Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2016-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2016-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 88001-23-33-000-2016-00022-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
7 de marzo de 2019
ACCIÓN POPULAR / CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL – Distrito 4 Departamento de San Andrés / MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES ADOPTADAS EN PRIMERA INSTANCIA – Proyecto con el que se pretendía obtener los recursos no fue aprobado por el Gobierno Nacional
Sin embargo, en el caso concreto no es posible desconocer que la entidad territorial aún no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4, pues el proyecto con el cual se pretendía obtener dichos dineros, no fue aprobado por el Gobierno Nacional, según informó el Departamento. Así las cosas, teniendo en cuenta que la consecución de los recursos requiere adelantar nuevamente los trámites y las gestiones administrativas correspondientes, para la Sala resulta procedente modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar al Departamento que, a más tardar en el término de la presente vigencia fiscal (año 2019), y en el marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de planeación y presupuesto, realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias ante las autoridades territoriales y nacionales que correspondan, para que se obtengan los recursos necesarios para ejecutar la construcción del alcantarillado pluvial para los sectores de School House y Swamp Ground, que hacen parte del Distrito 4 y, una vez aprobados los recursos, se contabilice el término de dieciocho (18) meses para ejecutar la respectiva obra. Este término es inexcusable e improrrogable, pues advierte la Sala que el Departamento, no obstante haberse abstenido de ejecutar las órdenes de primera instancia por carecer de recursos en el año 2016, nada hizo para obtener las apropiaciones pertinentes en los años sucesivos, desconociendo de manera negligente el deber que tiene de proteger los derechos colectivos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 88001-23-33-000-2016-00022-01(AP)
Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación formulado por el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en contra de la sentencia del 9 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que amparó los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos con una prestación oportuna y eficiente, e impartió órdenes al Departamento y a la Aeronáutica Civil.
SÍNTESIS DEL CASO
La PROCURADORA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA, doctora Sara Esther Pechthalt Oliveros, como representante del Ministerio Público, presentó acción popular de carácter preventivo contra el DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL, con el fin de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la preservación y restauración del medio ambiente, la salubridad pública, la prestación de los servicios públicos básicos de manera eficiente, el libre acceso a las vías, el tránsito de vehículos y personas, a la seguridad, al acceso a los negocios y predios privados, y a contar con unas vías debidamente construidas, de la comunidad de la Isla de San Andrés, especialmente quienes laboran y transitan en la calle del barrio School House, sector Swamp Ground, frente a la salida de carga y emergencias del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.
Manifiesta que en el sector citado, ante la falta de redes de servicios públicos básicos (acueducto, y alcantarillado pluvial y sanitario), se presenta acumulación de aguas, lo cual genera graves problemas de salubridad pública. Así mismo, señala que la vía está totalmente deteriorada, pues presenta una gran cantidad de huecos que con las aguas que allí se acumulan representan un riesgo para quienes transitan.
Asevera que, como solución temporal, se construyó una estación de bombeo en las instalaciones del aeropuerto, solución que si bien no es definitiva sí mitiga la situación, pues con su operación las aguas bajan de nivel, permitiendo el tránsito menos peligroso por dicha zona. Agrega que la Aeronáutica Civil opera las bombas de impulsión, pero que éstas fueron dotadas por el Departamento; sin embargo, ante los frecuentes daños que presentan, ninguna de dichas autoridades quiere asumir la responsabilidad de su operación.
Por lo anterior, solicitó que se declare la vulneración de los derechos colectivos invocados y se efectúe la pavimentación de la vía, garantizando que cuente con las redes de alcantarillado y acueducto que eviten la acumulación de aguas.
Por último, pidió como medidas cautelares el funcionamiento permanente de las bombas, limpieza de canales y lodos, la desinfección y control de vectores, así como la nivelación con maquinaria de la actual vía, mientras se interviene de manera definitiva.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción popular fue presentada el día 24 de febrero de 2016 y admitida por auto del 15 de marzo del mismo año, proferido por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esta providencia se dispuso notificar la demanda a los representantes legales del Departamento y de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil y comunicar a la Defensoría del Pueblo.
2.2. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la estación de bombeo es de propiedad de la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en esa medida su operación y mantenimiento no le corresponde.
2.3. Por su parte, la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina solicitó denegar las pretensiones de la parte actora, al considerar que viene adelantado las medidas necesarias para solucionar la problemática y que no es posible efectuar la pavimentación definitiva, en atención a que se requiere previamente la construcción del alcantarillado sanitario, obra que se encuentran en ejecución. Respecto de la operación de la estación de bombeo señaló que la misma le corresponde a la Aeronáutica Civil, por ser de su propiedad; sin embargo, ante la omisión de sus funciones, la Gobernación ha solicitado que se realice su entrega con el fin de efectuar dicha operación. Así mismo, solicitó vincular al proceso a la sociedad Proactiva, teniendo en cuenta que es a ésta a quien le corresponde la construcción del alcantarillado en el sector objeto de discusión.
2.4. La Defensoría Regional del Pueblo rindió concepto en el sentido de coadyuvar la acción popular por considerar que los derechos colectivos se están vulnerando con la problemática planteada por el Ministerio Público.
2.5. El 26 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual se declaró fallida al no existir fórmula de arreglo.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante providencia del 9 de diciembre de 2016, amparó los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos con una prestación oportuna y eficiente.
En consecuencia dictó las siguientes órdenes:
“[…] TERCERO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la terminación de la construcción del alcantarillado sanitario para los sectores de School House y Swamp Ground, que hacen parte del distrito 4 de alcantarillado sanitario; para lo cual se concede un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. A la finalización de la obra se deberá enviar informe a esta Corporación debidamente documentado acompañado por el informe de interventoría.
CUARTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4, para lo cual se concede un término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la Sentencia. A la finalización de la obra se deberá enviar informe a esta Corporación debidamente documentado acompañado por el informe de interventoría.
QUINTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la realización de obras de mantenimiento de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, para lo cual se concede un término máximo de dos (2) meses, que se contarán a partir de la ejecutoria de la sentencia.
SEXTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, iniciar de inmediato la gestión de los trámites y recursos necesarios para el diseño y construcción de la vía ya indicada. Los estudios y diseños de construcción de la vía deberán estar listos en un plazo no superior a diez (10) meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia.
SÉPTIMO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la realización de:
Mantenimiento de las bombas
Jornadas de limpieza de forma periódica y constante de los canales de aguas para garantizar que los mismos no sufran taponamientos ni se produzca el estancamiento de las aguas.
Jornadas fumigación en el sector para evitar reproducción de vectores;
Visitas periódicas en el sector para evitar las conexiones indebidas de aguas residuales a través del operador del servicio de alcantarillado.
OCTAVO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA llevar a cabo las actividades de mantenimiento de la estación de bombeo que se encuentra ubicada en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, a fin de que las bombas puedan prestar el servicio que se les requiere cuando haya acumulación de agua.
NOVENO: ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil hacer la entrega de la estación de bombeo al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para efectos de su operación y mantenimiento. Para lo pertinente se deberá levantar acta cuya copia deberá ser remitida a esta Corporación.
DÉCIMO: ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil permitir el ingreso del personal del Departamento Archipiélago que deban a llevar a cabo labores de mantenimiento de la estación de bombeo, y prestar toda su colaboración para que la entidad departamental sea oportunamente informada en caso que haya situaciones que ameriten su inmediata atención a ese respecto. […]”. (Negrita texto original)
Como fundamento de la anterior decisión señaló que, conforme a la Constitución y la ley, es obligación del ente territorial, ya sea directamente o por intermedio de empresas de servicios públicos, la prestación debida y eficiente de los servicios públicos, y en aquellas poblaciones que no cuenten con los mismos, es menester adoptar las medidas necesarias para solucionar las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y servicios públicos domiciliarios.
Indicó que se demostró que en el sector Swamp Ground – Barrio School House no hay la adecuada prestación del servicio de alcantarillado sanitario, y que si bien existen obras que se encuentran en construcción, éstas no han finalizado, lo que permitió determinar la vulneración del derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Precisó que la ausencia de ese servicio público afecta la salubridad pública porque no hay una adecuada disposición de aguas residuales, situación que se agrava con las lluvias, pues se terminan mezclando con aguas negras que quedan estancadas, lo que propicia la proliferación de vectores y roedores, en detrimento del derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
Agregó que las acciones emprendidas por la Gobernación no han resultado ser una solución definitiva, y que ésta sólo se logrará con la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial, así como con la construcción y mantenimiento de la vía, de manera que se eliminen las condiciones de insalubridad que se vienen presentando.
Señaló que, mientras se efectúan las obras que solucionen de manera definitiva la problemática, la Aeronáutica deberá hacer entrega al Departamento de la estación de bombeo, para que la opere en caso de presentarse una situación de inundación y/o estancamiento de aguas en el sector, sin perjuicio de que lo realice directamente la Aeronáutica en una eventualidad extrema.
RECURSO DE APELACIÓN
El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de apoderado, presentó recurso de apelación contra la citada providencia, específicamente frente a los numerales tercero, cuarto, quinto y sexto. Respecto del numeral tercero, en el cual se ordena la construcción del alcantarillado sanitario en el distrito 4, señaló que en dicho sector ya se encuentra construido el alcantarillado a través del contratista INGEMAS por mandato del “Ministerio de Vías”. Por su parte, respecto de los restantes numerales indicó que la entidad territorial, para ejecutar obras de construcción, requiere adelantar procedimientos administrativos, técnicos y presupuestales, toda vez que para la vigencia año 2016 no cuenta con los recursos económicos requeridos, lo que hace imposible ejecutar la obra en el término de los dieciocho (18) meses que ordena la sentencia.
Agrega que a la fecha (diciembre de 2016) se están iniciando las gestiones requeridas para conseguir los recursos, los cuales, una vez obtenidos, permitirán iniciar los trámites administrativos y técnicos correspondientes a planos, estudios y presupuestos, pues sin los mismos no es posible ejecutar las obras.
Así mismo, aseveró que el término de diez (10) meses para los estudios y diseños es muy reducido, habida cuenta que a la fecha están gestionando los recursos ante el Ministerio de Vivienda, por lo que solicita que el término se cuente desde que aprueben los recursos. Al respecto, señaló lo siguiente:
[…] Con respecto al primer numeral en que se ordena la construcción del alcantarillado sanitario en el distrito 4, manifestamos que en dicho sector ya se encuentra construido el alcantarillado a través del contratista INGEMAS por mandato del Ministerio de Vías.
En los demás numerales ordenados, nos permitimos señalar, que la entidad territorial para ejecutar obras de construcción requiere de procedimientos administrativos, técnicos y presupuestales, habida cuenta que no contamos para la presente vigencia de los recursos económicos requeridos es imposible ejecutar la obra en el término de 18 meses que ordena la sentencia, por consiguiente como quiera que estamos iniciando a la fecha las gestiones requeridos para obtener los recursos una vez obtenidos se iniciará los trámites administrativos, técnicos correspondientes a planos, estudios y presupuestos, pues sin los mismos es imposible ejecutar las obras señaladas.
El termino de 10 meses para los estudios y diseños ordenados, es muy reducido, habida cuenta que a la fecha estamos gestionando los recursos ante el Ministerio de Vivienda y ciudad y territorios, por lo que solicitamos que los 18 meses ordenados se cuenten desde que se apruebe los recursos. […]”
V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 12 de mayo de 2017 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contra la sentencia del 9 de diciembre de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
5.2. El día 1 de junio de 2017 la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil descorrió el término solicitando que se tenga en cuenta que su responsabilidad recae exclusivamente en prender la estación de bombeo que queda al interior del aeropuerto, y que es de propiedad de la Gobernación.
Afirmó que está de acuerdo con la decisión de primera instancia, pues las órdenes impuestas a su representada son las que siempre se buscaron; es decir, poder entregar la estación así como su operación y mantenimiento a la Gobernación.
5.3. El 9 de junio de 2017 la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto en el sentido de indicar que debe confirmarse en su totalidad la sentencia de primera instancia. Señala que no es cierto lo afirmado por el Departamento en el sentido que ya se culminaron las obras de alcantarillado, pues del informe de interventoría allegado al expediente, se puede observar que aún existen obras pendientes y que incluso presentan tardanza en su ejecución.
Respecto del argumento de la falta de recursos públicos para cumplir las órdenes emitidas en los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia, alega que no se probó dentro del expediente tal situación y, por el contrario, cuando se revisan las órdenes dispuestas en el fallo cuestionado, se encuentra que están claramente delimitadas, son pertinentes y otorgan un plazo razonable.
5.4. Mediante auto de 16 de noviembre de 2018, para de mejor proveer, el Despacho sustanciador requirió un informe al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobre los aspectos que más adelante se abordarán.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1 COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.
6.2. HECHOS
6.2.1. En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la vía frente a la puerta de entrada y salida de emergencia del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla presenta acumulaciones de agua debido a la falta del servicio público de acueducto y alcantarillado.
6.2.2. En el sector colindante a dicha vía, denominado School House, los moradores vierten aguas residuales domésticas que se acumulan en la calle, y ante la inoperancia de los canales se generan taponamientos.
6.2.3. La vía se encuentra sin pavimentar y con un gran número de huecos en donde se represan las aguas, generando un riesgo para quienes transitan por ella.
6.2.4. En el interior del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se construyó una estación de bombeo con el fin de reducir los niveles de estancamiento de las aguas; sin embargo, su operación es intermitente y presenta daños de manera frecuente.
6.2.5. El 24 de febrero de 2016 la Procuradora Judicial II Ambiental y Agraria, presentó acción popular de carácter preventivo contra el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el fin de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la preservación y restauración del medio ambiente, la salubridad pública, la prestación de los públicos básicos de manera eficiente, el libre acceso a las vías, el tránsito de vehículos y personas, a la seguridad, al acceso a los negocios y predios privados, y a contar con unas vías debidamente construidas, de la comunidad de la Isla de San Andrés, especialmente quienes laboran y transitan en la calle del barrio School House, sector Swamp Ground, frente a la salida de carga y emergencias del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.
6.2.6. El 13 de mayo de 2016, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó informe del estado de ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial en los sectores de Swamp y School House, en el que señaló que respecto de: i) Alcantarillado sanitario: la zona en estudio hace parte del Distrito 4, construcción que actualmente se está llevando a cabo por la empresa Ingemas y cuya interventoría está a cargo de Proactiva, la cual según cronograma está programada para acabar en dicha vigencia; ii) Alcantarillado pluvial: los estudios y diseños de la obra se encuentran terminados y radicados ante el Ministerio de Vivienda para su viabilización y asignación de recursos; y iii) Pavimentación de la vía: la calle 8° hace parte de un grupo de vías priorizadas desde el gobierno anterior, respecto del cual se suscribió un convenio entre el Departamento y el Ministerio de Transporte, que permitirá tener los diseños necesarios e idóneos para la ejecución de la obra.
6.2.7. Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina accedió a las pretensiones de protección de los derechos colectivos a goce de un ambiente sano, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos con una prestación oportuna y eficiente.
6.2.8. El 16 de diciembre de 2016 el ente territorial presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia aduciendo falta de disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las órdenes de amparo dispuestas por el a quo, en particular porque no se habían incluido en el presupuesto vigente, por lo que solicitó que los plazos para cumplir las órdenes se cuenten a partir de la aprobación del presupuesto.
6.2.9. Mediante escrito del 9 de junio de 2017, la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues a su juicio la falta de recursos económicos no constituye excusa para incumplir la providencia, además de considerar que las órdenes impuestas y los términos previstos en aquella resultan razonables para adelantar los trámites administrativos y presupuestales con el fin de lograr su cumplimiento.
6.2.10. El 16 de noviembre de 2018 el Despacho, mediante auto de mejor proveer, requirió al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de que presentara un informe sobre:
“[…] 1. El estado actual del proceso de viabilización del proyecto para la construcción el alcantarillado pluvial para el Distrito 4 en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2. En caso afirmativo de la viabilización del proyecto, el estado actual de su ejecución.
3. Indicar cuál o cuáles son las fuentes de los recursos por medio de los cuales se van a financiar dichas obras y su actual estado en el ciclo presupuestal de la entidad.
4. Estado actual del convenio celebrado entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte para realizar los diseños para la pavimentación de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla.[…]”
6.2.11. El 6 de diciembre de 2018 el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina radicó respuesta al anterior requerimiento, en los siguientes términos:
“[…] 1. El estado actual del proceso de viabilización del proyecto para la construcción el alcantarillado pluvial para el Distrito 4 en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
R/ En la actualidad el proyecto para la construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4 no ha sido viabilizado y mediante última comunicación en el mes de diciembre de 2017, hacían devolución de la totalidad del mencionado proyecto mediante comunicado N° 2017EE0104934 y 2017EE0041652 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, ambos recibidos el 26 de Diciembre de 2017 mediante radicado N° 30273 en la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.
Es importante resaltar que, entre las observaciones plasmadas en el documento, se destaca la no titularidad de los predios o servidumbres por las cuales se pretende ejecutar algunas obras de infraestructura pluvial, necesarias y requeridas para el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje pluvial propuesto.
2. En caso afirmativo de la viabilización del proyecto, el estado actual de su ejecución.
R/ No hay ejecución del proyecto.
3. Indicar cuál o cuáles son las fuentes de los recursos por medio de los cuales se van a financiar dichas obras y su actual estado en el ciclo presupuestal de la entidad.
R/ Los recursos con los cuales se pretende financiar el proyecto son con los fondos presupuestales del Ministerio de Vivienda y Desarrollo territorial y en la actualidad estas no se encuentran en el ciclo presupuestal de la entidad debido a que el proyecto no ha sido viabilizado.
4. Estado actual del convenio celebrado entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte para realizar los diseños para la pavimentación de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla.
R/ Estado actual del convenio celebrado entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte, es el convenio 351 y de acuerdo a la prórroga No 4 en la actualidad tiene terminación con fecha del 30 de septiembre de 2018.”
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
6.3.1. Consideraciones generales acerca de la planeación y el presupuesto en las entidades territoriales
A efectos de contextualizar la decisión que se adopte en el proceso, la Sala estima pertinente realizar, de manera preliminar, las siguientes consideraciones generales acerca de la planeación y el presupuesto en las entidades territoriales.
6.3.1.1. El Plan de Desarrollo Territorial – PDT. Para lograr los compromisos adquiridos en los programa de gobierno de los mandatarios elegidos popularmente, la Constitucional Política establece en su artículo 339 que las entidades territoriales deberán elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
Así, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es el documento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales o municipales durante su período de gobierno, en el cual se establece la visión, los programas, proyectos y metas asociadas a los recursos públicos que se ejecutarán durante los próximos cuatro (4) años.
La Ley 152 de 1994, “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, consagra los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los PDT.
Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial – PDT. De acuerdo con el inciso final del artículo 339 de la Constitución, el PDT tiene dos componentes, a saber: i) Una parte estratégica, que comprende la identificación y formulación de objetivos, programas, metas e indicadores que la nueva administración pretende lograr en su periodo de gobierno, y ii) un plan de inversiones, que constituye la asignación de los recursos financieros disponibles para el cumplimiento de los programas y proyectos definidos en la parte general del plan.
Para poder formular el PDT, previamente se debe realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual de la entidad territorial y de esta manera profundizar en la identificación de sus necesidades. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como la correspondencia con el programa de gobierno que haya sido registrado al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo.
Conforme el artículo 39 de la Ley 152 de 1994, el Alcalde o Gobernador elegido es la autoridad responsable de impartir las orientaciones para la elaboración del PDT, función que está en cabeza de la Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación. Una vez elaborado el proyecto del plan, éste se presentará en forma integral o por componentes del mismo a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, quien tendrá la función de consolidarlo.
El proyecto de plan consolidado será presentado por el Alcalde o Gobernador a revisión de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes dentro del mes siguiente.
Dentro de los primeros cuatro (4) meses del período de Gobierno se debe someter a consideración del Concejo Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de plan de desarrollo territorial para su correspondiente aprobación.
6.3.1.2. El Presupuesto General de la Entidades Territoriales. Una vez aprobado el PDT, para lograr el cumplimiento de los planes y programas en él contenidos, las entidades territoriales (ET) cuentan con el presupuesto anual de ingresos y gastos, elemento del Sistema Presupuestal que consiste en una estimación anticipada de los ingresos y la autorización máxima de gastos públicos que han de efectuarse dentro del período fiscal respectivo.
En este punto, se debe precisar que el sistema presupuestal se rige, entre otros principios, por el de anualidad, el cual establece que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, por lo que las asambleas departamentales y los concejos municipales solamente pueden aprobar el presupuesto para una vigencia.
Así mismo, se advierte que el presupuesto deberá contener la totalidad del gasto público que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva; en consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos o erogaciones con cargo al Tesoro que no figuren en el presupuesto. Lo anterior es lo que se denomina principio de Universalidad, el cual está consagrado en el artículo 15 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y exige por parte de la administración efectuar una juiciosa y acertada programación presupuestal pues, a pesar de que el presupuesto es susceptible de modificaciones, no debe someterse a constantes ajustes consecuencia de la falta de planeación.
Igualmente, se debe mencionar que las apropiaciones contempladas en el presupuesto general de la entidad territorial, en aplicación del principio de Especialización, son autorizaciones máximas de gasto y delimitan éste según su finalidad; es decir, se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas, lo cual evita que los recursos se destinen para financiar un gasto diferente para el cual fue autorizado en el presupuesto.
Elaboración y Aprobación del Presupuesto Anual de las ET. Ahora bien, para elaborar el prepuesto se requiere lograr coherencia entre los sistemas de planeación y presupuestal, ya que, como se indicó, este último es un instrumento para la materialización de los objetivos y metas estipulados en el PDT. En esa medida las ET deberán armonizar el presupuesto que está en ejecución y la programación presupuestal anual con el nuevo PDT durante todo el periodo de gobierno.
En la formulación del presupuesto general de las ET, como punto de partida, la Administración local debe elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, instrumento de planeación financiera y de gestión pública a diez (10) años, que se construye a partir del conocimiento detallado de la situación financiera e institucional de la entidad territorial, con el objeto de ser referencia para la toma de decisiones fiscales en la elaboración de los presupuestos anuales. Este documento se debe presentar por los Gobernadores y Alcaldes a título informativo a la respectiva Asamblea o Concejo, en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de presupuesto, y debe incluir el Plan Financiero, documento que determina objetivos, estrategias y metas de ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr la financiación de los programas y proyectos del PDT.
A partir de las metas financieras establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Financiero, se debe elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, elemento que integra el Sistema Presupuestal, que tiene por objeto incluir y comparar los programas, subprogramas y proyectos de inversión debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión, con los recursos financieros disponibles, para identificar en cada vigencia fiscal la posibilidad de llevar a cabo los programas que se diseñaron en la parte estratégica del PDT, así como priorizar la inversión pública. El POAI debe guardar correspondencia con el Plan de Inversiones así como con la parte estratégica del PDT, teniendo en cuenta que es el principal vínculo entre éste y el Sistema Presupuestal. Cabe mencionar que este instrumento requiere ser aprobado anualmente por el Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social, previo a la presentación del proyecto de presupuesto a la Asamblea Departamental o Concejo Municipal.
Una vez aprobado el POAI, la dependencia de Hacienda lo incluirá en los gastos de inversión del proyecto de presupuesto anual de la entidad territorial, el cual será presentado por el Gobernador o Alcalde para aprobación de la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, la que una vez se obtenga, dará inicio a la ejecución de los proyectos de la entidad territorial al establecer específicamente cuáles son los gastos que se podrán ejecutar y cuáles son los recursos financieros para su financiación dentro del período fiscal respectivo.
Ejecución del Presupuesto General de las ET. Aprobado el presupuesto se deberá iniciar su ejecución, para lo cual cada dependencia de la entidad territorial, en coordinación con la oficina de planeación, estará encargada de elaborar un Plan de Acción - PA orientando los procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) para el cumplimiento de las metas, proyectos y actividades previstas en el PDT durante una vigencia fiscal.
Respecto de la ejecución del presupuesto, es preciso señalar que la misma se concreta cuando la entidad territorial asume compromisos con cargo a las apropiaciones contenidas en su presupuesto de gastos. Cabe mencionar que el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, contiene diferentes disposiciones que condicionan de manera expresa la ejecución del presupuesto, entre estas, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal.
El primero consiste en la certificación que expide el funcionario encargado de administrar los recursos de la entidad, donde hace constar que en el presupuesto existe dinero disponible, libre de afectación y suficiente para asumir compromisos nuevos que permitan respaldar el acto administrativo o contrato que la entidad tiene interés en expedir o celebrar.
Por su parte, el segundo consiste en la operación mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal, indicando el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar, garantizando que los recursos no serán orientados a un fin diferente.
Por último, otro instrumento de planeación y programación del presupuesto de la entidad territorial que se debe articular es el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, mediante el cual la entidad territorial establece el monto máximo mensual de fondos disponibles para alcanzar las metas del presupuesto anual y regular los pagos mensuales, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción que realiza cada dependencia.
Modificaciones del Presupuesto General de las ET. Ahora, si bien en principio el presupuesto es el resultado de un ejercicio de planificación y programación que se ha efectuado de manera juiciosa por parte de la entidad territorial y, por tanto, un instrumento poco flexible, en ocasiones se presentan situaciones que obligan a realizar modificaciones para solventar situaciones de carácter urgente o prioritario sobre aquello que se presupuestó.
Así, las modificaciones surgen de la necesidad de realizar ajustes con relación a la programación o estimación inicial en atención a diferentes factores: el cambio de comportamiento de la economía, situaciones coyunturales, fortuitas e imprevistas de inaplazable atención, aplazamiento de programas y proyectos, entre otros.
Por lo anterior, existen diferentes tipos de modificaciones presupuestales, a saber: i) las adiciones: procedimiento que se adelanta para incorporar conceptos de gastos no contemplados en el presupuesto inicial, el cual requiere contar con el recurso que lo va a financiar y que se apruebe por medio de Ordenanza o Acuerdo para tales efectos; ii) reducciones y aplazamientos: se presenta en aquellos eventos en que la ET o alguna de sus entidades, requiere reducir o posponer la apropiación de un gasto, cuando los ingresos resultan ser menores a los previstos y, por tanto, se requiere mantener el equilibrio presupuestal. iii) traslados (créditos y contracréditos): propiamente no es una modificación, ya que consiste en proporcionar a una apropiación insuficiente o agotada recursos sobrantes, en la que, dependiendo de las partidas que se afecten, requerirá autorización por la autoridad o dependencia correspondiente.
Del anterior contexto, se advierte que los trámites administrativos y presupuestales demandan una planeación y programación estricta que permite lograr la ejecución y seguimiento de los compromisos adquiridos en el orden de prioridad que demande las necesidades de la Entidad.
6.3.2. Examen de los motivos de inconformidad a la sentencia de primera instancia
En el caso concreto, el Departamento demandado alega la imposibilidad de acatamiento de las órdenes en los términos impuestos, en atención a que, para la vigencia presupuestal de 2016, no contaba con la disponibilidad de recursos para su cumplimiento. Por ello, solicitó que el término que se le concede para ejecutar las obras se empiece a contabilizar desde el momento de aprobación de los recursos y no a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia. Específicamente el recurso de alzada cuestionó las órdenes impuestas en los numerales tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia proferida por el a quo.
6.3.2.1. Respecto de la orden de construcción del alcantarillado sanitario para los sectores de School House y Swamp Ground, que hacen parte del distrito 4, el apelante manifestó que en dicho sector ya se encuentra construido el alcantarillado a través del contratista INGEMAS por mandato del “Ministerio de Vías”.
Concretamente la orden impuesta en la sentencia establece:
“[…] TERCERO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la terminación de la construcción del alcantarillado sanitario para los sectores de School House y Swamp Ground, que hacen parte del distrito 4 de alcantarillado sanitario; para lo cual se concede un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. A la finalización de la obra se deberá enviar informe a esta Corporación debidamente documentado acompañado por el informe de interventoría. […]”
Sobre el particular, la Sala advierte que no obra prueba en el plenario que permita concluir la terminación de las obras de construcción del alcantarillado sanitario así como tampoco su correcto funcionamiento; por el contrario, del informe presentado por la sociedad Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P., allegado con el escrito de sustentación del recurso de apelación formulado por la entidad territorial demandada, se puede inferir que dichas obras para el año 2017 aún no habían finalizado y que incluso se solicitó una prórroga del contrato para concluirlas. En efecto, del citado documento se puede observar:
“Construcción de alcantarillado sanitario Distrito 4 (incluye estación de bombeo, línea de impulsión y redes secundarias)”
El Contratista ha presentado una programación de actividades para lograr terminar la totalidad de (sic) instalación de tubería que se terminaría hasta el mes de abril de 2017, teniendo en cuenta la prórroga solicitada hasta el mes de junio de 2017 para terminar la estación de bombeo y que se encuentra en estudio por la entidad contratante. […]”
Así las cosas, la Sala confirmará la orden impuesta por el juez de instancia ante la ausencia de pruebas que permita corroborar la finalización y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado en los sectores School House y Swamp Groundse, con el cual se pretende garantizar la protección de los derechos colectivos de la comunidad, teniendo en cuenta que, por tratarse de una obra en ejecución, debe tener la disponibilidad presupuestal correspondiente.
6.3.2.2. Frente a la orden de construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4, la entidad territorial alegó que, para ejecutar las obras de construcción, requiere de procedimientos administrativos, técnicos y presupuestales, toda vez que para la vigencia año 2016 no contaba con los recursos económicos requeridos, lo que hace imposible ejecutar la obra en el término de los dieciocho (18) meses que ordena la sentencia. Agrega que a la fecha (diciembre de 2016) se están iniciando las gestiones requeridas para conseguir los recursos, los cuales, una vez obtenidos, permitirán iniciar los trámites administrativos y técnicos correspondientes a planos, estudios y presupuestos, pues sin los mismos no es posible ejecutar las obras.
Al respecto, en específico la sentencia ordenó:
“[…] CUARTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4, para lo cual se concede un término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. A la finalización de la obra se deberá enviar informe a esta Corporación debidamente documentado acompañado por el informe de interventoría. […]”
Pues bien, obra en el expediente un informe de fecha 13 de mayo de 2016, expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que se indica el estado de ejecución de la obra de alcantarillado pluvial en los sectores de Swamp y School House, en el cual se señaló expresamente lo siguiente:
“[…] Alcantarillado pluvial: los estudios y diseños de la obra se encuentran terminados y radicados ante el Ministerio de Vivienda para su viabilización y asignación de recursos; […]”
Con fundamento en el anterior informe el Despacho sustanciador requirió al ente territorial demandado con el fin de que indicara, entre otros aspectos, el estado actual del proceso de viabilización del proyecto para la construcción del alcantarillado pluvial para el Distrito 4 en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Frente al anterior requerimiento, el Departamento informó que no se viabilizó el proyecto para la construcción el alcantarillado pluvial por parte de Ministerio de Vivienda y que fue devuelto en su totalidad. Adicionalmente, indicó algunas de las observaciones por las cuales se efectuó la devolución del proyecto.
En este contexto, es pertinente recordar que, tal como se ha señalado por esta Corporación, la falta de recursos públicos no es impedimento para proteger los derechos e intereses colectivos garantizados por la Constitución, ya que su efectividad requiere de una atención preferente por parte de las autoridades administrativas. Sin embargo, en el caso concreto no es posible desconocer que la entidad territorial aún no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del alcantarillado pluvial para el distrito 4, pues el proyecto con el cual se pretendía obtener dichos dineros, no fue aprobado por el Gobierno Nacional, según informó el Departamento.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la consecución de los recursos requiere adelantar nuevamente los trámites y las gestiones administrativas correspondientes, para la Sala resulta procedente modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar al Departamento que, a más tardar en el término de la presente vigencia fiscal (año 2019), y en el marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de planeación y presupuesto, realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias ante las autoridades territoriales y nacionales que correspondan, para que se obtengan los recursos necesarios para ejecutar la construcción del alcantarillado pluvial para los sectores de School House y Swamp Ground, que hacen parte del Distrito 4 y, una vez aprobados los recursos, se contabilice el término de dieciocho (18) meses para ejecutar la respectiva obra. Este término es inexcusable e improrrogable, pues advierte la Sala que el Departamento, no obstante haberse abstenido de ejecutar las órdenes de primera instancia por carecer de recursos en el año 2016, nada hizo para obtener las apropiaciones pertinentes en los años sucesivos, desconociendo de manera negligente el deber que tiene de proteger los derechos colectivos.
Es de advertir que, para el cumplimiento de esta orden la entidad territorial deberá tener en cuenta cada una de las observaciones que el Gobierno Nacional realizó y que fueron el motivo de devolución del proyecto presentado por el Departamento, o en su defecto asegurar recursos provenientes de otras fuentes, con el fin de evitar dilaciones injustificadas.
6.3.2.3. En relación con la orden dirigida al mantenimiento de la vía, la entidad territorial presentó recurso de apelación; no obstante, en el escrito de sustentación no se indican cuáles son las razones que fundamentan su desacuerdo.
En efecto, la orden impartida se concretó en lo siguiente:
“[…] QUINTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA la realización de obras de mantenimiento de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, para lo cual se concede un término máximo de dos (2) meses, que se contarán a partir de la ejecutoria de la sentencia. […]”
Sobre este punto, la Sala advierte que la orden se expidió por el a quo como una medida provisional que permita la transitabilidad de la vía mientras se ejecutan las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, obras que por estar en ejecución o prontas a ejecutar impidieron dar la orden de pavimentación definitiva de la vía, pero que facilitan provisionalmente superar la vulneración de los derechos colectivos amparados. En ese sentido, no se observa en qué yerro pudo incurrir el juez de instancia al proferir la orden en cuestión, así como tampoco la imposibilidad de su cumplimiento, en la medida en que ésta no depende de la asignación o consecución de recursos adicionales diferentes a los recursos destinados al mantenimiento de la malla vial.
Por lo anterior, la Sala confirmará la orden impuesta por el juez de instancia en relación con este punto.
6.3.2.4. Por último, respecto de la orden de iniciar la gestión de los trámites y recursos necesarios para el diseño y construcción de la vía, el apelante aseveró que el término de diez (10) meses para los estudios y diseños, es muy reducido, habida cuenta que a la fecha están gestionando los recursos ante el “Ministerio de Vivienda”, por lo que solicita que el término se cuente desde que se aprueben los recursos.
Sobre el particular en la sentencia se ordenó:
“[…] SEXTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, iniciar de inmediato la gestión de los trámites y recursos necesarios para el diseño y construcción de la vía ya indicada. Los estudios y diseños de construcción de la vía deberán estar listos en un plazo no superior a diez (10) meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia. […]”
En el informe de fecha 13 de mayo de 2016, expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, previamente mencionado, se señaló que la “Pavimentación de la vía: la calle 8° hace parte de un grupo de vías priorizadas desde el gobierno anterior, respecto del cual se suscribió un convenio entre el Departamento y el Ministerio de Transporte, que permitirá tener los diseños necesarios e idóneos para la ejecución de la obra.[…]”
Como se explicó líneas atrás, con fundamento en el anterior informe, el Despacho requirió al Departamento con el fin de que indicara “el estado actual del convenio celebrado entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte para realizar los diseños para la pavimentación de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla.”
Frente al anterior requerimiento, el Departamento informó que el convenio celebrado entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte, según acuerdo de prórroga, terminó el día 30 de septiembre de 2018. Para el efecto, adjuntó copia de la modificación del convenio número 351 de 2015, mediante la cual se estableció “prorrogar el plazo de ejecución del convenio interadministrativo de transferencia de recursos número 351 de 2015, cuyo objeto es “Transferencia de recursos por parte del Ministerio de Transporte al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la contratación de los estudios y diseños de las vías priorizadas en el plan vial departamental”
Asimismo, se advierte que, como fundamento de la anterior prórroga, se señaló:
“[…] El día 23 de mayo de 2018, mediante radicado20183210321642, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó ante el Ministerio de Transporte la solicitud de prórroga del convenio 351 de 2015 manifestando: -“Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual a cabalidad, estructurar los proyectos para la posterior financiación de la ejecución de las obras que se definan con los estudios y diseños financiados con el Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Transporte de la referencia y la posterior liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría y del mismo Convenio, se solicita una prórroga por un término de CUATRO (04) meses más disgregados de la siguiente forma: dos (02) meses más para recibir los estudios y diseños debidamente estructurados por proyectos para la posterior presentación ante las posibles fuentes de financiación. Dos (02) meses para liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría y el convenio interadministrativo.- […]” (Negrita y subrayas fuera del texto original)
Conforme lo anterior, la Sala observa que no resulta necesario modificar la orden dictada por el a quo, toda vez que los plazos otorgados por el juez constitucional resultan razonables para el cumplimiento de la orden impartida, más aún si se tiene en cuenta que, según el documento de prórroga que adjuntó el Departamento, el contrato por medio del cual se debían elaborar los estudios y diseños de la vía aledaña a la zona de carga del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, ya finalizó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de diciembre de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, el cual quedará así:
“CUARTO: ORDÉNASE al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA que, a más tardar en el término de la presente vigencia fiscal (año 2019) y en el marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de planeación y presupuesto, realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias, ante las autoridades territoriales y nacionales que correspondan, para que se obtengan los recursos necesarios para ejecutar la construcción del alcantarillado pluvial para el Distrito 4, y una vez aprobado los recursos, se contabilice el término de dieciocho (18) meses para ejecutar la respectiva obra.”
SEGUNDO: CONFÍRMAR en lo demás la sentencia impugnada.
TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
CUARTO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 1 a 41. C1. Folios 53 a 55. C1. Folios 96 a 100. C1. Folios 112 y 113. C1. Folios 118 a 121. C1. Folios 242 a 245. C1. Folio 265 C1. Folios 270 y 271 C1. Folios 273 a 282 C1. HYPERLINK "https://kiterritorial.co"https://kiterritorial.co, “Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales”, “Unidad 0: Introducción”. HYPERLINK "https://kiterritorial.co"https://kiterritorial.co, “Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales”, “Unidad 2: Parte Estratégica”
HYPERLINK "https://kiterritorial.co"https://kiterritorial.co, “Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales”, “Unidad 3: Plan de Inversiones”
Artículo 33 de la Ley 152 de 1994. Decreto 111 de 1996, “Estatuto Orgánico del Presupuesto”. Artículo 10. “La ley anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.”
HYPERLINK "https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero"https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Protocolo”. Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Segunda Edición 2014, p.137. En el lenguaje presupuestal “Apropiación” es sinónimo de autorización de gasto. Artículo 18 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación denominado “Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2017”, p. 34. Artículos 5 y 8 de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. Documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación denominado “El Marco Fiscal de Mediano Plazo. Herramienta Estratégica de Planeación Financiera en Entidades Territoriales”
Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación denominado “Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2017”, p. 40. Banco de Programas y Proyectos de Inversión: es una herramienta de planeación que registra, sistematiza y actualiza el conjunto de iniciativas de inversión que van a ser financiadas con recursos públicos. La viabilidad de estas iniciativas se establece desde el punto de vista social, económico y técnico. Además consolida la información relacionada con la formulación y la viabilidad de los proyectos de inversión durante todas sus etapas. Ver HYPERLINK "https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero"https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Protocolo”. Constitución Política. Artículo 68. “No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. […]”
HYPERLINK "https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero"https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Protocolo”. Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación denominado “Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2017”, p. 78. HYPERLINK "https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero"https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Protocolo”.
HYPERLINK "https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero"https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Plan de Acción”. Decreto 111 de 1996, artículo 71 y Decreto 568 de 1996, artículos 19 y 20. Ibídem, artículo 73. Guía de Presupuesto Público Territorial, Auditoria General de la República, 2012. Folios 246 a 252 C.1
Folios 242 a 245. C1. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2015, Radicación número: 18001-23-31-000-2011-00256-01(AP), Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, Actor: Alejandro Bahamon Cuenca.
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