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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2018-00232-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00232-02

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00232-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto (numeral 2) y el ordinal sexto de la parte resolutiva de la providencia recurrida, así: QUINTO: En consecuencia, ORDENAR: 1. La recuperación de la faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica a través del acotamiento y la reforestación de la misma, tanto del Río Magdalena a su paso por el Municipio de La Dorada como de los caños y demás afluentes de éste dentro del mismo municipio. ENTIDADES OBLIGADAS: Cormagdalena y Corpocaldas. De conformidad con la parte considerativa de la presente providencia, en atención a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, Corpocaldas será responsable de la ejecución de la actividad descrita, mientras que Cormagdalena deberá coordinar su desarrollo. El acotamiento deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia. La reforestación deberá iniciarse de inmediato en las zonas sin construcciones, y en las áreas con construcciones, se llevará a cabo progresivamente a medida que se liberen los terrenos mediante la reubicación de las viviendas. en efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”. Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá.” (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala). Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 58 Radicado: 17001 23 33 000 2018 00232 02 Demandante: Merardo Martínez Chiquito y otros 2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente procedimiento: 2.1. Se deberá realizar un censo de las familias asentadas en faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica acotada conforme a la orden anterior y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación, identificando a quien funja […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2018-00232-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

28 de agosto de 2025

1

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00232 02
Demandante: Merardo Martínez Chiquito y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 17001 23 33 000 2018 00232 02
Actor: Merardo Martínez Chiquito y otros1
Demandados: Municipio de La Dorada y otros2
Tesis: Existe incongruencia interna del fallo de primera instancia por falta de
armonía y consistencia entre la parte motiva y resolutiva de la providencia.
Son competentes la corporación autónoma regional y la entidad encargada de la
protección y gestión integral del Río Magdalena para cumplir con la orden judicial
prevista para la recuperación de la faja forestal protectora de la ronda hídrica del
mencionado afluente.
Es competente el municipio para cumplir con la orden judicial prevista para reubicar
los asentamientos humanos localizados en la faja forestal protectora de la ronda
hídrica de un afluente.
No es cierto que en la sentencia de primera instancia se ordenara a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo Adaptación la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en la faja forestal protectora
de la ronda hídrica del Río Magdalena.
Es competente el departamento para cumplir con la orden judicial prevista para
concluir la construcción del enrocado (rip rap), como medida para el control de la
erosión de la cuenca de un río.
Procede modificar la orden impartida en la sentencia de primera instancia
relacionada con la supresión de los descoles para que la administración municipal
ejecute las obras necesarias para superar en ese aspecto la problemática expuesta.

1 José Fernando Londoño González, Jhonny Alexander Díaz Gómez, José Barcelino Obando Ruiz,

Luz Dary Gaitán Gómez, Gamaliel Burgos Tabares, María Jesús Parra Peña, Ricardo Guillen
Palacio, Alba Ayala, Carlos Mario Manzano Duque, José Vicente Castellanos Lozano y Liliana
Patricia Ramírez Jaramillo.
2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Fondo Adaptación, la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de Caldas, la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas – Corpocaldas, Emgesa, la Empresa de Energía del Pacífico y Empocaldas.

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Demandante: Merardo Martínez Chiquito y otros

La falta de capacidad presupuestal de las entidades que deben cumplir una orden
judicial para la protección o el restablecimiento de los derechos e intereses
colectivos no es un motivo suficiente para revocar o modificar la obligación
impuesta.
Procede complementar la orden impartida en la sentencia de primera instancia para
que la administración municipal adopte las medidas necesarias para garantizar que
las obligaciones se incorporen en los proyectos a desarrollar en las siguientes
vigencias fiscales y se le asignen los recursos para tal efecto requeridos, atendiendo
las fuentes de ingresos y financiación que tiene el municipio.
El Tribunal que profirió la sentencia de primera instancia debe presidir el Comité de
Verificación por conducto del Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección
de la decisión como Ponente.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por Empocaldas,
el Departamento de Caldas, Corpocaldas, Cormagdalena, la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, el Municipio de La Dorada y el Fondo
Adaptación en contra de la sentencia del 18 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los accionantes presentaron la demanda de la referencia en contra de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el Fondo Adaptación, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de Caldas, la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena,
la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, el Municipio de La
Dorada, Caldas, Emgesa, la Empresa de Energía del Pacífico y Empocaldas. En la
demanda estimaron vulnerados los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al patrimonio público, al ambiente sano y el equilibrio ecológico, el
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el

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Demandante: Merardo Martínez Chiquito y otros

derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la
realización de construcciones y desarrollos urbanos dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la omisión de las acciones
correspondientes para resolver el problema de inundación que afronta la
municipalidad por el aumento del caudal del Río Magdalena. Para el efecto,
formularon las siguientes pretensiones:

“SEGUNDO: Que entre otros en ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE
COORDINACIÓN, CONCURRENCIA Y SUBSIDIARIEDAD POSITIVA, se
disponga que los accionados, aporten, compartan y analicen los estudios
técnicos, diseños de solución y proyectos efectivos de obras ejecutadas y por
ejecutar con que cuenten o hayan realizado sobre La Dorada frente a sus
problemas de inundaciones y erosión por el río Magdalena, en especial, la
alcaldía municipal de La Dorada, la gobernación de Caldas, Cormagdalena,
Corpocaldas, al Fondo Adaptación y demás accionados que cuenten con
información al respecto en sus archivos o en otros archivos, para que definan
conforme a sus competencias y de manera activa los diseños definitivos de las
obras, fomentando el espacio público, la recreación, el deporte, la actividad de
pesca, el turismo y demás usos adecuados al espacio público. Si es del caso,
que asuman el costo de los diseños de obras que falten o puedan faltar, o en
su defecto, que el costo lo asuma el Fondo para la Defensa de Derechos e
Intereses Colectivos. Además, que todo esto se lleve a cabo en un término
prudencial haciéndose partícipe a la comunidad de todos los procesos
administrativos, presupuestales, de diseño, entre otros.

TERCERO: Que se disponga que los accionados con base en los diseños de
obras definitivos en atención a LOS PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN,
CONCURRENCIA Y SUBSIDIAREDAD POSITIVA, conforme a sus
competencias y de manera articulada ejecuten correctamente las acciones, las
medidas, la supervisión, la asesoría, el acompañamiento y demás medidas
pertinentes tendientes a la realización efectiva de las obras que cumplan los
parámetros legales y técnicos respectivos, además que todo esto se lleve a
cabo en un término prudencial. Como debe haber reubicaciones, que el Fondo
Adaptación, la alcaldía y demás accionados tomen las medidas al respecto, si
aún no lo han hecho.

CUARTO: Que los señores de las hidroeléctricas por favor coordinen entre sí,
el Municipio de La Dorada, Caldas, y demás autoridades pertinentes, a efectos
de que abran sus embalses de manera programada, gradual y controlada antes
que lo deban hacer de manera obligada, para lo cual tendrán en cuenta la
velocidad de llenado, el nivel del río, el nivel de los otros embalses, entre otros
factores que determinaran su incidencia en las inundaciones, para luego
incorporar también a los comités de riesgo de los que hacen parte o deberían
formar parte, para prevenir las inundaciones, la socavación y sus efectos en
contra del municipio.

QUINTO: se solicita al municipio, al Departamento y a la UNGRD y demás entes
competentes para que coordinadamente adopten las medidas de protección y
contingencia necesarias para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable con ocasión de las inundaciones y/o la erosión, de que puedan ser
objeto los habitantes de la zona, disponiendo en caso de ser necesario, de las
medidas de evacuación de la población más próxima a las riberas del río y el
suministro de la atención primaria y ubicación en zonas seguras.”3

3 Visible en el expediente digital disponible en Samai.

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1.2. Como sustento de las pretensiones adujeron que:

En el Municipio de La Dorada, en los últimos años, se han registrado inundaciones
en zonas aledañas al Río Magdalena. Esto debido a crecientes extraordinarias que
han desbordado las orillas, superando las cotas de corona de los muros y
estructuras existentes. Estas inundaciones han impactado gravemente a
numerosos barrios ribereños y han afectado la movilidad general de la población.

El problema se agravó durante los periodos comprendidos entre 2008 y 2011, y en
2017. Durante estos años, solo se ejecutaron dos (2) obras para mitigar los efectos
de la erosión, localizadas en los barrios Corea y Conejo. Sin embargo, dichas obras
han demostrado ser ineficaces y actualmente se encuentran en mal estado.

Desde hace varios años se han adelantado estudios para identificar las obras
necesarias que permitan contener la erosión. Entre éstos destaca un estudio
realizado por la Universidad Nacional, el cual recomienda la construcción de un
campo de espolones largos para mantener la acción directa de la corriente alejada
de las orillas. Además, sugiere la implementación de muros y diques, acompañados
de obras de manejo de aguas como compuertas, estaciones de bombeo y la
reubicación de viviendas fuera de la ronda hídrica.

La primera calle del municipio y varios de sus barrios presentan un alto grado de
erosión, incluyendo viviendas en riesgo. Sin embargo, las obras necesarias no se
han ejecutado o han quedado defectuosas debido a múltiples inconvenientes.

Otro factor que contribuye al problema de la erosión e inundaciones son las
represas. Durante las épocas invernales, el nivel del Río Magdalena se incrementa
debido a la apertura de compuertas de manera abrupta, lo que genera un aumento
súbito en el caudal del afluente, intensificando las afectaciones en la región.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN4

4 Todo el trámite de la acción de la referencia en la primera instancia se encuentra en Samai.

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2.1. La acción fue presentada el 13 de abril de 2018. Con auto de esa fecha el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales declaró falta de
competencia funcional y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas,
autoridad judicial que dispuso la admisión de la demanda en providencia de 3 de
mayo de 2018, al tiempo que decretó la medida provisional solicitada por la parte
actora5.

2.2. Empocaldas S.A. E.S.P.6 afirmó que las inundaciones en el Municipio de La
Dorada eran consecuencia de factores naturales y antrópicos, incluso contando con
infraestructura de gran envergadura, debido a su ubicación geográfica en una
terraza baja del Río Magdalena. Situación que se agravaba durante las fuertes
temporadas invernales, particularmente severas en los últimos años.

Comentó que la connotación geomorfológica del municipio dificultaba la evacuación
de aguas lluvias y residuales, debido a la limitada pendiente que puede darse a los
colectores. Además, las bajas cotas de entrega de aguas, sumadas al incremento
del caudal del río, generaban contraflujo a través del box culvert que atraviesa el
barrio La Egipciaca y zonas aledañas, ocasionando desbordamientos en sanitarias,
imbornales y alcantarillas.

Mencionó que, con recursos del Fondo Adaptación y en coordinación con el
municipio, se construyeron compuertas para impedir el reflujo, y una estación de
bombeo. Estas obras contribuyeron significativamente a mitigar la problemática,
logrando que el sistema de alcantarillado operara en óptimas condiciones. Añadió
que la erosión en las riberas era un fenómeno natural cuyo control y manejo
correspondía a Cormagdalena.

Asimismo, destacó que, con el objetivo de controlar las inundaciones, en 2013
contrató un estudio que identificó cuatro puntos críticos y estratégicos para la
interceptación del flujo, proponiendo la construcción de las respectivas estaciones
de bombeo: "Lavapatas", Bodegas Municipales, Las Villas y La Egipciaca. De estas,
financió la primera, con un costo de $20.414.479.743.

5 Ibidem.
6 Ibidem.

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Excepciones formuladas: (i) inexistencia de derechos colectivos vulnerados o
amenazados por Empocaldas S.A. E.S.P.; (ii) omisión probatoria por parte del actor
popular; (iii) ausencia de responsabilidad de Empocaldas S.A. E.S.P.; (iv) ausencia
de objeto de la acción; (v) improcedencia y caducidad de la acción popular,
inexistencia de vulneración o amenaza actual; (vi) insuficiencia probatoria, y (vii)
falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. Corpocaldas7 precisó que celebró el contrato de consultoría No. 163-2012,
cuyo objeto fue realizar: “Modelos hidrológicos e hidráulicos de zonificación de la
amenaza por inundación en el Municipio de La Dorada”. Además, manifestó que
ejecutó el convenio No. 166-2016 con Empocaldas y el Municipio de La Dorada para
la construcción de un interceptor a lo largo de la carrera 2, entre las calles 19 y 24,
con el fin de mejorar la capacidad hidráulica de la tubería existente. También señaló
que firmó el convenio interadministrativo No. 21092017-0693 con la Gobernación
de Caldas, cuyo ejecutor fue la Universidad Nacional, para realizar los estudios y
diseños del malecón de La Dorada, así como de las obras hidráulicas y civiles
destinadas a la protección y mitigación de riesgos por inundación y erosión de
orillas, entre los sectores del parque del barrio El Conejo y la Estación del Ferrocarril
La María.

Explicó que, a raíz de la ola invernal de 2017, se configuró un riesgo de inundación
en el Municipio de La Dorada, afectando directamente la infraestructura urbana de
varios barrios y a sus habitantes. Las lluvias en la parte alta y media de la cuenca
del Río Magdalena generaron un aumento gradual del nivel medio del río,
alcanzando niveles históricos que provocaron inundaciones y un incremento
significativo en los procesos de socavación lateral de las márgenes del cauce. En
algunos sectores, las inundaciones ocurrieron debido al reflujo generado a través
de los descoles de la red de alcantarillado. Señaló que muchos de los barrios
afectados se encuentran dentro de la franja de protección del Río Magdalena, lo
que incrementa su susceptibilidad a inundaciones durante la época invernal.

Asimismo, refirió los artículos 56 de la Ley 9 de 1989, 76 de la Ley 715 de 2001, 65
de la Ley 99 de 1993, 5 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 311, 313 y 314 de la
Constitución, para enfatizar que correspondía al municipio garantizar el adecuado

7 Ibidem.

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uso del suelo y controlar actividades que potencialmente comprometían la
estabilidad de los taludes o incrementaban el riesgo en zonas inundables.

También mencionó las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 para destacar que las
autoridades ambientales tenían una función de apoyo, mientras que la gestión del
riesgo y las labores específicas de mitigación correspondían a las entidades
territoriales.

Resaltó que, a pesar de la construcción de interceptores, el problema persiste
debido al reflujo de aguas que ingresa por la red de alcantarillado, ocasionando
inundaciones. En todo caso, la entidad está a la espera de los resultados del
convenio con la Universidad Nacional para obtener propuestas de obras orientadas
a mitigar el riesgo de socavación de orillas en los sectores contratados.

Formuló como excepción la que denominó: cumplimiento integral de las funciones
asignadas por la Ley 1523 de 2012 a las Corporaciones Autónomas Regionales.

2.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público8 planteó las excepciones de
falta de legitimación en la causa por pasiva e indebida representación de la Nación.

2.5. El Departamento de Caldas9 señaló que su intervención procede en virtud
de los principios de concurrencia y subsidiariedad, cuando el ente municipal no
puede atender por sí mismo la problemática. Sin embargo, en el caso bajo estudio
esa situación no resultaba aceptable, dado que el municipio respondía con la
gestión de su propio presupuesto. Informó que se suscribió un convenio con
Corpocaldas para el diseño de las obras y la estimación del presupuesto del
malecón de La Dorada. Este convenio incluía la planificación de las obras
hidráulicas y civiles necesarias para la protección y mitigación de riesgos por
inundación y erosión de orillas, abarcando los sectores comprendidos entre el
parque del barrio El Conejo y la estación del ferrocarril La María. Propuso las
excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, y (ii) inexistencia de
responsabilidad y vulneración de derechos colectivos por parte del Departamento
de Caldas.

8 Ibidem.
9 Ibidem.

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2.6. El Municipio de La Dorada10, con relación a los hechos, aceptó que la
inundación que afectó los barrios mencionados por el accionante ocurrió en el año
2011. Asimismo, reconoció que parte de la afectación expuesta se originó en una
obra de mitigación realizada en el Municipio de Puerto Salgar, la cual alteró la
dinámica fluvial debido al choque de las aguas con el espolón, provocando su
devolución hacia la orilla y causando socavación e inundación en el municipio. Para
contener la socavación, comentó que el municipio ejecutó diversas obras de
mitigación desde el barrio Corea hasta el barrio El Conejo, tales como espolones y
muros de contención.

Explicó que, a lo largo de los años y como evidencian las fotografías aportadas, el
meandro del río sobre el cual se encuentra el municipio cambió su morfología, lo
que generó la problemática actual.

Informó que suscribió un convenio con la Universidad Nacional para estudiar el
problema en el sector. De este convenio derivó otro entre Corpocaldas y la
Gobernación de Caldas, ejecutado por la misma universidad, cuyo objetivo buscaba
realizar estudios para diseñar un malecón turístico y proponer una protección tipo
“jarillón” lateral que permitiera disipar los efectos erosivos del Río Magdalena.

En cuanto a la construcción de espolones, indicó que entre el diseño y la ejecución
de las obras transcurrieron más de cinco años, lo que ocasionó que al momento de
construirlos la socavación ya había avanzado considerablemente. Esto obligó a
acortar los espolones para utilizar el material previsto como relleno del suelo
perdido.

Adicionalmente, puso de presente que se construyeron viviendas para la
reubicación de las familias ubicadas en zonas de riesgo y se propusieron estaciones
de bombeo en cuatro puntos estratégicos. Sin embargo, estaba esperando el
resultado final del estudio de la Universidad Nacional para implementar soluciones
definitivas.

Concluyó que las inundaciones eran un proceso natural que ocurría debido al
aumento de los niveles del río, afectando las zonas bajas donde parte del municipio

10 Ibidem.

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fue construido, resultado de una deficiente planeación. Por su parte, la erosión es
producto del incremento en la velocidad del río.

Con todo, enunció las excepciones que denominó inexistencia de violación de
derechos colectivos y violación a la carga de la prueba.

2.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible11 manifestó que la
entidad encarga de la administración de los recursos naturales en el área era
Cormagdalena. Además, trajo a colación las funciones pertinentes de las
corporaciones autónomas regionales, de los departamentos y municipios; explicó
los elementos de la responsabilidad: el daño, la actuación o la omisión de la
autoridad y el nexo de causalidad, para concluir que no existían pruebas de
responsabilidad en contra de la entidad, siendo su función principal fijar políticas
ambientales a nivel nacional.

2.8. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres12 afirmó que
la gestión local del riesgo corresponde a las entidades territoriales y los asuntos
ambientales a las corporaciones autónomas regionales. Formuló la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva. Para ello, sostuvo que, conforme con
la Ley 1523 de 2012, era competencia de cada ente territorial gestionar sus propios
asuntos, entre ellos, la implementación y ejecución de la política pública de gestión
del riesgo de desastres en sus respectivos territorios. Así, de acuerdo con las
competencias asignadas por los artículos 12, 13, 14 y 31 de la citada ley,
correspondía al alcalde del Municipio de La Dorada implementar las acciones
necesarias para la gestión del riesgo de desastres dentro de su jurisdicción.

2.9. EMGESA13 alegó las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; (ii) ausencia de vulneración de derechos colectivos; (iii) cumplimiento de las
obligaciones legales, técnicas y administrativas en la operación de los embalses de
Betania y el Quimbo, e (iv) inexistencia de responsabilidad.

2.10. EPSA S.A. E.S.P.14 formuló las excepciones de: (i) improcedencia de la
acción popular ante la inexistencia de violación o amenaza a derechos colectivos,

11 Ibidem.
12 Ibidem.

13 Ibidem.
14 Ibidem.

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(ii) “hechos de la naturaleza no son oponibles a EPSA SA ESP”, (iii) “improcedencia
de la acción popular en contra de EPSA SA ESP al no contar con facultades
administrativas de policía para la reubicación de personas en zonas de riesgo”, y
(iv) “improcedencia de la acción popular al presentarse el hecho de un tercero de
permitir asentamientos humanos en laderas del río”.

2.11. El Fondo Adaptación15 argumentó que, respecto de la situación fáctica y
jurídica expuesta por los accionantes, la entidad carecía de competencias diferentes
a las señaladas en el Decreto 4819 de 2010; y que, en relación con el proyecto
presentado por Corpocaldas, que no fue priorizado, se informó al director de la
autoridad ambiental que la postulación denominada “Restauración de franjas
protectoras y control de inundaciones en el Municipio de La Dorada Caldas” fue
calificada en prioridad 3, por lo que no sería financiada, puesto que solo financiaban
las propuestas clasificadas con prioridad 1. Formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

2.12. El IDEAM16 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

2.13. Cormagdalena17 expuso que su objeto era adelantar acciones y proyectos
para la administración adecuada de los recursos naturales que rodean al Río
Magdalena, de modo que se garantice su conservación y utilización adecuada para
la navegación.

Afirmó que la problemática expuesta es de causa natural y, por ende, no es posible
mitigarla en un 100%. En todo caso, señaló que la entidad carecía de legitimación
en la causa por pasiva porque no estaba llamada a responder por los hechos
invocados en la demanda, puesto que ellos referían a obras que le correspondía
realizar al municipio.

De ese modo, citó las funciones legales que le fueron asignadas precisando que no
es autoridad ambiental, pues le corresponde el control y recuperación de la cuenca
hídrica y la gestión portuaria.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Ibidem.

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Por último, explicó que las obras de infraestructura que requieren los municipios
ribereños se manejan a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión
OCAD, que evalúa, viabiliza, aprueba y define la conveniencia y oportunidad con
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

2.14. El 18 de diciembre de 2019, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto
de cumplimiento18.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 18 de abril de 2022,
otorgando la protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres; ausencia de responsabilidad, ausencia de
objeto de la acción, inexistencia de responsabilidad, inexistencia de derechos
colectivos vulnerados o amenazados, insuficiencia probatoria y falta de
legitimación en la causa alegadas por Empocaldas SA ESP; falta de
legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de responsabilidad y de la
obligación formuladas por el Departamento de Caldas; falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por el Fondo Adaptación; inexistencia de
violación a derechos colectivos y de violación a la carga de la prueba propuestas
por el Municipio de La Dorada; falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por Cormagdalena y falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de
cumplimiento integral de las funciones que le asigna la ley 1523 de 2012 a las
Corporaciones Autónomas Regionales, propuesta por Corpocaldas.

TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva (material) alegada por EMGESA SA ESP y por el IDEAM; y
de improcedencia de la acción popular ante inexistencia de violación o amenaza
a derechos colectivos por parte de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA
SA ESP.

CUARTO: DECLARAR QUE EL FONDO ADAPTACIÓN, LA UNIDAD
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-, EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, EL MUNICIPIO DE LA DORADA, LA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -EMPOCALDAS SA ESP
incurren en violación al derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente.

18 Ibidem.

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QUINTO: En consecuencia, ORDENAR:

1. La recuperación de la faja protectora forestal correspondiente a la ronda
hídrica a través del acotamiento y la reforestación de la misma, tanto del río
Magdalena a su paso por el Municipio de La Dorada como de los caños y demás
afluentes de éste dentro del mismo municipio.

ENTIDADES OBLIGADAS: Cormagdalena y Corpocaldas. Para realizar el
acotamiento se concede un plazo de tres (3) meses a partir de la ejecutoria de
esta sentencia, y la reforestación deberá iniciarse a partir de la ejecutoria de
esta sentencia en las zonas sin construcción; en tanto en las zonas con
construcción la reforestación se iniciará en la medida que se despeje la zona
por la reubicación de las viviendas.

2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la
faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente
procedimiento:

2.1. Se deberá realizar un censo de las familias asentadas en faja protectora
forestal correspondiente a la ronda hídrica acotada conforme a la orden anterior
y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación, identificando a quien funja
como cabeza de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble. Lo
anterior deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, dejando el correspondiente soporte documental.

2.2. De manera concomitante, dentro de los seis (6) meses siguientes el
Municipio deberá estructurar y promover ante las autoridades nacionales
competentes un plan de vivienda subsidiado, de conformidad con las normas
que regulan la materia para la reubicación de las familias identificadas conforme
al numeral 2.1. Se ofrecerá una solución de vivienda por cada una de las
viviendas a reubicar sin importar los grupos familiares que las habiten
actualmente.

2.3. El plan anterior deberá ejecutarlo a más tardar dentro de las tres vigencias
fiscales siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

2.4 En caso de que alguna de las familias objeto del plan de vivienda, no lo
acepten, deberá proceder al desalojo de las mismas de conformidad con las
normas de policía.

2.5. En tanto se cumple lo anterior, a partir de la fecha de notificación de esta
sentencia se deberá realizar un monitoreo permanente del río Magdalena a su
paso por el Municipio de La Dorada con el fin de evitar nuevos asentamientos y
de tomar las medidas de emergencia que se requieran ante una eventual
creciente del rio, incluido el desalojo de los inmuebles en alto riesgo y demás
que determine el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

ENTIDADES OBLIGADAS: El municipio de La Dorada, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación.

3. Concluir la construcción del enrocado (rip rap) de acuerdo con las
especificaciones técnicas determinadas en el estudio de la Universidad
Nacional que los viabilizó, como medida para el control de la erosión. Lo anterior
en la totalidad de los tramos la margen del río sobre el municipio de La Dorada
que requieran dicho enrocado.

ENTIDAD OBLIGADA: El departamento de Caldas. Para el efecto se le concede
un plazo de ocho (8) meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

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4. Construir la obra que se determine como solución para eliminar los 48
descoles que vierten al río Magdalena y las estaciones de bombeo proyectadas
(calle 17, La Egipciaca y Las Villas) de conformidad con el rediseño o
recomendación de la necesidad de las mismas que arroje la consultoría
adelantada por el ingeniero Juan David Jaramillo.

ENTIDAD OBLIGADA: Empocaldas SA ESP. Para el efecto, se le concede el
término de tres (3) años a partir del 31 de diciembre de 2022.

5. La realización de una campaña ciudadana sobre el manejo y disposición final
de los residuos sólidos, y la imposición del comparendo ambiental a los
infractores de la ley.

ENTIDAD OBLIGADA: El municipio de La Dorada de conformidad con el artículo
12 de la ley 1259 de 2008.

Para la realización de la campaña educativa ciudadana se le concede el término
de cuatro meses a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. La imposición
del comparendo ambiental es una competencia legal de carácter permanente.

SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por la Magistrada Ponente, el señor
Procurador Judicial 28 Judicial II adscrito a Despacho, el representante legal de
Cormagdalena o un delegado, quien lo presidirá y coordinará, el representante
legal de Corpocaldas o un delegado; el Gobernador del departamento de
Caldas o un delegado, el Alcalde del municipio de La Dorada o un delegado y
el accionante; de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472
de 1998, quienes se reunirán por convocatoria de quien lo preside a petición de
cualquiera de sus integrantes, harán seguimiento a lo ordenado e informarán al
Tribunal sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

SÉPTIMO: SE ORDENA la publicación de la parte resolutiva de la presente
sentencia en un diario de amplia circulación nacional a cargo del municipio de
La Dorada. Hecho lo anterior deberá enviar constancia de la publicación con
destino al expediente.

OCTAVO: Para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por la
Secretaría del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y
del presente fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de
Acciones Populares y de Grupo.

NOVENO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias
previas las anotaciones respectivas en el sistema SIGLO XXI.”19

3.2. En primer lugar, el Tribunal afirmó que las pruebas documentales y
testimoniales demostraban que:

➢ La socavación de las orillas del río se ha acelerado considerablemente en
los últimos años, influenciada en gran parte por el aumento significativo del

19 Ibidem.

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caudal debido a las torrenciales y recurrentes lluvias asociadas al cambio
climático.

➢ Dentro de los 30 metros de la franja de protección a orillas del río, se han
construido viviendas, a pesar de que la Universidad Nacional recomendó
desde 2011 su reubicación y la prohibición de nuevas construcciones en ese
tramo. Esta recomendación fue reiterada en 2013 tras un estudio contratado
por el municipio.

➢ En 2013, la Universidad Nacional identificó 48 descoles de aguas
residuales que descargan directamente al río, lo que genera inundaciones
recurrentes por el efecto de "reflujo". Esta situación persiste según las
pruebas testimoniales. En ese mismo año, se recomendó la construcción de
un colector paralelo al Río Magdalena para recoger estas descargas.

➢ La antigüedad y limitada capacidad de las redes de alcantarillado
contribuyen al colapso de estas durante lluvias intensas, agravado por la baja
pendiente de las tuberías.

➢ La práctica indiscriminada de arrojar basura de todo tipo (plásticos,
colchones, llantas, animales, entre otros) a las alcantarillas y vías refleja una
carencia de cultura ciudadana y la inacción de la autoridad municipal para
corregir esta problemática.

Además, el juez de primera instancia resaltó que varios testigos técnicos señalaron
que el cambio climático agravaba la problemática de las inundaciones, ya que los
eventos de lluvia eran cada vez más frecuentes, intensos y prolongados. Y que, de
no adoptarse medidas efectivas para mitigar y solucionar de fondo la situación, no
solo continuaría, sino que también podía correrse el riesgo de desperdiciar la
significativa inversión económica realizada hasta ahora en estudios, diseños y
obras.

3.3. En consecuencia, el Tribunal consideró vulnerado el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. Advirtió que, pese a

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que esta problemática persistía desde hace más de una década, no se habían
completado las acciones necesarias para mitigarla.

3.4. En segundo orden, a partir de los hechos probados, el a quo concretó las
causas de la problemática: (i) la socavación en el cauce del río, (ii) el reflujo de las
aguas servidas cuando aumenta el caudal, y (iii) las inundaciones que genera en la
margen urbanizada del río.

3.5. En tercer lugar, relacionó las pruebas que acreditaban las acciones
desarrolladas en los últimos años por algunas de las accionadas, con miras a
detener la socavación y evitar las inundaciones. Por ejemplo, Cormagdalena
contrató con la Universidad Nacional un estudio sobre los sectores Bucamba, El
Conejo, Las Delicias, Corea y Buenos Aires. Por su parte, Corpocaldas elaboró
estudios detallados de riesgo para el municipio, que fueron incorporados en el
Esquema Básico de Ordenamiento Territorial de La Dorada. Además, el
Departamento de Caldas incluyó el tema de las inundaciones en su Plan
Departamental de Gestión del Riesgo y destinó recursos para el empedrado (rip rap)
que protege las orillas del río contra la socavación. El municipio contrató estudios
para obras hidráulicas a orillas del río, ejecutó algunas de estas obras y
posteriormente revisó dichas intervenciones. Empocaldas desarrolló estudios y
diseños para el manejo de aguas lluvias y el control de inundaciones en cuatro
sectores de la ciudad, construyó el interceptor del barrio Obrero y la estación de
bombeo del Caño Lava Patas y realizó varias obras de reposición de alcantarillados
con colectores y tuberías de mayor capacidad. También contrató la consultoría para
la segunda fase del Malecón. El Fondo Adaptación, por su parte, aportó recursos
para la estación elevadora del Caño Lava Patas. De manera coordinada, el
Municipio de La Dorada, Corpocaldas y Empocaldas financiaron la rehabilitación del
interceptor del barrio Obrero. Asimismo, el Departamento de Caldas y Corpocaldas
contrataron estudios para la construcción del Malecón de La Dorada y obras de
protección entre el barrio El Conejo y la estación del ferrocarril.

3.6. Así, entendió que las entidades involucradas conocían la problemática, sus
causas y consecuencias.

3.7. Luego, el Tribunal centró su estudio en la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada por varias de las entidades demandadas. Para ello,

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analizó las competencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Empocaldas, el Departamento de Caldas, Emgesa, el Fondo
Adaptación, Cormagdalena, el IDEAM y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3.8. Respecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y
Departamento de Caldas coligió que ambas entidades tenían responsabilidades en
la gestión del riesgo debido a su papel en la coordinación y ejecución de políticas
de prevención y la atención de desastres. Dedujo que la Unidad era responsable de
la planificación y ejecución de estrategias de mitigación, mientras que el
Departamento debía implementar estas políticas a nivel local.

3.9. En cuanto a Empocaldas sostuvo que, como empresa de servicios públicos,
estaba en la obligación de realizar el mantenimiento de las redes de alcantarillado,
cuyo mal estado contribuía a las inundaciones.

3.10. De Emgesa, como operadora de la central hidroeléctrica de Betania,
manifestó que, si bien debía regular el caudal del Río Magdalena, la apertura de
compuertas no generaba como consecuencia directa las inundaciones pues la
distancia de quinientos (500) kilómetros desde la represa hasta el Municipio de La
Dorada, cuyo tiempo de recorrido del caudal era de aproximadamente 56 horas,
tornaba en improbable que la magnitud del caudal originara las inundaciones en la
ribera del río. Por esa razón, declaró probada la excepción alegada por Emgesa.

3.11. Sobre el Fondo Adaptación indicó que fue creado para la recuperación de
zonas afectadas por desastres y, en esa medida, le correspondía ejecutar proyectos
de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático.

3.12. De Cormagdalena dijo que, por encargarse de la gestión ambiental del Río
Magdalena, estaba legitimada en la causa por pasiva debido a su papel en la
protección y control de inundaciones en la cuenca.

3.13. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no logró probar su
excepción y determinó que tiene un papel activo en la gestión del riesgo, ya que
debe garantizar recursos para la prevención y atención de desastres.

3.14. En relación con el IDEAM infirió que carecía de responsabilidad en la
situación que originó la acción popular, ya que su función se circunscribía a obtener

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y divulgar información, no ejecutar acciones de mitigación. Por esa razón, declaró
probada la excepción formulada por el IDEAM.

3.15. De forma posterior, previo a determinar las responsabilidades de cada una
de las accionadas y las ordenes consecuentes con miras a la protección de los
derechos colectivos, el Tribunal aludió a los principios que en materia de gestión del
riesgo dispone el artículo 3 de la Ley 1532 de 2012, coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.

3.16. Así, dada la complejidad de la gestión del riesgo de desastres en el Municipio
de La Dorada, que exigía de una acción coordinada entre diversas entidades para
abordar eficazmente los problemas de inundaciones, el juez de primera instancia
resaltó que persistían desafíos significativos que requerían soluciones integrales y
sostenibles.

3.17. Enseguida, precisó las órdenes a impartir en la parte resolutiva y la
conformación del Comité de verificación.

3.18. Por último, dispuso que no emitiría condena en costas.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. El Municipio de La Dorada20 presentó recurso de alzada teniendo en
consideración los argumentos que se sintetizan enseguida:

Señaló que el municipio no dispone de los recursos financieros para llevar a cabo
las órdenes impuestas por la sentencia, que incluyen la reubicación de
asentamientos humanos en áreas de riesgo y la implementación de un plan de
vivienda subsidiado.

Alegó que la reubicación de asentamientos y la adjudicación de viviendas son
responsabilidades que corresponden al Ministerio de Vivienda y a otras entidades.

20 Ibidem.

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Aseveró que las órdenes resultaban inviables toda vez que desconocían las
limitaciones presupuestales y administrativas del municipio.

Finalmente, solicitó que se practicara una visita técnica para verificar las
condiciones sociológicas y las competencias administrativas del municipio, pues
afirmó que de esa forma se podría proporcionar un contexto adicional sobre la
situación y las capacidades del ente territorial para cumplir con las órdenes del fallo.

4.2. El Departamento de Caldas21 sostuvo que cumplió con sus competencias en
materia de gestión del riesgo de desastres y que no puede intervenir más allá de lo
que la ley le permite para concluir la construcción del enrocado (rip rap), de acuerdo
con las especificaciones técnicas determinadas en el estudio de la Universidad
Nacional, como medida para el control de la erosión, ya que la responsabilidad de
identificar y atender las zonas afectadas recae en los municipios. Refirió un
pronunciamiento de la Sección Primera del Consejo de Estado22 sobre el particular
y el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, de los cuales se puede inferir que los
alcaldes son responsables de implementar procesos de gestión del riesgo en sus
jurisdicciones.

4.3. Corpocaldas23 cuestionó la orden impartida por el Tribunal relacionada con la
recuperación de la faja forestal protectora de la ronda hídrica del Río Magdalena.
Para ello, trajo a colación diferentes referencias normativas24 que, en su criterio,
disponen que la protección de las áreas naturales y las fajas forestales es una
obligación del Estado y de los municipios, por tratarse de zonas de espacio público.
Al mismo tiempo, afirmó que, cuando el cuerpo de agua atraviesa predios ribereños,
los propietarios de aquellos estaban encargados de su cuidado.

21 Ibidem.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida

el 13 de noviembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación 17001-23-33- 000-
2012-00286-01, C.P. María Elizabeth García González.
23 Ibidem.

24 Citó: El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,

Decreto 2811 de 1974, artículos 80, 83 y 118, el Decreto 1077 de 2015 (Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), artículos 2.2.3.1.1.,
2.2.3.1.5., 2.2.3.2.1., 2.2.3.3.3., el Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), artículos 2.2.5.1.6.4. y
2.2.1.1.18.2., el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 311 y 314 de la Constitución Política.

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Agregó que es deber del Estado y de los municipios garantizar la integridad del
espacio público, priorizando su uso común sobre intereses particulares. Mencionó
que los municipios pueden contratar entidades privadas para la administración y
mantenimiento del espacio público, pero esto no debe restringir el acceso de la
ciudadanía a dichas áreas.

En suma, solicitó que se revocara el numeral de la parte resolutiva de la sentencia
que ordenó a Corpocaldas realizar la reforestación de una faja forestal en el Río
Magdalena, argumentando que esta obligación no debería recaer sobre la
corporación.

4.4. Cormagdalena25 insistió en que se declarara probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Discutió que se le impusiera una responsabilidad específica respecto de la
recuperación de la faja forestal protectora de la ronda hídrica del rio, comoquiera
que esa actividad le correspondía al Municipio de La Dorada.

Además, pidió que se revocara la designación del representante legal de la entidad
como autoridad para presidir y coordinar el Comité de Verificación de cumplimiento
del fallo.

4.5. El Fondo Adaptación26 precisó que la inconformidad con la decisión judicial de
primera instancia recaía de manera exclusiva en el ordinal quinto, numeral 2, de la
parte resolutiva de la sentencia. Así, solicitó ser excluido de responsabilidades en
la reubicación de asentamientos humanos, explicando que su función se limitaba a
asesorar al municipio y que carecía de recursos para nuevos proyectos. En
concreto, señaló que “tiene la competencia y los recursos necesarios para atender
la fase 3 de atención a la emergencia invernal Fenómeno de La Niña 2010-2011, no
siendo este el caso de la problemática que dio origen a esta acción popular”.

Agregó que se debía tener en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1523 de 2012
establece los objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
En este marco, los artículos 9 y 12 de dicha norma definían que el alcalde es el

25 Ibidem.

26 Ibidem.

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20

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responsable de dirigir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a
nivel municipal, dentro de su respectiva jurisdicción. Asimismo, el artículo 13
precisaba que competía a los gobernadores implementar los procesos de
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial. El mencionado artículo también establecía que los
gobernadores y la administración departamental eran responsables de coordinar los
municipios dentro de su territorio, asumiendo competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva con respecto a los municipios de su
departamento, según lo dispuesto en el parágrafo 2 del mismo artículo.

En consecuencia, anotó que las entidades territoriales que integran el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres eran las únicas responsables
de cumplir lo ordenado en el numeral 2, ordinal 5, de la sentencia.

Concluyó reiterando la solicitud de declarar probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

4.6. La UNGRD27 advirtió que existía una incongruencia entre la parte considerativa
y la resolutiva de la sentencia de primera instancia, puesto que en la primera el
Tribunal señaló que a la Unidad “le corresponderá acompañar a la administración
del Municipio de la Dorada en formulación y promoción del plan de vivienda ante las
entidades nacionales competentes en la materia hasta lograr su materialización”,
mientras que en la segunda la señaló como responsable de la reubicación de los
asentamientos humanos situados dentro de la faja protectora forestal
correspondiente a la ronda hídrica.

Expresó que, del marco jurídico de competencias de las autoridades municipales en
asuntos de gestión del riesgo de desastres, se desprendía que al Municipio de La
Dorada le corresponde, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de
su territorio y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, toda vez
que se encontraba constitucional y legalmente facultada para administrar y ordenar
su territorio.

27 Ibidem.

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21

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4.7. Empocaldas28 argumentó que asumir las obras de mitigación de inundaciones
tendría un impacto económico significativo para los usuarios del servicio, puesto
que aumentaría la tarifa de alcantarillado un trescientos ochenta y cinco por ciento
(385%).

Para soportar su afirmación solicitó que se incorporaran como prueba los
documentos “Respuesta al Impacto en la factura del municipio de La Dorada al
implementar obras de inversión, realizada por el experto en consultoría de
regulación y financiera Diego Fernández de la firma ECONTEC, realizada el 20 de
abril de 2020”, y el “Contrato N°. 040 del 14 de enero de 2022, suscrito entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y ECONTEC CONSULTORES S.A.S.”, con el objeto de
“DEMOSTRAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, LA
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A. ESP, EN LA OBRAS
ORDENAS POR EL AQUO EN EL FALLO RECURRIDO, EN TANTO RESULTA DE
IMPOSIBLE FINANCIERA DE COSTEARLAS LA EMPRESA Y SER
RECUPERADAS VIA TARIFA CON LOS SUSCRIPTORES DE LA DORADA.”.

Por otra parte, destacó que Cormagdalena, creada por la Ley 161 de 1994 y el
artículo 331 de la Constitución Política, es un ente corporativo especial del orden
nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Tiene como
objetivo principal la recuperación de la navegación, la actividad portuaria, la
conservación de tierras, la generación de energía, el aprovechamiento sostenible y
la preservación ambiental en la cuenca del Río Magdalena.

De acuerdo con el artículo 4° de la Ley 161 de 1994, Cormagdalena tiene facultades
para coordinar y supervisar el ordenamiento hidrológico y el manejo integral del Río
Magdalena, en armonía con las políticas ambientales nacionales. También lidera la
coordinación con otras corporaciones autónomas regionales en temas relacionados
con la reforestación, la contaminación de aguas y las restricciones artificiales de
caudales. Asimismo, participa en la planificación y regulación para un manejo
adecuado y coordinado de la cuenca hidrográfica.

Por lo anterior, entendió que Cormagdalena tiene la competencia legal para
intervenir en situaciones que afecten el comportamiento del río, ya sean de origen

28 Ibidem.

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natural o antropogénico, como las restricciones de caudales generadas por
embalses o represas. En este contexto, consideró que competen a la citada
autoridad las inundaciones y problemas vinculados al manejo integral del Río
Magdalena.

Finalmente, mencionó que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) que gestionan no incluye el control de inundaciones, pues el objetivo de
ese tipo de planes (artículo 1º de la Resolución1433 de 2004) se relaciona con la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial.

En este aspecto puntualizó que el PSMV no es un instrumento desarrollado para el
transporte de precipitaciones ni para el control de inundaciones, su objetivo principal
es el saneamiento de los vertimientos, es decir, reducir la cantidad de contaminación
vertida por el sistema de alcantarillado a los cuerpos receptores a través de la
eliminación del número de vertimientos puntuales y la posterior construcción de una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA29

5.1. Mediante auto del 10 de mayo de 2024, el Despacho Sustanciador: (i) admitió
los recursos de alzada, (ii) decretó como prueba en segunda instancia, la
denominada “Respuesta al Impacto en la factura del municipio de La Dorada al
implementar obras de inversión”, aportada por Empocaldas, y (iii) negó el decreto
de las pruebas denominadas “comisión visita técnica al municipio para verificar las
condiciones sociológicas, así como las competencias administrativas frente a la
solución de la problemática advertida” y el Contrato nro. 040 del 14 de enero de
2022, solicitadas por el Municipio de la Dorada, Caldas y Empocaldas,
respectivamente.

De la providencia del 10 de mayo de 2024, respecto de la prueba que se incorporó,
es importante resaltar lo siguiente:

“Así las cosas, frente al punto de falta de legitimación por pasiva, el Despacho
advierte que tanto la “Respuesta al Impacto en la factura del municipio de La

29 Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.

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Dorada al implementar Obras de inversión, realizada por el experto en
consultoría de regulación y financiera Diego Fernández de la Firma ECONTEC”
como el Contrato nro. 040 de 14 de enero de 2020, no tienen conexión con el
objeto del recurso, toda vez que con tales documentos, Empocaldas pretende
demostrar que no es competente o que no se encuentra llamada a responder
por los hechos que generaron la controversia. Dicho de otra forma, las pruebas
allegadas no permiten corroborar si la entidad demandada se encuentra
facultada o no para dar solución a la situación de vulneración de los derechos
colectivos invocados, pues como se pudo evidenciar los archivos buscan
exponer las consecuencias tarifarias que generaría la construcción de nuevas
obras en el mencionado territorio, más no van dirigidas a exhibir las razones por
las cuales la sociedad prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado no
es la responsable de atender la problemática relacionada con las inundaciones
que se generan en el Municipio de La Dorada, con el aumento del caudal del
Río Magdalena en épocas de lluvia. Por lo tanto, no son útiles, conducentes y
pertinentes frente a ese aspecto.

Ahora, en relación con la ausencia de responsabilidad, si bien la apelante busca
evidenciar que la competente para ejecutar las obras ordenadas en el fallo
impugnado es la alcaldía de La Dorada, también pretende exponer las
consecuencias que se generarían si fuera ella la encargada de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Caldas y para ello, allegó el
documento “Respuesta al Impacto en la factura del municipio de La Dorada al
implementar Obras de inversión, realizada por el experto en consultoría de
regulación y financiera Diego Fernández de la Firma ECONTEC”, en el que se
analiza el incremento que sufrirían las tarifas del servicio de acueducto y
alcantarillado en el mencionado territorio, puesto que la empresa no cuenta con
los suficientes recursos para la ejecución del mismo, lo que implica transferir
parte de los gastos de inversión a los usuarios. Así las cosas, el Despacho
considera que es útil, conducente y pertinente el mencionado archivo para
probar el argumento expuesto en la alzada.”

Por medio de auto del 26 de junio de 2024, el Despacho Sustanciador corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días para que
presentaran por escrito sus alegatos de conclusión en esta instancia y el respectivo
concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998,
en concordancia con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, el cual fue modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO EPSA S.A. – ESP hoy CELSIA
COLOMBIA S.A., Corpocaldas, Cormagdalena, el Municipio de La Dorada,
Empocaldas, el IDEAM y el Fondo Adaptación intervinieron para reiterar los
argumentos que previamente expusieron en el curso del proceso de la referencia.

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5.2. Mediante auto del 6 de junio de 202530, el Despacho Sustanciador ordenó a
a Empocaldas que remitiera copia del informe técnico presentado por Juan David
Jaramillo, ingeniero civil, especialista en ingeniería hidráulica y ambiental, como
resultado de la consultoría adelantada para establecer las soluciones alternativas a
la problemática que presentan los descoles del proceso de la referencia. Además,
se ordenó a la Secretaría General que, una vez sea cumplido lo anterior, corriera el
traslado respectivo a las partes.

5.2.1. Con memorial del 18 de junio de 202531, Empocaldas informó que la
documentación técnica correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES
DE ALCANTARILLADO PSMV LA DORADA, SECTOR MALECÓN LA EGIPCIACA
– LA BARRIGONA”, elaborada como resultado de la consultoría adelantada por el
ingeniero Jaramillo, se encuentra disponible a través del siguiente enlace: (…) En
el archivo digital se incluyen, entre otros, los siguientes componentes:
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO (PLANES DE DESARROLLO,
PROYECCIONES DANE Y INSUMOS BASE); DISEÑO HIDRÁULICO
(DIAGNÓSTICO ALCANTARILLADO EXISTENTE, DISEÑO FINAL Y MEMORIAS
DE CÁLCULO); DISEÑO ESTRUCTURAL (DESPIECES ALIVIADEROS,
ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANOS DE DETALLE); ESTUDIOS DE SUELO
(ENSAYOS DE LABORATORIO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE
DETALLE); PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)
(INFORME PSMV DE LA DORADA); TOPOGRAFÍA (CARTERAS DE CAMPO Y
PLANOS DE DETALLE); PRESUPUESTO (MEMORIAS DE CANTIDADES Y
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS); ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y
PRESENTACIÓN RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS.

5.2.2. En memorial del 27 de junio de 202532, Empocaldas agregó que la consultoría
desarrollada por el Ingeniero Juan David Jaramillo, con el fin establecer las
alternativas de solución a la problemática que se presentan en los descoles del
municipio de la Dorada, da claridad que no es un factor generador de las
inundaciones en tanto quedó acreditado que las inundaciones se presentan cuando

30 Visible en el índice 69 de Samai.

31 Visible en el índice 78 ibidem.

32 Visible en el índice 82 ibidem.

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crece el nivel del río Magdalena, por periodos de altas precipitaciones, más no por
la falta de interceptores – colectores del sistema de alcantarillado.

Enseguida explicó que existía un número determinado de descoles por eliminar,
cifra que ha disminuido hasta la fecha. Los descoles actualmente existentes están
proyectados para ser intervenidos en la medida en que lo permitan las capacidades
técnicas y financieras, toda vez que hacen parte de las actividades y obras
contempladas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aprobado por
Corpocaldas. Su ejecución se encuentra prevista dentro de un horizonte temporal
definido en el cronograma presentado por la Empresa que represento y aprobado
por la Corporación Autónoma Regional de Caldas.

Más adelante, comentó que, de acuerdo con el estudio realizado por el ingeniero
Juan David Jaramillo, se identificaron tres (3) alternativas para abordar la
problemática de los descoles de aguas residuales en el municipio, específicamente
en el sector Malecón La Egipciaca – La Barrigona. La primera alternativa contempla
una estación de bombeo equipada con bombas sumergibles; la segunda prevé la
instalación de una estación de bombeo con bombas sumergibles y otra con bombas
centrífugas; y la tercera incluye tres estaciones de bombeo: una con bombas
sumergibles y dos con bombas centrífugas. Todas las estaciones proyectadas
incorporan sistemas de pretratamiento, con el fin de remover sólidos gruesos antes
del ingreso al tanque de almacenamiento.

Precisó que, tras el análisis técnico, topográfico y económico, se recomendó la
selección de la segunda alternativa, por ofrecer una mejor relación costo-beneficio
y mayor viabilidad operativa. Esta opción contempla la instalación de un colector
que inicia en el barrio La Egipciaca, impulsado por una bomba sumergible, y que,
en caso de lluvias intensas, puede conectarse a la estación de bombeo existente.
La propuesta incluye seis (6) puntos de alivio y una estación de bombeo adicional
con dos bombas centrífugas, que permiten elevar un caudal de aguas residuales de
hasta 60 litros por segundo. El punto final de entrega del sistema se ubica en el
barrio Bucamba.

Finalmente, manifestó que, mediante el contrato de consultoría CTO 303 de 2024,
cuyo objeto es “Realizar los estudios y diseños complementarios para la
construcción del sistema de alcantarillado Malecón Fase II – Ribera del Río

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Magdalena del municipio de La Dorada, comprendido entre los sectores de La
Egipciaca y la curva de La Barrigona”, contrató a la empresa INGEH&S Ingeniería
y Consultoría S.A.S. para la elaboración de los estudios y diseños requeridos en los
componentes topográfico, hidrológico, hidráulico, geotécnico, estructural,
arquitectónico, eléctrico y de formulación. El propósito de esta consultoría es
estructurar y presentar un proyecto ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico, con miras a la obtención de recursos que permitan la ejecución de las obras,
cuyo alto costo impide su financiación con recursos propios derivados de la
estructura tarifaria de la empresa. Advirtió que la ejecución del proyecto contribuirá
al cumplimiento de las metas de saneamiento en materia de vertimientos de aguas
residuales. Sin embargo, no está orientado a mitigar el riesgo de inundación en el
municipio, dado que dicho fenómeno se relaciona con el aumento del nivel del Río
Magdalena, situación que no guarda relación directa con el sistema de alcantarillado
pluvial.

Surtido el traslado del informe técnico presentado por el ingeniero Juan David
Jaramillo, las demás partes guardaron silencio.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

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7.2. Planteamiento

La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la cual
surge debido a las inundaciones generadas por el Río Magdalena, que recrudecen
en época de invierno, y ante el proceso de erosión de las orillas del afluente que
amenaza la estabilidad de las viviendas de una amplia parte de la comunidad
ribereña del Municipio de La Dorada.

No obstante, las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con: (i) la incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la
sentencia de primera instancia, (ii) la competencia para cumplir con las obligaciones
de recuperar la faja forestal protectora de la ronda hídrica del río, reubicar los
asentamientos humanos y concluir la construcción del enrocado como medida de
control para la erosión, (iii) el impacto económico del cumplimiento de las órdenes
impartidas por el Tribunal, y (iv) el deber de presidir y coordinar el Comité de
Verificación de cumplimiento del fallo.

En efecto, respecto del primer punto, la UNGRD es del criterio que, en la parte
motiva, el Tribunal indicó que debía acompañar al Municipio de La Dorada en la
formulación y promoción del plan de vivienda ante entidades nacionales; sin
embargo, en la parte resolutiva, la señaló como responsable de la reubicación de
los asentamientos humanos localizados dentro de la faja protectora forestal de la
ronda hídrica. Por su parte, para el Tribunal, según el artículo 15 de la Ley 1523 de
2012, la Unidad es instancia de orientación y coordinación, cuyo propósito es
optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y
comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. Por ende, consideró
que debía acompañar a la administración municipal en formulación y promoción del
plan de vivienda ante las entidades nacionales competentes en la materia hasta
lograr su materialización.

En relación con el segundo aspecto, Corpocaldas y Cormagdalena discutieron la
obligación del ordinal quinto, numeral 1, del fallo del Tribunal, referente a la
recuperación de la faja forestal protectora de la ronda hídrica del río. En esa
dirección, la UNGRD, el municipio y el Fondo Adaptación advirtieron que carecían
de competencia para ejecutar el ordinal quinto, numeral 2, de la parte resolutiva de

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la sentencia del 18 de abril de 2022, que tiene que ver con la reubicación de los
asentamientos humanos. El Departamento de Caldas reparó en la orden de concluir
la construcción de enrocado (rip rap).

Mientras que, para el Tribunal, de conformidad con el artículo 206 de la Ley 1450
de 2011, Corpocaldas y Cormagdalena respondían por el acotamiento de la faja
paralela a los cuerpos de agua. Además, la Ley 161 de 1994 asignaba a
Cormagdalena, entre otras funciones, la responsabilidad de coordinar, conforme a
las normas superiores y la política nacional de medio ambiente, las actividades de
las corporaciones autónomas regionales encargadas de la gestión ambiental en la
cuenca hidrográfica del Río Magdalena y sus afluentes. Esta coordinación abarca
aspectos que afectan el comportamiento de la corriente del río, como la
reforestación, la contaminación del agua y las restricciones artificiales de caudales.

En el mismo sentido, el juez de primera instancia argumentó que era un deber del
Fondo Adaptación acompañar y asesorar al municipio en las gestiones para la
materialización del plan de reubicación de las viviendas y que, por disposición de
las Leyes 388 de 1997, 715 de 2001 y 1523 de 2012, el Municipio de La Dorada
estaba facultado para la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el
manejo de los desastres. Sobre el Departamento de Caldas indicó que la imposición
de la orden pretendía garantizar la continuidad del proceso de gestión del riesgo por
socavación, dado que la entidad departamental aportó recursos para las obras de
mitigación de riesgos por erosión e inundación. También se respaldó en los
principios de subsidiariedad y concurrencia, propios del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres.

Sobre el tercer punto, el municipio sostiene que no dispone de los recursos
financieros para materializar las órdenes impuestas por la sentencia y Empocaldas
señala que las obras de mitigación de inundaciones tendrían un impacto económico
significativo en la tarifa que finalmente se trasladaría a los usuarios del servicio.

Finalmente, Cormagdalena se encuentra inconforme con que se asigne la función
de encabezar y organizar el Comité de Verificación de cumplimiento del fallo.

En ese orden, la Sala desatará los reparos esgrimidos.

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7.3. De la controversia relacionada con la congruencia

En este punto, se debe dirimir si es incongruente el fallo de primera instancia, si, en
criterio del recurrente, existe una presunta falta de relación entre la parte motiva,
que determinó que la entidad demandada debía acompañar al municipio en la
formulación y promoción del plan de vivienda ante entidades nacionales y, pese a
ello, en la parte resolutiva de la providencia, se le señaló como responsable de la
reubicación de los asentamientos humanos localizados dentro de la faja protectora
forestal de la ronda hídrica.

De la revisión de la sentencia del 18 de abril de 2022, la Sala observa que en las
consideraciones el Tribunal afirmó:

“2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la
faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente
procedimiento:

(…)

ENTIDADES OBLIGADAS: El municipio de La Dorada, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación.

(…)

FUNDAMENTO:

(…)

En lo referente a la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, según el artículo 15 de la ley 1523 es instancia de
orientación y coordinación, cuyo propósito es optimizar el desempeño de las
diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de
acciones de gestión del riesgo. Por ende le corresponderá acompañar a la
administración del Municipio de La Dorada en formulación y promoción del plan
de vivienda ante las entidades nacionales competentes en la materia hasta
lograr su materialización.”.

De igual forma, de la lectura de la anotada providencia, la Sala evidencia que en la
parte resolutiva se dijo:

“2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la
faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente
procedimiento:

(…)

ENTIDADES OBLIGADAS: El municipio de La Dorada, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación.”.

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Así las cosas, la Sala observa que la congruencia externa no se encuentra afectada,
comoquiera que en las acciones populares dicho concepto es más flexible dada la
naturaleza de los derechos que se encuentran concernidos, y el límite lo marca la
garantía del derecho al debido proceso, concretamente, el derecho de defensa, en
lo que atañe al extremo pasivo del litigio, esto es, que haya contado con la
oportunidad de pronunciarse sobre los hechos que se ventilan, de tal suerte que no
se vea sorprendido por la decisión adoptada al definir la controversia.

Sin embargo, respecto de la congruencia interna, esto es, la armonía y consistencia
mínima que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva del pronunciamiento del
juez, la Sala observa que le asiste razón a la entidad recurrente pues, si bien de las
consideraciones de la sentencia del 18 de abril de 2022, se entiende con claridad
que al apelante le corresponde acompañar el proceso de reubicación, lo cierto es
que, por la forma en que se redactó y estructuró dicha orden, una opción
interpretativa sugiere que la UNGRD se encuentra obligada a efectuar el trámite
comentado de forma conjunta con el municipio y el Fondo Adaptación. Tal
posibilidad torna en confusa e imprecisa la obligación y, por ende, le resta fuerza al
amparo del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.

Sobre el particular, esta Sección ha convenido en señalar lo siguiente:

“La [congruencia] externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido
de la partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo
decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la
Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con el 305 del C.P.C., que
señala que el juez en la sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de
resolver todas las peticiones”.

[…]

La congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe
existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas,
probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión
plasmada en la parte resolutiva de la sentencia.”33

En aplicación del concepto de congruencia interna, esta Sección ha sostenido que:

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de

marzo de 2002. Radicación número: 76001-23-24-000-1997-3983-01(12439) C.P. Juan Ángel
Palacio Hincapié.

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31

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00232 02
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“Acreditado como se evidencia en el aparte de material probatorio, la Sala
encuentra que le asiste razón a la entidad apelante en su alegación, en tanto la
expresión y las conclusiones de la parte considerativa del fallo resultan
incongruentes con lo decidido como mandato en la parte resolutiva.

En efecto, el análisis del que se ocupó el a quo en la parte motiva de la
providencia siguieron una línea argumentativa que respondía de una parte, a
despachar de manera negativa los reproches de la sociedad demandante, y ello
daba a entender que, por esos motivos, las pretensiones serían adversas a la
demandante.

(…)

Sin embargo, y a pesar de que razonó en el sentido de mantener incólume las
resoluciones acusadas, resolvió ordenar la devolución de los pagos realizados
después del 19 de septiembre de 2001, teniendo en cuenta los efectos hacia el
futuro de la sentencia C-992 de 2001 de la Corte Constitucional.

Son precisamente estas circunstancias, las que hacen evidente la
incongruencia de la sentencia, en razón a que, si el Tribunal concluyó que no
había lugar a la anulación de los actos, la orden de acceder a un
restablecimiento, como finalmente lo dispuso el artículo 1º de la parte resolutiva
del fallo, resultó confusa.”34

En consecuencia, el cargo prospera, y al final de la presente decisión se ajustará la
parte resolutiva del fallo de primera instancia.

7.4. De la controversia sobre las órdenes del Tribunal

Reparos formulados por Corpocaldas y Cormagdalena

7.4.1. En este punto tendrá que dirimirse si son competentes una corporación
autónoma regional y la entidad encargada de la protección y gestión integral del Río
Magdalena para cumplir con la orden judicial prevista para la recuperación de la faja
forestal protectora de la ronda hídrica del mencionado afluente.

7.4.1.1. Para dar respuesta al anterior interrogante, en primer lugar, es
necesario estudiar las obligaciones previstas para las autoridades ambientales en
el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:

34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de

octubre de 2019. Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00212-01. C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

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32

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(…)

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” (Subrayas de la
Sala).

De lo anterior se desprende que Corpocaldas tiene precisas prerrogativas
relacionadas con el cuidado de los recursos naturales renovables respeto de los
usos de suelo y de las fajas de protección de las cuencas, las cuales van más allá
del simple establecimiento de áreas respectivas.

Se suma a lo expuesto que el artículo 31 de la Ley 1523 de 201235 dispuso que las
corporaciones autónomas regionales fuesen parte del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo. Asimismo, les fue asignada la función de brindar soporte a los entes
territoriales en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo en materia ambiental
en su jurisdicción. El artículo en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema
nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible,
que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del
riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la
Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y
de desarrollo.

Parágrafo 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen
a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

35 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su

objeto y estructura”.

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Parágrafo 3o. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de
los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar
a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación.

Parágrafo 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán
parte de estos las autoridades ambientales locales.” (Subrayas de la Sala).

En ese sentido, esta Sección, en pronunciamiento del 20 de junio de 2019, señaló
que las corporaciones autónomas regionales tienen responsabilidades en materia
de la gestión del riesgo que deben acatar en coordinación con los entes territoriales;
veamos:

“XI.4. Aunque el ordenamiento jurídico también le confiere a las entidades
territoriales funciones precisas en materia de gestión del riesgo de desastres
naturales, yerra el apoderado de la Carder cuando manifiesta que este es un
asunto que no le compete en absoluto a la entidad que representa y respecto
del cual puede desentenderse.

Como pudo observarse, la Ley 1523, al definir el principio de sostenibilidad
ambiental, es clara en indicar que “[…] [e]l riesgo de desastre se deriva de
procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación
racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y
contribuyen a la gestión del riesgo de desastres […]”.

Así pues, en la medida en que la Carder es el organismo supremo, técnico y
especializado del sector ambiente en el Departamento de Risaralda a efectos
de administrar, manejar y planificar el uso sostenible de los recursos naturales,
y en tanto que la propia ley identifica la protección y la explotación racional de
tales recursos como presupuesto para prevenir el acaecimiento de desastres
naturales, resulta necesario que dicha autoridad ambiental desempeñe sus
obligaciones en materia de gestión del riesgo, con el fin de cumplir a cabalidad
con los propósitos para los cuales fue creada.

XI.5. Ahora bien, no obstante, la autonomía de la que gozan los municipios
como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado,
es un hecho que, en atención a la transversalidad de los asuntos ambientales y
a las dificultades propias de la función administrativa, el desempeño de las
competencias en dicha materia debe realizarse en el contexto que disponen los
principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad positiva y
complementariedad.”36. (Subrayas de la Sala).

Además de lo expuesto, para el caso concreto, la lectura del artículo 4º de la Ley
161 de 1994, que más adelante se presentará, corrobora la competencia de la
autoridad ambiental para cumplir con la orden judicial, en la medida en que

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de

junio de 2019. Número de radicación: 66001-23-33-000-2014-00244-01 Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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34

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establece que Cormagdalena coordina las actividades de las demás corporaciones
autónomas regionales, entre las cuales se incluye la reforestación.

Finalmente, es pertinente destacar que, al resolver controversias relacionadas con
la vulneración de derechos e intereses colectivos, esta Sección ha confirmado
órdenes impartidas por diferentes tribunales dirigidas a que autoridades
ambientales como la recurrente, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, inicien acciones y ejecuten programas de reforestación.37

En suma, Cormagdalena debe encargarse de la coordinación de la actividad en
cuestión, mientras que a Corpocaldas le corresponde ejecutarla. En la parte
resolutiva de la presente sentencia se precisarán de esa forma las labores que le
corresponden a cada una de las entidades involucradas en la obligación impartida
por el Tribunal.

En consecuencia, el cargo formulado por Corpocaldas no prospera.

7.4.1.2. En segundo lugar, es indispensable remitirse a las disposiciones de la
Ley 161 de 1994, “Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del
Río Grande de la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan
otras disposiciones”. Puntualmente, corresponde destacar los artículos 2º, 4º y 6º,
cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 2o. OBJETO. La Corporación tendrá como objeto la
recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y
conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el
aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los
recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

(…)

ARTÍCULO 4o. ORDENAMIENTO DE LA CUENCA. Cormagdalena estará
investida de las facultades necesarias para la coordinación y supervisión
del ordenamiento hidrológico y manejo integral del Río Magdalena. La
Corporación coordinará, con sujeción a las normas superiores y a la política
nacional sobre medio ambiente, las actividades de las demás corporaciones
autónomas regionales encargadas por la ley de la gestión medio ambiental en

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 1º de

agosto de 2024. Número de radicación: 13001-23-33-000-2017-01038-01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de
junio de 2024. Número de radicación: 66001-23-33-000-2019-00764-01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.

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Demandante: Merardo Martínez Chiquito y otros

la cuenca hidrográfica del Río Magdalena y sus afluentes, en relación con los
aspectos que inciden en el comportamiento de la corriente del río, en especial,
la reforestación, la contaminación de las aguas y las restricciones artificiales de
caudales.

Cormagdalena participará en el proceso de planificación y armonización de
políticas y normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades
competentes, para un manejo adecuado y coordinado de la cuenca hidrográfica
del Río Magdalena.

(…)

ARTÍCULO 6o. FUNCIONES Y FACULTADES. La Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, tendrá las siguientes
funciones y facultades:

(…)

14. Adoptar las disposiciones necesarias para la preservación del equilibrio
hidrológico de la cuenca, conforme a las disposiciones medio ambientales
superiores y en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales
encargadas de la gestión medio ambiental en el área de su jurisdicción.

(…)

18. Asesorar, armonizar y coordinar las actividades, desde todas las entidades
públicas y privadas, que incidan en el comportamiento hidrológico de la cuenca.

19. Elaborar los estudios y programas tendientes a la configuración o
complementación de un plan general de ordenamiento y manejo integral de la
cuenca, que deberá ser adoptado por la Corporación para su progresiva
aplicación, bajo la supervisión y coordinación de la misma.”.

De la lectura de las normas expuesta se deduce que Cormagdalena tiene como
objeto la adecuación y conservación de tierras, el aprovechamiento sostenible y la
preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Para cumplir
este objetivo, coordina y supervisa el manejo integral del Río Magdalena,
armonizando políticas y normativas ambientales y colaborando con otras
corporaciones en aspectos como reforestación, control de contaminación y
regulación de caudales. Entre sus principales funciones están la implementación de
proyectos de control de inundaciones y aprovechamiento sostenible de recursos.
Además, lidera la adopción de un plan integral de manejo de la cuenca, coordinando
las actividades públicas y privadas que incidan en su equilibrio hidrológico.

A lo ya dicho debe agregarse que el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 establece:

“ARTÍCULO 206. RONDAS HÍDRICAS. Corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su
jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja

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paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios
que defina el Gobierno Nacional.”

En consecuencia, el cargo formulado por Cormagdalena no prospera.

Inconformidades del Municipio de La Dorada, la UNGRD y el Fondo Adaptación

7.4.2. La Sala tendrá que definir si es competente el municipio para cumplir con la
orden judicial prevista para reubicar los asentamientos humanos localizados en la
faja forestal protectora de la ronda hídrica de un afluente.

7.4.2.1. Con el fin de resolver ese cuestionamiento, es pertinente aludir a las
facultades en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo por parte de
los entes territoriales:

Pues bien, el artículo 311 de la Constitución Política es del siguiente tenor:

“Artículo 311. Marco de funciones de los Municipios. Al municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”.

En desarrollo de esta disposición se expidió la Ley 1551 de 2012, “Por la cual se
dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”, que modificó la Ley 136 de 1994, y que sobre el particular estableció:

“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

(…)

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y
rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos
definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural.
Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales
en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y
metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para
revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de
conformidad con la Constitución y la ley.” (Subrayas de la Sala).

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Por su parte, la Ley 9° de 1989, “Por medio de la cual se dictan normas sobre planes
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones”, en su artículo 56, modificado parcialmente por el artículo 5° de la
Ley 2° de 1991,38 dispone que los alcaldes deberán levantar un inventario sobre los
asentamientos que presenten alto riesgo con el objetivo de tomar las medidas de
precaución acordes y así proceder a su reubicación, recurriendo a la enajenación
voluntaria o a la expropiación de ser necesario.

Además, la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2
de 1991 y se dictan otras disposiciones”, contempló como uno de los principales
objetivos de la función pública de ordenamiento del territorio, el establecimiento de
mecanismos que permitan al municipio garantizar la prevención de desastres:

“Artículo 8. Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio
local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio
y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:

1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

(…)

3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción,
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos,
intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación,
las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en
proporción adecuada a las necesidades colectivas.

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

(…)

10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística.”.

38 Ley 2° de 1991. Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el Intendente

de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las zonas que
presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas
a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda.

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En esa línea, el artículo 10 ibidem previó que las entidades territoriales, en la
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial – POT, deben
tener en cuenta el factor de prevención de amenazas y riesgos naturales. La norma
en cita es del siguiente tenor:

“Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En
la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los
recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:

(…)

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales” (Subrayas de la Sala).

A su vez, la Ley 715 de 2001 también reiteró la responsabilidad de los municipios
con respecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:

“Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

(…)

76.9. En prevención y atención de desastres

Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.

76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y
reubicación de asentamientos.” (Subrayas de la Sala).

En tal contexto, la Ley 1523 de 201239 adoptó la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, y definió la gestión del riesgo de desastres como “un proceso social
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

39 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.” Asimismo, dispuso que
era una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades
en riesgo, razón por la cual debe estar intrínsecamente asociada con la planificación
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los
niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.40

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 de 2012 señaló a todas
las autoridades y habitantes del territorio. Así, asignó a las entidades públicas,
privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del
riesgo que comprenden conocimiento y reducción de este y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el artículo
5° ídem dispuso que era el conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así
como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada
para garantizar la gestión del riesgo en el país.

En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel nacional está
dirigido por el presidente de la República, el director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo y los Gobernadores y alcaldes en sus respectivas
jurisdicciones.41

Por su parte, el artículo 12 integró a los gobernadores y alcaldes como conductores
del sistema nacional en el respectivo nivel territorial, facultándolos para adoptar las
medidas necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en
el ámbito de su jurisdicción.

“Artículo 12. Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias

40 Ley 1523 de 2012. Artículo 1° así como el artículo 11.
41 Ley 1523 de 2012. Artículo 9.

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necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el
ámbito de su jurisdicción.”

En ese sentido, los alcaldes, como conductores del desarrollo local, son los
responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción en su territorio, y deberán integrar
en la planificación del desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias en materia
de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública, como lo ordena el artículo 14 ibidem.

Aunado a esto, los artículos 39 y 40 consagraron de manera expresa la obligación
de incorporar como un elemento de planificación y ordenamiento territorial las
directrices que sobre gestión del riesgo se estimen pertinentes para dar
cumplimiento a los mandatos de la Ley.

“Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y
del desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de
gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico,
económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los
distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año,
posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en
sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión
del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, de conformidad con los principios de la presente ley.

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de
1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario
de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las
zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales
o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer
posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación
de poblaciones en alto riesgo, entre otros.”

Así las cosas y de cara a lo ordenado por el Tribunal, se observa que la Ley 1523
de 2012 asignó expresas obligaciones a los alcaldes sobre la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en su territorio. Esto implica que también les

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corresponde ejecutar las acciones dirigidas al conocimiento y mitigación del riesgo,
así como al manejo de desastres en su jurisdicción.

Por lo tanto, la Sala no comparte las afirmaciones del Municipio de la Dorada, que
sostiene que es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, dado que, como se ha
señalado, ese ente territorial tiene facultades expresas en materia de ordenamiento
del territorio y gestión del riesgo, las cuales son plenamente compatibles con la
obligación asignada en el fallo recurrido.

Al respecto, téngase en cuenta que esta Sección, en sentencia del 14 de septiembre
de 2014, tuvo la oportunidad de referirse a las obligaciones de los municipios en
materia de prevención de desastres, en los siguientes términos:

“Sobre el particular, es preciso recordar que de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones” los Alcaldes son los responsables
directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
municipio, la reducción del mismo, el conocimiento y el manejo de desastres en
el área de su jurisdicción.”42

En este mismo sentido, en providencia del 10 de mayo de 2018, también aludió a
las competencias de los municipios en relación con la gestión de riesgo en las áreas
comprendidas dentro de su jurisdicción, así:

“De conformidad con las normas expuestas anteriormente, los entes territoriales
municipales tienen dentro de sus deberes prevenir, atender y mitigar los riesgos
que se puedan generar en su territorio frente a la población que se encuentra
localizada en zonas donde puedan presentarse desastres, para lo cual
precisamente se desarrolla un plan de ordenamiento territorial; de esta manera
pueden identificar dichas zonas y así coordinar y ejecutar las gestiones
necesarias para proteger a sus habitantes, así como proteger su espacio
público.

En este orden de ideas, en el caso bajo examen, quedó demostrado que las
viviendas ubicadas en el barrio Jordán en el municipio de Tunja, están
construidas en una zona no sólo declarada como de espacio público ambiental
sino de incidencia directa por inestabilidad de taludes, lo que demuestra un
proceder negligente por parte del municipio al permitir su construcción, y lo cual
hace necesario tomar las medidas pertinentes para mitigar el riesgo en el que
se encuentran, siendo forzosa la reubicación de la población residente en
dichas viviendas que se encuentran en alto riesgo y con miras a evitar un posible
desastre.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de

septiembre de 2014, expediente nro. 05001-23-31-000-2011-00032-01(AP). Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala.

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En razón de lo anterior, habiéndose demostrado la vulneración de los derechos
colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, y a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, se mantendrá la declaración de vulneración de los mismos
contenida en el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, así como
también se mantendrá la orden impartida de reubicación de las viviendas
ubicadas en la ronda del río Jordán y la siembra de especies nativas en ese
sector, contenidas en los numerales quinto y sexto de la mencionada
sentencia.”43 (Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, en posterior pronunciamiento se sostuvo:

“En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del riesgo a quien
le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, etc., las políticas, actividades
y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al Municipio en cabeza de
su Alcalde, razón por la que no es de recibo que se excuse de su deber bajo el
argumento de que otras entidades, como la CDMB o el AMB, son las
competentes para realizar las actividades tendientes a controlar el proceso
erosivo en la zona, dado que ello no anula sus responsabilidades claras en
materia de gestión del riesgo en su territorio, máxime si la normativa en comento
le impone la obligación de delimitar y tratar las zonas expuestas a amenaza
derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, así como también hacerse cargo de los mecanismos de
reubicación de asentamientos en alto riesgo y transformar el uso asignado a
esas zonas para evitar los reasentamientos.

Ahora, en relación con el argumento del Municipio relativo a que no le
corresponde efectuar ninguna obra de mitigación por cuanto el predio donde se
presenta el fenómeno erosivo es de propiedad privada, se advierte que, en este
caso particular, la titularidad de dicho inmueble tampoco lo exime de sus
responsabilidades respecto de efectuar las actuaciones tendientes a prevenir
las situaciones que puedan afectar los bienes jurídicos de sus administrados,
pues en el expediente no se demostró que los habitantes del inmueble fuesen
los causantes del proceso erosivo o que construyeron la vivienda en
contravención de las normas urbanísticas o actuaron de forma negligente o
dolosa, evento en los cuales la Sala ha hecho a los particulares corresponsables
del riesgo en virtud de los deberes de precaución, solidaridad y auto protección
de lo personal y sus bienes, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2°
de la Ley 152344.”45 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, el cargo del municipio no tiene vocación de prosperidad.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de

mayo de 2018, expediente nro. 15001-31-33-005-2011-00067-01(AP). Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López.
44 Tal es el caso de la sentencia de 26 de septiembre de 2019, proferida dentro del expediente núm.

680012333000201600592 01, Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de

enero de 2021, expediente nro. 68001-23-33-000-2019-00250-01(AP). Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.

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7.4.2.2. En este punto, la Sala tendrá que verificar si es cierto que en la
sentencia de primera instancia se ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres y al Fondo Adaptación la reubicación de los asentamientos
humanos localizados en la faja forestal protectora de la ronda hídrica del Río
Magdalena. En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, tendrá
que constatarse si esas entidades son competentes para realizar dicha actividad.

Con miras a abordar dicha problemática es pertinente indicar que, en la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, se ordenó:

“2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la
faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente
procedimiento:

2.1. Se deberá realizar un censo de las familias asentadas en faja protectora
forestal correspondiente a la ronda hídrica acotada conforme a la orden anterior
y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación, identificando a quien funja
como cabeza de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble. Lo
anterior deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, dejando el correspondiente soporte documental.

2.2. De manera concomitante, dentro de los seis (6) meses siguientes el
Municipio deberá estructurar y promover ante las autoridades nacionales
competentes un plan de vivienda subsidiado, de conformidad con las normas
que regulan la materia para la reubicación de las familias identificadas conforme
al numeral 2.1. Se ofrecerá una solución de vivienda por cada una de las
viviendas a reubicar sin importar los grupos familiares que las habiten
actualmente.

2.3. El plan anterior deberá ejecutarlo a más tardar dentro de las tres vigencias
fiscales siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

2.4 En caso de que alguna de las familias objeto del plan de vivienda, no lo
acepten, deberá proceder al desalojo de las mismas de conformidad con las
normas de policía.

2.5. En tanto se cumple lo anterior, a partir de la fecha de notificación de esta
sentencia se deberá realizar un monitoreo permanente del río Magdalena a su
paso por el Municipio de La Dorada con el fin de evitar nuevos asentamientos y
de tomar las medidas de emergencia que se requieran ante una eventual
creciente del rio, incluido el desalojo de los inmuebles en alto riesgo y demás
que determine el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

ENTIDADES OBLIGADAS: El municipio de La Dorada, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación.”

Los términos en que la Unidad y el Fondo debían cumplir con dicho mandato
estaban previamente definidos en la parte motiva de la sentencia del 18 de abril de
2022, tal y como se puede evidenciar enseguida:

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“En lo referente a la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, según el artículo 15 de la ley 1523 es instancia de
orientación y coordinación, cuyo propósito es optimizar el desempeño de las
diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de
acciones de gestión del riesgo. Por ende, le corresponderá acompañar a la
administración del Municipio de La Dorada en formulación y promoción del plan
de vivienda ante las entidades nacionales competentes en la materia hasta
lograr su materialización.

En el mismo sentido, el Fondo Adaptación al hacer parte del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo (…) deberá acompañar y asesorar al municipio en las
gestiones para la materialización del plan de reubicación de las viviendas.”.
(Énfasis fuera del texto original).

Así, es claro que, si bien en la parte resolutiva de la sentencia, en relación con la
reubicación de los asentamientos humanos, se dispuso: “ENTIDADES
OBLIGADAS: El municipio de La Dorada, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
y el Fondo Adaptación”, lo cierto es que en la parte motiva, luego de la mención a
las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de cada una de las
entidades recurrentes, se definió con claridad que la labor de la Unidad y del Fondo
sería de acompañamiento en el procedimiento de formulación y promoción del plan
de vivienda ante las entidades del orden nacional correspondientes y de asesoría
para la materialización del plan de reubicación, por lo que no puede entenderse que
exista imposición de un mandato en los términos propuestos en la alzada, máxime
cuando en los numerales 2.1 a 2.6 del ordinal quinto del fallo impugnado, se
precisaron las tareas de ese componente, las cuales se asignaron de manera
expresa al municipio.

En todo caso, en aras de asegurar el amparo del derecho colectivo en cuestión y el
correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas a la UNGRD y el Fondo
Adaptación en el fallo del 18 de abril de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo
de Caldas en el trámite de la referencia, la Sala precisará la parte resolutiva al final
del presente pronunciamiento.

Desacuerdo del Departamento de Caldas

7.4.2.3. La Sala tendrá que definir si es competente el departamento para
cumplir con la orden judicial prevista para concluir la construcción del enrocado (rip
rap), como medida para el control de la erosión de la cuenca de un río.

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Radicado: 17001 23 33 000 2018 00232 02
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Para solucionar este interrogante, basta con hacer referencia a las normas
previamente expuestas en el presente pronunciamiento (acápite 7.4.2.1.) sobre las
competencias de las entidades territoriales en materia de gestión de riesgo y el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se realizó una
mención expresa a los departamentos, de las cuales es dable inferir que, si bien las
funciones sobre este particular recaen principalmente en el ente municipal, cuando
la municipalidad no tenga la capacidad de asumir esta competencia, podrá solicitar
el apoyo del departamento y de la Nación, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

En particular, cabe destacar lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715
de 2001, donde se desarrolla la “Participación de Propósito General” y se definen
las competencias de la Nación, los departamentos y los municipios. Estas
responsabilidades incluyen el deber de brindar apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde una perspectiva de planificación multisectorial que permita
materializar el principio de coordinación.

También corresponde resaltar el artículo 13 de la Ley 1523 de 2012, según el cual
los gobernadores cumplen un rol fundamental en la gestión del riesgo de desastres,
tanto como agentes del presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, como en su calidad de jefes de la administración seccional. En este
sentido, son responsables de proyectar en las regiones la política del Gobierno
Nacional y garantizar la implementación de los procesos de conocimiento, reducción
del riesgo y manejo de desastres dentro de su jurisdicción. Además, tienen el deber
de impulsar y asegurar la continuidad de estos procesos en su territorio,
integrándolos estratégicamente en la planificación del desarrollo departamental,
especialmente a través del plan de desarrollo y demás instrumentos de planificación
bajo su responsabilidad. Asimismo, les corresponde ejercer las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los municipios que
conforman su departamento, garantizando una gestión articulada y eficiente del
riesgo de desastres.

A lo ya dicho debe sumarse que el Departamento de Caldas ha desarrollado un
papel participativo en la construcción del enrocado, comoquiera que, según las

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pruebas que reposan en el expediente, aportó significativos recursos46 para la
realización de los estudios del Malecón del Municipio de la Dorada y las obras de
mitigación respectivas, al tiempo que incluyó la problemática en el Plan
Departamental de Gestión del Riesgo; en esa medida es importante que continúe
asistiendo en el proceso de gestión del riesgo para frenar el fenómeno de erosión
de la cuenca del río.

En consecuencia, el cargo del departamento no tiene vocación de prosperidad.

7.5. De la controversia sobre el impacto económico del cumplimiento de las
órdenes impartidas por el Tribunal

7.5.1. Corresponde a la Sala establecer si procede revocar o modificar la orden
judicial impartida a la empresa encargada de prestar el servicio público de
alcantarillado, con el objeto de realizar obras de mitigación de inundaciones, si, en
criterio de la recurrente, tales edificaciones tendrían un impacto económico
significativo para los usuarios del servicio, puesto que aumentaría la tarifa del
comentado servicio.

7.5.2. De forma previa a dar respuesta al anterior interrogante, es indispensable
volver sobre la orden del juez de primera instancia:

“4. Construir la obra que se determine como solución para eliminar los 48
descoles que vierten al río Magdalena y las estaciones de bombeo proyectadas
(calle 17, La Egipciaca y Las Villas) de conformidad con el rediseño o
recomendación de la necesidad de las mismas que arroje la consultoría
adelantada por el ingeniero Juan David Jaramillo.

ENTIDAD OBLIGADA: Empocaldas SA ESP. Para el efecto, se le concede el
término de tres (3) años a partir del 31 de diciembre de 2022.”

7.5.3. Ahora bien, como quedó expuesto en el acápite 5.2 del presente
pronunciamiento, con auto del 6 de junio de 2025, el Despacho Sustanciador
requirió a Empocaldas para que remitiera copia del informe técnico presentado por

46 Del estudio de las pruebas se extrae que el departamento ha realizado inversiones cercanas a los

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.467.614.690) provenientes del Sistema General de Regalías,
entre contratos y convenios que propenden por mejorar la situación objeto de la presente acción
popular.

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Juan David Jaramillo, ingeniero civil, especialista en ingeniería hidráulica y
ambiental, como resultado de la consultoría adelantada para establecer las
soluciones alternativas a la problemática que presentan los descoles del proceso de
la referencia.

De la documentación allegada se destaca que el ingeniero Juan David Jaramillo
sugirió las siguientes tres (3) alternativas:

Alternativa 1: Optimizar los descoles existentes y rediseñar como emisarios
submarinos con el objetivo de generar sello hidráulico en la descarga. Esta
propuesta contempla la construcción de un colector que inicia en el barrio La
Egipciaca, impulsado por una estación de bombeo de aguas residuales equipada
con dos bombas sumergibles. La operación de dicha estación se prevé para los días
sin presencia de lluvias intensas. En caso de presentarse altos niveles de
precipitación, el sistema contará con una conexión de respaldo hacia la estación de
bombeo existente, la cual deberá ser activada en tales circunstancias. El trazado
del interceptor comienza en La Egipciaca, continúa por el barrio La Delicias y bordea
el río Magdalena, atravesando el box culvert por su parte superior, hasta llegar al
barrio El Conejo, con una pendiente uniforme del 0,1 %. Se proyectan seis puntos
de alivio ubicados estratégicamente: el primero en el barrio La Delicias, el segundo
en Liborio, el tercero y cuarto en Corea, el quinto en Las Villas y el sexto en Buenos
Aires. La longitud total del colector es de 3.770 metros, y se utilizarán tuberías con
diámetros que oscilan entre 12 y 54 pulgadas.

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Alternativa 2: Construir colector – interceptor de aguas residuales que se conecte al
colector de la carrera 2ª por medio de una sola estación elevadora de bombeo de
aguas residuales y/o por gravedad. Al igual que en la alternativa 1, esta propuesta
contempla un colector que inicia en el barrio La Egipciaca, impulsado por una bomba
sumergible y conectado simultáneamente a la estación de bombeo existente, la cual
se activará en caso de presentarse precipitaciones intensas. La alternativa incluye
seis aliviaderos estratégicamente localizados, así como una estación de bombeo
adicional equipada con dos bombas centrífugas, encargadas de elevar un caudal
de aguas residuales de 60 litros por segundo (L/s). El punto de entrega del colector
se encuentra en el barrio Bucamba. Los aliviaderos proyectados se ubican en los
siguientes sectores: el primero en el barrio La Delicias, el segundo en Liborio, el
tercero y cuarto en Corea, el quinto en Las Villas y el sexto en Buenos Aires.

Alternativa 3: Optimización del diseño de las estaciones de bombeo de la egipciaca
y las villas. Al igual que en las alternativas anteriores, el colector inicia en el barrio
La Egipciaca, contando con una estación de bombeo con bombas sumergibles y
conexión a la estación de bombeo existente. Para esta opción se proyectan dos
aliviaderos, ubicados en los barrios Corea y Buenos Aires, respectivamente.
Adicionalmente, se contemplan dos estaciones de bombeo para el transporte de las
aguas residuales, una con capacidad de 40 litros por segundo (L/s) y otra de 60 L/s.
El tramo total del colector tiene una longitud de 2.792 metros, con diámetros de
tubería que varían entre 12” y 60”.

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7.5.4. Luego de realizar el análisis comparativo de las alternativas propuestas, la
consultoría concluyó que la opción más idónea era la alternativa 2. Esto debido a
que, dadas las cotas finales de implantación del sistema de alcantarillado de la fase
I —las cuales solo requieren el bombeo de aguas residuales desde un pequeño
sector al inicio del interceptor— no resultaba técnica ni hidráulicamente viable la
conducción completamente por gravedad planteada en la alternativa 1, puesto que
el punto de entrega se encuentra por encima de la mayoría de los vertimientos
correspondientes a la fase II. Por su parte, la alternativa 3 se descartó por su baja
viabilidad operativa, debido a la complejidad que implicaba la administración
simultánea de múltiples estaciones de bombeo. En contraste, se afirmó que la
alternativa 2 permite la recolección de la totalidad de las aguas residuales
provenientes de la zona sur del municipio y su conducción por gravedad hacia la
fase I, mediante un único punto de bombeo localizado en el sector de Puerto Amor.

7.5.5. Empocaldas explicó que con la formulación detallada del proyecto a nivel de
estudios y diseños fase III, podría iniciar el proceso ante el Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico, con el fin de gestionar los recursos necesarios para la
ejecución de las obras, cuyo elevado costo excede la capacidad de financiación
mediante la estructura tarifaria actual de la empresa. Además, señaló que la
ejecución de este proyecto contribuirá significativamente al cumplimiento de las
metas de saneamiento en lo relativo al control de vertimientos de aguas residuales,
aunque no está orientado a mitigar el riesgo de inundación en el municipio,
fenómeno asociado al incremento del nivel del Río Magdalena, el cual no está
directamente relacionado con el sistema de alcantarillado pluvial.

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7.5.6. Así las cosas, la Sala modificará la sentencia para ordenar a Empocaldas
S.A. E.S.P. que adelante las gestiones necesarias para estructurar, presentar y
ejecutar el proyecto correspondiente a la alternativa número 2, identificada en el
estudio técnico elaborado por el ingeniero Juan David Jaramillo, como solución para
eliminar los descoles de aguas residuales que actualmente vierten al Río Magdalena
en el Municipio de La Dorada (Caldas), así como para construir las estaciones de
bombeo proyectadas.

Tal alternativa, como se acaba de ver, consiste en la construcción de un sistema de
colector–interceptor de aguas residuales, que se conecte al colector de la carrera
2ª mediante una estación elevadora de bombeo y/o mediante conducción por
gravedad. Este sistema incluye:

• Un colector que inicia en el barrio La Egipciaca, impulsado por una bomba
sumergible.

• Una conexión complementaria a la estación de bombeo existente, activable
en eventos de lluvias intensas.

• Seis (6) aliviaderos localizados estratégicamente en los barrios La Delicias,
Liborio, Corea (dos), Las Villas y Buenos Aires.

• Una estación de bombeo adicional, equipada con dos bombas centrífugas,
con capacidad de elevar un caudal de hasta 60 litros por segundo (L/s).

• El punto final de entrega del sistema se encuentra en el barrio Bucamba.

Esta obra deberá ser desarrollada conforme a los estudios y diseños
complementarios contratados por Empocaldas mediante el contrato de consultoría
CTO 303 de 2024, sus avances y resultados, así como las aprobaciones técnicas
que correspondan por parte de las autoridades competentes.

El cumplimiento de esta orden se sujetará a las disponibilidades presupuestales y a
la viabilidad de financiación externa, en especial mediante la presentación del
proyecto al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, sin perjuicio del

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cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (PSMV) aprobado por Corpocaldas, en cuyos términos y
cronograma deberá enmarcarse la ejecución del proyecto.

Para tal efecto, se concederá un plazo de tres (3) años, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, dentro del cual deberán culminarse las fases de
estructuración, gestión de recursos, contratación y ejecución de las obras
necesarias para dar cumplimiento a la presente orden.

Correlato de lo expuesto, en la parte resolutiva de la presente providencia se
efectuará la modificación de la orden impartida por el juez de primera instancia.

7.5.7. Por último, en cuanto al argumento del municipio relacionado con la ausencia
de recursos económicos para materializar las órdenes impuestas en la sentencia
recurrida, la Sala reitera el criterio de jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado47, según el cual la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar o modificar el fallo de primera instancia, en tanto ello desconoce que,
de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, uno de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los
derechos.

No obstante, la Sala advierte que el municipio se encuentra en la obligación de
adelantar los trámites y gestiones administrativas correspondientes para incluir las
actividades que le fueron ordenadas en el fallo de primera instancia en su presupuesto
anual de ingresos y gastos. Al respecto de la planeación y el presupuesto de los entes
territoriales, esta Sección, en providencia del 7 de marzo de 2019, consideró:

“6.3.1. Consideraciones generales acerca de la planeación y el presupuesto
en las entidades territoriales

A efectos de contextualizar la decisión que se adopte en el proceso, la Sala
estima pertinente realizar, de manera preliminar, las siguientes consideraciones
generales acerca de la planeación y el presupuesto en las entidades territoriales.

6.3.1.1. El Plan de Desarrollo Territorial – PDT. Para lograr los compromisos

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, núm. único de radicación 170012333000201700452-01, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.

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adquiridos en los programas de gobierno de los mandatarios elegidos
popularmente, la Constitucional Política establece en su artículo 339 que las
entidades territoriales deberán elaborar y adoptar de manera concertada entre
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el
uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.

Así, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es el documento de planificación que
orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales o
municipales durante su período de gobierno, en el cual se establece la visión,
los programas, proyectos y metas asociadas a los recursos públicos que se
ejecutarán durante los próximos cuatro (4) años.

La Ley 152 de 1994, “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo”, consagra los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los PDT.

Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial – PDT. De acuerdo
con el inciso final del artículo 339 de la Constitución, el PDT tiene dos
componentes, a saber: i) Una parte estratégica, que comprende la identificación
y formulación de objetivos, programas, metas e indicadores que la nueva
administración pretende lograr en su periodo de gobierno, y ii) un plan de
inversiones, que constituye la asignación de los recursos financieros disponibles
para el cumplimiento de los programas y proyectos definidos en la parte general
del plan.

Para poder formular el PDT, previamente se debe realizar un diagnóstico que
permita conocer el estado actual de la entidad territorial y de esta manera
profundizar en la identificación de sus necesidades. Adicionalmente, se debe
tener en cuenta la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como la
correspondencia con el programa de gobierno que haya sido registrado al
momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo.

Conforme el artículo 39 de la Ley 152 de 1994, el Alcalde o Gobernador elegido
es la autoridad responsable de impartir las orientaciones para la elaboración del
PDT, función que está en cabeza de la Secretaría, Departamento Administrativo
u Oficina de Planeación. Una vez elaborado el proyecto del plan, éste se
presentará en forma integral o por componentes del mismo a consideración del
Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, quien tendrá la función
de consolidarlo.

El proyecto de plan consolidado será presentado por el Alcalde o Gobernador a
revisión de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los
dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión
del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y formule las
recomendaciones que considere convenientes dentro del mes siguiente.

Dentro de los primeros cuatro (4) meses del período de Gobierno se debe
someter a consideración del Concejo Municipal o Asamblea Departamental el
proyecto de plan de desarrollo territorial para su correspondiente aprobación.

6.3.1.2. El Presupuesto General de la Entidades Territoriales. Una vez
aprobado el PDT, para lograr el cumplimiento de los planes y programas en él
contenidos, las entidades territoriales (ET) cuentan con el presupuesto anual
de ingresos y gastos, elemento del Sistema Presupuestal que consiste en una
estimación anticipada de los ingresos y la autorización máxima de gastos
públicos que han de efectuarse dentro del período fiscal respectivo.

En este punto, se debe precisar que el sistema presupuestal se rige, entre otros

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principios, por el de anualidad, el cual establece que el año fiscal comienza el
1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, por lo que las asambleas
departamentales y los concejos municipales solamente pueden aprobar el
presupuesto para una vigencia.

Así mismo, se advierte que el presupuesto deberá contener la totalidad del
gasto público que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva; en
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos o erogaciones
con cargo al Tesoro que no figuren en el presupuesto. Lo anterior es lo que se
denomina principio de Universalidad, el cual está consagrado en el artículo 15
del Estatuto Orgánico del Presupuesto y exige por parte de la administración
efectuar una juiciosa y acertada programación presupuestal pues, a pesar de
que el presupuesto es susceptible de modificaciones, no debe someterse a
constantes ajustes consecuencia de la falta de planeación.

Igualmente, se debe mencionar que las apropiaciones contempladas en el
presupuesto general de la entidad territorial, en aplicación del principio de
Especialización, son autorizaciones máximas de gasto y delimitan éste según
su finalidad; es decir, se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas, lo cual evita que los recursos se destinen para financiar
un gasto diferente para el cual fue autorizado en el presupuesto.

Elaboración y Aprobación del Presupuesto Anual de las ET. Ahora bien, para
elaborar el prepuesto se requiere lograr coherencia entre los sistemas de
planeación y presupuestal, ya que, como se indicó, este último es un
instrumento para la materialización de los objetivos y metas estipulados en el
PDT. En esa medida las ET deberán armonizar el presupuesto que está en
ejecución y la programación presupuestal anual con el nuevo PDT durante todo
el periodo de gobierno.

En la formulación del presupuesto general de las ET, como punto de partida, la
Administración local debe elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP,
instrumento de planeación financiera y de gestión pública a diez (10) años, que
se construye a partir del conocimiento detallado de la situación financiera e
institucional de la entidad territorial, con el objeto de ser referencia para la toma
de decisiones fiscales en la elaboración de los presupuestos anuales. Este
documento se debe presentar por los Gobernadores y Alcaldes a título
informativo a la respectiva Asamblea o Concejo, en el mismo período en el cual
se deba presentar el proyecto de presupuesto, y debe incluir el Plan
Financiero, documento que determina objetivos, estrategias y metas de
ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr la financiación
de los programas y proyectos del PDT.

A partir de las metas financieras establecidas en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo y en el Plan Financiero, se debe elaborar el Plan Operativo Anual de
Inversiones – POAI, elemento que integra el Sistema Presupuestal, que tiene
por objeto incluir y comparar los programas, subprogramas y proyectos de
inversión debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de
Inversión, con los recursos financieros disponibles, para identificar en cada
vigencia fiscal la posibilidad de llevar a cabo los programas que se diseñaron
en la parte estratégica del PDT, así como priorizar la inversión pública. El POAI
debe guardar correspondencia con el Plan de Inversiones así como con la parte
estratégica del PDT, teniendo en cuenta que es el principal vínculo entre éste y
el Sistema Presupuestal. Cabe mencionar que este instrumento requiere ser
aprobado anualmente por el Consejo Municipal o Departamental de Política
Económica y Social, previo a la presentación del proyecto de presupuesto a la
Asamblea Departamental o Concejo Municipal.

Una vez aprobado el POAI, la dependencia de Hacienda lo incluirá en los gastos

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de inversión del proyecto de presupuesto anual de la entidad territorial, el cual
será presentado por el Gobernador o Alcalde para aprobación de la Asamblea
Departamental o el Concejo Municipal, la que una vez se obtenga, dará inicio a
la ejecución de los proyectos de la entidad territorial al establecer
específicamente cuáles son los gastos que se podrán ejecutar y cuáles son los
recursos financieros para su financiación dentro del período fiscal respectivo.

Ejecución del Presupuesto General de las ET. Aprobado el presupuesto se
deberá iniciar su ejecución, para lo cual cada dependencia de la entidad
territorial, en coordinación con la oficina de planeación, estará encargada de
elaborar un Plan de Acción - PA orientando los procesos, instrumentos y
recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e
institucionales) para el cumplimiento de las metas, proyectos y actividades
previstas en el PDT durante una vigencia fiscal.

Respecto de la ejecución del presupuesto, es preciso señalar que la misma se
concreta cuando la entidad territorial asume compromisos con cargo a las
apropiaciones contenidas en su presupuesto de gastos. Cabe mencionar que el
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, contiene diferentes
disposiciones que condicionan de manera expresa la ejecución del
presupuesto, entre estas, el certificado de disponibilidad y el registro
presupuestal.

El primero consiste en la certificación que expide el funcionario encargado de
administrar los recursos de la entidad, donde hace constar que en el
presupuesto existe dinero disponible, libre de afectación y suficiente para
asumir compromisos nuevos que permitan respaldar el acto administrativo o
contrato que la entidad tiene interés en expedir o celebrar.

Por su parte, el segundo consiste en la operación mediante la cual se afecta en
forma definitiva la apropiación presupuestal, indicando el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar, garantizando que los recursos no serán
orientados a un fin diferente.

Por último, otro instrumento de planeación y programación del presupuesto de
la entidad territorial que se debe articular es el Programa Anual Mensualizado
de Caja – PAC, mediante el cual la entidad territorial establece el monto máximo
mensual de fondos disponibles para alcanzar las metas del presupuesto anual
y regular los pagos mensuales, para el cumplimiento de las actividades
programadas en el Plan de Acción que realiza cada dependencia.

Modificaciones del Presupuesto General de las ET. Ahora, si bien en principio
el presupuesto es el resultado de un ejercicio de planificación y programación
que se ha efectuado de manera juiciosa por parte de la entidad territorial y, por
tanto, un instrumento poco flexible, en ocasiones se presentan situaciones que
obligan a realizar modificaciones para solventar situaciones de carácter urgente
o prioritario sobre aquello que se presupuestó.

Así, las modificaciones surgen de la necesidad de realizar ajustes con relación
a la programación o estimación inicial en atención a diferentes factores: el
cambio de comportamiento de la economía, situaciones coyunturales, fortuitas
e imprevistas de inaplazable atención, aplazamiento de programas y proyectos,
entre otros.

Por lo anterior, existen diferentes tipos de modificaciones presupuestales, a
saber: i) las adiciones: procedimiento que se adelanta para incorporar
conceptos de gastos no contemplados en el presupuesto inicial, el cual requiere
contar con el recurso que lo va a financiar y que se apruebe por medio de
Ordenanza o Acuerdo para tales efectos; ii) reducciones y aplazamientos: se

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presenta en aquellos eventos en que la ET o alguna de sus entidades, requiere
reducir o posponer la apropiación de un gasto, cuando los ingresos resultan ser
menores a los previstos y, por tanto, se requiere mantener el equilibrio
presupuestal. iii) traslados (créditos y contracréditos): propiamente no es una
modificación, ya que consiste en proporcionar a una apropiación insuficiente o
agotada recursos sobrantes, en la que, dependiendo de las partidas que se
afecten, requerirá autorización por la autoridad o dependencia correspondiente.

Del anterior contexto, se advierte que los trámites administrativos y
presupuestales demandan una planeación y programación estricta que permite
lograr la ejecución y seguimiento de los compromisos adquiridos en el orden de
prioridad que demande las necesidades de la Entidad.”48 (Subrayas de la Sala).

De los argumentos expuestos es dable concluir que el gasto en el sector público
está plenamente reglado: comienza con los planes y programas de desarrollo y se
materializa a través de los proyectos aprobados para su cumplimiento, los cuales
quedan incorporados en los presupuestos. En consecuencia, las órdenes judiciales
no pueden desconocer tal realidad.

Desde esta perspectiva, considerando que la orden impartida por el Tribunal abarca
tres (3) vigencias fiscales, para la Sala es necesario complementarla para que,
dentro de dicho periodo, la administración adopte las medidas necesarias para su
inclusión en los proyectos municipales a desarrollar. Asimismo, el ente territorial
deberá garantizar la asignación de los recursos requeridos, en función de las
fuentes de ingreso y financiación disponibles. De esa forma se modificará el fallo de
primera instancia en la parte resolutiva de la presente sentencia.

7.6. Comité de Verificación

Es importante agregar que esta Sección49 definió que era menester no sólo que se
incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió sentencia de primera instancia,

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de

marzo de 2019. Número de radicación: 88001 23 33 000 2016 00022 01. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
49 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación
de un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la
verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las

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sino que además precisó que quien debía presidir el Comité de Verificación es el
Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección de la decisión en la anotada
instancia como Ponente de esta50.

partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este
Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de
la sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala).
50
“Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene
la facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados
de acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia
y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas
interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan
considerado que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo,
para adoptar las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez
de tutela como el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las
órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos
de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 50
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un
seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado
han adoptado con ese objeto.50
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos.

Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las
medidas que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto
significa que puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la
concreción del amparo, requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y
adoptar los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero
porque opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento
de la sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo
concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de
protección, la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían
contribuir a acelerar el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer
los organismos de control y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya
protección, por definición, concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que,

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En consecuencia y toda vez que se trata uno de los aspectos objeto del recurso de
apelación presentado por Cormagdalena, se modificará la parte resolutiva del fallo
en ese sentido.

Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1º y 8º
del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto (numeral 2) y el ordinal sexto de la parte
resolutiva de la providencia recurrida, así:

QUINTO: En consecuencia, ORDENAR:

1. La recuperación de la faja protectora forestal correspondiente a la ronda
hídrica a través del acotamiento y la reforestación de la misma, tanto del Río
Magdalena a su paso por el Municipio de La Dorada como de los caños y demás
afluentes de éste dentro del mismo municipio.

ENTIDADES OBLIGADAS: Cormagdalena y Corpocaldas.

De conformidad con la parte considerativa de la presente providencia, en
atención a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
Corpocaldas será responsable de la ejecución de la actividad descrita, mientras
que Cormagdalena deberá coordinar su desarrollo.

El acotamiento deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses a partir
de la ejecutoria de esta sentencia. La reforestación deberá iniciarse de
inmediato en las zonas sin construcciones, y en las áreas con construcciones,
se llevará a cabo progresivamente a medida que se liberen los terrenos
mediante la reubicación de las viviendas.

en efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte
indispensable para asegurar el goce efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo
amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no
debe ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado
ponente, quien lo presidirá.” (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala).

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2. La reubicación de los asentamientos humanos que se ubican dentro de la
faja protectora forestal correspondiente a la ronda hídrica, previo el siguiente
procedimiento:

2.1. Se deberá realizar un censo de las familias asentadas en faja protectora
forestal correspondiente a la ronda hídrica acotada conforme a la orden anterior
y cuyas viviendas deban ser objeto de reubicación, identificando a quien funja
como cabeza de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble. Lo
anterior deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, dejando el correspondiente soporte documental.

2.2. De manera concomitante, dentro de los seis (6) meses siguientes el
municipio deberá estructurar y promover ante las autoridades nacionales
competentes un plan de vivienda subsidiado, de conformidad con las normas
que regulan la materia para la reubicación de las familias identificadas conforme
al numeral 2.1. Se ofrecerá una solución de vivienda por cada una de las
viviendas a reubicar sin importar los grupos familiares que las habiten
actualmente.

2.3. El plan anterior deberá ejecutarlo a más tardar dentro de las tres vigencias
fiscales siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

2.4 En caso de que alguna de las familias objeto del plan de vivienda, no lo
acepten, deberá proceder al desalojo de las mismas de conformidad con las
normas de policía.

2.5. En tanto se cumple lo anterior, a partir de la fecha de notificación de esta
sentencia se deberá realizar un monitoreo permanente del Río Magdalena a su
paso por el Municipio de La Dorada con el fin de evitar nuevos asentamientos y
de tomar las medidas de emergencia que se requieran ante una eventual
creciente del río, incluido el desalojo de los inmuebles en alto riesgo y demás
que determine el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

2.6. La administración municipal deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar la inclusión de las obligaciones previamente descritas en los
proyectos municipales a desarrollar en las siguientes tres (3) vigencias fiscales,
priorizando en cada una de estas las actividades que se deban concretar de
forma más inmediata en el tiempo. Asimismo, el ente territorial deberá
garantizar la asignación de los recursos requeridos, en función de las fuentes
de ingreso y financiación disponibles.

ENTIDAD OBLIGADA: El municipio de La Dorada.

De conformidad con la parte considerativa de la presente providencia, en
atención a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo se encargará de acompañar al ente territorial
en el procedimiento de formulación y promoción del plan de vivienda ante las
entidades del orden nacional correspondientes hasta lograr su materialización
y el Fondo Adaptación deberá acompañar y asesorar al municipio en las
gestiones para la materialización del plan de reubicación de las viviendas.

(…)

4. A Empocaldas S.A. E.S.P. que adelante las gestiones necesarias para
estructurar, presentar y ejecutar el proyecto correspondiente a la alternativa
número 2, identificada en el estudio técnico elaborado por el ingeniero Juan
David Jaramillo, como solución para eliminar los descoles de aguas residuales
que actualmente vierten al Río Magdalena en el Municipio de La Dorada
(Caldas), así como para construir las estaciones de bombeo proyectadas.

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Tal alternativa consiste en la construcción de un sistema de colector–interceptor
de aguas residuales, que se conecte al colector de la carrera 2ª mediante una
estación elevadora de bombeo y/o mediante conducción por gravedad. Este
sistema incluye:

• Un colector que inicia en el barrio La Egipciaca, impulsado por una
bomba sumergible.

• Una conexión complementaria a la estación de bombeo existente,
activable en eventos de lluvias intensas.

• Seis (6) aliviaderos localizados estratégicamente en los barrios La
Delicias, Liborio, Corea (dos), Las Villas y Buenos Aires.

• Una estación de bombeo adicional, equipada con dos bombas
centrífugas, con capacidad de elevar un caudal de hasta 60 litros por
segundo (L/s).

• El punto final de entrega del sistema se encuentra en el barrio Bucamba.

Esta obra deberá ser desarrollada conforme a los estudios y diseños
complementarios contratados por Empocaldas mediante el contrato de
consultoría CTO 303 de 2024, sus avances y resultados, así como las
aprobaciones técnicas que correspondan por parte de las autoridades
competentes.

El cumplimiento de esta orden se sujetará a las disponibilidades presupuestales
y a la viabilidad de financiación externa, en especial mediante la presentación
del proyecto al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, sin perjuicio del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por Corpocaldas, en cuyos términos
y cronograma deberá enmarcarse la ejecución del proyecto.

Para tal efecto, se concede un plazo de tres (3) años, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, dentro del cual deberán culminarse las fases de
estructuración, gestión de recursos, contratación y ejecución de las obras
necesarias para dar cumplimiento a la presente orden.

(…)

SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por la Magistrada Ponente quien lo
presidirá y coordinará, el señor Procurador Judicial 28 Judicial II adscrito a
Despacho, el representante legal de Cormagdalena o un delegado, el
representante legal de Corpocaldas o un delegado; el Gobernador del
departamento de Caldas o un delegado, el Alcalde del municipio de La Dorada
o un delegado y el accionante; de conformidad con lo establecido por el artículo
34 de la Ley 472 de 1998, quienes se reunirán por convocatoria de quien lo
preside a petición de cualquiera de sus integrantes, harán seguimiento a lo
ordenado e informarán al Tribunal sobre las acciones que se adopten y
ejecuten.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.

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TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 28 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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