular, siguiendo estrictamente las medidas de seguridad establecidas para tal fin,
es decir ingresando con mi usuario y en su momento digitando, el código generado
por el Token asignado por el mismo banco, pero al momento me salía mensaje de
error, relacionado con mis datos de autenticación de dichos códigos,
aproximadamente digite (sic) de cuatro (04) códigos, diferentes esto me pareció muy
extraño, porque nunca me había sucedido desde que ejerzo funciones de secretaria
de hacienda, aproximadamente seis (06) meses en el cargo, pero no me dejaba
ingresar, este proceso lo realiza en dos oportunidades, estando en ese proceso recibí
una llamada del señor JHONATAN COTE empleado del banco popular, de la
dirección de seguridad del banco popular, y me solicito que confirmara unas
trasferencias electrónicas que estaban en curso, a lo cual le respondí que en ningún
momento las había efectuado, y le puse en su conocimiento lo que me estaba
sucediendo con el acceso a la banca virtual, después procedo a cargar la información
a través del convertidor del banco popular, y paso a revisar el saldo de la cuenta
corriente No 110620022392 del banco popular, donde con sorpresa observo que no
me deja realizar ninguna acción, ni ingreso alguno a la plataforma, e insisto con el
dispositivo de TOKEN hasta dejarme ingresar pero con la leyenda SU CESION (sic)
HA TERMINADO y preciso me encontraba en ese procedimiento y me sonó el
teléfono fijo, recibí una llamada del señor JHONATAN COTE de la dirección de
seguridad del banco popular, quien necesitaba confirmar las transferencias
electrónicas del banco popular de la cuenta 110620022384 por valores de
$41.577.000, $47.448.000 Y $36.162.000 respectivamente, a lo que le manifesté de
forma clara y concisa que no las había realizado, ninguna de ellas. El funcionario del
banco me pregunto (sic) que si manejaba otras cuentas con el mismo token a lo que
manifesté que si porque es la realidad, se manejan varias cuentas ccr con el mismo
token del banco popular, me pregunto que si procedía a bloquear las cuentas por el
Nit y le manifesté que sí que las bloqueara por el NIT, por celeridad, se bloquearon
todas las cuentas que el municipio tiene en el banco popular oficina Florencia,
quedando así bloqueada el acceso a la banca virtual de ese banco.

El funcionario del
banco me oriento (sic) que debería informar al banco popular para solicitar la
reexpedición de la clave labor que inmediatamente la ejecute (sic), día 15 de
Septiembre de 2016, en horas de la mañana, me atendió el señor MIGUEL ANGEL
Subgerente del Banco Popular oficina Florencia. El señor MIGUEL ANGEL procedió
a realizar las respectivas consultas al área de seguridad, para iniciar con la
investigación de los hechos presentados. El señor MIGUEL ANGEL me manifestó que
efectivamente las tres traslaciones relacionadas antes se realizaron sin mi
autorizaciones (sic) como secretaria de hacienda, pudieron verificar que la

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Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
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transacción electrónica por valor de $36.162.000 se hizo efectiva y el dinero fue
sustraído de la cuenta 110620022384 cuenta que figura a nombre de este municipio
y presuntamente fue pagada a la DIAN por concepto de impuestos nacionales. Sin
embargo, cuando el municipio realiza pagos a la DIAN por estos conceptos se hacen
a través de la cuenta No 46697209689 de Bancolombia, es de resaltar que la única
persona autorizada por la alcaldía y el banco popular para manejar este token es mi
persona y este no tiene usuario ni contraseña. El manejo de este token fue impartido
por el banco popular y el usuario para el manejo de las cuentas se creó a través de
la banca virtual, (bpsandraf) la contraseña no la recuerdo no la manejo en mi mente.
Cada que se genera un pago por estos medios el token me genera un número
aleatorio que debo ingresarlo en la casillas (sic) de verificación que genera la banca
virtual, para poder aprobar las transferencias electrónicas. Los días autorizados para
realizar esta clase de transferencias electrónicas son de lunes a viernes 8:00 am a
4.00 pm. El equipo que se utiliza para este proceso es un CPU Intel Core I5 2310
Socket 1155.2.9 GHZ, Tarjeta Madre MSI H61M-921, memoria DIM 4GB DDR3 1333,
Disco duro Hitachi Coolspin 3.5 in 25 4M. El disco duro del equipo de(sic) aporto a la
fiscalía para que realizarán las investigaciones pertinentes. Asimismo en la denuncia
se solicitó a la fisalía que se designar (sic) perito experto en informática para que
realizara las experticias técnicas necesarias el equipo de cómputo desde el cual se
manejan las cuentas bancarias de la alcaldía […]”.

124.Mediante el oficio SH-SH-0078-16 de 27 de septiembre de 201657 se evidenció
que el municipio solicitó a La Previsora S.A. la afectación de la póliza contratada por
la entidad territorial, con el propósito de recuperar el dinero sustraído. Reiterado por
medio del oficio DA-AM-0969-16 de 9 de noviembre de 201658.

125.El oficio DA-AM-0970-16 de 9 de noviembre de 2016 acreditó que el alcalde
informó a la Contraloría Departamental del Caquetá sobre los hechos y sobre la
respuesta emitida por el Banco Popular S.A. mediante la comunicación núm. 980-
526-201659.

126.Las conciliaciones y los extractos bancarios correspondientes a los meses de
junio a noviembre de 201660.

127.El oficio SH-SH-0030-18 de 15 de mayo de 2018 acreditó que el municipio
presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia una queja contra el
Banco Popular S.A. por la sustracción de $36.162.000 de la cuenta corriente núm.
11062002238461.

128.Mediante el oficio núm. 188201242-519 de 21 de mayo de 201862 acreditó que
la DIAN informó inicialmente que, después de revisar los aplicativos SIPAC y Cuenta
Corriente, no encontró recibos de pago de impuestos efectuados por el municipio
durante 2016 por la suma de $36.162.000, ni valores en exceso por ese monto.

57
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 63 y siguientes.
58
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 62.
59
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 64.
60
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado:
“27AnexoContCartagena.pdf” página 110 a 124.
61
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 17.
62
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “01CPPppal1.pdf”
página 31.

28

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

129.La respuesta núm. 868-000153-2018 de 29 de mayo de 201863 demostró que
el Banco Popular S.A. se pronunció nuevamente con ocasión del trámite dado por
la Superintendencia Financiera de Colombia frente a la queja presentada por el
municipio en los siguientes términos:

“[…]

[…]”.

130.El oficio núm. 128201272-1426 de 27 de septiembre de 202464 acreditó que,
durante la etapa probatoria, la DIAN efectuó una nueva consulta en sus aplicativos
y encontró información asociada al recibo de pago núm. 4907141671689,
correspondiente a la sociedad ISR por la Conservación S.A.S., identificada con NIT
900669249-3. Se estableció que el pago fue efectuado el 14 de septiembre de 2016
a las 10:25:42 a. m., por medio del Banco Popular S.A., mediante el botón PSE y
por valor de $36.162.000.

131. El oficio núm. 128201272-1489 de 4 de octubre de 202465 corroboró la
información relativa al recibo de pago, la fecha, la hora, el valor, la entidad bancaria
y el tercero cuya obligación tributaria fue satisfecha con los recursos debitados de
la cuenta municipal.

132.El oficio núm. 2024-CE1232795-0000-01 de 7 de octubre de 202466 acreditó
que La Previsora S.A. objetó por prescripción ordinaria la reclamación formulada
por el municipio, con fundamento en los artículos 1077 y 1081 Decreto 410 de 27
de marzo de 197167.

133.El Banco Popular S.A. mediante oficio de 1.º de septiembre de 202568 informó
que dando cumplimiento a lo ordenado “[…] en el numeral 2.2. del punto tercero de
la parte resolutiva de la sentencia proferida en el presente proceso, me permito
informar que el 22 de agosto del año en curso el Banco Popular realizó el depósito
judicial del valor de la condena que le fuere impuesta, tal como se acredita con el

63
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “03CPppal3.pdf”
página 129.
64
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado: “71RtaDian.pdf”
página 4.
65
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado:
“75RespuestaDian.pdf”.
66
Índice 163 expediente digital de primera instancia, en el enlace de One drive, documento denominado:
“76RespuestaPrevisora.pdf”.
67
"[…] Por el cual se expide el Código de Comercio […]".
68
Índice 162 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “123_MemorialWeb_Otro-
INFORMECUMPLIMIENTO(.pdf) NroActua 162”.

29

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

comprobante de depósitos judiciales expedido por el Banco Agrario, que en copia
anexo al presente […]”.

Como puede apreciarse los registros del canal E-Popular Empresarial Internet
134.
BBS, del sistema Digipass y de PSE señalan que el 14 de septiembre de 2016 el
usuario “bpsandraf” realizó 3 pagos electrónicos, en la dirección IP dinámica del
municipio con una clave OTP generada mediante el token asignado.

135.La testigo Sandra Mylena Flórez Ulcué explicó que el 14 de septiembre de 2016
intentó ingresar al portal del Banco Popular S.A. para efectuar pagos
correspondientes a compromisos del municipio, pero que no pudo hacerlo porque
aparecía el mensaje “[…] su sesión ha terminado […]”.

136.También se demostró que el señor Jonathan Cote, funcionario del área de
seguridad de la entidad financiera, le solicitó ese día vía telefónica que confirmará
las 3 operaciones, momento en el que la entonces funcionaria negó los pagos,
informó que no podía ingresar al portal y solicitó el bloqueo de las cuentas.

137. A las 10:57 a. m. de ese día un supervisor administrativo del Banco Popular S.A.
solicitó a ACH Colombia la reversión de las operaciones y las identificó como
fraudulentas.

138.Al día siguiente, el municipio presentó reclamación ante el Banco Popular S.A.
y posteriormente acudió a la Fiscalía General de la Nación, a La Previsora S.A., a
los organismos de control, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la
DIAN con el propósito de esclarecer los hechos y recuperar los recursos.

139.También se probó que las operaciones por $47.448.000 y $41.577.000 se
corrigieron, mientras que la operación por $36.162.000 no pudo ser revertida.

En este contexto probatorio, la Sala considera que independientemente del
140.
cumplimiento de los topes operacionales y del uso del token, el Banco Popular S.A.
consideró necesario comunicarse con la persona autorizada quien desconoció ese
pago.

141.En la sentencia de 14 de abril de 202369 esta Sección sostuvo que, una vez la
entidad financiera advierte una operación que requiere verificación y el cliente la
desconoce, corresponde adoptar las medidas necesarias para proteger la totalidad
de los recursos involucrados. Por lo tanto, la utilización de un usuario, una clave, un
token o una determinada dirección IP no constituye, por sí sola, una causa extraña
que exonere de responsabilidad a la entidad financiera.

142. Precisamente, el fraude electrónico encuadra en el supuesto en que un tercero
utiliza los mecanismos dispuestos para autenticar al cliente sin que este conozca o
autorice esa operación.

69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 18001-23-31-000-2019-
00157-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

30

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

Ahora bien, la Sala no desconoce que, mediante oficio de 6 de abril de 2015 el
143.
municipio informó al Banco Popular S.A. que utilizaría una dirección IP dinámica y
manifestó asumir la responsabilidad derivada de no implementar una IP fija.

144.Sin embargo, en el plenario no se acreditó que la señora Sandra Mylena Flórez
Ulcué suministrara sus credenciales a terceros, informara sus claves, o permitiera
a otra persona el uso token. Por el contrario, la testigo: i) negó las transacciones en
la misma comunicación telefónica en que el banco solicitó su confirmación; ii)
declaró que no compartió esas claves; y iii) explicó que ese día no pudo acceder
normalmente al portal electrónico.

145.En todo caso esta autoridad judicial observa que el oficio núm. 2024-
CE1232795-0000-01 de 7 de octubre de 2024 en el que la aseguradora objetó la
reclamación por prescripción ordinaria con fundamento en los artículos 1077 y 1081
del Decreto 410 de 1971, no expone quién es el autor de las transacciones ni
acredita la negligencia del municipio en el manejo de sus mecanismos de acceso.

146.En ese orden de ideas, no se demostró que la utilización de una IP dinámica
sea la causa determinante de las operaciones fraudulentas cuestionadas, ni que el
municipio de Cartagena del Chairá efectuara una conducta que pueda calificarse
como causa exclusiva de la pérdida de los $36.162.000.

En la misma línea, tampoco prospera el argumento según el cual el Banco
147.
Popular S.A. no podía recuperar los dineros porque ingresaron al patrimonio de la
DIAN y adquirieron la condición de recursos públicos.

148.La Sala observa que, aun si se admitiera que el banco no podía reversar
directamente la operación, ello no la eximía de desplegar una actuación diligente,
eficaz y suficiente encaminada a obtener la recuperación de los dineros transferidos
fraudulentamente.

149.El Banco Popular S.A. acreditó haber solicitado a la DIAN el bloqueo o retención
de los recursos. Sin embargo, no demostró haber agotado de manera efectiva los
mecanismos administrativos, judiciales o interinstitucionales razonablemente
disponibles para lograr su restitución, ni haber realizado un seguimiento suficiente
y oportuno a dicha gestión.

150.En esas condiciones, ese hecho no constituye una causa que excluya la
responsabilidad del Banco Popular S.A., pues la responsabilidad de la entidad
bancaria no se funda exclusivamente en la falta de reversión de la operación, sino
en la ausencia de una actuación eficiente y eficaz orientada a lograr la recuperación
integral de los recursos públicos que custodiaba.

151.Por lo tanto, no se demostró que el municipio fuese coparticipe de la vulneración
del derecho colectivo amparado ni prosperan las excepciones de culpa exclusiva
del municipio y ausencia de responsabilidad propuestas por el Banco Popular S.A.

31

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

V.2.3. La solicitud de vinculación del tercero beneficiario de los recursos y la DIAN en el
restablecimiento del derecho colectivo

152.El Banco Popular S.A. sostuvo que la sociedad ISR por la Conservación S.A.S.
debió participar en el proceso, pues los dineros debitados de la cuenta del municipio
se utilizaron para el pago de una obligación tributaria.

153.Dicho beneficio patrimonial podía constituir un enriquecimiento sin causa que la
haría responsable de la eventual restitución de los recursos.

154. Frente al planteamiento la Sala destaca que el artículo 18 de la Ley 472 de 1998
atribuye al juez de primera instancia la facultad de incorporar al extremo pasivo del
proceso a otros posibles responsables de la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos, aun cuando no hayan sido individualizados en la demanda.

155.Esta potestad tiene como finalidad garantizar la efectividad de la decisión
judicial y el respeto del debido proceso de quienes pudieron participar en la
conducta que se examina. No obstante, dada la naturaleza difusa de los derechos
colectivos, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han precisado
que el ejercicio de esta facultad no es ilimitado y debe realizarse dentro de los
márgenes que permitan preservar la eficacia del proceso judicial.

156. Esta Sección, en sentencia de 16 de diciembre de 202270, explicó que cuando
el juez popular omite vincular de oficio a un litisconsorte necesario por pasiva, el
proceso puede quedar incurso en la causal de nulidad saneable prevista en el
numeral 8 del artículo 13371 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201272. No obstante,
si los sujetos no vinculados corresponden a litisconsortes facultativos o cuasi
necesarios73, dicha omisión no afecta la validez del proceso judicial ni impide la
adopción de una decisión de fondo.

157.El legislador también estableció una carga procesal en cabeza de los posibles
beneficiarios o afectados, quienes deben manifestar oportunamente su interés en
intervenir dentro del proceso74. De igual forma, el juez puede vincular a otras

70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación 76001-23-33-000-2017-01795-01,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
71
“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena”.
72
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
73
Los artículos 60, 61 y 62 del Código General del Proceso definen los conceptos de litisconsorcio necesario, facultativo y
cuasinecesario. En contraste, El litisconsorcio necesario surge en aquellos asuntos en los que la decisión debe ser uniforme
para todos los sujetos de la relación sustancial, de manera que sin la participación de todos no puede dictarse sentencia
válida. El litisconsorcio facultativo se configura cuando varias personas litigan en conjunto por conveniencia procesal, pero
cada una mantiene independencia frente a la contraparte, pues sus actuaciones no favorecen ni perjudican a los demás, de
modo que el juez los considera como litigantes separados dentro de una misma causa. Por su parte, el litisconsorcio
cuasinecesario constituye una categoría intermedia para los sujetos que, sin ser indispensables desde el inicio, tienen un
interés jurídico directo en los efectos de la sentencia, razón por la cual pueden intervenir en el proceso con las mismas
facultades de la parte a la que se adhieren.
74
Para garantizar el ejercicio de esta facultad de intervención, el artículo 20 ibidem prevé un mecanismo especial de
publicidad, mediante el cual el juez informa el contenido del auto admisorio de la demanda a los miembros de la comunidad
a través de un medio masivo de comunicación, con el propósito de permitir que las personas interesadas comparezcan al
proceso. Este instrumento procesal reconoce que las decisiones adoptadas en las acciones populares producen efectos
generales sobre la colectividad, por lo que habilita a quienes tengan interés en las resultas del proceso para intervenir
voluntariamente.

32

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

entidades o particulares presuntamente responsables, pero dicha actuación debe
realizarse dentro de un término perentorio que culmina con la expedición de la
sentencia de primera instancia, según lo previsto en el citado artículo 18 de la Ley
472 de 1998.

158.En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-646 de 2003,
explicó que la comparecencia de litisconsortes meramente voluntarios no
condiciona la validez del proceso en las acciones populares, pues exigir su
participación obligatoria prolongaría indefinidamente los litigios y comprometería la
efectividad de los derechos colectivos y el acceso a la administración de justicia.

159.En el presente asunto, la controversia se concentra en establecer si el Banco
Popular S.A., en su condición de entidad encargada de la custodia y administración
de los recursos depositados en la cuenta del municipio, incurrió en una acción u
omisión que permitió la realización de operaciones electrónicas no autorizadas.

160.Por lo tanto, la eventual actuación del beneficiario del pago no constituye
presupuesto para establecer si el Banco Popular S.A. acreditó una causa extraña
que lo exonere de responsabilidad.

Para que el tercero adquiera la condición de litisconsorte necesario, debe
161.
demostrarse que la problemática jurídica no puede resolverse sin su
comparecencia.

162.Sin embargo, en el presente caso los recursos ingresaron al patrimonio de la
DIAN, por lo que su comparecencia era el único presupuesto necesario para
resolver el litigio y adelantar las actuaciones necesarias a efectos de obtener la
devolución de los recursos mediante los mecanismos administrativos o judiciales
correspondientes, con observancia de las garantías de defensa y contradicción.

163.Dicha entidad, en un principio informó mediante oficio núm. 188201242-519 de
21 de mayo de 2018 que, después de consultar sus aplicativos, no había encontrado
pagos de impuestos efectuados por el municipio durante 2016 por la suma de
$36.162.000.

164.Aun así, posteriormente identificó mediante oficio núm. 128201272-1426 de 27
de septiembre de 2024 y 128201272-1489 de 4 de octubre de 2024, información
asociada al recibo de pago núm. 4907141671689, correspondiente a la sociedad
ISR por la Conservación S.A.S., identificada con NIT 900669249-3.

165. En esa medida, aunque la DIAN no intervino en la generación de la transferencia
electrónica, su intervención resultaba necesaria para lograr el restablecimiento
efectivo del patrimonio público afectado, lo que no ocurre respecto de la sociedad
ISR por la Conservación S.A.S., al no ser la titular de la cuenta donde ingresaron
los recursos del municipio con ocasión de la operación fraudulenta.

166. Por lo tanto, el cargo aquí estudiado no prospera.

33

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

V.2.4. La competencia del a quo

167. La sociedad apelante adujo que:

“[…] En el numeral II del fallo recurrido al referirse a las consideraciones, en cuanto
a la competencia de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá para dictar sentencia en esta acción Popular, surge la duda, teniendo en
cuenta la temporalidad asignada a ese órgano, en el parágrafo del artículo 16 de la
Ley 472 de 1.998, condicionada a la creación de Juzgados Administrativos […]”.

168. Frente a dicho reparo, cabe precisar que el parágrafo invocado por el apelante
correspondía a una regla transitoria aplicable mientras entraban en funcionamiento
los juzgados administrativos y, en consecuencia, no es la norma procesal que fijó la
distribución de competencias ejercida por el Tribunal Administrativo del Caquetá75,
tal y como se explicó en el acápite V.1. de esta providencia.

169. Por ende, no tiene vocación de prosperidad el argumento de apelación.

V.2.5. La pertinencia de las órdenes de amparo

170.Para determinar si es necesario modificar las instrucciones judiciales para que
respondan a la realidad fáctica y jurídica acreditada en el plenario, la Sala recuerda
que, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472, la sentencia que resuelve
una acción popular debe establecer órdenes precisas, y un término prudencial de
cumplimiento.

171.Esta Sección en la sentencia de 20 de noviembre de 202076 explicó que las
órdenes judiciales deben respetar las competencias de las entidades condenadas,
así como los deberes de los particulares que integren el extremo pasivo. Sin
embargo, el juez podrá promover la colaboración armónica de otras autoridades en
el cumplimiento del fallo, si estas cuentan con funciones conexas o afines al amparo
del derecho conculcado o amenazado, para lo cual, incluso, podrá utilizar el
mecanismo del exhorto.

172.También señaló que el propósito de las órdenes (de hacer y de no hacer) es el
restablecimiento de los derechos colectivos y, de ser posible, la restitución de las
cosas al estado anterior de la vulneración probada. Aunado a ello, cuando se
acredite el daño a los recursos naturales, el objeto de la medida será la restauración
del área afectada.

173.Como puede apreciarse el juez popular cuenta con el deber de establecer las
órdenes pertinentes y adecuadas, que involucren a las entidades competentes, con
el objeto de superar la vulneración o amenaza que se pretende proteger.

75
De conformidad con el artículo 152, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal Administrativo del Caquetá es
competente, toda vez que la acción popular fue promovida, entre otras, contra la Superintendencia Financiera de Colombia y
posteriormente se vinculó a la DIAN, entidades públicas del orden nacional.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación núm. 63001-23-33-000-2019-
00024-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

34

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

En la sentencia de 3 de julio de 2025, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
174.
Administrativo del Caquetá resolvió:

“[…] SEGUNDO, (sic) DECLARAR la responsabilidad del BANCO POPULAR, en la
vulneración del derecho colectivo consagrado en el literal e) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, conforme las consideraciones expuestas.

TERCERO: ORDENAR como medida de protección al derecho colectivo enunciado
en el numeral anterior, la siguiente:

2.1 (sic) Se ordena al BANCO POPULAR, que restituya en el término máximo de un
(1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia al Municipio de
Cartagena del Chairá, la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta
y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y un centavos
($58.644.244,71), la cual devengará intereses moratorios a una tasa equivalente al
DTF una vez vencido el término de los 30 días que se conceden para hacer efectivo
el pago, hasta por diez meses siguientes y luego se causará el interés moratorio a la
tasa comercial conforme el artículo 195 del CPACA.

2.2 (sic) Se ordena al BANCO POPULAR, que, transcurridos 40 días desde la
notificación del fallo, rinda un informe a esta Corporación, sobre el cumplimiento de
este.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda frente a las entidades
Superintendencia Financiera de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN-, de conformidad con las consideraciones expuestas. […]” (negrilla
del texto).

175.En este contexto, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los
acápites V.2.2 y V.2.3 de esta providencia, la Sala modificará los ordinales segundo,
tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, con el
propósito de lograr el restablecimiento integral del derecho colectivo a la defensa
del patrimonio público.

176.En el plenario se demostró que el Banco Popular S.A. vulneró dicho derecho
colectivo al no lograr la recuperación integral y oportuna de los recursos públicos
transferidos fraudulentamente desde la cuenta del municipio de Cartagena del
Chairá, razón por la cual deberá mantener la obligación de restituir los valores que
no fueron recuperados. Además, obra en el expediente constancia de que la entidad
financiera efectuó el depósito judicial destinado al cumplimiento de la condena
impuesta en primera instancia.

177. Sin embargo, se advierte que la DIAN, aunque no intervino en la ejecución de
la operación electrónica irregular, adquirió una posición relevante para la protección
y recuperación del patrimonio público una vez estableció en el año 2024 que los
recursos del municipio en principio se utilizaron para cancelar una obligación
tributaria a su favor.

178. Por lo tanto, la Sala considera que esa entidad vulneró el referido derecho
colectivo pues no ha adelantado las actuaciones administrativas necesarias para
verificar si esos recursos coinciden o no con los dineros debitados fraudulentamente
de la cuenta del municipio y, de ser así, promover las actuaciones tendientes a su

35

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

restitución al banco para que este adelantara las acciones respectivas, con
observancia del debido proceso y de las garantías de defensa y contradicción de
los eventuales afectados.

179.Dicha omisión impidió esclarecer oportunamente el destino definitivo de los
recursos y adoptar medidas encaminadas a su eventual recuperación.

180.En consecuencia, se mantendrá la orden impartida al Banco Popular S.A. de
restituir al municipio los recursos cuya recuperación no fue obtenida oportunamente
y, adicionalmente, se ordenará a la DIAN adelantar las actuaciones administrativas
y, de ser necesario, judiciales encaminadas a establecer si los recursos aplicados a
la obligación tributaria identificada corresponden o no a los dineros sustraídos de la
cuenta del municipio y, de ser procedente, obtener su restitución al Banco Popular
S.A. en la medida en que la entidad financiera allegó al plenario la constancia del
depósito judicial existente a favor del municipio.

181.Adicionalmente, se pone de presente que, según el artículo 34 de la Ley 472, el
juez podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia
en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de
velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.

182. Esta Sección ha sostenido que “[…] es el Magistrado que adelantó la
sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de
la misma […] quien debía presidirlo […]”77; función que no puede ser delegada o
atribuida a las partes, intervinientes o al Ministerio Público78.

183.Por lo tanto, se adicionará el ordinal noveno a la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia a efectos de integrar el comité de verificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de esta
Corporación.

184.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201279, y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201980, no se condenará
en costas en segunda instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de junio de 2019, radicación número:
520012333000-2018-00361-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024, radicación
número: 6300123330002020-00407-01 (AP), C.P. Oswaldo Giraldo López
79
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
80
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, sentencia de Unificación de 6
de agosto de 2019, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P: Rocío Araújo Oñate.

36

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 3 de julio de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, los cuales quedarán así:

“[…] SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad del Banco Popular S.A. y de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en la vulneración del
derecho colectivo consagrado en el literal e) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998,
conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR como medidas de protección al derecho colectivo enunciado
en el numeral anterior, las siguientes:

3.1. ORDENAR al Banco Popular S.A. que restituya al municipio de Cartagena del
Chairá, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, la suma de
cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y
cuatro pesos con setenta y un centavos ($58.644.244,71), la cual devengará intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF una vez vencido el término de los treinta
(30) días que se conceden para hacer efectivo el pago, hasta por diez (10) meses
siguientes y luego se causará el interés moratorio a la tasa comercial conforme el
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. ORDENAR al Banco Popular S.A. que, transcurridos cuarenta (40) días desde
la ejecutoria de esta providencia, rinda informe al tribunal de primera instancia sobre
el cumplimiento de la orden anterior.

3.3. ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, dentro de
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, adelante las
actuaciones administrativas a que haya lugar para establecer si el pago aplicado a
obligaciones tributarias de la sociedad ISR por la Conservación S.A.S. corresponde a
los recursos debitados de la cuenta del municipio de Cartagena del Chairá el 14 de
septiembre de 2016 y, en caso afirmativo, adopte las medidas administrativas y
judiciales procedentes para obtener su restitución al Banco Popular S.A., previa
observancia del debido proceso y de las garantías de defensa y contradicción de los
terceros involucrados. Ello sin perjuicio de la obligación de restitución impuesta al
Banco Popular S.A. en el ordinal 3.1. de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda frente a la Superintendencia
Financiera de Colombia. […]”.

SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal noveno a la sentencia proferida el 3 de julio de
2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, el
cual quedará así:

“[…] NOVENO: ORDENAR la conformación del comité de verificación de
cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador
del tribunal de primera instancia, quien lo presidirá; la Procuraduría 71 Judicial I
Administrativo de Florencia; un representante y/o delegado del Banco Popular S.A.;
un representante y/o delegado del municipio de Cartagena del Chairá y un
representante y/o delegado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales […]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 3 de julio de 2025
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.

37

Radicación núm. 18001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I Administrativa de Florencia

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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