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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2017-01795-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2017-01795-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECHAZAR de plano y por improcedente la petición de 1° de diciembre de 2022 elevada por el representante legal de Fundacolectivos. SEGUNDO: NEGAR la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario por pasiva propuesta por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, por el Municipio de Dagua y por el Departamento del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: RECONOCER al ciudadano Juan Carlos Echeverry Narváez como demandante en esta acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REVOCAR los numerales 3° y 6° de la sentencia de 28 de agosto de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: MODIFICAR los numerales 2°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 15 de la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: […] 2°. ORDENAR, en un horizonte de 10 años, el desarrollo de todas las acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales, requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio de alcantarillado en el Corregimiento El Queremal del municipio de Dagua. Para tal efecto, el Municipio de Dagua, con el apoyo, asesoría y colaboración del Departamento del Valle del Cauca, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la CVC, y respetando el alcance de las competencias legales y reglamentarias de esas entidades, adelantará las siguientes acciones: 2.1. En el término improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, el municipio actualizará el Plan de Acción del PMSV del Corregimiento El Queremal, con miras a establecer un orden actual de prioridades respecto del sistema de tratamiento de las aguas residuales y de la red de alcantarillado de dicho corregimiento. 2.2. Teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Decreto 1898 de 2016 sobre los esquemas diferenciales para la prestación del servicio de alcantarillado en zonas rurales, el municipio adoptará un plan de gestión para la prestación del servicio de alcantarillado de dicho corregimiento. Las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2017-01795-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

16 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos –Fundacolectivos
(en liquidación) y Juan Carlos Echeverry Narváez
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-, Departamento del Valle del Cauca y
Municipio de Dagua
Derechos colectivos: Goce de un ambiente sano; existencia del equilibrio ecológico y desarrollo
sostenible; goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes
de uso público; defensa del patrimonio público; salubridad pública; acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; prevención de desastres previsibles técnicamente; realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes
Tema: Planificación del servicio público de alcantarillado. Declaratoria de
elementos de la naturaleza como sujetos de derechos. Áreas protegidas y
reservas forestales.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT, por la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca - CVC, por el Municipio de Dagua y por el Departamento del
Valle del Cauca en contra de la sentencia de 28 de agosto de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Juan Carlos Echeverry Narváez, obrando en su propio nombre y
actuando como representante legal de la Fundación para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos - Fundacolectivos, presentó demanda1 en
ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, en contra del Municipio

1 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 76001233300020170179501

Fundacolectivos contra Municipio de Dagua y otros. Registro N.° 3: “Actuación: EXPEDINTE DIGITAL”,
“Anotación: 7_ED_CUAD 1 201701795.pdf(.pdf ) NroActua 3”.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=76001-23-33-000-2017-
01795-011100103. Folios 190 y ss. del documento denominado “107_ED_CUAD 1 201701795.pdf(.pdf )
NroActua 3”, del expediente digital de la referencia. Demanda presentada el 8 de noviembre de 2017 (folio 234).

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

de Dagua y de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC,
con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales a), c), d), e), f), g), h), j), l) y m) del artículo 4° de la Ley 4722, presuntamente
vulnerados por la falta de «vigilancia, control, monitoreo, protección, recuperación,
restablecimiento, ordenación y mantenimiento del área de especial importancia
ecológica asociada a la microcuenca hidrográfica del río San Juan».

2. Las siguientes fueron las pretensiones de la demanda:

[…] PRIMERA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA – “CVC”, y a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término
máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia,
adelanten coordinadamente todos los proyectos, estudios técnicos y diligencias
administrativas, financieras y presupuestales que sean necesarias, para que se
puedan reforestar y/o adquirir los terrenos de propiedad de particulares que
actualmente estén destinados de manera exclusiva a ganadería extensiva o agro
cultivos, y que hacen parte integral del bosque denso de niebla de la micro cuenca
hidrográfica del rio san juan; periódicamente, en un plazo de tiempo razonable y a
fin de que la problemática ambiental no permanezca sin solución indefinidamente.
Además, teniendo en cuenta, que de conformidad con la ley 99 de 1993, es de
utilidad pública e Interés social, la adquisición por negociación directa o por
expropiación, de bienes de propiedad privada que sean necesarios para garantizar
la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales.

SEGUNDA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA — “CVC”, que en el término máximo de seis (6) meses,
contados a partir de la notificación de la sentencia, adelante todos los proyectos,
estudios técnicos y diligencias administrativas, financieras y presupuestales que
sean necesarias, para garantizar la conservación y protección de todas las
especies animales y vegetales que habitan actualmente esta área de vital
importancia ecológica. Especialmente y por estar en inminente peligro de extinción,
lo referente a la especie vegetal “Covenchiae Quereme”, familia de las “ericáceas”
(flor del Quereme), el ave paseriforme “Rupicola peruviana”, de la familia
“Cotingidae”, el pequeño mamífero “Nasua narica” (Coatí o Cuzumbo) y el “Oso de
Anteojos”: Y las especies maderables endémicas como lo son; los robles (Quercus
humboldtin, el (encenillo) (Weismannía sp), el sietecueros (Tibouchina grossa) y el
pina romero (Podocarpus rospigliosif).

TERCERA: ORDENAR a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, adelante, todos
los proyectos, estudios técnicos y diligencias administrativas, financieras y
presupuestales que sean necesarias, para el total amueblamiento y
embellecimiento del río san Juan con canecas de basura, malecones, senderos
ecológicos, barandas de aislamiento, censo y demarcación de especies arbóreas,
baños públicos, cámaras de vigilancia y señales educativas e informativas; en
charcos muy específicos del río san juan como las “Burbujas”, “El Puente Chino”,
“El Diablo”, la “J" y el “Sinaí”; garantizando la permanente y continua prestación a
los miles de turistas y habitantes, de los servicios esenciales de policía ambiental,

2 Es decir, los derechos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y desarrollo

sostenible, al espacio público, a la defensa del patrimonio público, a la salubridad pública, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, a la prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos que respeten las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

defensa civil, guardabosques, salva vidas; barrenderos y/o recolectores de
basuras, todos los fines de semana y días festivos.

CUARTA: ORDENAR a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, adelante todas
las diligencias administrativas y policivas que sean, necesarias, para garantizar la
permanente vigilancia, control, monitoreo y sanción, a todos quienes en la
actualidad estén dividiendo lotes y construyendo viviendas de veraneo en el
Corregimiento del “Queremal” sin permisos y sin el cumplimiento de todas las
normas legales de planeación municipal.

QUINTA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA - “CVC”, y a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, adelanten
coordinadamente, todos los operativos y las diligencias administrativas, financieras
y presupuestales que sean necesarias, para garantizar la permanente vigilancia,
control, monitoreo y sanción, a quienes deforestan, queman, cazan y comercializan
las especies vegetales y animales endémicas de la cuenca hidrográfica del Rio
San Juan; y a quienes estén cerrando y cobrando la utilización recreacional del rio
a habitantes, visitantes y turistas.

SEXTA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIDNAL DEL VALLE
DEL CAUCA — “CVC”, y a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término máximo
de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, adelanten
coordinadamente, todas las diligencias administrativas, técnicas, financieras y/o
presupuestales que sean necesarias, para que se garantice dotar a la zona urbana
del corregimiento del “Queremal” y su margen derecha con el rio San juan, de un
completo alcantarillado y sus respectivos colectores con Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales “Ptar”, de conformidad con el Plan de Saneamiento de
Manejo de Vertimientos - "Psmv”, que realizó la corporación autónoma regional del
valle del cauca “C.V.C.”

Teniendo especialmente en cuenta al ejecutar el Plan de Saneamiento de Manejo
de Vertimientos - “Psmv”, para el corregimiento del “Queremal”, que es necesario
dotar de plantas de tratamiento de aguas residuales al río “San Juan” y las
quebradas los "Bosquecitos” y “Las Delicias”, pues todos estos afluentes de agua
están siendo afectados desde hace años y permanentemente, por las aguas
residuales domésticas, agro industriales, hoteleras y comerciales que producen
diariamente los habitantes, turistas, comerciantes, ganaderos y agricultores del
corregimiento.

SEPTIMA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA “CVC”, que en el término máximo de un (6) meses, contados a partir
de la notificación de la sentencia, adelante un completo estudio técnico ambiental
de la “Micro Cuenca Hidrográfica del Río San Juan”, en donde se determine su
estado actual de deterioro ambiental y las actuaciones que se deben adelantar
hacia el futuro para garantizar su completo monitoreo, reforestación, conservación
y protección.

OCTAVA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA “CVC”, y a la ALCALDIA DE DAGUA, que en el término máximo de
seis (6) meses, posteriores a la realización precitado estudio ambiental, adelanten
coordinadamente, todas las gestiones administrativas, técnicas, financieras y
presupuestales que sean necesarias para garantizar la reforestación,
conservación, protección y/o adquisición total de los terrenos de particulares que
estén exclusivamente destinados a ganadería extensiva o agro cultivos en la “Micro

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Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

Cuenca Hidrográfica del Río San Juan”, según las recomendaciones dadas en el
informe técnico ambiental antes solicitado.

NOVENA: En caso de oposición, condenar a los demandados al pago de costas y
agencias en derecho. […]

3. Como fundamento de la acción popular, el demandante manifestó que la
«Cuenca Hidrográfica Río San Juan» se encuentra gravemente afectada por: (i) el
deterioro del paisaje; (ii) la tala excesiva de los bosques de niebla; (iii) el deslave de
sus laderas; (iv) la constante e irreparable pérdida de los ecosistemas y la
biodiversidad (fauna y flora); (iv) la invasión de algunas zonas de protección
ecológica; (v) la construcción ilegal de asentamientos humanos en zonas urbanas y
rurales; (vi) la ganadería extensiva; (vii) la deficiente prestación del servicio de
alcantarillado, y (viii) la grave contaminación de las aguas del Río San Juan por
vertimientos.

4.Afirmó que la Alcaldía Municipal de Dagua y la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca no están cumpliendo sus funciones de vigilancia, control,
monitoreo, protección, recuperación, restablecimiento y ordenación territorial.

5. Explicó que la flora y fauna del sector se encuentra bajo amenaza por la cacería
furtiva «que afecta directamente las aves endémicas y algunos mamíferos
pequeños como la "Guagua", el "Armadillo" y las "Chuchas"; y la extracción de
material vegetal que impacta directamente las especies maderables como el
"Roble", el "Siete Cueros" y el "Pino Romero"».

6.Consideró que «la cuenca hace parte integral de dos figuras legales de
"Conservación Ambiental", la primera como parte del "Parque Nacional Natural los
Farallones de Cali", creado bajo el Decreto 092 de 1968 (…); y la segunda como
parte de la "Zona de Reserva Forestal del Pacifico", creada mediante la ley 2 del
año 1959, para la conservación de los bosques de niebla existentes».

7. Planteó que la «ganadería extensiva» y los «agro cultivos» presentes en la parte
alta de la microcuenca Río San Juan están dañando gravemente el bosque de
niebla que regula y garantiza el suministro de agua potable para todos los habitantes
del corregimiento del Queremal y las veredas el Tigre y Sendo.

8. Advirtió que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca aprobó un
Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos – PSMV para el corregimiento del
Queremal, conforme al cual la administración municipal de Dagua debía construir
dos plantas de tratamiento independientes y un colector definitivo de (8) ocho
pulgadas. Sin embargo, manifestó que el municipio no ha desarrollado tales obras,
a lo que agregó que el sector urbano tampoco cuenta con un sistema de
alcantarillado completo.

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Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
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9. En su criterio, no existe el amueblamiento necesario para controlar los daños
generados por el turismo masivo en el río San Juan, pues las riberas del mismo son
utilizadas para realizar «paseos de olla», y con ello se causa deforestación al
bosque, daño irreversible a la biodiversidad y grave contaminación al «Área Forestal
Protectora» del río San Juan. Agregó que esas actividades de turismo se realizan
todos los fines de semana en los sectores del río San Juan denominados «las
Burbujas», «El Puente Chino», «El Diablo», «la J» y «el Sinaí».

10. Indicó que, en la actualidad, se tolera la invasión, cerramiento, deforestación y
construcción en la zona hidráulica de los charcos localizados arriba del «Puente
Chino», en donde unos particulares se apoderaron del sector, con el único fin de
restringir su entrada, hacer construcciones y cobrar su utilización.

11. Añadió que se presentan prácticas inadecuadas e incontroladas de
fragmentación de predios para realizar parcelaciones de vivienda, sin contar con
una correcta planificación de la demanda de servicios públicos y sin tener en la
cuenta las capacidades de los ya existentes (energía, basuras, acueducto y
alcantarillado), y adujo que esta situación aumenta la demanda de bienes y servicios
ambientales de la cuenca hidrográfica del río San Juan, favorece la desaparición de
bosque, aumenta el peligro de extinción de especies endémicas y agrava la
contaminación del río.

12. Manifestó que: «en el presente caso no se trata de solicitar que se ordene tomar
medidas presupuestales que desborden la capacidad administrativa y financiera de
las entidades competentes y con jurisdicción en la cuenca hidrográfica del rio san
juan; sino, de invitarlos a que en un solidario pacto de cumplimiento se
comprometan a cumplir con el deber y la obligación legal, de formular
oportunamente los proyectos necesarios para la protección, reforestación y
adquisición de estas áreas de vital importancia ecológica, de que los incorporen
oportunamente a sus Planes de Desarrollo o Acción y de que velen juiciosamente
para que se dispongan las apropiaciones respectivas en sus presupuestos».

I.2. Actuación procesal en primera instancia

13. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 2 de febrero de 20183, admitió la
demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las autoridades
accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o
solicitaran la práctica de las pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio
Público y a la Defensoría del Pueblo. Además, dispuso comunicar la acción de la
referencia a los miembros de la comunidad.

3 Ibid., folios 244 y 245.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
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14. Posteriormente, por auto de 31 de octubre de 20184, el mismo magistrado vinculó
al proceso al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y al Departamento
de Valle del Cauca, en consideración a sus funciones.

I.3. Las contestaciones de la demanda

15. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC-, mediante escrito enviado el 8 de marzo de 20185, solicitó que no se
accediera a ninguno de los pedidos de la demanda en tanto que no se demostró la
ofensa ambiental y sanitaria a los derechos colectivos invocados.

16. Argumentó que dicha entidad ha concedido un caudal de 27.7 l/s respecto del
caudal total de 1408 l/s que transporta el río San Juan antes de su paso por el casco
urbano del corregimiento de El Queremal. Aquel valor corresponde a un 2.74% de
la oferta disponible del río.

17. Precisó que dichas concesiones se otorgaron en favor de dos acueductos. La
primera, mediante la Resolución Nro. 245 del 19 de mayo de 2008, en favor de la
Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del
Corregimiento Queremal (ASUAQ) por una cantidad de 23 l/s. Y, la segunda, a
través de la Resolución Nro. 178 del 18 de abril de 2008, en favor de la Asociación
Acueducto Rural Colectivo Sendo – Tigre, equivalente a 4.7 l/s.

18. En cuanto a las prácticas recreativas señaló que la CVC solo ha otorgado en el
año 2007 una concesión de aguas para uso público a la señora Blanca Onelly Gil
de Farfán, la cual fue traspasada a la Sociedad Agroshefa, a quien se le ofició para
que iniciara el trámite del derecho ambiental denominado ocupación de cauce.

19. Señaló que la literatura sobre especies citada en la demanda corresponde al
territorio del Chocó y no a la microcuenca San Juan. No obstante, la Corporación
ha realizado en el transcurso de los años 2017 y 2018, con actores sociales y con
el Ministerio de Ambiente, diversas visitas de vigilancia y control de los recursos
naturales y la biodiversidad, verificación de denuncias y seguimientos al Plan Básico
de Ordenamiento Territorial, procesos sancionatorios y otras actividades que han
quedado consignadas en los respectivos informes.

20. Destacó que la CVC ha emitido diferentes conceptos ambientales a la
Administración Municipal para la selección de predios de áreas de importancia
estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas a adquirir o favorecer el pago de
servicios ambientales.

21. Mencionó que El Queremal cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV aprobado por la CVC a través de la Resolución Nro. 0100

4 Ibid., folios 515 y ss.
5 Ibid., folios 352 y ss.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

1760-0118 del 19 de febrero de 2015, y que se han hecho los seguimientos
respectivos e incluso ha abierto proceso sancionatorio por incumplimiento al
cronograma de actividades.

22. Agregó que la Corporación ha denunciado ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible las irregularidades del Acuerdo 030 de 2016 en el cual se
incorporaron a suelo urbano 4 predios de este corregimiento, por lo que el Ministerio
inició indagación preliminar.

23. Informó que la CVC, a través del laboratorio ambiental, ha realizado análisis
fisicoquímicos a fuentes hídricas en la zona.

24. Por último, se refirió a algunos de los contenidos de los informes de visita sobre
las áreas de interés en los años 2013, 2017 y 2018.

25. El apoderado judicial del Departamento del Valle del Cauca, mediante escrito
remitido el 29 de noviembre de 20186, solicitó que se denegaran las pretensiones
pues al municipio de Dagua le corresponde garantizar la prestación de los servicios
públicos de forma eficiente, así como la gestión de sus intereses territoriales en
asocio con la CVC, que funge como autoridad ambiental en dicha jurisdicción.

26. Afirmó que el Departamento del Valle del Cauca no ha causado ninguna
afectación de la microcuenca del río San Juan, por lo que no debe ser declarada
responsable en el proceso, sino que se debe acudir a las autoridades ambientales
para la conservación de los recursos naturales.

27. En cuanto al sector de agua potable y saneamiento básico, indicó que, a través
de la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, y en el marco de los planes
departamentales de agua -PAP-PDA- y del Plan General Estratégico y de
Inversiones -PGEI- 2016-2019, aprobado el 2 de marzo de 2016 por el Comité
Directivo, el gobierno departamental del Valle del Cauca, durante el período
correspondiente a los años 2011 – 2016, ejecutó y tuvo en ejecución 10 obras que
permitían incrementar la cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado, así:
• Incremento de cobertura de acueducto urbano: 0.1%
• Incremento de cobertura de acueducto rural: 1.31%
• Incremento de cobertura alcantarillado urbano: 0.75%
• Incremento de alcantarillado rural: 1.89%

28. La población beneficiada con estas obras asciende 56.932

TABLA: PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
Municipio Proyecto Valor total Población % de avance
[…] […] […] […] […]
Dagua Construcción de la planta de $244.762.669 4.626 100%
tratamiento de agua potable y
optimización de la red de conducción

6 Ibid., folios 603 y ss.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

en el centro nucleado del
corregimiento Borrero Ayerbe
[…] […] […] […] […]

29. Indicó que en el marco del PAP-PDA se formuló el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos -PSMV- de Borrero Ayerbe y de El Queremal, que fue aprobado por
la CVC mediante la Resolución 0760-0118 de 19 de febrero de 2015. Así, sostuvo
que el departamento ha cumplido con sus funciones y compromisos, y que al
municipio de Dagua le compete adelantar las estructuras operativas, así como la
prestación de los servicios públicos.

ESTADO DE LOS PSMV VALLE DEL CAUCA FORMULADOS POR VALLECAUCANA DE AGUAS
Municipio No. Corregimiento Formato entrega Estado
[…] […] […] […] […]
31 Corregimiento El Físico y digital Resolución 0760-0118 del
Dagua Queremal 19 de febrero de 2015
32 Corregimiento Borrero Físico y digital APROBADO (Res. trámite)
Ayerbe
[…] […] […] […] […]

30. También informó que, en la lista de priorización de proyectos, la realización de
estudios y diseños «para la optimización de colectores de alcantarillado principales
y PTAR para el corregimiento de El Queremal» y para «el alcantarillado del
corregimiento de cisneros», ocupan los puestos 13 y 14, respectivamente.

31. Agregóque en el PGEI los siguientes proyectos de estudios y diseños se
encuentran en etapa de formulación:

Municipio Proyecto Valor total Población % Valor
avance aprobado
obra
[…] […] […] […] […] […]
47 Dagua Estudios y diseños para la 73.265.553 270 80% 659´389.977
construcción del sistema de
abastecimiento de agua
potable para la vereda La
Garza corregimiento Los
Alpes – municipio de Dagua
[…] […] […] […] […] […]
71 Dagua Estudios y diseños sistema 128.019.013 1.012 100% 610.176.374
de abastecimiento de agua
Alto de Las Tórtolas
corregimiento del Carmen
[…] […] […] […] […] […]

32. No obstante, reconoció que, para la pretensión de la demanda relativa a la
necesidad de construir un sistema de alcantarillado para la zona afectada
ambientalmente, no se cuenta con la presentación formal de proyecto alguno por
parte del municipio de Dagua, a través de la empresa departamental de servicios
públicos, lo cual es un requisito indispensable para darle viabilidad en el contexto
de los PAP-PDA.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

33. Por todo lo anterior, planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva e «innominada».

34. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT,
mediante escrito aportado de forma extemporánea el 3 de diciembre de 20187,
solicitó que se denegaran las pretensiones debido a que esa entidad no es
competente para satisfacerlas y porque tampoco afectó los derechos colectivos
invocados.

35. En primer lugar, el apoderado adujo que el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio no es la autoridad encargada de prestar servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado. Así, precisó que el Ministerio ha actuado conforme a sus
competencias legales y que no tuvo ninguna injerencia en los hechos que dieron
lugar a la demanda, pues no le corresponde garantizar derechos colectivos.
Además, en su concepto, es el municipio quien debe concertar cuáles son los
proyectos que se van a ejecutar en el marco del PAP-PDA con el respectivo gestor
en cada vigencia fiscal.

36. Enseguida informó que, según las leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015, la política
del MVCT consiste en apoyar financieramente proyectos de agua potable y
saneamiento básico que sean priorizados en el marco del «Programa Agua para la
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua» -PAP-PDA- respecto de los
municipios que hagan parte del mismo.

37. De tal modo, conforme a las leyes 1444 de 2011 y 142 de 1994, y al Decreto
3571 de 2011, es obligación del Ministerio, junto con los departamentos, apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos, a los
municipios que hubieren asumido la prestación directa o a las empresas
organizadas con participación de la Nación o de los departamentos, para desarrollar
las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

38. En síntesis, precisó que la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio se enmarca en los convenios interadministrativos celebrados para apoyar
financieramente a las entidades territoriales en la ejecución de sus proyectos de
agua potable y saneamiento básico que acrediten el cumplimiento de las exigencias
legales correspondientes.

39. Sin embargo, habiendo consultado la base de datos del Viceministerio de Aguas
y Saneamiento Predial (SIGEVAS), manifestó que «respecto al municipio de Dagua
[…] no se registran proyectos de alcantarillado y recolectores con plantas de
tratamientos de aguas residuales - PTAR».

40. Agregó que, si bien la evaluación, viabilización y financiación de proyectos se
acompasan con las competencias del Ministerio, la contratación para la construcción

7 Ibid., folios 670 y ss.

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de las obras correspondientes y la consecuente prestación de los servicios recae
sobre los entes territoriales.

41. Por esas razones, el apoderado propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.

42. El Municipio de Dagua optó por guardar silencio en esta etapa procesal.

I.4. La audiencia de pacto de cumplimiento

42. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 28 de
junio de 2018, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la
Ley 472 de 5 de agosto de 1998, en tanto que no asistió la totalidad de las partes
interesadas.

43. Luego de haber integrado el contradictorio, convocó a nueva audiencia de pacto
de cumplimiento celebrada el 17 de enero de 20198, la cual también fue declarada
fallida porque las partes no concordaron con el proyecto de pacto de cumplimiento.

I.5. La sentencia de primera instancia

44. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 28 de
agosto de 20209, amparó los derechos colectivos «al ambiente sano; a la
salubridad pública; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; e incluso al derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; colocando en riesgo la vida y salud […]».

45. Respecto del alcance de la causa petendi, el a quo explicó que «el estudio de
la acción adelantado por el despacho ciertamente rebasó las pretensiones de la
acción en cuanto amplió su rango de estudio territorial; sin embargo, se destaca que
los hechos objeto de verificación y los derechos colectivos analizados son los
mismos a los invocados por la parte actora, razón que permite concluir que se
guarda respeto al principio de congruencia y se da uso en debida forma a las
facultades extra y ultra petita del juez popular».

46. Al respecto, puso de presente que:

[…] Si bien es cierto que las alegaciones de la parte actora fueron dirigidas a la
vulneración de derechos colectivos únicamente del corregimiento El Queremal,
lo cierto es que, conforme a las manifestaciones y pruebas que se recaudaron
a lo largo del trámite procesal, el despacho advirtió hallazgos negativos
importantes sobre contaminación de fuentes hídricas por vertimientos no solo
de los afluentes del río San Juan, sino también del río Dagua, así como

8 Ibid., folios 715 y ss.
9 Ibid., expediente digital documento denominado “0001.2017-01795-00. POPULAR 1RA INST. DAGUA
(Fundacolectivos Vs. Dagua y otros) FINAL”.

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deficiencias del sistema y cobertura de alcantarillado, inexistencia de planta de
tratamiento de aguas residuales e irregularidades en licencias urbanísticas no
solo en El Queremal, sino también en el corregimiento Borrero Ayerbe, -el cual
es el centro poblado más denso del municipio- y en la cabecera municipal de
Dagua. (…)

la verificación de las pruebas del expediente se evidenció que el municipio de
Dagua ha sido zonificado como Reserva Forestal del Pacífico y Reserva
Forestal Protectora Nacional de Anchicayá, circunstancias que imprimen un
deber especial de protección a su suelo, al tiempo que se verificó que las
deficiencias del alcantarillado y la inexistencia del tratamiento de aguas
residuales antes de verterse a las fuentes hídricas comprende también al
corregimiento de Borrero Ayerbe, el cual es el centro poblado más denso del
municipio e incluso en el casco urbano de Dagua; actuaciones que generan un
fuerte impacto negativo de contaminación y aumentan sensiblemente el riesgo
a las condiciones de salubridad de la comunidad. […]

47. A partir de lo anterior, abordó de forma ordenada cada uno de los componentes
del litigio, a partir de los siguientes ejes temáticos:

Recurso hídrico e infraestructura de servicios

48. ElTribunal evidenció que el casco urbano del municipio de Dagua, y los
corregimientos de “Borrero Ayerbe” y “El Queremal” presentan problemas de: (i)
cobertura del sistema de alcantarillado; (ii) descargas sin una adecuada recolección,
evacuación, tratamiento y disposición final de los residuos; (iii) vertimientos a los
ríos San Juan y Dagua y sus afluentes que deterioran la calidad de las aguas, y (iv)
contribución a los problemas de disponibilidad del recurso hídrico e impactos
negativos a la salud pública.

49. En cuanto a los corregimientos de “Borrero Ayerbe” y “El Queremal”, el Tribunal
constató la existencia de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-
que diagnosticaron las deficiencias de los sistemas de alcantarillado, trazando
horizontes de obligaciones que, en todo caso, a la fecha no se han cumplido. Según
el Tribunal, la falta de realización de las reposiciones necesarias ante fallas
eventuales, y el no haber actualizado las redes de unos sistemas antiquísimos y
artesanales, ante el crecimiento exponencial de la población, ha conllevado al
desgaste de los sistemas de alcantarillado existentes.

50. El Tribunal encontró que la cabecera urbana del municipio de Dagua no cuenta
con un diagnóstico sobre la realidad del sistema de alcantarillado, por lo que no
existen planes concretos de acción, siendo necesario identificar las fallas
estructurales puntuales para, después, adelantar las gestiones de reposición y
ampliación que se requieran.

51. El Tribunal también advirtió que en los sectores mencionados no existen Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales para remover las cargas contaminantes y
cumplir con los estándares y objetivos de calidad para los cuerpos de agua

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receptores de los vertimientos, y encontró que no existe una debida disposición de
los residuos.

52. El Tribunal, a efectos de amparar los derechos colectivos involucrados, consideró
adecuado ordenar la ejecución de las obras necesarias y de forma mancomunada
a escala municipal, departamental y nacional para cesar los hechos generadores de
la vulneración haciendo uso de las potestades extra y ultra petita del juez popular,
así como adoptar medidas anticipativas en asocio de los principios ambientales y
constitucionales de precaución y prevención.

53. El Tribunal consideró que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el agua potable y el saneamiento básico
están íntimamente ligados con la posibilidad de garantizar a cada accionante, su
familia y su comunidad condiciones materiales de existencia dignas que implican
tener acceso a condiciones sanitarias para consumir agua sin enfermarse y disponer
higiénicamente las aguas residuales, por lo que la prestación efectiva de los
servicios de acueducto y alcantarillado deben entenderse incluidos dentro de la
garantía efectiva de los derechos fundamentales.

54. Insistió en que las problemáticas de saneamiento son una prioridad para el
Estado, lo que lleva a concluir que las órdenes del fallo, tendientes a garantizar el
acceso al agua limpia y saneamiento básico guardan consonancia y van
estrechamente de la mano con los objetivos del desarrollo del país.

55. Precisó que, atendiendo al Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales –
PMAR, el documento CONPES 3177 de 2002, y los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de la Ley 1450 de
2011, se advierte la necesidad de articulación de estrategias financieras
provenientes de los aportes de la Nación, del Fondo Nacional de Regalías, del
presupuesto de los entes territoriales y de las Corporaciones Autónomas
Regionales, de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones-
SGP, de créditos y de las tarifas cobradas a los usuarios; circunstancias que sirven
de base para ordenar la coordinación interinstitucional para lograr el cierre financiero
de las inversiones necesarias en los sectores afectados del municipio de Dagua.

56. Destacó que las aguas residuales vertidas en el río San Juan y en el río Dagua
generan diariamente cargas contaminantes que alteran la composición físico-
química de las fuentes receptoras y afectan directamente las condiciones del
entorno ecológico. Por ello, consideró imprescindible impartir las siguientes órdenes
de restauración y conservación:

[…] 2. ORDENAR para el CORREGIMIENTO DE EL QUEREMAL en un
horizonte de 12 años, 1) la optimización de la red de alcantarillado para lo cual
es necesario i) formular los estudios y diseños de la red de alcantarillado sanitario
y pluvial y del sistema de tratamiento de las aguas residuales en el corregimiento;
ii) la construcción de las tuberías sanitarias del alcantarillado, la construcción
del alcantarillado, los colectores, canaletas y demás estructuras necesarias para

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suplir las deficiencias del sistema; 2) la puesta en marcha de la construcción de
una PTAR previa adquisición del lote que cumpla las especificaciones para
ello con la respectiva afectación en el PBOT como suelo de protección para
servicios públicos, evaluándose si el ya existente cumple dicha finalidad (predio
donado al municipio mediante escritura pública 791 del 21 de diciembre de 2006;
3) el fortalecimiento de ASUAQ o a quien vaya a administrar el sistema de
alcantarillado; y 4) finalmente y no menos importante adelantar municipio en
asocio con la CVC capacitaciones anuales a la comunidad del uso eficiente, ahorro
del agua de consumo y gestión ambiental de los recursos líquidos y sólidos.

3. ORDENAR para el CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE en un
horizonte de 12 años 1) la optimización de la red de alcantarillado para lo cual
es necesario i) formular del estudio del plan maestro de alcantarillado sanitario
y pluvial - PMASP; ii) la instalación de la tubería Novafort que resulte necesaria;
iii) la construcción de los vertederos triangulares para las aguas lluvias; iv) el
mantenimiento preventivo a toda la red de alcantarillado, las reposiciones
necesarias y la cobertura de todo el corregimiento del sistema; 2) i) adquisición
del lote para la construcción de la PTAR que cumpla las especificaciones para
ello con la respectiva afectación en el PBOT como suelo de protección para
servicios públicos; ii) diseño, construcción, arranque y puesta en marcha de la
PTAR iii) estudio tarifario para el sistema de alcantarillado y PTAR; iv) el monitoreo
y mantenimiento constante a la planta previa capacitaciones dirigido al personal de
operación; y 3) finalmente y no menos importante adelantar por parte del municipio
en asocio con la CVC capacitaciones anuales a la comunidad del uso
eficiente, ahorro del agua de consumo y gestión ambiental de los recursos
líquidos y sólidos.

4. ORDENAR para el CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DAGUA en un
horizonte de 12 años, i) la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos que permita el diagnóstico de las condiciones del sistema de
alcantarillado de la cabecera urbana de Dagua, para que a su vez ii) se formulen
los estudios, diseños y obras para suplir las deficiencias del sistema de
alcantarillado en todas sus fases (recolección, conducción, tratamiento y
disposición final de residuos), lo que a su vez, inexorablemente debe llevar a iii) la
construcción de la respectiva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –
PTAR, previa adquisición del lote que cumpla las especificaciones para ello y la
afectación en el PBOT como suelo de protección para servicios públicos, iii) así
como la implementación de capacitaciones a quien sea entregado el manejo del
sistema de alcantarillado; y finalmente y no menos importante iv) adelantar por
parte del municipio en asocio con la CVC capacitaciones anuales a la comunidad
del uso eficiente, ahorro del agua de consumo y gestión ambiental de los recursos
líquidos y sólidos.

5. Para el cumplimiento de las órdenes de los numerales 2°, 3° y 4° se
ORDENA LA FINANCIACIÓN por parte del Estado del Presupuesto General
de la Nación en el marco del sector de saneamiento y agua potable como lo
son los apoyos financieros o las bolsas de apoyo financiero a través del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio debiendo asumir un 50% del costo
total; del Municipio y Departamento del Sistema General de Participaciones,
de los recursos propios, de libre destinación o de cualquier otro actor del
PAP-PDA, debiendo aportar el municipio de Dagua un 5% y el Departamento
del Valle del Cauca 20%; de la CVC de sus recursos propios al ser la autoridad
ambiental en un 25% bien sea del fondo de cofinanciación para la
descontaminación del agua o del que resulte procedente; y en general los
recursos de inversión de prestadores o del sector privado que se incorporen a la
estructuración y ejecución de proyectos en el marco de asociaciones público-
privadas. (…)

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6. RECONOCER a los ríos SAN JUAN y DAGUA y sus respectos afluentes que
conforman las cuencas hidrográficas del mismo nombre como ENTIDADES
SUJETOS DE DERECHOS a la protección, conservación, mantenimiento y
restauración a cargo del Estado, el municipio de Dagua, la Asociación de Usuarios
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Corregimiento Queremal –
ASUAQ; la Asociación Empresa Comunitaria de Acueducto Borrero Ayerbe -
ECASP, la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca – CVC; y
FUNDACOLECTIVOS.

En consecuencia, se ORDENA al MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos de los
ríos San Juan y Dagua en conjunto con el municipio de Dagua, la Asociación de
Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Corregimiento Queremal
– ASUAQ; la Asociación Empresa Comunitaria de Acueducto Borrero Ayerbe -
ECASP, la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca – CVC; y
FUNDACOLECTIVOS; de esta forma, los ríos SAN JUAN y DAGUA, sus cuencas
y afluentes -en adelante- estarán representados por un miembro de las entidades
antes señaladas, quienes serán los guardianes de los ríos. Con este propósito, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberá realizar la designación de su
representante dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia. En ese
mismo período las demás entidades deberán escoger a su representante.

Con el propósito de asegurar la protección, recuperación y debida conservación de
los ríos, los representantes legales de los mismos deberán diseñar y conformar,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia una
COMISIÓN DE GUARDIANES DE LOS RÍOS SAN JUAN Y DAGUA, integrada por
los guardianes designados anteriormente y un EQUIPO ASESOR al que deberá
invitarse al Instituto Humboldt y WWF Colombia (quienes han desarrollado el
proyecto de protección de ríos y por tanto, cuentan con la experiencia necesaria
para orientar las acciones a tomar). Dicho equipo asesor podrá estar conformado
y recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas,
universidades (regionales, nacionales internacionales), centros académicos y de
investigación en recursos naturales y organizaciones ambientales (nacionales e
internacionales), comunitarias y de la sociedad civil que deseen vincularse al
proyecto de protección de los ríos SAN JUAN y DAGUA y sus afluentes.

Las anteriores órdenes de conformación de guardianes de los ríos SAN JUAN y
DAGUA, así como del equipo asesor tendrán dentro de sus objetivos primordiales
la restauración, conservación, protección de los cuerpos de agua, así como la
implementación de un plan de acción para evitar los vertimientos de aguas
residuales contaminantes.

Deberá estructurarse una línea base de indicadores ambientales con el fin de
contar con un instrumento de medida que permita afirmar la mejora o desmejora
de las condiciones de los ríos, para lo cual se realizarán toma de muestras físico-
químicas anuales que den cuenta de las condiciones toxicológicas de los ríos y
sus afluentes. (…)

14. EXHORTAR al MUNICIPIO DE DAGUA para que incluya en el presupuesto
anual del municipio partidas suficiente destinadas a la compra los predios
necesarios para el fortalecimiento de los acueductos de ASUAQ, ECASP y del
casco urbano de Dagua y para la protección de los nacimientos de las fuentes
hídricas en la que se obtienen las bocatomas de los acueductos. […]

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Sectores naturales usados para la recreación

57. En primer lugar, el Tribunal encontró que los turistas y bañistas que asisten a los
charcos del corregimiento del Queremal generan actividades contaminantes como
el depósito indiscriminado de residuos y la tala de árboles ribereños para los
«paseos de olla». Dictaminó que dichas prácticas contravienen el ambiente, motivo
por el cual se ordenaría la instalación de canecas de basura, letreros educativos
para evitar la tala de los árboles y un censo forestal que sirvan de indicadores sobre
la magnitud de la tala y se puedan adoptar mayores medidas de control.

58. En segundo lugar, el Tribunal evidenció que en El Queremal la CVC otorgó una
concesión de aguas de uso recreativo al Balneario El Sinaí, ubicado en zona de
reserva forestal, autorizando a su paso el represamiento para un aprovechamiento
de 2.54 lt/s para la formación de una piscina natural. La intervención del cauce se
autorizó con la formación de columnas en concreto, advirtiéndose durante el
transcurso del proceso una nueva estructura de represamiento. En la zona existen
dos estructuras de contención del agua, lo que llevó al Tribunal a concluir «prima
facie» que existe un aprovechamiento mayor al concesionado, por lo cual ordenaría
a la CVC la revisión de las condiciones de la concesión, la viabilidad de la
intervención del cauce con concreto, el valor a pagar por concepto de tasa por uso
del agua si el aprovechamiento es mayor al autorizado y la verificación de la
sustracción del predio de la zona de reserva.

59. Al respecto, impartió las siguientes órdenes:

[…] 7. ORDENAR a la CVC que en el término de un (1) mes, i) rectifique las
condiciones actuales del Balneario El Sinaí en contraste con la concesión
autorizada mediante Resolución 640 del 30 de agosto de 2017, a fin de que sean
realizados los ajustes pertinentes destacándose que de conformidad con la Ley
1333 de 2009 una de las sanciones a imponer al infractor es la demolición de la
obra indebida; ii) analice el valor que actualmente se paga concepto de tasa
retributiva atendiendo las condiciones reales de represamiento; iii) efectúe
análisis sobre la concesión recreativa teniendo en cuenta si el predio ha sido
sustraído por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la zona de
reserva forestal.

8. ORDENAR al MUNICIPIO DE DAGUA que en el término de un (1) mes proceda
a la instalación de canecas de basura para el depósito de desechos y letreros
educativos sobre el cuidado a los árboles, ríos y medio ambiente en general
en los principales charcos de los ríos SAN JUAN y DAGUA; en el mismo
término deberá la CVC realizar un inventario acucioso con placa de las especies
forestales que sirvan de indicadores sobre el avance o no de la práctica de tala
indebida, a efectos de que se alerte y tenga conocimiento de los sitios más
afectados por estas prácticas y pueda adoptar mayores medidas de control para
la conservación sobre estos sitios recreativos y para la recuperación ecológica y
paisajística de los espacios anexos a los charcos. (…)

15. EXHORTAR a la CVC DAR PACÍFICO ESTE a fin de que realice actividades
de seguimiento, vigilancia y control a las viviendas y establecimientos en general
ribereños del río San Cipriano a fin de verificar la existencia o no de pozos
sépticos, para que conforme a los hallazgos imparta las órdenes, capacitaciones,

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ayudas y orientaciones que requiera la comunidad a fin de la creación y adecuado
funcionamientos de pozos sépticos para evitar la descarga directa y sin tratamiento
de las aguas residuales y no residuales al cauce del río. Iguales actividades habrá
de adelantar la CVC en otros sitios de recreación que se encuentren dentro de los
mismos afluentes de los ríos Dagua y San Juan y en similares circunstancias de
riesgo de contaminación.

De igual forma se EXHORTA a la CVC DAR PACÍFICO ESTE para la instalación
de canecas de basura a cargo de los propietarios de viviendas y
establecimientos de comercio para el depósito de desechos, así como la
instalación de letreros educativos sobre el cuidado de las aguas, las especies
animales, los árboles y en general para la recuperación ecológica y paisajística a
partir de la generación de consciencia ciudadana. […].

Subdivisión e incorporación de suelo rural al perímetro urbano

60. Con base en los informes de la CVC, el a quo recopiló las irregularidades en las
que incurrió el municipio de Dagua cuando avaló la subdivisión, parcelación o
edificación de inmuebles en terrenos rurales que no respetaron las áreas mínimas
de loteo individual previstas en el POT vigente, ni la legislación agraria, a pesar de
que esos condicionantes garantizaban la vocación rural del sector en cuanto a la
explotación agrícola, ganadera, paisajística o de recursos naturales.

61. Además, puso de presente que el ente territorial modificó su POT con miras a
incorporar en el suelo urbano predios pertenecientes a la Reserva Forestal del
Pacífico y a la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá, sin efectuar el
proceso de sustracción respectivo, y sin cumplir con los requisitos previstos en la
ley para tal efecto.

62. Con ocasión de lo anterior, el Tribunal impartió las siguientes medidas de amparo:

[…] 9. ORDENAR a la CVC que en el término de cinco (5) meses adelante la
respectiva investigación, imposición de las medidas preventivas y la iniciación
de los procesos sancionatorios a los que haya lugar en contra de los
propietarios y/o poseedores y en contra del municipio de Dagua para los
predios y casos señalados en el acápite “conclusiones sobre subdivisiones
de suelo rural e incorporaciones a suelo urbano”.

Lo anterior destacándose la potestad de la CVC en el marco del proceso
sancionatorio de la Ley 1333 de 2004 i) el cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificación o servicio; ii) la revocatoria o caducidad de licencia
ambiental, autorización, concesión, permiso o registro; y iii) la demolición de obra
a costa del infractor, sin perjuicio de las multas pecuniarias a costo diario.

10. ORDENAR a la CVC para que en el término de un (1) año verifique los predios
objeto de urbanización, parcelación, subdivisión, reloteo, construcción y demás
con ocasión de las licencias otorgadas por la Alcaldía Municipal de Dagua
durante el periodo 2015-2020, bajo el propósito del artículo 91 de la Ley 1753
de 2015, es decir, la incorporación del suelo rural, suburbano y expansión
urbana al perímetro urbano; ello en aras de establecer si los predios incurren en
infracción de las normas ambientales, especialmente advirtiéndose el trámite de
sustracción de áreas de reserva forestal, para que se adopten las sanciones a las

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que haya lugar tanto de los propietarios o poseedores de los predios como a la
administración municipal de otorgar las licencias en forma indebida –si así lo
hubiere hecho-.

11. ORDENAR al MUNICIPIO DE DAGUA - Oficina de Planeación Municipal no
otorgar licencias de urbanización, parcelación, subdivisión, reloteo, construcción,
incorporación a suelo urbano y demás actuaciones administrativas a que haya
lugar, en contravención de las áreas mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares
o contraviniendo los usos del suelo del PBOT vigente; o sobre terrenos que deban
ser mantenidos y preservados por su importancia para la explotación agrícola,
paisajística o de recursos naturales; o en áreas mínimas a las contempladas en la
normatividad de suelo rural; o en terrenos protegidos por Reserva Forestal del
Pacífico - Ley 2 de 1959 o de Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá
sin la previa sustracción ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Así mismo, deberá proceder a la REVOCATORIA de las licencias otorgadas
con anterioridad en el horizonte 2015-2020 que contravengan las anteriores
condiciones. Deberá en el término de un año (1) presentar al despacho informes
sobre las revocatorias efectuadas con los soportes respectivos frente a las
licencias otorgadas. […]

Ganadería extensiva

63. El Tribunal encontró acreditado que las actividades de ganadería extensiva que
se desarrollan en el municipio de Dagua están produciendo los siguientes efectos
nocivos directos e indirectos: i) ampliación de la frontera agropecuaria; ii)
degradación de tierras por erosión, pisoteo, tala de bosques, cambio de pasturas y
abolición de cultivos para tierras de pastoreo; y iii) contaminación de las fuentes
hídricas por excreciones y abrevadero de los animales.

64. También resaltó que dichas circunstancias impactan fuertemente las áreas
protegidas, esto es, la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá que
abarca parte del suelo rural de Dagua y la Reserva Forestal del Pacífico. Por ello,
el Tribunal concluyó que en los sectores afectados se debe abolir la ganadería
extensiva para darle paso al modelo estabulado o semi-estabulado consistente en
el confinamiento del ganado en aras de proteger las condiciones medioambientales
del municipio de Dagua.

65. Concretamente, impartió la siguiente orden:

[…] 12. ORDENAR el cese de la modalidad de ganadería extensiva en la zona
rural del municipio de Dagua atendiendo la connotación de Reserva Forestal
Protectora Nacional – Río Anchicayá y Reserva Forestal del Pacífico. Quienes
actualmente adelanten la ganadería extensiva tendrán un plazo no mayor a dos
(2) años para realizar el cambio a la modalidad estabulada o semi-estabulada,
situación para la cual la administración municipal y la CVC realizarán la
vigilancia y control, al tiempo que prestarán su apoyo para la nueva
implementación, advirtiéndose que el municipio contempló en su PBOT que
adoptaría las medidas para dicha transición, así como la autoridad ambiental es
competente para la asesoría medioambiental.

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La administración municipal y la CVC rendirán informe al despacho en el
término de seis (6) meses sobre inventario de semovientes por predio, los
hallazgos y actuaciones adelantadas sobre este tema. En el mismo término la CVC
rendirá informe sobre las condiciones y modalidad de ganadería de los predios El
Sinaí y Los Olivos del corregimiento El Queremal. […]

Serrerías

66. Por último, el Tribunal encontró que las empresas de transformación secundaria
de madera ubicadas en la vía Dagua – Loboguerrero, propiedad de los señores
Alexander Arrechea Rivas, Ramiro Becerra Ruiz, Pedro Becerra y José Lombana,
están incumpliendo las disposiciones del Estatuto de Bosques y Flora Silvestre del
Valle del Cauca, y el Régimen de Aprovechamiento Forestal contenido en el Decreto
1791 de 1996, en cuanto al registro de operación y actualización de información
ante la autoridad ambiental. Aunque el Tribunal observó que la CVC impuso
medidas preventivas, destacó la importancia de que se continúe con los procesos
sancionatorios del caso hasta su finalización. También advirtió la necesidad de que
se haga seguimiento a la serrería de la señora Marcela Millán a fin de verificar el
cumplimiento al régimen forestal vigente.

67.El Tribunal destacó la importancia de las acciones mencionadas en vista de «la
connotación de suelo protegido de la zona rural del municipio de Dagua debido a la
abundante riqueza ecológica de flora, fauna y nacimientos de cuerpos de agua
importantes».

I.6. Fundamentos de los recursos de apelación

I.6.1. El apoderado judicial del municipio de Dagua, mediante documento enviado
el 10 de noviembre de 202010, solicitó que se «revoque el inciso del numeral once
(11) de la parte resolutiva de la sentencia, pues el cambio intempestivo de la orden
de la decisión judicial de revocar las licencias de urbanización, parcelación,
subdivisión, reloteo, construcción, incorporación a suelo urbano concedidas durante
el periodo 2015-2020, son cambios bruscos que afectan a diferentes grupos
familiares que ya han construido sus viviendas y que de manera rápida verán
alterado de manera sensible la revocatoria de las licencias de construcción del
derecho a la vivienda digna, hechos que deben ser garantizados por el principio de
la confianza legítima».

68. Como fundamento de la anterior solicitud, el apoderado recordó que en las
acciones populares el juez no tiene la facultad de anular los actos administrativos,
sino de adoptar las medidas que garanticen el derecho colectivo afectado con el
acto administrativo en cuestión.

10Ibid., expediente digital documento denominado “0005.2017-01795-00APELACIÓN DE SENTENCIA
MUNICIPIO DE DAGUA”.

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69. Explicó que el cumplimiento del numeral cuestionado puede acarrear daños
antijurídicos a las personas que obtuvieron las licencias en virtud de las cuales
concluyeron sus edificaciones, y con ello, transgredir el derecho al debido proceso
de esos ciudadanos, así como afectar la confianza legítima, la seguridad jurídica y
la vulneración del acto propio.

70. Indicó que, de conformidad con el artículo 97 del CPACA, no se pueden revocar
actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular. Además, en caso de que el administrado se
niegue a la revocatoria, será necesario que la administración demande su propio
acto, lo cual atenta contra los derechos fundamentales de las personas que han
construido viviendas familiares en el municipio de Dagua.

71. Finalmente, puso de presente que Fundacolectivos se encuentra en liquidación.

I.6.2. La apoderada judicial del Departamento del Valle del Cauca, mediante
escrito adhesivo de 11 de noviembre de 202011, solicitó «desvincular al
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA del cumplimiento de las ordenes
impuestas en los numerales 2, 3 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia apelada».
Dicha petición la sustentó en los siguientes argumentos:

72. Luego de recordar las diversas competencias de les corresponden a los
departamentos y municipios en materia de servicios públicos, contenidas en los
artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, 5 y 7 de la Ley 142 de 1994 y 74 y 76 de la
Ley 715 de 2001, adujo que el Departamento del Valle del Cauca no tiene
competencias asociadas a la protección de derechos colectivos de conformidad con
los hechos de la demanda, pues el Municipio de Dagua es la única entidad territorial
competente para garantizar la adecuada prestación del servicio de alcantarillado y
para mitigar las afectaciones medioambientales puestas de presente por la
fundación accionante.

73. Explicó que, a la CVC, como máxima autoridad ambiental del Departamento del
Valle del Cauca, le corresponde asesorar al Municipio de Dagua en el cumplimiento
de la anterior labor.

74. Informó que el Departamento del Valle del Cauca ha venido acogiendo y
ejecutando la política del sector de agua potable y saneamiento básico del nivel
Nacional, a través de la empresa gestora Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. que
fue creada para elaborar, coordinar, gestionar e implementar el Plan General
Estratégico y de Inversiones -PGEI- 2016-2019 del PAP-PDA del Valle del Cauca.
Afirmó que dicho plan fue aprobado el 2 de marzo de 2016 por el Comité Directivo,
el cual es presidido por el Departamento.

11 Ibid., folios 1 y ss. del documento denominado “0009.2017-01795-00 ADHESION DEL RECURSO 1 SOLO

DOCUMENTO”.

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Colectivos

75. Aclaró que los 42 municipios del Departamento están vinculados al PAP-PDA
a través de convenios integrados por el municipio correspondiente, Vallecaucana
de Aguas y la misma Gobernación Departamental. Sin embargo, explicó que, para
lograr mayor cobertura de las inversiones del programa, es necesario que los
municipios propongan o formulen los proyectos que se requieran en los territorios
para efectos de ser viabilizados. Además, anotó que, en relación con los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- (de vital importancia para la
viabilización de proyectos de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento),
se debe contar con la aprobación de la autoridad ambiental.

76. Afirmó que para «el caso que nos ocupa, respecto a la pretensión que se
establece en la necesidad de construir un sistema de alcantarillado para la zona
referida como afectada ambientalmente, no se cuenta con la presentación formal de
proyecto alguno».

77. Reconoció que: «la CVC ha adelantado el proceso de propuesta de objetivos
de calidad en las cuencas priorizadas (río Garrapatas y río Dagua) y se identificó
como intervención prioritaria la construcción de infraestructura de recolección,
transporte de las aguas residuales en los municipios de Buenaventura, La Cumbre
y Dagua, para posteriormente abordar el tema de su tratamiento».

78. Trajo a colación que, por conducto de la gestora Vallecaucana de Aguas, en el
período 2011-2016, se ejecutaron 10 obras que mejoraron el servicio y, además, se
«brindó apoyo a los municipios y empresas prestadoras en la formulación de los
PSMV de cabeceras municipales y corregimientos, obteniendo como resultados
(páginas 64 y 65 del PGEI 2016-2019), […] la aprobación de los PSMV de los
corregimientos de El Queremal y Borrero Ayerbe. El primero mediante Resolución
0760-0118 del 19 de febrero de 2015 y el segundo con resolución en trámite en su
momento».

79. Agregó que el Departamento del Valle del Cauca, en conversatorios
comunitarios con actores sociales e institucionales, priorizó la realización de
estudios y diseños para el alcantarillado del corregimiento de Cisneros del municipio
de Dagua. Asimismo, recordó que en el Plan General Estratégico y de Inversiones
-PGEI- se suscribieron los siguientes proyectos que se encuentran en etapa de
formulación:

Municipio Proyecto Valor total Población % Valor
avance aprobado
obra
[…] […] […] […] […] […]
47 Dagua Estudios y diseños para la 73.265.553 270 80% 659´389.977
construcción del sistema de
abastecimiento de agua
potable para la vereda La
Garza corregimiento Los
Alpes – municipio de Dagua
[…] […] […] […] […] […]

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71 Dagua Estudios y diseños sistema 128.019.013 1.012 100% 610.176.374
de abastecimiento de agua
Alto de Las Tórtolas
corregimiento del Carmen
[…] […] […] […] […] […]

80. Visto lo anterior, el apoderado manifestó que el Departamento «ha cumplido con
fidelidad sus funciones y obligaciones legales referentes a los PAP-PDA» y que «ha
venido desempeñando de manera juiciosa las funciones y competencias que le
corresponden, como así se puede comprobar del PLAN GENERAL ESTRATÉGICO
Y DE INVERSIONES PGEI 2016-2019 (AJUSTADO AL AÑO 2017)».

81. Por último, el apoderado reiteró que «la competencia en la prestación de
servicios públicos y las estructuras operativas de los PAP-PDA, le corresponde al
Municipio de Dagua».

I.6.3. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca - CVC, mediante escrito aportado el 10 de noviembre de 202012, manifestó
lo siguiente:

«[…]. Se le solicita respetuosamente al H. Consejo de Estado, declarar que las
anteriores órdenes transcritas (2, 3 y 4) no le compete ejecutarlas a la CVC y que
se pueden cumplir de la manera en que se precisó en el presente recurso.
Respecto a las demás órdenes (6, 7, 8, 9, 10, 12 y 15) solicita se revoquen,
modifiquen y precisen al tenor de lo expuesto frente a cada una de ellas; y, precisar
a qué entidades le compete (Municipio de Dagua, Prestadoras de Servicio Público
Domiciliario de acueducto, alcantarillado y de aseo, Departamento del Valle del
Cauca, PDA, Minvivienda, Minambiente, etc.)

[…]. se solicita que la COFINANCIACIÓN que se llegaré a ordenar corresponda a
su plan de acción, disponibilidad presupuesta e instrumentos vigentes tales como
la Resolución 0100 No 0690 – 0305 del 22 de mayo de 2020 (Se adjunta). […]».

82. Como sustento de lo anterior, el referido apoderado judicial mencionó que en
los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, se
dictaron medidas de amparo sin individualizar ni precisar cuáles ordenes debe
cumplir cada entidad demandada en el marco de sus competencias legales. En ese
orden, enlistó las medidas que excedían la órbita de sus funciones, así como las
instrucciones que podía llevar a cabo, previo cumplimiento de ciertos requisitos
legales.

83. Frente al numeral quinto de la providencia recurrida, señaló que el porcentaje
de financiamiento encomendado a la CVC del 25% desconoce la realidad fiscal de
esa entidad, toda vez que no recibe ingresos por concepto de sobretasa ambiental
del Distrito Especial de Buenaventura ni los recibirá en el corto plazo de parte del
Distrito Especial de Santiago de Cali. Aseveró que estos últimos constituyen más
del 50% de los ingresos actuales de la CVC. En síntesis, adujo que la CVC no

12Ibid., folios 1 y ss. del documento denominado “0003.2017-01795-00Apelación CVC Sentencia Popular
760012333 008 2017-01795-00 Fundacolectivos”.

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cuenta con recursos para invertir en las acciones señaladas por el Tribunal de
primera instancia, y que su cumplimiento es jurídicamente inviable según el artículo
356 de la Constitución Política, además de desproporcionado frente a la capacidad
legal y fiscal de la CVC.

84. Explicó que las circunstancias fácticas del asunto de la referencia no se ajustan
al precedente establecido por la Corte Constitucional para la declaratoria de
elementos de la naturaleza o cuerpos de agua como sujetos de derechos. Precisó
que, a diferencia de las características, condiciones y requisitos señalados en la
jurisprudencia de la Corte, en este caso «no se evidencia la gravísima afectación de
los ríos San Juan y Dagua, sus afluentes, la biodiversidad, o la relación de estos
con las poblaciones asentadas en su área de influencia».

85. Respecto del numeral séptimo de la sentencia cuestionada, recalcó que el
Tribunal se extralimitó al sugerir una sanción en lo relacionado con la concesión
otorgada mediante Resolución 640 de 30 de agosto de 2017, pues la CVC es la
autoridad competente para revisar el caso y adoptar las medidas que correspondan
conforme al debido proceso. De otro lado, indicó que la tasa retributiva sólo opera
cuando se trata de aguas servidas, vertidas o residuales, lo cual no aplica en el caso
del uso del recurso hídrico por parte del Balneario el Sinaí. Por último, advirtió que
se requiere de un estudio de títulos e información del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible -MADS- para evidenciar si el predio beneficiario de la
concesión fue sustraído. Además, la citada cartera ministerial es la responsable de
adoptar las medidas sancionatorias que sean procedentes en el evento en que
exista una infracción ambiental.

86. En cuanto al numeral octavo de la providencia apelada, cuestionó que no se
definieron cuáles son los charcos de los ríos San Juan y Dagua ni sus áreas anexas
objeto de intervención. Indicó que la medida de censo forestal con placas no está
contemplada en la Ley ni en el Plan de Acción de la CVC, por lo tanto, atenta contra
su presupuesto. Además, consideró que esa estrategia no es idónea para controlar
la tala, pues no impide la infracción ambiental y mucho menos lleva a individualizar
el autor de la transgresión.

87. Manifestó que lo dispuesto en el numeral noveno de la sentencia desborda la
competencia de la CVC frente a los derechos adquiridos de los beneficiarios de las
licencias de subdivisión que fueron expedidas por las autoridades urbanísticas,
pues, a su juicio, se presumen legales y, por tanto, opera la causal de cesación del
proceso administrativo sancionatorio ambiental contenida en el numeral 4 del
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.

88. Consideró, sin embargo, que las licencias de división concedidas por el
municipio de Dagua «son actos administrativos opuestos a la Constitución y a la ley,
en especial a la Ley 2 de 1959, al expedirse dicha licencia sin realizar las respectivas
sustracciones de área, razón por la cual es el Municipio, el obligado a adelantar la
gestión que establece el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de revocar

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de forma directa los respectivos actos administrativos y de no obtenerse la
autorización por parte del administrado, el Municipio deberá proceder a demandar
su propio acto». Adicionalmente, reconoció que la CVC, aunque «no es competente
para sancionar por el incumplimiento de sustracción de áreas de la Ley 2da de 1959,
puede imponer las respectivas medidas preventivas a que haya lugar e informar al
MADS para que adelante el respectivo proceso sancionatorio ambiental».

89. Frente a lo dispuesto en el numeral décimo de la sentencia, afirmó que el MADS
es el que debe tomar las acciones de su competencia respecto al trámite de
sustracción de áreas de reserva forestal y a los procesos sancionatorios
ambientales correspondientes. Informó que la situación que se ha presentado
obedece a que el Municipio de Dagua incumplió el PBOT, pues expidió licencias de
diferente índole, pese a que en dicho Plan se contempló que debía realizarse en el
corto plazo la sustracción de Zona de Reserva Forestal del Pacifico en virtud de lo
cual el desarrollo urbanístico en la misma se supeditó a la efectiva sustracción que
se efectuará. Con todo, admitió que la CVC «puede levantar la información que le
sea posible y realizar el respectivo informe al Minambiente para que proceda de
acuerdo a su competencia, lo demás debe sustraerse […]».

90. A lo dispuesto en el numeral doce de la sentencia, el citado apoderado judicial
replicó señalando que la CVC no es competente para realizar la vigilancia y control
de semovientes, y mucho menos para prestar apoyos para medidas de transición,
pero reconoció que la CVC sí puede brindar apoyo en procesos de producción
sostenible, lo que implica, por ejemplo, el aislamiento para la protección de zonas
hídricas que colinden con la ganadería. Además, señaló que se tiene información
en torno a que, actualmente, en los predios El Sinaí ya no hay presencia de
ganadería extensiva, sino de cultivos de aguacate.

91. Por último, sostuvo en el numeral quince de la sentencia, no se precisaron las
zonas ribereñas del río San Cipriano y que, además, este río se encuentra en el
Distrito Especial de Buenaventura, sector que no fue objeto de la demanda.
Mencionó que la orden va en contra del Plan de Acción de la CVC y resaltó que no
precisa cuáles son los afluentes, lo cual incluye zonas del municipio de La Cumbre.
Por otra parte, adujo que «La CVC no está facultada para presionar a los
propietarios de establecimientos para que instalen canecas ni es la competente para
el tratamiento y disposición de los residuos sólidos».

92. Alegó que al proceso debían comparecer las empresas prestadoras de los
servicios públicos de acueducto y aseo denominadas Vallecaucana de Aguas S.A.
E.S.P., ACUAVALLE y DAGUA LIMPIA S.A., así como la Policía Nacional y el
MADS.

93.Sostuvo que: «el operador judicial de primera instancia se desbordó en su
competencia extra petita al pronunciarse sobre zonas que no fueron objeto de
demanda e incluso un río (SAN CIPRIANO) que no está en la jurisdicción del
municipio de Dagua, sino de Buenaventura D.E. Se considera que las razones

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expuestas en el fallo para dar órdenes sobre el CORREGIMIENTO DE BORRERO
AYERBE y el CASCO URBANO DE DAGUA, no se justifican con un nexo causal
real que aplique para que sean objeto de estudio a través de la presente acción
popular, por lo tanto, se solicita sustraer totalmente las órdenes 3 y 4 del fallo
apelado».

94. Finalmente, solicitó: «tener en cuenta como parte integral del sustento del
presente recurso de alzada, (…) lo expuesto en el Salvamento de voto y Aclaración
de voto de la sentencia apelada en las consideraciones que sean favorables a los
intereses jurídicos de la CVC».

I.6.4. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT, mediante escrito remitido el 10 de noviembre de 202013, solicitó que «se
revoque la decisión tomada en la sentencia del 28 de agosto de 2020 en lo que
respecta a la entidad que represento».

95. El apoderado judicial destacó que en el proceso «no se demostró la violación y/o
omisión de la protección de los derechos colectivos por parte de La Nación -
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, toda vez que la entidad que represento
ha actuado conforme a la Ley, así mismo no tuvo ninguna injerencia con los hechos
de la presente acción, como quiera que de la descripción de los hechos, la Función
Administrativa le compete al ente territorial y a las autoridades ambientales».

96. Recordó que, de conformidad con la ley, el municipio es el ente llamado a
asegurar la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico. Sin embargo, reconoció que, para efectos de lo anterior, el
ente territorial cuenta con la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio y que, en este marco, puede presentar proyectos ante el Ministerio, una
vez cuente con el concepto técnico favorable del mecanismo de viabilización. Por
ende, resaltó que es al municipio al que le corresponde formular los proyectos del
caso y adelantar todas las gestiones relacionadas con la mejora y solución de las
necesidades del territorio en materia de servicios públicos.

97. Igualmente, informó que la Nación tiene como función apoyar financieramente
los proyectos que debidamente formulen los municipios y que resulten priorizados
en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento -PAP-PDA- del respectivo departamento. Precisó que esta
labor se materializa mediante transferencias de recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones, con destinación al sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, los cuales deben utilizarse para otorgar subsidios a través del
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y para efectuar las inversiones
en infraestructura que requiera el municipio. Adicionalmente, afirmó que el municipio

13 Ibid., folios 1 y ss. del documento denominado “0004.2017-01795-00
ApelaciónSentenciaMinisteriodevivienda”.

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debe concertar con el Gestor cuáles serán los proyectos que se van a ejecutar en
cada vigencia fiscal en el marco del PAP-PDA.

98. Por lo anterior, manifestó que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio obra
como órgano rector de las políticas y la regulación nacional en materia de vivienda
y prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. En
consecuencia, a esa cartera ministerial no le asisten competencias al momento de
seleccionar, adjudicar y ejecutar los respectivos contratos de obra de la
infraestructura de servicios requerida en el territorio.

99. El apoderado judicial insistió en que el MVCT no ha incurrido en alguna omisión
en el ejercicio de sus funciones, y manifestó que, por el contrario, ha financiado
diligentemente aquellos proyectos del Municipio de Dagua que han sido
presentados en la ventanilla de proyectos, a saber:

Origen Departamento Municipio Nombre Valor Estado
Ola Valle del Cauca Dagua Obras de rehabilitación para la 151.091.641 Liquidado
Invernal bocatoma de Loboguerrero y
Menor de la línea de conducción del
Acueducto de Loboguerrero
municipio de Dagua
PDA Valle del Cauca Dagua Atención a las afectaciones en 68.768.624 Liquidado
la infraestructura del sistema
de acueducto presentadas por
la emergencia invernal
PDA Valle del Cauca Buenaventura, Elaboración de diseños 999.358.560 Liquidado
Dagua, detallados y formulación de
Pradera proyectos de acueducto y
alcantarillado en los municipios
y zonas rurales de la zona 10
del PDA Valle del Cauca
PDA Valle del Cauca Dagua Construcción de la planta de 3.146.780.041 Liquidado
tratamiento de agua potable y
Optimización de red de
conducción en el centro
nucleado del corregimiento de
Borrero Ayerbe municipio de
Dagua
PGN Valle del Cauca Dagua Optimización de la red de 448.592.815 Liquidado
distribución del acueducto de
Dagua en los sectores
Bellavista y Buenos Aires

100. Aseguró que lo anterior demuestra que el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, cada vez que ha sido requerido para la estructuración de proyectos, actúa
conforme a la legislación vigente realizando la respectiva financiación. Por lo tanto,
afirmó que, si no existe algún tipo de proyecto que beneficie a los ríos Dagua y San
Juan, ello no se debe a una situación imputable al Ministerio, pues son los
municipios y los departamentos los que deben garantizar una prestación de
servicios de calidad y, de ser necesario, estructurar los proyectos que se requieran
para su financiación por parte del Gobierno Nacional.

101. En relación con la tutoría y representación legal de los cuerpos de agua
involucrados, advirtió que al MVCT no le asisten competencias en materia
ambiental, pues, de conformidad con la Constitución y la ley, las autoridades que

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Colectivos

pertenecen a ese sector son la CVC, el Departamento del Valle del Cauca y el
Municipio de Dagua y, por lo mismo, son estos entes los llamados a garantizar el
cuidado del medio ambiente dentro de sus respectivas jurisdicciones. Insistió en que
el Ministerio no tiene funciones en materia de control ambiental y que, en ese
sentido, no son claros los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales se le
adjudicó la referida orden de tutoría y representación legal de elementos de la
naturaleza.

102. Finalizó mencionando que, en síntesis, no existe una relación causal o de
solidaridad entre las funciones y conductas del MVCT, y la situación reclamada en
la demanda como generadora de la afectación de derechos.

I.7. Trámite en segunda instancia

I.7.1. Mediante auto de 29 de enero de 202114, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso en segunda instancia admitió los recursos de apelación
interpuestos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, por el
Municipio de Dagua, por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC- y por el Departamento del Valle del Cauca -en forma adhesiva al presentado
por la CVC-, en contra del fallo de 28 de agosto de 2020.

I.7.2. Posteriormente, por auto de 10 de septiembre de 202115, el magistrado a cargo
de la sustanciación del proceso, decidió negar por extemporáneas las solicitudes de
integración de litisconsorcio elevadas por la CVC y por el Departamento del Valle
del Cauca en relación con el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y con
las empresas de servicios públicos domiciliarios Dagua Limpia S.A. E.S.P. y
Acuavalle S.A. E.S.P, y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

I.7.3. El mismo 10 de septiembre de 202116, el citado despacho dispuso poner en
conocimiento del MADS la causal de nulidad contemplada en el numeral 8 del
artículo 133 del C.G.P., referente a la falta de citación al proceso de acuerdo con la
ley17, en los siguientes términos:

14 Ibid., Registro N.° 10: “Actuación: AUTO QUE ADMITE APELACIÓN DE SENTENCIA”.
15 Ibid., Registro N.° 24: “Actuación: Auto que resuelve integración de litisconsorcio”.
16 Ibid., Registro N.° 25: “Actuación: Auto que ordena poner en conocimiento una nulidad”.
17 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

[…].
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente
por los mecanismos que este código establece […]”.

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«[…] Como corolario de lo anterior, es claro que el MADS y la CVC deben concurrir
al escenario judicial, dado que la primera autoridad ambiental es la encargada de
evaluar las cuestionadas solicitudes de sustracción de la Reserva Forestal del
Pacífico, y la que determina las medidas sancionatorias, compensatorias y
resarcitorias que estime pertinentes para los casos debatidos. A su vez, la CVC,
en su labor de administrar esa zona de conservación in situ, tendrá que adelantar
las medidas sancionatorias, administrativas y policivas que garanticen la
protección de los recursos naturales del sector controvertido.

Así las cosas, las medidas de restablecimiento dictadas en los numerales séptimo,
noveno y décimo de la sentencia de la sentencia de 18 de julio de 2019, se refieren
a la adopción de acciones preventivas y al inicio de procesos sancionatorios
tendientes a proteger la Reserva Forestal del Pacífico y la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Anchicayá en el municipio de Dagua, al tenor del marco
conjunto de responsabilidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y de la CVC.

Significa lo anterior que el objeto del litigo colectivo que nos ocupa está asociado
a una relación jurídica indivisible entre el MADS y la CVC, debido a que ambas
autoridades cuentan con la función de velar porque el desarrollo de las actividades
antrópicas no afecte ni la Reserva Forestal del Pacífico ni la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Anchicayá.

Por estas razones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible forzosamente
debe integrar el contradictorio, pues no es posible resolver la controversia sin su
comparecencia y participación al proceso dado que, de prosperar las pretensiones
del actor popular, esa entidad deberá efectuar acciones de su competencia para
garantizar la protección de los derechos colectivos cuya supuesta vulneración
motivó la presentación de la demanda. […]

En este contexto normativo, y teniendo en cuenta el criterio prohijado por esta
Sección en los autos de 21 de junio de 2018 , de 28 de junio de 2019 y de 2 de
septiembre de 2020 , el Despacho dispone poner en conocimiento la citada nulidad
de la actuación procesal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
haciéndole saber que si dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de
esta providencia, no se pronuncia sobre el particular, la actuación quedará
saneada y el proceso continuará su curso.

De lo contrario, esto es, en el evento en que alguna de las entidades alegue su
configuración, se ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca actuar de
conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 134 antes transcrito. […]

I.7.4. Por auto de 16 de diciembre de 202118, el Despacho declaró el saneamiento
de la actuación, tras advertir que el Departamento del Valle del Cauca no estaba
legitimado para invocar la causal de nulidad, y que el MADS no se pronunció en el
término legal previsto para tal efecto, razón por la que el vicio se saneó
automáticamente.

I.7.5. Mediante auto de 7 de junio de 202219, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso requirió a la CVC y al MADS para que allegaran la

18 Ibid., Registro N.° 25: “Actuación: Auto que ordena poner en conocimiento una nulidad”.
19 Ibid., Registro N.° 47: “Actuación: Auto que REQUIERE a la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cauca CVC y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS para que, dentro del término de diez 10
días, alleguen la documentación precisada en los numerales 1.1. a 1.5. de esta providencia”.

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documentación asociada con el cumplimiento de sus competencias en relación con
la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá y la Zona de Reserva
Forestal del Pacífico. Asimismo, corrió traslado para que los sujetos procesales
alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público rindiera concepto.

I.7.6. Los apoderados judiciales del MADS y de la CVC, mediante escritos de 2120
y 2421 de junio de 2022, allegaron sendos memoriales en cumplimiento de aquella
providencia.

I.7.7. Mediante memorial de 1° de diciembre de 2022, el representante de
Fundacolectivos (en liquidación) solicitó al referido magistrado sustanciador
«AJUSTAR AL EFECTO DEVOLUTIVO, los “Recursos de apelación”
interpuestos en contra la sentencia de primera instancia».

I.8. Alegatos de conclusión

103. El señor Juan Carlos Echeverry Narváez, en calidad de apoderado judicial de
la Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos - Fundacolectivos
(en liquidación), mediante escrito de 22 de julio de 202222, insistió en que la
afectación de los derechos amparados quedó acreditada durante el proceso judicial,
y puso de presente que Dagua es municipio de sexta categoría que requiere del
apoyo de las demás entidades del extremo pasivo a efectos de cumplir con las
órdenes de restablecimiento.

104. También afirmó que era necesario sustraer los territorios urbanizados de Dagua
que hacen parte de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Pacífico y de la
Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Anchicayá porque esos lugares
perdieron las características ecosistémicas por las que fueron declarados como
ecosistemas protegidos.

105. Finalmente,solicitó que el ciudadano Juan Carlos Echeverry Narváez sea
declarado como miembro del comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, en consideración a la liquidación de Fundacolectivos.

106. El apoderado judicial del municipio de Dagua, en su escrito de alegatos de
27 de julio de 202223, manifestó que el juez de la primera instancia vulneró su

20 Ibid., Registro N.° 52: “Actuación: CGQ- MEMORIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA PROVIDENCIA SUSCRITO

POR HELTON DAVID GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, APODERADO DEL MINSITERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE EN 9 FOLIOS”.
21 Ibid., Registro N.° 53: “Actuación: El Señor(a): Óscar Ibáñez Parra a través de la ventanilla virtual, radicó la

solicitud No.36755 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:24/06/2022 16:09:58, donde solicitó:
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO HECHO POR EL DESPACHO EN EL AUTO PARA MEJOR
PROVEER DEL 7 DE JUNIO DE 2022”.
22 Ibid., Registro N.° 63: “Actuación: LCV - Se recibe memorial suscrito por Juan Carlos Echeverry Narváez -

representante legal de la accionante Fundación Para la Defensa y Protección de los Derechos e Intereses
Colectivos en 62 folios”.
23 Ibid., Registro N.° 65: “Actuación: El Señor(a): ROOSEVELT SARMIENTO PALACIOS a través de la

ventanilla virtual, radicó la solicitud No.39954 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:26/07/2022 20:24:18,
donde solicitó: PODER Y ALEGATOS DE CONCLUSION DE LA DEMANDADA MUNICIPIO DE DAGUA”.

29

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Colectivos

derecho al debido proceso porque el objeto territorial de la demanda era el
corregimiento de El Queremal y, sin embargo, el Tribunal profirió una sentencia
extra petita que cobijó el corregimiento de Borrero Ayerbe y la cabecera municipal
de Dagua.

107. Alegó que existe cosa juzgada respecto del servicio de alcantarillado en el
corregimiento de Borrero Ayerbe, pues el Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Cali, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2015, dictó órdenes
relativas al saneamiento básico.

108. Sostuvo que la reserva de Anchicayá no solo comprende el territorio del
municipio de Dagua, sino también el Distrito de Buenaventura, de manera que «es
obligatorio vincular al Distrito de Buenaventura Valle, con la medida de saneamiento
contenida en el artículo 137 del CGP».

109. Insistió en que no existen pruebas de la violación del ordenamiento superior por
parte de las licencias urbanísticas, ni del desarrollo la ganadería extensiva en la
zona rural del municipio de Dagua. Además, sostuvo que las personas beneficiarias
de dichos actos administrativos y los propietarios de la actividad ganadera de la
zona debieron ser vinculadas al proceso.

110. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT, en el escrito de alegatos de 27 de julio de 202224 reiteró los argumentos
esbozados en su recurso de apelación. Además, consideró que el Tribunal de
primera instancia adoptó decisiones con las que coadministró pues decidió sobre la
asignación de rubros dentro del presupuesto de las entidades condenadas y
además ordenó la construcción de una serie de obras públicas, sin considerar la
priorización propia de los entes administrativos.

111. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC, mediante escrito de 27 de julio de 202225, reiteró los argumentos de
la alzada y precisó que las resoluciones 1274 del 2014, 1527 del 2012, 1926 del
2013 y 763 de 2004, proferidas por el MADS, «dan buena cuenta de que ésta es la
entidad encargada de realizar las gestiones tendientes al ordenamiento de las áreas
forestales, su definición y por tanto la sustracción de áreas de ellas como única
entidad competente»26.

24 Ibid., Registro N.° 66: “Actuación: CMH-MEMORIAL SUSCRITO POR IVÁN MAURICIO DE JESÚS
VÁSQUEZ VIANA, EN CALIDAD DE APODERADO DEL LA NACIÓN- MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, EN 26 FOLIOS.”.
25 Ibid., Registro N.° 68: “Actuación: El Señor(a): Óscar Yezid Ibáñez Parra a través de la ventanilla virtual,

radicó la solicitud No.40012 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:27/07/2022 10:55:33, donde solicitó:
ALEGATOS DE CONCLUSION DE SEGUNDA INSTANCIA CON ANEXOS”.
26 Ibid., Registro N.° 80: “El Señor(a): Óscar Ibáñez Parra a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud

No.62577 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:28/10/2022 9:37:03, donde solicitó: MEMORIAL QUE
DESCORRE TRASLADO DEL AUTO QUE ADOPTA UNA MEDIDA DE SANEAMIENTO DEL 20 DE OCTUBRE
DE 2022”.
La manifestación referida fue adicionada mediante escrito allegado el 28 de octubre de 2022.

30

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Colectivos

112. Vencido el término para presentar alegaciones de conclusión27, se advierte que
los demás sujetos procesales se abstuvieron de emitir algún pronunciamiento.

113. Igualmente, a la fecha de ingreso al Despacho del proceso de la referencia para
que sea proferida sentencia28, la agencia del Ministerio Público optó por no emitir
concepto en torno al asunto que ahora convoca a la Sala29.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

114. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 30,
en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo31 y con el artículo 13 del Acuerdo
N.° 080 de 201932, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra
de los fallos proferidos en acciones populares por Tribunales Administrativos en
primera instancia.

II.2. Planteamiento del problema jurídico

115. En el asunto sub examine, la Fundación para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos – Fundacolectivos, obrando en ejercicio de la acción popular
demandó al Municipio de Dagua y a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al espacio público, a la
defensa del patrimonio público, a la salubridad pública, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la prevención de
desastres previsibles técnicamente, y a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos que respeten las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

27 Ibid., Registro N.° 62: “Actuación: Fijación en lista. TRASLADO A LAS PARTES PARA ALEGATOS DE

CONCLUSIÓN ART. 33 LEY 472 DE 1998”.
28 Ibid., Registro N.° 72 de 9 de agosto de 2022: “Actuación: AL DESPACHO. 294 FOLIOS DIGITALES”.
29 Ley 1437 de 2011, “Artículo 247. Modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de

apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […]. 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde
que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia. […]”.
30 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares.
31 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
32 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado.

31

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116. En criterio de la parte actora, las entidades demandadas no ejercieron de forma
eficiente sus funciones de salvaguarda, vigilancia, control y ordenación de la
«microcuenca hidrográfica del río San Juan», razón por la que tal ecosistema sufrió
grandes daños ambientales, principalmente por el deficiente sistema de
alcantarillado y de saneamiento del Municipio de Dagua, por la caza ilegal, por la
deforestación ilegal, por la ganadería extensiva, por los agro cultivos, por el turismo
masivo y por el desarrollo de urbanizaciones en áreas protegidas.

117. Para resolver la controversia, el a quo vinculó, como entidades demandadas,
tanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como al Departamento de Valle
del Cauca.

118. Una vez culminó el trámite procesal de primera instancia, mediante sentencia
de 28 de agosto de 202033, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó
los derechos colectivos previstos en los literales a), g), h), j) y l) del artículo 4° de la
Ley 472, luego de encontrar: (i) que el casco urbano del municipio de Dagua y los
corregimientos de El Queremal y Borrero Ayerbe no contaban con un sistema
eficiente de alcantarillado; (ii) que la concesión de aguas otorgada para el
funcionamiento del balneario Sinaí presentaba inconsistencias; (iii) que la
administración municipal de Dagua desconoció normas urbanísticas y ambientales
cuando incorporó al perímetro urbano suelo rural cobijado por áreas protegidas; (iv)
que las actividades de ganadería extensiva afectaban la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Anchicayá y la Reserva Forestal del Pacífico, y (v) que
algunas serrerías que operaban en el Municipio de Dagua incumplieron el régimen
forestal vigente.

119. El Tribunal declaró sujetos de derechos a los ríos San Juan y Dagua e impartió
una serie de instrucciones a cargo de todos los miembros del extremo pasivo
orientadas a mejorar el servicio de alcantarillado. Adicionalmente, ordenó a la CVC
revisar las condiciones de la concesión de aguas para uso recreativo del balneario
el Sinai. También ordenó al municipio y a la autoridad ambiental examinar la
juridicidad de los cambios de los usos del suelo, revocar las licencias y permisos
urbanísticos conferidos durante las vigencias 2010 a 2015 que transgredían las
normas ambientales y agrarias, e imponer las medidas preventivas y sancionatorias
del caso. Además, ordenó el cese de la modalidad de ganadería extensiva en la
zona rural del municipio de Dagua y solicitó a la CVC que adelantará los respectivos
procesos sancionatorios en contra de las serrerías que transgredían el régimen
forestal aplicable.

120. Inconformes con las anteriores órdenes de amparo, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el
Departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Dagua apelaron la sentencia
de primera instancia.

33 Ibid., expediente digital documento denominado “0001.2017-01795-00. POPULAR 1RA INST. DAGUA
(Fundacolectivos Vs. Dagua y otros) FINAL”.

32

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121. Durante el trámite de la segunda instancia, se puso en conocimiento del MADS
la causal de nulidad contemplada en el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P., por
cuanto la demanda no le había sido notificada34. Sin embargo, este vicio se saneo
en la medida en que la cartera ministerial no alegó la configuración de dicha nulidad
en el término legal previsto para tal efecto.

122. En este contexto, la Sala advierte que, a juicio de los recurrentes, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció el principio de congruencia, no
integró de forma adecuada el litisconsorcio necesario por pasiva, ni consideró que
la fundación actora se encuentra en liquidación.

123. En cuanto a los aspectos sustanciales, las entidades demandadas alegaron que
carecían de legitimación en la causa por pasiva para cumplir con las órdenes a ellas
impuestas, y además cuestionaron la pertinencia y legalidad de las medidas
enunciadas en los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo quinto de la
sentencia de 28 de agosto de 2020.

124. Aunado a ello, el municipio de Dagua afirmó en su escrito de alegatos de
conclusión que existía cosa juzgada respecto del servicio de alcantarillado en el
corregimiento de Borrero Ayerbe, y enlistó otras entidades y particulares que
debieron comparecer al proceso judicial. La CVC, en esa misma oportunidad, alegó
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era la encargada de
controlar y vigilar al prestador del servicio de alcantarillado del Municipio de Dagua.
Finalmente, el representante legal de Fundacolectivos solicitó, mediante memorial
de 1° de diciembre de 2022, la modificación del efecto de los recursos de apelación
interpuestos en contra de la sentencia de primera instancia.

190. Todo ello implica que el abordaje de la controversia tendrá que contemplar dos
módulos temáticos. En primer lugar, la Sala estudiará los argumentos de índole
procesal planteados en los escritos de apelación, así como aquellos que serán
objeto de pronunciamiento oficioso debido a su relevancia.

191. En segundo lugar, se estudiará si existe un vínculo causal entre los derechos
colectivos presuntamente vulnerados y el actuar de los sujetos procesales que

34 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

[…].
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente
por los mecanismos que este código establece […]”.

33

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integran el extremo pasivo de esta controversia la parte pasiva; luego de lo cual se
procederá a analizar si las órdenes de amparo son conducentes y respetan el
ámbito de competencias de las entidades públicas que impugnaron la sentencia de
primera instancia.

II.3. De los reparos procesales

125. En el presente acápite la Sala estudiará: (i) si la excepción de cosa juzgada se
configura respecto de la sentencia de 4 de diciembre de 2015, proferida por el
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali y que fuere confirmada por
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de
30 de abril de 2018; (ii) si existe una indebida integración del litisconsorcio necesario
por pasiva; (iii) si es procedente declarar una sucesión procesal por la liquidación
de la persona jurídica que interpuso la demanda, (iv) si es procedente modificar los
efectos de los recursos de apelación y (v) si el Tribunal a quo desconoció el principio
de congruencia.

II.3.1. La presunta existencia de cosa juzgada

126. A fin de determinar si la excepción de cosa juzgada se configura respecto de la
sentencia de 4 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Cali -excepción formulada por parte del apoderado
judicial del Municipio de Dagua (apartado I.10.2.)-, la Sala confrontará -en cuadro
comparativo- el contenido de la presente acción popular con lo decidido en la
sentencia de 4 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Cali y que fuere confirmada por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 30 de abril
de 2018 -proceso con radicado N.º 76001-33-33-009-2015-00120-:

Acción popular N.° 2015-00120 Acción popular N.° 2017-01795
Parte demandada35
-Municipio de Dagua -Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
-Corporación Autónoma Regional del Valle MVCT-
del Cauca -CVC- -Departamento del Valle del Cauca
-Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC-
-Municipio de Dagua
Causa36

35 Por antonomasia, la titularidad de los derechos colectivos tiene algún nivel de indeterminación. Es por ello

que, respondiendo a esa realidad, el artículo 12 de la Ley 472 de 1998 permitió que el mecanismo dispuesto
para la protección de derechos colectivos, esto es, la acción popular, sea incoado, entre otros, por “toda persona
natural o jurídica”. En ese sentido, la Sala no considera adecuado analizar el aspecto subjetivo de la cosa
juzgada en la acción popular respecto de los dos extremos procesales de la controversia, sino solamente en lo
que involucra a la parte pasiva de la misma. Precisamente, en razón de que dicho medio de control no posee
una naturaleza adversarial, esto es, entre dos partes que disputan un derecho subjetivo, sino que se caracteriza
porque la parte actora incoa la acción interesada en que se garantice el ejercicio efectivo de determinados
derechos colectivos cuya titularidad recae sobre “un universo de personas”.
36 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-774 de 25 de julio 2001 (C. P: Rodrigo Escobar Gil): “Identidad de

causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la

34

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Colectivos

1. La sociedad actora, Representaciones 1. Las entidades demandadas han omitido el
Agroindustriales Orlando SAS, es propietaria deber de construir oportunamente la
de un inmueble ubicado en el Corregimiento infraestructura necesaria de alcantarillado y las
de Borrero Ayerbe del municipio de Dagua. plantas de tratamiento de aguas negras para
Sus linderos inician colindando con el Barrio evitar la grave contaminación del rio San Juan
Corea y cruzando el Rio Ambichinte, el cual por vertimientos.
cruza el predio mencionado, desemboca en el 2. La ganadería extensiva de la parte alta de la
Rio Dagua y finaliza en el crucero al Palmar. microcuenca del Rio San Juan está dañando
2. Un contratista del municipio de Dagua, gravemente el bosque de niebla que regula y
informó a la sociedad actora que había sido garantiza el suministro de agua potable para el
contratado para desarrollar el proyecto: Queremal, el Tigre y Sendo.
“Reposición y/o optimización de la primera 3. Las riberas del rio San Juan son utilizadas
fase del alcantarillado pluvial en el barrio para realizar turismo y «paseos de olla» que
Corea, corregimiento de Borrero Ayerbe del causan deforestación al bosque, daño a la
municipio de Dagua.” biodiversidad y grave contaminación al Área
3. El proyecto consiste en un alcantarillado Forestal Protectora.
pluvial que contendrá vertimientos mixtos 4. Hay invasión, cerramiento, deforestación y
(lluvias y aguas negras residuales), los cuales construcciones en la Zona Hidráulica del Río del
desembocarían en el predio de la sociedad corregimiento del Queremal.
actora, situación que podría afectar la tierra y 5. En la zona se presentan prácticas inadecuadas
generar el desarrollo de organismos e incontroladas de urbanización sin planificación
patógenos que ponen en riesgo la salubridad de la demanda de servicios públicos, lo cual
y la salud de la comunidad. aumenta la demanda de bienes y servicios
4. Dicho contrato no cumplió con todos los ambientales de la cuenca hidrográfica del rio San
requisitos de: imposición de servidumbre, Juan, favorece la desaparición de bosque,
estudio de impacto ambiental, permiso de aumenta el peligro de extinción de especies
vertimientos conforme al artículo 41 del endémicas y agrava la contaminación del rio.
Decreto 3930 de 2010 y el plan de 6. No existe un completo alcantarillado en la zona
reconvención de tecnologías limpias en urbana del municipio, específicamente, en la
gestión de vertimientos. margen derecha del rio San Juan, que se conecte
5. Por lo anterior, la sociedad actora no dio a los respectivos colectores y plantas de
autorización para que se ejecutara el proyecto tratamiento de aguas residuales.
contratado.
6. La problemática ambiental causada a raíz
del vertimiento de aguas residuales en los
predios ubicados en Borrero Ayerbe, fue
denunciada ante la CVC. Esta fue resuelta por
oficio de 24 de febrero de 2015.
Objeto37
Derechos colectivos invocados como vulnerados
-Goce de un ambiente sano -Goce de un ambiente sano
-Existencia del equilibrio ecológico y el manejo -Existencia del equilibrio ecológico y desarrollo
y aprovechamiento racional de los recursos sostenible
naturales para garantizar su desarrollo -Goce del espacio público y utilización y defensa
sostenible, su conservación, restauración o de los bienes de uso público
sustitución -Defensa del patrimonio público
-Seguridad y salubridad públicas -Salubridad pública
-Acceso a una infraestructura de servicios que -Acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública garantice la salubridad pública
-Seguridad y prevención de desastres -Acceso a los servicios públicos y a que su
previsibles técnicamente prestación sea eficiente y oportuna
-Prevención de desastres previsibles
técnicamente

demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el
cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa”. Valga anotar que se expuso las síntesis de los hechos de ambas acciones.
37 Ibídem., “Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o

inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente”.

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-Realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes
Pretensiones
1. Ordenar la terminación de la ejecución del 1. Ordenar las acciones necesarias para que se
contrato proyecto “Reposición y/o puedan reforestar y/o adquirir los terrenos de
optimización de la primera fase del propiedad de particulares que actualmente estén
alcantarillado pluvial en el barrio Corea, destinados de manera exclusiva a ganadería
corregimiento de Borrero Ayerbe del municipio extensiva o agro cultivos, y que hacen parte
de Dagua”. integral del bosque denso de niebla de la micro
2. Ordenar aplicar las medidas pertinentes cuenca hidrográfica del rio san juan.
para que los predios vertientes elaboren un 2. Ordenar: las acciones necesarias para
alcantarillado particular denominado pozo garantizar la conservación y protección de todas
séptico, para que los vertimientos domésticos las especies animales y vegetales que habitan el
no sean enviados a través del predio. área, especialmente las de inminente peligro de
3. Ordenar la adopción de las medidas extinción.
correspondientes para sanear el daño 3. Ordenar las acciones necesarias, para el total
causado y recuperar el área ambiental. amueblamiento y embellecimiento del río san
4. Instar para que en lo sucesivo procure la Juan.
protección del medio ambiente, la naturaleza 4. Ordenar acciones de permanente vigilancia,
y su incidencia en los derechos colectivos. control, monitoreo y sanción, a todos quienes en
5. Ordenar la asunción de los gastos para la actualidad estén dividiendo lotes y
realizar una limpieza en el predio, dado que el construyendo viviendas de veraneo en el
contenido de material sedimentable de aguas Corregimiento del “Queremal” sin permisos y sin
residuales ha quedado en el predio de la el cumplimiento de todas las normas legales de
sociedad actora. planeación municipal. 5. Ordenar acciones de
permanente vigilancia, control, monitoreo y
sanción a quienes deforestan, queman, cazan y
comercializan las especies vegetales y animales
endémicas de la cuenca hidrográfica del Rio San
Juan; y a quienes estén cerrando y cobrando la
utilización recreacional del rio a habitantes,
visitantes y turistas.
6. Ordenar a las acciones necesarias para dotar
a la zona urbana del corregimiento del Queremal
y el rio San juan y las quebradas los
"Bosquecitos” y “Las Delicias”, de un completo
alcantarillado y sus respectivos colectores con
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
conformidad con el Plan de Saneamiento de
Manejo de Vertimientos.
7. Ordenar un completo estudio técnico
ambiental de la “Micro Cuenca Hidrográfica del
Rio San Juan”, en donde se determine su estado
actual de deterioro ambiental y las actuaciones
que se deben adelantar hacia el futuro para
garantizar su completo monitoreo, reforestación,
conservación y protección.
8. Ordenar las acciones necesarias para
garantizar la reforestación, conservación,
protección y/o adquisición total de los terrenos
de particulares que estén exclusivamente
destinados a ganadería extensiva o agro cultivos
en la “Micro Cuenca Hidrográfica del Rio San
Juan”, según las recomendaciones dadas en el
informe técnico ambiental antes solicitado.

127. De la revisión del cuadro comparativo, la Sala encuentra que las acciones
comparadas no tienen identidad en cuanto atañe a los sujetos procesales que

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integran la parte demandada, toda vez que en la primera se demandó al Municipio
de Dagua y a la CVC, mientras que en la acción de la referencia fungen como
accionados, además de las referidas entidades, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio y el Departamento del Valle del Cauca.

128. En segundo término, la causa que da origen a las demandas enfrentadas
difiere ostensiblemente, porque, en la primera acción, la sociedad
Representaciones Agroindustriales Orlando SAS destaca que el hecho generador
de la afectación de los derechos colectivos consiste en la ejecución de un «proyecto
de alcantarillado pluvial» para «el barrio Corea del corregimiento de Borrero
Ayerbe» que «recoge los vertimientos mixtos y domésticos de los vecinos de la zona
para ser vertidos en el predio que le pertenece a la sociedad accionante».

129. El hecho generador de las afectaciones de los derechos colectivos invocados
en el presente proceso alude a las actividades recreativas, de turismo,
aprovechamiento forestal, urbanización y construcción de edificaciones y ganadería
extensiva que, aunadas a la ausencia de plantas de tratamiento de aguas
residuales, están impactando el bosque de niebla, la biodiversidad, así como el área
forestal protectora y la zona de ronda hidráulica de la microcuenca del río San Juan.

130. En ese sentido, las pretensiones de cada caso también adquieren una
connotación diversa pues en el primer proceso se solicitó: i) la terminación del
referido proyecto de alcantarillado pluvial que desembocaba los vertimientos del
barrio Corea en el predio de la parte demandante; ii) ordenar la gestión de los
vertimientos mediante el sistema individual de pozos sépticos, y iii) limpiar y reparar
los daños ocasionados en el predio de la sociedad demandante.

131. De otro lado, la acción de la referencia busca el desarrollo de diferentes
acciones encaminadas a la regulación de las acciones lesivas, a fin de reforestar y
restaurar los ecosistemas, así como la biodiversidad asociada al bosque denso de
niebla y la microcuenca del río San Juan; actividades entre las que se destaca la
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

132. De conformidad con lo expuesto, no es dable concluir que la acción popular
identificada con el N° 2015-00120 genere efectos de cosa juzgada frente al proceso
que ocupa la atención de la Sala.

II.3.2. La integración del litisconsorcio por pasiva

133. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, a través de su
apoderado judicial, sostuvo que el Tribunal a quo no llamó a comparecer a todos los
sujetos responsables de la transgresión de los derechos colectivos, en la medida en
que no vinculó a la controversia al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
ni a las empresas prestadoras de los servicios públicos Vallecaucana de Aguas SA-
ESP, Acuavalle SA-ESP, y Dagua Limpia SA-ESP, ni a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

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Colectivos

134. Por su parte, el apoderado judicial del Departamento del Valle del Cauca afirmó
que la empresa Vallecaucana de Aguas SA-ESP, en calidad de gestor del PAD, era
la entidad llamada a reparar los derechos colectivos amparados.

135. Igualmente, el apoderado judicial del Municipio de Dagua aseveró que tanto el
Distrito de Buenaventura, las personas beneficiarias de las licencias y permisos
urbanísticos “presuntamente irregulares”, y los propietarios de la actividad
ganadera, debieron haber sido vinculados a la presente controversia.

136. Para resolver los referidos planteamiento, la Sala comienza por poner de relieve
que el juez popular a cargo del trámite de la primera instancia tiene la obligación de
integrar adecuadamente el extremo pasivo de la litis, según lo dispone el artículo 18
de la Ley 47238, norma que le asignó a dicha autoridad judicial la tarea de integrar
al contradictorio a otros presuntos responsables, aun cuando los mismos no hayan
sido individualizados en libelo de la demanda; todo ello con miras a garantizar el
derecho a la defensa y al debido proceso de las personas que intervienen en el
debate judicial (arts. 28 y 29 Const. Pol.).

137. Frente al alcance de aquella competencia, esta Sección, en autos de 21 de junio
de 201839, de 28 de junio de 201940, de 2 de septiembre de 202041 y de 10 de
septiembre de 202142, ha indicado que cuando el juez popular no vincula a un
litisconsorte necesario por pasiva, el proceso queda incurso en la causal de nulidad -
saneable- prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso43.

138. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado también ha precisado
que, si los litisconsortes no vinculados eran facultativos o cuasi necesarios, tal
omisión no impacta la validez del proceso judicial, pues el legislador fijó una carga
procesal en cabeza de los posibles beneficiarios o afectados para que informen
oportunamente su deseo de participar en el litigio y, además, encomendó al juez la
tarea de vincular a otras entidades o particulares presuntamente responsables,
durante un término perentorio que culmina con la expedición de la sentencia de
primera instancia, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 472.

38 “[…] La demanda deberá dirigirse contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere

conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables,
el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el
demandado […]”
39 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación:44001-23-33-000-2011-00097-01 (AP), Demandante

:DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación: 15001-23-33-000-2013-00354-02 (AP), Demandante : LUIS

FRANCISCO FORERO PADILLA Y OMAIRA RIVAS RIVAS.
41 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación: 15001233300020160062401, Demandante: Jorge

Enrique Lancheros Delgadillo y otros
42 Ibid., Registro N.° 24: “Actuación: Auto que resuelve integración de litisconsorcio”.
43 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena

38

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

139. Nótese que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 permite participar en el proceso
a las personas o a las entidades que se crean beneficiarias o perjudicadas por la
transgresión o amenaza objeto del litigio, siempre que soliciten oportunamente su
reconocimiento como coadyuvantes del extremo pasivo o activo 44.

140. Paratal efecto, el procedimiento de las acciones populares cuenta con un
mecanismo especial de publicidad en cuyo marco el juez informa el contenido del
auto admisorio de la demanda a los miembros de la comunidad, a través de un
medio masivo de comunicación, con el objetivo de fomentar la concurrencia de las
personas con interés en las resultas del proceso (art. 20 Ley 472).

141. Tal instrumento procesal reconoce que las decisiones adoptadas por el juez
popular producen efectos generales sobre toda la ciudadanía de forma
indeterminada -pues en cabeza de todos está la titularidad de los derechos e intereses
colectivos- y, por ello, faculta a los interesados para que intervengan en estos
escenarios judiciales, sin que resulte forzoso que toda la comunidad comparezca.

142. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-646 de 2003
explicó que «no es exacto considerar, que de la comparecencia de todos los
agentes contaminantes, a las distintas acciones populares, pende el
restablecimiento del derecho a gozar de un ambiente sano, dado que la realidad
indica que frente a la confluencia de emisiones tal exigencia prolongaría los
litigios indefinidamente, comprometiendo, por consiguiente, los derechos e
intereses colectivos y el acceso a la justicia de los afectados (artículos 88, 228
y 230 C.P.)».

143. Para la Corte, el legislador pretende «con la actividad oficiosa del juez, tanto en
la determinación del presunto responsable, como en la vinculación de otros posibles
contraventores, que a las acciones populares comparezcan todos los
causantes de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos,
en la medida de lo posible», todo lo cual se traduce en que en las acciones
populares «la comparecencia de litisconsortes simplemente voluntarios no cuenta
para (viciar) la validez de los litigios».

144. Valga recordar que la figura del litisconsorcio necesario se encuentra regulada
en el artículo 61 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:

[…] Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de
manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia
de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en

44 «[…] ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones,

antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán
coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor
del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de
sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos […]» (Negrillas del Despacho).

39

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra
todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda,
ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el
contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos
para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez
dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición
de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se
suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez
resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los
demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio
solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure
en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de
dicho litisconsorcio. […] (negrillas de la Sala)

145. Significa lo anterior que la vinculación de los litisconsortes necesarios garantiza
la comparecencia al proceso judicial de una pluralidad de sujetos -en el extremo activo
o pasivo- cuya ausencia impediría al juez adoptar una decisión de fondo, porque
existe una relación jurídica material, única e indivisible de origen legal o contractual
que debe ser resuelta de manera uniforme para todos esos sujetos45.

146. Con fundamento en la anterior premisa, se pone de relieve que las empresas
de servicios públicos Acuavalle SA ESP, Dagua Limpia SA ESP y Vallecaucana de
Aguas SA ESP, la Policía Nacional, el Distrito de Buenaventura, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, las personas beneficiarias de las licencias y
permisos urbanísticos “presuntamente irregulares” y los propietarios de la actividad
ganadera de la zona, no son litisconsortes necesarios de los demás miembros del
extremo pasivo, de manera que su participación en el proceso no era indispensable,
por las siguientes razones:

II.3.2.1. De la participación de las empresas de servicios públicos

147. Respecto de la afirmación de los apoderados judiciales de la CVS y del
departamento del Valle del Cauca consistente en que las empresas de servicios
públicos Acuavalle SA ESP, Dagua Limpia SA ESP y Vallecaucana de Aguas SA
ESP tenían que participar en el debate judicial, es pertinente resaltar que el problema
fáctico y jurídico planteado en la demanda de la referencia cuestiona la pertinencia de
la infraestructura del servicio de alcantarillado existente en el Municipio de Dagua,

45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de fecha de 15 de

febrero de 2018. Rad.: 2014 - 00573. Consejero Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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Colectivos

sin que la parte actora reprochara aspecto alguno del esquema de prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto o de aseo46.

148. En el plenario está acreditado que el Municipio de Dagua es el prestador del
servicio de alcantarillado y que el ente territorial, en el ejercicio de dicha labor, no
presentó ante el gestor del PDA ningún proyecto tendiente a construir la
infraestructura que es objeto de reproche.

149. Aunado a ello, el Tribunal de primera instancia, en la sentencia de 28 de agosto
de 2020, advirtió que ACUAVALLE S.A. E.S.P. como gestor del PDA, no podía
apoyar al municipio en tales labores dado que «el Convenio 0832 de 2011 suscrito
entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y la Gobernación fue terminado anticipadamente
encontrándose en fase de liquidación e indicando que una vez se liquide el convenio
y se liberen los proyectos se deberán priorizar los estudios y diseños en
concertación con la Gobernación y el alcalde municipal para poder acceder a los
recursos para los proyectos en cumplimiento del manual operativo del PAP-PDA».

150. Todo esto significaba que no existía ninguna relación indivisible entre el
Municipio de Dagua y la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. - E.S.P. por cuanto
el ente territorial ni siquiera cumplió con la carga mínima consistente en presentar
los proyectos relacionados con este punto de la controversia.

151. En este contexto, la participación del Departamento del Valle del Cauca en el
litigio resultaba suficiente para garantizar la futura coordinación que pueda
requerirse con ocasión de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las funciones
de apoyo técnico, administrativo y financiero que la Ley 142 encomendó a dichos
entes territoriales.

152. Adicionalmente, si bien es cierto que el a quo valoró -de oficio- si el servicio de
acueducto prestado en Dagua cumplía con las normas mínimas de calidad, también
es una realidad que la autoridad judicial concluyó que este era prestado de forma
eficiente, por lo que la comparecencia de la empresa Acuavalle SA-ESP tampoco era
indispensable, a lo que se agrega que tal conclusión no fue objeto de
cuestionamiento en las apelaciones.

II.3.2.2. De la participación de la Policía Nacional en el debate judicial

153. En cuanto al argumento del apoderado judicial de la CVS asociado a que la
Policía Nacional tiene importantes competencias en este litigio ambiental, valga
anotar que el alcalde municipal, en los términos del numeral 2 del artículo 315 de la
Constitución Nacional, «es la primera autoridad de policía del municipio» y, por
ende, «la policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante».

46Concretamente, el actor popular indicó que las entidades accionadas «no han construido oportunamente la

infraestructura necesaria de alcantarillado ni las plantas de tratamiento de aguas negras para evitar la grave
contaminación del rio San Juan».

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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154. Lo anterior se traduce en que no era necesario que la Policía Nacional
participara en la litis, porque el Municipio de Dagua se vinculó oportunamente al
extremo pasivo y ejerció su derecho a la contradicción y defensa; razón por la que
las órdenes de control policivo que lleguen a imponerse, bien podrán ser ejecutadas
por el alcalde municipal, quien podrá contar con el concurso de la Policía Nacional
para efectos de su cabal cumplimiento.

II.3.2.3. De la participación del Distrito de Buenaventura

155. El apoderado judicial del Municipio de Dagua, en sus alegatos de conclusión,
planteó que era necesario vincular al distrito de Buenaventura en el proceso, por
cuanto la reserva de Anchicayá también se extiende sobre el territorio de ese
distrito. Sin embargo, cabe precisar que la situación lesiva denunciada por la parte
demandante está limitada al ámbito territorial del municipio de Dagua. Por tal motivo,
habría sido totalmente inane vincular al distrito de Buenaventura, comoquiera que
no existe en el proceso ningún reproche ni medio de prueba que atribuya la
transgresión o amenaza a ese ente territorial, en relación con el debido
cumplimiento de las obligaciones jurídicas que le asisten frente a las reservas
forestales afectadas.

II.3.2.4. De la participación de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

156. Respecto de la participación de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en el caso concreto, valga mencionar que ese sujeto sería un
litisconsorte netamente facultativo. Adicionalmente, y dado que el Municipio de
Dagua no cobra a los usuarios el servicio de alcantarillado, ni tampoco afirmó haber
agotado el procedimiento dispuesto en el artículo 6º de la Ley 142 de 1994 para
ser reconocido como prestador directo, no es posible afirmar que la citada
Superintendencia este ejerciendo funciones de inspección, vigilancia y control
respecto del accionar del ente territorial, de conformidad con las cuales surja la
necesidad de su vinculación al proceso.

II.3.2.5. De la participación de los titulares de las licencias urbanísticas y de
quienes desarrollan ganadería extensiva en la zona rural de Dagua

157. El apoderado del municipio de Dagua afirmó igualmente que el Tribunal a quo
debió vincular a las personas beneficiarias de las licencias y permisos urbanísticos
“presuntamente irregulares”, así como a quienes desarrollaban actividades de
ganadería extensiva en la zona rural de Dagua.

158. Al respecto, la Sala pone de presente que los demandantes atribuyeron la
transgresión de los derechos colectivos, en el asunto sub examine, a la conducta
omisiva de las autoridades públicas demandadas, sin cuestionar ninguna licencia o

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

permiso urbanístico, ni identificar un predio, o individualizar a un particular que
incurriera en tales omisiones. Contrario sensu, las pruebas sobre el particular fueron
recopiladas por la CVC en unos memoriales que documentan cuál ha sido el
ejercicio de las funciones ambientales encomendadas a esa autoridad respecto de
dichas materias.

159. Para la Sala, la causa petendi del litigio giró en torno a determinar: (i) si las
entidades demandadas promovieron prácticas inadecuadas e incontroladas de
fragmentación de predios; (ii) si avalaron desarrollos urbanísticos que desconocían
las normas ambientales; (iii) si dejaron de «realizar la oportuna vigilancia, control,
monitoreo, protección, recuperación, restablecimiento, ordenación y mantenimiento
del área de especial importancia ecológica asociada a la microcuenca hidrográfica
del río San Juan», y (iv) si no ejercieron un control adecuado a la ganadería
extensiva presente en la zona rural del municipio de Dagua.

160. En consecuencia, ningún particular debía ser vinculado al litigio como
litisconsorte necesario por pasiva, en la medida en que dichos ciudadanos no eran
garantes de controlar, ordenar y salvaguardar el territorio objeto de debate, y
tampoco eran responsables de adoptar las respectivas decisiones y acciones
administrativas. Cosa distinta es que esos ciudadanos indeterminados, a pesar de
no cumplir con la condición de ser litisconsortes necesarios, sí estuvieran facultados
para participar en el proceso como coadyuvantes del extremo pasivo, previa
solicitud de parte, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.

161. En armonía con lo anterior, es preciso resaltar que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante auto de 2 de febrero de 2018 47, admitió la demanda y
ordenó comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad a
través de un aviso publicado el 7 de marzo de 201848, en cuyo marco se respetaron
los principios de publicidad y posibilidad de participación ciudadana.

II.3.3. De la liquidación de la persona jurídica que interpuso la demanda

162. El apoderado judicial del Municipio de Dagua advirtió en su escrito de apelación
que la Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos se
encuentra en liquidación y, mediante memorial de 21 de septiembre de 2021, allegó
el respectivo certificado de existencia y representación legal de 21 de septiembre
de 2021, expedido por la Cámara de Comercio de Cali 49, que da cuenta de lo
anterior. También el representante legal de Fundacolectivos reconoció que ello era
así en el escrito de alegatos de conclusión y, en consecuencia, solicitó designar al
señor Juan Carlos Echeverry Narváez como miembro del comité de verificación.

163. Para resolver este aspecto formal de la controversia, vale la pena recordar que,
según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 472, las disposiciones del

47 Ibid., folios 244 y 245.
48 Folio 264 cuaderno 1.
49 Expediente Digital Samai, anotación 35.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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Colectivos

procedimiento civil y del procedimiento contencioso se aplican en este medio de
control dependiendo de la jurisdicción que corresponda «mientras no se opongan a
la naturaleza y la finalidad de tales acciones».

164. En ese orden, la Sala advierte que el artículo 306 del CPACA, respecto de la
sucesión procesal de las personas jurídicas, hace una remisión a lo dispuesto en el
artículo 68 del Código General del Proceso, norma del siguiente tenor:

[…] ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado
ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de
bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de
alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el
derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal
carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos,
aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir
como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso,
siempre que la parte contraria lo acepte expresamente […]. (negrillas de la Sala)

165. Como puede apreciarse, en virtud de este fenómeno de índole netamente
procesal, una persona (natural o jurídica) ajena al litigio, ocupa el lugar o posición
que tenía un sujeto procesal que dejo de existir, por ser el sucesor de los derechos
de la respectiva parte.

166. Sin embargo, como los derechos colectivos son aquellos cuyo uso y goce está
a disposición de cualquier persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de
condición; es decir que, por oposición al derecho subjetivo, no es posible que la
titularidad recaiga en el patrimonio de una sola persona50, es claro que la figura de
sucesión procesal del extremo activo no es compatible con este medio de control.

167. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que, con fecha 8 de noviembre de
2017, el ciudadano Juan Carlos Echeverry Narváez, obrando en su propio nombre
y también como representante legal de la Fundación para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos - Fundacolectivos, interpuso la acción popular
de la referencia.

168. Sin embargo, mediante auto de 2 de febrero de 201851, el Tribunal
Administrativo del Valle admitió la demanda interpuesta por la Fundación para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y por ese ciudadano, sin tener al
señor Juan Carlos Echeverry Narváez como demandante.

50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2020. C.P: Roberto Augusto Serrato

Valdés. Rad. Núm: 05001-23-33-000-2015-02436-01(AP).
51 Ibid., folios 244 y 245.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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Colectivos

169. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el trámite de las acciones
populares se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales de
prevalencia del derecho sustancial y de eficacia (art. 5° Ley 472), y dando aplicación
a lo dispuesto en los artículos 20752 del CPACA y 13253 del CGP, la Sala adoptará
una medida de saneamiento consistente en reconocer al ciudadano Juan Carlos
Echeverry Narváez como demandante en esta acción popular54.

170. Además, la Sala se abstendrá de aplicar la figura de sucesión procesal respecto
de la liquidación de la persona jurídica que interpuso la demanda, por cuanto tal
sucesión se opone a la naturaleza y a la finalidad del presente medio de control y,
además, en el plenario no se demostró que sobrevino la extinción definitiva de esa
persona jurídica pues dicho trámite aún sigue en fase de liquidación.

II.3.4. De los efectos de los recursos de apelación

171. El representante legal de Fundacolectivos (en liquidación) solicitó, mediante
memorial de 1° de diciembre de 2022, la modificación del efecto de los recursos de
apelación interpuestos por las entidades demandadas en contra de la sentencia de
primera instancia. Justificó esta petición en que el Tribunal a quo negó el incidente
de desacato que promovió para obtener el cumplimiento de esa providencia, tras
alegar que concedió dichos recursos en el efecto suspensivo.

172. En ese contexto, cabe resaltar que la parte actora no recurrió oportunamente
el Auto de 19 de noviembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a través del cual el Tribunal a quo concedió tales recursos en efecto
suspensivo. Por ello, la Sala rechazará de plano y por improcedente la petición
objeto del requerimiento, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

II.3.5. Del principio de congruencia en el caso concreto

173. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca alegó en el recurso de
apelación que «el operador judicial de primera instancia se desbordó en su
competencia extra petita al pronunciarse sobre zonas que no fueron objeto de
demanda e incluso (impartir medidas sobre) el río (SAN CIPRIANO) que no está en
la jurisdicción del municipio de Dagua, sino de Buenaventura, (porque) (…) las
razones expuestas en el fallo para dar órdenes sobre el CORREGIMIENTO DE
BORRERO AYERBE y el CASCO URBANO DE DAGUA, no se justifican con un
nexo causal real (respecto del) (…) objeto de estudio».

52 Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios

que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos,
no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.
53 Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios

que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos,
no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.
54 Al respecto, ver auto de fecha de 28 de febrero de 2017. Rad.: 2016 – 01503. Magistrado Ponente: doctor

Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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174. A efectos de resolver, es pertinente mencionar que el juez de acción popular
está facultado para proferir fallos ultra y extra petita, sin desconocer con ello el
principio de congruencia, en la medida en que esta acción pública cuenta con un
trámite constitucional cuyo alcance es menos restrictivo y cuyo objeto es proteger
los derechos e intereses colectivos.

175. En la sentencia T-176 de 2016, la Corte Constitucional explicó que tales
facultades tienen fundamento en la interpretación literal y teleológica del artículo 88
superior. También expuso que: «el sistema dispositivo especial por el que se rigen
las acciones populares, implica que el juez puede tener en cuenta hechos distintos
a los que aparecen en la demanda, siempre que se trate de la misma acción u
omisión que el actor planteó como transgresora de los derechos o intereses
colectivos, puesto que la sentencia debe ser coherente con la conducta
vulneradora imputada en el escrito de la demanda55».

176. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado ha reconocido las facultades ultra
y extra petita del juez popular, pero ha precisado que las mismas deben respetar el
debido proceso de los sujetos en contienda y, por ende, solo es posible estudiar
nuevos hechos relacionados con la causa petendi que aparezcan probados en el
proceso56, o que se presenten a lo largo del debate judicial57.

177. Precisamente, en reciente sentencia de unificación58, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado explicó que el juez popular
puede adoptar todas las órdenes de restablecimiento que estime pertinentes en el
marco de la situación fáctica que planteó el actor popular, aun si el accionante
expresamente no elevó tales pretensiones, por las siguientes razones:

[…] 15.- Conforme con estos principios, es claro que si, a partir de los hechos
afirmados en la demanda, el juez encuentra que se han vulnerado derechos
colectivos distintos de los invocados debe declarar su vulneración; y si
concluye que se deben tomar decisiones distintas de las solicitadas para
protegerlos, debe adoptarlas en la sentencia.

16.- La prevalencia del derecho sustancial, la oficiosidad de la acción una vez
se impetra, y el deber judicial de adecuación de la demanda imponen concluir

55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 9 de agosto de

2012. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Número de Radicación: 73001-23-31-000-2010-
00472-01. El ciudadano promovió acción popular contra el Instituto Nacional de Concesiones – INCO y la
constructora CSS CONSTRUCTORES S.A., tendiente a la protección de los derechos e intereses colectivos
relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el derecho
a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente; por cuanto consideró que en una carretera
había una alcantarilla que podía causar un accidente. En ese caso no se probó que la alcantarilla estuviera en
las condiciones alegadas por el actor, pero en el proceso la Policía aportó un estudio en el que se demostraba
que en ese punto de la vía existía una curva que causaba accidentes. En consecuencia, el juez concedió las
pretensiones y el Consejo de Estado confirmó la decisión por considerar que no era incongruente porque tenía
que ver con el mismo derecho colectivo y era una situación que generaba el riesgo alegado por el actor popular.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29

de abril de 2015, exp. 2010-00217-01(AP).
57 Consejo de Estado, sentencias de: 16 de mayo de 2007 (exp. 2005-10005) y de 16 de octubre de 2007 (exp.

2002-27149, entre otras.
58 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, Consejero Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO,

Bogotá, D. C., junio cinco (5) de dos mil dieciocho (2018), Expediente: 15001-33-31-001-2004-01647-01.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
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Colectivos

(i) que en la acción popular las partes no disponen del derecho en litigio
como ocurre ordinariamente en los procesos jurisdiccionales; (ii) que el
actor popular no puede controvertir la decisión alegando simplemente
que la defensa del interés colectivo afectado con la situación fáctica
demostrada en el proceso solo puede ser dispuesta por el juez en la forma
solicitada en la demanda o con fundamento en el derecho invocado como
vulnerado en ella; (iii) que a la entidad vulnerante no se le viola ningún
derecho cuando se impone determinada orden dirigida a proteger o
garantizar el derecho colectivo afectado o amenazado, simplemente
porque esa orden no fue pedida en la demanda o porque se invocó otro
derecho.

(…) Si el planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es
conocido por la entidad accionada resulta demostrado en el curso del
proceso, el juez de la acción popular puede aprobar un pacto de
cumplimiento, o proferir una sentencia que tenga como base la vulneración
de derechos colectivos distintos de los invocados en la demanda y donde se
adopten medias diferentes de las impetradas.

La demanda en la acción popular cumple la función de poner en
conocimiento del juez una situación fáctica que está vulnerando o
amenazando un derecho colectivo. El conocimiento de dicha situación por
la entidad demandada y la oportunidad de solicitar pruebas para
evidenciar que tal situación no se presenta, que ella no vulnera intereses
o derechos colectivos, o que ya se tomaron las medidas que debían
adoptarse para evitar la afectación, es suficiente para considerar que se
le ha respetado su derecho al debido proceso.

20.- La Sala concluye que cuando el juez de la acción popular, a partir de
los hechos afirmados en la demanda y probados en el proceso, encuentra
acreditada una amenaza contra un interés colectivo, debe imponerle a la
entidad demandada obligaciones de hacer o de no hacer dirigidas a
garantizarlo, así estas no hayan sido objeto de las peticiones de los
accionantes y así el derecho colectivo invocado haya sido otro. […] (negrillas de
la Sala)

178. Por consiguiente, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del
Consejo de Estado coinciden en que el respeto de la causa petendi es la garantía
mínima del derecho al debido proceso que el juez no puede quebrantar cuando
ejerce las facultades ultra y extra petita.

179. La misma providencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 5 de junio de
2018 -citada por el Tribunal a quo para referirse al alcance de sus funciones ultra y extra
petita-., insistió en la aludida frontera, así:

[…] Conforme con lo expuesto, es claro que jurisprudencialmente se ha
aceptado la posibilidad de que el juez popular profiera fallos ultra y extra petita
en el sentido de amparar derechos colectivos diferentes a los invocados por el
actor popular en la demanda; estudiar hechos adicionales a los planteados
inicialmente, proferir órdenes diferentes a las pedidas por los actores en
las pretensiones, e incluso apartarse de los términos de la impugnación en
fallos de segunda instancia, todo lo anterior, siempre que se guarde relación
con el hecho generador del daño planteado en la demanda y en términos
generales con la causa petendi.

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Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente para
precisar dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la acción
popular puede pronunciarse sobre derechos colectivos que no han sido
invocados en la demanda como vulnerados o amenazados, siempre y cuando
tengan una estrecha relación con los derechos respecto de los cuales sí haya
existido una solicitud expresa de protección y cuando la parte demandada se
haya pronunciado sobre ellos a lo largo del proceso, es decir, que haya podido
ejercer su derecho de defensa.

Entonces, pese a que como se mencionó el juez puede amparar
derechos e intereses colectivos diferentes a los indicados por el
actor en el trámite de agotamiento del requisito de procedibilidad y
en la demanda, siempre y cuando los mismos se relacionen con la
causa petendi, para proceder en tal forma además se requiere que se
haya garantizado el debido proceso del o los demandados en el sentido
de que se les haya permitido pronunciarse sobre el mismo en alguna de
las oportunidades procesales […]59 (negrillas de la Sala)

180. Conforme a los anteriores precedentes jurisprudenciales, el apoderado judicial
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca alegó que al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca «no le est(aba) permitido invocar otros hechos
distintos a los expuestos en el escrito de demanda, pues ello nada menos que
significa(ba) modificar motu proprio la conducta trasgresora en franca violación del
derecho fundamental al debido proceso, a las garantías procesales y al equilibrio
entre las partes, que en sede popular están expresamente protegidos por el artículo
5º de la ley 472»60.

181. Pues bien, al revisar los hechos que sirvieron de fundamento de la demanda, la
Sala observa que le asiste parcialmente la razón a la CVC, en la medida en que el
a quo impartió órdenes de restablecimiento que sobrepasaron la causa petendi
respecto del recurso hídrico cuya protección invocó expresamente el demandante.

182. Para mayor claridad, es menester tener en cuenta que los hechos invocados en
el libelo petitorio sobre este aspecto son del siguiente tenor:

[…] QUINTO: En la reciente investigación y Veeduría ciudadana de nuestra
fundación, lastimosamente pudimos constatar que la denominada "Micro Cuenca
Hidrográfica del Rio San Juan", actualmente se presentan las siguientes
situaciones:

5.1. La micro cuenca del rio San Juan cuenta actualmente con (4.790.3) hectáreas
de tierra, de las cuales en bosque de niebla denso aproximadamente hay (546.56
ha), y en bosque fragmentado aproximadamente hay (1.052 ha). Estos bosques y
su compleja biodiversidad, son los que regulan y garantizan un caudal de agua

59 Sala Especial de Decisión número 6, en el trámite de una revisión eventual de acción popular con radicado
número: 15001-33-31-001-2004-01647-01,
60 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA.

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil
ocho (2008). Radicación número: 19001-23-31-000-2005-00005- 01(AP). Actor: JAIRO VARGAS LONDOÑO.
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA. Referencia: ACCION POPULAR-APELACION DE
SENTENCIA

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Colectivos

promedio de (923) litros por segundo al rio San Juan y abastece con de agua
potable a unos (1500) usuarios
inscritos en las juntas de los acueductos de los corregimientos el "Queremal",
y las veredas de el "Tigre" y "Sendo". (…)

5.7. En nuestra veeduría ciudadana también pudimos investigar y constatar, que
en actualidad existe otra grave amenaza y daño contra los recursos naturales y el
medio ambiente, causada por la no existencia actual de un completo
alcantarillado en la zona urbana del municipio y en la margen derecha del rio
san juan, que se conecte a sendos colectores y plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Es tan delicada la situación honorable Juez Administrativo, que la "C.V.C.", ya
aprobó un Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos -"Psmv", para el
corregimiento del "Queremal", pues el río "San Juan" y dos (2) las quebradas
que lo nutren denominadas "Bosquecitos" y "Las Delicias", están siendo afectados
desde hace años y permanentemente, por las aguas residuales domésticas, agro
industriales y comerciales que producen diariamente los habitantes, hoteleros,
turistas, ganaderos y agricultores del corregimiento.

Según este plan honorable Juez, la administración municipal de "Dagua" debe
realizar cuanto antes el tratamiento de las aguas residuales del corregimiento
del "Queremal" con dos plantas de tratamiento independientes para las
quebradas denominadas "Bosquecitos" y "Las Delicias", y con un colector definitivo
de (8) Ocho pulgadas, el cual se debe utilizar exclusivamente para transportar las
aguas residuales domésticas de la localidad hacía una planta de tratamiento que
las vierta limpias al rio san Juan. Pero, en la actualidad no se han construido las
plantas de tratamiento de aguas residuales y continúa el aumento de la población,
los hoteles, la perjudicial ganadería extensiva, los contaminantes agro cultivos y
las construcciones ilegales en el corregimiento del "Queremal", inclusive en la
propia "Zona de Reserva Ecológica no Edificable y de Uso Público del Rio", lo cual
está generando más cantidad de vertimientos contaminantes al "Cauce Natural".

Respetuosamente le significamos al honorable Juez Administrativo, que el
municipio de "Dagua" ha sido tan omisivo en la implementación del Plan de
Saneamiento de Manejo de Vertimientos en el corregimiento del "Queremal",
que ni siquiera ha avanzado en la construcción de la tubería sanitaría en "PVC" y
en la formulación del estudio y diseño de la red de alcantarillado sanitario, para
alcanzar la ejecución de las metas propuestas por la "C.V.C"; poniendo en grave
e inminente peligro la vida y la salud de miles de personas que utilizan actualmente
las aguas contaminadas del rio san juan para su consumo personal, sin contar con
el ganado para consumo humano que utiliza sus contaminadas aguas como
abrevadero.

Lo cual demuestra que las autoridades administrativas y ambientales accionadas,
desde hace años no están cumpliendo a cabalidad con su función legal de velar
por el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Pues, al permitirse y tolerarse la contaminación diaria del rio san Juan con aguas
negras y contaminadas, están poniendo en inminente peligro la vida, la salud y
la integridad física de su endémica biodiversidad y de los miles de habitantes que
consumen diariamente estas aguas. Ante lo cual, es preventivo bajo el "principio
de precaución", que en la presente acción popular se ordene a las autoridades (…)
que adelanten inmediatamente todas las diligencias administrativas,
presupuestales y técnicas que sean necesarias para la implementación inmediata
del Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos en el corregimiento del
"Queremal",

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SEXTO: En esta área de especial importancia ecológica es evidente: (…) la
inexistencia de una infraestructura de servicio público de alcantarillado que
garantice la salubridad pública; la inexistencia de colectores y plantas de
tratamiento para evitar el vertimiento de aguas residuales al cauce del rio; y la
grave contaminación del cauce y las aguas del rio san juan. (…)

En razón de lo anterior, la Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos
"FUNDACOLECTIVOS", respetuosamente denuncia que las autoridades
competentes y con jurisdicción en la micro cuenca hidrográfica del Rio San
Juan, como lo son; La Alcaldía Municipal de "Dagua" y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca "CVC": En la actualidad están omitiendo
injustificadamente el cabal cumplimiento de sus funciones legales respecto de la
oportuna y permanente vigilancia, monitoreo, control,
protección, recuperación, restablecimiento, ordenación y mantenimiento de esta
área de especial importancia ecológica conocida como la "Micro Cuenca
Hidrográfica del Rio San Juan". Poniendo en peligro inminente y de esta manera,
la supervivencia de su endémica biodiversidad y que los habitantes del Municipio
de Dagua tengan una cuenca hidrográfica ambientalmente sostenible (…).

Respetuosamente denunciamos que las autoridades competentes (…) no han
construido oportunamente la infraestructura necesaria de alcantarillado y las
plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la grave contaminación del
rio san juan […] (negrillas de la Sala)

183. Del extracto transcrito de la demanda, se observa que el accionante cuestionó
específicamente la «no existencia actual de un completo alcantarillado en la zona
urbana del municipio y en la margen derecha del rio san juan», sin aludir al
corregimiento de Borrero Ayerbe o al Río San Cipriano. Además, en el plenario se
demostró que ese corregimiento no hace parte del territorio del río San Juan, y que
el río San Cipriano tampoco es una afluente o vertiente del río San Juan.

184. Al respecto, el documento titulado: “propuesta para la formulación del plan de
manejo ambiental de la microcuenca del río San Juan, corregimiento del Queremal”,
elaborado en el año 2013 por el Centro Agropecuario de Buga del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, indica lo siguiente:

[…] La microcuenca del rio “San Juan” se encuentra ubicado en el
corregimiento del Queremal, municipio de Dagua, jurisdicción del
departamento del Valle del Cauca, nace en la parte alta del Queremal (Imagen
3), en el sector denominado como “El silencio”. El corregimiento del Queremal
cuenta con un sistema hidrológico principal que corresponde a la unidad
hidrográfica de Anchicayá de las cuales una de sus microcuencas
principales es la del rio San Juan la cual representa el 4% total del área y
esta cuenta con 7 afluentes la quebrada el San Juanito, El Oso, la perdida,
la selva, el bosque, el Almorzadero y la Moravia, que desembocan en el río
Digua. Tiene una longitud aproximada de 18.2 Km, y recorre todo el
Corregimiento por el occidente. Surte de agua el acueducto del corregimiento
El Queremal y las Veredas de Sendo y Tigre.

Sus veredas son: el Tigre, Sendo, Machado, Rosita, camelias, la Colonia,
Paraguas y Paragüitas, Potrerillo, San Juan, Berrión, La Victoria, El
Almorzadero, Santa Marta, Toledo, Los Arrayanes, Betania, Buena Vista,

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Barcelona, La Cápita, La Firmeza y El Cincuenta y siete (km. 57). (CVC -
2008). […](Negrillas de la Sala)

185. La siguiente ilustración cartográfica reafirma lo anterior:

186. También en el plenario se demostró que existe un divorcio entre los ríos Dagua
y Digua, y que el río San Juan desemboca en el río Digua, corriente que pertenece
a la macrocuenca del Rio Anchicayá. Mientras que el rio San Cipriano es una
vertiente del río Dagua.

187. Sobre este punto, el informe diagnóstico del Plan de Ordenamiento y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica del Río Anchicayá de diciembre de 201761 presenta la
siguiente delimitación en el norte y el oriente:

[…] Según el acuerdo No 002 de 2005 de la Comisión Conjunta conformada por
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
UAESPNN por el cual “se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del
Río Anchicayá y se toman otras determinaciones” resuelve en el ARTÍCULO
SEGUNDO de la misma la delimitación de la Cuenca del Río Anchicayá, como
sigue:

NORTE: Bocana Norte del río Anchicayá por la divisoria de agua entre los
esteros Limoncitos (Río Dagua) y Limones (Río Anchicayá), siguiendo por esta
divisoria en dirección caserío San Antonio del Río Potedo por el divorcio entre
el río Potedo y el río Dagua, siguiendo la divisoria entre el río Dagua y la
subcuenca del Sabaletas (Anchicayá), continuando por la divisoria de aguas
entre las subcuencas San Cipriano (Dagua) y el mismo Sabaletas, se sigue
luego por la divisoria entre las subcuencas del Pepitas (Dagua) y Aguaclara
(Anchicayá), Se sigue luego por la divisoria entre las subcuencas del río Pepitas
y el río Digua (Anchicaya), se sigue por el divorcio de las cuencas del Dagua
y el Digua en dirección hacia el caserío el Queremal, siguiendo las divisorias

61 Elaborado por los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC Eduardo

Velasco Nicolás Sánchez, Yesid Gómez, Oscar Murillo, Rafael Macea y María Melba Chalá; por los funcionarios
de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales – UAESPNN Luis Fernando Henao, Diana Patricia
García, por los funcionarios de la Universidad del Valle – CIDSE Jaime H. Escobar Martínez, Martha Lucía
Castañeda Cediel, Carmen Elisa Palomeque Manyoma, Mario Javier Tello, Mery Belalcazar, William Vargas,
Alirio Ospina, Simena Marín, Diego Parra, Jorge Tovar, Freddy Martínez, Silverio Garzón y Ayax Rincón.

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de las subcuencas del río San Juan (Anchicayá) y el río Jordán en Dagua en
esta línea hasta el límites de la vertiente del Cauca, área de los Farallones de
Cali.

ORIENTE: Divisoria de aguas entre la vertiente del río Cauca (cuencas de los
ríos Cali, Pance y Río claro) y la vertiente del pacífico (subcuencas de los ríos
San Juan, Digua y Río verde, en Anchicayá, sector farallones de Cali. […]
(Negrillas de la Sala)

188. El aludido documento aclara que el sector objeto de amparo hace parte de la
primera unidad de análisis de la macro cuenca del Río Anchicayá, caracterizada
por:

[…] 4.1.1 UA 1: Valle Interandino: Queremal – San Juan (…)
Corresponde al territorio del corregimiento del Queremal y la Cuenca del río San
Juan hasta el kilómetro 57 por la margen derecha de la vía Simón Bolívar, que
conduce del Queremal a Buenaventura. En la parte alta limita con el divorcio de
aguas con la cuenca del río Dagua.

Los corregimientos y veredas de la UA 1 son: Queremal, La Colonia, Paraguas
y Piragüitas, Potrerillo, San Juan, Berrion, La Victoria, El Almorzadero, Santa
Maria, Toledo, Los Arrayanes, Betania, Buena Vista, Barcelona, La Cápita, La
Firmeza y El Cincuenta y siete (km. 57).

(…) Esta UA comprende los corregimientos de El Queremal, La Elsa,
Cavas, Digua y Piragüitas, todos pertenecientes a la zona rural de municipio
de Dagua. Es particular porque dentro de su área se encuentra el nacimiento
del Río San Juan y por lo mismo el nacimiento de la cuenca. […] (Negrillas de la
Sala)

189. Frente a los servicios de acueducto y alcantarillado en dicha unidad, el citado
documento explica que:

[…] el corregimiento de El Queremal cuenta (…) con alcantarillado, pero no con
planta de tratamiento de aguas residuales, que son arrojadas a los ríos sin
ningún tipo de tratamiento. El resto de la población (…) no poseen
alcantarillado, realizándose la disposición de excretas directamente al río, con
excepción de algunas viviendas que cuenta con letrinas o pozos sépticos. (…)

[…] (negrillas de la Sala)

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190. El escrito de alegatos de conclusión del municipio62contiene un mapa de los
corregimientos y del casco urbano de Dagua, el cual se exhibe a continuación:

191. A partir de la anterior información cartográfica, es claro que la controversia
estaba atada a la «no existencia actual de un completo alcantarillado en la zona
urbana del municipio y en la margen derecha del rio san juan». Y, por eso, el
Tribunal de la primera instancia solo podía impartir directrices que garantizaran la
corrección de las problemáticas demostradas en el plenario respecto del servicio
público de alcantarillado de la zona urbana de Dagua, y de los vertimientos que
afectaban el río San Juan.

192. A pesar de lo anterior, la autoridad judicial que resolvió la primera instancia
impartió las siguientes órdenes de amparo:

[…] 3. ORDENAR para el CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE en un
horizonte de 12 años 1) la optimización de la red de alcantarillado para lo cual es
necesario i) formular del estudio del plan maestro de alcantarillado sanitario y
pluvial - PMASP; ii) la instalación de la tubería Novafort que resulte necesaria; iii)
la construcción de los vertederos triangulares para las aguas lluvias; iv) el
mantenimiento preventivo a toda la red de alcantarillado, las reposiciones
necesarias y la cobertura de todo el corregimiento del sistema; 2) i) adquisición del
lote para la construcción de la PTAR que cumpla las especificaciones para ello con
la respectiva afectación en el PBOT como suelo de protección para servicios
públicos; ii) diseño, construcción, arranque y puesta en marcha de la PTAR iii)
estudio tarifario para el sistema de alcantarillado y PTAR; iv) el monitoreo y

62Ibid., Registro N.° 65: “Actuación: El Señor(a): ROOSEVELT SARMIENTO PALACIOS a través de la
ventanilla virtual, radicó la solicitud No.39954 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:26/07/2022 20:24:18,
donde solicitó: PODER Y ALEGATOS DE CONCLUSION DE LA DEMANDADA MUNICIPIO DE DAGUA”.

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mantenimiento constante a la planta previa capacitaciones dirigido al personal de
operación; y 3) finalmente y no menos importante adelantar por parte del municipio
en asocio con la CVC capacitaciones anuales a la comunidad del uso eficiente,
ahorro del agua de consumo y gestión ambiental de los recursos líquidos y sólidos.

6. RECONOCER a los ríos SAN JUAN y DAGUA y sus respectos afluentes que
conforman las cuencas hidrográficas del mismo nombre como ENTIDADES
SUJETOS DE DERECHOS a la protección, conservación, mantenimiento y
restauración a cargo del Estado, el municipio de Dagua, la Asociación de Usuarios
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Corregimiento Queremal –
ASUAQ; la Asociación Empresa Comunitaria de Acueducto Borrero Ayerbe -
ECASP, la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca – CVC; y
FUNDACOLECTIVOS. (…)

15. EXHORTAR a la CVC DAR PACÍFICO ESTE a fin de que realice actividades
de seguimiento, vigilancia y control a las viviendas y establecimientos en general
ribereños del río San Cipriano a fin de verificar la existencia o no de pozos
sépticos, para que conforme a los hallazgos imparta las órdenes, capacitaciones,
ayudas y orientaciones que requiera la comunidad a fin de la creación y adecuado
funcionamientos de pozos sépticos para evitar la descarga directa y sin tratamiento
de las aguas residuales y no residuales al cauce del río. Iguales actividades habrá
de adelantar la CVC en otros sitios de recreación que se encuentren dentro de los
mismos afluentes de los ríos Dagua y San Juan y en similares circunstancias de
riesgo de contaminación. […] (Negrillas de la Sala)

193. Esto significa que el juez de la primera instancia excedió el objeto del litigio,
teniendo en cuenta que solo podía adoptar las medidas necesarias para proteger
los derechos colectivos vulnerados por las deficiencias presentes en el sistema de
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales del corregimiento del Quemaral
y de la zona urbana del municipio de Dagua, dado que tales asuntos integran la
causa petendi, y los mismos fueron objeto de prueba y contradicción durante el
debate procesal.

194. Como consecuencia de lo anterior, la Sala debe revocar el numeral tercero de
la sentencia de 28 de agosto de 2020 y modificar el contenido de las demás órdenes
que versen sobre los ríos Dagua y San Cipriano, pues tal materia no fue solicitada
por el actor popular en su libelo petitorio, salvo en lo relacionado con el sistema de
«alcantarillado en la zona urbana del municipio», cuyas aguas son vertidas en el río
Dagua, según las pruebas recaudadas en el expediente.

II.4. De los reparos sustanciales

195. Para resolver los aspectos sustanciales de los recursos de apelación
interpuestos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por la CVC, por el
Departamento del Valle del Cauca y por el Municipio de Dagua, la Sala parte de la
premisa según la cual los referidos sujetos procesales no desconocieron,
cuestionaron ni desvirtuaron la situación vulnerante de los derechos colectivos
amparados, sino que reprocharon el contenido de las órdenes de amparo porque
las mismas exceden el ámbito de sus competencias, son inocuas o desconocen
otros derechos subjetivos.

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192. En este contexto, la Sala procederá a pronunciarse en relación con los
planteamientos consignados en los distintos escritos de apelación y que se refieren
a los siguientes aspectos: (i) la declaratoria del rio Dagua como sujeto de derechos;
(ii) el sistema de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento El Cumaral y
de la zona urbana de Dagua, y (iii) las actividades antrópicas que estarían afectando
la zona rural del municipio de Dagua perteneciente a la Reserva Forestal Protectora
Nacional Río Anchicayá y a la Reserva Forestal del Pacífico (concesión de aguas
para uso recreativo, turismo masivo, urbanismo y ganadería extensiva).

II.4.1. La declaratoria de los ríos San Juan y Dagua como sujetos de derechos

196. En el numeral 6° de la sentencia de 28 de agosto de 2020, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca reconoció «a los ríos San Juan y Dagua y sus
respectos afluentes que conforman las cuencas hidrográficas del mismo nombre
como entidades sujetos de derechos». En consecuencia, señaló que su protección,
conservación, mantenimiento y restauración, así como su «tutoría y representación
legal» corresponderían al municipio de Dagua, a la CVC, al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a la Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado del Corregimiento Queremal -ASUAQ, a la Asociación Empresa
Comunitaria de Acueducto Borrero Ayerbe - ECASP y a Fundacolectivos.

197. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio impugnó tal determinación tras
afirmar que sus competencias eran incompatibles con las acciones de tutoría y
representación legal de los cuerpos de agua, pues no le corresponde realizar control
ambiental. De otro lado, la CVC adujo que el asunto bajo examen no se acopla con
los elementos que la Corte Constitucional tuvo en consideración para declarar los
elementos de la naturaleza como sujetos de derechos.

198. Para resolver, es pertinente mencionar que la Sección Primera del Consejo de
Estado, en la sentencia de 14 de septiembre de 202063, resolvió un cargo de
naturaleza similar al ahora propuesto, en el sentido de afirmar que la medida de
restablecimiento contenida en la sentencia de tutela T – 622 de 2016 de la Corte
Constitucional no constituye un precedente aplicable a esta jurisdicción cuando
resuelve una controversia judicial en el escenario de las acciones populares.

199. En dicha oportunidad, la Sala explicó lo siguiente:

[…] 5.12. De la controversia sobre la aplicación de la sentencia T– 622 de 2016
proferida por la Corte Constitucional.

Observa la Sala que los recurrentes cuestionan la invocación que hizo el a quo de la
sentencia T – 622 de 2016 expedida por la Corte Constitucional para hacer extensivas
las órdenes de dicha providencia al fallo de primera instancia, dado que no existe
identidad fáctica entre la misma y lo abordado en el presente asunto, circunstancia que
lleva a la Sala a determinar la certeza de tal manifestación.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre

de 2020. Exp. No. 73001233100020110061103, Actor: Personería Municipal de Ibagué.

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El siguiente cuadro permite precisar si el Tribunal Administrativo de Tolima hizo
extensivas las órdenes contenidas en la sentencia T-622 de 2016 al presente asunto:
En consecuencia, procederá la Sala a determinar cuáles son los supuestos fácticos y
jurídicos de ambos asuntos:

Sentencia T- 622 de 2016 Expediente 2011 – 00611
Caso Río Atrato
CUARTO. - RECONOCER al río Atrato, su XXI. El Gobierno nacional
cuenca y afluentes como una entidad sujeto ejercerá la tutoría y
de derechos a la protección, conservación, representación legal de los
mantenimiento y restauración a cargo del derechos de los ríos (a través de
Estado y las comunidades étnicas, conforme a la institución que el Presidente de
lo señalado en la parte motiva de este proveído la República designe, que bien
en los fundamentos 9.27 a 9.32. podría ser el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
En consecuencia, la Corte ordenará al Sostenible) en conjunto con las
Gobierno nacional que ejerza la tutoría y comunidades que habitan en las
representación legal de los derechos del río (a cuencas de los ríos Coello,
través de la institución que el Presidente de la Combeima y Cocora; de esta
República designe, que bien podría ser el forma, los tres ríos y sus cuencas
Ministerio de Ambiente) en conjunto con las -en adelante estarán cada uno
comunidades étnicas que habitan en la cuenca representado por un miembro de
del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río las comunidades y un delegado
Atrato y su cuenca -en adelante- estarán del Gobierno colombiano,
representados por un miembro de las quienes serán los guardianes de
comunidades accionantes y un delegado del los ríos. Con este propósito, el
Gobierno colombiano, quienes serán los Gobierno, en cabeza del
guardianes del río. Con este propósito, el Presidente de la República,
Gobierno, en cabeza del Presidente de la deberá realizar la designación de
República, deberá realizar la designación de su su representante dentro del mes
representante dentro del mes siguiente a la siguiente a la notificación de esta
notificación de esta sentencia. En ese mismo sentencia. En ese mismo período
período de tiempo las comunidades las comunidades accionantes
accionantes deberán escoger a su deberán escoger a su
representante. representante.

De lo anterior se colige que las órdenes plasmadas en los numerales XXI a XXVI del
numeral quinto del fallo de 30 de mayo de 2019 expedido por el Tribunal Administrativo
de Tolima, son una reproducción de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia T-622 de 2016; razón por la cual, se procederá a evaluar si dicho precedente
era aplicable al caso en concreto.

En consecuencia, procederá la Sala a determinar cuáles son los supuestos fácticos y
jurídicos de ambos asuntos:

Hechos relevantes Problema jurídico
Mediante acción de tutela una ¿Vulnera los derechos
representante de las comunidades fundamentales a la vida, a
étnicas que habitan en la cuenca del Río la salud, al agua, a la
Atrato pretendió detener el uso intensivo y seguridad alimentaria, al
a gran escala de los métodos de medio ambiente sano, a
extracción minera y explotación forestal la cultura y al territorio de
en dicho afluente, que se efectúa a través las comunidades étnicas
Sentencia de maquinaria pesada y el uso de que habitan en la cuenca
T-622 de sustancias tóxicas como el mercurio. del Río Atrato, las
2016 actividades de extracción
La peticionaria, manifestó que dichas minera y explotación
actuaciones vulneraban los derechos forestal a gran escala que
fundamentales a la vida, a la salud, al se lleva a cabo en dicho a
agua, a la seguridad alimentaria, al medio fluente a través de

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ambiente sano, a la cultura y al territorio maquinaria pesada y el
de las comunidades étnicas que habitan uso de sustancias tóxicas
en las riberas del Río Atrato. como el mercurio?

(…) La demandante invocó como ¿Pone en riesgo los
vulnerados los derechos colectivos al derechos colectivos
goce de un ambiente sano, a la moralidad invocados en la
administrativa, a la existencia del demanda, la concesión
equilibrio ecológico y el manejo y de títulos mineros de
aprovechamiento racional de los recursos exploración y explotación
naturales para garantizar su desarrollo aurífera en las cuencas
sostenible, su conservación, restauración de los Ríos Combeima,
Caso o sustitución. La conservación de las Cocora y Coello?
bajo especies animales y vegetales, la
examen. protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así
como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio
ambiente, a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad
públicas, al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles
técnicamente y a los derechos de los
consumidores y usuarios

De lo anterior se colige que asiste razón a los recurrentes en tanto afirman que los
mandatos contemplados en la sentencia T – 622 de 2016 no constituían un
precedente aplicable a presente asunto, dado que los supuestos de fácticos y
jurídicos de ambos casos son disímiles.

Lo anterior, como quiera que en el primer asunto la Corte Constitucional se
centró en determinar en sede de tutela si las actividades de minería y
deforestación ilegal a gran escala en el Río Atrato, con maquinaria pesada y el
uso de mercurio, vulneraba los derechos fundamentales de los habitantes de las
riberas de ese afluente; mientras que, en el asunto de la referencia, el debate
procesal gira en torno a las concesiones mineras legalmente conferidas por la
autoridad competente, las cuales, en la mayoría de casos, no ha superado la fase
exploratoria y que fueron conferidas en las Cuencas de los Ríos Combeima,
Cocora y Coello, respecto de las que, además, no existe prueba de su ejecución

Bajo ese entendido, y como no era procedente hacer extensivas las órdenes
contenidas en la sentencia T – 622 de 2016 al asunto de la referencia, la Sala
revocará las órdenes contenidas en los numerales XXI a XXVI del artículo quinto
del fallo de 30 de mayo de 2019, expedido por el Tribunal Administrativo del
Tolima. […]64. (Negrillas de la Sala)

200. De la providencia transcrita, la cual esta Sala prohíja de forma integral, se
advierte que los supuestos fácticos de una acción popular en la que se estudia un
conflicto de naturaleza colectiva relacionado con la contaminación de una corriente
hídrica, difieren de las circunstancias culturales y étnicas de orden fundamental que
motivaron el reconocimiento del Río Atrato como sujeto de derechos.

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre

de 2020. Exp. No. 73001233100020110061103, Actor: Personería Municipal de Ibagué.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

201. Siguiendo esta línea argumentativa, el Consejo de Estado en la sentencia de 20
de noviembre de 202065 explicó que la declaratoria de un ente natural como sujeto
de derechos no era compatible con la naturaleza y finalidad de este medio de control
por las siguientes razones:

[…] Es innegable que la figura jurisprudencial cuestionada, cuyo desarrolló
jurisprudencial le es atribuible a la Corte Constitucional66, se utiliza en las
acciones de tutela para reconocer a los entes naturales derechos
“fundamentales” y “conexos a los fundamentales”, en la medida en que
este tipo de amparo requiere de la identificación del sujeto que detenta la
titularidad de los derechos humanos.

Por el contrario, la Corte Constitucional67 y esta Corporación68 han reiterado
que el uso y goce de los derechos colectivos se encuentra a disposición de
cualquier persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición. De ahí
que, en oposición a los derechos subjetivos, no es posible que la
titularidad de las prerrogativas colectivas recaiga exclusivamente en el
patrimonio de un individuo, de una entidad, de un ente natural o de un
grupo específico de personas.

Así pues, por antonomasia, la “propiedad” o “titularidad” de los derechos
colectivos tiene un nivel de indeterminación que el Tribunal Administrativo del
Quindío desconoce cuándo declara al río como sujeto de las garantías
establecidas en los literales a, c, g, h, j y m del artículo 4° de la Ley 472, bajo
la tutoría o representación legal del Gobernador del Departamento del Quindío.
[…] (negrillas de la Sala)

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre

de 2020, Rad. N.° 63001-23-33-000-2019-00024-01 (AP), C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
66 En tal sentido, es menester precisar que la aludida figura jurisprudencial encuentra sus orígenes en el derecho

comparado, en donde se utilizaron las instituciones propias del derecho Civil y del derecho comercial para
reconocer a los entes naturales derechos cuya titularidad, en principio, había sido conferida a los seres
humanos. Concretamente el parlamento de Nueva Zelanda, a través del Act Te Awa Tupua (Whanganui River
Claims Settlement) de 2017, reconoció el Río Whanganui como sujeto de derechos a través de una estratagema
similar. Igualmente, la Constitución Política de Ecuador de 2008, a través del artículo 72, introduce el concepto
de sumak kawsay (buen vivir) y reconoce que la naturaleza tiene derechos.
67 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 (M. P: Rodrigo Escobar Gil): “[…] las

acciones populares constituyen el medio procesal mediante el cual se busca asegurar una protección judicial,
actual y efectiva, de derechos e intereses transindividuales o colectivos de importante trascendencia social, es
decir, de derechos e intereses que pertenecen a todos y cada uno de los miembros de una comunidad. […]. En
este contexto […], la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violación de un derecho
colectivo, existe para un universo de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, conservan el mismo
derecho a promover la acción popular. […]. [P]ara la protección de los derechos colectivos, dada su importancia
social, cualquier miembro del grupo afectado está legitimado procesalmente para defenderlos, es decir, para
ejercer la acción popular en nombre de toda esa comunidad, con el fin de impedir un daño colectivo o
reestablecer el uso y goce del derecho”.
68 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005. C.P: María Elena Giraldo

Gómez. Rad. Núm: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP): “[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se
deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen
situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una
comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por
lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los
siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010. C.P. (E): María Claudia Rojas Lasso.
Rad. Núm: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC): “[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado
el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos
mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más
allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

202. En la misma providencia, la Sala explicó que la figura de tutor o de representante
legal conduce al menoscabo de las atribuciones conferidas a otras entidades
públicas, debido a que:

[…] en materia de prestación de servicios públicos y de conservación de las
cuencas hidrográficas, confluyen diversas autoridades de orden nacional,
departamental y local encargadas de ejercer sus funciones de manera
articulada, en los términos del artículo 288 superior.

Sin embargo, encomendar solo a una de ellas los derechos y, por
consiguiente, las obligaciones del río -como sujeto-, desequilibraría la
balanza que cimienta nuestra estructura Estatal, haciendo caso omiso a la
existencia del SINA y de su sistema articulador, así como del riguroso y
armónico régimen de servicios públicos que existe en nuestro país. (…)

Es en este contexto que la Sala resalta la importancia del principio de legalidad,
consagrado en el artículo 6º de nuestra Carta Fundamental y según el cual, «los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes y los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».

Igualmente, se enfatiza el hecho consistente en que el uso dado a las
instituciones propias del derecho civil y del derecho comercial en la orden
cuestionada, impide una interpretación armónica de nuestra legislación
ambiental que contempla instrumentos propios a efectos de materializar
el deber del Estado de proteger las cuencas hídricas. (…)

En este contexto, es menester indicar que el Tribunal de primera instancia, en
el ordinal 1° de su decisión, acogió una figura que era inaplicable al caso
concreto, y que, sumado a ello, tampoco permitía la adecuada articulación de
las entidades condenadas. Adicionalmente, profirió varias instrucciones
judiciales sin fijar un plazo de cumplimiento lo cual entorpece aún más el
proceso de coordinación necesario para la recuperación de la cuenca. […]
(negrillas de la Sala)

203. Siendo ello así, la Sala coincide con el apoderado de la CVC en que los
aspectos fácticos y jurídicos que caracterizaron al proceso judicial resuelto a través
de la sentencia T-622 de 2016, distan del asunto de la referencia. Ello debido a que
la acción lesiva del presente proceso consiste en «la ineficacia de los sistemas de
alcantarillado […] de El Queremal y el caso urbano de Dagua», mientras que la
Corte Constitucional estudió una situación excepcional de minería y deforestación
ilegal a gran escala69. Frente cada una de esas situaciones se evidenciaron
impactos distintos para los cuales el ordenamiento jurídico previó tratamientos
igualmente diferenciados.

204. En segundo término, se reitera la ratio decidendi establecida en la sentencia de
20 de noviembre de 2020, según la cual la medida objeto de reparo es innecesaria
«dado que nuestro ordenamiento ambiental contempla una serie instrumentos y

69Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, Rad. N.° 73001-23-31-000-2011-00611-03(AP), C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

responsabilidades que permiten materializar el deber del Estado de conservar y
proteger el entorno ambiental desde el eje del desarrollo sostenible»70.

205. Por estas mismas razones, el doctor Oscar Silvio Narváez Daza, en su
condición de Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aclaró su
voto frente al numeral 6° de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de noviembre
de 2020, en el sentido de afirmar que era inane declarar a los Ríos San Juan y
Dagua como sujetos de derechos a efectos de impartir las órdenes de amparo, por
cuanto se trataba de la defensa de derechos colectivos.

206. Sin lugar a dudas, los jueces, al momento de asignar funciones de
representación o tutoría de los entes naturales pueden llegar a alterar el régimen de
competencias del Sistema Nacional Ambiental -SINA, el régimen de servicios
públicos y la articulación armónica que debe existir entre estos dos subsistemas
normativos.

207. En demostración de lo anterior, se tiene que el numeral sexto de la sentencia
impugnada desconoce las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible como organismo rector del sector ambiente y coordinador del SINA.
Tampoco reconoce el rol fundamental que desempeña el Departamento del Valle
del Cauca en la ejecución de los PAP-PDA en materia del servicio público de
alcantarillado, y no tiene en cuenta que los particulares que generan vertimientos
en esos afluentes también son responsables de obtener los respectivos permisos y
adoptar las medidas de mitigación pertinentes.

208. Cabe resaltar que esta decisión tampoco significa que la jurisdicción
contencioso-administrativa no comparta los cambios epistemológicos que se han
presentado en el desarrollo de las ciencias jurídicas, sino que resalta las
especificidades del escenario judicial de la acción popular, con fundamento en las
cuales no resulta aplicable la medida dispuesta en el numeral sexto de la parte
resolutiva de la sentencia de 20 de noviembre de 2020 respecto de la controversia
que nos ocupa.

209. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala revocará la referida
orden.

II.4.2. El sistema de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento El
Queremal y de la zona urbana de Dagua

193. Para salvaguardar los derechos colectivos previstos en los literales a), g), h), j)
y l) del artículo 4° de la Ley 47271, el Tribunal de la primera instancia impartió al

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre

de 2020, Rad. N.° 63001-23-33-000-2019-00024-01 (AP), C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
71 Es decir, los derechos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y desarrollo

sostenible, al espacio público, a la defensa del patrimonio público, a la salubridad pública, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su

60

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento de Valle del Cauca, al
Municipio de Dagua, y a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca las siguientes
órdenes de restablecimiento:

[…] 2. ORDENAR para el CORREGIMIENTO DE EL QUEREMAL en un
horizonte de 12 años, 1) la optimización de la red de alcantarillado para lo cual
es necesario i) formular los estudios y diseños de la red de alcantarillado
sanitario y pluvial y del sistema de tratamiento de las aguas residuales en el
corregimiento; ii) la construcción de las tuberías sanitarias del alcantarillado, la
construcción del alcantarillado, los colectores, canaletas y demás estructuras
necesarias para suplir las deficiencias del sistema; 2) la puesta en marcha de
la construcción de una PTAR previa adquisición del lote que cumpla las
especificaciones para ello con la respectiva afectación en el PBOT como suelo
de protección para servicios públicos, evaluándose si el ya existente cumple
dicha finalidad (predio donado al municipio mediante escritura pública 791 del
21 de diciembre de 2006; 3) el fortalecimiento de ASUAQ o a quien vaya a
administrar el sistema de alcantarillado; y 4) finalmente y no menos importante
adelantar municipio en asocio con la CVC capacitaciones anuales a la
comunidad del uso eficiente, ahorro del agua de consumo y gestión ambiental
de los recursos líquidos y sólidos. (…)

4. ORDENAR para el CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DAGUA en un
horizonte de 12 años, i) la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos que permita el diagnóstico de las condiciones del sistema de
alcantarillado de la cabecera urbana de Dagua, para que a su vez ii) se formulen
los estudios, diseños y obras para suplir las deficiencias del sistema de
alcantarillado en todas sus fases (recolección, conducción, tratamiento y
disposición final de residuos), lo que a su vez, inexorablemente debe llevar a iii)
la construcción de la respectiva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –
PTAR, previa adquisición del lote que cumpla las especificaciones para ello y la
afectación en el PBOT como suelo de protección para servicios públicos, iii) así
como la implementación de capacitaciones a quien sea entregado el manejo del
sistema de alcantarillado; y finalmente y no menos importante iv) adelantar por
parte del municipio en asocio con la CVC capacitaciones anuales a la
comunidad del uso eficiente, ahorro del agua de consumo y gestión ambiental
de los recursos líquidos y sólidos.

5. Para el cumplimiento de las órdenes de los numerales 2°, 3° y 4° se ORDENA
LA FINANCIACIÓN por parte del Estado del Presupuesto General de la Nación
en el marco del sector de saneamiento y agua potable como lo son los apoyos
financieros o las bolsas de apoyo financiero a través del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio debiendo asumir un 50% del costo total; del Municipio y
Departamento del Sistema General de Participaciones, de los recursos propios,
de libre destinación o de cualquier otro actor del PAP-PDA, debiendo aportar el
municipio de Dagua un 5% y el Departamento del Valle del Cauca 20%; de la
CVC de sus recursos propios al ser la autoridad ambiental en un 25% bien sea
del fondo de cofinanciación para la descontaminación del agua o del que resulte
procedente; y en general los recursos de inversión de prestadores o del sector
privado que se incorporen a la estructuración y ejecución de proyectos en el
marco de asociaciones público-privadas.

prestación sea eficiente y oportuna, a la prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos que respeten las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

Para lo anterior, deberán los anteriores citados (Nación – MVCT; CVC,
Departamento del Valle y Municipio de Dagua) adelantar en el término de tres
(3) meses calendario una reunión en las instalaciones de la CVC DAR
PACÍFICO ESTE del Municipio de Dagua o en el lugar que dispongan para tal
efecto, a fin de establecer concretamente los compromisos y tareas a adelantar
dentro del marco de su porcentaje de financiación para el logro de las órdenes
impartidas en los numerales 1°, 2° y 3° de la presente acción popular y con el
respectivo señalamiento del cronograma de los planes, programas y obras a
ejecutar; así mismo deberán incluirse indicadores claros y precisos que
permitan realizar una evaluación y seguimiento eficaz a las medidas adoptadas.
Deberá levantarse la respectiva acta de la reunión en la que se especifique de
forma clara y detallada cada uno de los compromisos asumidos. El acta deberá
contener la firma de cada uno de los representantes de las entidades; de
realizarse de forma virtual deberá adjuntarse el registro fílmico que dé cuenta
de su realización, de la participación de cada entidad e igualmente elaborar
escrito sobre los compromisos asumidos. El acta o soporte de la reunión deberá
ser remitida al despacho dentro del término de cinco (5) días siguientes a su
celebración. […]

210. Para los recurrentes, las precitadas instrucciones transgreden su marco de
competencias, y desconocen las acciones que han emprendido en la materia.
Además, coinciden en que el Municipio de Dagua es la autoridad encargada de
prestar el servicio público de alcantarillado y, en ese sentido, en el marco de los
PAP-PDA, es el que debe proponer los proyectos específicos a desarrollar en esa
materia y desplegar la gestión administrativa necesaria para beneficiarse de los
mecanismos de financiación.

211. Por su parte, la cartera ministerial condenada estima que el departamento y la
CVC deberían coadyuvar al municipio, y pone de presente que el municipio no ha
utilizado los mecanismos que implementó el ministerio para apoyar el financiamiento
de las obras priorizadas en los PAP-PDA.

212. A su vez, la CVC afirmó que las órdenes eran imprecisas, excedían el marco de
sus competencias y podrían generar problemas de articulación administrativa, pues
la sentencia no enunciaba qué autoridad administrativa era responsable de cada
acción.

213. En tal sentido, enfatizó que la CVC es competente para participar en la
aprobación y el seguimiento de los PSMV, más no para financiar su implementación
y ejecución. Tampoco puede «invertir en Infraestructura de redes y servicio público
de alcantarillado» ni prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
aunque si puede financiar la construcción de las PTAR, en los términos dispuestos
en la Resolución Nro. 0120 del 21 de febrero de 201972. Y mucho menos puede
poner en funcionamiento dicha PTAR, adquirir el lote en donde se construirá o
adelantar el estudio tarifario.

72 Por medio de la cual se modifica la Resolución 0100 No. 0660-0611 de 2016, por la cual se adoptan los

criterios para acceder al fondo de cofinanciación para la descontaminación del recurso hídrico.

62

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

214. Finalmente, alegó que era desproporcional la decisión asociada a determinar el
porcentaje de financiamiento que debía cancelar cada uno de los miembros del
extremo pasivo, y que no atendía a la realidad financiera de esa autoridad
ambiental.

215. En este orden de ideas, a efectos de determinar si a los recurrentes les asiste
la razón, esta autoridad judicial estudiará: (i) las competencias de la Nación, de los
Departamento, de los municipios y de las autoridades ambientales en materia de
saneamiento básico; (ii) la regulación sobre los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA; (iii) la
participación de los recurrentes en el restablecimiento de los derechos colectivos, y
(iv) la proporcionalidad de las órdenes de amparo respecto de los derechos
colectivos.

II.4.2.1. Las competencias de la Nación, de los Departamento, de los
municipios y de las autoridades ambientales en materia de saneamiento
básico

216. Conforme con el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento
ambiental es un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de
prioridad y se rige por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad
y calidad.

217. Este servicio guarda estrecha relación con el derecho que tienen todas las
personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de proteger la
diversidad e integridad del ambiente73, el cual se concreta, fundamentalmente, en
los deberes de planificación integral de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental74, tales como la contaminación de las aguas o la acumulación o
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios 75.

218. Con miras a alcanzar estos objetivos, el artículo 356 de la Constitución Política
determinó que al legislador fijaría las competencias de las entidades locales,
departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios públicos.
Además, la citada norma creó el Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios como un mecanismo tendiente a promover
su adecuada articulación, con base en los “principios de solidaridad,
complementariedad y subsidiariedad”.

219.El constituyente, en el artículo 288 superior, también contempló que «las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme

73 Artículo 79.
74 Artículos 80 y 95, numeral 8.

En torno al principio de planificación ambiental, Cfr: Decreto Ley 2811 de 1974, artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y
g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
75 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley», esto es, el artículo 4 de la Ley 1551 de 6 de julio
de 201276, norma que señala lo siguiente:

[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el
artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los
siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación
con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las
mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes
entre sí para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para
evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad
administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir
la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto
defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir
las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades
territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades
de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios.
(negrillas de la Sala)

220. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias
a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con
sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política

76 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Ley
136 de 2 de junio de 1994]

64

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y
coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente
físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]. (Negrillas de la Sala)

221. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades condenadas en el ejercicio de sus competencias
propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la
conservación del entorno natural.

222. Así las cosas, al municipio «le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley y construir las obras que demande el progreso local», eso sí:
«cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen», conforme a lo dispuesto en los artículos 311 y
367 superiores.

223. Por eso, el artículo 3° (numerales 10 y 19) de la Ley 136 de 1994; el artículo
5°77 de la Ley 142; y el artículo 878 de la Ley 388 de 199779, precisan que la
prestación de los servicios públicos relacionados con el saneamiento ambiental es
una función que se encuentra a su cargo de forma principal.

224. De otro lado, el artículo 298 superior también dispuso que: «[l]os
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su
territorio». Además, «ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes». Y, adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y coordinación en materia
de servicios públicos (artículo 367 Constitucional).

77 “Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de
la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo Municipio en los casos previstos en el artículo
siguiente. […]”.
78 “Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante
la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención
en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras: […].
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos
y lugares análogos. […].
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios
y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de
conformidad con las leyes. […]”.
79 Modificado por el artículo 6 de la Ley 155179 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989,
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las funciones de los Municipios.

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225. Con base en tales atribuciones, los artículos 7° de la Ley 142 y 7480 de la Ley
715 de 2001 contemplan, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo
financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que
permita la materialización del principio de coordinación.

226. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales 2°,
4°, 6°, 8°, 9°, 10, 12, 17, 18, 20 y 26, se tiene que aquellas autoridades están
facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer y ejecutar las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales en la
elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

227. Por su parte, la Ley 142 de 11 de julio de 1994 señala como competencias de
la Nación en materia de servicios públicos, entre otras, la consistente en: «[a]poyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a
los municipios que hayan asumido la prestación directa»81, la relacionada con:
«[v]elar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la
protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los
recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción,
transporte y disposición final de tales servicios»82; y la atinente a: «[p]restar
directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad
suficiente, los servicios de que trata la presente Ley»83.

80 “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del
desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación
de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes
competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y
coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la
Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios
a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a
la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de
control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
[Subraya la Sala].
81 Artículo 8.4.
82 Artículo 8.5.
83 Artículo 8.6.

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228. Precisamente tales competencias fueron encomendadas al Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio en los artículos 6784 y 16685 de la Ley 142, y en los
artículos 2° y 9° del Decreto 3571 de 27 de septiembre de 201186.

229. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público de alcantarillado cuando actúa como prestador
directo, los principios de la coordinación interinstitucional, concertación,
interdependencia de funciones y asistencia, así como los postulados del diálogo y
la cooperación multilateral, son factores indispensables para lograr una prestación
eficiente de dicho servicio.

II.4.2.2. Los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA

230. El Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012. «Por el cual se reglamenta el artículo
21 de la Ley 1450 de 2011 […]», definió el «Programa Agua y Saneamiento para la
Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento PAP-PDA» en los siguientes términos:

[…] Artículo 3°. Definición. Son un conjunto de estrategias de planeación y
coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr
la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas
eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las
características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y
personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de
esquemas de regionalización. […] (negrilla fuera del texto).

231. El artículo 2 del Decreto 2246 señala que sus disposiciones son aplicables «a
todos los participantes en la coordinación interinstitucional del […] PAP-PDA;
a los consejos directivos, gestores, instrumentos de manejo de los recursos,
departamentos y municipios, que en virtud de las Leyes 1176 de 2010 y 1151 de
2007, están sujetos al manejo de los recursos del Sistema General de
participaciones a través de Planes Departamentales de Agua».

84 “67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y colaborar en las
negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector puedan competir en forma adecuada por esos
recursos.
67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los
criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del
presupuesto de la Nación. […]”.
85 “162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales y locales, para el adecuado

cumplimiento de sus funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de los servicios de agua potable
y saneamiento.
162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural,
en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.
162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los
criterios con los cuales deberían asignarse y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto
de la Nación.
86 “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y

se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

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232. La misma regulación define las autoridades que, en virtud del principio de
articulación de la actividad administrativa, deben concurrir a planificar, diseñar
programar, y materializar las estrategias que se requieran en materia de los
servicios públicos de acueducto y saneamiento ambiental, así:

[…] Artículo 4°. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la
coordinación interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:

1. El Departamento.

2. Los Municipios y/o Distritos.

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o
distritos ubicados en el territorio del respectivo departamento.

Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo. […] (Negrilla fuera del texto).

233. Otra manifestación de la cooperación administrativa que se requiere en el sector
se evidencia en las denominadas «estructuras operativas», conformadas por un
comité directivo y un ente gestor.

234. El Comité Directivo es definido como «la máxima instancia de decisión y
coordinación interinstitucional del PAP-PDA» y está integrado por el
departamento, que fungirá como presidente a través de su gobernador, por los
municipios y distritos participantes representados por dos de sus alcaldes, por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por la autoridad ambiental competente,
por el Departamento Nacional de Planeación y por el ente gestor87.

235. Esta estructura se encarga principalmente «de aprobar el ejercicio de
planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un
análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el
nivel departamental […]»88. Asimismo, el parágrafo del artículo 5 del Decreto 2246
contempla la posibilidad de que el comité directivo contrate consultorías
especializadas cuando el ente gestor acredite «debilidades puntuales para el
desarrollo de [sus] funciones». Para ello, el comité deberá considerar «las
condiciones técnicas e institucionales del departamento».

236. Entre otras funciones, el comité directivo también se encarga de aprobar el plan
de aseguramiento de la prestación para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo para cada municipio participante, de articularse con
el trabajo de la autoridad ambiental competente, de revisar y aprobar los

87 Artículo 10.
88 Artículo 5, numeral 1.

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instrumentos de inversión y de revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-
PDA89.

237. El Decreto 2246 integra en el plan general estratégico y de inversiones: el
componente de infraestructura, el componente de aseguramiento de la prestación
de los servicios del PAP-PDA y el componente ambiental. Dichos elementos aluden
a la realización: de un diagnóstico técnico base del estado de la prestación de los
servicios del programa, de una línea base y metas con los indicadores
correspondientes para cada municipio participante, y de la definición de las fuentes,
usos y recursos a comprometer por actor y componente90.

238. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PAP-PDA, es el
plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el cual se refiere
expresamente a que, antes de poner en marcha cualquier estrategia, es necesario
agotar unas fases de diagnóstico, prefactibilidad y diseño, cuya definición es la
siguiente:

[…] 4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y
regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad
de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. En el documento se
definirán tres fases a saber:

4.1. Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de
diagnósticos de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional,
técnico, capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los
prestadores, viabilidad empresarial, que precise por cada municipio la línea de
base de los indicadores de la prestación de los servicios de acueducto
alcantarillado y aseo, así como los riesgos financieros y operacionales del
prestador de los servicios, con arreglo a los indicadores y a la metodología de
identificación y valoración de riesgos definidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio en colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

4.2. Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario
de acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b)
Transformación empresarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de
contratos de operación, en el que se precise para cada municipio como mínimo:
Las metas de cada uno de los indicadores que hagan viable la prestación de cada
uno de los servicio, así como las acciones propuestas para alcanzarlas, y para
mitigar los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios. Para
cada una de las acciones se deberán definir resultados medibles y verificables,
recursos requeridos, responsables y cronogramas de ejecución. […]91.

239. Adicionalmente, un instrumento de planificación indispensable en el marco del
PAP-PDA es el plan ambiental, el cual «tiene por objeto considerar en la
planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de

89 Artículo 13, numerales 2 al 5.
90 Artículo 17, numeral 2.
91 Artículo 17, numeral 4.

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acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a
dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad […] considerando la oferta
y demanda de recursos naturales renovables disponibles»92. (negrillas de la Sala)

240. Por otro lado, el ente gestor puede ser «una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental […]
[cuyos] estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos
del departamento que lo soliciten; o el departamento». Este ente: «Es el
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-
PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el
departamento»93.

241. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de articulación
interadministrativa están asociadas: a coordinar las acciones de los participantes
del programa; a ser el interlocutor entre los participantes del programa; a concertar
con el departamento y los municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a los municipios,
a las autoridades ambientales competentes y demás participantes con la ayuda del
departamento, y a gestionar junto con los demás participantes del programa
alternativas de financiación de proyectos94.

242. Por último, valga acotar que la Nación está llamada a apoyar el sector de Agua
y Saneamiento Básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto
General de la Nación en el marco de los PAP-PDA y con aportes en especie como
la asistencia técnica95.

243. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PAP-PDA96.

244. Así las cosas, los PAP-PDA no solo comprenden la materialización de obras de
infraestructura asociadas a los servicios públicos de acueducto y saneamiento
básico, sino que dicho instrumento está asociado a múltiples estrategias que
puedan generar valor en materia de los servicios mencionados, teniendo como
punto de partida inexcusable la actividad planificadora.

II.4.2.3. La participación de los recurrentes en el restablecimiento de los
derechos colectivos

245. En el marco de las anteriores consideraciones normativas, la Sala advierte que
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la CVC, el Departamento del Valle del

92 Artículo 17, numeral 5.
93 Artículo 5, numeral 2.
94 Artículo 14, numerales 2, 3, 4, 6, 13 y 14.
95 Artículo 20.
96 Artículo 14, numeral 14.

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Cauca y el Municipio de Dagua, están llamados a actuar de forma articulada en el
objetivo de resolver los problemas de planeación y de ejecución presupuestal que
han impedido la prestación eficiente del servicio de alcantarillado en el sector urbano
de Dagua y en el Corregimiento de Queremal.

246. Los anteriores apartados de esta providencia dejan ver que existe una relación
entre los deberes legales de los recurrentes, con las acciones y omisiones
transgresoras de los derechos colectivos al goce de ambiente sano, a la salubridad
pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos.

247. Para la Sala, en el caso concreto no es conveniente que el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, la CVC o el Departamento del Valle del Cauca sean
excluidos de las órdenes condenatorias, precisamente porque su presencia,
asistencia y diálogo permanente durante todo el trámite de diagnóstico,
prefactibilidad, diseño, impulso, financiación y ejecución de los proyectos de
infraestructura, permitirá el restablecimiento de los derechos colectivos
conculcados.

248. Adicionalmente, frente a la participación del Departamento del Valle del Cauca,
la Sala de Decisión recuerda que esa entidad no solo tiene una relación directa –
jurídica, administrativa y accionaria- con el ente gestor del PAP-PDA, sino que preside el
comité directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca. Esta influencia en el interior de
las dos estructuras operativas del sector revela la razón por la que el Departamento
debe permanecer vinculado durante el desarrollo de los distintos
instrumentos, etapas y componentes del programa que se implemente en el
futuro para mejorar el servicio de alcantarillado de los sectores en litigio.

249. En segundo lugar, respecto de los argumentos relacionados con que el
departamento ejecutó todas las acciones de su competencia, cabe reconocer que
aun cuando dicha entidad territorial intervino en la elaboración, coordinación,
gestión e implementación del Plan Estratégico y de Inversiones 2016-2019 del PAP-
PDA, lo cierto es que las acciones ejecutadas frente al sistema de alcantarillado de
Dagua fueron insuficientes.

250. Nótese que las labores recopiladas en el recurso de apelación del
departamento, de una parte, son anteriores a la demanda y, de otra, no coinciden
con el sistema de alcantarillado ni con los sectores específicos respecto de los
cuales el Tribunal evidenció las falencias que motivaron las órdenes de amparo,
pues se refieren a proyectos de abastecimiento de agua potable en los
corregimientos de Cisneros, Alpes y Carmen.

251. Adicionalmente, el hecho de que el Departamento haya contribuido en la
elaboración del plan de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV del
corregimiento de El Queremal, no acredita el cumplimiento de las obligaciones y
objetivos que allí se trazaron, ni desvirtúa los impactos ambientales que se están

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causando a los cuerpos hídricos receptores de los vertimientos, porque en el
plenario se demostró que el ente territorial no ha implementado ese PSMV por falta
de recursos. Además, la zona urbana de Dagua ni siquiera cuenta con el respectivo
instrumento de planeación.

252. Con respecto a los planteamientos esbozados por la CVC, la Sala coincide con
esa entidad en el hecho consistente en que no es competente ni para prestar
servicios públicos, ni para realizar estudios tarifarios, ni para adquirir lotes o para
financiar la implementación y ejecución de los PSMV. Sin embargo, su connotación
de autoridad ambiental y sus funciones de índole técnica, sin duda alguna le
conducen a asesorar al municipio y al ente gestor respecto del manejo sostenible
de los vertimientos domésticos.

253. Además, es responsable de ejecutar, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente. Por eso, mediante
Resolución 0100 número 0690 - 0305 de 2020, la CVC adoptó los criterios para
acceder al fondo de cofinanciación de diseños y obras para la descontaminación del
recurso hídrico en Centros Poblados Nucleados.

254. La asistencia técnica de la CVC resulta esencial para el éxito de las iniciativas
en materia de saneamiento básico, al ser esta una actividad directamente
relacionada con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Del
mismo modo, su actividad permanente de control y seguimiento ambiental
permite establecer con exactitud el cumplimiento de los objetivos específicos
de mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos de las zonas afectadas.

255. Sin embargo, es pertinente destacar que la CVC no está llamada a realizar
acciones que no se encuentran expresamente asignadas en la ley, sino que
su función está ligada a acompañar el cumplimiento colaborativo de las
órdenes de amparo en el marco específico de sus competencias y apoyar el
financiamiento y ejecución de las obras que tengan como objeto mejorar la
calidad de las aguas.

256. Ahora, en materia de capacidad económica, esta Sala pacíficamente ha
sostenido que «[…] la falta de recursos económicos no es un argumento que sirva
para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos o para limitar las medidas
que eventualmente puede adoptar el juez popular para garantizar la protección de
los derechos colectivos que estime vulnerados. […]»97. Por lo tanto, es deber de la

97 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias del 26 de junio

de 2020, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. N.° 85001-23-33-000-2018-00091-01 (AP); de 14 de mayo
de 2020, C.P: Oswaldo Giraldo López, Rad. N.° 15001 23 31 000 2010 01363 01 (AP); de 7 de marzo de 2019,
C.P: Oswaldo Giraldo López, Rad. N.° 88001-23-33-000-2016-00022-01(AP); de 15 de diciembre de 2016, C.P.:
Roberto Augusto Serrato Valdés (E), Rad. N.º: 63001-23-33-000-2015-00084-01(AP); de 22 de enero de 2015,
C.P.: Guillermo Vargas Ayala; de 15 de septiembre de 2011, C.P.: María Claudia Rojas Lasso, Rad. N.°: 2004-

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CVC, realizar, en el marco de los instrumentos aplicables, las gestiones y trámites
administrativos necesarios para cumplir con la sentencia cuestionada en los asuntos
a su cargo.

257. En la Resolución mencionada la CVC apuntó que su Plan de Acción comprende
la ejecución del programa «Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyo objeto es
contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico a través de una gestión
encaminada al mejoramiento de las condiciones de la oferta y calidad de este
recurso, la optimización de la demanda y el fortalecimiento de los actores sociales
en la administración y uso eficiente del agua».

258. Para el desarrollo de ese programa, la CVC concibió el proyecto denominado
«Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de Alternativas para el
Mejoramiento del Estado de la Calidad del Agua». Para la materialización de
dicho propósito, planteó como acción concreta invertir en «proyectos de diseño y
construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR, y de
interceptores y emisarios finales», para lo cual destinó los recursos del «Fondo
para la Descontaminación del Recurso Hídrico», a los cuales podrán acceder
las administraciones municipales con base en los criterios técnicos definidos
por la Dirección Técnica Ambiental de la CVC.

259. De tal modo, la Sala observa que la CVC ha venido comprometiéndose motu
proprio con la financiación de algunas obras de infraestructura del servicio de
alcantarillado, sino que, como autoridad ambiental, también ha identificado
plenamente que dichas actividades resultan fundamentales para lograr su
misionalidad de descontaminar y mejorar la calidad del recurso hídrico y
promover la sostenibilidad de sus diferentes usos.

260. Ahora bien, en lo que atañe a la participación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en el restablecimiento de los derechos colectivos, la Sala
reconoce que los proyectos e iniciativas en materia del servicio de alcantarillado
deben ser presentados e impulsados por el municipio o por el ente gestor.

261. Sinembargo, como los PAP-PDA «son un conjunto de estrategias de
planeación y coordinación interinstitucional» para la implementación de
esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos del
programa, las funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no se agotan
con los apoyos financieros que otorga para la ejecución de proyectos concretos,
sino que también involucran otras acciones en las diferentes facetas del
programa.

262. Debe señalarse, en primer lugar, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, al igual que el Departamento del Valle del Cauca, la CVC y el Municipio

01241-01(AP); de 10 de abril de 2008, C.P.: Camilo Arciniegas Andrade. Rad. N° 2001-01961-01(AP); de 5 de
septiembre de 2002, C.P.: Camilo Arciniegas Andrade, Rad. N.º: 2001-0303-01(AP-531); de 25 de octubre de
2001, C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Rad. N.º: 2000-0512-01(AP), entre otras.

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de Dagua, fueron definidos como participantes en la coordinación interinstitucional
de los PAP-PDA. Además, el MVCT también hace parte de la máxima instancia de
decisión y coordinación del programa, esto es, del comité directivo; por lo cual le
asiste el deber de «aprobar el ejercicio de planificación y seguimiento» del
programa.

263. En efecto, a partir de los numerales 24 y 25 del artículo 14 del Decreto 224698
se puede observar que el MVCT debe participar en las etapas de planificación,
ejecución y seguimiento del programa, pues, en primera instancia, habrá de fijar los
términos para que el ente gestor reporte permanentemente la información relativa
al diagnóstico técnico base, el cual hace parte del plan general estratégico y de
inversiones99 y de la fase de planificación del programa. En segundo lugar, el
MVCT debe establecer los indicadores para medir la situación del sector de agua
potable y saneamiento básico.

264. La lectura y análisis riguroso de esos datos es indispensable para realizar un
adecuado seguimiento a la evolución y consecución de las metas y objetivos,
tanto del programa como de las políticas públicas propuestas para el sector, así
como para adoptar los ajustes que se requieran. Estas acciones guardan perfecta
armonía con las funciones que el Decreto 3571 de 2011 le asignó al MVCT.

265. El artículo 6º del Decreto 2246 reitera la necesidad de que el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio participe de la fase de planificación de los PAP-PDA,
al señalar que los recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema
General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, entre otros,
constituyen fuente de financiación, no solo para la implementación de los
programas, sino también para su formulación100.

266. Como pudo observarse, el ámbito de competencias de ese ministerio se
extiende a las fases de planeación, seguimiento y evaluación del programa, pero

98
“Artículo 14. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor: […].
24. Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de información que facilite el
seguimiento al PAP-PDA, en los términos en que lo señale el MVCT.
25. Reportar y mantener actualizados los indicadores para el sector de agua potable y saneamiento básico
establecidos por el Gobierno Nacional. […]”.
99 “Artículo 17. Instrumentos de Planeación. Cada PAP-PDA deberá contar con los siguientes instrumentos de

planeación que contendrán como mínimo los siguientes aspectos para cada uno: […].
2. Plan General Estratégico y de Inversiones: Es el documento en el cual, con base en las necesidades
identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante toda la ejecución del PAP-PDA, y la
capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado y/o modificado de
conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo PAP-PDA.
Este plan contendrá como mínimo:
2.1. Componentes del PAP-PDA (infraestructura – aseguramiento de la prestación – ambiental).
2.2. Diagnóstico técnico base del estado de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
2.3. Línea base y metas en cada uno de los municipios para cada uno de los componentes, así como los
indicadores,
2.4. Fuentes, usos y recursos comprometidos por actor y componente. […]”.
100 “Artículo 6°. Recursos de los PAP-PDA. Los recursos disponibles para la formulación e implementación de

los PAP-PDA, podrán provenir, entre otras fuentes, de las siguientes:
1. Recursos del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos del Sistema General de Participaciones.
3. Recursos del Sistema General de Regalías. […]”.

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también involucra acciones distintas a la mera financiación de los proyectos
definitivos. El artículo 20 del Decreto 2246 indica que el nivel nacional de la
administración pública, en el marco de los PAP-PDA, está comprometido con el
sector de Agua y Saneamiento Básico, no solo con aportes de carácter financiero,
sino también con aportes en especie como la asistencia técnica:

[…] Artículo 20. Apoyos de la Nación al Sector de Agua y Saneamiento Básico.
Para efectos de lo previsto en la Ley 1450 de 2011, en especial, en el artículo 21
y en el presente decreto, los recursos de cofinanciación, aportes de inversión
regional y apoyo de la Nación al sector, son los apoyos financieros constituidos
por las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación en el marco de los
PAP-PDA, al igual que la asistencia técnica y/o los apoyos en especie
entregados. […] (negrilla fuera del texto).

267. Dichos aportes en especie también le fueron asignados al Ministerio en el
Decreto 3571 de 2011, donde se precisa que:

[…] Artículo 2º. Funciones. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:
[…].

18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco
de las competencias del sector. […].

Artículo 19. Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Son
funciones del Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, las
siguientes: […].

20. Impartir lineamientos a las direcciones para prestar la asistencia técnica a los
municipios, distritos y departamentos en la aplicación de los instrumentos de
planeación, política sectorial, estructuración de esquemas empresariales,
disminución del nivel riesgo, uso y destinación de los recursos del Sistema
General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico,
estructuración y formulación de proyectos que se desarrollen en el sector. […].

Artículo 21. Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. Son funciones
de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, las siguientes: […].

7. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en la
implementación de planes y programas de su competencia, en coordinación con
las entidades competentes. […].

Artículo 22. Subdirección de Programas. Son funciones de la Subdirección de
Programas, las siguientes: […].

3. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en la
implementación de planes y programas del sector de agua potable y saneamiento
básico. […].

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Artículo 24. Subdirección de Proyectos. Son funciones de la Subdirección de
Proyectos, las siguientes: […].

7. Asistir técnicamente la formulación de propuestas normativas que permitan
desarrollar las políticas, planes y proyectos en el sector de agua potable y
saneamiento básico, relativas a su competencia. […] (Negrilla fuera del texto)

268. En síntesis, debido a los diferentes aportes que está llamado a ejecutar el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de los PAP-PDA, se estima
necesario que, al igual que las demás autoridades competentes, permanezca
vinculado a las órdenes de amparo en una lógica de interdependencia y
coordinación funcional, máxime cuando, como lo mencionó su apoderado judicial,
se trata del órgano rector del sector de agua potable y saneamiento básico.

269. La participación de esta cartera no atiende a que exista una relación de
causalidad entre la situación vulneradora de los derechos colectivos y su actuar
administrativo, sino a que su espectro funcional resulta de gran utilidad para
remediar la situación del servicio de alcantarillado que aqueja a la población de los
sectores afectados del municipio de Dagua.

270. En conclusión, la Sala considera que el Departamento, el Ministerio y la
autoridad ambiental demandadas deben seguir siendo destinatarias de las órdenes
de amparo, de manera que, en el marco de sus funciones legales y
reglamentarias, aporten en la gestión de las iniciativas que actualmente se
requieren para mejorar el servicio público de alcantarillado en los sectores
afectados del municipio de Dagua.

II.4.2.4. La proporcionalidad de las órdenes de amparo

271. Elartículo 34 de la Ley 472 de 1998 establece que las instrucciones de
restablecimiento que el juez popular imparte como consecuencia del amparo de los
derechos colectivos deben mantener un grado de especificidad que facilite su
ejecución.

272. Concretamente, las medidas judiciales tendrán que ser precisas y contendrán
un término prudencial para efectos de su cumplimiento. Además, como el propósito
de las órdenes (de hacer y de no hacer) es el restablecimiento de los derechos
colectivos y, de ser posible, la restitución de las cosas al estado anterior de la
vulneración probada, es pertinente que el juez imparta órdenes coherentes que
respeten las competencias y obligaciones de las entidades y de los particulares
condenados, desde un enfoque de corresponsabilidad y colaboración armónica.

273. También la Sala ha precisado que el juez identificará cuáles fueron los deberes
y obligaciones omitidos, con miras a proyectar acciones correctivas, desde una
estrategia que mantenga «cierto grado de flexibilidad técnica para que la obligación
de hacer o no hacer pueda adecuarse a las dinámicas cambiantes de la realidad

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social»101 y que también respete el comportamiento organizacional de los sujetos
condenados.

274. Lo anterior significa que el juez popular puede adoptar todas las medidas
necesarias para corregir la amenaza o vulneración de los derechos colectivos,
especialmente, cuando el actuar de la administración sea arbitrario, irrazonable o
desproporcionado. Sin embargo, la autoridad judicial está atada a lo que acredite el
acervo probatorio, y no podrá separarse de los márgenes de racionabilidad exigibles
a su función de impartir justicia, por las siguientes razones:

[…] Una descontrolada proliferación de sentencias judiciales que impongan
obligaciones de hacer a las entidades públicas, en períodos de tiempo
extremadamente cortos y con cargo a sus correspondientes
presupuestos, en medio de la inocultable situación de escasez de
recursos propia de una economía subdesarrollada como la colombiana,
podría conducir a una disfuncionalidad de tal magnitud, que acabaría incluso
por producir el efecto perverso de convertir a las acciones
constitucionales en improvisados y antitécnicos mecanismos de
planificación económica, urbanística, ambiental, etcétera. (…)

b. Lo anterior no quiere significar que, ante toda circunstancia en la cual la
salvaguarda de un derecho colectivo suponga la necesidad, para la entidad
pública responsable de su protección, de llevar a cabo inversiones
económicas con cargo a su presupuesto, sus omisiones o abstenciones
contarán con el aval de un juez popular que observa, indiferente, cómo se
desatienden los imperativos constitucionales y legales. (…)

Dicho en otros términos, el juez popular, en principio, no debe incursionar
en ámbitos en los cuales la administración ejerce su discrecionalidad
planificadora, salvo en los casos en los cuales el órgano administrativo
actuante incurra en manifiestas arbitrariedades, irrazonabilidad,
desproporcionalidad o desatención de preceptos que orientan la
distribución del gasto ⎯como, señaladamente, lo hace el inciso segundo del
artículo 366 constitucional. Sin embargo, mal puede la administración
pretender que el juez encargado de la protección de los derechos
colectivos, no sobrepase un límite que no existe en el caso concreto, o
que no se le ha puesto de presente en el proceso. […]102 (negrillas de la Sala)

275. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala modificará el numeral quinto de la
sentencia mencionada, debido a que no resulta proporcional que el Tribunal haya
asignado unos porcentajes de financiación de unas obras sin haber contado: (i) con
los medios de prueba relativos a las realidades organizacionales, económicas y
financieras de las entidades involucradas, y (ii) con los fundamentos técnicos
referentes al diagnóstico completo y especializado de la problemática en el marco
del PAP-PDA del Valle del Cauca, resaltando que, tal y como se advirtió
anteriormente, dichos fundamentos habrán de trazar la ruta de las etapas de
prefactibilidad, planificación, diseño, estructuración, financiación, ejecución y

101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre

de 2020, Rad. N.° 63001-23-33-000-2019-00024-01 (AP), C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
102 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de octubre de 2006. Exp. 630012331

00020050070801.

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seguimiento de las estrategias que coordinadamente lleguen a definirse para
implementar en los sectores afectados.

276. Además de ello, mantener una orden como aquella impartida por el Tribunal en
el referido numeral, podría repercutir negativamente en la eficacia del principio de
coordinación interinstitucional, pues, tal como pudo observarse, las entidades
involucradas son las llamadas a «lograr la armonización integral de los recursos
y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en
cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación
efectiva de esquemas de regionalización».

277. Finalmente, la orden debería tener en cuenta que el Decreto 1898 de 2016
permite la adopción de un esquema diferencial para la prestación del servicio de
alcantarillado en las zonas rurales, razón por la que la instrucción judicial
relacionada con la prestación de ese servicio en el corregimiento de El Quemaral
debería permitir al municipio de Dagua que en el corto y en el mediano plazo defina
las condiciones técnicas, operativas y de gestión necesarias para asegurar la
prestación de ese servicio, atendiendo a sus condiciones territoriales particulares, y
siguiendo el procedimiento allí reglado.

278. En ese orden, esta Sala de Decisión modificará de forma integral el contenido
los numerales segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 28
de agosto de 2020, con miras a indicar cuál será la participación de los sujetos
condenados, según las precisiones que se señalan a continuación:

[…] 2°. ORDENAR, en un horizonte de 10 años, el desarrollo de todas las
acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y
contractuales, requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio de
alcantarillado en el Corregimiento El Queremal del municipio de Dagua.

Para tal efecto, el Municipio de Dagua, con el apoyo, asesoría y colaboración
del Departamento del Valle del Cauca, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de la CVC, y respetando el alcance de las competencias legales y
reglamentarias de esas entidades, adelantará las siguientes acciones:

2.1. En el término improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, el municipio actualizará el Plan de Acción
del PMSV del Corregimiento El Queremal, con miras a establecer un orden
actual de prioridades respecto del sistema de tratamiento de las aguas
residuales y de la red de alcantarillado de dicho corregimiento.

2.2. Teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Decreto 1898 de 2016
sobre los esquemas diferenciales para la prestación del servicio de
alcantarillado en zonas rurales, el municipio podrá adoptar un “plan de
gestión para la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado en
zonas rurales”, mientras adelanta todas las labores requeridas para prestar
el servicio de alcantarillado cumpliendo las exigencias previstas en la Ley
142. Las medidas identificadas en este plan de gestión deberán ser

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compatibles con las acciones identificadas en el corto plazo del nuevo Plan
de Acción del PSMV.

2.3. Como resultado de lo anterior, el municipio presentará un cronograma de
trabajo ante el Tribunal a quo, cuyos tiempos se entenderán incorporados
a esta providencia. Si por alguna razón sobreviniente, debidamente
justificada, no se pude cumplir con los plazos fijados en el cronograma de
trabajo, antes del vencimiento de los plazos, el municipio deberá informar
tal situación al Tribunal de primera instancia, para que adopte las medidas
correctivas.

2.4. Dado que el horizonte previsto para el cumplimiento de las órdenes es de
10 años, y como la vigencia del PSMV adoptado a través de la Resolución
0760-0118 del 19 de febrero de 2015 finaliza en el año 2028, cuando sea
oportuno el municipio solicitará la ampliación del plazo o presentara un
nuevo proyecto de PSMV que respete el término de 10 años concedido
para poner en funcionamiento todas las obras.

2.5. La CVC brindará asesoría en la formulación de los proyectos e instrumentos
aquí mencionadas, previa solicitud de parte y dentro del ámbito de sus
competencias. También adoptará las acciones sancionatorias y correctivas
para evitar la contaminación que se está produciendo en el Rio San Juan.
Además, apoyará al municipio para que este pueda acceder a los recursos
del Fondo de Cofinanciación de Diseños y Obras para la Descontaminación
del Recurso Hídrico en Centros Poblados Nucleados.

2.6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (M.V.C.T.), de ser el caso,
brindará un apoyo especifico durante la evaluación de los proyectos que le
sean presentados para dar cumplimiento a esta orden judicial.

2.7. El Departamento apoyará financiera, técnica y administrativamente al
municipio de Dagua y actuará como intermediario con el Gestor del PAP-
PDA durante la fase de planificación y ejecución de ese instrumento, para
que la infraestructura objeto de esta orden pueda apalancarse en el mismo,
atendiendo al proceso respectivo de priorización. (…)

4°. ORDENAR, en un horizonte de 10 años, el desarrollo de todas las acciones
técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales,
requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio de alcantarillado
en el sector urbano de Dagua.

Para tal efecto, el Municipio de Dagua, con el apoyo, asesoría y colaboración
del Departamento del Valle del Cauca y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de la CVC, dentro del ámbito de las competencias de cada una de
esas entidades, adelantará las siguientes acciones:

4.1. En el término improrrogable de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria
de esta providencia, el municipio formulará el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de su zona urbana, en cuyo marco definirá las
prioridades del sistema de tratamiento de aguas residuales y de la red de
alcantarillado de la cabecera urbana de Dagua, el cual será aprobado por
la CVC. Las acciones y el plan de acción del PSMV se entenderán
incorporados a esta providencia para efectos de vigilar su cumplimiento.

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4.1. La CVC brindara la asesoría técnica que le solicite el municipio, dentro del
ámbito de sus competencias. También adoptará las acciones
sancionatorias, preventivas y correctivas necesarias para evitar la
contaminación que se está produciendo en los lugares en donde se vierten
las aguas residuales del sector urbano. Además, apoyará al municipio para
que este pueda acceder a los recursos del Fondo de Cofinanciación de
Diseños y Obras para la Descontaminación del Recurso Hídrico en Centros
Poblados Nucleados.

4.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (M.V.C.T.), de ser el caso,
brindará un apoyo especifico durante la evaluación de los proyectos que le
sean presentados para dar cumplimiento a esta orden judicial.

4.3. El Departamento apoyará financiera, técnica y administrativamente al
municipio de Dagua y actuará como intermediario con el Gestor del PAP-
PDA durante la fase de planificación y ejecución de ese instrumento, para
que la infraestructura objeto de esta orden pueda apalancarse en el mismo,
atendiendo al proceso respectivo de priorización.

5°. Para el cumplimiento de las órdenes de los numerales SEGUNDO y
CUARTO las entidades condenadas instalaran, en el término de quince días
(15) contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, una mesa de trabajo
interinstitucional encargada de proponer y ejecutar acciones tendientes a lograr
el cumplimiento de esta providencia, la cual se reunirá por lo menos una vez al
año, y será precedida por un delegado del municipio. Para lo cual adoptara su
reglamento de funcionamiento y trabajo. Además, el acta de cada reunión con
los compromisos respectivos, se remitirá al Tribunal a quo. […]

II.4.3. Las actividades antrópicas que estarían afectando la zona rural del
municipio de Dagua perteneciente a la Reserva Forestal Protectora Nacional
Río Anchicayá y a la Reserva Forestal del Pacífico.

279. Para resolver los recursos de apelación interpuestos por la CVC y por el
Municipio de Dagua, la Sala parte de la premisa según la cual los referidos sujetos
procesales no aportaron ningún medio probatorio adicional que desvirtúe la
vulneración de los derechos colectivos amparados por el Tribunal de primera
instancia.

280. Los planteamientos expuestos en sus escritos de apelación tampoco aluden a
ningún medio de convicción obrante en el plenario, conforme al cual se pueda
concluir que dichas autoridades oportuna y eficazmente corrigieron, mitigaron y
compensaron los impactos negativos del turismo masivo, o los daños ambientales
causados con ocasión de las licencias urbanísticas conferidas al interior de la
Reserva Forestal Protectora Nacional Río Anchicayá y de la Reserva Forestal del
Pacífico, o del impacto propio de la ganadería extensiva en dicho territorio.

281. En ese orden de ideas, la Sala estudiará en este acápite el régimen legal de
conservación de las Reservas Forestales Protectoras y de la Reservas Forestales
de la Ley 2°, con el objeto de evaluar las razones de contradicción propuestas por
la CVC y el Municipio de Dagua a partir de este contexto.

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282. Al respecto, sea lo primero mencionar que la Ley 2° de 1959 constituyó siete (7)
áreas de reserva forestal orientadas al desarrollo de la economía forestal y a la
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Estos territorios son la «Zona
de Reserva Forestal del Pacífico, la Zona de Reserva Forestal Central, la Zona de
Reserva Forestal del río Magdalena, la Zona de Reserva Forestal de la Sierra
Nevada de Santa Marta, la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los
Motilones, la Zona de Reserva Forestal del Cocuy y la Zona de Reserva Forestal de
la Amazonia».

283. Por su parte, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente -CNRN-, en su título III denominado “de los bosques”,
clasificó las “Áreas Forestales” como protectoras, productoras y protectora-
productora (Art. 202 del Decreto Ley 2811 de 1974).

284. Dentro de esta clasificación, el artículo 204 del mencionado estatuto definió el
“área forestal protectora” así:

[…] Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. […] (Negrillas de
la Sala)

285. Acto seguido, los artículos 206 y 207 Decreto-Ley 2811 señalaron que las áreas
forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras podrían ser
delimitadas para su conservación y mantenimiento a través de la figura de
“reserva forestal”. También aclararon que la finalidad de estos territorios era el
aprovechamiento racional y permanente de los bosques, tal y como puede
apreciarse:

[…] ARTÍCULO 206.- Se denomina área de reserva forestal la zona de
propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o productoras-protectoras.

ARTICULO 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al
aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan
o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y
supervivencia de los bosques. […] (Negrillas de la Sala)

286. En el mismo sentido, el artículo 2.2.2.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015 precisó
que las reservas forestales protectoras constituyen un «espacio geográfico en el
que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y
composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al
alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute». Estos territorios son áreas
protegidas que pertenecen al SINAP, conforme a los señalado en el artículo 204 de

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la Ley 1450 de 2011 y en el literal b) del artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de
2015.

287. En este orden de ideas, las reservas forestarles protectoras de propiedad
pública o privada son espacios que las autoridades ambientales delimitan y
administran para destinarlas al establecimiento o mantenimiento y utilización
sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales.

288. Por su parte, las Reservas Forestales de la Ley 2° son áreas de
conservación in situ que no pertenecen al SINAP, en las que el MADS adoptó
unos lineamientos de zonificación específicos tendientes a proteger los suelos, las
aguas y la vida silvestre.

289. En ambas figuras de conservación es posible el desarrollo de las actividades
que no atenten contra la preservación de los recursos naturales, siempre y cuando
el interesado obtenga los respectivos permisos y licencias exigidos para tal efecto.

290. Al respecto, el artículo 208 del CRNR señala que «la construcción de obras de
infraestructura, como (…) edificaciones, y la realización de actividades económicas
dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa». Y agrega que
«la licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las
obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los
recursos naturales renovables del área».

291. Además, el CRNR también reconoce que quien pretenda ejecutar una actividad
de utilidad pública o de interés social que implique remoción de bosques o cambio
en el uso de los suelos al interior de las reservas forestales, podrá sustraer los
espacios necesarios para tal propósito, así:

[…] ARTÍCULO 210.- si en área de reserva forestal, por razones de utilidad
pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera
otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona
afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la
reserva.

También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos
propietarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación
diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de
la reserva. […] (Negrillas de la Sala)

292. En el mismo sentido, el artículo 204 de la Ley 1450 explicó que la decisión de
sustraer determinado territorio de una reserva forestal implica la compensación de
la respectiva zona, bajo las siguientes condiciones:

[…] ARTÍCULO 204. Áreas de reserva forestal. Las áreas de reserva forestal
podrán ser protectoras o productoras. Las áreas de reserva forestal protectoras
nacionales son áreas protegidas y hacen parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

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Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, y con base en
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrán declarar,
reservar, alinderar, re alinderar, sustraer, integrar o re categorizarlas áreas de
reserva forestal. En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de
reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental
competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de
compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio
de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se
pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción
temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área
afectada.

PARÁGRAFO 2º. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o
quien haga sus veces señalará las actividades que ocasionen bajo impacto
ambiental y que además, generen beneficio social, de manera tal que se
pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de
efectuar la sustracción de las mismas. Así mismo, establecerá las condiciones
y las medidas de manejo ambiental requeridas para adelantar dichas actividades.

PARÁGRAFO 3º. Las áreas de reserva forestal establecidas por el artículo
1º de la Ley 2ª de 1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales,
únicamente podrán ser objeto de realinderación, sustracción, zonificación,
ordenamiento, re categorización, incorporación, integración y definición del
régimen de usos, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial o la entidad que haga sus veces con base en estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales y con la colaboración del Ministerio
respectivo según el área de interés de que se trate. […] (Negrillas de la Sala)

293. De la lectura de las anteriores normas, resulta claro que les asiste un deber a
quienes pretendan desarrollar actividades antrópicas en el interior de estos espacios
naturales, consistente en obtener los permisos, las licencias, y la sustracción
del territorio protegido, previo al desarrollo de actividades de utilidad pública
o interés social que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los
suelos.

294. Aunado a ello, es importante recordar que la Resolución 1527 de 2012,
modificada por la Resolución 1274 de 2014103, enlistó taxativamente las siguientes
quince (15) actividades de bajo impacto ambiental que se pueden desarrollar en las
áreas de reserva forestal sin efectuar la respectiva sustracción:

[…] Artículo 2°. Actividades. Las actividades que se señalan a continuación,
se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales,
sin necesidad de efectuar la sustracción del área:
a). Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de las
mismas, por parte de la autoridad ambiental competente;
b). El establecimiento de unidades temporales e itinerantes, dentro del marco
de actividades de campaña militar para garantizar la seguridad nacional (…)

103 Por la cual se modifica la Resolución 1527 de 2012.

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c). El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de actividades
de campo, que hagan parte de proyectos de investigación científica en
diversidad biológica, debidamente autorizados;

d). Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración ecológica,
recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en cumplimiento de un deber
legal emanado de un permiso, concesión, autorización o licencia ambiental y
otro instrumento administrativo de control ambiental, o que haga parte de un
programa o proyecto impulsado por las autoridades ambientales competentes,
por la Unidad de Parques Nacionales Naturales o por las entidades territoriales
y las propuestas por particulares autorizadas por la autoridad ambiental. (….)

e). La construcción de instalaciones rurales destinadas a brindar servicios de
educación hasta básica secundaria y puestos de salud a los pobladores
rurales. (…)

f). La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de
captación, tratamiento y almacenamiento, siempre y cuando no superen en
conjunto una superficie de una (1) hectárea. (…)

g). El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e
interpretación paisajística que no incluya estructuras duras;

h). El mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen las
especificaciones técnicas y el trazado de las mismas;

i). La instalación de torres para antenas de telecomunicaciones y las redes
de distribución de electrificación rural domiciliaria, siempre y cuando no
requiera apertura de vías o accesos;

j). Las zapatas para los estribos y anclajes de los puentes peatonales para
caminos veredales;

k). Las actividades relacionadas con investigación arqueológica;

l). Ubicación de estaciones hidrometeorológicas y de monitoreo ambiental,
siempre y cuando no requieran la construcción de vías;

m). Las actividades de exploración hidrogeológica, con el fin de determinar
reservas hídricas para consumo humano o doméstico por métodos indirectos;

n). Las actividades de exploración geotécnica asociada a obras públicas,
salvo que impliquen la construcción de accesos, bocas de túneles, túneles o
galerías;

o). Trabajos de investigación regional y global del subsuelo que realiza el
Servicio Geológico Colombiano o centro de educación superior y de
investigación científica y tecnológica con el objeto de obtener, completar y
profundizar el conocimiento del potencial del país en los recursos mineros del
suelo y del subsuelo.

(…) PARÁGRAFO 3. En caso de que las actividades a desarrollar no
correspondan a las señaladas en el presente artículo, el interesado deberá
solicitar a la autoridad ambiental competente, la sustracción a que haya
lugar”. […] (Negrillas de la Sala)

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295. Como se puede apreciar, las actividades antrópicas que se pretendan
desarrollar en el interior de las Reservas Forestales Protectoras y de las Reservas
Forestales de la Ley 2da -distintas a las señaladas en la Resolución 1527 de 2012 y que
no sean compatibles con la zonificación respectiva-, están sujetas al procedimiento
previo de sustracción.

296. Siendo ello así, es una realidad que al momento de definir cuáles son las
actividades compatibles con los objetivos de conservación de las reservas forestales
protectoras y de las reservas de la Ley 2da, así como al momento de determinar
cuáles son aquellos espacios que deberán ser sustraídos para su explotación social
o económica, es sumamente importante conocer la respectiva zonificación de esos
territorios, según lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.1.4.2. del Decreto
1076 de 2015.

297. La misma normatividad ambiental prevé que las autoridades competentes no
solo determinaran si es factible no realizar la sustracción del área protegida
siguiendo los criterios de representatividad, integridad, irremplazabilidad, significado
cultural y beneficios ambientales, sino que también deberán consultar lo dispuesto
en las normas que regulan cada área protegida en materia de zonificación 104.

298. Es más, en lo que atañe al caso concreto, el artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto
1077 de 2015 precisó que las áreas de reserva forestal «constituyen suelo de
protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997». Ello significa que
en tales territorios está restringida la posibilidad de obtener licencias urbanísticas,
en virtud de la siguiente regla jurídica:

[…] ARTÍCULO 35º.- Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas
de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse. […] (negrillas de la Sala)

299. En desarrollo de este régimen jurídico, la Ley 99 de 1993 y los
artículos 2.2.2.1.2.3.105 y 2.2.2.3.2.5.106 del Decreto 1076 de 2015 señalaron que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería el responsable de llevar a cabo

104 Artículo 30 del Decreto 2372 de 2020, compilado en el artículo 2.2.2.1.3.9 del Decreto 1076 de 2015
105 […] La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas Forestales que
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Nacionales. La
administración corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las Reservas Forestales que
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales […]”
106 […] De los proyectos, obras o actividades que requieren sustracción de las reservas forestales nacionales.

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible evaluar las solicitudes y adoptar la decisión
respecto de la sustracción de las reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades de utilidad
pública e interés social, de conformidad con las normas especiales dictadas para el efecto […]

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la reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas
Forestales Nacionales, así como de adoptar su respectivo Plan de Manejo.

300. Por su parte, los numerales 17 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 precisaron que
las Corporaciones Autónomas Regionales administrarían las Reservas Forestales
Nacionales en el área de su jurisdicción. Además, les correspondería «imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
daños causado».

301. Nótese que el legislador subdividió las responsabilidades que permiten la
conservación in situ de las reservas forestales creadas por Ley 2ª de 1959 y de las
reservas forestales protectoras nacionales, para que participaran en dicha labor
conjuntamente el MADS y las corporaciones autónomas regionales, conclusión a la
también arribó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en el
concepto de 22 de marzo de 2001107.

302. Adicionalmente, el legislador también indicó que las reservas forestales
nacionales son determinantes para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial, y normas de superior jerarquía que el municipio debe respetar en el
ejercicio de sus competencias urbanísticas, en los términos dispuestos en el artículo
10 de la Ley 388 de 1997108.

303. No se puede olvidar que el ejercicio de la función constitucional de ordenación
y planificación del territorio debe regirse por el principio de prevalencia del interés

107 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero Ponente: LUIS CAMILO

OSORIO ISAZA, marzo veintidós del año dos mil uno, Radicación número. 1324, Actor: MINISTRO DEL MEDIO
AMBIENTE. Referencia: Zona de reserva forestal. Autoridad competente para la sustracción de áreas.
108 ARTÍCULO 10.-Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los planes de

ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios
y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía,
en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la
prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las
entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del
territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones
derivadas de estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre
uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva,
alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia eco sistémica;
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de
parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales (…)

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general109 y, por eso, el POT o PBOT de un municipio tiene por objeto: «[…]
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial,
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible […]», sin que la entidad territorial local pueda
desconocer los ecosistemas estratégicos nacionales o regionales110.

304. Por esto, precisamente, la Ley 1801 de 2016 reconoció que los alcaldes, a
través de sus agentes, son los llamados a vigilar y controlar que los ciudadanos no
incurran en las siguientes infracciones ambientales y urbanísticas, así:

[…] ARTÍCULO 92. COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA. Los siguientes comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto
no deben realizarse:

(…) 12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las
disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida
la edificación.

ARTÍCULO 100. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
PRESERVACIÓN DEL AGUA. Los siguientes comportamientos son contrarios
a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse:

(…)2. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de
agua.
3. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, (…) y zonas de manejo y
preservación ambiental en cualquier forma.

ARTÍCULO 101. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ESPECIES DE
FLORA O FAUNA SILVESTRE. Los siguientes comportamientos afectan las
especies de 190ra o fauna y por lo tanto no deben efectuarse:
2. Aprovechar, recolectar, almacenar, extraer, introducir, mantener, quemar,
talar, transportar o comercializar especies de flora silvestre, o sus
productos o subproductos, sin la respectiva autorización de la autoridad
competente.

ARTÍCULO 103. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
(SINAP) Y ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA. Los
siguientes comportamientos afectan las áreas protegidas del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial importancia ecológica y por
lo tanto no se deben efectuar:
11. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en
las cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas.

(…) ARTÍCULO 111. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA LIMPIEZA
Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS Y MALAS PRÁCTICAS
HABITACIONALES. Los siguientes comportamientos son contrarios a la

109 Artículo 2º., al igual que por los principios de función social y ecológica de la propiedad, y de distribución

equitativa de las cargas y los beneficios.
110 Artículo 6.º.

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habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no
deben efectuarse:

(…)14. Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas adecuadas
para evitar la proliferación de los mismos en predios urbanos.

(…) ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA
INTEGRIDAD URBANÍSTICA. Los siguientes comportamientos, relacionados
con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y
el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad
urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas (…)
(…) 11. Contravenir los usos específicos del suelo. […] (Negrillas de la Sala)

305. Todo lo anterior significa que quien desee realizar construcciones sobre
cualquier predio ubicado en una reserva forestal protectora o en una reserva de la
Ley 2ª, o desarrollar actividades económicas en el interior de las mismas, debe
solicitar a las autoridades respectivas el permiso ambiental previo y/o la licencia de
construcción, y tendrá que tramitar la sustracción correspondiente si es una
actividad incompatible, pues, de lo contrario, incurrirá en las precitadas sanciones.

306. Tales infracciones parten de lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución
Política, norma conforme a la cual la propiedad cumple con «una función social que
implica obligaciones», y a la que «le es inherente una función ecológica». De
manera que los propietarios tendrán que sujetarse al régimen de usos de las
reservas forestales protectoras, mientras que las citadas autoridades vigilarán el
respeto de estos condicionamientos ambientales.

307. De acuerdo con lo anterior, cuando se presentan tensiones entre la
conservación de las reservas forestales protectoras o de las reservas forestales de
la Ley 2°, con el desarrollo de actividades de interés general o de utilidad pública, la
intervención de ambas autoridades ambientales y de los entes territoriales confluye,
pues solo así es posible adoptar decisiones equilibradas que permitan el desarrollo
sostenible de los territorios.

308. En este contexto funcional, la Sala advierte que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución Nro. 1926 de 2013, adoptó la
zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico, precisando, en
el artículo 2° de la Resolución ibidem, que la Reserva Forestal del Pacífico del Valle
del Cauca comprende una Zona A111 susceptible de ser sustraída para el desarrollo

111 Artículo 4º Zonificación. La Zonificación de la Reserva Forestal del Pacífico, con base en los tipos de

zonas descritas en el artículo 2º del presente acto administrativo será la siguiente:
I) Las zonas tipo "A" de la Reserva Forestal del Pacífico son:
Departamento de Valle del Cauca:
Corresponde a pequeños polígonos distribuidos de manera aislada. El área se distribuye en parte del suelo rural
de los municipios de Argelia y Buenaventura. Esta área abarca una extensión aproximada de 78,56 hectáreas,
correspondientes al 0,02% del área de la Reserva Forestal del Pacífico en el departamento.

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de actividades de utilidad pública o interés social, al tenor de los siguientes
parámetros:

[…] Artículo 2º Tipos de zonas.
La Zonificación de la Reserva Forestal del Pacífico de que trata el artículo
precedente, se efectuará de conformidad con los siguientes tipos de zonas:

Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos
ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios
ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y
climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y
protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio
cultural; y el soporte a la diversidad biológica. (…)

Parágrafo 1º. En todas las zonas antes mencionadas se podrán adelantar
procesos de sustracción de conformidad con la normatividad vigente
para cada caso. (…)

Parágrafo 3º. Las actividades de bajo impacto y que además generan
beneficio social, enunciadas en la Resolución número 1527 de 2012,
podrán desarrollarse en los tres tipos de zonas definidas en el presente
artículo.

Parágrafo 4º. De conformidad con lo establecido en la Resolución
número 763 de 2004 se entienden sustraídos de la reserva forestal los
suelos urbanos y su equipamiento asociado y los suelos de expansión
urbana. No obstante lo anterior, las alcaldías deben proceder a hacer el
registro de las áreas sustraídas ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
número 871 de 2006 modificada por la 1917 de 2011 o por la norma que
sustituya o modifique […] (negrillas de la Sala)

309. En lo que respecta a la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá,
valga mencionar que la misma fue declarada como tal por el entonces Ministerio de
la Economía Nacional, mediante Resolución número 11 del 25 de mayo de 1943 y
ampliada a través de la Resolución número 38 de 1946. El límite de esa zona de
conservación se precisó mediante Resolución 1208 de 2018 y ahora hace parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

310. Cabe agregar que, mediante informe de 21 de junio de 2022112, el MADS puso
de presente que la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Anchicayá no cuenta
con instrumentos de formalización de su registro ni de definición de sus objetivos de
protección.

311. En el marco de estas consideraciones previas, la Sala pasa a resolver los
puntos de la alzada relacionados con: (i) la concesión de aguas para uso recreativo;

Parágrafo. De conformidad con el artículo 3º de la presente resolución, la superficie zonificada en este artículo
es de 1.787.829,49 ha que corresponde al veintidós por ciento (22%) del área total de la Reserva Forestal del
Pacífico.
112 Respuesta ante la solicitud de pruebas de oficio.

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(ii) el turismo masivo; (iii) el urbanismo no planificado, y (iv) la ganadería extensiva
desarrollada en el territorio objeto del litigio.

II.4.3.1. La concesión de aguas superficiales para uso público del río San Juan

312. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el numeral séptimo de la
sentencia de 28 de agosto de 2020, dispuso lo siguiente:

[…] 7. ORDENAR a la CVC que en el término de un (1) mes, i) rectifique las
condiciones actuales del Balneario El Sinaí en contraste con la concesión
autorizada mediante Resolución 640 del 30 de agosto de 2017, a fin de que sean
realizados los ajustes pertinentes destacándose que de conformidad con la Ley
1333 de 2009 una de las sanciones a imponer al infractor es la demolición de la
obra indebida; ii) analice el valor que actualmente se paga concepto de tasa
retributiva atendiendo las condiciones reales de represamiento; iii) efectúe análisis
sobre la concesión recreativa teniendo en cuenta si predio ha sido sustraído por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la zona de reserva forestal. […]

313. Esta determinación tuvo como fundamento los siguientes hallazgos y
consideraciones:

314. Mediante Resolución N.º 0760-0761-000117 de 29 de junio de 2007113, la CVC
otorgó a Blanca Onelly Gil de Farfán concesión de aguas de uso público del río San
Juan por un término inicial de 10 años en la cantidad equivalente a DOS PUNTO
CINCUENTA Y CUATRO LITROS POR SEGUNDO - 2.54 Litros/por seg. (6583.68
m3/mes), correspondiente al 0,86% del caudal ofertado estimado en 297,2 Iitros/ps,
para uso recreativo en el predio El Sinaí.

315. La concesión se autorizó a través de sistema de captación por represamiento
no permanente con dos tablones de madera, los cuales, al ser removidos, permiten
el flujo libre del cauce. Sin embargo, conforme al material probatorio incorporado al
proceso, el Tribunal advirtió que, para la captación, la CVC permitió la construcción
de columnas en concreto en los que se apoyan los tablones de madera. Estos
elementos son estructuras fijas y objetos extraños que permanecen al interior del
cauce, «los cuales, además, para su construcción debieron afectar sensiblemente
las condiciones sanitarias del cauce».

316. Adicionalmente, el Tribunal señaló que, conforme a «las consideraciones
esbozadas por la CVC fue consignado que “[E]l predio que se beneficiara de la
asignación de agua hace parte de la Reserva Forestal del Pacífico, según Ley 2 de
1959”».

317. Posteriormente, mediante Resolución 0760 N.º 0761-000640 de 30 de agosto
de 2017, la CVC traspasó a la sociedad AGROSHEFA S.A.S. la concesión de la
que originalmente era beneficiaria Blanca Onelly Gil de Farfán, bajo las mismas
condiciones de aprovechamiento de 2.54 l/ps.

113 Folios 470 y ss. del cuaderno 3 del expediente de la referencia.

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318. Sin embargo, se encontró acreditado que en el cauce objeto de la concesión,
se construyeron gaviones laterales, estructuras para el ingreso de los bañistas y dos
estructuras de represamiento con cemento, piedra y madera para lograr el alza del
nivel de las aguas, generando así dos (2) piscinas para el uso recreativo.

319. El Tribunal precisó que la existencia de dos sistemas de contención, en primer
lugar, no había sido autorizada por la CVC mediante la resolución del 2007, porque
inicialmente, solo existía una estructura de represamiento para el aprovechamiento
de los 2.54 l/s concesionados. Y, en segundo lugar, las nuevas estructuras
necesariamente conllevan a una mayor cantidad de agua represada, lo cual
desconoce las condiciones originales del aprovechamiento pues actualmente
existen dos piscinas.

320. El Tribunal indicó que la situación referida no fue objeto de pronunciamiento
por parte de la CVC, pues en la Resolución de traspaso se limitó a reiterar las
características métricas de las estructuras, olvidando que en la concesión inicial
expresamente se resolvió que «El agua se captará mediante represamiento no
permanente, a través de dos (02) trinchos en madera».

321. Dicho desconocimiento de los términos de la concesión de aguas fue
catalogado por el Tribunal como transgresor del artículo 64 del Decreto 1541 de
1978, compilado en el Decreto 1076 de 2015, norma que dispone lo siguiente: «Para
que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras
hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de
acuerdo con lo previsto en este Decreto».

322. Así las cosas, el Tribunal encontró que la CVC debía rectificar las condiciones
actuales del Balneario El Sinaí, en contraste con la concesión autorizada; reajustar
la tasa por uso del agua impuesta al concesionario, en contraste con el mayor
aprovechamiento detectado, y analizar la posibilidad de revocar la concesión de
aguas teniendo en cuenta si el predio El Sinaí fue o no sustraído por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la zona de Reserva Forestal del Pacífico.

323. El apoderado judicial de la CVC se opuso al cumplimiento del numeral séptimo
de la sentencia cuestionada, considerando que el Tribunal se extralimitó al sugerir
una sanción en lo relacionado con la concesión otorgada mediante Resolución 640
de 30 de agosto de 2017, pues la CVC es la autoridad competente para revisar el
caso y para adoptar las medidas que correspondan conforme al debido proceso. De
otro lado, indicó que la tasa retributiva sólo opera cuando se trata de aguas servidas,
vertidas o residuales, lo cual no aplica en el caso del uso del recurso hídrico por
parte del Balneario el Sinaí. Por último, advirtió que se requiere de un estudio de
títulos e información del MADS para evidenciar si el predio beneficiario de la
concesión fue sustraído.

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324. Frente a esos reparos, la Sala advierte, en primer lugar, que el recurso de
apelación interpuesto por el apoderado judicial de la CVC no acusa de manera
puntual que la sentencia de primera instancia haya transgredido el ordenamiento
jurídico.

325. En segundo término, la Sala aclara que el Tribunal no se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones al manifestar en la parte resolutiva de la providencia
cuestionada «que de conformidad con la Ley 1333 de 2009 una de las sanciones a
imponer al infractor es la demolición de la obra indebida», puesto que, de ninguna
manera, se le ordenó a la CVC que procediera a imponer sanciones o a demoler las
obras construidas. Realmente, la orden consiste en que la CVC «rectifique las
condiciones actuales del balneario El Sinaí en contraste con la concesión autorizada
mediante Resolución 640 del 30 de agosto de 2017, a fin de que sean realizados
los ajustes pertinentes […]». Es evidente que el Tribunal puso en consideración de
la CVC una de las sanciones que podrían llegar a imponerse, sin que ello suponga
la transgresión del ejercicio independiente de las funciones de esa autoridad
ambiental.

326. En tercer lugar, la Sala procederá a substituir el término «tasa retributiva»
contenido en el literal (ii) del numeral 7° de la sentencia controvertida, por el de
«tasa por utilización de aguas», debido a que este es el instituto al que realmente
quiso aludir el Tribunal de instancia, habida cuenta de la parte considerativa de la
providencia en cuestión y, especialmente, del «ARTÍCULO SEGUNDO – TASAS
POR USO DE AGUA» de la Resolución 0760 N.º 0761-000640 de 30 de agosto de
2017114, la cual encuentra fundamento en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993115.

327. Finalmente, la Sala pone de relieve que teniendo en cuenta que en el proceso
se acreditó que el predio El Sinaí -donde dicha autoridad otorgó la concesión de
aguas- se encuentra en el interior de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico,
la cual, conforme a la Ley 2ª de 1959116 y al tenor del numeral 16 del artículo 31 de

114 Ibid., folio 464 del cuaderno N.º 3.
115 “Artículo 43. Tasas por Utilización de Aguas. (Reglamentado por el Decreto 155 de 2004); (Modificado por el

art. 58 de la Ley 508 de 1999. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El
Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. […]”.
116 “Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales

renovables. […]. Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la
vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General",
según la clasificación de que trata el [Decreto legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva
forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación:
a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur,
la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con
la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que
arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador,
siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río
Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de
Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo

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la Ley 99 de 1993117, debe ser administrada por la CVC. En consecuencia, es a
esa entidad a la que corresponde velar porque toda actividad antrópica que se
desarrolle en aquel territorio118 respete el régimen de usos establecido, con el fin
de garantizar, entre otras cosas, «el mantenimiento de los procesos ecológicos
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos,
relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática […]»119.

328. Es en este contexto que se pone de presente que la CVC otorgó una concesión
de aguas del río San Juan, concretamente en el predio El Sinaí y, además, autorizó
el traspaso de la misma sin adoptar las medidas preventivas correspondientes ni
realizar los controles ambientales que, en primer lugar, obligaran a los beneficiarios
a respetar las condiciones del aprovechamiento concedido120 y que, en segundo
lugar, evitaran la ocupación permanente del cauce mediante obras en concreto.

329. La ocupación anterior obedece: (i) al sistema de estructuras duras y
permanentes instalado al interior del cauce para la captación de agua, (ii) a la
utilización de agua en mayores cantidades al límite establecido, (iii) al traspaso de
la concesión sin reparo ni medida alguna ante las nuevas realidades asociadas al
consumo de agua y los impactos generados al ecosistema, y (iv) a la falta de
operativos permanentes de control y vigilancia por parte de la CVC.

330. Estas omisiones de la CVC amenazan la integridad ecosistémica del área de
reserva forestal, comoquiera que las acciones lesivas demostradas deben ajustarse
plenamente con el ordenamiento específico de la Zona tipo «A» de la Reserva
Forestal del Pacífico establecido en la Resolución 1926 de 2013 expedida por el
MADS, cuyos artículos pertinentes son del siguiente tenor:

y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico;
[…].
117 “Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […].

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos,
los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales
Nacionales en el área de su jurisdicción; […]”. [Resalta la Sala].
118 Resolución 1926 de 30 de diciembre de 2013. “Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la

Reserva Forestal del Pacífico, establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones. […]. Artículo
4°.- Zonificación. La Zonificación de la Reserva Forestal del Pacífico, con base en los tipos de zonas descritas
en el artículo 2o del presente acto administrativo será la siguiente:
I) Las zonas tipo “A” de la Reserva Forestal del Pacífico son: […]. Departamento Valle del Cauca: Corresponde,
en general, a cinco grandes polígonos ubicados en la Cordillera Occidental y en el litoral. El área se distribuye
en parte del suelo rural de los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Calima (el Darién),
Dagua, el Cairo, el Dovio, la Cumbre, la Unión, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, Toro, Trujillo, Versalles, Vijes,
Yotoco y Yumbo. Esta área abarca una extensión aproximada de 399.156,65 hectáreas, correspondientes al
99,98% del área de la Reserva Forestal del Pacífico en el departamento. […]”. [Resalta la Sala].
119 “Artículo 2°. Tipo de zonas. La Zonificación de la Reserva Forestal del Pacífico de que trata el artículo

precedente, se efectuará de conformidad con los siguientes tipos de zonas:
1. Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios
para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación
hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. […]”. [Resalta
la Sala].
120 Esto, debido a que en el proceso también se demostró que los beneficiarios de la concesión de agua

transgredieron los términos establecidos por la CVC.

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[…] Artículo 6° Ordenamiento específico de cada una de las zonas. De conformidad
con las políticas, directrices y normatividad vigente, el ordenamiento específico
para cada una de los tipos de zonas descritos en el artículo 2° del presente acto
administrativo son:

I. Zonas tipo “A”: para este tipo de zonas se deberá:

(…) 3. Implementar las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación
en procura del restablecimiento del estado natural de las coberturas y de las
condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de servicios
ecosistémicos. (…)

8. Impulsar las líneas establecidas en la Estrategia de Emprendimiento de
Negocios Verdes, incluida en la Política Nacional de Producción y Consumo
Sostenible y los programas que lo implementen, como el ecoturismo, siempre y
cuando sean compatibles con las aptitudes del suelo y las características de
este tipo de zona. […] (negrilla fuera del texto)

331. Sin lugar a dudas, la Sala reconoce que tales actividades turísticas son
importantes y valiosas para el desarrollo social del corregimiento; sin embargo, los
particulares que las desarrollan deben contar con los permisos y requisitos que
compensen y mitiguen los impactos negativos que estarían generando.

332. Adicionalmente, aunque el literal g) del artículo 2 de la Resolución 1527 de 3
de septiembre de 2012121 estableció que: «el desarrollo de infraestructura para
recreación pasiva […] que no incluya estructuras duras», es una «actividad de bajo
impacto ambiental, que genera beneficio social y que se puede desarrollar en las
áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción del área», lo
cierto es que las acciones que se están desarrollando en el predio El Sinaí, en
principio, no encuadran dentro del campo de aplicación de la disposición
mencionada, ni dentro de las medidas de manejo dispuestas en la
Resolución122 y mucho menos dentro del objetivo de mantener los procesos
ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios
ecosistémicos relacionados con la regulación hídrica y climática del área
forestal.

333.Por ende, la Sala ordenará a la CVC que inicie el respectivo procedimiento
administrativo en el que determinará si existen impactos a los recursos naturales

121 MADS: “Por la cual se señalan actividades de bajo impacto ambiental y que además, generan beneficio

social, de manera que se puedan desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la
sustracción del área y se adoptan otras determinaciones”.
El parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, señaló que: “[…] el Ministerio de Ambiente deberá
señalar las actividades que ocasionan bajo impacto ambiental y que además, generan beneficio social, de
manera tal que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción
de las mismas. Así mismo, establecerá las condiciones y las medidas de manejo ambiental requeridas para
adelantar dichas actividades […]”.
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de noviembre de 2013,
Rad. N.° 25000-23-25-000-2005-00662-03(AP), C.P.: María Claudia Rojas Lasso: “[…]. De ese modo, será del
resorte de las autoridades ambientales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptar las
determinaciones sobre los usos permitidos en las áreas de reserva forestal protectora que no causen
alteraciones significativas, y que resulten armónicos y compatibles con su preservación, para lo cual, en todo
caso, deberán sujetarlos al otorgamiento previo de licencia ambiental. […]”.
122 Artículos 4 y 5.

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adicionales a los previstos en las Resoluciones 0760-0761-000117 de 29 de junio
de 2007 y 0761-000640 de 30 de agosto de 2017, para que adopte, en el marco de
su autonomía, todas las medidas correctivas, preventivas, sancionatorias o
compensatorias, que estime pertinentes, con relación a las problemáticas
advertidas en la parte resolutiva de esta providencia.

334. Por su parte, el MADS deberá definir, en el marco de su autonomía, si las
actividades desarrolladas en el balneario son de aquellas que requieren del trámite
de sustracción. Y en el evento en que sea cierta la anterior premisa, la cartera
ministerial deberá solicitar al interesado que presente la respectiva solicitud y
evaluar la pertinencia de la misma, siguiendo los criterios reglamentarios
establecidos en las Resoluciones 1526 de 2012 y 110 de 2021123.

335. Durante el cumplimiento de las aludidas órdenes, las citadas autoridades
deberán garantizar el derecho de contradicción y a la defensa del beneficiario de
ese permiso.

II.4.3.2. Las actividades recreativas en el río San Juan y la tala de especies
forestales

336. El Tribunal Administrativo del Valle del Cuaca, en los numerales 8° y 15 de la
sentencia de 28 de agosto de 2020, dispuso lo siguiente:

[…] 8. ORDENAR al MUNICIPIO DE DAGUA que en el término de un (1) mes
proceda a la instalación de canecas de basura para el depósito de desechos y
letreros educativos sobre el cuidado a los árboles, ríos y medio ambiente en
general en los principales charcos de los ríos SAN JUAN y DAGUA; en el mismo
término deberá la CVC realizar un inventario acucioso con placa de las especies
forestales que sirvan de indicadores sobre el avance o no de la práctica de tala
indebida, a efectos de que se alerte y tenga conocimiento de los sitios más
afectados por estas prácticas y pueda adoptar mayores medidas de control para
la conservación sobre estos sitios recreativos y para la recuperación ecológica y
paisajística de los espacios anexos a los charcos.

[…] 15. EXHORTAR a la CVC DAR PACÍFICO ESTE a fin de que realice
actividades de seguimiento, vigilancia y control a las viviendas y establecimientos
en general ribereños del río San Cipriano a fin de verificar la existencia o no de
pozos sépticos, para que conforme a los hallazgos imparta las órdenes,
capacitaciones, ayudas y orientaciones que requiera la comunidad a fin de la
creación y adecuado funcionamientos de pozos sépticos para evitar la descarga
directa y sin tratamiento de las aguas residuales y no residuales al cauce del río.
Iguales actividades habrá de adelantar la CVC en otros sitios de recreación que se
encuentren dentro de los mismos afluentes de los ríos Dagua y San Juan y en
similares circunstancias de riesgo de contaminación.

De igual forma se EXHORTA a la CVC DAR PACÍFICO ESTE para la instalación
de canecas de basura a cargo de los propietarios de viviendas y establecimientos
de comercio para el depósito de desechos, así como la instalación de letreros

123 “Artículo 28. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el diario oficial y deroga la

Resolución 1526 de 2012 salvo los artículos 7 y 8 y todas las disposiciones que le sean contrarias”. [Resalta
la Sala].

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educativos sobre el cuidado de las aguas, las especies animales, los árboles y en
general para la recuperación ecológica y paisajística a partir de la generación de
consciencia ciudadana. […]

337. Frente al numeral 8°, el apoderado judicial de la CVC reclamó que no se
definieron cuáles son los charcos de los ríos San Juan y Dagua objeto de
intervención. Indicó que la medida de censo forestal con placas no está
contemplada en la Ley ni en el Plan de Acción de la CVC, por lo tanto, atenta contra
su presupuesto. Además, consideró que esa estrategia no es idónea para controlar
la tala, pues no impide la infracción ambiental y mucho menos lleva a individualizar
al responsable.

338. Igualmente, sostuvo que la orden 15 de la sentencia impugnada no precisa las
zonas ribereñas del río San Cipriano y, además, este río se encuentra en el Distrito
Especial de Buenaventura, sector que no fue objeto de la demanda. Mencionó que
la orden va en contra del Plan de Acción de la CVC y que no precisa cuáles son los
afluentes, lo cual incluye zonas del municipio de La Cumbre. Por otra parte, adujo
que «La CVC no está facultada para presionar a los propietarios de establecimientos
para que instalen canecas ni es la competente para el tratamiento y disposición de
los residuos sólidos».

339. Frente a esos reparos, en primer lugar, la Sala advierte que el apartado 6.6.1.
de la sentencia cuestionada, denominado «practicas recreativas en el rio San
Juan», precisa cuáles son los charcos del Rio San Juan que fueron objeto de
análisis para determinar las prácticas recreativas que están afectando al medio
ambiente.

340. Dichos charcos son los siguientes: «Puente Chino» en la zona rural del
corregimiento de El Queremal; «Charco La Piedra cerca del sitio denominado
“Burbujas”» en medio del río San Juan y la vía que conduce al cerro Tokio,
pasando el Puente Chino; y «Balneario El Sinaí» identificado por la CVC en las
resoluciones de concesión de aguas.

341. En relación con la oposición planteada sobre el censo forestal, la Sala observa
que nuestra legislación ambiental contempla que la CVC es responsable de
mantener actualizada la información forestal de los ecosistemas naturales que
hacen parte de su jurisdicción.

342. Paratal efecto, el CNRN ordenó la creación del Sistema de Información
Ambiental - SIA destinado a capturar, almacenar, procesar y analizar datos físicos,
económicos y sociales concernientes a los recursos naturales renovables y el medio
ambiente124.

124 Artículos 20, 21 y 22. El literal f) del artículo 21 del Código señala que el SIA comprenderá, entre otras

especies de información, un inventario forestal el cual será elaborado con base en datos suministrados por
entidades oficiales.

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343. Es por ello que una de las funciones de la CVC consiste en «Implantar y operar
el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente»125. También el
Decreto 1076 de 2015 reconoce que esa autoridad reportará la información
estadística relacionada con las plantaciones forestales protectoras, productoras y
protectoras a fin de que sea administrada por el Ideam en el marco del Sistema
Nacional de Información Forestal –SNIF126.

344. Además, la Ley 1931 de 2018 resalta que, instrumentos como el SNIF y el
Inventario Forestal Nacional (IFN) son indispensables para «la generación de
información oficial que permita tomar decisiones, formular políticas y normas para
la planificación, gestión sostenible de los bosques naturales en el territorio
colombiano y la gestión del cambio climático»127. Por eso, se estructuró el
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono –SMByC- como una herramienta
de «información oficial para la adopción de medidas que conduzcan a reducir la
deforestación y contribuyan a la planificación y gestión sostenible de los
bosques naturales en el territorio colombiano»128.

345. La misma disposición establece que las diversas autoridades del SINA, en el
marco de sus competencias y funciones legales, deberán aportar de forma
adecuada y oportuna la información que sea requerida para el correcto
funcionamiento del SMByC, así como tomar las medidas necesarias para asegurar
la utilización de la información generada por dicho Sistema129.

346. Nótese cómo el Legislador resaltó la importancia de los sistemas de información
como el insumo esencial para la toma de decisiones acertadas y eficientes, tanto en
la planificación y gestión sostenible de los recursos forestales, como respecto de los
propósitos globales de mitigación y adaptación al cambio climático.

347. Por lo tanto, la Corporación se equivoca cuando afirma que la función asociada
a conocer los recursos forestales de su jurisdicción no tiene origen legal. Por el
contrario, iindependientemente de que la CVC utilice personal en campo, placas,
estadísticas, GPS, drones o cualquiera otra herramienta tecnológica, lo cierto es
que el ordenamiento jurídico exige de la referida autoridad ambiental el
conocimiento preciso de los recursos naturales que integran el patrimonio natural
cuya administración le corresponde.

125 Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 22.
126 Artículos 2.2.1.1.12.2. y 2.2.1.1.12.18.
127 Artículo 26, modificado por la Ley 2169 de 22 de diciembre de 2021, “Por medio de la cual se impulsa el

desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de
carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones”.
128 Artículo 27.
129 En el mismo sentido, la Ley 1269 es clara en señalar que «[…]. El Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales (Ideam) administrará y coordinará el SNIF, el IFN, el SMByC, Renare, SINGEI, SCRR
• GEI y SIIVRA bajo la coordinación, directrices, orientaciones y lineamientos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. […]». [Resalta la Sala].

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348. Sin embargo, como también es una realidad que la tecnología y otras
estrategias administrativas permitirían que dicha autoridad logre de forma más
eficiente el propósito asociado a controlar la deforestación del sector, se modificará
la orden de amparo a efectos de reconocer a la CVC un mayor margen de
flexibilidad.

349. En este orden de ideas, la Sala ordenará a la autoridad ambiental que adopte
en los mismos sectores un programa de monitoreo, reforestación, control territorial
y de reducción de la deforestación, el cual tendrá una duración de dos (2) años, y
en cuyo marco podrá adoptar las estrategias que estime pertinentes, teniendo en
cuenta los lineamientos fijados en la «Política Nacional para el Control de la
Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques»130 o las acciones previstas
en la Ley 2169 de 2021131, tales como: áreas de vida, celebración de contratos y
acuerdos de conservación natural132, estímulos al sector privado, esquemas de
acuerdos voluntarios, acuerdos de cero deforestación y demás compromisos
público-privados para la gestión del cambio climático133.

350. En todo caso, aquel programa incluirá actividades, metas e indicadores de
gestión tendientes a prevenir, mitigar, controlar, corregir, restaurar y compensar las
acciones de tala y los impactos ambientales que este fenómeno está ocasionando
en aquella parte de las áreas de reserva forestal a las que asisten los turistas y los
residentes de Dagua.

351. Por último, respecto del numeral 15 de la sentencia cuestionada, tal y como se
explicó en el acápite II.3.3 de este proveído, el río San Cipriano no hizo parte de los

130 «Estrategia para consolidar alternativas productivas sostenibles que incidan en el desarrollo rural y

la estabilización de la frontera agrícola:
Línea de acción 1. Promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía
forestal
Línea de acción 2. Fomentar la aplicación de procesos de conservación y manejo sostenible de los bosques
Línea de acción 3. Desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso
sostenible de la biodiversidad
Estrategia para el fortalecimiento de los mecanismos de articulación y gestión transectorial para la
efectiva reducción de la deforestación y gestión de los bosques
Línea de acción 4. Desarrollar intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de
conflictos de uso, ocupación y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los Núcleos de Alta
Deforestación –NAD-
Línea de acción 5. Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación
sectorial que eviten deforestación
Línea de acción 6. Fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza
del territorio y la gestión sostenible de los bosques
Línea de acción 7. Planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación.
Estrategia de control territorial y reducción de las dinámicas ilegales que impulsan la deforestación
Línea de acción 8. Articular los instrumentos de comando y control en Núcleos de Alta Deforestación –NAD- y
áreas estratégicas de conservación de bosque natural
Línea de acción 9. Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que
intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de los delitos ambientales
Línea de acción 10. Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación
Estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y seguimiento para una administración
eficiente del recurso forestal
131 «Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas

y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones»
132 Artículo 8.
133 Artículo 13, numeral 7.

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hechos ni las pretensiones de la demanda, razón por la cual se modificará el alcance
de ese exhorto, así

[…] 15. EXHORTAR a la CVC DAR PACÍFICO ESTE a fin de que realice
actividades pedagógicas y acciones de seguimiento, capacitación, asesoría y
control de los establecimientos de comercio que vierten directamente sus aguas
residuales en las laderas del río San Juan, en los sitios de recreación denominados
«Puente Chino», «La Piedra cerca del sitio denominado “Burbujas”» y el
«Balneario El Sinaí», para que los propietarios de los mismos se vinculen en el
propósitos de proteger este entorno natural, cuenten con pozos sépticos, y adopten
de ser necesario un permiso de vertimientos. […]

II.4.3.3. La subdivisión del suelo rural del municipio de Dagua cobijado por
áreas protegidas e incorporación de ese y otros tipos de suelo al perímetro
urbano del municipio de Dagua

352. En el asunto que retiene la atención de la Sala, el director ambiental de la
Regional Pacífico Este de la CVC informó al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante oficio de 4 de septiembre de 2019, que: «la mayor parte del
territorio rural del municipio de Dagua quedó integrado en la Zona de Reserva
Forestal del Pacífico […] [E]n el resto del territorio rural del municipio de Dagua se
encuentran otros dos (2) territorios de importancia ambiental, como es la zona del
Parque Nacional Natural de Los Farallones y la Reserva Forestal Nacional
Protectora del Anchicayá».

353. La autoridad ambiental también puso de presente en el escrito de contestación
de la demanda que el Municipio de Dagua, en ejercicio de la función de
ordenamiento territorial, permitió el desarrollo urbanístico en diferentes predios
ubicados al interior de las citadas áreas protegidas, sin exigir previamente la
sustracción de las respectivas áreas. Además, incorporó dichos suelos al perímetro
urbano del municipio de Dagua sin cumplir con los requisitos legales.

354. En palabras de esa autoridad ambiental, las licencias de subdivisión de predios
y de urbanismo concedidas por el Municipio de Dagua «son actos administrativos
opuestos a la Constitución y a la ley, en especial a la Ley 2 de 1959, al expedirse
dicha licencia sin realizar las respectivas sustracciones de área […]». Es más, «la
situación que se ha presentado nace de que el […] Municipio de Dagua incumplió
el PBOT, pues expidió licencias de diferente índole, pese a que en dicho Plan se
contempló que debía realizarse en el corto plazo la sustracción de Zona de Reserva
Forestal del Pacifico, en virtud de lo cual el desarrollo urbanístico en la misma se
supeditó a la efectiva sustracción que se efectuará (sic)».

355. En relación con tal aspecto de la controversia, obre en el plenario el Oficio de
6 de abril de 2017, a través del cual el director territorial de la CVC -Regional Pacífico
Este- puso en conocimiento del alcalde municipal de Dagua los siguientes
«comportamientos que afectan las áreas protegidas del sistema nacional de áreas
protegidas (SINAP) y áreas de especial importancia ecológica al tenor de la ley 1801
de 2016»:

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[…] En recorrido de vigilancia y control y seguimientos a procesos sancionatorios
de carácter ambiental que adelanta esta corporación en la vereda Paragüitas zona
rural del corregimiento El Queremal, se encontró una construcción nueva en el
predio con matrícula inmobiliaria No. 370- 333032 conocido como “Altos de San
Juan”. Se adjunta informe para que de acuerdo a sus competencias se proceda al
tenor de la ley 1801 de 2016 en el título IX “del ambiente”, capítulo lll sistema
nacional de áreas protegidas en su artículo 103 y el título XIV “del urbanismo”,
capítulo I. en su artículo 135 […]134.

356.También, mediante Oficio de 10 de abril de 2017, el director territorial de la
CVC -Regional Pacífico Este- informó al gerente de Planeación del municipio de
Dagua lo siguiente:

[…]. En comunicación telefónica con el gerente de planeación el 7 de abril de 2017,
se ha informado a esta Corporación sobre la existencia de un acuerdo por medio
del cual se realizó la modificación al PBOT de Dagua en el Corregimiento de
El Queremal en el marco de la Ley 1537 de 2012, incorporando un predio en
el cual se pretende realizar la “urbanización Lili 2da etapa.”

Debido a una solicitud de revisión y concepto de estudios de la urbanización Lili 2,
2 etapa en el corregimiento de El Queremal realizada por el señor Luis Eduardo
Isaza a través de radicado 181292017 y una denuncia comunitaria sobre la venta
de lotes en dicho lugar, se realizó visita técnica el 10 de abril de 2017.

En dicha visita se pudo evidenciar una valla alusiva al proyecto de urbanización Lili
2, la construcción de una vía interna, y un canal en concreto que recoge aguas
lluvias. No se verificó la existencia de alcantarillado cercano a este predio. En la
revisión de documentos que adjunta el señor Luis Eduardo Isaza se plantea el
vertimiento de aguas residuales tratadas a un canal de aguas lluvias, que acorde
con la normativa ambiental vigente no es viable. […]135 (negrillas de la Sala)

357. La misma CVC, mediante comunicado de 17 de abril de 2017, precisó lo
siguiente:

[…]. Así mismo, una vez revisado el PBOT del municipio de Dagua, se observa en
el Plano Nro. 31 que el lote de la Urbanización Lili No. 2 Etapa no se encuentra
como área de expansión del corregimiento El Queremal y este predio se
encuentra dentro de la Reserva Forestal Nacional Protectora del Pacífico,
declarada mediante Ley 2 de 1959 y para realizar sustracción, deber dirigirse
directamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]136 (negrillas
de la Sala)

358. La CVC, con fecha 9 de junio de 2017, reportó al director de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos los siguientes hallazgos:

[…]. Acorde al Acuerdo 030-16 de diciembre 16 de 2016 emitido por el Concejo
Municipal de Dagua, se incorporan al suelo urbano del corregimiento de El
Queremal, municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca al tenor de
la Ley 1753 de 2015 los siguientes predios:

134 Folio 17 del cuaderno 3 del expediente de la referencia.
135 Ibid., folios 23 y 24.
136 Ibid., folios 27 y ss.

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Predio Atalaya, Matricula Inmobiliaria No. 370-43852, corregimiento de El
Queremal, Dagua- Valle del Cauca de propiedad de la señora Glorieth Liliana
Vadez Díaz.

Coordenadas planas (Magna-sirgas):
Este: 1.039.955
Norte: 882.259

Predio Colinas de El Queremal. Corregimiento de El Queremal. Matricula
Inmobiliaria. No. 370-572689. Numero predial 00-02-002-1252000 de propiedad
del señor Wilson Amadis Duque Bernal.

Coordenadas planas (Magna-sirgas):
Este: 1.040.924
Norte: 881.051
Este: 1.041.316
Norte: 881.268.

Predio las Brisas, corregimiento El Queremal. Matrícula Inmobiliaria 370-928593
de propiedad de la señora Gladiz Cecilia Mera Rosero. Coordenadas planas:
1.040.845 Este; 881.891 Norte.

Predios sin denominación con matrícula inmobiliaria No. 370-924934, 370-924935-
370-924936- 370924937-370-924938, situados en el corregimiento de El
Queremal de propiedad del señor Luis Eduardo Isaza. […]137 (Negrillas de la Sala)

359. La CVC, mediante Oficio de 14 de noviembre de 2017138 informó a la
Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios del Valle del Cauca
cuáles eran los predios que contaban con licencias urbanísticas en el interior de la
zona de Reserva Forestal Protectora Nacional del Anchicayá y Reserva Forestal del
Pacífico, así:

[…] en recorrido de vigilancia y control de la licencia expedida por la Gerencia de
planeación de Dagua al señor Elmer Enrique Tenorio Echeverry. Según el sistema
de geo-referenciación de la CVC, esté predio ubicado en la vereda Paragüitas,
zona rural del corregimiento de El Queremal, municipio de Dagua, se encuentra
en zona de reserva forestal protectora Nacional-RFPN- de Anchicayá, área
protegida del Sistema nacional de áreas protegidas -SÍNAP- y se trata de un
determinante, ambiental. Se adjuntan 2 mapas y oficio 620702017 en el cual la
gerencia de planeación de Dagua informa sobre la expedición de licencia de
subdivisión para el señor Elmer Enrique Tenorio […].

Copia de la licencia otorgada al señor Luis Eduardo Isaza "Por la cual se expide
licencia de urbanismo para desarrollar proyecto división de predio”. Según
sistema de geo-referenciación de CVC, este predio se encuentra ubicado a la
altura del kilómetro 48 de la vía Simón Bolívar sentido Cali-Buenaventura,
corregimiento de El Queremal, en zona de reserva forestal declarada
mediante ley 2 de 1959 por lo cual se requiere sustraer el área ante el
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se adjunta constancia de
ejecutoria firmada por el gerente de planeación de Dagua, señor Bernardo Silva
[…]. (Matrícula inmobiliaria 370-924938. Nro. Predial 00.02.0002.0041.000139)
137 Ibid., folios 33 y ss.
138 Ibid., folios 50 y ss.
139 Ibid., folios 38 y ss.

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Copia de la licencia otorgada a la señora Vanessa Serna Camero para subdivisión
de predio. Según sistema de geo-referenciación de CVC, este predio ubicado en
la vereda Paragüitas, corregimiento de El Queremal, zona rural de Dagua, se
encuentra en zona de reserva forestal protectora nacional -RFPN- de Anchicayá.
Este caso ha sido informado al ministerio de ambiente y a su despacho. […].
(Matrícula inmobiliaria 370-333032. Nro. Predial 00.02.0002.0449.000140)

Mapa de la ubicación del predio en la vereda Paragüitas, zona rural del
corregimiento Queremal, jurisdicción del municipio de Dagua, propiedad de la
señora Ester Julia Alvarez Mena y otros. En recorrido de vigilancia y control se le
presentó al funcionario de la Corporación la licencia de construcción para una
vivienda y se observó la construcción de cinco piezas cada una con servicio
sanitario (ducha, lavamanos y sanitario), con una plancha para la construcción de
más habitaciones en el segundo piso y en otro lado está en construcción un área
donde va a construir la cocina con un servicio sanitario, lo que permite inferir que
no se trata de vivienda unifamiliar. Este predio se encuentra en zona de reserva
forestal protectora Nacional-RFPN- de Anchicayá, área protegida del sistema
nacional de áreas protegidas -SINAP- y es un determinante ambiental.

Es importante mencionar que en el predio Bellavista propiedad del señor Hernan
Cardona Alvarez, ubicado en la vereda Paragüitas, zona rural del corregimiento El
Queremal, se encuentra una subdivisión predial de 5 lotes. Actualmente se observó
la subdivisión de un nuevo lote con área aproximada de 3200 m2. Este predio se
encuentra en la reserva forestal protectora nacional del Anchicayá. […]
(Negrillas de la Sala)

360. La CVC, mediante Resolución 0760 No. 0762 000495 de 23 de mayo de 2018,
dispuso lo siguiente:

[…] [L]a administración municipal de Dagua y los señores María de Las
Mercedes Álvarez Carmona, Ester Julia Álvarez, Juan Pablo Álvarez Mena,
Jairo Alexander Roa Orejarena, Pablo Emilio Álvarez serna y Luz Dary Mena
Álvarez, quienes realizan actividades de construcción de un Hotel dentro de la
Reserva Forestal Protectora del Anchicayá; (…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA al MUNICIPIO DE
DAGUA y a los señores María de Las Mercedes Álvarez Carmona, Ester Julia
Álvarez, Juan Pablo Álvarez Mena, Jairo Alexander Roa Orejarena, Pablo
Emilio Álvarez serna y Luz Dary Mena Álvarez, en calidad de poseedores del
predio MIRAVALLE, consistente en:

SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES:
CONSTRUCCIÓN que se está realizando en el predio MIRAVALLE de matrícula
inmobiliaria 370-370117, con un área de 8 hectáreas 7320M2, ubicado en la
Vereda Paragüitas, corregimiento El Queremal, municipio de Dagua,
Departamento Valle del Cauca, coordenadas geográficas 76°42´20.804” O;
3°30´30,682” N; 1659 msnm. […]141 (Negrillas de la Sala)

140 Ibid., folios 60 y ss.
141 Folios 98 a 104 cuaderno 3.

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361. Mediante Oficio de 4 de septiembre de 2019, la CVC informó al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca algunas irregularidades en las que incurrió la
administración municipal de Dagua en relación con las actividades de subdivisión y
urbanismo rural, así:

[…] se presenta incumplimiento por parte de la autoridad municipal, respecto de lo
ordenado en el artículo 2 numeral 2, 3 y parágrafo del Decreto 097 del 16 de enero
de […] 2006, que estableció las condiciones, limitaciones y restricciones o
prohibiciones para el desarrollo de edificaciones en el suelo rural y, la prohibición
expresa del artículo 3, de aprobar licencias de parcelación o construcción
autorizando parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre mientras no se
incorporen y se delimiten las áreas para este tipo de desarrollos en el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial, en concordancia con las normas ambientales y
agrarias, disposición sobre la cual pasan por encima de ella las licencias expedidas
por la oficina de Planeación Municipal, como se puede observar entre otros actos,
en los siguientes:

-Resolución GP-065 del 15 de marzo de 2019, por medio de la cual se expide
licencia de construcción para el predio lote Nro. 08 de la manzana I, matrícula 370-
851136, que hace parte de la Parcelación Altos del Carmen, que no se encuentra
incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y del cual
no han realizado sustracción de área de la reserva forestal del Pacífico.

-Resolución GP-268 del 06 de septiembre de 2018, por medio de la cual se expidió
licencia de construcción para el predio lote #12 de la parcelación El Milagro, que
no se encuentra incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio y del cual no han realizado sustracción de área de la reserva
forestal del pacífico.

-Resolución GP-2067 del 22 de diciembre de 2010, por medio de la cual se expidió
licencia de reloteo de un predio con matrícula Nro. 370-797289 de 20 hectáreas
6021,50 metros cuadrados, para conformar la parcelación Altos del Carmen, que
no se encuentra incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio y del cual no han realizado sustracción de área de la reserva
forestal del Pacífico.

-Resolución No. GP-148 del 26 de abril de 2018, por medio de la cual se expide la
licencia de construcción de vivienda, para el predio denominado “lote de terreno”
localizado en el corregimiento El Carmen, matrícula inmobiliaria No. 370-926601,
del cual no han realizado sustracción de área de la reserva forestal del
Pacífico.

-Resolución No. GP-326 del 21 de octubre de 2016, por medio de la cual se expide
la licencia de urbanismo de reloteo para desarrollar el proyecto parcelación Villa
Luces, con matrícula inmobiliaria 370-455841, localizado en el corregimiento San
Bernardo, Vereda Tocotá, que no se encuentra incluida dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio y del cual no han realizado
sustracción de área de la reserva forestal del Pacífico. […]142. (Negrilla fuera del
texto).

362. Además, con ocasión de la inspección judicial y del informe del gerente de
planeación del Municipio de Dagua de 2 de septiembre de 2019143, el Tribunal

142 Ibid., folios 187 y ss. del cuaderno 4.
143 Ibid., folios 456 y ss. del cuaderno 1 y 525 y ss. del cuaderno 4.

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evidenció que en el predio denominado «Alto de los Caballeros» con latitud
3.507821 y longitud -76.705382, identificado con el número de matrícula inmobiliaria
370-370117, se está construyendo un hotel, pese a que se encuentra ubicado en el
interior de la zona de reserva forestal protectora.

363. De otro lado, la autoridad ambiental puso de presente que el Municipio de
Dagua permitió la comisión de otras irregularidades en materia urbanística que
tenían el siguiente alcance:

[…] se observa una serie de incumplimientos por parte del municipio y,
concretamente por la oficina de planeación, con la expedición de licencias de
urbanismo autorizando el fraccionamiento (subdivisión material) de los
predios rurales en predios de menor extensión de 3000 m2 o incluso menores
a esta área y muy por debajo del área mínima de las UAF establecida en la
Resolución 041 del 24 de septiembre de 1996 emitida por la Junta directiva del
antiguo instituto colombiano de la reforma agraria “INCORA”

Tales actuaciones de la entidad municipal además de la norma antes mencionada
están en contravía de los artículos 44 y 45 de la ley 160 de 1994; el artículo 4º del
Decreto Nº 097 del 16 de enero de 2016 emitido por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial en el cual se estableció la prohibición de autorizar
la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto en la ley 160 en 1994;
la misma Ley 338 de 1997 en su artículo 2 numerales 1 y 2, artículos 5, 6, 8 numeral
12 y de manera especial el artículo 10 que define como determinantes de los
ordenamientos territoriales las normas ambientales y agrarias como normas de
superior categoría que se encuentran vulneradas integralmente por la autoridad de
planeación municipal a través de las respectivas autorizaciones de subdivisión
material de los inmuebles rurales y de construcción de vivienda campestre.

Igualmente, se observa que el incumplimiento se encuentra reflejado en el plan
básico de ordenamiento territorial del municipio de Dagua en el cual se estableció
como área mínima de subdivisión material de los inmuebles la de 3000 m2
contenido en el capítulo XI “normatividad en suelo rural aplicable a parcelación de
predios rurales destinados a vivienda campestre” artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 del acuerdo
municipal 004 del 28 de mayo de 2002.

También, dichas actuaciones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 4
Decreto 097 de 2006, el cual se estableció el precio expresa autorizar
subdivisiones de predios rurales en contra de lo dispuesto en la ley 160 de
1994 o las normas que la reglamenten adicionen, modifiquen o sustraigan o
sustituyan o en el caso de las excepciones que permiten fraccionamiento del
suelo rural por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar -
UAF la autorización de actuaciones de edificación en los predios resultantes
deberá garantizarse mantener la naturaleza rural de los terrenos y no dará
lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de los
núcleos de población. […]144. (Negrilla fuera del texto).

364. Dicho concepto de transgresión fue planteado con ocasión de las siguientes
subdivisiones sobre predios de mayor extensión:

[…]. -Subdivisión material del predio de mayor extensión con matrícula inmobiliaria
370-884133 realizada por escritura pública 3118 del 17 de septiembre de 2010 de

144 Ibid., folios 187 y ss. del cuaderno 4.

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la notaría 6 de Cali del cual fue subdividido un predio de menor extensión en el
corregimiento El Palmar de 1000 m2 con matrícula inmobiliaria 370-908016.

-Subdivisión material del predio de mayor extensión con matrícula inmobiliaria 370-
797282 realizada por escritura pública 415 del 27 de julio de 2011 de la notaría
única de Dagua del cual fue subdividido un predio de menor extensión en el
corregimiento El Palmar de 4008,90 m2 con matrícula inmobiliaria 370-851136.

-Subdivisión material del predio de mayor extensión con matrícula inmobiliaria 370-
236724 realizada por escritura pública 2127 del 5 de junio de 1986 de la Notaría 3
de Cali del cual fue subdividido un predio de menor extensión en el kilómetro 23
que hace parte de la parcelación Aures, de 3000 m2 con matrícula inmobiliaria
370-851136. […]

365. En el informe de visita técnica de 8 de abril de 2016, la CVC constató que en
el predio Santa Anita, ubicado en la vereda Paragüitas del corregimiento El
Queremal, coordenadas Nro. Norte 03°, 30” 33.4” W 76°42” 3.10” altura 1658
metros, se presentaron las siguientes situaciones:

[…] se pudo identificar trabajos de topografía, referente a un levantamiento
topográfico del terreno, se encontraron cinco (5) puntos marcados sobre el terreno;
esta clase de trabajo se utiliza para determinar áreas de un predio, pendientes
linderos. Es evidente que si en este predio se pretende establecer una parcelación
o subdivisión predial denominada Entre Ríos, uno de los pasos principales para
desarrollar esta actividad es realizar el levantamiento topográfico. […]145.

366. En la Resolución N.° 000447 de 13 de agosto de 2015, la CVC verificó lo
siguiente:

[…] En visita realizada al predio sin nombre ubicado en la Vereda Altos de San
Juan (…) se constata lo siguiente:

En la visita se establece que el predio de la señora Vanessa Serna Camero, tiene
un área de 32.000 metros cuadrados, topografía plana, no se observan la
presencia de cobertura boscosa ni fuentes de agua; presenta un área subdividida
de dieciséis (16) lotes con áreas de doscientos setenta (270) metros cuadrados
cada lote, bajo la figura de proindiviso. El vendedor de los lotes es el señor Oscar
Serna, padre de la propietaria del predio; actualmente se observa la construcción
de 13 viviendas.

Recomendaciones: (…) solicitar a la Gerencia de Planeación del municipio de
Dagua, las actuaciones realizadas en el marco de sus competencias respecto a la
subdivisión predial y construcción de viviendas en el predio de la señora Vanessa
Serna Camero; de igual forma es pertinente iniciar proceso sancionatorio en
contra del municipio por el incumplimiento a las áreas mínimas establecidas
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Dagua – PBOT
(Acuerdo 004 de 2002). […]146. (Negrilla fuera del texto).

367. Asimismo, en la Resolución N.° 000256 de 12 de abril de 2017, la CVC
consideró lo siguiente:

145 Ibid., folios 6 y ss. del cuaderno 3.
146 Ibid., folios 69 y ss.

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[…] Lugar: Predio Lote N° 1 del predio Potrerillo, Vereda Potrerillo, corregimiento
El Queremal, municipio de Dagua. (…)

En el predio denominado Proterillo, propiedad del señor Miguel Antonio Barona
Pacheco con cédula de ciudadanía Nro. 16.605.258 de Cali, localizado en la
vereda Proterillo del Corregimiento Queremal jurisdicción del municipio de Dagua,
se encontró un área subdividida en ocho (8) lotes con extensiones de setecientos
(700) metros cuadrados cada uno, el sitio donde se presenta la subdivisión
pertenece a un potrero (…)

El predio Proterillo propiedad del señor Miguel Antonio Barona Pacheco no cuenta
con permisos de la Gerencia. […]147

368. En relación con la transgresión del régimen de usos de la Zonas de Reserva
Forestal del Pacífico, la CVC acreditó que:

[…] dicho territorio ha sido ocupado irregularmente con actividades urbanas,
fraccionamiento (subdivisión) y actuaciones urbanísticas de construcción de
vivienda campestre, en la mayoría de los casos autorizadas por la oficina de
planeación del municipio de Dagua, Valle, a través de expedición de licencias
de urbanismo, actuaciones urbanísticas que son contrarias a las normas
ambientales y agrarias que por su categoría de normas de superior jerarquía
fueron desatendidas por la autoridad municipal generando una ocupación
ilegal del territorio debido a que poco a poco fueron urbanizando el área rural
a través de las respectivas licencias expedidas. […].

Es importante manifestar que las autoridades locales del municipio de Dagua han
hecho caso omiso de la obligación contraída en el artículo 3 del capítulo VII del
plan básico de ordenamiento territorial, respecto de adelantar el trámite de
sustracción de áreas de la reserva forestal Del Pacífico de los predios rurales que
se encontraban con intervención de actividades diferentes a las autorizadas en la
resolución 1527 del 3 de septiembre de 2012 modificada por la Resolución 1274
del 6 de agosto 2014 […] (negrilla fuera del texto)

369. Conforme a lo anterior, el Tribunal concluyó que la administración municipal
de Dagua expidió licencias de urbanización, parcelación, subdivisión, reloteo,
construcción y demás, en predios ubicados en la Reserva Forestal Protectora
Nacional Río Anchicayá y en la Reserva Forestal del Pacífico, a pesar que esas
reservas eran determinantes ambientales y normas de superior jerarquía para el
PBOT de Dagua según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de
2007.

370. El Tribunal igualmente destacó que la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos
Ambientales y Agrarios instauró una demanda de nulidad simple en contra de los
Acuerdos 030 del 16 de diciembre de 2016 y 014 del 31 de mayo de 2017, proferidos
por el Concejo Municipal de Dagua, al considerar que esos actos vulneraban el
artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, norma que fue modificada por el artículo 91 de
la Ley 1753 de 2015148.

147 Ibid., folios 82 y ss.
148 Radicado 76001-33-33-001-2018-00142-00.

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371. Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali, en el marco
de dicho proceso judicial, mediante Auto Nro. 36 del 29 de enero de 2019 concedió
la suspensión provisional de esos actos administrativos, por cuanto el municipio
había incorporado unos predios al perímetro urbano sin cumplir con los requisitos
legales relacionados con la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios y
sin obtener previamente la sustracción de tales sectores de la Reserva Forestal del
Pacífico.

372. A partir de este contexto, el a quo recordó que los predios ubicados en las
reservas forestales deben ser sustraídos por solicitud del ente territorial ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes de realizar algún
aprovechamiento, autorización que se expedirá previa presentación de los
respectivos estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que así lo
habiliten.

373. Igualmente, puso de presente que ese ente territorial no cumplió con el
compromiso adquirido en el artículo 3 del Acuerdo N.º 004 de 28 de mayo de 2002,
«por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Dagua – Valle del Cauca “Dagua Pacífico 2001-2010”», consistente a
tramitar la sustracción de los sectores que serían objeto de desarrollo, así:

[…] ARTICULO 3.- ADOPCION DE AREAS DE RESERVA PARA LA
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES. RESERVA FORESTAL DEL PACIFICO.

En el presente PBOT se reconoce la localización total del Municipio que De
acuerdo con los linderos establecidos en la ley 2ª de 1959 el territorio de Dagua
Se encuentra en su totalidad en zona de reserva Forestal del Pacifico incluida
en ella el área correspondiente al Parque Farallones de Cali.

Por el desarrollo del territorio como situación de hecho ciertas áreas han sido
ocupadas para desarrollar la actividad agropecuaria, ya existen áreas
sustraídas las cuales deben limitarse para definir los límites de la reserva.

Por el desarrollo del territorio también como situación de hecho algunas
áreas han sido ocupadas para desarrollar actividad de urbanismo,
comercialización, recreación y agropecuaria, ya existen áreas con usos
diferentes a los de reserva forestal, estas deberán ser delimitadas para
posteriormente determinar su relación con la reserva y determinar los límites de la
reserva.

Estas áreas que actualmente tienen usos urbanos, de expansión,
suburbanas, centros poblados, parcelaciones, corredores interregionales,
de desarrollo agrícola y ganadero entre otras, diferentes a las establecidas
en la Ley 2° y demás normas concomitantes y/o reglamentarias, actualmente
presentan conflictos por uso del suelo.

El Municipio de Dagua con sustento en el presente PBOT iniciara el trámite de
formalizar mediante hechos y actos administrativos en el corto plazo la sustracción.

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El presente PBOT como mecanismo de concertación con las autoridades
ambientales es el sustento sobre el cual el Municipio de Dagua adelantara este
proceso, Proceso que se adelantara respetando y solicitando las
competencias establecidas en la ley 99 de 1993 para las entidades
territoriales, El Ministerio del Medio Ambiente y Las Corporaciones
Regionales. […] (Negrillas de la Sala)

374. En el mismo sentido, mencionó que, de conformidad con el artículo 91 de Ley
1753 de 2015, el municipio, a la hora de incorporar suelo rural al perímetro urbano,
debía cumplir con las siguientes exigencias que no fueron atendidas en el caso
concreto:

[…] a) Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad
inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los
sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito, certificada por los
prestadores correspondientes. (…)

c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de
conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema
nacional de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo
especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que
hagan parte del suelo de protección, en los términos de que trata el artículo
35 de la Ley 388 de 1997221, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya
restringido en virtud de la concertación ambiental que fundamentó la adopción
del plan de ordenamiento vigente.

d) Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados
rurales (corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete
(7) reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959, podrán presentar
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de
sustracción rápida y expedita para los lotes y actuaciones urbanas
integrales que se destinen a vivienda para lo cual se expedirá por parte de
dicho Ministerio las resoluciones correspondientes. […] (Negrillas de la Sala)

375. De otro lado, explicó que la Ley 160 de 1994149, la Resolución 041 de 1996, el
Decreto 1077 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2002 (PBOT vigente de Dagua),
establecieron unos criterios mínimos para dimensionar el tamaño de los predios
rurales a través de la figura de Unidad Agrícola Familiar, los cuales fueron
desconocidos por el municipio en diversos permisos urbanísticos.

376. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cuaca, en la
sentencia de 28 de agosto de 2020, dispuso lo siguiente:

[…] 9. ORDENAR a la CVC que en el término de cinco (5) meses adelante la
respectiva investigación, imposición de las medidas preventivas y la iniciación de
los procesos sancionatorios a los que haya lugar en contra de los propietarios y/o
poseedores y en contra del municipio de Dagua para los predios y casos señalados

149 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un

subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones”

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en el acápite “conclusiones sobre subdivisiones de suelo rural e incorporaciones a
suelo urbano”.

Lo anterior destacándose la potestad de la CVC en el marco del proceso
sancionatorio de la Ley 1333 de 2004 i) el cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificación o servicio; ii) la revocatoria o caducidad de licencia
ambiental, autorización, concesión, permiso o registro; y iii) la demolición de obra
a costa del infractor, sin perjuicio de las multas pecuniarias a costo diario.

10. ORDENAR a la CVC para que en el término de un (1) año verifique los predios
objeto de urbanización, parcelación, subdivisión, reloteo, construcción y demás
con ocasión de las licencias otorgadas por la Alcaldía Municipal de Dagua durante
el periodo 2015-2020, bajo el propósito del artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, es
decir, la incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro
urbano; ello en aras de establecer si los predios incurren en infracción de las
normas ambientales, especialmente advirtiéndose el trámite de sustracción de
áreas de reserva forestal, para que se adopten las sanciones a las que haya lugar
tanto de los propietarios o poseedores de los predios como a la administración
municipal de otorgar las licencias en forma indebida –si así lo hubiere hecho-.

11. ORDENAR al MUNICIPIO DE DAGUA - Oficina de Planeación Municipal no
otorgar licencias de urbanización, parcelación, subdivisión, reloteo, construcción,
incorporación a suelo urbano y demás actuaciones administrativas a que haya
lugar, en contravención de las áreas mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares
o contraviniendo los usos del suelo del PBOT vigente; o sobre terrenos que deban
ser mantenidos y preservados por su importancia para la explotación agrícola,
paisajística o de recursos naturales; o en áreas mínimas a las contempladas en la
normatividad de suelo rural; o en terrenos protegidos por Reserva Forestal del
Pacífico - Ley 2 de 1959 o de Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá
sin la previa sustracción ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Así mismo, deberá proceder a la REVOCATORIA de las licencias otorgadas con
anterioridad en el horizonte 2015-2020 que contravengan las anteriores
condiciones. Deberá en el término de un año (1) presentar al despacho informes
sobre las revocatorias efectuadas con los soportes respectivos frente a las
licencias otorgadas. […]

377. Ahora bien, en el curso de la segunda instancia, mediante informe de 21 de
junio de 2022, el MADS puso de presente que ha «iniciado los procedimientos
sancionatorios ambientales en el marco de los expedientes: SAN 053, SAN 079,
SAN 129 y SAN 136, por el desarrollo de proyectos, obras o actividades sin obtener
previamente la sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico e incumplimiento de
norma en la Reserva Forestal Protectora Río Anchicaya, en el municipio de Dagua».

378. A su vez, la CVC explicó, en el informe rendido a esta autoridad judicial el 24
de junio de 2022, que las acciones urbanísticas aquí cuestionadas responden a un
desarrollo histórico desordenado de ese ente territorial, en cuyo marco actualmente
existe una profunda fragmentación del paisaje, tal y como puede apreciarse de la
siguiente toma aérea:

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379. En palabras de la CVC, «las dinámicas de crecimiento físico del municipio de
Dagua hacen parte del contexto histórico y no corresponden a un fenómeno actual,
lo cual se acompasa con la realidad en materia de Ley 2da de 1959 en todo el
territorio nacional». De manera que esa entidad informó que está desarrollando las
siguientes acciones para resolver el presente conflicto:

[…] Con el fin cooperar y complementar el ejercicio de sus funciones la CVC y
no siendo ajena a la problemática existente la CVC ha venido adelantando
diferentes gestiones entre ellas la suscripción de diferentes convenios dentro de
los cuales se destacan:

• Convenio 195 de 2021 con el Consorcio Conservación Zonas Forestales
Protectoras del Valle del Cauca el cual tiene como objeto realizar el Ajuste a la
Zonificación de Zonas de Reserva Forestal Pacífico y Central del Valle del
Cauca de Ley 2ª. de 1959. En el marco de este convenio se han venido
realizando jornadas en el municipio de Dagua tendientes a actualizar la
información referente a las situaciones y conflictos existentes con esta Figura,
generar estrategias para abordar el conflicto. En relación con este proceso se
adelantó reunión con los jefes de oficinas de planeación de los municipios de
Dagua, la Cumbre y Restrepo el día 07 de junio de 2022.

• Convenio 133 de 2021 cuyo objeto es “Aunar recursos económicos y
esfuerzos técnicos entre la CVC y el Municipio de Dagua para realizar las
actividades del proceso de actualización de la información catastral con enfoque
multipropósito en el Municipio”, el precitado convenio busca obtener información
actualizada sobre la tenencia de la tierra del municipio, que permita ejercer una
debida planificación y control en sinergia con el municipio de Dagua.

La CVC viene implementando la aplicación de la Herramienta Denominada
EMAP “Herramienta de Efectividad para el Manejo de Áreas Protegidas” a

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través de la cual, de manera conjunta con las instituciones y en un ejercicio
interno, se analizan variables que permitan determinar los avances en materia
de gestión de Áreas protegidas del SINAP como es el caso de la Reserva
Nacional Forestal Protectora del Río Anchicayá. […]

380. La CVC también puso de presente que ha trabajado de forma articulado con
el MADS para la gestión de los siguientes asuntos:

«Procesos remitidos al Ministerio de Ambiente por competencia parágrafo del Art.2 de la Ley 1333
de 2009 cuenca Dagua y Anchicayá - actividades realizadas sin sustracción Ley 2 de 1959 (zona
forestal del Pacífico):»

PROCESO SANCIONATORIO ACTO
INVESTIGADO CUENCA MUNICIPIO FECHA
AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

0762-039-004-031-2015 Vanessa Serna Camero Anchicayá Dagua 0760-0762-000633 29/06/2018

0760-0762-38894-2018 Municipio de Dagua y otros Anchicaya Dagua 0760-0762-000495 23/05/2018

0760-0762-64153-2018 Soraida Bustamante Rojas Anchicaya Dagua 0760-0762-000897 06/09/2018

0762-039-005-027-2018 Miguel Antonio Barona Anchicayá Dagua 0760-0762-000965 17/09/2018
Pacheco y otro
0761-039-002-035-2018 Jose Antonio Heredia Dagua Dagua 0760-0761-001270 18/12/2018

0761-039-005-034-2018 Sierra Morena Dagua Dagua 0760-0761-001271 18/12/2018

0761-039-005-003-2019 Jimmy Gaviria Martínez Dagua Dagua 0760-0761-000046 10/01/2019

0761-039-005-004-2019 Promotora SPICA S.A.S. Dagua Dagua 0760-0761-000049 10/01/2019

0761-039-005-025-2019 Grupo Merark S.A.S. Dagua Dagua 0760-0761-00524 17/05/2019

«Procesos sancionatorios ambientales en los cuales existe concurrencias de competencias de la
CVC y el Ministerio de Ambiente:»
PROCESO
ACTO
SANCIONATORIO INVESTIGADO CUENCA MUNICIPIO FECHA ETAPA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
0761-039-005-019-
Asomulpro Dagua Dagua 0760-0761-000351 23/05/2022 Inicio Explanaciones
2022

0761-039-005-009- Sorany Franco Explanaciones y
Dagua Dagua 0760-0761-000135 15/03/2022 Inicio
2022 Perez y otros tala

0762-039-005-011- Isidro Gil Gil y
Anchicayá Dagua 0760-0762-000298 26/04/2021 Inicio Apertura de vía
2021 otros
Traslado
0761-039-005-028-
José Alirio Diaz Dagua Dagua 0760-0791-000020 13/06/2022 para Explanaciones
2021
alegar

«Procesos sancionatorios ambientales empresas de transformación de maderas:»
PROCESO
ACTO
SANCIONATORIO INVESTIGADO CUENCA MUNICIPIO FECHA ETAPA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
Nilson Javier
0761-039-005- formulación Apertura de vías
López Girón y Dagua Dagua 0760-0761-000012 26/04/2022
005-2022 de cargos y tala
otros
Edilberto
0761-039-005- Sanción
Castaño Mora Dagua Dagua 0760-0761-000360 27/05/2021 Explanaciones
060-2019 con firmeza
y otro
Inversiones
0761-039-005- Sanción
Agricolas Dagua Dagua 0100-0760-0507 27/08/2020 Apertura de vías
039-2019 con firmeza
Tocota
Mercedes
0761-039-005- Sanción Apertura de vías
Alvarez de Dagua Dagua 0760-0761-00010 15/01/2020
034-2019 con firmeza y explanaciones
Gracia

111

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

PROCESO
ACTO
SANCIONATORIO INVESTIGADO CUENCA MUNICIPIO FECHA ETAPA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
Carmen
0761-039-005- Patricia Sanción
Dagua Dagua 0760-0761-00016 16/01/2020 Apertura de vías
049-2020 González y con firmeza
otros

0761-039-005- Maria Albani Sanción
Dagua Dagua 0100-0760-0129 16/03/2021 Explanaciones
077-2021 Perrot con firmeza

0761-039-002- Carlos Julio Sanción Adeuación de
Dagua Dagua 0100-0760-0400 21/07/2020
010-2018 Ramírez con firmeza terreno y tala

0761-039-002- Sociedad Sanción Aprovechamiento
Dagua Dagua 0100-0760-0157 05/04/2021
068-2019 Toscana S.A.S. con firmeza forestal

0761-039-005- Leonor Mejia y Sanción Apertura de vías
Dagua Dagua 0100-0761-0541 09/09/2020
026-2019 otros con firmeza y explanaciones

0761-039-005- Sonia Milena
Dagua Dagua 0760-0761-000013 02/05/2022 Descargos Explanaciones
038-2021 Obando

381. Ese informe de 24 de junio de 2022 precisa que la CVC en materia de
seguimiento y control está ejecutando las siguientes acciones:

[…] desde la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC, se adelantan
recorridos de vigilancia y control por parte de los Técnicos Operativos y
Profesionales adscritos a la Unidad de Gestión de Cuenca Dagua y Unidad de
Gestión de Cuenca Anchicayá Alto como parte de las acciones priorizadas en los
planes operativos anuales. Este ejercicio seguimiento y permite identificar
diferentes situaciones ambientales entre ellas el desarrollo explanaciones para
procesos constructivos, apertura de vías, generación de vertimientos y
aprovechamientos forestales, infracciones más comunes en el territorio.
Igualmente se adelantan visitas en atención de solicitudes ciudadanas donde se
reportan posibles afectaciones a los recursos Naturales. De lo anterior se generan
diferentes actuaciones entre estos requerimientos ambientales, imposición de
medidas preventivas y apertura de procesos sancionatorios por afectaciones
al recurso suelo (Aprovechamientos forestales, Apertura de vías y
explanaciones) al Recurso Hídrico (Generación de Vertimientos, ocupación
de cauce). De manera complementaria a las acciones desarrolladas por los
técnicos y profesionales de la CVC, el ejercicio de seguimiento y control viene
siento apoyado por guardabosques asignados quienes realizan recorridos de
seguimiento y control, actualmente y como resultado de las diferentes actuaciones
ambientales se tiene un total de 105 expedientes sancionatorios del Municipio
de Dagua. […].(Negrillas de la Sala)

382. De lo anterior se colige que las autoridades ambientales del extremo pasivo
han adelantado acciones para abordar la presente problemática, cuyo origen y
configuración es atribuible al Municipio de Dagua, entidad territorial que incumplió
las exigencias previstas en nuestra legislación cuando ejerció las funciones
urbanísticas y de ordenamiento territorial conferidas por las leyes 388 de 1997 y
1454 de 2011, en el contexto de la modificación de su PBOT y en la evaluación de
varios permisos y licencias urbanísticas.

383. La Sala destaca que el propio ente territorial, en el marco de su actuar
improvisado, fue el que permitió la modificación de las condiciones naturales de
estos espacios protegidos, promoviendo un conflicto histórico.

112

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

384. Ante tales escenarios fácticos, esta Sección pacíficamente ha sostenido que
la decisión de una administración municipal de incorporar al suelo urbano los
predios que hacen parte de una reserva forestal, sin que la misma fuera
realinderada o sustraída previamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, comporta la configuración de un «vicio de incompetencia temporal o por
razón de la oportunidad», que conducirá indefectiblemente a la ilegalidad de tales
actos150.

385. También la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia de 5 de
noviembre de 2013151, explicó que el juez de la acción popular -en este tipo de
conflictos- está llamado a respetar los derechos adquiridos de los terceros de buena
fe, con sustento en las siguientes razones:

[…] la Sala concluye que no es posible que la declaratoria de reserva forestal
limitara el derecho al goce sobre los inmuebles ubicados en el área protectora,
sin que se hubiese inscrito la afectación correspondiente en el folio de
matrícula inmobiliaria de los predios respectivos, a menos que por
determinadas actuaciones se demostrara que el propietario, poseedor o
tenedor conocía inequívocamente que su predio se encontraba afectado
al área protegida. (…)

(…) El concepto de derecho adquirido para efectos de este fallo hace relación
a las licencias de construcción válidamente expedidas al amparo de la
normatividad vigente, o a las construcciones levantadas en virtud de esas
licencias, cumpliendo todos los requisitos de ley.

Bajo el anterior contexto, la Sala encuentra que deben respetarse los derechos
adquiridos de quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron
legalmente en la franja de adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”,
ubicada dentro de la reserva forestal protectora, antes de la anotación
registral de la afectación a la reserva del predio respectivo.

No obstante lo anterior, no se reconocerán derechos adquiridos si se
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la
historia traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva forestal
protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente que el
propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía la afectación que
pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la reserva. (…)

Asimismo, en este punto, es importante hacer referencia al principio de la buena
fe en las actuaciones de la administración, que ha pasado de ser un principio
general del derecho para convertirse en un postulado constitucional (CP art.
83). (…)

El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el "venire contra
factum proprium", según el cual a nadie le es lícito venir contra sus propios
actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta
inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la

150 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejera Ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, sentencia de 11 de diciembre de 2013.
151 SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS

LASSO, Ref.: 250002325000200500662 03, ACTORA: SONIA ANDREA RAMÍREZ LAMY.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto
vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoria directa irregular
que se manifieste en la suspensión o modificación de un acto administrativo
constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacer patente una
contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, si
la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable,
desproporcionada y extemporánea. Este es el caso, cuando la administración,
luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el
ejercicio de una determinada actividad, sin justificación objetiva y razonable,
procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento
consecuente de la confianza legítima y la prohibición de "venir contra los propios
actos". […]

(…) Respecto de las licencias de construcción legalmente obtenidas en la
zona de reserva forestal propiamente tal – no en la franja de adecuación –
que no se han materializado en una construcción, ya no podrán realizarse
puesto que a partir de este fallo no se podrá levantar ninguna construcción
o tipo de vivienda en la zona de reserva forestal. […] (negrillas de la Sala)

386. En dicha oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado explicó que la
decisión de demoler construcciones solo era proporcional si la autoridad competente
consideraba previamente las anotaciones registrales de la afectación u otras
pruebas que permitieran constatar de manera inequívoca que los propietarios,
poseedores o tenedores de esos predios conocían que el inmueble hacia parte de
un área protegida.

387. En este contexto, la Sala observa que el caso que nos ocupa presenta una
diferencia sustancial respecto del anterior litigio, consistente en que la Sala Plena
del Consejo de Estado, en la sentencia 5 de noviembre de 2013, resolvió una
controversia asociada a un ecosistema en el que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ya había evaluado los sectores que eran susceptibles de
sustracción para el desarrollo de actividades urbanísticos en el marco de unos
estudios técnicos de 2005.

388. En esa medida, las decisiones que adoptó el juez respecto de las situaciones
jurídicas consolidadas se soportaron en que la autoridad ambiental competente
había identificado cuáles eran los sectores en donde existían cambios irreversibles
en las condiciones del suelo, y cuáles no podían ser sustraídos de la respectiva
reserva.

389. Sin embargo, como en el caso concreto esto aún no ha acontecido, es
necesario modificar las órdenes de amparo previstas en los numerales 9°, 10 y 11
de la sentencia de 28 de agosto de 2020, para que las mismas tengan en cuenta la
función de realinderación y de sustracción encomendada a esa autoridad ambiental,
y para que, desde esa base, se respeten los lineamientos previstos en la sentencia
de 5 de noviembre de 2013 respecto de las situaciones jurídicas consolidadas de
los propietarios de los inmuebles construidos en esos territorios.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

390. Cabe resaltar que lo anteriormente expuesto no significa que esta autoridad
judicial este condicionando el sentido de la decisión que debe adoptar el MADS en
la materia. Al contrario, en el informe de 21 de junio de 2022, dicha cartera
ministerial explicó que aquella evaluación reglada responde a los siguientes
parámetros técnicos:

[…] es necesario precisar que la solicitud de sustracción de un área se da por
la necesidad de adelantar un proyecto, obra o actividad económica que
generará un cambio de uso del suelo, la remoción de bosques u otra actividad
no compatible con los objetivos por los cuales se estableció la zona de reserva
forestal. En este sentido, la sustracción se debe entender como el
levantamiento de la figura legal como reserva forestal sobre un área
claramente definida para adelantar la adecuación de una zona para la
infraestructura asociada a un proyecto, obra o actividad que sea considera
de utilidad pública e interés social.

De esta manera, la evaluación de la autoridad ambiental, para el presente caso,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, está orientada a determinar
la viabilidad del levantamiento de la figura legal, teniendo en cuenta la
importancia ambiental y la función del área que se pretende sustraer, y su
relación con el área que se mantiene como reserva. Dicha importancia
ambiental está en función de los objetivos que soportan la declaración de
las zonas de reserva forestal: el desarrollo forestal, la protección de los
suelos, el recurso hídrico y la biodiversidad. Es así que la decisión frente a
la evaluación de una solicitud de sustracción no está en función de la actividad
de utilidad pública e interés social y los impactos que esta pueda generar en el
área. […]

[…] las reservas forestales son consideradas determinantes ambientales -
normas de superior jerarquía- que deben ser tenidas en cuenta por los
municipios y distritos en la elaboración y adopción de sus planes de
ordenamiento territorial, y que hacen parte de las áreas de conservación y
protección ambiental, dentro de la categoría de protección de suelo rural que,
de acuerdo con el artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, deben ser
objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y
tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. […] (negrillas de la Sala)

391. Sin embargo, esta medida previa es necesaria antes de que la administración
adopte decisiones correctivas porque aún no existe certeza sobre cuál debe ser el
plan de ordenamiento territorial del Municipio de Dagua respecto de los lugares
cuyas características morfológicas de protección cambiaron medularmente.

392. Es preciso poner de relieve que, en consideración a la proliferación de
desarrollos urbanísticos formales e informales al interior de las reservas forestales,
queda en evidencia que la alcaldía municipal de Dagua transgredió los deberes
consistentes en: (i) respetar las determinantes ambientales del nivel Nacional; (ii)
agotar los trámites de sustracción de las porciones respecto de las cuales emitió
licencias urbanísticas; (iii) fundamentar técnicamente las transformaciones de los
usos del suelo de las reservas forestales; (iv) ejercer como primera autoridad de
policía ambiental, y (v) aplicar el principio de planificación ambiental en el ejercicio
de su función de ordenación del territorio.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

393. Sin embargo, para la Sala es claro que las decisiones judiciales, en este medio
de control, están llamadas a salvaguardar los derechos colectivos a través de una
medida que corrija la dramática e innegable realidad evaluada, y que pondere
armónicamente los aspectos ambientales, sociales y económicos que confluyen, en
tanto algunos daños producidos ya son irreversibles, y parte de la población del
sector es vulnerable.

394.Por todo lo expuesto, la Sala modificará los numerales 9° y 10 de la sentencia
impugnada, así:

[…] 9°. ORDENAR, en un horizonte máximo de tres (3) años, el desarrollo de
todas las acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y
judiciales, requeridas para corregir la problemática de ordenamiento territorial
en materia urbanística presente en la zona rural del municipio de Dagua que
hace parte de la Reserva Forestal del Pacífico y de la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Anchicayá, a partir de las siguientes instrucciones:

9.1. De forma inmediata, el municipio de Dagua adoptará las acciones
pertinentes para que las entidades competentes no concedan nuevas licencias,
autorizaciones o permisos que permitan el desarrollo urbanístico o de
construcción en la zona rural del municipio de Dagua que pertenece a la
Reserva Forestal del Pacífico y a la Reserva Forestal Protectora Nacional de
Anchicayá, en el evento en que los interesados no hayan obtenido la respectiva
sustracción previa por parte de la autoridad ambiental competente.

9.2. La CVC y el MADS de forma inmediata y articulada, y si aún no lo han
hecho, adelantaran las acciones necesarias para garantizar el registro de los
actos administrativos de las reservas forestales del litigio, en las oficinas de
registro de instrumentos públicos.

9.3. El municipio, en el término máximo de ocho (8) meses, efectuará un estudio
e identificará los sectores a que alude el compromiso dispuesto en el artículo 3°
del Acuerdo N.º 004 de 28 de mayo de 2002, consistente en tramitar ante el
MADS la sustracción de dichos espacios para garantizar un ordenamiento
racional de su territorio. En dicho periodo, el municipio realizará todas las
acciones administrativas y contractuales necesarias para obtener los insumos
requeridos en aquel trámite.

9.4. Luego de obtener los resultados indicados en el anterior numeral, en el
término de un (1) mes, el municipio presentará ante el MADS la respectiva
solicitud de sustracción, con los documentos anexos requeridos para la toma de
decisiones.

9.5. En el término máximo de nueve (9) meses, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible evaluará si es viable efectuar el levantamiento de la figura
legal respectiva, teniendo en cuenta la importancia ambiental y la función del
área que se pretende sustraer, y su relación con el área que se mantiene como
reserva, así como los requisitos reglamentarios previstos en la legislación
aplicable, y las nuevas condiciones morfológicas de los territorios.

9.6. Teniendo en cuenta las decisiones del numeral 9.5., el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CVC, de forma inmediata y articulada,

116

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

adelantaran las acciones pertinentes de actualización de la información
reportada en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

9.7. Con fundamento en lo anterior, en el plazo de (6) seis meses, el municipio
nuevamente efectuará un diagnóstico de su territorio, con la colaboración de la
CVC y del MADS, con miras a identificar los sectores en los que persiste la
transgresión del ordenamiento jurídico, y en donde deberán adoptarse medidas
correctivas y preventivas tendientes a subsanar la afectación urbanística no
autorizada.

9.8. A partir de los resultados a que alude el numeral 9.7., el municipio, la CVC
y el MADS adoptaran un plan de acción que contemple todas las medidas
necesarias para salvaguardar los sectores protegidos objeto del litigio, en el
marco de las competencias específicas de cada entidad, incluyendo las
acciones sancionatorias pertinentes, y el ejercicio de la acción judicial de
lesividad por parte del municipio en contra de sus propios actos administrativos,
en los casos en que persista la transgresión del ordenamiento jurídico y que no
existan derechos adquiridos.

9.10. Las entidades condenadas respetaran los derechos adquiridos de quienes
obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en las
reservas forestales del litigio, antes de la anotación registral de la afectación a
la reserva del predio respectivo, siguiendo el criterio jurisprudencial previsto en
la sentencia de 5 de noviembre de 2013.

Sin embargo, tal y como lo precisó la Sala Plena del Consejo de Estado «no se
reconocerán los derechos adquiridos si se demuestra que, a pesar de no existir
una anotación registral dentro de la historia traditicia del inmueble que lo
afectara a la reserva forestal protectora, por actuaciones se deduzca
inequívocamente que el propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía
la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la
reserva».

10. EXHORTAR a los propietarios, poseedores y tenedores de predios ubicados
en la zona rural de Dagua que pertenecen a la Reserva Forestal del Pacífico y
a la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá a: i) abstenerse de
realizar conductas que perjudiquen el área protegida, ii) acatar cabalmente la
normativa ambiental y iii) velar por la integridad de la reserva, informando
oportunamente a la autoridad policial acerca de cualquier conato de
asentamiento o acto que atente contra ella. […]

395. Finalmente, la Sala estima necesario modificar el numeral 11 de la providencia
cuestionada para adoptar una medida de naturaleza resarcitoria y simbólica que
refleje el reproche que se le hace al Municipio de Dagua por haber permitido el
desarrollo de su territorio, sin un criterio básico de planificación y conduciendo al
olvido y a la fragmentación de los ecosistemas naturales.

396. En este caso, la magnitud y prolongación del conflicto del uso del suelo en
esas áreas protegidas apunta a que durante mucho tiempo la problemática fue
conocida, impulsada e ignorada por el ente territorial y, por ello, la Sala compulsará
copias de la presente decisión acompañada del expediente de la referencia, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la
Procuraduría General de la Nación, con miras a que se investigue la posible

117

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

comisión de hechos punibles, concreción de detrimentos patrimoniales o
consumación de faltas disciplinarias.

397. Ningún ente territorial puede pretender que por el hecho de avalar un
ordenamiento territorial desorganizado que desconozca las determinantes
ambientales, posteriormente las autoridades ambientales competentes deberán
sustraer tales territorios ante el cambio de las circunstancias ecosistémicas, sin que
su conducta inicial sea objeto de reproche.

II.4.3.4. Las actividades de ganadería extensiva

398. En el asunto sub examine, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió
que las actividades de ganadería extensiva desarrolladas en las laderas del río San
Juan fomentaban: (i) la ampliación de la frontera agropecuaria; (ii) el desmonte y
quema de la cobertura vegetal nativa; (iii) la introducción de pastos y degradación
de tierras por erosión; (iv) la generación de factores de riesgo por deslizamientos;
(v) la afectación de las propiedades químicas del suelo en cuanto a sus macro y
micro nutrientes -pérdida de fertilidad-; (vi) la contaminación de las fuentes hídricas
por excreciones y abreva de los animales, y (vii) la presión a los territorios y hábitats
de otras especies.

399. Esta determinación tuvo como fundamento el compromiso adoptado en el
PBOT vigente y las pruebas recaudadas en el plenario en relación con el impacto
negativo que generaba la ganadería extensiva en dicho territorio, en contraposición
al modelo semi-estabulado152.

400. Concretamente, el numeral 1° del artículo 3° del PBOT de Dagua (Acuerdo N.º
004 de 28 de mayo de 2002), contiene un compromiso asociado a «controlar la
práctica de la ganadería extensiva», a través de «la asistencia técnica, la
capacitación, alianza con el sector educativo y la transferencia de tecnologías
apropiadas que disminuyan la aplicación de prácticas productivas inadecuadas
ambiental y económicamente», con miras a «contribuir a la reactivación económica
del Municipio y a la concertación de un modelo productivo sostenible».

401. También, el informe diagnóstico del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Anchicayá de diciembre de 2017153 aclara que la
actividad ganadera genera los siguientes impactos en la UA “Valle Interandino:
Queremal – San Juan”:

[…] 4.1.1 UA 1: Valle Interandino: Queremal – San Juan

152 Consistente en el confinamiento del ganado en aras de proteger las condiciones medioambientales del
municipio de Dagua.
153 Elaborado por los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC Eduardo

Velasco Nicolás Sánchez, Yesid Gómez, Oscar Murillo, Rafael Macea y María Melba Chalá; por los funcionarios
de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales – UAESPNN Luis Fernando Henao, Diana Patricia
García, por los funcionarios de la Universidad del Valle – CIDSE Jaime H. Escobar Martínez, Martha Lucía
Castañeda Cediel, Carmen Elisa Palomeque Manyoma, Mario Javier Tello, Mery Belalcazar, William Vargas,
Alirio Ospina, Simena Marín, Diego Parra, Jorge Tovar, Freddy Martínez, Silverio Garzón y Ayax Rincón.

118

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

El conflicto por uso de las tierras, se produce por el uso de tierras para
ganadería extensiva (500 has) en tierras cuya potencialidad es la de
restauración de la cobertura con bosques protectores–productores. El pastoreo
del ganado genera compactación del suelo, procesos erosivos en pata de
vaca, derrumbes y mal drenaje de los suelos, lo cual se traduce en una
degradación de la capacidad natural de los mismos. Una parte del área de esta
UA se encuentra en predios enmalezados o en rastrojo.

En esta UA del valle interandino, Queremal-Río San Juan, las amenazas
naturales están restringidas a los procesos morfodinámicos especialmente a
los fenómenos de remoción en masa, en áreas en donde se está expandiendo
la zona de producción ganadera, ya que geológicamente corresponde a suelos
lateríticos, producto de la intemperización de las diabasas, los cuales son muy
susceptibles a dichos fenómenos.

En algunos sectores se observa erosión por pastoreo, lo cual genera una serie
de terracetas que junto con el efecto del agua hace que el suelo inicie un
proceso de reptación (…)

Actividad ganadera. Esta es la principal actividad productiva desarrollada
por la población de esta zona y por ende la principal generadora de empleo
e ingresos, estos últimos afectados por los altos costos que deben
enfrentar los ganaderos debido a la agresividad de las malezas,
favorecidas por las condiciones climáticas de la zona y los sistemas
inadecuados de manejo de los potreros, que ante el sobrepastoreo, no
permiten la recuperación natural de las especies gramíneas,
permitiéndose como consecuencia el gran poder invasivo de las malezas.

De igual manera como producto del sobrepastoreo el suelo que permanece
húmedo, es muy susceptible al pisoteo de los ganados, lo cual origina
problemas graves de compactación, que no permite la infiltración de las aguas
que se tornan en aguas de escorrentía acelerando procesos de
desestabilización de los suelos.

Más allá de lo anterior, también es generadora de fuertes impactos sobre los
recursos naturales actuales, ya que frente a la necesidad de ampliar la frontera
agrícola, es cada vez es mayor la tala de bosque en busca de áreas para ser
dedicadas a esta actividad. Esta actividad redunda en efectos negativos, no sólo
por los procesos de deforestación, sino por la presión sobre el suelo y el
agua, sumados a las malas prácticas con las que se amplia dicha frontera,
pues se carece de procedimientos técnicos que involucren actividades como:
aislamientos que permitan dejar zonas de protección para los cauces, o
manejo de la ganadería con sistemas más benignos con el ambiente, como
disminución de las cargas actuales de los potreros, semiestabulación de
ganados, rotación de potreros y fertilización e inclusive, adopción de
técnicas silvopastoriles.

Lo anterior, se evidencia aún más cuando se halla la densidad de esta actividad
en la zona, la cual es de aproximadamente 0.6 cabeza/ha, puesto que si bien,
esta relación entre área dedicada a pastos y cabezas de ganado se encuentra
por debajo del promedio departamental, sobrepasa las 0,5 cabezas por ha
establecidas por la UMATA, como valor máximo de acuerdo con la condiciones
del suelo puesto que según esta, en la zona se presentan altas pendientes,
además de la vocación que es forestal y el clima que es muy húmedo. Ver tabla
Nº 11.

119

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01 (AP)
Demandantes: Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos

[…] (negrillas de la Sala)

402. Por su parte, el documento titulado: “propuesta para la formulación del plan de
manejo ambiental de la microcuenca del río San Juan, corregimiento del Queremal”,
elaborado en el año 2013 por el Centro Agropecuario de Buga del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA154, indica lo siguiente:

[…] En el corregimiento El Queremal (C.V.C. 2001) el suelo está en su mayor
parte empleado con bosque natural con 2.645,8 has. (58,3% del área) y en
pasto natural con ganadería extensiva en 1.837,9 has. (40.5%). (…) Las tierras
utilizadas en pastos para ganadería extensiva y localizada en relieves
escarpados o fuertemente quebrados presentan procesos de erosión
severa por el terraceo del ganado y la presencia de derrumbes. (…)

El conflicto por uso se produce por la utilización de tierras para ganadería
extensiva (500 has) en territorios cuya potencialidad es la de restauración de la
cobertura con bosques protectores–productores. El pastoreo del ganado genera
compactación del suelo, procesos erosivos, derrumbes y mal drenaje de
los suelos, lo cual se traduce en una degradación de la capacidad natural de
los mismos. Una parte del área de esta se encuentra en predios enmalezados
o en rastrojo. En este valle interandino, Queremal-Río San Juan, las amenazas
naturales están restringidas a los procesos morfo dinámicos especialmente a
los fenómenos de remoción en masa, en áreas en donde se está
expandiendo la zona de producción ganadera, ya que geológicamente
corresponde a suelos lateríticos, producto de la intemperización de las
diabasas, los cuales son muy susceptibles a dichos fenómenos. En algunos
sectores se observa erosión por pastoreo, lo cual genera una serie de
terracetas que junto con el efecto del agua hace que el suelo inicie un proceso
de reptación, generando unos montículos pequeños en estado caótico o
desordenado. […] (Negrillas de la Sala)

403. El Tribunal de la primera instancia también fundamento su decisión en los
hallazgos advertidos por la CVC, en la visita ocular realizada el 23 de octubre de
2014155 al predio denominado «Altamira» en el corregimiento de El Queremal, en
cuyo marco se verificó lo siguiente:

[…]. Se evidencia sobrepastoreo (ganadería) que impacta la regeneración
natural de especies forestales, pequeños claros con pasturas, el cual se
enmarca trazado para protección de bosques montano de regulación hídrica
del río San Juan; fuente abastecedora del acueducto. Área de protección neta
43 hectáreas aproximadamente. El predio colinda con el parque nacional de
Farallones de Cali (zona amortiguadora), por ello su cobertura de protección es
mayor.

154 Expediente digital Samai.
155 Ibid., folios 105 a 107 del cuaderno 3.

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RECOMENDACIONES: Realizar una demarcación de frontera agropecuaria –
forestal, con el objetivo de evitar deforestación por actividades antrópicas, está
en zona de mayor vulnerabilidad a ganadería. (…) Ejercer monitoreo constante
de la cobertura boscosa del predio en mención, zona amortiguamiento a parque
nacional farallones, de regulación y calidad hídrica de abastecimiento acueducto
ASUAQ, para evitar entrada de animales no deseados (ganadería) u otras
actividades agropecuarias que afecta la estructura del bosque. […] (Negrillas
de la Sala)

404. En certificado de 24 de julio de 2018156 de la Dirección Ambiental de la CVC
explica que: «la ganadería extensiva se presenta en la parte media de la
microcuenca del río San Juan, en estos sitios los bosques naturales existentes se
encuentran conservados y certificados por la Corporación como bosques no
susceptibles de aprovechamiento económico, los cuales son reguladores de
las fuentes hídricas existentes».

405. De otra parte, el a quo tuvo en cuenta que el municipio progresivamente había
adquirido algunos ecosistemas estratégicos en donde se desarrollaban actividades
ganaderas. Por ejemplo, el predio Altamira fue adquirido por la administración
municipal para la conservación del río San Juan, según el certificado de 24 de julio
de 2018157 de la Dirección Ambiental de la CVC. Además, los predios denominados
El Silencio, Buenavista y la Selva fueron adquiridos por la empresa de acueducto
ASUAQ, con el propósito de proteger esos ecosistemas estratégicos, pues en el
pasado fueron utilizados para el desarrollo de ganadería extensiva, por lo que la
nueva destinación:

[…] ha permitido una notable regeneración natural, regulación de los caudales
de las fuentes hídricas existentes en la zona, el aumento de la cobertura
boscosa, recuperación de especies de flora y fauna nativas. No se observa
afectación al recuso agua. No se observa afectación a los recursos suelo y
bosque […]

406. Aunado a ello, en el marco de la inspección judicial llevada a cabo el 23 de
agosto de 2019, el Tribunal constató que dos predios cercanos a la sede
administrativa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali estaban ocupados
para el desarrollo de actividades de ganadería extensiva, según lo afirmado por el
demandante, razón por la que le solicitó a la CVC que informara sobre tales
asuntos158. En cumplimiento de lo anterior, mediante certificado de 30 de octubre
de 2019159, la CVC precisó que:

[…] Es preciso manifestar que el predio El Sinaí, con matrícula inmobiliaria No.
370-298899 expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, propiedad
de Juan Felipe Uribe Londoño – CC No- 70.326.289 de Girardota y la Asociación
AGROSHEFA – Nit N° 900.750.004-1 representadada por Isidro Gil Gil – C.C. No.

156 Ibid., folios 258 y ss.
157 Ibid., folios 258 y ss.
158 Folios 456 y ss. del cuaderno 1 del expediente de la referencia. (Archivo fílmico DVD 1. Video 1467. Segundo

25.
159 Ibid., folio 634.

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14.891.307 de Buga localizado en la Vereda Paraguas, zona rural del
corregimiento El Queremal, municipio de Dagua, con un área total de 128
hectáreas, en las coordenadas geográficas Norte 03°31´07.998¨ Oeste
76°43´00.910¨Altitud 1518 metro sobre el nivel del mar, donde en la actualidad la
actividad económica se encuentras así: 81 hectáreas en potreros con
pasturas y se desarrolla la actividad ganadera, mediante el sistema de
rotación de potreros más 47 hectáreas se en (sic) bosque natural protectora
de fuentes hídricas asociadas y que drena por el predio. Área ésta
debidamente certificada por la CVC según certificado 0762-11612019. […]
(negrillas de la Sala)

407. En la misma fecha160, en relación con el predio Los Olivos, la CVC advirtió:

[…] el predio Los Olivos, con matrícula inmobiliaria No. 370-995429 expedida por
la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, propiedad de Isidro Gil Gil – C.C. No.
14.891.307 de Buga, localizado en la Vereda Paraguas, zona rural del
corregimiento El Queremal, municipio de Dagua, con un área total de 157
hectáreas, en las coordenadas geográficas Norte 03°30´14.000¨ Oeste
76°42´40.728¨ Altitud 1656 metros sobre el nivel del mar, donde en la actualidad
la actividad económica se encuentra así: 40 hectáreas en cultivo de aguacate
de la variedad Hass; con una densidad total de 8000 árboles, para un promedio de
siembra de 200 árboles/Ha. Cabe resaltar que esta área hoy destinada al cultivo
de aguacate, era antes un área destinada a la ganadería; es decir, hubo un proceso
hacia la reconvención agrícola. 65 hectáreas se encuentran en bosque natural
protector de fuentes hídricas asociadas y que drenan por el predio. Área ésta
debidamente certificada por la CVC según certificado 0762-11692019 y 52
hectáreas se encuentran en potreros con pasturas y se desarrolla la actividad
ganadera, mediante sistema de rotación por potreros”. […] (Negrillas de la Sala)

408. A partir de los precitados hallazgos, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cuaca resolvió lo siguiente en el numeral 12 de la sentencia de 28 de agosto de
2020:

[…] 12. ORDENAR el cese de la modalidad de ganadería extensiva en la zona
rural del municipio de Dagua atendiendo la connotación de Reserva Forestal
Protectora Nacional – Río Anchicayá y Reserva Forestal del Pacífico. Quienes
actualmente adelanten la ganadería extensiva tendrán un plazo no mayor a dos
(2) años para realizar el cambio a la modalidad estabulada o semi-estabulada,
situación para la cual la administración municipal y la CVC realizarán la vigilancia
y control, al tiempo que prestarán su apoyo para la nueva implementación,
advirtiéndose que el municipio contempló en su PBOT que adoptaría las medidas
para dicha transición, así como la autoridad ambiental es competente para la
asesoría medioambiental.

La administración municipal y la CVC rendirán informe al despacho en el término
de seis (6) meses sobre inventario de semovientes por predio, los hallazgos y
actuaciones adelantadas sobre este tema. En el mismo término la CVC rendirá
informe sobre las condiciones y modalidad de ganadería de los predios El Sinaí y
Los Olivos del corregimiento El Queremal. […]

409. Frente al contenido de la aludida orden, el apoderado judicial de la CVC puso
de presente en su recurso de apelación que carecía de competencias en materia de

160 Ibid., folio 636.

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vigilancia y control de los semovientes, y mucho menos era responsable de prestar
apoyos para medidas de transición.

410. El recurrente afirmó que solo podría apoyar procesos de producción sostenible,
como por ejemplo a través del aislamiento de las zonas hídricas que colinden con
la ganadería. Finalmente, alegó que en el predio El Sinaí actualmente se cultivaba
aguacate, sin desarrollar actividades de ganadería extensiva.

411. Ahora bien, a efectos de resolver, es importante mencionar que la CVC
administra la Reserva Forestal del Pacifico en el área de su jurisdicción, y es la
encargada de corregir la sobreexplotación de los recursos existentes en dicho
territorio, así como la responsable de evitar la pérdida de esos ecosistemas, tal y
como se deduce de la competencia dispuesta en el artículo 5 de la Resolución 1926
de 2013, a saber:

[…] Artículo 5º. Ordenamiento general de las zonas tipo A, B y C de la Reserva
Forestal señalada en el artículo 1º de la presente resolución. De conformidad con
las políticas, directrices y normatividad vigente, el ordenamiento general de las
zonas tipo A, B y C es el siguiente: […]

9. En todos los tipos de zonas, las autoridades ambientales regionales deberán
aunar esfuerzos para evitar la transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats
naturales, la sobreexplotación, las invasiones biológicas, la contaminación y los
efectos adversos del cambio climático. […]

412. Con fundamento en lo anterior, la CVC explicó en el memorial de 24 de junio de
2022 que le corresponde incentivar la reconversión de la producción pecuaria
existentes en la Reserva Forestal del Pacifico, hacia esquemas de producción
sostenibles, por las siguientes razones:

[…] la zonificación de la Ley 2º de 1959, realizada por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible – MADS, a través de la resolución 1926 expedida en
el año 2013, en el numeral 4 punto I. del artículo 6, determina:

“ARTÍCULO 6o. ORDENAMIENTO ESPECÍFICO DE CADA UNA DE LAS
ZONAS. De conformidad con las políticas, directrices y normatividad vigente, el
ordenamiento específico para cada una de los tipos de zonas descritos en el
artículo 2o del presente acto administrativo son:
I. Zonas tipo “A”: Para este tipo de zonas se deberá:
4. Incentivar la reconversión de la producción agrícola y pecuaria existentes
hacia esquemas de producción sostenibles, que sean compatibles con las
características biofísicas de este tipo de zona.
5. (…)”

Situación que deja claro que el Ministerio, al momento de realizar la zonificación
de la Reserva Forestal del Pacífico, no desconoció la existencia de actividad
agrícola y pecuaria establecida en dicha reserva, propendiendo por una
reconversión de dicha producción compatible con las características
biofísicas de la zona tipo A, esto es, compatible con el conjunto de
características físicas de la zona, tales como humedad, temperatura, altura,

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pendientes, etc., y no dejando por fuera lo establecido en el numeral 1 del artículo
2º de la misma resolución.

(…) La Corporación ha venido implementando el proyecto de herramientas de
manejo del paisaje HPM para el Valle del Cauca cuyo objetivo principal es
aumentar la conectividad del paisaje, promoviendo el incremento de áreas
boscosas y biodiversidad asociada logrando resultados importantes en el
municipio de Dagua, donde se ha logrado la restauración ecológica de
aproximadamente 1375 hectáreas en los últimos cinco años. Actualmente se
viene ejecutando el convenio CVC N° 042 de 2022 Suscrito con la fundación
Planeta Azul, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y
económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del
paisaje -HMP en sistemas de restauración ecológica y el sostenimiento de áreas
restauradas, en la cuenca hidrográfica de Dagua, municipios de Dagua, La
Cumbre, Vijes y Yotoco, jurisdicción de la DAR Pacifico Este. (Se adjunta cuadro
resumen de metas del convenio par a el municipio de Dagua). Este proyecto es
implementado en articulación con los propietarios de predios obteniéndose
resultados satisfactorios en cuanto a la implementación de sistemas
silvopastoriles y aislamiento de nacimientos y fuentes hídricas de las
microcuencas abastecedoras y áreas afectadas por ganadería. […] (Negrillas
de la Sala)

413. Dicha corporación autónoma igualmente administra la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Anchicayá, y en el marco de ese ejercicio, no solo debe
«ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible (…) cuya realización sea
necesaria para la defensa, protección (…) o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables», sino también «imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños
causado»161.

414. Entonces la CVC debe velar por: (i) materializar los postulados y objetivos
definidos por el titular de las reservas forestales; (ii) proteger la integridad y
conservar la biodiversidad de tales áreas de especial importancia ecológica; (iii)
prevenir y controlar los factores de su deterioro; e (iv) imponer las sanciones legales
correspondientes en caso de que se infrinja el régimen de usos aplicable y exigir la
reparación de los daños que se causen.

415. Aun así, es una realidad que la decisión de vedar la ganadería extensiva en la
zona rural del municipio de Dagua, desconoce que el Plan de Manejo Ambiental de
la Reserva Forestal Protectora Anchicayá y la propuesta de zonificación y
ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico serían los únicos instrumentos
capaces de establecer aquella prohibición de forma definitiva. Aunado a ello, esa
medida desconoce que la sustracción es el procedimiento administrativo a través
del cual la administración deja sin efectos jurídicos parcial o totalmente la decisión

161 Literales 17, 18 y 20 del artículo 31 de la Ley 99.

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de declarar una zona como área protegida, cuando en ese sector, por razones de
utilidad pública e interés social, se proyecte el desarrollo de usos y actividades no
permitidas al interior de dicha área.

416. En esa medida, como en el plenario se demostró que la ganadería extensiva
puede generar fuertes impactos en los ecosistemas protegidos, pero no se acreditó
cuáles son los usos autorizados en los sectores en donde está siendo desarrollada,
ni tampoco si los interesados en esas actividades agotaron el respectivo trámite de
sustracción, es necesario ajustar las órdenes de amparo para que sean adecuadas
y proporcionales a las competencias de la CVC, en el siguiente sentido:

[…] 12. ORDENAR a la administración municipal y a la CVC que adopten un
programa con incentivos pedagógicos y administrativos que fomente la
reconversión de la producción ganadera existente en la Reserva Forestal
Protectora Nacional Río Anchicayá y en la Reserva Forestal del Pacífico, que hace
parte de la zona rural del municipio de Dagua, hacia esquemas de producción
sostenibles, que sean compatibles con las características biofísicas de cada
sector. El anterior programa tendrá una duración mínima de 2 años.

Adicionalmente, en el mismo periodo la CVC deberá adoptar las medidas
correctivas y sancionatorias correspondientes para evitar el desarrollo de esas
actividades en los sectores en donde la zonificación lo prohíba, y que el interesado
no haya solicitado la respectiva sustracción […]

417. Por último, la Sala agregará un numeral 16 a la sentencia recurrida a fin de
conformar el comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia en los
términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 el cual estará integrado por el
magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la parte
demandante, por un representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT-, por un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS-, por un representante de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC-, por un representante del Departamento del Valle del Cauca, por un
representante del Municipio de Dagua, por un delegado de la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y por un delegado de la Defensoría
Regional del Pueblo.

418. Esta autoridad judicial tampoco condenará en costas en esta instancia, según
lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del
Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión No. 27
en providencia del 6 de agosto de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

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FALLA:

PRIMERO: RECHAZAR de plano y por improcedente la petición de 1° de diciembre
de 2022 elevada por el representante legal de Fundacolectivos.

SEGUNDO: NEGAR la excepción de indebida integración del litisconsorcio
necesario por pasiva propuesta por la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca - CVC, por el Municipio de Dagua y por el Departamento del Valle del Cauca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: RECONOCER al ciudadano Juan Carlos Echeverry Narváez como
demandante en esta acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: REVOCAR los numerales 3° y 6° de la sentencia de 28 de agosto de
2020, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: MODIFICAR los numerales 2°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 15 de la
sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, los cuales quedarán así:

[…] 2°. ORDENAR, en un horizonte de 10 años, el desarrollo de todas las
acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y
contractuales, requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio de
alcantarillado en el Corregimiento El Queremal del municipio de Dagua.

Para tal efecto, el Municipio de Dagua, con el apoyo, asesoría y colaboración
del Departamento del Valle del Cauca, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de la CVC, y respetando el alcance de las competencias legales y
reglamentarias de esas entidades, adelantará las siguientes acciones:

2.1. En el término improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, el municipio actualizará el Plan de Acción
del PMSV del Corregimiento El Queremal, con miras a establecer un orden
actual de prioridades respecto del sistema de tratamiento de las aguas
residuales y de la red de alcantarillado de dicho corregimiento.

2.2. Teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Decreto 1898 de 2016
sobre los esquemas diferenciales para la prestación del servicio de
alcantarillado en zonas rurales, el municipio adoptará un plan de gestión
para la prestación del servicio de alcantarillado de dicho corregimiento. Las
medidas identificadas en este plan de gestión deberán ser compatibles con
las acciones identificadas en el corto plazo del nuevo Plan de Acción del
PSMV.

2.3. Como resultado de lo anterior, el municipio presentará un cronograma de
trabajo ante el Tribunal a quo, cuyos tiempos se entenderán incorporados
a esta providencia. Si por alguna razón sobreviniente, debidamente
justificada, no se pude cumplir con los plazos fijados en el cronograma de
trabajo, antes del vencimiento de los plazos, el municipio deberá informar

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tal situación al Tribunal de primera instancia, para que adopte las medidas
correctivas.

2.4. Dado que el horizonte previsto para el cumplimiento de las órdenes es de
10 años, y como la vigencia del PSMV adoptado a través de la Resolución
0760-0118 del 19 de febrero de 2015 finaliza en el año 2028, cuando sea
oportuno el municipio solicitará la ampliación del plazo o presentara un
nuevo proyecto de PSMV que respete el término de 10 años concedido
para poner en funcionamiento todas las obras.

2.5. La CVC brindará asesoría en la formulación de los proyectos e instrumentos
aquí mencionadas, previa solicitud de parte y dentro del ámbito de sus
competencias. También adoptará las acciones sancionatorias y correctivas
para evitar la contaminación que se está produciendo en el Rio San Juan.
Además, apoyará al municipio para que este pueda acceder a los recursos
del Fondo de Cofinanciación de Diseños y Obras para la Descontaminación
del Recurso Hídrico en Centros Poblados Nucleados.

2.6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (M.V.C.T.) brindará un apoyo
especifico durante la evaluación de los proyectos que le sean presentados
para dar cumplimiento a esta orden judicial.

2.7. El Departamento actuará como intermediario con el Gestor del PAP-PDA
durante la fase de planificación y ejecución de ese instrumento, para que la
infraestructura objeto de esta orden pueda apalancarse en el mismo,
atendiendo al proceso respectivo de priorización. (…)

4°. ORDENAR, en un horizonte de 10 años, el desarrollo de todas las acciones
técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales,
requeridas para garantizar la prestación eficiente del servicio de alcantarillado
en el sector urbano de Dagua.

Para tal efecto, el Municipio de Dagua, con el apoyo, asesoría y colaboración
del Departamento del Valle del Cauca y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de la CVC, dentro del ámbito de las competencias de cada una de
esas entidades, adelantará las siguientes acciones:

4.1. En el término improrrogable de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria
de esta providencia, el municipio formulará el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de su zona urbana, en cuyo marco definirá las
prioridades del sistema de tratamiento de aguas residuales y de la red de
alcantarillado de la cabecera urbana de Dagua, el cual será aprobado por
la CVC. Las acciones y el plan de acción del PSMV se entenderán
incorporados a esta providencia para efectos de vigilar su cumplimiento.

4.2. La CVC brindara la asesoría técnica que le solicite el municipio, dentro del
ámbito de sus competencias. También adoptará las acciones
sancionatorias, preventivas y correctivas necesarias para evitar la
contaminación que se está produciendo en los lugares en donde se vierten
las aguas residuales del sector urbano. Además, apoyará al municipio para
que este pueda acceder a los recursos del Fondo de Cofinanciación de
Diseños y Obras para la Descontaminación del Recurso Hídrico en Centros
Poblados Nucleados.

4.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (M.V.C.T.), de ser el caso,
brindará un apoyo especifico durante la evaluación de los proyectos que le
sean presentados para dar cumplimiento a esta orden judicial.

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4.4. El Departamento apoyará financiera, técnica y administrativamente al
municipio de Dagua y actuará como intermediario con el Gestor del PAP-
PDA durante la fase de planificación y ejecución de ese instrumento, para
que la infraestructura objeto de esta orden pueda apalancarse en el mismo,
atendiendo al proceso respectivo de priorización.

5°. Para el cumplimiento de las órdenes de los numerales SEGUNDO y
CUARTO las entidades condenadas instalaran, en el término de quince días
(15) contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, una mesa de trabajo
interinstitucional encargada de proponer y ejecutar acciones tendientes a lograr
el cumplimiento de esta providencia, la cual se reunirá por lo menos una vez al
año, y será precedida por un delegado del municipio. Para lo cual adoptara su
reglamento de funcionamiento y trabajo. Además, el acta de cada reunión con
los compromisos respectivos, se remitirá al Tribunal a quo. […]

7°. En relación con la concesión de aguas otorgada en el predio El Sinaí,
ORDENAR a las autoridades ambientales demandadas que adopten las
siguientes acciones:

7.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de forma
inmediata, iniciará el respectivo procedimiento administrativo en el que
determinará si existen impactos a los recursos naturales adicionales a los
previstos en las Resoluciones 0760-0761-000117 de 29 de junio de 2007 y
0761-000640 de 30 de agosto de 2017. En el marco de su autonomía adoptará
todas las medidas correctivas, preventivas, sancionatorias o compensatorias,
que estime pertinentes, con relación a las problemáticas advertidas en la parte
motiva de esta providencia.

7.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá, en el término de
tres (3) meses y en el marco de su autonomía, si las actividades desarrolladas
en el balneario son de aquellas que requieren del trámite de sustracción. Y en
el evento en que sea cierta la anterior premisa, solicitará al interesado que
presente la respectiva solicitud y evaluará la pertinencia de la misma siguiendo
los criterios reglamentarios establecidos en las Resoluciones 1526 de 2012 y
110 de 2021162.

7.3. Durante el cumplimiento de las aludidas órdenes, las citadas autoridades
deberán garantizar el derecho de contradicción y de defensa del beneficiario de
ese permiso.

8°. ORDENAR al municipio de Dagua que, en el término de tres (3) meses,
instale canecas de basura para el depósito de desechos en los sitios de
recreación denominados «Puente Chino», «La Piedra cerca del sitio
denominado “Burbujas”» y el «Balneario El Sinaí» del rio San Juan. También
ubicará letreros educativos en esos sectores sobre el cuidado de ese entorno
natural.

La CVC deberá adoptar para esos territorios un programa de monitoreo,
reforestación, control territorial y de reducción de la deforestación, el cual tendrá
una duración dos (2) años, de conformidad con los lineamientos descritos en la
parte motiva de este proveído.

162 “Artículo 28. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el diario oficial y deroga la

Resolución 1526 de 2012 salvo los artículos 7 y 8 y todas las disposiciones que le sean contrarias”. [Resalta
la Sala].

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9°. ORDENAR, en un horizonte máximo de tres (3) años, el desarrollo de todas
las acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y judiciales,
requeridas para corregir la problemática de ordenamiento territorial en materia
urbanística presente en la zona rural del municipio de Dagua que hace parte de
la Reserva Forestal del Pacífico y de la Reserva Forestal Protectora Nacional
de Anchicayá, a partir de las siguientes instrucciones:

9.1. De forma inmediata, el municipio de Dagua adoptará las acciones
pertinentes para que las entidades competentes no concedan nuevas licencias,
autorizaciones o permisos que permitan el desarrollo urbanístico o de
construcción en la zona rural del municipio de Dagua que pertenece a la
Reserva Forestal del Pacífico y a la Reserva Forestal Protectora Nacional de
Anchicayá, en el evento en que los interesados no hayan obtenido la respectiva
sustracción previa por parte de la autoridad ambiental competente.

9.2. La CVC y el MADS de forma inmediata y articulada, y si aún no lo han
hecho, adelantaran las acciones necesarias para garantizar el registro de los
actos administrativos de las reservas forestales del litigio, en las oficinas de
registro de instrumentos públicos.

9.3. El municipio, en el término máximo de ocho (8) meses, efectuará un estudio
e identificará los sectores a que alude el compromiso dispuesto en el artículo 3°
del Acuerdo N.º 004 de 28 de mayo de 2002, consistente en tramitar ante el
MADS la sustracción de dichos espacios para garantizar un ordenamiento
racional de su territorio. En dicho periodo, el municipio realizará todas las
acciones administrativas y contractuales necesarias para obtener los insumos
requeridos en aquel trámite.

9.4. Luego de obtener los resultados indicados en el anterior numeral, en el
término de un (1) mes, el municipio presentará ante el MADS la respectiva
solicitud de sustracción, con los documentos anexos requeridos para la toma de
decisiones.

9.5. En el término máximo de nueve (9) meses, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible evaluará si es viable efectuar el levantamiento de la figura
legal respectiva, teniendo en cuenta la importancia ambiental y la función del
área que se pretende sustraer, y su relación con el área que se mantiene como
reserva, así como los requisitos reglamentarios previstos en la legislación
aplicable, y las nuevas condiciones morfológicas de los territorios.

9.6. Teniendo en cuenta las decisiones del numeral 9.5., el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CVC, de forma inmediata y articulada,
adelantaran las acciones pertinentes de actualización de la información
reportada en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

9.7. Con fundamento en lo anterior, en el plazo de (6) seis meses, el municipio
nuevamente efectuará un diagnóstico de su territorio, con la colaboración de la
CVC y del MADS, con miras a identificar los sectores en los que persiste la
transgresión del ordenamiento jurídico, y en donde deberán adoptarse medidas
correctivas y preventivas tendientes a subsanar la afectación urbanística no
autorizada.

9.8. A partir de los resultados a que alude el numeral 9.7., el municipio, la CVC
y el MADS adoptaran un plan de acción que contemple todas las medidas
necesarias para salvaguardar los sectores protegidos objeto del litigio, en el
marco de las competencias específicas de cada entidad, incluyendo las
acciones sancionatorias pertinentes, y el ejercicio de la acción judicial de

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lesividad por parte del municipio en contra de sus propios actos administrativos,
en los casos en que persista la transgresión del ordenamiento jurídico y que no
existan derechos adquiridos.

9.10. Las entidades condenadas respetaran los derechos adquiridos de quienes
obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en las
reservas forestales del litigio, antes de la anotación registral de la afectación a
la reserva del predio respectivo, siguiendo el criterio jurisprudencial previsto en
la sentencia de 5 de noviembre de 2013.

Sin embargo, tal y como lo precisó la Sala Plena del Consejo de Estado «no se
reconocerán los derechos adquiridos si se demuestra que, a pesar de no existir
una anotación registral dentro de la historia traditicia del inmueble que lo
afectara a la reserva forestal protectora, por actuaciones se deduzca
inequívocamente que el propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía
la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la existencia de la
reserva».

10. EXHORTAR a los propietarios, poseedores y tenedores de predios ubicados
en la zona rural de Dagua que pertenecen a la Reserva Forestal del Pacífico y
a la Reserva Forestal Protectora Nacional de Anchicayá a: i) abstenerse de
realizar conductas que perjudiquen el área protegida, ii) acatar cabalmente la
normativa ambiental y iii) velar por la integridad de la reserva, informando
oportunamente a la autoridad policial acerca de cualquier conato de
asentamiento o acto que atente contra ella.

11. COMPULSAR copias de la presente decisión acompañada del expediente
de la referencia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de
la República y a la Procuraduría General de la Nación, con miras a que se
investigue la posible comisión de hechos punibles, concreción de detrimentos
patrimoniales o consumación de faltas disciplinarias con ocasión de las
referidas conductas.

12. ORDENAR a la administración municipal y a la CVC que adopten un
programa con incentivos pedagógicos y administrativos que fomente la
reconversión de la producción ganadera existente en la Reserva Forestal
Protectora Nacional Río Anchicayá y en la Reserva Forestal del Pacífico, que
hace parte de la zona rural del municipio de Dagua, hacia esquemas de
producción sostenibles, que sean compatibles con las características biofísicas
de cada sector. El anterior programa tendrá una duración mínima de 2 años.

Adicionalmente, en el mismo periodo la CVC deberá adoptar las medidas
correctivas y sancionatorias correspondientes para evitar el desarrollo de esas
actividades en los sectores en donde la zonificación lo prohíba, y que el
interesado no haya solicitado la respectiva sustracción. (…)

15. EXHORTAR a la CVC DAR PACÍFICO ESTE a fin de que realice actividades
pedagógicas y acciones de seguimiento, capacitación, asesoría y control de los
establecimientos de comercio que vierten directamente sus aguas residuales en
las laderas del río San Juan, en los sitios de recreación denominados «Puente
Chino», «La Piedra cerca del sitio denominado “Burbujas”» y el «Balneario
El Sinaí», para que los propietarios de los mismos se vinculen en el propósitos
de proteger este entorno natural, cuenten con pozos sépticos, y adopten de ser
necesario un permiso de vertimientos. […]

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SEXTO: ADICIONAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, un numeral 16 a la parte resolutiva de la sentencia recurrida, el cual
quedará así:

[…] 16. CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por la parte
demandante, por un delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT-, por un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS-, por un delegado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
-CVC-, por un delegado del Departamento del Valle del Cauca, por un delegado
del Municipio de Dagua, por un delegado de la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, y por un delegado de la Defensoría Regional del
Pueblo, quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472
de 1998, deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión y rendir
informes trimestrales sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten
para el cabal cumplimiento de la sentencia. […]

SÉPTIMO: CONFIRMAR en todo lo demás, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la sentencia impugnada.

OCTAVO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.

NOVENO: RECONOCER a Iván Mauricio de Jesús Vásquez Viana como
apoderado especial de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(MVCT), en los términos y para los fines consignados en el poder que obra en la
anotación N.° 66 del expediente digital de la referencia.

DÉCIMO: RECONOCER a Oscar Yezid Ibáñez Parra como apoderado especial de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en los términos y
para los fines consignados en el poder que obra en la anotación N.° 45 del
expediente digital de la referencia.

DECIMO PRIMERO: RECONOCER a Helton David Gutiérrez González como
apoderado especial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, en
los términos y para los fines consignados en el poder que obra en la anotación N.°
38 del expediente digital de la referencia.

DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

DECIMO TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriado este proveído.

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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P:(11 y 22)

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